Algunas precisiones al articulo de Mario Vargas Llosa en elpais.com http://www.elpais.com/articulo/opinion/Estado/elpepuopi/20100110elpepiopi_11/Tes
“Hace algún tiempo escuché al presidente de México, Felipe Calderón, explicar a un grupo reducido de personas, qué lo llevó hace tres años a declarar la guerra total al narcotráfico, involucrando en ella al Ejército. Esta guerra, feroz, ha dejado ya más de quince mil muertos, incontables heridos y daños materiales enormes.”
Se le asigna a la lucha contra el narcotráfico una cifra de muertos (15 mil) sin mencionar que el fenómeno causa un numero similar de bajas aun cuando no se le combate. Seria interesante una comparación con la estadística de otros años y sexenios para que esta cifra cobrara relevancia.
“Esta política de Felipe Calderón que, al comienzo, fue popular, ha ido perdiendo respaldo a medida que las ciudades mexicanas se llenaban de muertos y heridos y la violencia alcanzaba indescriptibles manifestaciones de horror. Desde entonces, las críticas han aumentado y las encuestas de opinión indican que ahora una mayoría de mexicanos es pesimista sobre el desenlace y condena esta guerra…..Al narcotráfico no se le debe enfrentar de manera abierta y a plena luz, como a un país enemigo: hay que combatirlo como él actúa, en las sombras, con cuerpos de seguridad sigilosos y especializados, lo que es tarea policial.”
Estos dos párrafos están intrínsecamente ligados: ¿como puede un ciudadano calificar una guerra de ganadora o perdedora? ¿Como se puede evaluar una estrategia de largo plazo en 3 años? El narcotráfico tiene en la violencia un arma de propaganda y la utiliza para crear este sentimiento de zozobra del Estado. Este a su vez no puede mostrar sus cartas sin comprometer su misión. Es pues un caso de guerra asimétrica que es fértil a la especulación de los que viven de comentar y no de dar soluciones.
“Muchos de estos críticos no dicen lo que de veras piensan, porque se trata de algo indecible: que es absurdo declarar una guerra que los cárteles de la droga ya ganaron. Que ellos están aquí para quedarse. Que, no importa cuántos capos y forajidos caigan muertos o presos ni cuántos alijos de cocaína se capturen, la situación sólo empeorará. A los narcos caídos los reemplazarán otros, más jóvenes, más poderosos, mejor armados, más numerosos, que mantendrán operativa una industria que no ha hecho más que extenderse por el mundo desde hace décadas, sin que los reveses que recibe la hieran de manera significativa.”
El argumento derrotista: “No hay que combatirlo porque es una guerra perdida al aprehender a uno surge otro.” Tampoco tiene bases claras. Si así fuera dejaríamos de perseguir todos los delitos patrimoniales y el homicidio con el argumento que “siempre habrá ladrones y siempre habrá asesinos” No creo que sea una opción debilitar al estado claudicando en una lucha que es ética y legal.
“En febrero de 2009, una Comisión sobre Drogas y Democracia creada por tres ex-presidentes, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, propuso la descriminalización de la marihuana y una política que privilegie la prevención sobre la represión. Éstos son indicios alentadores. La legalización entraña peligros, desde luego. Y, por eso, debe ser acompañada de un redireccionamiento de las enormes sumas que hoy día se invierten en la represión, destinándolas a campañas educativas y políticas de rehabilitación e información como las que, en lo relativo al tabaco, han dado tan buenos resultados.”
El argumento de legalizar la mariguana y utilizar esos recursos en campañas educativas y políticas de rehabilitación es un absurdo, puesto que no se necesitan menos elementos para combatir el trafico de otras substancias ilícitas. ( Si se deroga un delito del código penal disminuye la fuerza policial?). Otro absurdo es pensar que los narcotraficantes van a convertirse de un día a otro en empresarios que pagan impuestos. Cuando mucho generaremos un monopolio que seguirá utilizando la violencia para conseguir grandes ganancias.
“De hecho, en países como Holanda, donde se han dado pasos permisivos en el consumo de las drogas, el incremento ha sido fugaz y luego de un cierto tiempo se ha estabilizado. En Portugal, según un estudio del CATO Institute, el consumo disminuyó después que se descriminalizara la posesión de drogas para uso personal.”
Amsterdam es el ejemplo erróneo. Si bien se conoce a Amsterdam como una ciudad que en su momento toleró el expendio de drogas en locales controlados la tendencia actual es del cierre de estos establecimientos. Las autoridades dicen que la tolerancia a las drogas les ha traído mal turismo, criminalidad y paradójicamente más violencia.
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domingo, 10 de enero de 2010
martes, 6 de enero de 2009
Superan narcos mexicanos a colombianos en Panamá
Como un fenómeno de "migración criminal" fue como el fiscal Primero de Drogas de Panamá, José Abel Almengor, justificó el avance y desplazamiento de los traficantes colombianos a manos de los cárteles mexicanos.
