Un operador del Cártel de los Beltrán Leyva declaró a la PGR que al menos en una ocasión entró en contacto con tres alcaldes de Guerrero, para ofrecerles el apoyo de la organización criminal con el objetivo de acabar con la delincuencia en sus localidades.
Jesús Basilio Araujo "El Pollo", detenido el pasado 18 de diciembre en Jiutepec, es sospechosos de 109 ejecuciones en Morelos y Guerrero, las que presuntamente ordenó en vida Arturo Beltrán Leyva "El Barbas" como parte de una purga en el cártel.
En su primer testimonio ministerial, el presunto ex jefe de la banda de sicarios de "Los Pelones" expresó que Jesús Nava Romero "El Rojo", quien fuera el hombre fuerte de los Beltrán en Guerrero, le envió con los alcaldes de Atoyac de Juárez, Tecpan de Galeana y Heliodoro Castillo.
"'El Rojo' (me) manda... a hablar con los alcaldes de Atoyac de Juárez, Carlos Armando Bello Gómez; de Tecpan de Galeana, Nadin Torralba Mejía, y del municipio de Heleodoro Castillo, conocido como Tlacotepec, Olaguer Hernández Flores, alias "El ciudadano" o "El Presi", a quienes fui a comentar que gente de Jesús Nava Romero, alias 'El Rojo', iba a andar en esos municipios para que no se fueran a espantar, quienes los iban a ayudar a detener a los secuestradores, ladrones y otros tipos de delincuentes, pero como no sé qué arreglos tenía 'El Rojo' con ellos, dijeron que no había ningún problema", declaró "El Pollo", hoy preso en el Penal de Occidente.
La referencia a los presidentes municipales también la registraron en su parte de novedades los tres agentes de la Policía Federal que le capturaron, quienes aseguran que "El Pollo" les reveló que contaba con la "protección" de dichos alcaldes.
"Manifestó que él es el encargado de Chilpancingo, Guerrero, donde tiene más gente que trabaja para la organización, contando con la protección de las autoridades locales, como son los presidentes municipales de Atoyac de Juárez, Carlos Armando Bello Gómez; de Tecpan de Galeana, Nadin Torralba Mejía, y del municipio de Heleodoro Castillo, mejor conocido como Tlacotepec, Olaguer Hernández Flores alias 'El ciudadano' o 'El Presi'.
"Además manifestó que cuenta con la cooperación del Comandante Regional de la Ministerial en Tecpan de Galeana, conocido con el alias 'El Paisa', identificado en su celular como 'Pisadas'", indica el parte de su captura.
Cuando rindió su declaración ante la SIEDO, "El Pollo" también abundó sobre las redes de protección regional de los Beltrán Leyva, aunque no detalló los nombres. Ofreció a la SIEDO sobre todo sus medias filiaciones y números telefónicos.
Basilio mencionó, por ejemplo, a un funcionario que tenía registrado en su celular como "El Tocayo", a quien identificó como uno de los elementos de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), aparentemente en Chilpancingo. A este sujeto afirma haberle dado 30 mil pesos.
Menciona también a un mando de la Policía Ministerial de Guerrero con el alias del "Comandante Pizza" y a un agente de la Federal de Caminos en ese estado, de nombre "Aldo", a quien asegura que hizo una entrega de 70 mil pesos.
En su celular también tenía registradas llamadas de un tal "Tío Boli", de quien dijo se trata del jefe de una Policía Preventiva Municipal. Igualmente asegura que un secretario de Seguridad de Atoyac de Juárez estaba en la nómina de los Beltrán y hasta le entregó 60 mil pesos en una ocasión.
Mientras estuvo en activo, Jesús Basilio Araujo "El Pollo" fue uno de los centuriones de "El Barbas". Según la autoridad, mató a todo aquel que señalara el capo y formó parte de los cinturones de seguridad de Beltrán, salvo en sus últimos momentos.
"El Pollo", por ejemplo, fue el responsable de establecer el perímetro de seguridad que permitió a "El Barbas" escapar del operativo de la Marina en una residencia de Cuernavaca, la madrugada del 11 de diciembre, donde fueron detenidos músicos como Ramón Ayala y sus Bravos del Norte.
De hecho, el pistolero fue uno de los hombres que fue llamado para rescatar a Beltrán Leyva, en el operativo del 16 de diciembre en el complejo residencial Altitude, pero Basilio dio marcha atrás cuando se topó con un cerco militar. Dos días después de que muriera "El Barbas", "El Pollo" fue detenido en Jiutepec.
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miércoles, 14 de julio de 2010
viernes, 23 de abril de 2010
Lleva 4 capturas 'El Indio'
Para José Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio" o "El Chayanne", la del miércoles fue su cuarta captura.
La más reciente detención fue el miércoles en La Herradura y se da 13 años después de la primera, cuando él ya había formado parte de los cárteles de los Amezcua, los Carrillo Fuentes y los Beltrán Leyva, currículo que lo convirtió en una de las figuras más destacadas del narcotráfico en México.
De las cuatro veces que "El Indio" ha sido detenido desde 1995, tres de ellas fueron a solicitud de Estados Unidos, que lo reclama en extradición.
De acuerdo con la Corte estadounidense, Álvarez era un personaje recurrente en las investigaciones de la DEA, corporación que lo identificó por primera vez como productor y distribuidor de metanfetaminas en Chulavista, California, en 1987.
En febrero de 1995, la Judicial Federal detuvo a "El Indio" en Tonalá, Jalisco, en un laboratorio donde hallaron 400 kilos de mariguana, 10 kilos de metanfetaminas, 5 kilos de yodo, 28.7 kilos de hidróxido de sodio, 25 kilos de gas freón y 50 litros de tricloro.
La PGR inició la averiguación 343/95, pero no hay datos disponibles sobre si fue liberado por un juez o por el Ministerio Público.
El 22 de julio de 1996, fueron descubiertos 2 mil 750 kilos de efedrina en la aduana de Pantaco.
Dicha sustancia fue pagada en Hong Kong con una transferencia de 73 mil 909 dólares, que hizo Olga Aguilar de Álvarez, entonces esposa de "El Indio".
El 10 de octubre de 1997, el narco fue detenido por la extradición, pero el 9 de febrero de 1999 obtuvo la libertad porque la PGR formalizó el pedido de entrega un día después de que venciera el plazo de 60 días para hacerlo.
El 3 de marzo de 2003, la PFP lo recapturó en el aeropuerto capitalino, pero nuevamente ganó su juicio de extradición, pues la Embajada de Estados Unidos no garantizó, mediante un escrito, que no le aplicaría la cadena perpetua.
El miércoles, una vez más, fue apresado con la orden de detención provisional 2/2003, lo que implica que el presunto narcotraficante litigará por tercera vez la misma extradición que busca llevarlo a proceso en la Corte Federal del Distrito Sur, con sede en San Diego.
Originario de Las Avillas, en el Estado de Guerrero, donde nació el 24 de septiembre de 1965, el hombre, de 1.85 metros de estatura, ha estado relacionado con figuras de la farándula y, al mismo tiempo, controlaba las descargas de cocaína en el aeropuerto de Cancún.
En México nunca fue llevado a juicio por delitos cometidos en territorio nacional, pese a que le aseguraron cargamentos de precursores químicos en el Distrito Federal y le intervinieron un laboratorio de procesamiento de metanfetaminas en Jalisco.
¿Quién lo liberó?
La última vez que "El Indio" obtuvo su libertad fue por un amparo otorgado por los Magistrados Carlos Luna Ramos, Ricardo Ojeda Bohórquez y Alfredo Murguía, integrantes en 2004 del Séptimo Tribunal Colegiado Penal del DF.
Ojeda elaboró la ponencia con la propuesta de negar su extradición a EU.
También, hace 3 años, decidió que los millones incautados a Zhenli Ye Gon pasaran a las arcas federales.
En 1999, cuando era juez, condenó a Raúl Salinas a 50 años de cárcel por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.
Operaba junto a casa de Presidencia
La casa donde fue detenido Álvarez Vázquez se encuentra a unos 300 metros de la "Residencia Ávila Camacho", un inmueble del Gobierno federal que es utilizado por el Presidente de la República.
La mansión, a la que Felipe Calderón Hinojosa acude en ocasiones, se encuentra en Bosque de La Antequera 60, en la Colonia Bosques de La Herradura, mientras que en el número 93 se ubica el domicilio donde se desató el enfrentamiento entre militares y sicarios del "Indio" la tarde del miércoles .
De acuerdo con vecinos, hasta enero de este año estuvo resguardada por elementos del Estado Mayor Presidencial, quienes fueron reemplazados por agentes de la Policía Federal.
Un policía vigilante recordó que la última vez que estuvo ahí el Jefe del Ejecutivo fue a principios de diciembre de 2009 y sólo permaneció unas cuatro horas.
"El año pasado vino unas cuatro veces, llega como en 10 camionetas, viene por lo general cuando trae visitas de otros países, se queda unas tres horas y se va", comentó.
Los disparos del operativo que derivó en la captura del capo se alcanzaron a escuchar hasta esa residencia, que abarca toda una manzana de la colonia y cuenta con una extensa área de jardines, aseguró el vigilante.
Ayer, en una de las dos entradas habían tres agentes del agrupamiento de Protección Federal, quienes omitieron decir cuántos efectivos están asignados al inmueble.
En tanto, militares catearon el inmueble marcado con el número 93 y retiraron un auto Bora y un Tsuru estacionados afuera del lugar.
Además, unos 40 militares mantuvieron cerrado el tramo de esa calle que está entre Bosque de Pinal y Bosque de La Luz y únicamente permitían el acceso a los residentes y trabajadores.
Para Guillermo, otro vecino que suele caminar todos los días por esa calle ya no es sorprendente que se susciten balaceras en esa zona residencial ya que el problema de la inseguridad ya está en todas partes.
"Me gritaron métete, métete, es por tu seguridad y ya dentro de la casa se empezaron a escuchar los disparos", dijo, "cuando salí ya no había nadie".
miércoles, 17 de diciembre de 2008
Cuidaba a capos SSP-DF
Las Policías del Distrito Federal no libran los señalamientos en indagatorias oficiales por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Al menos desde 2007, Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", ha tenido bajo su servicio a motopatrulleros y policías de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, mientras que su rival recientemente convicto Jesús Zambada García, "El Rey", tenía como compadre a Ignacio Perales Gómez, alto mando de la Policía Judicial del DF asesinado en junio de 2006.
Fidel Hernández García, integrante del Estado Mayor de la Policía Federal, hoy preso, asegura en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEI DCS/359/2008 que policías del "Sector Pedregal" de la SSP del DF protegían a "El Barbas" cuando visitaba su casa localizada en Escarcha 32.
"Entre el 10 y 20 de diciembre de 2007 tuve conocimiento, derivado de las actividades de inteligencia que se realizan en la Policía Federal, que en el domicilio de Escarcha ("El Barbas") era resguardado por elementos de la SSP del DF, así como por policías de seguridad pública del DF del Sector Pedregal y otros vehículos sin placas, cuenta.
"Añade que ese lugar era frecuentado por Arturo Beltrán y entre los vehículos que se encontraban en la calle de Escarcha, unos cuatro vehículos particulares y oficiales, había dos patrullas y una moto de la citada dependencia. Le daban protección al mismo Arturo Beltrán Leyva".
A su vez, el inspector de la PFP Édgar Enrique Bayardo declaró ante la SIEDO que "El Rey" Zambada era compadre de Ignacio Perales.
Según Bayardo, cuando era fiscal de delitos graves en la Procuraduría de Justicia de Guerrero, le llamó desde Puebla un comandante de apellido Batres para decirle que lo andaba buscando Perales.
"Cuando nos vimos, el comandante Perales me refirió que tenía un compadre que quería platicar conmigo y que no tenía problemas, ya que no tenía ni orden de aprehensión, ni era buscado y que no me iba a meter en ningún problema. Yo le pregunté que de quién se trataba, contestándome Perales que era un hermano del 'Mayo' Zambada", declaró Bayardo.
No hay caso contra Velarde.- PGR
El Procurador Eduardo Medina Mora informó que la PGR no tiene elementos para fincar cargos contra Mario Velarde Martínez.
Velarde fue secretario particular del actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, durante el sexenio pasado.
Medina Mora dijo que lo único que se tiene hasta ahora es la imputación de un testigo.
Sin embargo, agregó, no se encontró delito alguno después de su declaración ante el Ministerio Público, que duró seis horas.
Un testigo protegido identificado como "Felipe" lo relacionó con una red de servidores públicos, algunos de Interpol-México, que durante 2007 vendieron información a los hermanos Beltrán Leyva.
El Procurador informó de la situación de Velarde el lunes por la noche durante un brindis de fin de año con reporteros de la fuente.
Al menos desde 2007, Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", ha tenido bajo su servicio a motopatrulleros y policías de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, mientras que su rival recientemente convicto Jesús Zambada García, "El Rey", tenía como compadre a Ignacio Perales Gómez, alto mando de la Policía Judicial del DF asesinado en junio de 2006.
Fidel Hernández García, integrante del Estado Mayor de la Policía Federal, hoy preso, asegura en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEI DCS/359/2008 que policías del "Sector Pedregal" de la SSP del DF protegían a "El Barbas" cuando visitaba su casa localizada en Escarcha 32.
"Entre el 10 y 20 de diciembre de 2007 tuve conocimiento, derivado de las actividades de inteligencia que se realizan en la Policía Federal, que en el domicilio de Escarcha ("El Barbas") era resguardado por elementos de la SSP del DF, así como por policías de seguridad pública del DF del Sector Pedregal y otros vehículos sin placas, cuenta.
"Añade que ese lugar era frecuentado por Arturo Beltrán y entre los vehículos que se encontraban en la calle de Escarcha, unos cuatro vehículos particulares y oficiales, había dos patrullas y una moto de la citada dependencia. Le daban protección al mismo Arturo Beltrán Leyva".
A su vez, el inspector de la PFP Édgar Enrique Bayardo declaró ante la SIEDO que "El Rey" Zambada era compadre de Ignacio Perales.
Según Bayardo, cuando era fiscal de delitos graves en la Procuraduría de Justicia de Guerrero, le llamó desde Puebla un comandante de apellido Batres para decirle que lo andaba buscando Perales.
"Cuando nos vimos, el comandante Perales me refirió que tenía un compadre que quería platicar conmigo y que no tenía problemas, ya que no tenía ni orden de aprehensión, ni era buscado y que no me iba a meter en ningún problema. Yo le pregunté que de quién se trataba, contestándome Perales que era un hermano del 'Mayo' Zambada", declaró Bayardo.
No hay caso contra Velarde.- PGR
El Procurador Eduardo Medina Mora informó que la PGR no tiene elementos para fincar cargos contra Mario Velarde Martínez.
Velarde fue secretario particular del actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, durante el sexenio pasado.
Medina Mora dijo que lo único que se tiene hasta ahora es la imputación de un testigo.
Sin embargo, agregó, no se encontró delito alguno después de su declaración ante el Ministerio Público, que duró seis horas.
Un testigo protegido identificado como "Felipe" lo relacionó con una red de servidores públicos, algunos de Interpol-México, que durante 2007 vendieron información a los hermanos Beltrán Leyva.
El Procurador informó de la situación de Velarde el lunes por la noche durante un brindis de fin de año con reporteros de la fuente.
martes, 16 de diciembre de 2008
..Y lo ligan a balacera de Cananea
El 16 de mayo del 2007, un enfrentamiento entre policías sonorenses y presuntos narcos dejó 15 muertos y el reclamo del Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, por el hecho de que transitaran por las carreteras federales grupos armados sin que la Policía Federal Preventiva los detuviera.
Entonces, Bours dijo que grupos armados provenientes de Tamaulipas incursionaron en Sonora sin ser molestados ni detenidos.
Un testigo protegido, a quien se identifica como miembro de Los Zetas, declara en la averiguación previa SIEDO 359/2008 que Gerardo Garay, entonces Director de la división antidrogas de la PFP, recibió sobornos de los narcos para "calmar" el conflicto suscitado en Sonora.
El testigo identificado como "Pitufo" declaró: "Esa no fue la única vez que hicimos tratos con Garay para controlar a la policía, también recuerdo que aproximadamente en mayo o junio de 2007 se le mandó a Garay Cadena la cantidad de 1 millón 700 mil dólares y ese dinero se le dio con el objeto de que parara la bronca que surgió a raíz de la matanza de Cananea, la que se conoció públicamente en los medios como 'el día que entraron el grupo de Los Zetas en Sonora a ubicar la gente del Chapo'".
Aunque Garay estaba vinculado, según las denuncias, con el cártel de Los Beltrán Leyva también tuvo tratos con Los Zetas. De hecho, ambos grupos (Beltrán y Zetas) empezaron a actuar juntos para combatir al cártel del Mayo Zambada.
"El Pitufo" dijo que Heriberto Lazcano "El Lazca", líder de su organización, en realidad le hizo llegar a Víctor Gerardo Garay 4.7 millones de dólares en dos entregas.
Además del pago relacionado con el enfrentamiento en Cananea, otro soborno por 3 millones de dólares se hizo por concepto protección en Tamaulipas.
Jaime González, "El Hummer", detenido el 7 de noviembre pasado, y uno de los principales lugartenientes de Los Zetas, declaró ministerialmente que en realidad Garay trabajaba para el Cártel de Sinaloa.
