El crimen en La Peni
Dos ex colaboradores del Procurador Rommel Moreno Manjarrez están muy ligados tanto a la vida del agresor como a la de la víctima que fue decapitada en una celda de la Penitenciaría de La Mesa en Tijuana. Detuvieron al asesino en 2006 y promovieron la liberación del AFI ejecutado en enero de 2008. Las hipótesis del crimen: Lo silenciaron, fue por venganza y por el hacinamiento.
Investigaciones ZETA
El ex agente federal de investigaciones, Evaristo Morales Pérez, fue asesinado de un solo tajo en el cuello y por una persona “sumamente fuerte”, reveló el análisis forense.
En el Juzgado Segundo de lo Penal lo estaban procesando por los delitos de extorsión y secuestro, y las autoridades del Centro de Readaptación Social de La Mesa en Tijuana, ilegalmente, lo tenían recluido en la misma celda con otros siete reos comunes y dos AFI´s .
Sobre el homicidio existen tres líneas de investigación:
1.- Para silenciarlo: Lo asesinaron para que no denunciara a sus cómplices, entre ellos elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) vinculados con actividades delictivas, pues presuntamente el agresor y la víctima pertenecían al mismo grupo de secuestradores. Además, suponen que conocía a otros policías de distintas corporaciones también participantes de secuestros en Tijuana.
2.- Por venganza: Fue un “crimen ordenado” por alguien que tenía “cuentas pendientes”. Su doble papel como policía y secuestrador lo llevó a hacerse de muchos enemigos en los terrenos oficiales y del crimen organizado.
3.- Violencia: La muerte y decapitación de Morales, podría ser el resultado del hacinamiento que existe en la Penitenciaría de La Mesa en Tijuana, que aunado a lo violento de los reos y las pésimas condiciones de seguridad, son caldo de cultivo para el crimen.
Secuestradores y policías
Sin embargo la tesis más fuerte es la ejecución para silenciarlo. Es sabido en los corrillos legales, que el 2 de abril declararía en el Juzgado en relación a los delitos que se le imputaban, entre ellos el secuestro. Dos días antes, el 31 de marzo lo mataron.
El caso del policía federal de investigación podría a su vez estar relacionado con el de otros agentes de seguridad, municipales, estatales y federales, que se han inmiscuido y participan activamente con el crimen organizado, especialmente en los secuestros.
En una averiguación previa iniciada luego de la balacera entre delincuentes y militares el 3 de marzo de 2008 en una casa del fraccionamiento Villafloresta, quedó asentado que un detenido, que incluso intentó hacerse pasar por secuestrado cuando se “enteipó” los ojos y se esposó las manos al frente, resultó ser Mario Montemayor Covarrubias “El Abuelo”, quien luego fue identificado como colaborador del cártel Arellano Félix, participante en los secuestros.
En el mismo documento oficial, el detenido declaró que en efecto, su labor dentro de la logística de los secuestros era custodiar al casa de seguridad donde se encontraban los plagiados, mismos que le eran llevados a esas instalaciones, entre otros, por un grupo de cuatro policías.
“El Abuelo” proporcionó incluso cuatro nombres de policías a los que acusó de secuestradores y de encargarse de las negociaciones de rescate con los familiares de las víctimas. Dijo de los agentes:
Que tres pertenecían al Grupo Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado: José Heredia González, a quien identificó como Jefe del Grupo Antisecuestros, aún cuando en esa fecha ya se desempeñaba como Comandante de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Además a otros dos que señaló “El Abuelo” como colaboradores de la procuraduría del Estado: Arturo Vargas Cermeño y Marcos Javier Luján Rosales. Un cuarto lo identificó como policía municipal de Tijuana: Gustavo Adolfo Rodríguez Magaña.
El jueves 27 de marzo el Procurador Rommel Moreno Manjarrez, anunció cambios en la estructura de la institución. Uno de ellos: Salió José Heredia González. En su lugar como Comandante de la UECO, ubicó a Fermín Gómez Gómez. Sin embargo no hubo información sobre el destino de Heredia, aunque es una realidad que no lo investiga por las declaraciones de “El Abuelo”, de hecho a ninguno de los cuatro policías a pesar de que sus nombres se encuentran en una averiguación previa.
