Secuestradores detenidos pertenecen a células del CAF y no son relacionados.
PROCURADURÍA NO INVESTIGA
Oficialmente con 365 agentes destinados a la investigación en Tijuana, La Procuraduría General de Justicia de Baja California, no logra concretar o dar seguimiento a investigaciones que lleven al desmembramiento de las células del cártel Arellano Félix, por lo menos en lo que a secuestros y robos se refiere. Algunos de los detenidos recientemente, son identificados, por víctimas y por policías extraoficialmente, como peligrosos plagiarios que sirven a dos bandas del cártel de las drogas.
Investigaciones ZETA
Las últimas detenciones de secuestradores, realizadas en mayor parte por la Policía Municipal de Tijuana, están exhibiendo la ausencia de investigación en la Procuraduría General de Justicia de Baja California.
Además, la evidente descoordinación policíaca.
Por lo menos tres integrantes de dos diferentes bandas relacionadas con el secuestro que fueron detenidos por la municipal, tienen fuertes nexos con el crimen organizado, particularmente con las células del cártel Arellano Félix que lideran Armando “El Gordo” Villarreal, y el sicario Filiberto Parra Ramos “La Perra”.
Información policíaca proporcionada a ZETA de manera extraoficial, señala que los jóvenes detenidos el 22 de mayo por secuestro, y llamados Érick Gutiérrez Buenrostro (19), Daniel Espinoza Campos (21), y Edgar Gustavo Escamilla, estarían relacionados a través de éste último, al grupo de Armando Villarreal. Incluso mencionaron que la clave de Escamilla es “Alfa 23 Poncho”.
De igual manera, mencionaron los informantes, que los aprehendidos el 27 de mayo cerca del Palacio Municipal de Tijuana, e identificados como Jorge Luis Arellano, Víctor Manuel Hernández Barraza, Saúl Arnoldo Jacobi Quijarro y José Ramón García García, bien podrían llevar a la ubicación de Filiberto Parra Ramos “La Perra”. Pues tienen indagaciones extraoficiales que los ubican en esa célula subordinada del cártel.
Sin embargo, estos dos casos no han sido relacionados con el crimen organizado. Los primeros detenidos, los tres hombres del 21 de mayo, sí fueron consignados a la Penitenciaría de Tijuana, mientras los aprehendidos el 27 de mayo en la Zona Río, únicamente están siendo procesados por el delito de extorsión. Dado que las jóvenes que se presumieron secuestradas en un inicio, declararían después lo contrario, pero sí los acusaron de extorsionarlas. De hecho, la investigación de extorsión se amplió hacia dos ministeriales del estado que también estarían involucrados por entorpecer las indagatorias, así como en contra de un abogado que ofreció quince mil dólares a una de las mujeres por desistirse de la denuncia.
La información que relaciona a los secuestradores o presuntos plagiarios ahora, con el crimen organizado, y que fue proporcionada por policías en el anonimato, da cuenta de la falta de coordinación entre las autoridades policíacas para perseguir el delito, y lo más importante, para hilar investigaciones hasta dar con los causantes de la inseguridad en Tijuana.
La ausencia de un entendimiento y estructuración de investigaciones centrales que liguen los distintos hechos delictivos con las células del CAF, es el uno de los principales orígenes de la impunidad. Dado que no existen antecedentes, ni organigramas, mucho menos pesquisas que unan unos casos a otros, los aprehendidos son juzgados en ocasiones por delitos que con el pago de una fianza pueden quedar en libertad.
La justificación en la Procuraduría General de Justicia del Estado para no ir al fondo en este tipo de investigaciones, es que de los 965 policías investigadores con los que cuenta la corporación, sólo 365 operan en Tijuana, lo que a decir de funcionarios consultados por ZETA retrasa el trabajo que lleva a cabo la dependencia e impide que las indagaciones se hagan con dedicación y empeño.
La mala estructuración de una investigación es muchas veces la acción que tiene como consecuencia que de cada 10 detenciones que realizan las corporaciones policiacas y militares, un promedio de cuatro son desechadas por los agentes del Ministerio Público, pues a consideración de los representantes sociales no existen elementos para consignar a los detenidos.
Por ejemplo, del 19 de abril al 29 de mayo, la policía municipal de Tijuana turnó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a 28 personas presuntamente relacionadas con el delito de privación ilegal de la libertad.
De este total, sólo nueve fueron consignados por delito señalado, otras seis salieron en libertad y sin ningún cargo; cuatro fueron acusados de extorsión y pueden pagar fianza, dos fueron turnados a un Juez por robo y delitos sexuales, tres más salieron bajo fianza y en cuatro casos no hay registro de haberse turnado.
Los nueve consignados por el delito de privación ilegal de la libertad son: Édgar Gustavo Escamilla Campos, Daniel Espinoza Campos, Érick Gutiérrez Buenrostro, Daniel Zamora Hernández, Paulino López Díaz, Javier Pérez Mejía, Víctor Hugo Hernández Vázquez y Antonio “N”, un menor de 17 años de edad.
Los dos consignados por delitos sexuales y robo son: Pedro Rambles Torres y Christian Salcido Flores. En tanto, los nombres de las cuatro personas que pudieran alcanzar fianza por el delito de extorsión son: José Ramón García García, Jorge Luis Arellano García, Saúl Arnoldo Jocobi Quijarro y Víctor Manuel Hernández Barraza.
A estos perfiles de impunidad se suma el hecho que aun cuando Tijuana se encuentra catalogada como una de las ciudades más violentas del país, la Procuraduría no cuenta con una base de datos de las organizaciones criminales que confluyen en el Estado.
Con todo, Rommel Moreno Manjarrez, procurador de Justicia del Estado, se justificó informando que actualmente se elaboran los “perfiles criminales” de los delincuentes detenidos: “Es una labor que hemos venido realizando en la actual administración y de alguna manera activando. Teníamos una información general, histórica de la Procuraduría, pero era información que no estaba clasificada ni codificada, de tal suerte hoy estamos estructurando la base de datos de la PGJE”.
Obviamente el funcionario estatal está consciente de la necesidad de crear estos sistemas de información a raíz de las investigaciones, para lograr llegar a la raíz del crimen organizado en Baja California, particularmente en Tijuana. Sobre todo considerando la “involución” de los delitos, en donde los narcotraficantes se están avocando y dedicando al secuestro, al robo de vehículos y a otras actividades.
Entrevistado sobre el número de policías investigadores con los que cuenta la Procuraduría de Justicia en la ciudad de Tijuana, el Funcionario informó que de los 965 agentes distribuidos en el Estado, 365 operan en esta localidad fronteriza.
--¿Son suficientes estos elementos para investigar los delitos que se cometen en Tijuana?
“Nunca serán suficientes para combatir el problema. Estamos en un estado muy complejo donde hay tráfico de drogas y tráfico de indocumentados. Además no sólo es un estado de trasiego sino que cuenta con ciudades con problemas de adicción. (A nivel nacional) Tijuana cuenta con el tercer lugar en cuanto al consumo de anfetaminas y Mexicali con el quinto en el consumo de enervantes. A esto se suma la guerra que existe con los cárteles (de la droga)”.
Salvador Ortiz Morales, subprocurador de Justicia de Tijuana, lamentó que existan tan pocos agentes para investigar los delitos que se cometen en la ciudad.
“Actualmente los recursos no son los que quisiéramos tener, pero lógicamente así trabajamos. Hay agentes muy experimentados y en un momento dado ellos tienen sus líneas de investigación y tratan de responder a las demandas de la ciudadanía”.
No obstante, el Funcionario advirtió que si en estos momentos se pudiera “duplicar el número de agentes que actualmente conforman los grupos, realmente lograríamos impactar a la comunidad”.
Aun cuando sostuvo que las investigaciones son la piedra fundamental para lograr sentencias justas y condenatorias, actualmente, ante la falta de elementos, se tiene que asignar un expediente a cada pareja de policías.
Lo anterior representa que a cada pareja de ministeriales les tengan que asignar un promedio de 299 casos al año, si tomamos en cuenta que en el 2007 la PGJE inició 54 mil 577 averiguaciones previas por la comisión de delitos de alto y mediano impacto.