"Quiero manifestar que he escuchado a 'El Costilla' que a una persona de nombre Garay, el cual es un alto funcionario de la Policía Federal, se le ha entregado cantidades fuentes de dinero por parte de los Chapos, agregando que a la organización a la que pertenezco trabajamos con los AFIs, con la Ministerial y con la PFP", declaró "El Hummer".
Entonces, Bours dijo que grupos armados provenientes de Tamaulipas incursionaron en Sonora sin ser molestados ni detenidos.
Un testigo protegido, a quien se identifica como miembro de Los Zetas, declara en la averiguación previa SIEDO 359/2008 que Gerardo Garay, entonces Director de la división antidrogas de la PFP, recibió sobornos de los narcos para "calmar" el conflicto suscitado en Sonora.
El testigo identificado como "Pitufo" declaró: "Esa no fue la única vez que hicimos tratos con Garay para controlar a la policía, también recuerdo que aproximadamente en mayo o junio de 2007 se le mandó a Garay Cadena la cantidad de 1 millón 700 mil dólares y ese dinero se le dio con el objeto de que parara la bronca que surgió a raíz de la matanza de Cananea, la que se conoció públicamente en los medios como 'el día que entraron el grupo de Los Zetas en Sonora a ubicar la gente del Chapo'".
Aunque Garay estaba vinculado, según las denuncias, con el cártel de Los Beltrán Leyva también tuvo tratos con Los Zetas. De hecho, ambos grupos (Beltrán y Zetas) empezaron a actuar juntos para combatir al cártel del Mayo Zambada.
"El Pitufo" dijo que Heriberto Lazcano "El Lazca", líder de su organización, en realidad le hizo llegar a Víctor Gerardo Garay 4.7 millones de dólares en dos entregas.
Además del pago relacionado con el enfrentamiento en Cananea, otro soborno por 3 millones de dólares se hizo por concepto protección en Tamaulipas.
Jaime González, "El Hummer", detenido el 7 de noviembre pasado, y uno de los principales lugartenientes de Los Zetas, declaró ministerialmente que en realidad Garay trabajaba para el Cártel de Sinaloa.
"Quiero manifestar que he escuchado a 'El Costilla' que a una persona de nombre Garay, el cual es un alto funcionario de la Policía Federal, se le ha entregado cantidades fuentes de dinero por parte de los Chapos, agregando que a la organización a la que pertenezco trabajamos con los AFIs, con la Ministerial y con la PFP", declaró "El Hummer".
Dejó Garay huir a Arturo Beltrán
Antes de suceder a Édgar Millán como comisionado de la Policía Federal, Víctor Gerardo Garay ya tenía vínculos con narcotraficantes y dejó escapar en varias ocasiones al capo Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", de acuerdo con testimonios de sus ex subordinados.
Coincidentemente, después de los operativos frustrados contra Beltrán, fueron asesinados en distintas fechas dos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal: Roberto Velasco y Édgar Millán.
Según los testimonios, justo hace un año, Garay ordenó desmontar un operativo que organizó Velasco, director de Combate contra la Delincuencia Organizada de la Policía Federal, quien estaba listo para entrar a una mansión del Pedregal donde se hallaba "El Barbas".
La declaración ministerial del agente Fidel Hernández señala que, en diciembre de 2007, los efectivos de la PFP tenían rodeado un domicilio en la calle de Escarcha.
Sin embargo, aseguró Hernández, Garay les dio la indicación: 'No, aguanten.
Vamos a esperarnos más adelante', y desmovilizó a todos los efectivos.
Velasco se molestó con Garay, de acuerdo con los testimonios, porque el repliegue permitió la huida de Beltrán Leyva. Fue ejecutado cinco meses después.
En enero de 2008, la PFP regresó a catear la misma casa, pero estaba vacía.
El agente Jorge Cruz declaró: "El maestro Garay empezó a tomar dinero mencionando que era 'botín de guerra' y llamó a sus personas de confianza, uno de ellos Valdez, su escolta, para que se llevaran dinero, que el dinero que Garay se llevó se lo echó dentro del chaleco y dentro del pantalón a la altura del cinturón".
Después refiere: "(Garay) me dijo 'vas, George, éntrale', a lo que respondí que no".
Según declaró a su vez Édgar Bayardo, inspector de operaciones de la PFP, Garay se robó entre uno y 2 millones de dólares y un lingote de oro.
El 7 de mayo, Garay dejó escapar de nuevo a Beltrán durante un operativo en Morelos. Según declaró Bayardo, el dato de ubicación de "El Barbas" fue proporcionado a la Policía por Jesús "El Rey" Zambada, narco enemigo de los Beltrán.
"Se dio el enfrentamiento donde perdieron la vida dos compañeros de la Policía Federal, dándose a la fuga Arturo Beltrán Leyva. En ese momento, nosotros teníamos ubicados varios domicilios de allí, y se concentró toda la gente, y llegó la instrucción del maestro Garay de regresarse", relata Cruz.
Beltrán volvió a escapar, y horas después fue asesinado Édgar Millán, comisionado de la PFP.
El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, nombró a Garay como sucesor de Millán.
Coincidentemente, después de los operativos frustrados contra Beltrán, fueron asesinados en distintas fechas dos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal: Roberto Velasco y Édgar Millán.
Según los testimonios, justo hace un año, Garay ordenó desmontar un operativo que organizó Velasco, director de Combate contra la Delincuencia Organizada de la Policía Federal, quien estaba listo para entrar a una mansión del Pedregal donde se hallaba "El Barbas".
La declaración ministerial del agente Fidel Hernández señala que, en diciembre de 2007, los efectivos de la PFP tenían rodeado un domicilio en la calle de Escarcha.
Sin embargo, aseguró Hernández, Garay les dio la indicación: 'No, aguanten.
Vamos a esperarnos más adelante', y desmovilizó a todos los efectivos.
Velasco se molestó con Garay, de acuerdo con los testimonios, porque el repliegue permitió la huida de Beltrán Leyva. Fue ejecutado cinco meses después.
En enero de 2008, la PFP regresó a catear la misma casa, pero estaba vacía.
El agente Jorge Cruz declaró: "El maestro Garay empezó a tomar dinero mencionando que era 'botín de guerra' y llamó a sus personas de confianza, uno de ellos Valdez, su escolta, para que se llevaran dinero, que el dinero que Garay se llevó se lo echó dentro del chaleco y dentro del pantalón a la altura del cinturón".
Después refiere: "(Garay) me dijo 'vas, George, éntrale', a lo que respondí que no".
Según declaró a su vez Édgar Bayardo, inspector de operaciones de la PFP, Garay se robó entre uno y 2 millones de dólares y un lingote de oro.
El 7 de mayo, Garay dejó escapar de nuevo a Beltrán durante un operativo en Morelos. Según declaró Bayardo, el dato de ubicación de "El Barbas" fue proporcionado a la Policía por Jesús "El Rey" Zambada, narco enemigo de los Beltrán.
"Se dio el enfrentamiento donde perdieron la vida dos compañeros de la Policía Federal, dándose a la fuga Arturo Beltrán Leyva. En ese momento, nosotros teníamos ubicados varios domicilios de allí, y se concentró toda la gente, y llegó la instrucción del maestro Garay de regresarse", relata Cruz.
Beltrán volvió a escapar, y horas después fue asesinado Édgar Millán, comisionado de la PFP.
El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, nombró a Garay como sucesor de Millán.
martes, 9 de diciembre de 2008
Presentan ante SIEDO a 11 policías de Tabasco
Agentes de la policía federal y personal del Ejército presentaron en la SIEDO a 11 policías municipales de Tabasco, que presuntamente brindaban protección al Cártel del Golfo.
Los agentes fueron detenidos en cumplimiento de una orden de localización y presentación girada por el fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR porque sus nombres aparecen relacionados en diversas nóminas encontradas durante operativos y cateos.
La PGR informó que los 11 policías permanecen en la SIEDO en calidad de probables responsables de brindar protección al cártel del Golfo, del que presuntamente recibían dinero a cambio de ayuda y protección, y que su situación jurídica se definirá en las próximas horas.
Los policías presentados son: Gerardo Domínguez Flores, Jesús del Carmen Castellanos Alejandro, Carlos Peregrino Cable, Carlos Mario Javier Cruz y Valentín Domínguez Hernández, del municipio de Paraíso.
También fueron presentados Arbio García Morales, Ricardo Díaz Martínez y Carlos Morga Acosta, del municipio de Frontera, Centla.
Del municipio de Balancán fueron detenidos Heberto Pérez Landeros, Arturo Echevarría Mosqueda y Juan Gabriel Cruz Pérez.
Los agentes fueron detenidos en cumplimiento de una orden de localización y presentación girada por el fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR porque sus nombres aparecen relacionados en diversas nóminas encontradas durante operativos y cateos.
La PGR informó que los 11 policías permanecen en la SIEDO en calidad de probables responsables de brindar protección al cártel del Golfo, del que presuntamente recibían dinero a cambio de ayuda y protección, y que su situación jurídica se definirá en las próximas horas.
Los policías presentados son: Gerardo Domínguez Flores, Jesús del Carmen Castellanos Alejandro, Carlos Peregrino Cable, Carlos Mario Javier Cruz y Valentín Domínguez Hernández, del municipio de Paraíso.
También fueron presentados Arbio García Morales, Ricardo Díaz Martínez y Carlos Morga Acosta, del municipio de Frontera, Centla.
Del municipio de Balancán fueron detenidos Heberto Pérez Landeros, Arturo Echevarría Mosqueda y Juan Gabriel Cruz Pérez.
viernes, 5 de diciembre de 2008
En 20 minutos se desmoronó su imperio
El escudo de policías corruptos que tenía para su protección Jesús El Rey Zambada, se desmoronó en una balacera de 20 minutos. En medio del fuego cruzado y copado por agentes federales, desde su reducto en la azotea de un edificio de la colonia Lindavista, El Rey hizo un último intento y llamó tres veces a quien presuntamente era su alfil infiltrado en la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SPPF), el subdirector de Investigación de Delitos, Édgar Enrique Bayardo del Villar.
—“¿Qué pasó ahijado? Ya nos estamos agarrando a chingadazos—, le dijo Zambada al jefe policiaco y a quien presuntamente le pagaba para su protección 25 mil dólares mensuales. Del otro lado del aparato, Bayardo del Villar contestó: “Ya voy, padrino, ya voy”. Pero nunca llegó.
En el momento más álgido del tiroteo, El Rey Zambada llamó a otro jefe policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, al que no se identifica por su nombre: “oiga, ahijado, por favor mándeme a la pitufada, porque no sé si son contras o gobierno”. Tampoco recibió el apoyo, de acuerdo con la versión ofrecida a fiscales federales por el testigo protegido Rambo III en la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/350/2008 y a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.
En la desesperación, Zambada llamó nuevamente a Bayardo del Villar y le dijo: “ahí le encargo a mis hijos, ahijado, me la voy a rifar. Yo no voy a dejar que me agarren, y si no, me voy a matar”. Antes de ser detenido, El Rey Zambada le quitó una pistola a Ricardo Flores Quintana, El Richard o El R, su hijastro, y cuando la llevaba a su sien otro hijo le gritó: “Apá, está loco, piense en nosotros, en sus nietos, en sus hijos”, y en ese momento fueron detenidos por policías que no estaban a su servicio.
Concluía así la carrera criminal de este hombre de 47 años, quien estuvo a tres semestres de terminar la licenciatura en Contaduría y se define como comerciante con ingresos de 45 mil pesos, pero que la Procuraduría General de la República lo señala como jefe de la célula del cártel del Pacífico en el DF. De hecho, el imperio criminal que construyó en la ciudad de México con complicidad de policías, comenzó a desmoronarse tras la llamada anónima que recibió la SIEDO.
La delación que llevó a dar con El Rey Zambada ocurrió a las 11:00 horas del pasado 20 de octubre. Una persona con acento norteño, de acuerdo con el oficio PGR/SIEDO/UEIDCS/1016/2008, señaló: “en el domicilio ubicado en la calle Wilfredo Massieu número 430, colonia Lindavista, delegación Gustavo A. Madero, hay varias personas armadas y son narcotraficantes”. Y fue explícito: “es gente de El Mayo Zambada y si van los pueden detener, entre ellos está su hijo”.
Dos horas más tarde, un grupo de agentes federales llegó al domicilio. “ahí están, ahí están”, gritó uno de los policías que se acercó al portón y así inició el fuego entre policías y delincuentes. El Rey Zambada subió con sus dos hijos a un Jetta blindado, abrió el portón, pero una camioneta frenó su huida. El Richard iba a lanzar una granada, pero su padre se lo impidió.
Entonces, los tres bajaron del auto. Corrieron hacia la izquierda de la casa. Saltaron la barda hacia un edificio, donde llegaron a la azotea. Uno de los hijos de Zambada relató: “Le dije a mi padre que le marcara a Bayardo para que nos ayudara, porque mi papá le había dado mucho dinero para que lo protegiera”. Llamó, pero nadie llegó. El Rey perdió a sus súbditos en el momento que más los necesitaba.
—“¿Qué pasó ahijado? Ya nos estamos agarrando a chingadazos—, le dijo Zambada al jefe policiaco y a quien presuntamente le pagaba para su protección 25 mil dólares mensuales. Del otro lado del aparato, Bayardo del Villar contestó: “Ya voy, padrino, ya voy”. Pero nunca llegó.
En el momento más álgido del tiroteo, El Rey Zambada llamó a otro jefe policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, al que no se identifica por su nombre: “oiga, ahijado, por favor mándeme a la pitufada, porque no sé si son contras o gobierno”. Tampoco recibió el apoyo, de acuerdo con la versión ofrecida a fiscales federales por el testigo protegido Rambo III en la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/350/2008 y a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.
En la desesperación, Zambada llamó nuevamente a Bayardo del Villar y le dijo: “ahí le encargo a mis hijos, ahijado, me la voy a rifar. Yo no voy a dejar que me agarren, y si no, me voy a matar”. Antes de ser detenido, El Rey Zambada le quitó una pistola a Ricardo Flores Quintana, El Richard o El R, su hijastro, y cuando la llevaba a su sien otro hijo le gritó: “Apá, está loco, piense en nosotros, en sus nietos, en sus hijos”, y en ese momento fueron detenidos por policías que no estaban a su servicio.
Concluía así la carrera criminal de este hombre de 47 años, quien estuvo a tres semestres de terminar la licenciatura en Contaduría y se define como comerciante con ingresos de 45 mil pesos, pero que la Procuraduría General de la República lo señala como jefe de la célula del cártel del Pacífico en el DF. De hecho, el imperio criminal que construyó en la ciudad de México con complicidad de policías, comenzó a desmoronarse tras la llamada anónima que recibió la SIEDO.
La delación que llevó a dar con El Rey Zambada ocurrió a las 11:00 horas del pasado 20 de octubre. Una persona con acento norteño, de acuerdo con el oficio PGR/SIEDO/UEIDCS/1016/2008, señaló: “en el domicilio ubicado en la calle Wilfredo Massieu número 430, colonia Lindavista, delegación Gustavo A. Madero, hay varias personas armadas y son narcotraficantes”. Y fue explícito: “es gente de El Mayo Zambada y si van los pueden detener, entre ellos está su hijo”.
Dos horas más tarde, un grupo de agentes federales llegó al domicilio. “ahí están, ahí están”, gritó uno de los policías que se acercó al portón y así inició el fuego entre policías y delincuentes. El Rey Zambada subió con sus dos hijos a un Jetta blindado, abrió el portón, pero una camioneta frenó su huida. El Richard iba a lanzar una granada, pero su padre se lo impidió.
Entonces, los tres bajaron del auto. Corrieron hacia la izquierda de la casa. Saltaron la barda hacia un edificio, donde llegaron a la azotea. Uno de los hijos de Zambada relató: “Le dije a mi padre que le marcara a Bayardo para que nos ayudara, porque mi papá le había dado mucho dinero para que lo protegiera”. Llamó, pero nadie llegó. El Rey perdió a sus súbditos en el momento que más los necesitaba.
‘Rey’ pagó ascensos de policía, revelan
La captura de Jesús El Rey Zambada dejó al descubierto las causas de la violencia en Guerrero, sus protagonistas y su rivalidad con los hermanos Beltrán Leyva; los mecanismos del hermano del capo Ismael El Mayo Zambada para el tráfico de drogas en la ciudad de México y otros puntos del país; sus nexos y complicidades con policías corruptos y la guerra entre cárteles del narcotráfico para apoderarse de rutas y mercados de la droga en México.
El testigo protegido Rambo III y Ricardo Flores Quintana, El Richard o El R, éste último hijastro de El Rey, revelaron ante fiscales federales pormenores sobre la forma de operar del grupo y cómo a través de sobornos lograron penetrar en varias corporaciones policíacas, como la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Policía Ministerial del estado de México, entre otras más.
Las declaraciones de ambas testigos contenidas en la en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/350/2008 y a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, revelan incluso cómo el cártel del Pacífico presuntamente le costeó al ex subdirector de Investigación de Delitos de la PFP, Édgar Enrique Bayardo del Villar, sus ascensos dentro de instituciones policiales. Él, dicen los testimonios en poder de la Procuraduría General de la República (PGR), trabajaba para el narcotráfico desde los tiempos del extinto capo Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
El Rey Zambada le entregó 100 mil dólares cada vez que obtuvo algún ascenso o cargo dentro de la PGR, SSPF u otras dependencias donde trabajó, con el fin de “pagar por sus ascensos” y así ser cada día más útil a la organización. Pero para costear su último puesto dentro de la SSPF, donde —según los testigos— él le hacía llegar sobornos mediante un hombre a quien se le identifica como Facundo, se le entregaron 500 mil dólares en efectivo.