Tras la detención de Evaristo Morales Pérez, el ejecutado en la Penitenciaría y sus compañeros, en enero de este año, el entonces Subprocurador Contra la Delincuencia Organizada en el Estado, Jesús Nelson Rodríguez, promovió que el comandante José Heredia y la Policía Municipal dejaran en libertad a José Gálvez, Evaristo Morales y Erasto Trujano Sánchez ante la posibilidad de que la acusación de los policías municipales fuera “una confusión o falsa acusación”.
Al final, el Ministerio Público del Fuero Común consignó como estaba obligado a los tres AFI’s. Lo extraño, dijo en su momento un informante a ZETA, fue que a pesar de que la actuación de Nelson Rodríguez fue revisada en el Grupo Coordinación que integran los titulares de los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno, no se hizo algo al respecto (ZETA 1766).
Otro punto a considerar en este entramado de hechos entre policías que participan en secuestros y el asesinado del ex AFI, es que el agresor de Morales Pérez, Francisco Javier Cantú Carlos, también fue detenido por secuestro, y los agentes encargados de la aprehensión en el 2006, estaban bajo las órdenes de Nelson Rodríguez, el mismo que ordenó a Heredia intercediera por la liberación de Morales.
Al igual que José Heredia, Nelson Rodríguez, quien fungía como Subprocurador en el Estado, fue retirado de su cargo el jueves 27 de marzo.
Los policías dentro del secuestro comienzan a pagar las consecuencias. Unos con cárcel, otros con el despido y los más con la muerte.
Asesino fue detenido por AFI’s
A Evaristo Morales Pérez, el AFI asesinado en prisión, lo detuvieron policías municipales el viernes 4 de enero de 2008. El motivo: El secuestro de un comerciante dedicado a la venta de tenis.
Prácticamente tres meses después, de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el ex agente fue decapitado entre las 10 y las 11 horas del lunes 31 de marzo cuando se encontraba en la celda 203 del edificio “E6”, inmueble que alberga a los reos de alta peligrosidad que cometen secuestro, homicidio y violación .
Sin embargo, una tarjeta informativa emitida por esta misma dependencia señala que el homicidio fue reportado hasta las 13:40 horas (al menos una hora con 40 minutos después de ocurridos los hechos).
El presunto responsable del crimen es Francisco Javier Cantú Carlos, de 39 años de edad, quien el 13 de octubre de 2006 fue detenido por agentes encubiertos de la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada (SCDO) de la PGJE por el secuestro de un comerciante zapatero cometido el 26 de septiembre de ese mismo año.
Personas allegadas a las indagatorias, así como funcionarios del Poder Judicial del Estado, revelaron a ZETA que el Ministerio Público adscrito a la Unidad de Homicidios Dolosos de la PGJE mantiene una línea de investigación.
En un comunicado de prensa emitido el miércoles dos de abril, la Procuraduría dio a conocer que el móvil del asesinato fue por el trato que reciben los internos de la llamada “Peni de Tijuana”, ya que el agresor se molestó por una supuesta medida correctiva aplicada por los custodios del penal.
En el comunicado anotaron: “Testigos presenciales de los hechos manifestaron que en (el) lapso de tiempo (sic) antes mencionado (10:00 y 11:00 horas del lunes 31 de marzo) se realizó una revisión en dicha celda por parte de custodios del centro de reclusión, mismo que a decir de los testigos maltrataron a un interno, lo que molestó a Francisco Javier Cantú (indiciado), que se enfrentó verbalmente con los custodios, quienes le hicieron saber que permanecería castigado por un espacio de dos meses.