Ortiz Morales reconoció que un gran porcentaje de casos que son turnados por corporaciones como la Policía Municipal y Estatal, tienen que ser desechados por el agente del Ministerio Público, pues no existen elementos para consignar a los detenidos.
“Ellos cumplen su función y nos envían a los detenidos, en donde tenemos que ser cuidadosos es en no hacer prejuicios, es decir de juzgar anticipadamente, hay que esperar a que las investigaciones vayan dando frutos y ya en su momento actuar conforme a derecho”.
--¿Lo mismo ocurre con el Ejército?
“El Ejército está cumpliendo su función y lo aplaudimos, pero recordemos que ellos están trabajando en un esquema de denuncia anónima y cuando ellos llegan a los eventos inmediatamente no los hacen saber a las autoridades… Sin embargo no todas las denuncias anónimas resultan en la comisión de algún delito”.
A puerta cerrada, empresarios en Mexicali
Ningún reclamo
Esta vez a puerta cerrada para los medios de comunicación, el Procurador General del Justicia del Estado (PGJE), Rommel Moreno Manjarrez estuvo como invitado en el desayuno informativo de la Coparmex Mexicali.
En una rueda de prensa posterior a la plática con empresarios, el procurador dijo que en Mexicali actualmente no hay ninguna persona secuestrada. Indicó que existe la disposición del sector empresarial para colaborar y escuchar sobre los problemas torales en la procuración de justicia. Los empresarios no hicieron ningún reclamo al responsable de la procuración de justicia en el estado, según respondió Moreno Manjarrez: “Absolutamente ningún reclamo, fue un trabajo de entendimiento, fue una colaboración conjunta, me parece que más que los reclamos son simple y sencillamente la necesidad de estar juntos, creo que fue una reunión de primer orden, es una reunión de alianza, de conjunción de esfuerzos y en ese sentido es que se desarrolló este evento.”
El presidente de la Coparmex Mexicali, Jonathan Díaz Castro, dijo que una de las cosas que están descubriendo es la diversidad de funciones que cada institución tiene para deslindar responsabilidades en cada competencia. “Y una vez que nosotros definamos las expectativas de cada uno de ellos, a través de las mesas de seguridad buscar estos seguimientos, no podemos simple y sencillamente hablar que queremos una mayor seguridad o de que no queremos secuestros, o de cosas muy generales que no nos llevan ningún lado; consideramos que tenemos que pedir cosas más claras, tener que ser más específicos y fijarnos metas muy fáciles de verse si se cumplieron”. Agregó no estar conforme con el trabajo de procuración de justicia ni de prevención del delito.
El líder de Coparmex explicó que a muchos miembros “les preocupa verse exhibidos, les preocupa hacer una pregunta que después se pueda entender mal, la gente en un momento dado, algunos tienen miedo, entonces cuando se va tocar un tema de éstos, muchos de nuestros socios nos piden que no haya medios porque se sienten intranquilos”.
A esa misma hora y en el mismo hotel sede, los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), escucharon al Director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Alonso Méndez; charla informativa donde sí hubo acceso a medios de comunicación. (Luis Arellano)
Nuevo Subdelegado de la PGR en Mexicali
Jorge Rodríguez Velásquez
A partir de este lunes 26 de mayo despacha en Mexicali como Subdelegado de la Procuraduría General de la República, el licenciado en derecho egresado de la UNAM Jorge Rodríguez Velázquez. La designación fue anunciada como parte de la rotación al interior de esa dependencia. Rodríguez sustituye en el cargo a Marco Antonio Valdez López, pero no es nuevo en Baja California, hace diez años, de 1997 a 2000, fue subdelegado cuando el General José Luis Chávez era el Jefe de la Delegación en el estado. Luego de su estancia en esta entidad, Rodríguez Velázquez fue trasladado a la Ciudad de México donde fungió como Asistente en la Fiscalía Especial contra la Piratería. También estuvo en el Estado de México como Coordinador de la Agencia en Naucalpan y en junio de 2006 regresó a Baja California, donde ha estado como Subdelegado en Ensenada y Tijuana, de donde fue trasladado a partir de esta semana a la Subdelegación de Mexicali. (Sergio Haro Cordero)
Investigan la balacera en Ensenada
Policías hirieron a policías
Lo que se alertó como una balacera entre policías y criminales, ha terminado en una investigación por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, por abuso de autoridad y lesiones con arma de fuego, delitos supuestamente cometidos por agentes Ministeriales y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) contra ciudadanos de Ensenada y elementos de las mismas corporaciones policiales.
Durante un operativo de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) contra personas que se refugiaron en una casa luego de ser perseguidas por los elementos policiales, uno de los agentes accionó su arma y lesionó imprudentemente a tres civiles y a dos de sus colegas en la colonia Lomitas Indeco.
Antes, de acuerdo con la versión de testigos de los hechos ocurridos el domingo 25 de mayo, los agentes ingresaron sin orden de cateo al domicilio en donde se refugiaban los fugitivos. Ahí lanzaron piedras y otros objetos a la casa, hasta que uno de los policías accionó el rifle de alto poder que portaba, provocando lesiones a los civiles y a sus colegas.
Posteriormente, con violencia y provocando pánico entre pacientes, enfermeras y médicos, agentes de las BOM ingresaron a las instalaciones de la Cruz Roja en Ensenada para detener a los tres civiles heridos.
Rubén Rosiñol Monge, presidente del consejo directivo de la benemérita institución, dijo que pidió al secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel de la Rosa Anaya, respeto para las instalaciones, pacientes, personal médico y administrativo del organismo, pues la incursión policial representó un peligro para la seguridad de la Cruz Roja y una violación a su normatividad internacional.
La licenciada Lidia Gallegos, subprocuradora estatal de Justicia en Ensenada, identificó a Daniel Antonio Márquez y Rodolfo Pérez Martínez como los agentes de la Policía Ministerial que fueron heridos con fragmentos de bala. Los civiles heridos son Ulises Jiménez Cruz, Mario Ramón Velasco Jiménez y Miguel Ángel Velasco Jiménez. Los cinco lastimados fueron reportados con lesiones que no ponen en peligro sus vidas.
Gallegos reveló que se hicieron pruebas especiales a los policías y a los detenidos que estuvieron involucrados en los hechos, para determinar quién detonó armas de fuego el día de los acontecimientos.
Según la funcionaria todo empezó cuando los integrantes de las fuerzas policiales hacían un recorrido por las calles de la colonia Popular 89 e identificaron a un sospechoso, que hizo caso omiso a la orden de detenerse para revisión. Se dio la persecución hasta el domicilio indicado en Lomitas, en donde se realizó el enfrentamiento.
Para Alejandro Velasco, hermano de dos de los civiles heridos, la agresión policial contra sus familiares tiene su origen en una demanda que éstos interpusieron el año pasado en contra de agentes de la PEP, quienes allanaron su hogar y los acusaron de cometer delitos contra la salud sin que el juez determinara la responsabilidad de los inculpados.
Cuando uno de los hermanos demandó penalmente a los policías por esos hechos —averiguación previa número 378/007—, éste recibió amenazas de los agentes involucrados si no retiraba su denuncia. Como no lo hizo, se dio el evento del 25 de mayo. (Javier Cruz Aguirre)
Víctima acusa a autoridades y señala extorsión.
Se va de Tijuana
Después de que cuatro hombres irrumpieron su departamento la noche del 26 de mayo, la mujer de 21 años que fue víctima de extorsión decidió huir de Tijuana por el temor a represalias tras haber hecho públicos los sucesos de los que fue víctima.
La joven relató a ZETA que los hechos iniciaron en su departamento ubicado en Zona Río, mientras se encontraba festejando su cumpleaños acompañada de cuatro amigas, cuando los agresores con gritos y empujones entraron en el lugar exigiendo un “pago por plaza”, lo que significa el pago semanal de una cuota por el servicio de protección a la persona y sus pertenencias.
Una mujer con la que comparte el departamento, fue la que al escuchar los gritos dio aviso a las autoridades, mismas que llegaron al lugar media hora después. Posterior a la primera declaración hecha la madrugada del martes 27 de mayo y permanecer hasta las seis de la mañana en una celda junto con sus cuatro amigas, expresó que fue extorsionada por un abogado, quien ingresó a su celda ofreciéndole 15 mil dólares si se retractaba la declaración previa.