El ex jefe policiaco y hoy arraigado por la PGR, quien fue reconocido por el testigo protegido Rambo III mediante fotografías y documentos contenidos en la ficha Niv/Applicantcase/lookup/Detail del oficio MX-09-0058 enviado a las autoridades mexicanas por el gobierno de Estados Unidos, recibió igualmente vehículos blindados, para que se protegiera de los sicarios de los Beltrán Leyva.
Batalla en Guerrero
Los cargamentos de droga procedentes de Colombia eran, según el colaborador de las autoridades, recibidos frente a las costas de Huatulco e Ixtapa por los hombres de Rogaciano Alva, considerado el representante del cártel del Pacífico en Guerrero y regiones aledañas. “Por eso es la guerra que desataron en su contra los Beltrán Leyva”, indicó el testigo protegido.
Los enemigos del señor Rogaciano, agregó, son los hermanos Pineda quienes ahí son representantes de los Beltrán Leyva. A uno de ellos sólo sé que le dicen El Borrado y el otro se llama Mario Pineda, El MP. Por eso mataron a los hijos de Rogaciano, indicó Rambo III sobre este caso. En el fondo está la lucha por rutas y mercados del narcotráfico.
El testigo protegido Rambo III y Ricardo Flores Quintana, El Richard o El R, éste último hijastro de El Rey, revelaron ante fiscales federales pormenores sobre la forma de operar del grupo y cómo a través de sobornos lograron penetrar en varias corporaciones policíacas, como la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Policía Ministerial del estado de México, entre otras más.
Las declaraciones de ambas testigos contenidas en la en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/350/2008 y a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, revelan incluso cómo el cártel del Pacífico presuntamente le costeó al ex subdirector de Investigación de Delitos de la PFP, Édgar Enrique Bayardo del Villar, sus ascensos dentro de instituciones policiales. Él, dicen los testimonios en poder de la Procuraduría General de la República (PGR), trabajaba para el narcotráfico desde los tiempos del extinto capo Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
El Rey Zambada le entregó 100 mil dólares cada vez que obtuvo algún ascenso o cargo dentro de la PGR, SSPF u otras dependencias donde trabajó, con el fin de “pagar por sus ascensos” y así ser cada día más útil a la organización. Pero para costear su último puesto dentro de la SSPF, donde —según los testigos— él le hacía llegar sobornos mediante un hombre a quien se le identifica como Facundo, se le entregaron 500 mil dólares en efectivo.
El ex jefe policiaco y hoy arraigado por la PGR, quien fue reconocido por el testigo protegido Rambo III mediante fotografías y documentos contenidos en la ficha Niv/Applicantcase/lookup/Detail del oficio MX-09-0058 enviado a las autoridades mexicanas por el gobierno de Estados Unidos, recibió igualmente vehículos blindados, para que se protegiera de los sicarios de los Beltrán Leyva.
Batalla en Guerrero
Los cargamentos de droga procedentes de Colombia eran, según el colaborador de las autoridades, recibidos frente a las costas de Huatulco e Ixtapa por los hombres de Rogaciano Alva, considerado el representante del cártel del Pacífico en Guerrero y regiones aledañas. “Por eso es la guerra que desataron en su contra los Beltrán Leyva”, indicó el testigo protegido.
Los enemigos del señor Rogaciano, agregó, son los hermanos Pineda quienes ahí son representantes de los Beltrán Leyva. A uno de ellos sólo sé que le dicen El Borrado y el otro se llama Mario Pineda, El MP. Por eso mataron a los hijos de Rogaciano, indicó Rambo III sobre este caso. En el fondo está la lucha por rutas y mercados del narcotráfico.
miércoles, 3 de diciembre de 2008
Descargaba droga 'El Rey' en AICM
esús Zambada García, "El Rey", usaba un hangar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para operar el tráfico de droga desde Colombia y utilizaba tres aviones para dicho trasiego, según declaró Jesús Zambada Jr. en una averiguación ministerial a la que tuvo acceso REFORMA.
Conforme con lo asentado en la averiguación previa PGR/SIEDO/ UEIDCS/350/2008, el responsable del cártel de los Zambada de desembarcar la droga en el AICM era el estadounidense Ricardo Flores Quintana o Richard Arroyo Guízar, "El Richard", hijastro de "El Rey".
"Tenían una empresa de aviones de la que desconozco su nombre y desconozco cuántos aviones eran, pero por lo menos eran 3", declaró Zambada Jr.
Afirma que esos aviones eran de plan de vuelo (sic), que arribaban al AICM provenientes de Colombia y que descargaban en un hangar, siendo los encargados de recoger la mercancía "El Pelón" y "El Chilisqui"; de allí, se la llevaban a una bodega, dijo.
Según la declaración, los aviones que se tenían eran tipo jet.
Al respecto, la oficina de Comunicación Social de la PGR informó de una investigación en la que se relaciona un hangar del aeropuerto capitalino, pero aún no se acredita que el inmueble pertenezca a Ismael "El Mayo" Zambada, a sus hermanos o a algún prestanombres.
Hasta ahora, no hay elementos contundentes en la indagatoria para determinar que utilizaron un hangar en sus operaciones, insistió la PGR.
La declaración de Zambada Jr. choca con el decreto oficial que prohíbe desde 1994 la operación de vuelos privados en el AICM, pero su dicho no aclara si su padre tenía relación con alguna empresa de aviación comercial.
En los últimos meses ha quedado evidenciado que el AICM es un importante punto de desembarque de droga, e incluso hay información sobre el involucramiento de policías.
En otra indagatoria (SIEDO/UEICCS /132/2008), hay indicios de que el 30 de marzo de 2008 agentes de la Policía Federal escoltaron en vehículos oficiales un cargamento de precursores químicos a la zona de Hangar Aviones S. A. El contenedor traía 600 kilos de efedrina en el vuelo KL685 de KLM, procedente de Holanda.
En el último año se han registrado varios aseguramientos de droga en distintos vuelos comerciales y de carga en el AICM. Destaca, sin duda, el del 12 de diciembre de 2007, cuando fueron decomisados 500 kilogramos de cocaína que supuestamente tenían como destinatario al grupo de "El Mayo" Zambada.
Por lo menos nueve importantes incautaciones de cocaína y efedrina han ocurrido en 2008 en el AICM. Las cargas venían tanto en líneas comerciales como en empresas de mensajería.
Conforme con lo asentado en la averiguación previa PGR/SIEDO/ UEIDCS/350/2008, el responsable del cártel de los Zambada de desembarcar la droga en el AICM era el estadounidense Ricardo Flores Quintana o Richard Arroyo Guízar, "El Richard", hijastro de "El Rey".
"Tenían una empresa de aviones de la que desconozco su nombre y desconozco cuántos aviones eran, pero por lo menos eran 3", declaró Zambada Jr.
Afirma que esos aviones eran de plan de vuelo (sic), que arribaban al AICM provenientes de Colombia y que descargaban en un hangar, siendo los encargados de recoger la mercancía "El Pelón" y "El Chilisqui"; de allí, se la llevaban a una bodega, dijo.
Según la declaración, los aviones que se tenían eran tipo jet.
Al respecto, la oficina de Comunicación Social de la PGR informó de una investigación en la que se relaciona un hangar del aeropuerto capitalino, pero aún no se acredita que el inmueble pertenezca a Ismael "El Mayo" Zambada, a sus hermanos o a algún prestanombres.
Hasta ahora, no hay elementos contundentes en la indagatoria para determinar que utilizaron un hangar en sus operaciones, insistió la PGR.
La declaración de Zambada Jr. choca con el decreto oficial que prohíbe desde 1994 la operación de vuelos privados en el AICM, pero su dicho no aclara si su padre tenía relación con alguna empresa de aviación comercial.
En los últimos meses ha quedado evidenciado que el AICM es un importante punto de desembarque de droga, e incluso hay información sobre el involucramiento de policías.
En otra indagatoria (SIEDO/UEICCS /132/2008), hay indicios de que el 30 de marzo de 2008 agentes de la Policía Federal escoltaron en vehículos oficiales un cargamento de precursores químicos a la zona de Hangar Aviones S. A. El contenedor traía 600 kilos de efedrina en el vuelo KL685 de KLM, procedente de Holanda.
En el último año se han registrado varios aseguramientos de droga en distintos vuelos comerciales y de carga en el AICM. Destaca, sin duda, el del 12 de diciembre de 2007, cuando fueron decomisados 500 kilogramos de cocaína que supuestamente tenían como destinatario al grupo de "El Mayo" Zambada.
Por lo menos nueve importantes incautaciones de cocaína y efedrina han ocurrido en 2008 en el AICM. Las cargas venían tanto en líneas comerciales como en empresas de mensajería.
domingo, 23 de noviembre de 2008
Dos Felipes, uno protegido, otro protector
Felipe es el nombre que como testigo protegido adoptó el ex agente federal mexicano Alberto Pérez Guerrero, detenido en Estados Unidos y que en julio pasado, en declaración rendida en la embajada mexicana en Washington, ofreció la información que dio lugar a la Operación Limpieza, que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, y que ha incluido la detención de altos mandos de esa Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública.
El principal resultado de los informes dados por Felipe -y otros testigos protegidos, Jennifer y David- ha sido la detención de Noé Ramírez Mandujano, que hasta el 31 de julio pasado, y a partir del comienzo de la actual administración, fue subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, cargo en que reemplazó a José Luis Santiago Vasconcelos, muerto en el desplome aéreo del 4 de noviembre.
Ambos subprocuradores (el desaparecido lo era a la sazón de asuntos internacionales) habían causado baja simultáneamente en un movimiento que se explicaba superficialmente como una reestructuración administrativa de la PGR pero que ahora sabemos tenía un trasfondo que apenas se empieza a conocer. Santiago Vasconcelos permaneció fuera del aparato unas semanas hasta que se le asignó una tarea técnica de rango menor y funciones difusas. Ramírez Mandujano, en cambio, fue enviado a Viena, como representante mexicano ante la Oficina de la ONU contra la droga y el delito. A la hora de esa designación ya se sabía que altos mandos de la SIEDO habían sido cooptados por la delincuencia organizada, particularmente la banda de los Beltrán Leyva. Nos preguntamos si la información de los testigos protegidos ya había alcanzado entonces a Ramírez Mandujano, lo que explicaría su despido pero no la misión que se le asignó.
Su jefe durante 19 meses, el procurador Eduardo Medina Mora, describió anteayer, con pormenores, la conducta ilícita de su colaborador más importante en ese periodo. Dijo que Ramírez Mandujano pactó con el Cártel del Pacífico recibir 450 mil dólares cada mes "a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal". En la segunda reunión que el funcionario ahora caído en desgracia sostuvo con quienes así lo compraban, se hizo acompañar por Miguel Colorado y Fernando Rivera, que lo auxiliarían en su infidencia. Ambos funcionarios de la SIEDO fueron los primeros detenidos a partir del testimonio de Felipe.
Éste, por cierto, después de haber sido agente de la Interpol, pudo con toda sencillez hacerse contratar como agente policiaco al servicio de la embajada de Washington en México, cuya información filtraba también a los Beltrán Leyva, que lo reclutaron después de un breve regateo. Pérez Guerrero (es decir, Felipe) solicitó un pago de 50 mil dólares por mes, que se redujeron a 30 mil. El infidente ahora protegido tenía experiencia en tareas de esa índole, pagaderas en dólares. Según su propio dicho, Mario Arturo Velarde Martínez le entregó hace años 4 mil dólares por informes sobre actividades de Interpol, en que trabajaba entonces Felipe. El solicitante era secretario particular del director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, ahora secretario de Seguridad Pública. Velarde pasó de la AFI a la Policía Federal Preventiva cuando su jefe ascendió a miembro del gabinete. Fue "elemento con mando medio" en la división antidrogas hasta hace un mes en que se le hizo director general adjunto en la sección primera del Estado Mayor de esa corporación policiaca. A pesar de ese ascenso, hace una semana tramitó su baja y no se le ha vuelto a ver.
Escribió, sin embargo, una carta al diario Reforma, para desmentir los señalamientos del testigo protegido: "Es de esperarse que un delincuente como Felipe, que se siente hundido ante la secuela de actos delictivos que ejecutó en perjuicio de la sociedad mexicana, pretenda imputar supuestos actos delictivos para disminuir su condena dentro o fuera del país, a funcionarios rectos y honestos como lo es el suscrito". Quizá porque la PGR no duda que lo sea, no ha iniciado acción alguna en su contra, a diferencia de lo hecho respecto de otros funcionarios del entorno de García Luna, que desde la semana pasada están arraigados. Se trata de Rodolfo de la Guardia, ex director de Despliegue Regional de la AFI y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de la Interpol, detenidos a partir de la información de Felipe.
Otros jefes y miembros de las corporaciones al mando de García Luna se hallan también arraigados. Los agentes de la división antidrogas de la PFP Jorge Cruz, Fidel Hernández y Edgar Bayardo fueron detenidos a raíz de la captura de El Rey Zambada, a quien servían. El propio jefe interino de esa corporación, Gerardo Garay, está bajo arraigo por semejantes razones. Como si no escarmentara, o porque eso busca, García Luna designó en su lugar a Rodrigo Esparza Cristerna, procesado en 1993 cuando era delegado de la PGR en Sinaloa (aunque su caso fue sobreseído por irregularidades formales) por "actuar contra la justicia" a favor de Joaquín Guzmán, El Chapo.
El que García Luna se atreva a dar ese paso muestra el poderío que le otorga la protección presidencial de que disfruta. La reportera Anabel Hernández ha puesto en negro sobre blanco (en su libro Los cómplices del presidente, que está recientemente en circulación) datos de una relación que permite al secretario de Seguridad Pública no inquietarse de las denuncias del Felipe protegido mientras tenga de su parte al Felipe protector.
En víspera de la integración del nuevo gobierno, un grupo de generales en activo se reunió en un elegante restaurante de Polanco con Juan Camilo Mouriño, ya apuntado entonces como el influyente jefe de la Oficina de la Presidencia que sería a partir de unos días más. El propósito de los militares del más alto rango era "desenmascarar al entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna", al que temían se designara director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). "Les preocupaba... la vertiente relacionada con la protección a secuestradores, pero mucho más la relacionada con la protección al cártel de Sinaloa. Para el delicado encuentro que iban a sostener con Mouriño iban bien pertrechados. Las áreas de inteligencia militar habían hecho su trabajo. Se afirma que le presentaron a Juan Camilo una serie de fotografías en las que aparecía el equipo cercano a García Luna -el que hoy controla a la Secretaría de Seguridad Pública- acompañado de narcotraficantes del cártel de Sinaloa, entre ellos los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.
"También le habrían presentado la transcripción de llamadas telefónicas entre el grupo de García Luna y narcotraficantes mientras pactaban y cobraban. Su petición era que esa información llegara a manos del (próximo) presidente de la República. Los generales querían prevenir a Calderón...".
La advertencia fue desoída, a pesar de lo cual fue reiterada más tarde nada menos que por el propio general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, quien habría dicho tener más "información sobre el involucramiento de Genaro García Luna con el crimen organizado". Se lo habría comunicado a José Antonio Ortega, el abogado ultraderechista que representa los intereses y las posiciones del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y al cardenal arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval. Merced a su vínculo con el Episcopado, Ortega pudo añadir a la reportera Hernández que el presidente de la Conferencia episcopal, "don Carlos Aguiar... le había denunciado (al Presidente) las corruptelas de García Luna, no me dijo cuáles, y que tuvo que pagar un costo político por su denuncia".
Se sabía ya que Calderón ha sido impermeable a estas revelaciones, y que protegía a García Luna. Se lo dijo en marzo el subprocurador Juan de Dios Castro a un comandante de la PFP, Javier Herrera Valles, cuando quiso disuadirlo de presentar ante el Presidente una denuncia sobre su colaborador. Ahora Herrera Valles está arraigado, en lo que parece una represalia por su denuncia, y después de haber sido echado de la PFP por la comisión de honor encabezada por Garay, ahora arraigado también, y en que participó Luis Cárdenas Palomino, amigo de García Luna.
El principal resultado de los informes dados por Felipe -y otros testigos protegidos, Jennifer y David- ha sido la detención de Noé Ramírez Mandujano, que hasta el 31 de julio pasado, y a partir del comienzo de la actual administración, fue subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, cargo en que reemplazó a José Luis Santiago Vasconcelos, muerto en el desplome aéreo del 4 de noviembre.
Ambos subprocuradores (el desaparecido lo era a la sazón de asuntos internacionales) habían causado baja simultáneamente en un movimiento que se explicaba superficialmente como una reestructuración administrativa de la PGR pero que ahora sabemos tenía un trasfondo que apenas se empieza a conocer. Santiago Vasconcelos permaneció fuera del aparato unas semanas hasta que se le asignó una tarea técnica de rango menor y funciones difusas. Ramírez Mandujano, en cambio, fue enviado a Viena, como representante mexicano ante la Oficina de la ONU contra la droga y el delito. A la hora de esa designación ya se sabía que altos mandos de la SIEDO habían sido cooptados por la delincuencia organizada, particularmente la banda de los Beltrán Leyva. Nos preguntamos si la información de los testigos protegidos ya había alcanzado entonces a Ramírez Mandujano, lo que explicaría su despido pero no la misión que se le asignó.
