A tres años y medio de que el Gobierno Mexicano extraditara a Javier Torres Félix a Estados Unidos, las autoridades judiciales de ese país mantienen un hermetismo total en torno a su caso, argumentando no estar autorizados a revelar dónde está el JT o cuál es el estatus de su juicio.
“El caso está sellado; es todo lo que podemos decir”, señalo Thom Mrozek, portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en Los Ángeles.
En las oficinas de Washington DC, la respuesta fue la misma: “Fuera de la extradición que se hizo pública en el 2006, estamos imposibilitados a comentar más sobre ese caso”, dijo Laura Sweeney, vocera del DOJ.
De acuerdo con un abogado especializado en casos de narcotráfico y quien pidió no revelar su identidad, el hermetismo pudiera deberse a que el acusado se convirtió en informante para el Gobierno estadounidense, o parte de los llamados “testigos protegidos”, como los conocen en México.
“Cuando eso pasa, llegan a un acuerdo con el acusado para disminuir la condena, o erradicarla en algunos casos, y es cuando sellan el caso para proteger principalmente a su familia”, dijo el abogado, quien tiene su oficina en Arlington, Texas.
Según el abogado, de ser esa la situación, al JT, pudieran incluso crearle una nueva identidad, e instalarlo en cualquier lugar del mundo, con casa, pensión y todo, a cambio de precisar detalles que pudieran determinar la captura de gente muy poderosa con quien tuvo contacto.
“Es algo muy complejo, porque pueden ser muchas cosas. Tal vez solo tienen el caso aislado para proteger a su familia de alguna represalia; es difícil hablar de casos que no se tienen detalles”, consideró el abogado.
Dane Schiller, reportero de The Houston Chronicle, y especializado en notas relacionadas con narcotráfico, dijo que la teoría del abogado era muy posible, aunque reconoció que pudiera tratarse de otras tácticas por parte del Departamento de Justicia.
“Me tocó cubrir el caso de Osiel Cárdenas y fue muy similar a lo que ocurre ahora con el acusado (JT), que todo se realizó a puertas cerradas, y cuando menos se pensó, ya estaba el veredicto listo y fue cuando nos enteramos que el acusado había soltado 50 millones de dólares”, dijo Schiller.
Creo que hay algo turbio en este tipo de casos, porque la gente tiene derecho a saber qué es lo que está pasando, incluso, en este momento hay muchas preguntas (en torno al caso de Osiel Cárdenas) que los fiscales ni nadie pueden responder, abundó el periodista.
Esa situación, de casos que son sellados y llevados a cabo a puertas cerradas, hizo que el periódico The Houston Chronicle, interpusiera una queja ante autoridades judiciales de los Estados Unidos.
“No paso nada, pero por lo menos quedó antecedente, porque hay algo que no está transparente y nos hace pensar que es más limpio lo que pasa en Guantánamo, o incluso, cómo se juzga a un terrorista, que como se procede con los narcotraficantes mexicanos en Estados Unidos”, opinó Schiller.
En Los Ángeles, periodistas interrogados sobre casos “sellados”, dijeron desconocer sobre el tema.
“Nunca he escuchado nada sobre eso; hasta donde sé, el Juzgado tiene la obligación a revelar sobre el juicio, incluso, proporcionar expedientes de cada caso”, dijo Edwin Tamara, reportero de la agencia EFE, en Los Ángeles.
La Agencia Federal Antidrogas (DEA), lo mismo que el DOJ, se lavó las manos, argumentando que ellos lo único que hacen es presentar evidencias contra un acusado, y que una vez terminada su labor, es el sistema judicial quien debe responder sobre el juicio de un acusado.
“De nosotros ya no depende nada de eso”, dijo tajante Sarah Pullen, vocera de la DEA.
Javier Torres Félix, que en su momento fue considerado como el principal lugarteniente de Ismael Zambada García, fue arrestado el 28 de enero de 2004 luego de enfrentarse con elementos del Ejército Mexicano en el valle de San Lorenzo.
Durante el enfrentamiento, un soldado fue muerto y el JT, luego de ser aprehendido, fue trasladado a la Ciudad de México y encarcelado en el Reclusorio Sur de la capital.
Tres años después, el 16 de Septiembre del 2006, Javier Torres Félix, quien también se identificaba con los alias de Horacio Tamayo Torres, Javier Torres Osuna, el Three Three, y el Compadre fue extraditado a la ciudad de McAllen Texas y entregado al Gobierno de Estados Unidos, quien lo requería por tráfico de drogas desde el 2003.
Según la justicia de los Estados Unidos, Javier Torres Félix es copartícipe en la introducción de mil 003 kilos de cocaína, con un valor estimado en 17 millones de dólares en el área de Nueva York y Nueva Jersey entre agosto de 2001 y junio de 2002. También de la introducción de mil 770 kilogramos de cocaína con un valor de 30 millones de dólares en Chicago; y 23 kilogramos de cocaína, con un valor estimado de 391 mil dólares, en California.
El JT ya había sido detenido en California a principios de 1992. Fue procesado y sentenciado (junto con un grupo de al menos cuatro cómplices) por conspiración para traficar cocaína y posesión de ganancias provenientes de la venta de estupefacientes, bajo el caso penal BA 063312 en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, California.
En aquella ocasión, Javier Torres se declaró culpable de dos cargos por conspiración para transportar cocaína, y de un cargo por posesión de ganancias provenientes de la venta de drogas prohibidas. Le dieron poco menos de cinco años de prisión.
Una vez que salió de la cárcel regresó a México para reintegrarse a sus actividades delictivas, pues el 27 de mayo de 1997 fue detenido por la Policía Judicial Federal en Cancún, Quintana Roo, con un cargamento de 348.1 kilogramos de cocaína.
Todos estos antecedentes fueron incluidos en el proceso que se le sigue ahora en California, sumados al que tenía pendiente en el Distrito Central de Columbia a partir de la llamada Operación Trifecta.
Pero la defensa de Javier Torres había estado eliminando atenuantes, al grado de estar en la posibilidad de reducir la sentencia a ocho años. Ahora la justicia norteamericana ha sellado el caso.