La mujer informó que los cuatro detenidos permanecen desde el lunes en la Procuraduría General de la República (PGR), “a mí me dijeron que estas personas van a salir libres, y hasta declararon que pasaban droga al otro lado”, expresó. Tras exponer su caso ante el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, el cual se encontraba en una asamblea de propuestas ciudadanas en contra de la inseguridad en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio CANACO, fue turnada a la Policía Ministerial, en donde reafirmó su declaración, “me amenazaron y me dijeron que me iba morir si no cambiaba mi versión”, añadió.
Además de que se le negó el apoyo de un abogado, alegando que si no se dejaba de “jaladas” la encerrarían en tanto no dijera “la verdad”. La afectada expuso a ZETA que estuvo incomunicada de familiares y amigos hasta las 12 de la noche, siendo agredida verbalmente por funcionarios de la policía ministerial. “Si alguien llegan hasta tu celda para ofrecer dinero por callarte la boca, ¿qué podemos esperar de las autoridades?”, dijo asustada.
La afectada piensa salir del país en días próximos, ya que no cuenta con protección de ningún tipo y teme por su seguridad y la de su familia; igualmente es el caso de las amigas que vivieron tal situación, quienes ya abandonaron la ciudad. Por último, exhortó a la ciudadanía a denunciar cuando sean víctimas de delitos, “hagan denuncias anónimas para que no se perjudiquen como yo”.
Mostrando las entradas con la etiqueta General Sergio Aponte Polito Carta Rommel Moreno Procurador. Mostrar todas las entradas
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martes, 3 de junio de 2008
Respaldan propuesta de Aponte Polito de denunciar ante medios
Daniel Salinas
dsalinas@frontera.info
TIJUANA, Baja California(PH)
Autoridades en materia de seguridad pública respaldaron la propuesta del general Sergio Aponte Polito de acudir ante los medios de comunicación para presentar denuncias.
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella Ibarra, dijo que él no puede estar en contra de lo que siempre ha predicado y si los ciudadanos quieren acercarse a los medios de comunicación a hacer las denuncias será respetable, pues lo importante, dijo, es quién le ponga el cascabel al gato.
Por su parte, Julián Leyzaola, comandante de la Policía Municipal dijo que como subordinado militar de Aponte Polito él respeta y respalda las propuestas del general.
El alcalde Jorge Ramos dijo a su vez que lo importante es fomentar la cultura de la denuncia y que los ciudadanos venzan el miedo.
dsalinas@frontera.info
TIJUANA, Baja California(PH)
Autoridades en materia de seguridad pública respaldaron la propuesta del general Sergio Aponte Polito de acudir ante los medios de comunicación para presentar denuncias.
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella Ibarra, dijo que él no puede estar en contra de lo que siempre ha predicado y si los ciudadanos quieren acercarse a los medios de comunicación a hacer las denuncias será respetable, pues lo importante, dijo, es quién le ponga el cascabel al gato.
Por su parte, Julián Leyzaola, comandante de la Policía Municipal dijo que como subordinado militar de Aponte Polito él respeta y respalda las propuestas del general.
El alcalde Jorge Ramos dijo a su vez que lo importante es fomentar la cultura de la denuncia y que los ciudadanos venzan el miedo.
lunes, 2 de junio de 2008
“Estamos afectando la base económica de los narcotraficantes”: Aponte Polito
“Estamos afectando la base económica de los
narcotraficantes”: Aponte Polito
.- Destacó que les han decomisado grandes cantidades de droga, además de armas,
vehículos y equipo con el que operaban, con un valor de 2 millones 737 mil 477 pesos
*.- Afirmó que van a continuar desarticulando bandas delictivas
TIJUANA BC 1 de junio del 2008 .- El General Sergio Aponte Polito,
Comandante de la Segunda Región Militar, dijo que el personal militar está
afectando la base económica de bandas de narcotraficantes.
Esto con relación a los resultados que ha tenido el desempeño de las
fuerzas castrenses en 18 meses, toda vez que precisó que les han
decomisado grandes cantidades de droga a estos delincuentes, además
de armas, vehículos y equipo con el que operaban, con un valor de 2
millones 737 mil 477 pesos.
Destacó que durante este lapso, se lograron destruir 7 mil 507 sembradíos
de mariguana; y se decomisaron por diferentes vías, poco más de 500
toneladas de esta droga.
Agregó que se incautaron más de 3 mil de cocaína, 324 kilos de heroína, y
276 kilogramos de cristal.
Asimismo, refirió que fueron detenidos mil 115 individuos por delitos
contra la salud y por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos.
En cuanto a las armas aseguradas, mencionó que fueron mil 278 de éstas,
19 embarcaciones y 7 aeronaves.
“Continuaremos descontrolando y desorganizando a las bandas delictivas”,
afirmó Aponte Polito.
narcotraficantes”: Aponte Polito
.- Destacó que les han decomisado grandes cantidades de droga, además de armas,
vehículos y equipo con el que operaban, con un valor de 2 millones 737 mil 477 pesos
*.- Afirmó que van a continuar desarticulando bandas delictivas
TIJUANA BC 1 de junio del 2008 .- El General Sergio Aponte Polito,
Comandante de la Segunda Región Militar, dijo que el personal militar está
afectando la base económica de bandas de narcotraficantes.
Esto con relación a los resultados que ha tenido el desempeño de las
fuerzas castrenses en 18 meses, toda vez que precisó que les han
decomisado grandes cantidades de droga a estos delincuentes, además
de armas, vehículos y equipo con el que operaban, con un valor de 2
millones 737 mil 477 pesos.
Destacó que durante este lapso, se lograron destruir 7 mil 507 sembradíos
de mariguana; y se decomisaron por diferentes vías, poco más de 500
toneladas de esta droga.
Agregó que se incautaron más de 3 mil de cocaína, 324 kilos de heroína, y
276 kilogramos de cristal.
Asimismo, refirió que fueron detenidos mil 115 individuos por delitos
contra la salud y por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos.
En cuanto a las armas aseguradas, mencionó que fueron mil 278 de éstas,
19 embarcaciones y 7 aeronaves.
“Continuaremos descontrolando y desorganizando a las bandas delictivas”,
afirmó Aponte Polito.
lunes, 26 de mayo de 2008
Carta íntegra del comandante Sergio Aponte Polito
Mexicali, B. C., a 22 de abril de 2008.
Agradezco la gentileza que me brinda el director del periódico "EL MEXICANO", para poder utilizar el mismo espacio donde se publicó la petición que formuló el Lic. Rommel Moreno Manjarrez, procurador general de Justicia del estado, respecto al ofrecimiento de pruebas que demuestren la corrupción en la que incurren algunos elementos de ciertas corporaciones policiales de esta entidad federativa.
Señor Procurador:
Inicialmente, hago de su conocimiento que soy un militar que durante toda mi carrera profesional, me he esmerado en realizar mis actividades con entusiasmo, responsabilidad, eficiencia y honestidad; pero además, en mi contacto con la sociedad, expreso mis ideas con claridad, veracidad y entereza; motivo por el cual, me he ganado la confianza y respeto de mis compañeros de armas; así como la credibilidad y apoyo de la población civil, sobre todo en las acciones realizadas contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad, debido a que son actividades que causan graves daños a la sociedad mexicana; por lo antes señalado, el hecho de no dar respuesta a su solicitud dañaría severamente la credibilidad que he obtenido debido a muchos años de esfuerzo, privaciones y riesgos.
En tal orden de ideas y en relación a la petición que usted formuló por conducto de los medios de comunicación, le menciono que ésta fue tardía, desconcertante e innecesaria, ya que una semana antes, en una ceremonia de incineración de enervantes, el suscrito, informó a la sociedad de Baja California, los resultados excelentes que el personal de la II Región Militar ha obtenido en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada, mencionando entre otros datos que en el año 2007, fueron aseguradas 399 toneladas con 481 kilos de mariguana; 2 mil 723 kilos de cocaína; 251 de heroína; 223 de cristal; 467 vehículos y 595 armas de fuego. Asimismo, fueron puestos a disposición de las autoridades federales, 570 individuos por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego; igualmente, en los primeros meses del presente año, se han asegurado: 72 toneladas con 257 kilos de mariguana; 222 kilos de cocaína; 3 de cristal; 15 de metanfetamina; 398 vehículos; 528 armas de fuego; y se han puesto a disposición de las autoridades federales, 392 personas detenidas en flagrancia por diversos delitos.