Su jefe durante 19 meses, el procurador Eduardo Medina Mora, describió anteayer, con pormenores, la conducta ilícita de su colaborador más importante en ese periodo. Dijo que Ramírez Mandujano pactó con el Cártel del Pacífico recibir 450 mil dólares cada mes "a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal". En la segunda reunión que el funcionario ahora caído en desgracia sostuvo con quienes así lo compraban, se hizo acompañar por Miguel Colorado y Fernando Rivera, que lo auxiliarían en su infidencia. Ambos funcionarios de la SIEDO fueron los primeros detenidos a partir del testimonio de Felipe.
Éste, por cierto, después de haber sido agente de la Interpol, pudo con toda sencillez hacerse contratar como agente policiaco al servicio de la embajada de Washington en México, cuya información filtraba también a los Beltrán Leyva, que lo reclutaron después de un breve regateo. Pérez Guerrero (es decir, Felipe) solicitó un pago de 50 mil dólares por mes, que se redujeron a 30 mil. El infidente ahora protegido tenía experiencia en tareas de esa índole, pagaderas en dólares. Según su propio dicho, Mario Arturo Velarde Martínez le entregó hace años 4 mil dólares por informes sobre actividades de Interpol, en que trabajaba entonces Felipe. El solicitante era secretario particular del director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, ahora secretario de Seguridad Pública. Velarde pasó de la AFI a la Policía Federal Preventiva cuando su jefe ascendió a miembro del gabinete. Fue "elemento con mando medio" en la división antidrogas hasta hace un mes en que se le hizo director general adjunto en la sección primera del Estado Mayor de esa corporación policiaca. A pesar de ese ascenso, hace una semana tramitó su baja y no se le ha vuelto a ver.
Escribió, sin embargo, una carta al diario Reforma, para desmentir los señalamientos del testigo protegido: "Es de esperarse que un delincuente como Felipe, que se siente hundido ante la secuela de actos delictivos que ejecutó en perjuicio de la sociedad mexicana, pretenda imputar supuestos actos delictivos para disminuir su condena dentro o fuera del país, a funcionarios rectos y honestos como lo es el suscrito". Quizá porque la PGR no duda que lo sea, no ha iniciado acción alguna en su contra, a diferencia de lo hecho respecto de otros funcionarios del entorno de García Luna, que desde la semana pasada están arraigados. Se trata de Rodolfo de la Guardia, ex director de Despliegue Regional de la AFI y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de la Interpol, detenidos a partir de la información de Felipe.
Otros jefes y miembros de las corporaciones al mando de García Luna se hallan también arraigados. Los agentes de la división antidrogas de la PFP Jorge Cruz, Fidel Hernández y Edgar Bayardo fueron detenidos a raíz de la captura de El Rey Zambada, a quien servían. El propio jefe interino de esa corporación, Gerardo Garay, está bajo arraigo por semejantes razones. Como si no escarmentara, o porque eso busca, García Luna designó en su lugar a Rodrigo Esparza Cristerna, procesado en 1993 cuando era delegado de la PGR en Sinaloa (aunque su caso fue sobreseído por irregularidades formales) por "actuar contra la justicia" a favor de Joaquín Guzmán, El Chapo.
El que García Luna se atreva a dar ese paso muestra el poderío que le otorga la protección presidencial de que disfruta. La reportera Anabel Hernández ha puesto en negro sobre blanco (en su libro Los cómplices del presidente, que está recientemente en circulación) datos de una relación que permite al secretario de Seguridad Pública no inquietarse de las denuncias del Felipe protegido mientras tenga de su parte al Felipe protector.
En víspera de la integración del nuevo gobierno, un grupo de generales en activo se reunió en un elegante restaurante de Polanco con Juan Camilo Mouriño, ya apuntado entonces como el influyente jefe de la Oficina de la Presidencia que sería a partir de unos días más. El propósito de los militares del más alto rango era "desenmascarar al entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna", al que temían se designara director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). "Les preocupaba... la vertiente relacionada con la protección a secuestradores, pero mucho más la relacionada con la protección al cártel de Sinaloa. Para el delicado encuentro que iban a sostener con Mouriño iban bien pertrechados. Las áreas de inteligencia militar habían hecho su trabajo. Se afirma que le presentaron a Juan Camilo una serie de fotografías en las que aparecía el equipo cercano a García Luna -el que hoy controla a la Secretaría de Seguridad Pública- acompañado de narcotraficantes del cártel de Sinaloa, entre ellos los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.
"También le habrían presentado la transcripción de llamadas telefónicas entre el grupo de García Luna y narcotraficantes mientras pactaban y cobraban. Su petición era que esa información llegara a manos del (próximo) presidente de la República. Los generales querían prevenir a Calderón...".
La advertencia fue desoída, a pesar de lo cual fue reiterada más tarde nada menos que por el propio general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, quien habría dicho tener más "información sobre el involucramiento de Genaro García Luna con el crimen organizado". Se lo habría comunicado a José Antonio Ortega, el abogado ultraderechista que representa los intereses y las posiciones del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y al cardenal arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval. Merced a su vínculo con el Episcopado, Ortega pudo añadir a la reportera Hernández que el presidente de la Conferencia episcopal, "don Carlos Aguiar... le había denunciado (al Presidente) las corruptelas de García Luna, no me dijo cuáles, y que tuvo que pagar un costo político por su denuncia".
Se sabía ya que Calderón ha sido impermeable a estas revelaciones, y que protegía a García Luna. Se lo dijo en marzo el subprocurador Juan de Dios Castro a un comandante de la PFP, Javier Herrera Valles, cuando quiso disuadirlo de presentar ante el Presidente una denuncia sobre su colaborador. Ahora Herrera Valles está arraigado, en lo que parece una represalia por su denuncia, y después de haber sido echado de la PFP por la comisión de honor encabezada por Garay, ahora arraigado también, y en que participó Luis Cárdenas Palomino, amigo de García Luna.
viernes, 21 de noviembre de 2008
Recibe ex zar antidroga dls 450 mil.-PGR
Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, confirmó la detención del ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, Noé Ramírez Mandujano, y señaló que es indagado porque presuntamente recibió 450 mil dólares por parte del Cártel del Pacífico, para filtrar información.
"Obran en su contra imputaciones en el sentido de que con posterioridad a la fecha en la que asumió el cargo de titular de SIEDO fue citado por un miembro del Cártel del Pacífico de quien recibió de manera personal un pago de 450 mil dólares, a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal. Se señala que estos pagos serían otorgados de manera mensual", señaló.
Ramírez Mandujano quedó en calidad de detenido ayer, tras presentarse a declarar ante la SIEDO el pasado miércoles y ya se solicitó a un juez el arraigo en su contra.
"Fue solicitada la medida de arraigo para seguir desahogando las indagatorias que consisten en la entrega de información a personas ajenas a la institución", señaló Medina Mora.
REFORMA publicó este viernes que el ex titular de la SIEDO había sido detenido ayer por esa misma fiscalía dentro de las pesquisas contra servidores públicos que protegieron la operación de narcotraficantes.
El funcionario explicó que dentro de las indagatorias del "Operativo Limpieza" existe la imputación de un testigo protegido miembro de ese cártel de haberle entregado la cantidad en una reunión posterior a que Ramírez Mandujano asumiera el cargo más importante de la dependencia en el combate al narcotráfico.
El Procurador manifestó que existe otro indicio de una segunda reunión con narcotraficantes, también realizada en el Distrito Federal, a la que lo acompañaron Fernando Rivera y Miguel Ángel Colorado, ambos de la Coordinación Técnica de la SIEDO, y consignados en octubre por los mismos hechos.
Además, el funcionario detalló que por delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la comisión de delitos de esta naturaleza, se acusa a cuatro agentes más: Jorge Alberto Zavala, Antonio Mejía Robles, Francisco Javier Jiménez Sánchez y José Antonio Cueto López, los dos últimos prófugos.
En conferencia de prensa, Medina Mora aseguró que las investigaciones parten de conductas individuales de funcionarios y ex funcionarios y que están sustentadas en diligencias ministeriales, tras rechazar que existan revanchismos.
"Obran en su contra imputaciones en el sentido de que con posterioridad a la fecha en la que asumió el cargo de titular de SIEDO fue citado por un miembro del Cártel del Pacífico de quien recibió de manera personal un pago de 450 mil dólares, a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal. Se señala que estos pagos serían otorgados de manera mensual", señaló.
Ramírez Mandujano quedó en calidad de detenido ayer, tras presentarse a declarar ante la SIEDO el pasado miércoles y ya se solicitó a un juez el arraigo en su contra.
"Fue solicitada la medida de arraigo para seguir desahogando las indagatorias que consisten en la entrega de información a personas ajenas a la institución", señaló Medina Mora.
REFORMA publicó este viernes que el ex titular de la SIEDO había sido detenido ayer por esa misma fiscalía dentro de las pesquisas contra servidores públicos que protegieron la operación de narcotraficantes.
El funcionario explicó que dentro de las indagatorias del "Operativo Limpieza" existe la imputación de un testigo protegido miembro de ese cártel de haberle entregado la cantidad en una reunión posterior a que Ramírez Mandujano asumiera el cargo más importante de la dependencia en el combate al narcotráfico.
El Procurador manifestó que existe otro indicio de una segunda reunión con narcotraficantes, también realizada en el Distrito Federal, a la que lo acompañaron Fernando Rivera y Miguel Ángel Colorado, ambos de la Coordinación Técnica de la SIEDO, y consignados en octubre por los mismos hechos.
Además, el funcionario detalló que por delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la comisión de delitos de esta naturaleza, se acusa a cuatro agentes más: Jorge Alberto Zavala, Antonio Mejía Robles, Francisco Javier Jiménez Sánchez y José Antonio Cueto López, los dos últimos prófugos.
En conferencia de prensa, Medina Mora aseguró que las investigaciones parten de conductas individuales de funcionarios y ex funcionarios y que están sustentadas en diligencias ministeriales, tras rechazar que existan revanchismos.
jueves, 20 de noviembre de 2008
Confirma PGR detención de Ramírez Mandujano
La Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada encontró elementos para detener al zar antidrogas Noé Rodríguez Mandujano, por su probable participación en una red de corrupción oficial, que trabajaba entregando información sobre investigaciones y operaciones al cártel que encabezan .los hermanos Beltrán Leyva.
En un comunicado la Procuraduría General de la República informó que ayer Ramírez Mandujano se presentó voluntariamente a declarar ante el Fiscal de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en el marco de la “Operación Limpieza.
La dependencia agregó que el Ministerio Público de la Federación solicitará en las próximas horas la medida cautelar de arraigo, para continuar perfeccionando la indagatoria con los elementos de prueba previstos por la Ley.
"La investigación continúa desarrollándose y se siguen todas las líneas de trabajo que permitan identificar hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de servidores públicos".
En un comunicado la Procuraduría General de la República informó que ayer Ramírez Mandujano se presentó voluntariamente a declarar ante el Fiscal de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en el marco de la “Operación Limpieza.
La dependencia agregó que el Ministerio Público de la Federación solicitará en las próximas horas la medida cautelar de arraigo, para continuar perfeccionando la indagatoria con los elementos de prueba previstos por la Ley.
"La investigación continúa desarrollándose y se siguen todas las líneas de trabajo que permitan identificar hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de servidores públicos".
martes, 18 de noviembre de 2008
Determina SIEDO retener 48 horas a Herrera Valles
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) determinó retener por 48 horas al ex coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), Javier Herrera Valles, a quien investiga por la presunta recepción de pagos de grupos del crimen organizado.
Herrera Valles, quien ha criticado la gestión de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desde hace 10 meses , fue detenido ayer por una orden de localización y presentación, confirmó la PGR.
"Javier Herrera Valles se reservó su declaración ante los hechos que motivaron su presentación, por lo cual el fiscal decretó su detención por un plano de 48 horas, que puede ampliarse otras 48 con el fin de ampliar elementos de investigación y que, al final del término constitucional de su retención, se determine su situación jurídica", informó la PGR.
La familia del ex mando policiaco rechazó las acusaciones calificándolas de totalmente falsas y lamentando que Herrera Valles sea perseguido por "denunciar la corrupción y los malos manejos en la SSP".
"Nosotros no somos delincuentes y nos está tocando el acoso, no por decir la verdad nos van a tratar así", comentó Liliana Adame, esposa de Herrera Valle.
Eduardo Herrera, hijo del ex comisario y quien lo acompañaba al ser detenido, está por ingresar a las instalaciones de la SIEDO para entrevistarse con su padre mientras los abogados de la familia determinan la acción a seguir.
Herrera Valles, quien ha criticado la gestión de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desde hace 10 meses , fue detenido ayer por una orden de localización y presentación, confirmó la PGR.
"Javier Herrera Valles se reservó su declaración ante los hechos que motivaron su presentación, por lo cual el fiscal decretó su detención por un plano de 48 horas, que puede ampliarse otras 48 con el fin de ampliar elementos de investigación y que, al final del término constitucional de su retención, se determine su situación jurídica", informó la PGR.
La familia del ex mando policiaco rechazó las acusaciones calificándolas de totalmente falsas y lamentando que Herrera Valles sea perseguido por "denunciar la corrupción y los malos manejos en la SSP".
"Nosotros no somos delincuentes y nos está tocando el acoso, no por decir la verdad nos van a tratar así", comentó Liliana Adame, esposa de Herrera Valle.
Eduardo Herrera, hijo del ex comisario y quien lo acompañaba al ser detenido, está por ingresar a las instalaciones de la SIEDO para entrevistarse con su padre mientras los abogados de la familia determinan la acción a seguir.
Vinculan a García Luna con “El Mayo”
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, considerado intocable y “funcionario consentido” de Felipe Calderón, ha mantenido en su círculo más cercano a numerosos funcionarios acusados de tener vínculos con el narcotráfico, en particular con El Mayo Zambada. Una investigación realizada por agentes inconformes con la unificación policiaca asegura –en una carta enviada al Congreso de la Unión – que en octubre pasado numerosos hombres armados interceptaron al funcionario en carretera y desarmaron a los miembros de su escolta mientras un alto capo le advertía: “Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado…”. El documento agrega que, entonces, el funcionario se retiró del lugar durante cuatro horas para negociar con el capo…
Con sus poderosos tentáculos y su habilidad para corromper policías e infiltrarse en las instituciones responsables de combatir el narcotráfico –incluida la Secretaría de la Defensa Nacional–, Ismael Zambada García, El Mayo, cuenta con amplios controles dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza Genaro García Luna, cuyos principales colaboradores –algunos de ellos actualmente arraigados– son acusados de hallarse al servicio del personaje al que hoy se considera jefe máximo del cártel de Sinaloa.
Dueño de fincas y haciendas, intocable en Sinaloa –su feudo–, Zambada García dispone de amplias redes de complicidades en las áreas más importantes de la PGR, como la SIEDO, y en la SSP, donde varios funcionarios del primer nivel son investigados por servir al capo que, siguiendo el ejemplo de Amado Carrillo –del que por varios años fue socio–, transformó su rostro con una cirugía plástica.
También intocable y considerado como “el funcionario consentido” del presidente Felipe Calderón, García Luna no parece escapar de las redes tendidas en la SSP tanto por Zambada García como por los hermanos Beltrán Leyva, éstos últimos separados del cártel de Sinaloa tras la ruptura derivada de la aprehensión de Alfredo Beltrán, El Mochomo, en enero pasado.
Así lo establece una investigación sobre los presuntos vínculos entre García Luna y las células de Zambada García y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, realizada por policías inconformes con el proyecto de unificación de las corporaciones federales.
En una indagación de campo, reforzada con antecedentes y revelaciones que supuestamente hizo la propia escolta de García Luna, los agentes policiacos reconstruyeron un episodio ocurrido el 19 de octubre pasado en el estado de Morelos, el cual narran en una carta enviada a las cámaras de Diputados y de Senadores con el fin de exhibir, según dicen, lo peligroso que significa otorgarle mayor poder a la SSP, pues buena parte de sus altos mandos policiacos, afirman, están al servicio del narcotráfico.
El documento detalla:
...El pasado 19 de octubre del año en curso (…) el actual secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y su escolta, integrada por aproximadamente 27 elementos, (…) en la carretera Cuernavaca a Tepoztlán fue interceptado o citado por alto capo de las drogas que se acompañaba de un indeterminado número de pistoleros o sicarios en aproximadamente 10 vehículos Suburban blindados, sin que la escolta del funcionario en mención hiciera nada por protegerlo, al parecer por una orden verbal de éste (García Luna).
La misiva que hoy se encuentra en manos de los legisladores agrega que los miembros de la escolta de García Luna, por órdenes “del alto capo de las drogas”, fueron despojados de sus armas y permanecieron con los ojos vendados durante “aproximadamente cuatro horas”.
Los agentes que conocieron el hecho, y cuyos nombres se omiten por temor a represalias, sostienen en el documento que aquella voz “del alto capo” le dijo a García Luna:
Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado.
Asegura el escrito que, después de esas palabras del capo, García Luna se retiró “abandonando a sus escoltas a su suerte, sin saber la dirección que tomó y lo que hizo durante esas cuatro largas horas, tiempo en que pudo entrevistarse en un lugar más cómodo y distinto al que fueron los supuestos hechos”.