“Todo esto, provocó el enojo del ahora indiciado el cual comenzó a mojar con baldes de agua a los custodios y pasados unos minutos sorprendió por la espalda al interno Evaristo Morales Pérez, el cual al parecer es un ex agente federal de investigación, posteriormente, el indiciado sujetó una hoja de metal con la cual lo hirió en el cuello en repetidas ocasiones, hasta decapitarlo.
“Luego procedió a esparcir la sangre de su víctima por toda la celda, para posteriormente con un trapo mojado con la misma sangre escribir en las paredes leyendas en referencia al hostigamiento.
“Siendo el motivo de la agresión, según el indiciado de que a él lo habían detenido agentes federales de investigación y su víctima se desempeñaba también como agente federal de investigación”.
Secuestradores del CAF
Una segunda línea de investigación recabada por ZETA, indica que el crimen de Morales Pérez fue orquestado por alguien que tenía “cuentas pendientes” con el ex agente federal, ya que presuntamente se dedicaba a extorsionar y secuestrar a comerciantes dedicados a la venta de artículos piratas y chinos.
Muchos de estos “pseudo comerciantes”, incluso, reciben protección de personas vinculadas con células del Cártel Arellano Félix, comandadas por Teodoro García Simental, “El Teo” o “El Tres Letras”.
El día de su detención, Morales Pérez, capturado en compañía de los agentes federales José Gálvez Rodríguez y Erasto Frotino Trujano Sánchez, trató de extorsionar a un comerciante dedicado a la venta de tenis chinos, a quien habían “levantado” cuando circulaba su camioneta sobre el bulevar Las Palmas.
Al notar la presencia de los policías municipales, quienes descubrieron a los AFI’s por un reporte anónimo, los agentes liberaron a la víctima y argumentaron que lo habían detenido por transportar mercancía de contrabando en su unidad. Aun con estas declaraciones, el comerciante los acusó por los delitos de extorsión y secuestro.
Para cometer este delito los agentes recibieron el apoyo de un sujeto al que sólo identifican como “madrina” de la AFI, quien fue el que se encargó de ubicar a la víctima.
Una tercera línea de investigación señala que al ex agente lo mandaron asesinar sus propios compañeros de célula, entre ellos elementos de la AFI, para que éste “no declarara nada” que los pudiera perjudicar.
Las fuentes consultadas no descartan que Francisco Javier Cantú estuviera vinculado con el mismo grupo de agentes secuestradores con los que trabaja Morales Pérez, pues en la declaración del asesino de ex agente que emitió en el proceso que se le sigue por el delito de secuestro, el también maestro en artes marciales reconoció que “pagó piso” y recibió órdenes de AFI’s.
Dicho sujeto, originario de Mexicali, fue detenido el 10 de octubre de 2006 cuando intentó cobrar el rescate de un “empresario” por el que exigían 500 mil dólares.
En su momento, la entonces subprocuradora de Justicia de Tijuana, María Teresa Valadés, declaró que gracias a la denuncia de la familia, elementos de la SCDO habían capturado a Cantú Carlos, a la par de lograr el rescate de la víctima.
En su declaración, el presunto secuestrador, quien hasta el día del crimen no había recibido una sentencia por el delito de secuestro, reconoció que el plagiado era “un encargo” que le habían hecho un grupo de Agentes Federales a quienes sólo conocía como “Los Halcones”.
Dijo que los AFI’s lo obligaron a cuidar a la víctima porque “debía dinero” por la venta de una droga y que prácticamente se vio obligado a realizar el trabajo.
Aparte, comentó que uno de estos agentes, a quien apodaban “El Tiky”, le giró instrucciones telefónicas para recoger el dinero solicitado a los familiares del secuestrado. El lugar acordado: una de las bancas del parque localizado frente al Cuartel Militar de Tijuana, donde los agentes ministeriales encubiertos ya lo estaban esperando.
Aun cuando Evaristo Morales tenía pocos meses de haber arribado a Tijuana como parte del operativo policiaco implementado por el Gobierno Federal (la PGR dice dos meses y en su declaración Morales señaló que tenía siete meses de radicar en la ciudad), las fuentes consultadas no descartaron que el ex agente estuviera coludido con el mismo grupo de AFI’s secuestradores para los que trabajó Cantú Carlos.
“Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los secuestradores se encuentran relacionados entre sí y si Cantú Carlos dijo que pagaba piso y mantenía contacto con elementos de la AFI, entonces existe una relación”.
Reconocieron que a pesar de que el Agente estaba comisionado en Tijuana y al momento de su captura declaró tener su domicilio en la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, lo que se sabe es que “no era ajeno a la zona, pues su familia radica o radicaba en la ciudad Tecate”.
Las fuentes consultadas no descartaron que al agente lo hayan puesto sus propios compañeros para que no revelara los nombres de otros funcionarios involucrados en actividades delictivas.
Ex policías y secuestradores en la misma celda
El día del crimen Morales Pérez compartía celda con su agresor y sus dos compañeros detenidos que “curiosamente no hicieron nada” para evitar la agresión.
Incluso, a ojos de la PGJE, Cantú Carlos tuvo “todo el tiempo del mundo” para colocar “pintas” de inconformidad con la sangre de la víctima y ninguno de los ex AFI´s lo sometió o lo detuvo.
No sólo eso. Indicaron que “lo más raro” es que Morales Pérrez y sus compañeros estuvieran en la misma celda en la que colocan a reos comunes, ya que apenas estaban siendo procesados y por tratarse de policías se les debe de colocar en un área protegida.
Funcionarios del Poder Judicial reconocieron que ésta es una situación “irregular” que tendrá que explicar el director del Penal, Francisco Jiménez, quien desde el día del asesinato no ha dado la cara a la opinión pública para explicar lo ocurrido en el CERESO.
Lo anterior está estipulado en el artículo 9 de la fracción 11 de la Ley que Regula la Relación Administrativa de los Miembros de las Instituciones Policiales del Estado de Baja California, que el policía detenido por la presunta comisión de un delito debe “ser recluido en áreas que garanticen su integridad física, tratándose de prisión preventiva. En el caso de compurgación de penas, las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para garantizar la integridad física” de los agentes.
Además, el miércoles 2 de abril el Juzgado Segundo de lo Penal, donde se encontraba radicado el expediente de los tres AFI’s detenidos, fueron citados a declarar a los policías que participaron en la detención y puesta a disposición de los agentes. Los elementos no se presentaron a la cita.
Versiones encontradas
A decir de médicos legistas que participaron en la necropsia de Morales Pérez, el ex agente fue asesinado de un sólo tajo y con objeto “hechizo sumamente filoso”. Explicaron además que el agresor es una persona “muy fuerte” porque logró decapitar al agente en un sólo movimiento.
“No hay huellas de que lo hayan herido en repetidas ocasiones. No presenta huellas de sujeción y violencia en otras partes del cuerpo. Aparte estaba vivo cuando lo degollaron”.
Consideraron que por el filo del objeto (una lámina sacada de las literas del penal), el agresor tuvo tiempo de afilarlo por varias días.
La necropsia del SEMEFO contradice las investigaciones de la PGJE, quienes aseguran que Morales fue lesionado “en el cuello en repetidas ocasiones, hasta decapitarlo”.
La autoridad ministerial asegura que según la declaración del agresor éste asesinó a su víctima porque era AFI y “a él lo habían detenido Agentes Federales de Investigación”.
No obstante, en los archivos de la PGJE se encuentra documentada la detención de Francisco Javier Cantú, quien el 10 de octubre de 2006 fue detenido por elementos encubiertos de la corporación que comandaba Nelson Rodríguez, el mismo que por “cortesía” trató de liberar a Morales Pérez y sus compañeros de la AFI.
Otro ejecutado
… y un secuestro en Mexicali
La mañana del miércoles 2 de abril, un joven fue secuestrado cuando se encontraba con dos compañeros de estudios en el fraccionamiento Villafontana y, en otro incidente, un hombre fue ejecutado en la zona de la carretera Mexicali-San Luis.