Finalmente hice mención, que para obtener mejores resultados en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, se debería continuar agilizando e impulsando las acciones para sanear algunas corporaciones policiacas, con el objeto de evitar que mediante la impunidad, se sigan desarrollando actividades delictivas en perjuicio de la sociedad, ya que desde la administración anterior, se han venido incrementando como se demuestra en las estadísticas contenidas en el Programa Integral de Seguridad Pública del Estado de Baja California, mismas que revelan que la institución que usted representa, es la responsable de investigar y aportar las pruebas para evitar que mensualmente se sigan robando en Baja California 2,682 vehículos, de los cuales el municipio de Tijuana resalta con 1,860 robos de automotores; Mexicali 484; Ensenada 192; Playas de Rosarito 77 y Tecate 69; también, le corresponde investigar los 1,120 robos mensuales a casas habitación que se registran en el estado y que repercuten en el patrimonio de 437 familias de Tijuana; 276 de Mexicali; 128 de Ensenada; 26 de Playas de Rosarito y 56 de Tecate.
A su dependencia le corresponde investigar y esclarecer los 255 homicidios violentos que se registraron en Baja California durante el año 2007 y los 123 que se han presentado en lo que va del presente año, así como los numerosos secuestros y "levantones" que tanto daño hacen a la sociedad de Baja California.
Con relación a su petición, de ofrecer pruebas de la corrupción y participación de ciertos integrantes de las corporaciones policiacas con el crimen organizado y otros ilícitos, no omito manifestarle que a pesar de que constitucionalmente, la función de investigar los delitos, perseguir a los delincuentes y la de aportar pruebas para la consignación de los probables responsables, corresponde a otras instancias, principalmente a la que usted representa; también, le expreso que durante las detenciones que en flagrancia ha efectuado el personal militar a mi cargo y de la información que se ha obtenido directamente de los probables responsables de hechos delictivos al momento de ser asegurados, se tienen datos suficientes, que ponen de manifiesto vertientes para iniciar la investigación correspondiente y que debieran ser tomadas en cuenta para combatir la delincuencia. Siendo estas sólo algunas:
A. El 02 de marzo del 2008, el personal militar en atención a una denuncia ciudadana, respecto a hechos delictivos que se desarrollaban en una casa de seguridad ubicada en calle Jícama No. 546, fraccionamiento Villa Floresta, delegación La Presa , Tijuana, B. C., se registro un intercambio de disparos en donde posteriormente elementos militares liberaron a una persona que mantenían secuestrada; asimismo, resultó muerto un delincuente de nombre Juan Alberto Becerra Trujillo y se detuvo a Mario Montemayor Covarrubias (a) "El Abuelo"; en el lugar de los hechos se aseguraron 4 vehículos; 16 armas largas; 2 armas cortas; 75 cargadores; así como equipo táctico policial, siendo puesto a disposición del A.M.P.F., donde se integró la indagatoria A.P./PGR/B.C./TIJ/03/08-M-lll, en la que se tiene conocimiento que el indiciado declaró que José Heredia González, jefe del Grupo Antisecuestros de la Subprocuraduría contra el Crimen Organizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Tijuana, B. C., junto con los agentes ministeriales Marco Javier Luján Rosales y Arturo Quetzalcóatl Vargas Zermeño, pertenecientes al mismo Grupo Antisecuestros y el policía municipal de Tijuana, Gustavo Adolfo Rodríguez Magaña, eran los encargados de realizar secuestros y llevar a los plagiados a la casa de seguridad que estaba a su cargo, donde personalmente "El Abuelo" se los recibía, para que posteriormente estos policías ministeriales, realizaran las negociaciones para el cobro del rescate; incluso; cabe resaltar que como titular y responsable del Grupo Antisecuestros se encontraba el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, quien actualmente funge como su asesor en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
¿Qué decepción causa saber que quienes tienen la encomienda de procurar hacer cumplir la ley, sean los que la vulneran por tener vínculos con la delincuencia organizada?
B. El 18 dic. 2007, con motivo del atentado en contra del Cap. Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, B.C., donde resultó muerto el agente Guillermo Castro Corona, quien formaba parte de su escolta y herido el agente Leonel Pizaña Brit, fueron señalados los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal José Inés Lucas Rodríguez, José Luis Lugo Báez (detenido después por personal militar el 01 feb. 2008 por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos), Marco Antonio Arias Hernández, José Luis Ballesteros Sánchez; César Beltrán Saldívar; Eduardo Bustos Ramírez; Carlos Peraza Gerardo (detenido con dos personas más el 3 de abril del 2008 por personal de la PEP ; asegurándole 7 armas largas y equipo táctico policial); Manuel Miguel Díaz Ayala; Júnior Ernesto Escobar Kigner; Karlo Omar Herrera Sánchez y Mario Alberto Herrera Sánchez, quienes en contubernio con algunos policías municipales de Tijuana, B.C,, mantienen vínculos con los líderes del crimen organizado y también se dedicaban al secuestro, "levantones", homicidios, así como dar protección al narcomenudeo, principalmente en la delegación Primo Tapia de Playas de Rosarito; es conveniente señalar además, que algunos de ellos planearon y llevaron a cabo la agresión en contra del capitán Montero; por su parte, la Procuraduría General de la República atrajo las indagatorias en contra de los señalados, al considerarlos probables responsables de los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, cuyas investigaciones y en especial las de pruebas de balística, revelaron que en tal atentado se utilizaron 22 diferentes armas de fuego, mismas que fueron empleadas en otros eventos violentos suscitados en el estado, siendo los siguientes:
- El 19 dic. del 2006, el homicidio de Fernando Terán Álvarez y Noé Ríos Ortega, agentes de la PEP.
- El 22 sep. del 2007, el homicidio de Carlos Horacio Morales Méndez, agente de la PEP , y de Micael Rodríguez Hernández.
- El 30 oct. del 2007, en el enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Federal Preventiva con integrantes de la organización "Arellano Félix" en el negocio "Mariscos Godoy" ubicado en Tijuana, B.C.
- El 04 Dic. del 2007, el homicidio de José Juan Soriano Pereyra, comandante de la Policía Municipal de Tecate.
- El 14 Ene. del 2008 en Tijuana, B.C., asalto a un camión de valores.
¿En manos de quién está la seguridad de Baja California?
C. El 09 de feb. del 2008 y debido a la coordinación e intercambio de información que se tiene con la Policía Estatal Preventiva, se tuvo conocimiento que después de una persecución; fue detenido en Tijuana, B.C., por elementos de dicha coorporación policial, Miguel Ángel Castillo Belmontes, agente de la Policía Ministerial del Estado, a quien se le aseguró una arma de fuego calibre 9 mm . marca Browning, un cargador con 10 cartuchos útiles, dos celulares, un radio nextel, una camioneta con la serie alterada, así como una bolsa que contenía en su interior cocaína, dos días después fue puesto en libertad y públicamente se mencionó que no era cocaína y que el vehículo era legal, situación por demás irregular, ya que se tuvo conocimiento que al "correr" la serie del citado automotor, se encontraba alterada y de acuerdo a información confidencial la cocaína entregada por el director de la Policía Estatal Preventiva a las autoridades judiciales del estado fue cambiada por otra sustancia, lo que motivo su libertad cuando el asunto fue turnado a la Procuraduría General de la República.
¿Qué interés de proteger a un presunto delincuente?
D. El día 08 de enero de 2008, esta comandancia de Región Militar, mediante oficio No. 022, hizo del conocimiento que: José Antonio Rodríguez Uribe, agente de la Policía Ministerial del Estado, con base en Tecate, BC, le ofreció al Cap. 1/o. de Infantería retirado Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, BC, ayudarlo a controlar la plaza y pactar con los líderes de la delincuencia organizada, con el fin de mantener el control de las bandas de secuestradores, asaltos a casa habitación y robo de vehículos, con la condición de que gestionara la salida del personal militar y de la Policía Federal Preventiva del municipio.