Y, en otro punto, la carta señala:
No debe pasar desapercibido que el secretario funcionario en cuestión es un experto actor del engaño, pues debe recordarse que en fechas pasadas elaboró un circo en torno a un secuestro en el que estuvo supuestamente involucrada una mujer francesa en el poblado del Ajusco, D.F., donde citó a un medio televisivo de comunicación masiva, y (…) pudo manipular a toda su escolta haciéndoles creer que lo sucedido fue un amedrentamiento (levantón) por parte de algún capo de la droga, y lo que en realidad sucedió fue una cita concertada con ese supuesto capo.
De acuerdo con las investigaciones que realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), buena parte de los funcionarios más cercanos a García Luna parecen contaminados por el narcotráfico, pues desde el sexenio de Vicente Fox, y de manera más acusada en la actual administración, han surgido evidencias de que la SSP es una de las instituciones más infiltradas por el cártel de Sinaloa y otras bandas delictivas.
Por ejemplo, Édgar Enrique Bayardo del Villar, exinspector adscrito a la Sección de Operaciones de la Policía Federal Preventiva, fue puesto a disposición de la SIEDO por servir, presuntamente, a Zambada García. Cercano a García Luna, con un sueldo no mayor a los 26 mil pesos mensuales, Enrique Bayardo pasó de la pobreza a una prosperidad fulgurante.
Conforme a la investigación de los hechos, donde también aparecen implicados los agentes de la PFP Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández, Bayardo del Villar posee hoy dos residencias con un valor conjunto cercano a los 9 millones de pesos.
De un día para otro, rompió la estrechez de sus limitaciones económicas y se compró automóviles BMW, Mercedes Benz y una Cherokee blindada. Se gastó 12 millones de pesos en estas adquisiciones y, al igual que sus residencias, las pagó de contado.
Otra pieza de esta red que presuntamente se halla al servicio de los hermanos Jesús e Ismael El Mayo Zambada –dentro del primer círculo de confianza de Genaro García Luna– es Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la PFP, quien el pasado 1 de noviembre renunció a su cargo para ponerse voluntariamente “a disposición de las autoridades”, aunque de inmediato fue arraigado por la SIEDO.
Dentro de las pesquisas, los reflectores se enderezan también hacia otros funcionarios ligados a Garay Cadena. Uno de ellos es Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP, con amplios controles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reconocido como uno de los mayores centros de operaciones de entrada de droga y salida de dinero del narcotráfico.
Dentro de este grupo que, según la PGR, brindaba protección al Mayo Zambada, aparece igualmente Luis Cárdenas Palominos, “el brazo derecho” de García Luna, quien no fue arraigado pero sigue siendo citado a declarar a la SIEDO. Otros altos mandos de la SSP y de la PFP bajo arraigo son los agentes Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández García.
En la denuncia entregada al Congreso de la Unión, en particular a las comisiones de Seguridad y Justicia –donde se impulsa el proyecto de unificar a las policías federales que, según se afirma, quedará resuelto este año–, los agentes de la AFI aseguran que García Luna está incorporando a la PFP y a la SSP personal con antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado.
En la mayoría de los casos, dicen, se advierte inexperiencia e improvisación en tareas de investigación sobre las actividades del crimen organizado que, de acuerdo con Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), abarca 25 tipos de delitos, como el narcotráfico, el contrabando, el secuestro y la trata de personas.
En su denuncia, los agentes abordan también la corrupción y el desorden que privan en la dependencia que controla García Luna. Dicen que el personal convocado para abandonar la AFI e incorporarse a la Policía Federal no había cumplido cuatro años en sus cargos policiacos y que se dio prioridad a recomendados e incondicionales, así como a “amistades y amantes de altos funcionarios”.
Varias de las denuncias y advertencias de los agentes pueden confirmarse inclusive en los hechos más recientes. Por ejemplo, dos días después de la renuncia de Gerardo Garay, el 3 de noviembre, García Luna nombró como comisionado interino de la PFP a Rodrigo Esparza Cisterna, cuya historia es tan larga como turbia.
En 1993, cuando Rodrigo Esparza era delegado de la PGR en Sinaloa, brotaron los primeros rebullicios por su presunta relación con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, entonces acérrimo rival de los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana.
De acuerdo con el oficio DGPDSC/UEA/1938/2005, fechado el 12 de agosto de 2005, obtenido mediante una solicitud informativa al Instituto Federal de Acceso a la Información (folio 0001700181305), Esparza fue acusado de actuar contra la administración de la justicia.
Dicha imputación quedó registrada en el proceso penal 159/93, derivado de la averiguación previa 3423/93. El 28 de junio de 1993 fue aceptada la competencia planteada por el juez tercero de Distrito del Ramo Penal del Distrito Federal, y luego se le dictó auto de formal prisión.
Mediante añagazas jurídicas, el auto de formal prisión fue revocado el 23 de agosto de 1993, de modo que en menos de tres meses Esparza vio sepultado su expediente con el sobreseimiento de su caso. No obstante estos antecedentes, ahora Rodrigo Esparza es el brazo derecho de García Luna en la PFP.
Un retrato del poder
El Mayo Zambada era regordete y mofletudo, pero un día Vicente y Amado Carrillo, quienes se sometieron a cirugías plásticas en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México –el nosocomio donde falleció Amado Carrillo en 1997–, le sugirieron cambiar su fisonomía y aceptó.
Zambada bajó entonces de peso y se redujo las mejillas, con lo que su rostro se volvió rígido y un poco alargado por el estiramiento facial. Cuando José Luis Santiago Vasconcelos era titular de la SIEDO, agentes federales tuvieron acceso, durante un cateo en una de sus múltiples propiedades, a una fotografía donde Zambada García luce rejuvenecido y esbelto. La foto se guardó en los archivos relacionados con el cártel de Juárez, organización a la que pertenecía El Mayo.
Intocable por décadas, Ismael Zambada ha mostrado su poderío y su capacidad de infiltrarse crecientemente en las instituciones durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón: más de 35 agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la SIEDO eran sus empleados, y cada uno recibía entre 350 y 400 mil dólares mensuales por filtrarle información sobre expedientes consignados y averiguaciones previas en curso contra miembros de su organización.
Ya en el gobierno de Vicente Fox, el cártel de Sinaloa llegó hasta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde a través de Arturo González Hernández, El Chaky, fueron cooptados varios altos mandos del Ejército que operaban los sistemas de telecomunicaciones y le avisaban con antelación qué días y horas se realizarían operativos militares.
Además, El Mayo Zambada tenía el control de la policía de Sinaloa, y altos jefes militares cuidaban su integridad física y sus negocios. La impunidad y su poder eran de tal magnitud que, en diciembre de 2005, en el rancho El Mezquite, se organizó una posada amenizada por la banda Ilusión. A la fiesta llegó Zambada García. Corrieron ríos de alcohol, se distribuyeron fuertes dosis de cocaína y se lanzaron disparos al aire.
Esto atrajo la atención de un sector del Ejército Mexicano afincado en Sinaloa que solicitó una orden de cateo para entrar al rancho. Debido a que, inusualmente, esa orden tardó horas en obsequiarse, Zambada García tuvo tiempo de abandonar el sitio protegido por policías e irse tranquilamente a su escondite, una amurallada fortaleza cuyos accesos y veredas están permanentemente vigiladas por su gente.
En mayo de 2007, la Oficina para el Control de Propiedades Extranjeras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que seis empresas y 12 personas en México son parte de la red financiera de Ismael El Mayo Zambada.
El reporte estadunidense indica que la exesposa de Zambada, Rosario Niebla Cardoza, así como sus cuatro hijas –María Teresa, Miriam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla–, juegan un papel clave en los negocios sucios de El Mayo, pues cumplen una función “clave en la propiedad y control de las empresas” del capo.
Tras la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa –quizá en su momento de esplendor la empresa criminal más poderosa de América Latina– sufrió una merma en su poder, pero no está abatido.
Según datos de la SSP y de la PGR, los Beltrán alargaron sus tentáculos: penetraron en la SIEDO, en la PGR y en buena parte de las comandancias regionales del Ejército, además de aliarse con Los Zetas y con el cártel de Juárez, cuyo jefe actual es Vicente Carrillo, El Viceroy.
Zambada García y Joaquín Guzmán mantienen la unidad, y a ese grupo están sumados Ignacio Nacho Coronel y los hermanos Cázares Salazar.
Este clan de las drogas sufrió una baja reciente: apenas el pasado 17 de octubre fue detenido en la Ciudad de México Jesús Zambada García, El Rey, hermano de El Mayo que tenía fama de ser discreto.
Hasta el año 2007, Jesús Zambada no estaba considerado como un capo de estatura mayor ni por los organismos de inteligencia de Estados Unidos, pero tras su captura el procurador Eduardo Medina Mora lo calificó como una de las cabezas más importantes en la red de lavado de dinero de El Mayo Zambada.
Otro hecho aludió al verdadero poder de El Rey Zambada: En Culiacán, Sinaloa, fue colocada una manta cerca del Congreso estatal que derrumbó la tesis de que Jesús Zambada García era un operador menor. La leyenda decía:
Chapo Guzmán, matan a tu hijo y sigues siendo amigo de los asesinos. No tienes vergüenza, cómo te ha cambiado Nachito Coronel, te mangonea a su antojo y todo porque te mantenga. Inteligente El Rey Zambada: ustedes matando municipales, estatales y ministeriales, y él bajando efedrina y cocaína en el aeropuerto de la Ciudad de México.
En octubre –mes en el que supuestamente fue interceptado en Morelos García Luna, según la denuncia de los agentes–, arreciaron los golpes contra la estructura de El Mayo Zambada. Fueron cateados por policías federales los ranchos Quinta La Paloma y Los Alpes, localizados en Acaxochitlán, Hidalgo. Las propiedad de las instalaciones fue atribuida por la SIEDO a El Rey Zambada.
Al Mayo Zambada le habían asestado el 18 de septiembre un golpe financiero con el decomiso de 26 millones de dólares, dinero que tenía guardado en una casa de seguridad y perfectamente acomodado en cajas de huevo.
A pesar de los golpes recibidos por el cártel de Sinaloa y no obstante la división que sufrió con la separación de los hermanos Beltrán, la organización sigue boyante en el tráfico de drogas: controla puertos y aeropuertos, y mantiene aliados en altos niveles de la SSP que, según la misiva enviada por los policías federales al Congreso, “están obligados a cumplir con los acuerdos pactados”.
Con sus poderosos tentáculos y su habilidad para corromper policías e infiltrarse en las instituciones responsables de combatir el narcotráfico –incluida la Secretaría de la Defensa Nacional–, Ismael Zambada García, El Mayo, cuenta con amplios controles dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza Genaro García Luna, cuyos principales colaboradores –algunos de ellos actualmente arraigados– son acusados de hallarse al servicio del personaje al que hoy se considera jefe máximo del cártel de Sinaloa.
Dueño de fincas y haciendas, intocable en Sinaloa –su feudo–, Zambada García dispone de amplias redes de complicidades en las áreas más importantes de la PGR, como la SIEDO, y en la SSP, donde varios funcionarios del primer nivel son investigados por servir al capo que, siguiendo el ejemplo de Amado Carrillo –del que por varios años fue socio–, transformó su rostro con una cirugía plástica.
También intocable y considerado como “el funcionario consentido” del presidente Felipe Calderón, García Luna no parece escapar de las redes tendidas en la SSP tanto por Zambada García como por los hermanos Beltrán Leyva, éstos últimos separados del cártel de Sinaloa tras la ruptura derivada de la aprehensión de Alfredo Beltrán, El Mochomo, en enero pasado.
Así lo establece una investigación sobre los presuntos vínculos entre García Luna y las células de Zambada García y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, realizada por policías inconformes con el proyecto de unificación de las corporaciones federales.
En una indagación de campo, reforzada con antecedentes y revelaciones que supuestamente hizo la propia escolta de García Luna, los agentes policiacos reconstruyeron un episodio ocurrido el 19 de octubre pasado en el estado de Morelos, el cual narran en una carta enviada a las cámaras de Diputados y de Senadores con el fin de exhibir, según dicen, lo peligroso que significa otorgarle mayor poder a la SSP, pues buena parte de sus altos mandos policiacos, afirman, están al servicio del narcotráfico.
El documento detalla:
...El pasado 19 de octubre del año en curso (…) el actual secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y su escolta, integrada por aproximadamente 27 elementos, (…) en la carretera Cuernavaca a Tepoztlán fue interceptado o citado por alto capo de las drogas que se acompañaba de un indeterminado número de pistoleros o sicarios en aproximadamente 10 vehículos Suburban blindados, sin que la escolta del funcionario en mención hiciera nada por protegerlo, al parecer por una orden verbal de éste (García Luna).
La misiva que hoy se encuentra en manos de los legisladores agrega que los miembros de la escolta de García Luna, por órdenes “del alto capo de las drogas”, fueron despojados de sus armas y permanecieron con los ojos vendados durante “aproximadamente cuatro horas”.
Los agentes que conocieron el hecho, y cuyos nombres se omiten por temor a represalias, sostienen en el documento que aquella voz “del alto capo” le dijo a García Luna:
Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado.
Asegura el escrito que, después de esas palabras del capo, García Luna se retiró “abandonando a sus escoltas a su suerte, sin saber la dirección que tomó y lo que hizo durante esas cuatro largas horas, tiempo en que pudo entrevistarse en un lugar más cómodo y distinto al que fueron los supuestos hechos”.
Y, en otro punto, la carta señala:
No debe pasar desapercibido que el secretario funcionario en cuestión es un experto actor del engaño, pues debe recordarse que en fechas pasadas elaboró un circo en torno a un secuestro en el que estuvo supuestamente involucrada una mujer francesa en el poblado del Ajusco, D.F., donde citó a un medio televisivo de comunicación masiva, y (…) pudo manipular a toda su escolta haciéndoles creer que lo sucedido fue un amedrentamiento (levantón) por parte de algún capo de la droga, y lo que en realidad sucedió fue una cita concertada con ese supuesto capo.
De acuerdo con las investigaciones que realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), buena parte de los funcionarios más cercanos a García Luna parecen contaminados por el narcotráfico, pues desde el sexenio de Vicente Fox, y de manera más acusada en la actual administración, han surgido evidencias de que la SSP es una de las instituciones más infiltradas por el cártel de Sinaloa y otras bandas delictivas.
Por ejemplo, Édgar Enrique Bayardo del Villar, exinspector adscrito a la Sección de Operaciones de la Policía Federal Preventiva, fue puesto a disposición de la SIEDO por servir, presuntamente, a Zambada García. Cercano a García Luna, con un sueldo no mayor a los 26 mil pesos mensuales, Enrique Bayardo pasó de la pobreza a una prosperidad fulgurante.
Conforme a la investigación de los hechos, donde también aparecen implicados los agentes de la PFP Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández, Bayardo del Villar posee hoy dos residencias con un valor conjunto cercano a los 9 millones de pesos.
De un día para otro, rompió la estrechez de sus limitaciones económicas y se compró automóviles BMW, Mercedes Benz y una Cherokee blindada. Se gastó 12 millones de pesos en estas adquisiciones y, al igual que sus residencias, las pagó de contado.
Otra pieza de esta red que presuntamente se halla al servicio de los hermanos Jesús e Ismael El Mayo Zambada –dentro del primer círculo de confianza de Genaro García Luna– es Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la PFP, quien el pasado 1 de noviembre renunció a su cargo para ponerse voluntariamente “a disposición de las autoridades”, aunque de inmediato fue arraigado por la SIEDO.
Dentro de las pesquisas, los reflectores se enderezan también hacia otros funcionarios ligados a Garay Cadena. Uno de ellos es Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP, con amplios controles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reconocido como uno de los mayores centros de operaciones de entrada de droga y salida de dinero del narcotráfico.
Dentro de este grupo que, según la PGR, brindaba protección al Mayo Zambada, aparece igualmente Luis Cárdenas Palominos, “el brazo derecho” de García Luna, quien no fue arraigado pero sigue siendo citado a declarar a la SIEDO. Otros altos mandos de la SSP y de la PFP bajo arraigo son los agentes Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández García.
En la denuncia entregada al Congreso de la Unión, en particular a las comisiones de Seguridad y Justicia –donde se impulsa el proyecto de unificar a las policías federales que, según se afirma, quedará resuelto este año–, los agentes de la AFI aseguran que García Luna está incorporando a la PFP y a la SSP personal con antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado.
En la mayoría de los casos, dicen, se advierte inexperiencia e improvisación en tareas de investigación sobre las actividades del crimen organizado que, de acuerdo con Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), abarca 25 tipos de delitos, como el narcotráfico, el contrabando, el secuestro y la trata de personas.
En su denuncia, los agentes abordan también la corrupción y el desorden que privan en la dependencia que controla García Luna. Dicen que el personal convocado para abandonar la AFI e incorporarse a la Policía Federal no había cumplido cuatro años en sus cargos policiacos y que se dio prioridad a recomendados e incondicionales, así como a “amistades y amantes de altos funcionarios”.
Varias de las denuncias y advertencias de los agentes pueden confirmarse inclusive en los hechos más recientes. Por ejemplo, dos días después de la renuncia de Gerardo Garay, el 3 de noviembre, García Luna nombró como comisionado interino de la PFP a Rodrigo Esparza Cisterna, cuya historia es tan larga como turbia.
En 1993, cuando Rodrigo Esparza era delegado de la PGR en Sinaloa, brotaron los primeros rebullicios por su presunta relación con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, entonces acérrimo rival de los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana.
De acuerdo con el oficio DGPDSC/UEA/1938/2005, fechado el 12 de agosto de 2005, obtenido mediante una solicitud informativa al Instituto Federal de Acceso a la Información (folio 0001700181305), Esparza fue acusado de actuar contra la administración de la justicia.