En ambos casos no hubo detenidos.
De acuerdo a la información que trascendió el miércoles, el joven Arturo Álvarez, de 18 años, fue secuestrado pese a estar acompañado de dos compañeros de estudios del Cetys Universidad. Los hechos se registraron en la esquina de Berlín y Montecarlo, en el fraccionamiento Villafontana.
De acuerdo al reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el auto de los jóvenes fue interceptado por un Mazda verde en el que viajaban dos encapuchados armados quienes obligaron al joven a bajarse y se lo llevaron.
El vehículo de los secuestradores fue localizado minutos después a unas cuadras de distancia, en la parte posterior del Mercado Gigante. El joven plagiado es originario del Valle de Mexicali y es hijo de un empresario hotelero. Hasta el cierre de esta edición no había más información al respecto.
El mismo 2 de abril, un sujeto fue ejecutado –incluso con el tiro de gracia– en la carretera Mexicali-San Luis la madrugada del miércoles.
Se trató de Ismael García, de 49 años, quien estaba a bordo de un Honda 2007 con placas de Sonora. Tenía varios disparos, entre ellos uno en la cabeza. (Sergio Haro)
Policías de Rosarito detenidos
Dos de los tres sujetos detenidos la tarde del miércoles 2 de abril en la colonia Seminario de Tijuana, eran policías municipales de Rosarito. El trío fue remitido al Ministerio Público Federal por los delitos de posesión de armas de uso exclusivo del ejército y posesión de vehículo con reporte de robo en el extranjero.
Pero uno de los detenidos es el ex agente Carlos Peraza, quien aparece en la lista de 13 agentes corruptos que presuntamente participaron en el atentado cometido en contra de Eduardo Montero Álvarez, secretario de Seguridad Pública de Playas de Rosarito, el 18 de diciembre de 2006, pero al ser detenido se identificó con el nombre de Daniel Alberto Gómez Gerardo.
Lo más grave fue que a pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Estado corrió sus huellas en el sistema de identificación AFis, no pudieron ubicarlo.
Peraza fue detenido en compañía de Gerardo Antonio Mendoza Zárate, también ex agente municipal del municipio de playa, quien como su compañero había renunciado a la corporación el 1 de febrero, pero no estaba en la lista de policías corruptos. Ambos circulaban en compañía de Cristian López Montoya.
Conforme a los partes policiacos, el trío de presuntos delincuentes fue ubicado en la zona del bulevar Insurgentes inicialmente por la Policía Municipal, quien les marcó el alto por circular de manera sospechosa “tipo comando”.
Los hombres se dieron a la fuga y cuando los agentes solicitaron apoyo lo recibieron de un grupo especial de la policía municipal, de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de los helicópteros del municipio y el estado que condujeron la persecución.
Minutos después los ubicaron por aire y en tierra los detuvieron en el entronque de Insurgentes con la calle Seminario, habían estacionado la camioneta Ford F150 Triton de color gris con placas de California y la Toyota Tundra color blanco modelo 2006. Ya no opusieron resistencia.
En la revisión les encontraron: “Dos fusiles Ak 47, cinco fusiles AR 15, 11 cargadores de arma larga de distintos calibres, chalecos tácticos, chalecos balísticos, pasamontañas, guantes, cartuchos, una camisa con insignia de la AFI, dos radios de comunicación Nextel y cuatro celulares”.
La captura fue registrada como operación de la PEP y los detenidos remitidos al Ministerio Público del Fuero Común, quien a las cinco de la mañana del jueves 3 de abril los envió a la delegación de la Procuraduría General de la República por delitos federales.
Respecto del caso de Peraza: “Estamos tomando todo indicio que nos aporte, recuerden que no sólo es un indicio o un señalamiento sino la cantidad de pruebas que los unen para dar con un resultado”, comentó Montero.
Aunque la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) llevan cuatro meses desarrollando una investigación conjunta del atentado contra el secretario de seguridad de Rosarito, la averiguación en contra de Peraza aún no incluye el caso Montero.
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