Por otra parte, es conveniente mencionar que los funcionarios de la Policía Municipal de Tijuana que desempeñaron los cargos más importantes en la administración anterior, constantemente hacen invitaciones al teniente coronel Julián Leyzaola, actual director de la Policía Municipal de Tijuana, para tener "pláticas de acercamiento", a lo cual, el teniente coronel no ha aceptado; por lo anteriormente señalado se hace del conocimiento que los directores de seguridad pública de procedencia militar no pactarán con la delincuencia sino que continuarán trabajando en beneficio de la sociedad de Baja California.
¿Qué decepción?
E. El día 03 de mayo del 2007, en diversos medios de comunicación a nivel nacional, se difundió un video donde el ahora occiso José Ramón Velásquez Molina, quien fuera agente de la Policía Ministerial del Estado, señaló a quien en ese entonces se desempeñaba como procurador general de Justicia del estado (Antonio Martínez Luna) junto con otros funcionarios entre estos: Martín Guzmán Montelongo (a) "El Caballo", Macario Nacay Jiménez, Hernando Villegas Delgado, Valente Tízoc Núñez Soto, Alejandro Ruiz Chaparro, Adolfo Roa Lara y Jaime Arroyo Flores, José Salas Espinoza entre otros, la mayoría pertenecientes a esa institución a su cargo, como responsables de dar protección a las organizaciones criminales, no omitiendo mencionar que el nulo avance de las investigaciones sobre la información aportada en el video, ha originado que algunos integrantes de "La Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzosas y la Impunidad , AC", se manifiesten públicamente para exigir que se esclarezcan las desapariciones de sus hijos, esposos y otros familiares, así como realizar por propia cuenta las investigaciones que a esa dependencia le corresponde; igualmente, algunos agraviados han hecho saber en forma personal al suscrito de la información que disponen, así como de la forma déspota e intimidatoria con la que fueron tratados por el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, ex subprocurador de la Unidad Especializada Antisecuestros en Tijuana, BC y actualmente su asesor, para persuadirlos a no poner sus demandas; por cierto, el comandante de la Policía Ministerial Macario Nacay Jiménez señalado anteriormente por sus vínculos con la delincuencia organizada, asistía en representación de esa dependencia a su cargo a las Juntas de Coordinación de Seguridad Pública, en donde se enteraba de los asuntos y acuerdos establecidos.
¿Qué confianza se puede tener en ciertos funcionarios?
F. El 06 de febrero del presente año, en oficio número 124, se remitió información, a la primera autoridad administrativa de este municipio, en donde se hace del conocimiento que en denuncias ciudadanas, se menciona que Leocadio Núñez Meza (a) "Locadio" (hoy occiso), pertenecía a la Policía Municipal de Mexicali, B.C., trabajaba para la organización "Arellano Félix", en coordinación con el comandante y 2/o. Cmte. de la Base de Intercepción Aérea de la P.G .R. (conocidos como "El Conejo" y "Cristian") y con el Lic. David Flores Valenzuela, recibiendo una cuota mensual de 4 a 5 mil dólares para apoyar los descenso de aeronaves cargadas de drogas, así como abrirles el paso durante el traslado de enervantes hacia EU y que en esta actividad también participaba José Fernando Funes López (a) "El Fune", oficial de la DSPM de Mexicali, inmediato superior del C. Cmte. "Locadio", quienes desde la pasada administración se han dedicado a actividades ilícitas, llegando a cargar las patrullas con enervantes, en complicidad con sus superiores Jesús Samanias y Salas; por cierto, cabe mencionar que recientemente se suicidó el ex subcomandante Leocadio Núñez al reconocer su participación en los hechos delictivos.
G. El 13 nov. 2007, durante la carrera "Baja-1000", se desplomó un helicóptero Bell-206-A1 sobre la carretera federal No. 3, tramo Ensenada-San Felipe, BC, a inmediaciones del valle de San Matías, falleciendo el piloto Israel Romo Reyes y Pablo González y resultando dos personas lesionadas, posteriormente a las 20:30 hrs., del día siguiente una persona que se identificó como Miguel Cortez Nuño y ser subinspector de la PFP División Caminos, pidió a las autoridades del fuero común, que le liberaran el cuerpo de Pablo González G., quien meses después las autoridades federales confirmarían que se trataba de Merardo León Hinojosa (a) "El Abulón", por cierto, Miguel Cortez Nuño, subinspector de la PFP División Caminos asistía a las Juntas de Coordinación del Grupo Baja California y se enteraba de todos los asuntos tratados.
¿Cuántos elementos podrían tener vínculos con la delincuencia organizada?
H. El 19 abr. del presente año, se tuvo conocimiento que Mario Alejandro Ramírez Dueñas, empleado en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, en contubernio con el agente del Ministerio Público del orden común de la Agencia Especializada de Robos de Vehículos y policías ministeriales, se encuentran vinculados con bandas dedicadas al robo de vehículos, siendo su modo de operar el siguiente: los vehículos son robados en los Estados Unidos de América e ingresados a nuestro país, posteriormente son presentados en la Unidad de Robo de Vehículos, en donde se extiende una constancia de no robo, aun cuando éstos cuenten con el reporte respectivo en el extranjero; posteriormente referidos automotores son empeñados en diferentes casas; de lo anterior existen como pruebas las constancias: No. 0055/31155 de fecha 4 de enero del 2008, firmada por el agente del Ministerio Público del orden común, adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos, Lic. Ezequiel García Torres. Firmando también como inspector López Rivera José, y la No. 0568/387542 de fecha 7 de marzo del presente año, firmada por el agente del Ministerio Público del orden común, adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos, Lic. Norma Alicia Gutiérrez Sevilla, firmando también como inspector Armando Serrano Quintero.
¿Esto no es corrupción?
I. Recientemente personal de la Procuraduría General de la República aseguró en la ciudad de Mexicali, BC, a una persona con más de 300 kilogramos de mariguana, siendo trasladado a las instalaciones de la subdelegación de la Procuraduría General de la República, donde posteriormente llegaron 4 elementos pertenecientes a la Policía Ministerial del Estado a tratar de liberar al detenido y la droga.
Es conveniente mencionar que existe un video que prueba estos hechos delictivos, motivo por el cual las autoridades pertenecientes a la subdelegación de la PGR pusieron la demanda correspondiente.
J. El día 5 de sep. del 2007, fueron ejecutados con armas largas, en el estacionamiento del centro comercial Wal Mart de Mexicali, Jorge Rodríguez Mundo y Jorge David Carreón Valdez, comandante el primero y efectivo el segundo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Cabe mencionar que a mediados del mes de diciembre de 2007 se presentó en este CG una persona, de la cual se reserva su nombre por seguridad, para hacer del conocimiento que la ejecución antes mencionada se debió a que ambas autoridades se apropiaron de 100 mil dólares de gente de la organización de los "Arellano Félix".
K. El 04 ene. 2008, los agentes de la DSPM de Tijuana, al atender un reporte del C-4 sobre una privación ilegal de la libertad de una persona, en el centro comercial "Las Palmas" en la delegación de La Mesa , Tijuana, BC, detuvieron a José Gálvez Rodríguez, agente activo de la AFI. Un día después y derivado de las declaraciones, son detenidos Erasmo Florentino Trujado Sánchez y Evaristo Morales Pérez, agentes de la misma corporación, por su participación en el plagio de un empresario, haciendo la aclaración que el agente Morales Pérez fue asesinado por un interno del Cereso de La Mesa , Tijuana, BC, el día 31 de marzo del 2008, lo cual impidió que ampliara la declaración de los hechos en la diligencia judicial que ya estaba programada.
¡Qué desgracia para la sociedad de Baja California!
L. De otras corporaciones no se mencionan los actos de corrupción debido a la reseña que han hecho algunos medios de comunicación, así como el espacio tan grande que ocuparían en este periódico.
Señor Procurador:
Finalmente, le hago de su conocimiento que, debido a la confianza que la sociedad le tiene al Ejército, actualmente las unidades militares de la II Región Militar disponen, aproximadamente de 2000 denuncias ciudadanas, en donde algunas señalan hechos de corrupción por parte de empleados y funcionarios que engañan y abusan de la ignorancia, pobreza y debilidad de la gente, para seguir enriqueciéndose y perjudicando a los ciudadanos en su vida, integridad, salud, patrimonio y bienestar; pero como este no es el tema que nos corresponde, sino el de las denuncias referentes a actos de corrupción que cometen algunos elementos de las corporaciones policíacas por lo que mencionaré entre otras, las siguientes denuncias ciudadanas:
- Algunos acuden quincenal y mensualmente a las narcotienditas a cobrar sus cuotas por la protección que les brindan a los narcomenudistas.