Dicha imputación quedó registrada en el proceso penal 159/93, derivado de la averiguación previa 3423/93. El 28 de junio de 1993 fue aceptada la competencia planteada por el juez tercero de Distrito del Ramo Penal del Distrito Federal, y luego se le dictó auto de formal prisión.
Mediante añagazas jurídicas, el auto de formal prisión fue revocado el 23 de agosto de 1993, de modo que en menos de tres meses Esparza vio sepultado su expediente con el sobreseimiento de su caso. No obstante estos antecedentes, ahora Rodrigo Esparza es el brazo derecho de García Luna en la PFP.
Un retrato del poder
El Mayo Zambada era regordete y mofletudo, pero un día Vicente y Amado Carrillo, quienes se sometieron a cirugías plásticas en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México –el nosocomio donde falleció Amado Carrillo en 1997–, le sugirieron cambiar su fisonomía y aceptó.
Zambada bajó entonces de peso y se redujo las mejillas, con lo que su rostro se volvió rígido y un poco alargado por el estiramiento facial. Cuando José Luis Santiago Vasconcelos era titular de la SIEDO, agentes federales tuvieron acceso, durante un cateo en una de sus múltiples propiedades, a una fotografía donde Zambada García luce rejuvenecido y esbelto. La foto se guardó en los archivos relacionados con el cártel de Juárez, organización a la que pertenecía El Mayo.
Intocable por décadas, Ismael Zambada ha mostrado su poderío y su capacidad de infiltrarse crecientemente en las instituciones durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón: más de 35 agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la SIEDO eran sus empleados, y cada uno recibía entre 350 y 400 mil dólares mensuales por filtrarle información sobre expedientes consignados y averiguaciones previas en curso contra miembros de su organización.
Ya en el gobierno de Vicente Fox, el cártel de Sinaloa llegó hasta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde a través de Arturo González Hernández, El Chaky, fueron cooptados varios altos mandos del Ejército que operaban los sistemas de telecomunicaciones y le avisaban con antelación qué días y horas se realizarían operativos militares.
Además, El Mayo Zambada tenía el control de la policía de Sinaloa, y altos jefes militares cuidaban su integridad física y sus negocios. La impunidad y su poder eran de tal magnitud que, en diciembre de 2005, en el rancho El Mezquite, se organizó una posada amenizada por la banda Ilusión. A la fiesta llegó Zambada García. Corrieron ríos de alcohol, se distribuyeron fuertes dosis de cocaína y se lanzaron disparos al aire.
Esto atrajo la atención de un sector del Ejército Mexicano afincado en Sinaloa que solicitó una orden de cateo para entrar al rancho. Debido a que, inusualmente, esa orden tardó horas en obsequiarse, Zambada García tuvo tiempo de abandonar el sitio protegido por policías e irse tranquilamente a su escondite, una amurallada fortaleza cuyos accesos y veredas están permanentemente vigiladas por su gente.
En mayo de 2007, la Oficina para el Control de Propiedades Extranjeras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que seis empresas y 12 personas en México son parte de la red financiera de Ismael El Mayo Zambada.
El reporte estadunidense indica que la exesposa de Zambada, Rosario Niebla Cardoza, así como sus cuatro hijas –María Teresa, Miriam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla–, juegan un papel clave en los negocios sucios de El Mayo, pues cumplen una función “clave en la propiedad y control de las empresas” del capo.
Tras la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa –quizá en su momento de esplendor la empresa criminal más poderosa de América Latina– sufrió una merma en su poder, pero no está abatido.
Según datos de la SSP y de la PGR, los Beltrán alargaron sus tentáculos: penetraron en la SIEDO, en la PGR y en buena parte de las comandancias regionales del Ejército, además de aliarse con Los Zetas y con el cártel de Juárez, cuyo jefe actual es Vicente Carrillo, El Viceroy.
Zambada García y Joaquín Guzmán mantienen la unidad, y a ese grupo están sumados Ignacio Nacho Coronel y los hermanos Cázares Salazar.
Este clan de las drogas sufrió una baja reciente: apenas el pasado 17 de octubre fue detenido en la Ciudad de México Jesús Zambada García, El Rey, hermano de El Mayo que tenía fama de ser discreto.
Hasta el año 2007, Jesús Zambada no estaba considerado como un capo de estatura mayor ni por los organismos de inteligencia de Estados Unidos, pero tras su captura el procurador Eduardo Medina Mora lo calificó como una de las cabezas más importantes en la red de lavado de dinero de El Mayo Zambada.
Otro hecho aludió al verdadero poder de El Rey Zambada: En Culiacán, Sinaloa, fue colocada una manta cerca del Congreso estatal que derrumbó la tesis de que Jesús Zambada García era un operador menor. La leyenda decía:
Chapo Guzmán, matan a tu hijo y sigues siendo amigo de los asesinos. No tienes vergüenza, cómo te ha cambiado Nachito Coronel, te mangonea a su antojo y todo porque te mantenga. Inteligente El Rey Zambada: ustedes matando municipales, estatales y ministeriales, y él bajando efedrina y cocaína en el aeropuerto de la Ciudad de México.
En octubre –mes en el que supuestamente fue interceptado en Morelos García Luna, según la denuncia de los agentes–, arreciaron los golpes contra la estructura de El Mayo Zambada. Fueron cateados por policías federales los ranchos Quinta La Paloma y Los Alpes, localizados en Acaxochitlán, Hidalgo. Las propiedad de las instalaciones fue atribuida por la SIEDO a El Rey Zambada.
Al Mayo Zambada le habían asestado el 18 de septiembre un golpe financiero con el decomiso de 26 millones de dólares, dinero que tenía guardado en una casa de seguridad y perfectamente acomodado en cajas de huevo.
A pesar de los golpes recibidos por el cártel de Sinaloa y no obstante la división que sufrió con la separación de los hermanos Beltrán, la organización sigue boyante en el tráfico de drogas: controla puertos y aeropuertos, y mantiene aliados en altos niveles de la SSP que, según la misiva enviada por los policías federales al Congreso, “están obligados a cumplir con los acuerdos pactados”.
jueves, 13 de noviembre de 2008
Piden ayuda de EU para localizar a 10 presuntos narcopolicías
Baja California solicitó el apoyo de Estados Unidos para ubicar a 10 policías ministeriales que se encuentran "desaparecidos" desde que el Ejército "retuvo" a otros 21 oficiales para investigar si tienen nexos con el crimen organizado, pues no se descarta que hayan cruzado la frontera o intentaran hacerlo.
El número de presentados se incrementó este jueves ante la detención del jefe de Distrito Mesa de Otay, Sergio Tejeda Martínez, quien apenas la mañana de este jueves fue requerido por elementos de la Secretaría de la Defensa (SDN) y se encuentra en condiciones similares a las de sus compañeros.
El gobernador de la entidad, el panista José Guadalupe Osuna Millán, confirmó que además de los dos elementos estatales y los municipales de Tijuana que están a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), hay otros 10 en la lista de sospechosos que no han sido localizados.
"Esperamos que sean detenidos. Avisamos a las autoridades de Estados Unidos para que si cruzaron o pretenden cruzar les cancelen sus pasaportes para dar con su paradero", dijo el gobernador respecto a los "desaparecidos".
Reconoció que las corporaciones policíacas han sido permeadas por el crimen organizado desde hace mucho tiempo, y por ello el gobierno estatal colaboró con la federación en la detención de los agentes.
Por ello, Osuna Millán advirtió que la limpia en los cuerpos policiales de todos los niveles continuará en la entidad hasta restituir el orden y recuperar la confianza de la población.
El lunes pasado, autoridades citaron a policías ministeriales y municipales de Tijuana en el cuartel militar donde supuestamente se les aplicarían exámenes de confianza y se les darían cursos de capacitación, sin embargo la intención era retenerlos para someterlos a investigación por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
La madrugada del miércoles fueron enviados a la ciudad de México donde serán arraigados mientras se investiga su situación.
Al respecto, el alcalde de Tijuana, el también panista Jorge Ramos Hernández, advirtió que ninguno de los agentes tijuanenses que se encuentran a disposición de la SIEDO volverán a sus cargos incluso si no se les comprueban nexos con el crimen organizado porque ya se les perdió la confianza.
No regresarán porque no hay canonjías para nadie en el gobierno municipal, dijo Ramos al asegurar que ante la duda respecto a los oficiales, prefiere que no estén dentro de la corporación.
"Aquí no hay amigos, no hay cercanos, no hay apadrinados que puedan escaparse a la ley ni al gobierno", insistió.
Destacó que desde el inicio de su administración en diciembre del 2007, el crimen organizado ha intentado establecer vínculos sin resultados positivos y recordó que recibió una corporación policíaca permeada, por ello se han dado de baja a un centenar de elementos.
La lista
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer la lista de agentes que se encuentran a disposición de la SIEDO en la ciudad de México y que se encuentran en calidad de "presentados".
Son los subdirectores de la policía municipal de Tijuana Juan Manuel Nieves Reta y Rigoberto Rodríguez; Rosalba González Molina; el jefe de la Unidad de Enlace con Estados Unidos, Javier Enrique Cárdenas Salgado; Juan Arturo Domínguez Salmerón; Pedro Arce Gracia; Sergio Campos Rivera, y Galo Hernán Carrillo Vázquez.
Asimismo, Juan Carlos García Serrano; Javier Márquez León; José Luis Ramírez Pineda; Luis Alonso Cedano Morales; Mario Alberto Apodaca; Pablo García González; Moisés Díaz Neri; Mario Andrés Estrella Flores; Gilberto Fimbres Fimbres; Jesús Jacobo Aguirre, y Sergio Tejeda Martínez.
El número de presentados se incrementó este jueves ante la detención del jefe de Distrito Mesa de Otay, Sergio Tejeda Martínez, quien apenas la mañana de este jueves fue requerido por elementos de la Secretaría de la Defensa (SDN) y se encuentra en condiciones similares a las de sus compañeros.
El gobernador de la entidad, el panista José Guadalupe Osuna Millán, confirmó que además de los dos elementos estatales y los municipales de Tijuana que están a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), hay otros 10 en la lista de sospechosos que no han sido localizados.
"Esperamos que sean detenidos. Avisamos a las autoridades de Estados Unidos para que si cruzaron o pretenden cruzar les cancelen sus pasaportes para dar con su paradero", dijo el gobernador respecto a los "desaparecidos".
Reconoció que las corporaciones policíacas han sido permeadas por el crimen organizado desde hace mucho tiempo, y por ello el gobierno estatal colaboró con la federación en la detención de los agentes.
Por ello, Osuna Millán advirtió que la limpia en los cuerpos policiales de todos los niveles continuará en la entidad hasta restituir el orden y recuperar la confianza de la población.
El lunes pasado, autoridades citaron a policías ministeriales y municipales de Tijuana en el cuartel militar donde supuestamente se les aplicarían exámenes de confianza y se les darían cursos de capacitación, sin embargo la intención era retenerlos para someterlos a investigación por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
La madrugada del miércoles fueron enviados a la ciudad de México donde serán arraigados mientras se investiga su situación.
Al respecto, el alcalde de Tijuana, el también panista Jorge Ramos Hernández, advirtió que ninguno de los agentes tijuanenses que se encuentran a disposición de la SIEDO volverán a sus cargos incluso si no se les comprueban nexos con el crimen organizado porque ya se les perdió la confianza.
No regresarán porque no hay canonjías para nadie en el gobierno municipal, dijo Ramos al asegurar que ante la duda respecto a los oficiales, prefiere que no estén dentro de la corporación.
"Aquí no hay amigos, no hay cercanos, no hay apadrinados que puedan escaparse a la ley ni al gobierno", insistió.
Destacó que desde el inicio de su administración en diciembre del 2007, el crimen organizado ha intentado establecer vínculos sin resultados positivos y recordó que recibió una corporación policíaca permeada, por ello se han dado de baja a un centenar de elementos.
La lista
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer la lista de agentes que se encuentran a disposición de la SIEDO en la ciudad de México y que se encuentran en calidad de "presentados".
Son los subdirectores de la policía municipal de Tijuana Juan Manuel Nieves Reta y Rigoberto Rodríguez; Rosalba González Molina; el jefe de la Unidad de Enlace con Estados Unidos, Javier Enrique Cárdenas Salgado; Juan Arturo Domínguez Salmerón; Pedro Arce Gracia; Sergio Campos Rivera, y Galo Hernán Carrillo Vázquez.
Asimismo, Juan Carlos García Serrano; Javier Márquez León; José Luis Ramírez Pineda; Luis Alonso Cedano Morales; Mario Alberto Apodaca; Pablo García González; Moisés Díaz Neri; Mario Andrés Estrella Flores; Gilberto Fimbres Fimbres; Jesús Jacobo Aguirre, y Sergio Tejeda Martínez.
Cae ex jefe policial de Huixquilucan
Policías Federales adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detuvieron la mañana de este jueves al ex director de la Policía Municipal de Huixquilucan, Pedro Chávez.
Su aseguramiento se debe, según fuentes de la SIEDO y la ASE, a presuntos nexos con el crimen organizado, y ocurrió en calles del municipio de Tlalnepantla cuando Chávez circulaba en un vehículo particular.
La Agencia de Seguridad Estatal confirmó junto con la dependencia federal la detención del ex mando tras un operativo que se realizó cerca de la Avenida Presidente Juárez.
Chávez renunció a su cargo el 22 de septiembre pasado, a sólo 10 días de la ejecución de 24 hombres en La Marquesa.
Las investigaciones de la SIEDO en torno a la múltiple ejecución revelaron la participación de tres comandantes de la policía de Huixquilucan vinculados con el Cartel de Sinaloa.
Los tres agentes municipales que se encuentran arraigados por la PGR declararon haber participado en el operativo para levantar a los 24 hombres en distintos puntos de Huixquilucan.
Su aseguramiento se debe, según fuentes de la SIEDO y la ASE, a presuntos nexos con el crimen organizado, y ocurrió en calles del municipio de Tlalnepantla cuando Chávez circulaba en un vehículo particular.
La Agencia de Seguridad Estatal confirmó junto con la dependencia federal la detención del ex mando tras un operativo que se realizó cerca de la Avenida Presidente Juárez.
Chávez renunció a su cargo el 22 de septiembre pasado, a sólo 10 días de la ejecución de 24 hombres en La Marquesa.
Las investigaciones de la SIEDO en torno a la múltiple ejecución revelaron la participación de tres comandantes de la policía de Huixquilucan vinculados con el Cartel de Sinaloa.
Los tres agentes municipales que se encuentran arraigados por la PGR declararon haber participado en el operativo para levantar a los 24 hombres en distintos puntos de Huixquilucan.
sábado, 8 de noviembre de 2008
La nomina del Mochomo
El gobierno de Chuy Aguilar contra la pared
Desde el 11 de septiembre de 2004, cuando fue asesinado Rodolfo Carrillo Fuentes y se descubrió que era protegido por comandantes y agentes de la Policía Ministerial al mando de Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, las estructuras de seguridad del estado no vivían una crisis como la que viven ahora, después de que un diario nacional publicó el contenido de una libreta que encontraron en una casa de Alfredo Beltrán Leyva.
Ya se decía, se aseguraba, se suponía, como ha ocurrido en otros sexenios, pero ahora se estaban ofreciendo datos concretos: nombres, cargos, cantidades. Algunos de ellos, como el mayor Alfredo Mejía Pérez, del más alto nivel, pues fue director de la Policía Ministerial, luego director de la Policía Estatal Preventiva y más tarde asesor de la Secretaría de Seguridad Pública, puesto que actualmente desempeña.
De acuerdo con la nómina que la PGR encontró en una casa de los Beltrán Leyva en Sinaloa, hay nombres de ex delegados de la PGR, agentes del Ministerio Público Federal, de la PFP, la AFI y funcionarios y agentes de las policías estatales.
Los datos han quedado integrados a algunas de las averiguaciones que se integran y la dependencia trabaja para establecer su veracidad. Una de las listas encontradas se titula: “Navidad para los ministeriales y carros para regalo”.
Los pagos que se mencionan —de acuerdo con lo que quedó asentado en los expedientes— son de 25 mil a 150 mil, sin que se sepa si se habla de pesos o dólares.
Publica Reforma:
“En ella aparece —una lista encontrada el 24 de enero en una de las casas cateadas— Rodolfo Osuna Lizárraga, ex jefe de la Policía Ministerial de Sinaloa, con una suma de 100 mil; Alfredo Mejía Pérez, ex jefe de la Policía Estatal Preventiva, con 130 mil, y Felipe Renault Rentería, titular de la Policía de Culiacán, con 120 mil”.
“Así como Roberto Barceló Villagrán Torres, ex coordinador operativo de la Policía Ministerial y ex jefe del Grupo Centauro, quien fue hallado decapitado el pasado 4 de julio en Culiacán. Aparece con 70 mil”.
“También está en la libreta una suma de 80 mil para Carlos Monzón Stamatis, ex director de Tránsito Municipal de Culiacán y quien ha sido buscado por autoridades federales.
“Igualmente está Odín Eloy Castro Cruz, director de Seguridad Pública y Tránsito de Mocorito, con 70 mil, misma suma que supuestamente le entregaron a Héctor Rosalío Partida Estrada y Miguel Armendáriz Santacruz, jefe de Investigaciones de la Ministerial, ejecutado el 5 de mayo de 2008 en Culiacán”.