El cártel de Sinaloa, es el que más presencia tiene en aquel país, pues su presencia en el narcotráfico en Panamá aumentó un 56 por ciento en 2008, lo que implica un desplazamiento de colombianos en el manejo ilegal de la droga, confirmó el fiscal Primero de Drogas.
Almengor señaló que las capturas de colombianos decrecieron en un 21 por ciento. Sin embargo, el funcionario dijo que el 68% de los detenidos son de nacionalidad panameña, el 13% colombianos y el 5% mexicanos, aunque el avance de éstos últimos fue el más significativo durante 2008.
El fiscal subrayó que el 80 por ciento de las sustancias ilícitas transportadas a Estados Unidos y Europa proviene de los denominados cárteles mexicanos de Sinaloa y el Golfo, en México. En total, 504 personas fueron detenidos por narcotráfico, según revela el sitio panameño, elsiglo.com
Asimismo, detalló que la lucha contra el narcotráfico ha sido reforzada en áreas márítimas y terrestres, y se traduce en la captura de jefes del narcotráfico y "tumbadores" (delicuentes locales que arrebatan la droga a mexicanos y colombianos) .
A panamá se le señaló como el sitio donde narcotraficantes se reunieron en octubre del año pasado para pactar negocios ilícitos. Además, también se realizaron detenciones importantes.
En 2008, fueron incautadas en este país 53,1 toneladas de drogas, unas siete toneladas menos que en 2007.
El cártel de Sinaloa, es el que más presencia tiene en aquel país, pues su presencia en el narcotráfico en Panamá aumentó un 56 por ciento en 2008, lo que implica un desplazamiento de colombianos en el manejo ilegal de la droga, confirmó el fiscal Primero de Drogas.
Almengor señaló que las capturas de colombianos decrecieron en un 21 por ciento. Sin embargo, el funcionario dijo que el 68% de los detenidos son de nacionalidad panameña, el 13% colombianos y el 5% mexicanos, aunque el avance de éstos últimos fue el más significativo durante 2008.
El fiscal subrayó que el 80 por ciento de las sustancias ilícitas transportadas a Estados Unidos y Europa proviene de los denominados cárteles mexicanos de Sinaloa y el Golfo, en México. En total, 504 personas fueron detenidos por narcotráfico, según revela el sitio panameño, elsiglo.com
Asimismo, detalló que la lucha contra el narcotráfico ha sido reforzada en áreas márítimas y terrestres, y se traduce en la captura de jefes del narcotráfico y "tumbadores" (delicuentes locales que arrebatan la droga a mexicanos y colombianos) .
A panamá se le señaló como el sitio donde narcotraficantes se reunieron en octubre del año pasado para pactar negocios ilícitos. Además, también se realizaron detenciones importantes.
En 2008, fueron incautadas en este país 53,1 toneladas de drogas, unas siete toneladas menos que en 2007.
martes, 22 de julio de 2008
Culiacán: imperio del miedo
No es una exageración que en ciudades como Culiacán, Juárez y Tijuana, entre muchas otras, el miedo ciudadano producto del narcotráfico ya supera a la confianza en la autoridad.
Ese fenómeno, según la ciencia política, es pariente cercano de la ingobernabilidad. Es decir, aquellas regiones del país donde existe una autoridad formal —cabildo, alcalde, congreso local y gobiernos municipal y estatal—, pero donde la fuerza, el control de las policías, el imperio del terror y el miedo lo tiene el narcotráfico.
¿Quién gobierna en una ciudad así? No las autoridades formales, porque no tienen el poder para defender bienes y vidas de ciudadanos frente al embate del narco. Y es que debemos entender que no son sinónimos autoridad formal y poder. Pero en el otro extremo, el del narco, se trata de un poder fáctico que tiene de su lado no sólo la violencia de facto, la fuerza armada, sino las características que hacen posible el terror. Sobre todo el miedo social.
Todos los días, desde hace años, en Culiacán, Juárez y Tijuana chocan el poder formal municipal y estatal con el del narco. De ahí se desprende no sólo una cauda interminable de muertos, sino un sentimiento que atrapa la conciencia ciudadana, y que la ciencia política llama desconfianza social en la autoridad, por un lado, y, por el otro, temor al poder emergente, el del narcotráfico. Y ese potaje espeso y difícil de tragar se llama ingobernabilidad.
¿Quién gobierna en Culiacán, Juárez y Tijuana, sólo tres de las ciudades en poder del crimen? Gobiernan a buena parte de los ciudadanos no el mandatario municipal o estatal en turno —amarillo, azul o tricolor—, sino el terror en calles; gobiernan los que matan a policías, jóvenes inocentes, rivales mafiosos, hijos de narcos. Gobierna el miedo, producto del terror, eficaz repelente a la confianza en la autoridad.