- Algunos proporcionan protección a delincuentes dedicados al tráfico de personas (polleros).
- Algunos protegen a ladrones de bancos y de cajeros automáticos.
- Algunos elementos protegen el descenso de aeronaves que trasladan enervantes.
- Algunos fungen como escolta de los principales líderes del narcotráfico.
- Algunos alquilan sus patrullas para el traslado de droga.
- Algunos funcionarios que recientemente en un aseguramiento importante de mariguana en el municipio de Ensenada, BC, participaron en coordinación con personal militar, no sólo en el manejo de la información, sino también en la localización de la droga, mismos que posteriormente solicitaron a las autoridades militares que no fueran a mencionarse sus nombres, por lo que debido a esto y también por otras razones, se les perdió la confianza.
- Funcionarios que buscan ostentar el poder para favorecer a las organizaciones criminales, como es el caso de su asesora, a quien se le relaciona con una gran cantidad de irregularidades, que han perjudicado a la sociedad, relacionándola también con una organización denominada "El Comando Negro" que operaba en Ensenada, BC.
- Algunos elementos que extorsionan a la población y además cobran cuotas a los ladrones de vehículos y vendedores de partes robadas de los mismos.
- Agentes y peritos que modifican escenas del crimen y desaparecen pruebas, para evitar el esclarecimiento de los delitos y favorecer a los delincuentes.
- Funcionarios encargados de la administración y procuración de justicia que realizan una mala integración de las averiguaciones previas para evitar la consignación de los detenidos o favorecerlos durante su proceso judicial.
- Irregularidades que se cometen en los ceresos cotidianamente.
Por lo anteriormente expuesto espero haber dado respuesta a la petición del C. Procurador general de justicia del estado, esperando que se adopten las medidas correspondientes para continuar las acciones de depuración y se evite la comisión de delitos, por parte de elementos de las instituciones o corporaciones encargadas de velar por la seguridad, el orden, la paz pública y la procuración de justicia.
Señor director:
Aprovecho el espacio que me brinda su periódico, para hacer del conocimiento de la sociedad de Baja California, que el personal de la II Región Militar, continuará cumpliendo con las órdenes giradas por el señor Presidente de la República y del señor Secretario de la Defensa Nacional , para enfrentar con decisión, perseverancia, eficacia y honestidad, las actividades relacionadas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; además, se mejorará la coordinación con Policía Estatal Preventiva, los mandos de las policías municipales, así como con los nuevos comandantes de la Policía Federal , con la finalidad de tener mejores resultados en el combate a la delincuencia organizada, haciendo mención que recientemente se estableció comunicación con el C. Gobernador del Estado y con los CC. Secretario de gobierno y de Seguridad Pública de esta entidad federativa, para establecer. Las medidas que permitan enfrentar con éxito las actividades delictivas.
Por las atenciones prestadas le hago presente. Mi agradecimiento, quedando de usted su atento y seguro servidor.
El General de División DEM
Sergio Aponte Polito
Agradezco la gentileza que me brinda el director del periódico "EL MEXICANO", para poder utilizar el mismo espacio donde se publicó la petición que formuló el Lic. Rommel Moreno Manjarrez, procurador general de Justicia del estado, respecto al ofrecimiento de pruebas que demuestren la corrupción en la que incurren algunos elementos de ciertas corporaciones policiales de esta entidad federativa.
Señor Procurador:
Inicialmente, hago de su conocimiento que soy un militar que durante toda mi carrera profesional, me he esmerado en realizar mis actividades con entusiasmo, responsabilidad, eficiencia y honestidad; pero además, en mi contacto con la sociedad, expreso mis ideas con claridad, veracidad y entereza; motivo por el cual, me he ganado la confianza y respeto de mis compañeros de armas; así como la credibilidad y apoyo de la población civil, sobre todo en las acciones realizadas contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad, debido a que son actividades que causan graves daños a la sociedad mexicana; por lo antes señalado, el hecho de no dar respuesta a su solicitud dañaría severamente la credibilidad que he obtenido debido a muchos años de esfuerzo, privaciones y riesgos.
En tal orden de ideas y en relación a la petición que usted formuló por conducto de los medios de comunicación, le menciono que ésta fue tardía, desconcertante e innecesaria, ya que una semana antes, en una ceremonia de incineración de enervantes, el suscrito, informó a la sociedad de Baja California, los resultados excelentes que el personal de la II Región Militar ha obtenido en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada, mencionando entre otros datos que en el año 2007, fueron aseguradas 399 toneladas con 481 kilos de mariguana; 2 mil 723 kilos de cocaína; 251 de heroína; 223 de cristal; 467 vehículos y 595 armas de fuego. Asimismo, fueron puestos a disposición de las autoridades federales, 570 individuos por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego; igualmente, en los primeros meses del presente año, se han asegurado: 72 toneladas con 257 kilos de mariguana; 222 kilos de cocaína; 3 de cristal; 15 de metanfetamina; 398 vehículos; 528 armas de fuego; y se han puesto a disposición de las autoridades federales, 392 personas detenidas en flagrancia por diversos delitos.
Finalmente hice mención, que para obtener mejores resultados en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, se debería continuar agilizando e impulsando las acciones para sanear algunas corporaciones policiacas, con el objeto de evitar que mediante la impunidad, se sigan desarrollando actividades delictivas en perjuicio de la sociedad, ya que desde la administración anterior, se han venido incrementando como se demuestra en las estadísticas contenidas en el Programa Integral de Seguridad Pública del Estado de Baja California, mismas que revelan que la institución que usted representa, es la responsable de investigar y aportar las pruebas para evitar que mensualmente se sigan robando en Baja California 2,682 vehículos, de los cuales el municipio de Tijuana resalta con 1,860 robos de automotores; Mexicali 484; Ensenada 192; Playas de Rosarito 77 y Tecate 69; también, le corresponde investigar los 1,120 robos mensuales a casas habitación que se registran en el estado y que repercuten en el patrimonio de 437 familias de Tijuana; 276 de Mexicali; 128 de Ensenada; 26 de Playas de Rosarito y 56 de Tecate.
A su dependencia le corresponde investigar y esclarecer los 255 homicidios violentos que se registraron en Baja California durante el año 2007 y los 123 que se han presentado en lo que va del presente año, así como los numerosos secuestros y "levantones" que tanto daño hacen a la sociedad de Baja California.
Con relación a su petición, de ofrecer pruebas de la corrupción y participación de ciertos integrantes de las corporaciones policiacas con el crimen organizado y otros ilícitos, no omito manifestarle que a pesar de que constitucionalmente, la función de investigar los delitos, perseguir a los delincuentes y la de aportar pruebas para la consignación de los probables responsables, corresponde a otras instancias, principalmente a la que usted representa; también, le expreso que durante las detenciones que en flagrancia ha efectuado el personal militar a mi cargo y de la información que se ha obtenido directamente de los probables responsables de hechos delictivos al momento de ser asegurados, se tienen datos suficientes, que ponen de manifiesto vertientes para iniciar la investigación correspondiente y que debieran ser tomadas en cuenta para combatir la delincuencia. Siendo estas sólo algunas:
A. El 02 de marzo del 2008, el personal militar en atención a una denuncia ciudadana, respecto a hechos delictivos que se desarrollaban en una casa de seguridad ubicada en calle Jícama No. 546, fraccionamiento Villa Floresta, delegación La Presa , Tijuana, B. C., se registro un intercambio de disparos en donde posteriormente elementos militares liberaron a una persona que mantenían secuestrada; asimismo, resultó muerto un delincuente de nombre Juan Alberto Becerra Trujillo y se detuvo a Mario Montemayor Covarrubias (a) "El Abuelo"; en el lugar de los hechos se aseguraron 4 vehículos; 16 armas largas; 2 armas cortas; 75 cargadores; así como equipo táctico policial, siendo puesto a disposición del A.M.P.F., donde se integró la indagatoria A.P./PGR/B.C./TIJ/03/08-M-lll, en la que se tiene conocimiento que el indiciado declaró que José Heredia González, jefe del Grupo Antisecuestros de la Subprocuraduría contra el Crimen Organizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Tijuana, B. C., junto con los agentes ministeriales Marco Javier Luján Rosales y Arturo Quetzalcóatl Vargas Zermeño, pertenecientes al mismo Grupo Antisecuestros y el policía municipal de Tijuana, Gustavo Adolfo Rodríguez Magaña, eran los encargados de realizar secuestros y llevar a los plagiados a la casa de seguridad que estaba a su cargo, donde personalmente "El Abuelo" se los recibía, para que posteriormente estos policías ministeriales, realizaran las negociaciones para el cobro del rescate; incluso; cabe resaltar que como titular y responsable del Grupo Antisecuestros se encontraba el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, quien actualmente funge como su asesor en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
¿Qué decepción causa saber que quienes tienen la encomienda de procurar hacer cumplir la ley, sean los que la vulneran por tener vínculos con la delincuencia organizada?