“Aparecen Sergio Eduardo Hernández Méndez, con 120 mil; Mauricio Antonio Arce Zepeda, con 60 mil, y Jorge Zataráin Camacho, con 25 mil, quien fue acribillado el 4 de julio en Sinaloa”.
“La SIEDO encontró una hoja blanca que señalaba un número telefónico y la leyenda, escrita en letras verdes: “Ministeriales, contactar al señor Alfredo Mejía Pérez para que pase el número de cuenta 100,000, 30,000; Roberto Carlos Barceló Villagrán, 25,000; Jorge Zataráin Camacho, 25,000; Miguel Armendáriz Santacruz, depositar”.
“En una parte de la libreta aparecen diversas instrucciones como: ‘depositar a la cuenta de Felipa Quiñónez lo de Zorro Gris, Chicate’, ‘pendiente depositar al comandante de las Tres Letras a nombre de Luis Édgar Castro Segura’, ‘Borrego Cmte AFI’ y ‘Juan Pérez’.
“Otra lista tiene el título: ‘Cuentas de los amigos para pagar aguinaldos’. Los presuntos beneficiados son, entre otros, José Luis Polo Palafox, Carlos Darío Román Corona, José Óscar Ortega Sánchez, Luis Édgar Castro Segura y Julio Darío López García, quienes habrían sido beneficiados con cantidades que van entre 60 mil y 130 mil”.
También los militares
De acuerdo con lo publicado por el mismo diario, no son los únicos que aparecen en la nómina de los Beltrán Leyva. La PGR investiga otra nómina del mismo cártel en la que se encuentra mencionada más de una veintena de militares de la Novena Zona Militar, con sede en Sinaloa.
La lista fue hallada en uno de los cateos realizados en Culiacán tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, el 21 de enero pasado, e incluye a personal del Ejército con rangos de subtenientes y hasta capitanes, de acuerdo con una investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Con base en esa narcolista, la SIEDO encarceló en mayo pasado al mayor en justicia militar, Francisco de Jesús Pérez Chávez y a los soldados Alberto Cortina Herrera, Humberto Ramiro López Cornejo, Ricardo Ramírez León y Humberto Solís Galicia.
Según la causa penal 59/2008 de la PGR, los soldados “colaboraron como informantes sobre los movimientos que realizaba el cuerpo militar al que pertenecían, con la finalidad de facilitar el tráfico y comercio de droga, a cambio de remuneraciones por sus servicios ilícitos”.
Los militares al servicio del narco se encuentran internados en el penal de Occidente, en Jalisco y aparecen en el listado con la cifra del soborno que presuntamente recibían quincenalmente: Pérez Chávez, 150 mil pesos o dólares —la moneda no se especifica—; Cortina, 75 mil y López Cornejo y Solís Galicia, 70 mil cada uno.
En dicha relación aparece otro nombre, el de Pedro Sergio Jonguitud Barragán, con una presunta asignación de 100 mil. En un apartado más se menciona a un subteniente Calleja Bendaño con 100 mil.
Las autoridades federales encontraron en otra libreta un listado más extenso de personas con grados militares, quienes, presuntamente, también recibían dinero. Algunos nombres allí mencionados no incluyen sus rangos en la milicia.
En la lista aparecen el capitán Bernal Román Parra y uno de apellido Pacheco, así como el subteniente Izat Rodríguez Meza y Édgar Villatoros de los Santos, este último señalado como teniente segundo.
Están también Gabriel Álvarez Guevara, Gregorio Pérez Manjarrez, Francisco Javier Mejía Rodríguez, Efrén Lugo, Óscar Pardo Jiménez, Juan Carlos Facundo López, Cristóbal Santiago Luna, Cesáreo Martínez Cruz y Óscar Ramos, cuyo nombre tiene una anotación que dice “El Rojo por Tapia”.
La respuesta del Ejército
En un comunicado a la opinión pública del 31 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoce que “de la información obtenida con la captura del narcotraficante (Alfredo) Beltrán Leyva el 21 de enero del presente año, se obtuvieron indicios sobre la participación de un jefe, 3 oficiales y un elemento de tropa con esta organización, por lo que a partir del 29 de enero del mismo año fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dependiente de la Procuraduría General de la República, quien integró una averiguación previa en contra de este personal; actualmente se encuentran bajo proceso ante el Juez Séptimo de Distrito en materia penal en el estado de Jalisco”.
“En este sentido —dice el boletín—, es preciso destacar que esta secretaría no tiene información que involucre a personal militar en actividades ilícitas posterior a la localizada en el mes de enero en el marco de la detención…”.
Viejos lodos
No es el primer escándalo del Ejército en Sinaloa ligado al narcotráfico. Uno de los hechos más conocidos fue el que ocurrió en el 2002, cuando todo un batallón, el 65 de infantería, fue trasladado a la Ciudad de México por sus presuntos nexos con los narcotraficantes.
Y otros casos que se han mantenido en la oscuridad castrense, como el que ocurrió a finales de 2005, donde por lo menos una decena de militares de grado que operaban desde la Novena Zona Militar, fueron trasladados en completo sigilo a la Ciudad de México porque les encontraron sus roperos retacados de dólares. Había capitanes, tenientes y hasta algún teniente coronel.
El más alto nivel de la Secretaría de a Defensa Nacional tuvo conocimiento de movimientos “raros” de algunos mandos y envió a un equipo de investigación para darle seguimiento al caso. Nunca se informó de las consecuencias.
En su edición 273 del 21 de julio de 2008, Ríodoce publicó que Carlos Monzón Stamatis había huido de los operativos de las fuerzas federales, luego de que un grupo de agentes, apoyados por efectivos militares, catearon su casa en la colonia 21 de Marzo.
Monzón Stamatis fue director de Tránsito durante todo el trienio de Aarón Irízar López y su paso por la dependencia estuvo signado por negocios turbios, tráfico de influencias y matanzas, crímenes donde presuntamente participó su hijo Carlos Monzón Salazar.
Cuando ocurrieron los cateos de su casa, fuentes de la PGR informaron a Ríodoce que la SIEDO los había solicitado porque el ex funcionario aparecía involucrado en hechos relacionados con el narcotráfico.
Todos se defienden
El primero que habló fue el gobernador Jesús Aguilar Padilla y dijo que serán destituidos a los que se les acredite vínculos con el crimen organizado.
“Vamos a esperar el requerimiento de la SIEDO y mi gobierno ofrece absoluta voluntad y disposición para coadyuvar a que se aplique la ley y se tendrán que separar inmediatamente.
“Se tendrá que investigar a detalle puntualmente en cada corporación, en cada caso de los señalados y los no señalados también. Es un proceso permanente que estamos haciendo de manera muy coordinada”, expresó.
Por su parte, Felipe Renault Rentería, secretario de Seguridad Pública de Culiacán, dijo que lo que se publicó es un infundio que busca dañar y desprestigiar y que debe investigarse a fondo, afirmó.
“Se trata de filtraciones ligeras, irresponsables, que hacen daño y provocan desprestigio, pero no tienen sustento y nosotros somos personas públicas, funcionarios, y damos la cara; sabemos los riesgos y ratificamos nuestro compromiso con la sociedad, porque estoy limpio”, dijo.
Su trayectoria, agregó, ha sido de servicio público y docencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante cerca de 30 años, y los recursos con que cuenta son propios, resultado del esfuerzo personal y familiar.
El secretario del Ayuntamiento de Ahome, José Luis Polo Palafox, negó tener relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, durante su efímero paso como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Negó eso totalmente y afirmó ser un hombre de trabajo, de sacrificio, transparente, que ignora los motivos por los que fue incluido en la narconómina de los Beltrán Leyva. “¡Soy ajeno!”, aseveró.
Mientras tanto, la primera reacción de Rodolfo Osuna Lizárraga, ex director de la Policía Ministerial del Estado, es la de ponerse a disposición de las autoridades para que lo investiguen. “Yo no estoy en ninguna nómina de grupos delictivos”, revira.
“Es absurdo. Me cuidé mucho para no caer en esas cosas y ahora hasta dicen que recibí un aguinaldo siendo que yo entré a la Ministerial en enero, cuando ya había pasado la Navidad”, dice.
El ex comandante de la Unidad Especializada Antisecuestros dice que a partir de que apareció en una supuesta lista de policías que recibían dinero de parte de los Beltrán Leyva, “yo soy el primer interesado en que esto se aclare. Nunca me ofrecieron, ni recibí nada”.
De los más importantes de la lista, el único que no declaró nada fue el mayor Alfredo Mejía.
Desde el 11 de septiembre de 2004, cuando fue asesinado Rodolfo Carrillo Fuentes y se descubrió que era protegido por comandantes y agentes de la Policía Ministerial al mando de Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, las estructuras de seguridad del estado no vivían una crisis como la que viven ahora, después de que un diario nacional publicó el contenido de una libreta que encontraron en una casa de Alfredo Beltrán Leyva.
Ya se decía, se aseguraba, se suponía, como ha ocurrido en otros sexenios, pero ahora se estaban ofreciendo datos concretos: nombres, cargos, cantidades. Algunos de ellos, como el mayor Alfredo Mejía Pérez, del más alto nivel, pues fue director de la Policía Ministerial, luego director de la Policía Estatal Preventiva y más tarde asesor de la Secretaría de Seguridad Pública, puesto que actualmente desempeña.
De acuerdo con la nómina que la PGR encontró en una casa de los Beltrán Leyva en Sinaloa, hay nombres de ex delegados de la PGR, agentes del Ministerio Público Federal, de la PFP, la AFI y funcionarios y agentes de las policías estatales.
Los datos han quedado integrados a algunas de las averiguaciones que se integran y la dependencia trabaja para establecer su veracidad. Una de las listas encontradas se titula: “Navidad para los ministeriales y carros para regalo”.
Los pagos que se mencionan —de acuerdo con lo que quedó asentado en los expedientes— son de 25 mil a 150 mil, sin que se sepa si se habla de pesos o dólares.
Publica Reforma:
“En ella aparece —una lista encontrada el 24 de enero en una de las casas cateadas— Rodolfo Osuna Lizárraga, ex jefe de la Policía Ministerial de Sinaloa, con una suma de 100 mil; Alfredo Mejía Pérez, ex jefe de la Policía Estatal Preventiva, con 130 mil, y Felipe Renault Rentería, titular de la Policía de Culiacán, con 120 mil”.
“Así como Roberto Barceló Villagrán Torres, ex coordinador operativo de la Policía Ministerial y ex jefe del Grupo Centauro, quien fue hallado decapitado el pasado 4 de julio en Culiacán. Aparece con 70 mil”.
“También está en la libreta una suma de 80 mil para Carlos Monzón Stamatis, ex director de Tránsito Municipal de Culiacán y quien ha sido buscado por autoridades federales.
“Igualmente está Odín Eloy Castro Cruz, director de Seguridad Pública y Tránsito de Mocorito, con 70 mil, misma suma que supuestamente le entregaron a Héctor Rosalío Partida Estrada y Miguel Armendáriz Santacruz, jefe de Investigaciones de la Ministerial, ejecutado el 5 de mayo de 2008 en Culiacán”.
“Aparecen Sergio Eduardo Hernández Méndez, con 120 mil; Mauricio Antonio Arce Zepeda, con 60 mil, y Jorge Zataráin Camacho, con 25 mil, quien fue acribillado el 4 de julio en Sinaloa”.
“La SIEDO encontró una hoja blanca que señalaba un número telefónico y la leyenda, escrita en letras verdes: “Ministeriales, contactar al señor Alfredo Mejía Pérez para que pase el número de cuenta 100,000, 30,000; Roberto Carlos Barceló Villagrán, 25,000; Jorge Zataráin Camacho, 25,000; Miguel Armendáriz Santacruz, depositar”.
“En una parte de la libreta aparecen diversas instrucciones como: ‘depositar a la cuenta de Felipa Quiñónez lo de Zorro Gris, Chicate’, ‘pendiente depositar al comandante de las Tres Letras a nombre de Luis Édgar Castro Segura’, ‘Borrego Cmte AFI’ y ‘Juan Pérez’.
“Otra lista tiene el título: ‘Cuentas de los amigos para pagar aguinaldos’. Los presuntos beneficiados son, entre otros, José Luis Polo Palafox, Carlos Darío Román Corona, José Óscar Ortega Sánchez, Luis Édgar Castro Segura y Julio Darío López García, quienes habrían sido beneficiados con cantidades que van entre 60 mil y 130 mil”.
También los militares
De acuerdo con lo publicado por el mismo diario, no son los únicos que aparecen en la nómina de los Beltrán Leyva. La PGR investiga otra nómina del mismo cártel en la que se encuentra mencionada más de una veintena de militares de la Novena Zona Militar, con sede en Sinaloa.
La lista fue hallada en uno de los cateos realizados en Culiacán tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, el 21 de enero pasado, e incluye a personal del Ejército con rangos de subtenientes y hasta capitanes, de acuerdo con una investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Con base en esa narcolista, la SIEDO encarceló en mayo pasado al mayor en justicia militar, Francisco de Jesús Pérez Chávez y a los soldados Alberto Cortina Herrera, Humberto Ramiro López Cornejo, Ricardo Ramírez León y Humberto Solís Galicia.
Según la causa penal 59/2008 de la PGR, los soldados “colaboraron como informantes sobre los movimientos que realizaba el cuerpo militar al que pertenecían, con la finalidad de facilitar el tráfico y comercio de droga, a cambio de remuneraciones por sus servicios ilícitos”.
Los militares al servicio del narco se encuentran internados en el penal de Occidente, en Jalisco y aparecen en el listado con la cifra del soborno que presuntamente recibían quincenalmente: Pérez Chávez, 150 mil pesos o dólares —la moneda no se especifica—; Cortina, 75 mil y López Cornejo y Solís Galicia, 70 mil cada uno.
En dicha relación aparece otro nombre, el de Pedro Sergio Jonguitud Barragán, con una presunta asignación de 100 mil. En un apartado más se menciona a un subteniente Calleja Bendaño con 100 mil.
Las autoridades federales encontraron en otra libreta un listado más extenso de personas con grados militares, quienes, presuntamente, también recibían dinero. Algunos nombres allí mencionados no incluyen sus rangos en la milicia.
En la lista aparecen el capitán Bernal Román Parra y uno de apellido Pacheco, así como el subteniente Izat Rodríguez Meza y Édgar Villatoros de los Santos, este último señalado como teniente segundo.
Están también Gabriel Álvarez Guevara, Gregorio Pérez Manjarrez, Francisco Javier Mejía Rodríguez, Efrén Lugo, Óscar Pardo Jiménez, Juan Carlos Facundo López, Cristóbal Santiago Luna, Cesáreo Martínez Cruz y Óscar Ramos, cuyo nombre tiene una anotación que dice “El Rojo por Tapia”.
La respuesta del Ejército
En un comunicado a la opinión pública del 31 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoce que “de la información obtenida con la captura del narcotraficante (Alfredo) Beltrán Leyva el 21 de enero del presente año, se obtuvieron indicios sobre la participación de un jefe, 3 oficiales y un elemento de tropa con esta organización, por lo que a partir del 29 de enero del mismo año fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dependiente de la Procuraduría General de la República, quien integró una averiguación previa en contra de este personal; actualmente se encuentran bajo proceso ante el Juez Séptimo de Distrito en materia penal en el estado de Jalisco”.
“En este sentido —dice el boletín—, es preciso destacar que esta secretaría no tiene información que involucre a personal militar en actividades ilícitas posterior a la localizada en el mes de enero en el marco de la detención…”.
Viejos lodos
No es el primer escándalo del Ejército en Sinaloa ligado al narcotráfico. Uno de los hechos más conocidos fue el que ocurrió en el 2002, cuando todo un batallón, el 65 de infantería, fue trasladado a la Ciudad de México por sus presuntos nexos con los narcotraficantes.
Y otros casos que se han mantenido en la oscuridad castrense, como el que ocurrió a finales de 2005, donde por lo menos una decena de militares de grado que operaban desde la Novena Zona Militar, fueron trasladados en completo sigilo a la Ciudad de México porque les encontraron sus roperos retacados de dólares. Había capitanes, tenientes y hasta algún teniente coronel.
El más alto nivel de la Secretaría de a Defensa Nacional tuvo conocimiento de movimientos “raros” de algunos mandos y envió a un equipo de investigación para darle seguimiento al caso. Nunca se informó de las consecuencias.
En su edición 273 del 21 de julio de 2008, Ríodoce publicó que Carlos Monzón Stamatis había huido de los operativos de las fuerzas federales, luego de que un grupo de agentes, apoyados por efectivos militares, catearon su casa en la colonia 21 de Marzo.
Monzón Stamatis fue director de Tránsito durante todo el trienio de Aarón Irízar López y su paso por la dependencia estuvo signado por negocios turbios, tráfico de influencias y matanzas, crímenes donde presuntamente participó su hijo Carlos Monzón Salazar.
Cuando ocurrieron los cateos de su casa, fuentes de la PGR informaron a Ríodoce que la SIEDO los había solicitado porque el ex funcionario aparecía involucrado en hechos relacionados con el narcotráfico.
Todos se defienden
El primero que habló fue el gobernador Jesús Aguilar Padilla y dijo que serán destituidos a los que se les acredite vínculos con el crimen organizado.
“Vamos a esperar el requerimiento de la SIEDO y mi gobierno ofrece absoluta voluntad y disposición para coadyuvar a que se aplique la ley y se tendrán que separar inmediatamente.