B. El 18 dic. 2007, con motivo del atentado en contra del Cap. Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, B.C., donde resultó muerto el agente Guillermo Castro Corona, quien formaba parte de su escolta y herido el agente Leonel Pizaña Brit, fueron señalados los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal José Inés Lucas Rodríguez, José Luis Lugo Báez (detenido después por personal militar el 01 feb. 2008 por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos), Marco Antonio Arias Hernández, José Luis Ballesteros Sánchez; César Beltrán Saldívar; Eduardo Bustos Ramírez; Carlos Peraza Gerardo (detenido con dos personas más el 3 de abril del 2008 por personal de la PEP ; asegurándole 7 armas largas y equipo táctico policial); Manuel Miguel Díaz Ayala; Júnior Ernesto Escobar Kigner; Karlo Omar Herrera Sánchez y Mario Alberto Herrera Sánchez, quienes en contubernio con algunos policías municipales de Tijuana, B.C,, mantienen vínculos con los líderes del crimen organizado y también se dedicaban al secuestro, "levantones", homicidios, así como dar protección al narcomenudeo, principalmente en la delegación Primo Tapia de Playas de Rosarito; es conveniente señalar además, que algunos de ellos planearon y llevaron a cabo la agresión en contra del capitán Montero; por su parte, la Procuraduría General de la República atrajo las indagatorias en contra de los señalados, al considerarlos probables responsables de los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, cuyas investigaciones y en especial las de pruebas de balística, revelaron que en tal atentado se utilizaron 22 diferentes armas de fuego, mismas que fueron empleadas en otros eventos violentos suscitados en el estado, siendo los siguientes:
- El 19 dic. del 2006, el homicidio de Fernando Terán Álvarez y Noé Ríos Ortega, agentes de la PEP.
- El 22 sep. del 2007, el homicidio de Carlos Horacio Morales Méndez, agente de la PEP , y de Micael Rodríguez Hernández.
- El 30 oct. del 2007, en el enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Federal Preventiva con integrantes de la organización "Arellano Félix" en el negocio "Mariscos Godoy" ubicado en Tijuana, B.C.
- El 04 Dic. del 2007, el homicidio de José Juan Soriano Pereyra, comandante de la Policía Municipal de Tecate.
- El 14 Ene. del 2008 en Tijuana, B.C., asalto a un camión de valores.
¿En manos de quién está la seguridad de Baja California?
C. El 09 de feb. del 2008 y debido a la coordinación e intercambio de información que se tiene con la Policía Estatal Preventiva, se tuvo conocimiento que después de una persecución; fue detenido en Tijuana, B.C., por elementos de dicha coorporación policial, Miguel Ángel Castillo Belmontes, agente de la Policía Ministerial del Estado, a quien se le aseguró una arma de fuego calibre 9 mm . marca Browning, un cargador con 10 cartuchos útiles, dos celulares, un radio nextel, una camioneta con la serie alterada, así como una bolsa que contenía en su interior cocaína, dos días después fue puesto en libertad y públicamente se mencionó que no era cocaína y que el vehículo era legal, situación por demás irregular, ya que se tuvo conocimiento que al "correr" la serie del citado automotor, se encontraba alterada y de acuerdo a información confidencial la cocaína entregada por el director de la Policía Estatal Preventiva a las autoridades judiciales del estado fue cambiada por otra sustancia, lo que motivo su libertad cuando el asunto fue turnado a la Procuraduría General de la República.
¿Qué interés de proteger a un presunto delincuente?
D. El día 08 de enero de 2008, esta comandancia de Región Militar, mediante oficio No. 022, hizo del conocimiento que: José Antonio Rodríguez Uribe, agente de la Policía Ministerial del Estado, con base en Tecate, BC, le ofreció al Cap. 1/o. de Infantería retirado Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, BC, ayudarlo a controlar la plaza y pactar con los líderes de la delincuencia organizada, con el fin de mantener el control de las bandas de secuestradores, asaltos a casa habitación y robo de vehículos, con la condición de que gestionara la salida del personal militar y de la Policía Federal Preventiva del municipio.
Por otra parte, es conveniente mencionar que los funcionarios de la Policía Municipal de Tijuana que desempeñaron los cargos más importantes en la administración anterior, constantemente hacen invitaciones al teniente coronel Julián Leyzaola, actual director de la Policía Municipal de Tijuana, para tener "pláticas de acercamiento", a lo cual, el teniente coronel no ha aceptado; por lo anteriormente señalado se hace del conocimiento que los directores de seguridad pública de procedencia militar no pactarán con la delincuencia sino que continuarán trabajando en beneficio de la sociedad de Baja California.
¿Qué decepción?
E. El día 03 de mayo del 2007, en diversos medios de comunicación a nivel nacional, se difundió un video donde el ahora occiso José Ramón Velásquez Molina, quien fuera agente de la Policía Ministerial del Estado, señaló a quien en ese entonces se desempeñaba como procurador general de Justicia del estado (Antonio Martínez Luna) junto con otros funcionarios entre estos: Martín Guzmán Montelongo (a) "El Caballo", Macario Nacay Jiménez, Hernando Villegas Delgado, Valente Tízoc Núñez Soto, Alejandro Ruiz Chaparro, Adolfo Roa Lara y Jaime Arroyo Flores, José Salas Espinoza entre otros, la mayoría pertenecientes a esa institución a su cargo, como responsables de dar protección a las organizaciones criminales, no omitiendo mencionar que el nulo avance de las investigaciones sobre la información aportada en el video, ha originado que algunos integrantes de "La Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzosas y la Impunidad , AC", se manifiesten públicamente para exigir que se esclarezcan las desapariciones de sus hijos, esposos y otros familiares, así como realizar por propia cuenta las investigaciones que a esa dependencia le corresponde; igualmente, algunos agraviados han hecho saber en forma personal al suscrito de la información que disponen, así como de la forma déspota e intimidatoria con la que fueron tratados por el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, ex subprocurador de la Unidad Especializada Antisecuestros en Tijuana, BC y actualmente su asesor, para persuadirlos a no poner sus demandas; por cierto, el comandante de la Policía Ministerial Macario Nacay Jiménez señalado anteriormente por sus vínculos con la delincuencia organizada, asistía en representación de esa dependencia a su cargo a las Juntas de Coordinación de Seguridad Pública, en donde se enteraba de los asuntos y acuerdos establecidos.
¿Qué confianza se puede tener en ciertos funcionarios?
F. El 06 de febrero del presente año, en oficio número 124, se remitió información, a la primera autoridad administrativa de este municipio, en donde se hace del conocimiento que en denuncias ciudadanas, se menciona que Leocadio Núñez Meza (a) "Locadio" (hoy occiso), pertenecía a la Policía Municipal de Mexicali, B.C., trabajaba para la organización "Arellano Félix", en coordinación con el comandante y 2/o. Cmte. de la Base de Intercepción Aérea de la P.G .R. (conocidos como "El Conejo" y "Cristian") y con el Lic. David Flores Valenzuela, recibiendo una cuota mensual de 4 a 5 mil dólares para apoyar los descenso de aeronaves cargadas de drogas, así como abrirles el paso durante el traslado de enervantes hacia EU y que en esta actividad también participaba José Fernando Funes López (a) "El Fune", oficial de la DSPM de Mexicali, inmediato superior del C. Cmte. "Locadio", quienes desde la pasada administración se han dedicado a actividades ilícitas, llegando a cargar las patrullas con enervantes, en complicidad con sus superiores Jesús Samanias y Salas; por cierto, cabe mencionar que recientemente se suicidó el ex subcomandante Leocadio Núñez al reconocer su participación en los hechos delictivos.