“Se tendrá que investigar a detalle puntualmente en cada corporación, en cada caso de los señalados y los no señalados también. Es un proceso permanente que estamos haciendo de manera muy coordinada”, expresó.
Por su parte, Felipe Renault Rentería, secretario de Seguridad Pública de Culiacán, dijo que lo que se publicó es un infundio que busca dañar y desprestigiar y que debe investigarse a fondo, afirmó.
“Se trata de filtraciones ligeras, irresponsables, que hacen daño y provocan desprestigio, pero no tienen sustento y nosotros somos personas públicas, funcionarios, y damos la cara; sabemos los riesgos y ratificamos nuestro compromiso con la sociedad, porque estoy limpio”, dijo.
Su trayectoria, agregó, ha sido de servicio público y docencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante cerca de 30 años, y los recursos con que cuenta son propios, resultado del esfuerzo personal y familiar.
El secretario del Ayuntamiento de Ahome, José Luis Polo Palafox, negó tener relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, durante su efímero paso como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Negó eso totalmente y afirmó ser un hombre de trabajo, de sacrificio, transparente, que ignora los motivos por los que fue incluido en la narconómina de los Beltrán Leyva. “¡Soy ajeno!”, aseveró.
Mientras tanto, la primera reacción de Rodolfo Osuna Lizárraga, ex director de la Policía Ministerial del Estado, es la de ponerse a disposición de las autoridades para que lo investiguen. “Yo no estoy en ninguna nómina de grupos delictivos”, revira.
“Es absurdo. Me cuidé mucho para no caer en esas cosas y ahora hasta dicen que recibí un aguinaldo siendo que yo entré a la Ministerial en enero, cuando ya había pasado la Navidad”, dice.
El ex comandante de la Unidad Especializada Antisecuestros dice que a partir de que apareció en una supuesta lista de policías que recibían dinero de parte de los Beltrán Leyva, “yo soy el primer interesado en que esto se aclare. Nunca me ofrecieron, ni recibí nada”.
De los más importantes de la lista, el único que no declaró nada fue el mayor Alfredo Mejía.
Operación Limpieza: arraigan a ex mando
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó y obtuvo un arraigo por 40 días en contra de Rodolfo de la Guardia García, quien hasta 2005 se desempeñó como director general de Despliegue Regional de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y fue detenido el 29 de octubre en el marco de la aplicación de la Operación Limpieza.
Trabajó en esa área entre 2003 y 2005 y durante su desempeño en la PGR tuvo contactos con miembros del crimen organizado a quienes proporcionaba información sobre operativos y despliegue táctico contra el narcotráfico. Brindó información particularmente al cártel de Sinaloa, del que recibía diversas cantidades de dinero en dólares, indicó la PGR.
La dependencia explicó que la medida cautelar fue solicitada por el agente del Ministerio Público Federal para continuar las investigaciones sobre la penetración de cárteles de la droga al interior de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
De la Guardia fue también director de Interpol-México y renunció a la PGR en 2005 para dedicarse a dar consultorías en materia de seguridad.
La PGR indicó que en el marco de la Operación Limpieza, el fiscal de la Federación de la SIEDO solicitó y obtuvo una orden de arraigo por el término de 40 días del Juez Decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dentro del expediente 37/2008, para ampliar las investigaciones en contra de Rodolfo de la Guardia García.
A De la Guardia se le investiga por los delitos de Delincuencia Organizada y los que resulten, debido a sus presuntos vínculos con miembros de la delincuencia organizada.
El 29 de octubre de 2008 Rodolfo de la Guardia García fue presentado por elementos de la Agencia Federal de Investigación, en cumplimiento a una orden de localización y presentación girada por el AMPF adscrito a la SIEDO.
Rodolfo de la Guardia García prestó sus servicios como Director General de Despliegue Regional de la Agencia Federal de Investigaciones, en la Procuraduría General de la República desde 2003.
Trabajó en esa área entre 2003 y 2005 y durante su desempeño en la PGR tuvo contactos con miembros del crimen organizado a quienes proporcionaba información sobre operativos y despliegue táctico contra el narcotráfico. Brindó información particularmente al cártel de Sinaloa, del que recibía diversas cantidades de dinero en dólares, indicó la PGR.
La dependencia explicó que la medida cautelar fue solicitada por el agente del Ministerio Público Federal para continuar las investigaciones sobre la penetración de cárteles de la droga al interior de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
De la Guardia fue también director de Interpol-México y renunció a la PGR en 2005 para dedicarse a dar consultorías en materia de seguridad.
La PGR indicó que en el marco de la Operación Limpieza, el fiscal de la Federación de la SIEDO solicitó y obtuvo una orden de arraigo por el término de 40 días del Juez Decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dentro del expediente 37/2008, para ampliar las investigaciones en contra de Rodolfo de la Guardia García.
A De la Guardia se le investiga por los delitos de Delincuencia Organizada y los que resulten, debido a sus presuntos vínculos con miembros de la delincuencia organizada.
El 29 de octubre de 2008 Rodolfo de la Guardia García fue presentado por elementos de la Agencia Federal de Investigación, en cumplimiento a una orden de localización y presentación girada por el AMPF adscrito a la SIEDO.
Rodolfo de la Guardia García prestó sus servicios como Director General de Despliegue Regional de la Agencia Federal de Investigaciones, en la Procuraduría General de la República desde 2003.
viernes, 31 de octubre de 2008
Vende' la PFP aeropuerto... ¡al narco!
Altos mandos de la PFP habrían "vendido" al narcotráfico el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para que opere sin problemas el tráfico de drogas, motivo por el que son investigados por la PGR, confirmaron fuentes cercanas a las indagatorias.
Entre los investigados se encuentran Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP, presentado ayer ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Navarro es considerado el más cercano colaborador del Comisionado de la PFP, Víctor Gerardo Garay Cadena. Tiene grado de Comisario en Jefe y es el titular de Operaciones Especiales, área que atiende las peticiones de investigación de la propia Subprocuraduría.
Uno de sus subordinados, Édgar Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección Tercera (de operaciones) de la PFP, fue puesto a disposición de la SIEDO desde la semana pasada y arraigado por 40 días.
El propio comisionado Garay Cadena compareció el miércoles ante la Subprocuraduría y, según las fuentes, aún no abandona las oficinas de la dependencia.
El control del aeropuerto es estratégico para los grupos criminales, particularmente en la descarga de narcóticos de vuelos procedentes de Sudamérica, Europa y Asia, regiones productoras de cocaína y precursores químicos.
Los mayores aseguramientos de estas drogas en los aeropuertos del País se han dado en la terminal de la Ciudad de México, tanto en pista como en la zona de aduanas, y también se han detectado embarques de dinero a Colombia.
En la actual Administración, de acuerdo con cifras de la Policía Federal, han sido aseguradas en el AICM 10.5 toneladas de efedrina y pseudoefedrina, además de 2.1 toneladas de cocaína y 2.8 millones de dólares.
El 20 de octubre, día de la captura de Jesús Zambada García, "El Rey", la SIEDO llamó a declarar a tres testigos protegidos para que ratificaran sus señalamientos contra funcionarios de la PFP que, presuntamente, brindaban protección a las operaciones ilegales del Cártel de Sinaloa en el aeropuerto capitalino.
La Policía Federal inició esta semana la rotación de más de 500 elementos de la Coordinación de Seguridad Regional adscritos a los aeropuertos del País bajo su resguarda.
Entre los investigados se encuentran Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP, presentado ayer ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Navarro es considerado el más cercano colaborador del Comisionado de la PFP, Víctor Gerardo Garay Cadena. Tiene grado de Comisario en Jefe y es el titular de Operaciones Especiales, área que atiende las peticiones de investigación de la propia Subprocuraduría.
Uno de sus subordinados, Édgar Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección Tercera (de operaciones) de la PFP, fue puesto a disposición de la SIEDO desde la semana pasada y arraigado por 40 días.
El propio comisionado Garay Cadena compareció el miércoles ante la Subprocuraduría y, según las fuentes, aún no abandona las oficinas de la dependencia.
El control del aeropuerto es estratégico para los grupos criminales, particularmente en la descarga de narcóticos de vuelos procedentes de Sudamérica, Europa y Asia, regiones productoras de cocaína y precursores químicos.
Los mayores aseguramientos de estas drogas en los aeropuertos del País se han dado en la terminal de la Ciudad de México, tanto en pista como en la zona de aduanas, y también se han detectado embarques de dinero a Colombia.
En la actual Administración, de acuerdo con cifras de la Policía Federal, han sido aseguradas en el AICM 10.5 toneladas de efedrina y pseudoefedrina, además de 2.1 toneladas de cocaína y 2.8 millones de dólares.
El 20 de octubre, día de la captura de Jesús Zambada García, "El Rey", la SIEDO llamó a declarar a tres testigos protegidos para que ratificaran sus señalamientos contra funcionarios de la PFP que, presuntamente, brindaban protección a las operaciones ilegales del Cártel de Sinaloa en el aeropuerto capitalino.
La Policía Federal inició esta semana la rotación de más de 500 elementos de la Coordinación de Seguridad Regional adscritos a los aeropuertos del País bajo su resguarda.
jueves, 30 de octubre de 2008
Revela narcolibreta 'moches' al Ejército
La PGR investiga una nómina del Cártel de los Beltrán Leyva en la que se encuentra mencionada más de una veintena de militares de la Novena Zona Militar, con sede en Sinaloa.
La lista fue hallada en uno de los cateos realizados en Culiacán tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo", el 21 de enero pasado, e incluye a personal del Ejército con rangos de subtenientes y hasta capitanes, de acuerdo con una investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Con base en esa narcolista, la SIEDO encarceló en mayo pasado al mayor en justicia militar Francisco de Jesús Pérez Chávez y a los soldados Alberto Cortina Herrera, Humberto Ramiro López Cornejo, Ricardo Ramírez León y Humberto Solís Galicia.
Según la causa penal 59/2008 de la PGR, los soldados "colaboraron como informantes sobre los movimientos que realizaba el cuerpo militar al que pertenecían, con la finalidad de facilitar el tráfico y comercio de droga, a cambio de remuneraciones por sus servicios ilícitos".
Los militares al servicio del narco se encuentran internados en el Penal de Occidente, en Jalisco, y aparecen en el listado con la cifra del soborno que presuntamente recibían quincenalmente: Pérez Chávez, 150 mil pesos o dólares - la moneda no se especifica-; Cortina, 75 mil, y López Cornejo y Solís Galicia, 70 mil cada uno.
En dicha relación aparece otro nombre, el de Pedro Sergio Jonguitud Barragán, con una presunta asignación de 100 mil. En un apartado más se menciona a un subteniente Calleja Bendaño con 100 mil.
Las autoridades federales encontraron en otra libreta un listado más extenso de personas con grados militares, quienes, presuntamente, también recibían dinero. Algunos nombres allí mencionados no incluyen sus rangos en la milicia.
En la lista aparecen el capitán Bernal Román Parra y uno de apellido Pacheco, así como el subteniente Izat Rodríguez Meza y Édgar Villatoros de los Santos, este último señalado como teniente segundo.
Están también Gabriel Álvarez Guevara, Gregorio Pérez Manjarrez, Francisco Javier Mejía Rodríguez, Efrén Lugo, Óscar Pardo Jiménez, Juan Carlos Facundo López, Cristóbal Santiago Luna, Cesáreo Martínez Cruz y Óscar Ramos, cuyo nombre tiene una anotación que dice "El Rojo por Tapia".
Ligan a mando de PFP con 'El Mayo'
Un alto mando de la Policía Federal Preventiva fue detenido ayer por estar vinculado con la estructura criminal del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada.
La SSP informó anoche, a través en un comunicado que Édgar Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección de Operaciones de la PFP fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Junto con Bayardo también fueron detenidos los agentes Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández García para deslindar responsabilidades.
Fuentes federales indicaron además que otros mandos, como el Comisionado interino de la PFP, Víctor Gerardo Garay Cadena, fue llamado a declarar a la SIEDO.
Édgar Bayardo, había sido relacionado en varias narcomantas con Jesús Zambada García, "El Rey Zambada", este último detenido el 20 de octubre en el DF.
La SIEDO, de acuerdo con los informantes, giró órdenes de localización y presentación en contra de más agentes de distintos grados y funciones, entre ellos Francisco Navarro, cercano a Garay Cadena, quien también se encontraba declarando.
Las fuentes indicaron que el interrogatorio se ha prolongado y que es probable que el Ministerio Público solicite el arraigo de Garay Cadena, quien es el más alto funcionario de la PFP que ha sido citado a declarar en la SIEDO desde que ésta se creó en 1999.
... y vivía como un rey
Édgar Enrique Bayardo del Villar pasó de ser un austero agente de la Policía Judicial Federal a un rico subdirector de la SSP.
Con un sueldo mensual de 26 mil pesos, Bayardo cuenta actualmente entre sus bienes con dos casas, las cuales compró de contado, una, con valor de 5.5 millones de pesos, y la otra, de 4 millones, según reportó en mayo pasado en su declaración patrimonial.
Sus autos son un BMW de 700 mil pesos, un Mercedes Benz de 800 mil, y una Cherokee Limited blindada, que cuesta alrededor de un millón. Los tres los pagó, también, de contado.
Reportó obras de arte, esculturas, pinturas y joyas con un valor de 10 millones de pesos.
Además, el menaje de sus casas, muebles y aparatos domésticos supera los 6 millones.
La lista fue hallada en uno de los cateos realizados en Culiacán tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo", el 21 de enero pasado, e incluye a personal del Ejército con rangos de subtenientes y hasta capitanes, de acuerdo con una investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Con base en esa narcolista, la SIEDO encarceló en mayo pasado al mayor en justicia militar Francisco de Jesús Pérez Chávez y a los soldados Alberto Cortina Herrera, Humberto Ramiro López Cornejo, Ricardo Ramírez León y Humberto Solís Galicia.
Según la causa penal 59/2008 de la PGR, los soldados "colaboraron como informantes sobre los movimientos que realizaba el cuerpo militar al que pertenecían, con la finalidad de facilitar el tráfico y comercio de droga, a cambio de remuneraciones por sus servicios ilícitos".
Los militares al servicio del narco se encuentran internados en el Penal de Occidente, en Jalisco, y aparecen en el listado con la cifra del soborno que presuntamente recibían quincenalmente: Pérez Chávez, 150 mil pesos o dólares - la moneda no se especifica-; Cortina, 75 mil, y López Cornejo y Solís Galicia, 70 mil cada uno.
En dicha relación aparece otro nombre, el de Pedro Sergio Jonguitud Barragán, con una presunta asignación de 100 mil. En un apartado más se menciona a un subteniente Calleja Bendaño con 100 mil.
Las autoridades federales encontraron en otra libreta un listado más extenso de personas con grados militares, quienes, presuntamente, también recibían dinero. Algunos nombres allí mencionados no incluyen sus rangos en la milicia.
En la lista aparecen el capitán Bernal Román Parra y uno de apellido Pacheco, así como el subteniente Izat Rodríguez Meza y Édgar Villatoros de los Santos, este último señalado como teniente segundo.
Están también Gabriel Álvarez Guevara, Gregorio Pérez Manjarrez, Francisco Javier Mejía Rodríguez, Efrén Lugo, Óscar Pardo Jiménez, Juan Carlos Facundo López, Cristóbal Santiago Luna, Cesáreo Martínez Cruz y Óscar Ramos, cuyo nombre tiene una anotación que dice "El Rojo por Tapia".
Ligan a mando de PFP con 'El Mayo'
Un alto mando de la Policía Federal Preventiva fue detenido ayer por estar vinculado con la estructura criminal del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada.
La SSP informó anoche, a través en un comunicado que Édgar Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección de Operaciones de la PFP fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Junto con Bayardo también fueron detenidos los agentes Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández García para deslindar responsabilidades.
Fuentes federales indicaron además que otros mandos, como el Comisionado interino de la PFP, Víctor Gerardo Garay Cadena, fue llamado a declarar a la SIEDO.
Édgar Bayardo, había sido relacionado en varias narcomantas con Jesús Zambada García, "El Rey Zambada", este último detenido el 20 de octubre en el DF.
La SIEDO, de acuerdo con los informantes, giró órdenes de localización y presentación en contra de más agentes de distintos grados y funciones, entre ellos Francisco Navarro, cercano a Garay Cadena, quien también se encontraba declarando.
Las fuentes indicaron que el interrogatorio se ha prolongado y que es probable que el Ministerio Público solicite el arraigo de Garay Cadena, quien es el más alto funcionario de la PFP que ha sido citado a declarar en la SIEDO desde que ésta se creó en 1999.
... y vivía como un rey
Édgar Enrique Bayardo del Villar pasó de ser un austero agente de la Policía Judicial Federal a un rico subdirector de la SSP.
Con un sueldo mensual de 26 mil pesos, Bayardo cuenta actualmente entre sus bienes con dos casas, las cuales compró de contado, una, con valor de 5.5 millones de pesos, y la otra, de 4 millones, según reportó en mayo pasado en su declaración patrimonial.
Sus autos son un BMW de 700 mil pesos, un Mercedes Benz de 800 mil, y una Cherokee Limited blindada, que cuesta alrededor de un millón. Los tres los pagó, también, de contado.
Reportó obras de arte, esculturas, pinturas y joyas con un valor de 10 millones de pesos.
Además, el menaje de sus casas, muebles y aparatos domésticos supera los 6 millones.
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