G. El 13 nov. 2007, durante la carrera "Baja-1000", se desplomó un helicóptero Bell-206-A1 sobre la carretera federal No. 3, tramo Ensenada-San Felipe, BC, a inmediaciones del valle de San Matías, falleciendo el piloto Israel Romo Reyes y Pablo González y resultando dos personas lesionadas, posteriormente a las 20:30 hrs., del día siguiente una persona que se identificó como Miguel Cortez Nuño y ser subinspector de la PFP División Caminos, pidió a las autoridades del fuero común, que le liberaran el cuerpo de Pablo González G., quien meses después las autoridades federales confirmarían que se trataba de Merardo León Hinojosa (a) "El Abulón", por cierto, Miguel Cortez Nuño, subinspector de la PFP División Caminos asistía a las Juntas de Coordinación del Grupo Baja California y se enteraba de todos los asuntos tratados.
¿Cuántos elementos podrían tener vínculos con la delincuencia organizada?
H. El 19 abr. del presente año, se tuvo conocimiento que Mario Alejandro Ramírez Dueñas, empleado en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, en contubernio con el agente del Ministerio Público del orden común de la Agencia Especializada de Robos de Vehículos y policías ministeriales, se encuentran vinculados con bandas dedicadas al robo de vehículos, siendo su modo de operar el siguiente: los vehículos son robados en los Estados Unidos de América e ingresados a nuestro país, posteriormente son presentados en la Unidad de Robo de Vehículos, en donde se extiende una constancia de no robo, aun cuando éstos cuenten con el reporte respectivo en el extranjero; posteriormente referidos automotores son empeñados en diferentes casas; de lo anterior existen como pruebas las constancias: No. 0055/31155 de fecha 4 de enero del 2008, firmada por el agente del Ministerio Público del orden común, adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos, Lic. Ezequiel García Torres. Firmando también como inspector López Rivera José, y la No. 0568/387542 de fecha 7 de marzo del presente año, firmada por el agente del Ministerio Público del orden común, adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos, Lic. Norma Alicia Gutiérrez Sevilla, firmando también como inspector Armando Serrano Quintero.
¿Esto no es corrupción?
I. Recientemente personal de la Procuraduría General de la República aseguró en la ciudad de Mexicali, BC, a una persona con más de 300 kilogramos de mariguana, siendo trasladado a las instalaciones de la subdelegación de la Procuraduría General de la República, donde posteriormente llegaron 4 elementos pertenecientes a la Policía Ministerial del Estado a tratar de liberar al detenido y la droga.
Es conveniente mencionar que existe un video que prueba estos hechos delictivos, motivo por el cual las autoridades pertenecientes a la subdelegación de la PGR pusieron la demanda correspondiente.
J. El día 5 de sep. del 2007, fueron ejecutados con armas largas, en el estacionamiento del centro comercial Wal Mart de Mexicali, Jorge Rodríguez Mundo y Jorge David Carreón Valdez, comandante el primero y efectivo el segundo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Cabe mencionar que a mediados del mes de diciembre de 2007 se presentó en este CG una persona, de la cual se reserva su nombre por seguridad, para hacer del conocimiento que la ejecución antes mencionada se debió a que ambas autoridades se apropiaron de 100 mil dólares de gente de la organización de los "Arellano Félix".
K. El 04 ene. 2008, los agentes de la DSPM de Tijuana, al atender un reporte del C-4 sobre una privación ilegal de la libertad de una persona, en el centro comercial "Las Palmas" en la delegación de La Mesa , Tijuana, BC, detuvieron a José Gálvez Rodríguez, agente activo de la AFI. Un día después y derivado de las declaraciones, son detenidos Erasmo Florentino Trujado Sánchez y Evaristo Morales Pérez, agentes de la misma corporación, por su participación en el plagio de un empresario, haciendo la aclaración que el agente Morales Pérez fue asesinado por un interno del Cereso de La Mesa , Tijuana, BC, el día 31 de marzo del 2008, lo cual impidió que ampliara la declaración de los hechos en la diligencia judicial que ya estaba programada.
¡Qué desgracia para la sociedad de Baja California!
L. De otras corporaciones no se mencionan los actos de corrupción debido a la reseña que han hecho algunos medios de comunicación, así como el espacio tan grande que ocuparían en este periódico.
Señor Procurador:
Finalmente, le hago de su conocimiento que, debido a la confianza que la sociedad le tiene al Ejército, actualmente las unidades militares de la II Región Militar disponen, aproximadamente de 2000 denuncias ciudadanas, en donde algunas señalan hechos de corrupción por parte de empleados y funcionarios que engañan y abusan de la ignorancia, pobreza y debilidad de la gente, para seguir enriqueciéndose y perjudicando a los ciudadanos en su vida, integridad, salud, patrimonio y bienestar; pero como este no es el tema que nos corresponde, sino el de las denuncias referentes a actos de corrupción que cometen algunos elementos de las corporaciones policíacas por lo que mencionaré entre otras, las siguientes denuncias ciudadanas:
- Algunos acuden quincenal y mensualmente a las narcotienditas a cobrar sus cuotas por la protección que les brindan a los narcomenudistas.
- Algunos proporcionan protección a delincuentes dedicados al tráfico de personas (polleros).
- Algunos protegen a ladrones de bancos y de cajeros automáticos.
- Algunos elementos protegen el descenso de aeronaves que trasladan enervantes.
- Algunos fungen como escolta de los principales líderes del narcotráfico.
- Algunos alquilan sus patrullas para el traslado de droga.
- Algunos funcionarios que recientemente en un aseguramiento importante de mariguana en el municipio de Ensenada, BC, participaron en coordinación con personal militar, no sólo en el manejo de la información, sino también en la localización de la droga, mismos que posteriormente solicitaron a las autoridades militares que no fueran a mencionarse sus nombres, por lo que debido a esto y también por otras razones, se les perdió la confianza.
- Funcionarios que buscan ostentar el poder para favorecer a las organizaciones criminales, como es el caso de su asesora, a quien se le relaciona con una gran cantidad de irregularidades, que han perjudicado a la sociedad, relacionándola también con una organización denominada "El Comando Negro" que operaba en Ensenada, BC.
- Algunos elementos que extorsionan a la población y además cobran cuotas a los ladrones de vehículos y vendedores de partes robadas de los mismos.
- Agentes y peritos que modifican escenas del crimen y desaparecen pruebas, para evitar el esclarecimiento de los delitos y favorecer a los delincuentes.
- Funcionarios encargados de la administración y procuración de justicia que realizan una mala integración de las averiguaciones previas para evitar la consignación de los detenidos o favorecerlos durante su proceso judicial.
- Irregularidades que se cometen en los ceresos cotidianamente.
Por lo anteriormente expuesto espero haber dado respuesta a la petición del C. Procurador general de justicia del estado, esperando que se adopten las medidas correspondientes para continuar las acciones de depuración y se evite la comisión de delitos, por parte de elementos de las instituciones o corporaciones encargadas de velar por la seguridad, el orden, la paz pública y la procuración de justicia.
Señor director:
Aprovecho el espacio que me brinda su periódico, para hacer del conocimiento de la sociedad de Baja California, que el personal de la II Región Militar, continuará cumpliendo con las órdenes giradas por el señor Presidente de la República y del señor Secretario de la Defensa Nacional , para enfrentar con decisión, perseverancia, eficacia y honestidad, las actividades relacionadas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; además, se mejorará la coordinación con Policía Estatal Preventiva, los mandos de las policías municipales, así como con los nuevos comandantes de la Policía Federal , con la finalidad de tener mejores resultados en el combate a la delincuencia organizada, haciendo mención que recientemente se estableció comunicación con el C. Gobernador del Estado y con los CC. Secretario de gobierno y de Seguridad Pública de esta entidad federativa, para establecer. Las medidas que permitan enfrentar con éxito las actividades delictivas.
Por las atenciones prestadas le hago presente. Mi agradecimiento, quedando de usted su atento y seguro servidor.
El General de División DEM
Sergio Aponte Polito
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