Y frente a la realidad de ciudades, pueblos, entidades con autoridad formal pero sin poder real frente al narcotráfico, nadie —desde el Presidente, pasando por sus secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa, el procurador general y menos el de Gobernación— puede venir a decirnos que el Estado va ganando la guerra al crimen.
Parecen olvidar que la delicada ecuación entre autoridad, poder, gobierno y gobernabilidad —la eficacia de la autoridad para ejercer el poder— sólo se mantiene a partir de una variable escasa pero infaltable: la confianza social. Ni Calderón, ni Mouriño, ni García Luna, ni el gabinete completo nos pueden decir que la lucha contra el crimen la va ganando esta administración —más allá de que se elevan el número de policías muertos, la ferocidad de la violencia y el rango de los asesinados—, cuando la percepción social es justo la contraria.
¿Por qué la sociedad cree que la batalla la pierde el Estado? Porque el miedo social producto del terrorismo desplegado por el narco gana terreno frente a la escasa eficacia de la autoridad. Resulta elocuente la encuesta de María de las Heras al respecto (Milenio, 21-07-08), que muestra que a mayor miedo social, mayor la percepción de que el narco va ganando la guerra. Y gana la guerra no sólo en el campo de batalla, con más policías y enemigos muertos, sino también la guerra mediática.
El gobierno de Calderón insiste, sin embargo, en que la estrategia es la correcta y que el Estado no va perdiendo la guerra. Lo más grave es que existen signos de que Calderón pudiera encaminarse a otro peligroso fenómeno del poder: el autoengaño, precepto de muy alto riesgo para un gobierno que se dice democrático, según especialistas del ejercicio del poder (Stoppino, Las formas del poder).
Es decir, frente al gravísimo problema del narco y la insistencia en que la estrategia desplegada es la correcta, el Presidente no estaría incurriendo en “una falsedad consciente” para engañar a los ciudadanos, sino en “una falsa conciencia” de lo que ocurre entre instituciones, poder formal y ciudadanos, enfrentados en una guerra sin tregua a un formidable poder fáctico, que se vale del narcoterrorismo y que tiene una ganancia envidiable: el miedo social colectivo.
Nadie duda del poder del crimen y el narco, ni cuestiona que deban ser atendidos por todas las instituciones del Estado, incluidos los partidos opositores a través de esa regla básica de la democracia que es la lealtad opositora; nadie cuestiona que se trata —como dijo Calderón— de una guerra larga y de alto costo en vidas. Pero tenemos el derecho a dudar de que en el primer círculo presidencial se tenga una “falsa conciencia” del tamaño del reto y de qué significa para ciudadanos indefensos como los de Culiacán, Juárez y Tijuana, entre otras ciudades. ¿Cuánto y hasta cuándo aguantará la gente? ¿Lo saben en Los Pinos?
Ese fenómeno, según la ciencia política, es pariente cercano de la ingobernabilidad. Es decir, aquellas regiones del país donde existe una autoridad formal —cabildo, alcalde, congreso local y gobiernos municipal y estatal—, pero donde la fuerza, el control de las policías, el imperio del terror y el miedo lo tiene el narcotráfico.
¿Quién gobierna en una ciudad así? No las autoridades formales, porque no tienen el poder para defender bienes y vidas de ciudadanos frente al embate del narco. Y es que debemos entender que no son sinónimos autoridad formal y poder. Pero en el otro extremo, el del narco, se trata de un poder fáctico que tiene de su lado no sólo la violencia de facto, la fuerza armada, sino las características que hacen posible el terror. Sobre todo el miedo social.
Todos los días, desde hace años, en Culiacán, Juárez y Tijuana chocan el poder formal municipal y estatal con el del narco. De ahí se desprende no sólo una cauda interminable de muertos, sino un sentimiento que atrapa la conciencia ciudadana, y que la ciencia política llama desconfianza social en la autoridad, por un lado, y, por el otro, temor al poder emergente, el del narcotráfico. Y ese potaje espeso y difícil de tragar se llama ingobernabilidad.
¿Quién gobierna en Culiacán, Juárez y Tijuana, sólo tres de las ciudades en poder del crimen? Gobiernan a buena parte de los ciudadanos no el mandatario municipal o estatal en turno —amarillo, azul o tricolor—, sino el terror en calles; gobiernan los que matan a policías, jóvenes inocentes, rivales mafiosos, hijos de narcos. Gobierna el miedo, producto del terror, eficaz repelente a la confianza en la autoridad.
Y frente a la realidad de ciudades, pueblos, entidades con autoridad formal pero sin poder real frente al narcotráfico, nadie —desde el Presidente, pasando por sus secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa, el procurador general y menos el de Gobernación— puede venir a decirnos que el Estado va ganando la guerra al crimen.
Parecen olvidar que la delicada ecuación entre autoridad, poder, gobierno y gobernabilidad —la eficacia de la autoridad para ejercer el poder— sólo se mantiene a partir de una variable escasa pero infaltable: la confianza social. Ni Calderón, ni Mouriño, ni García Luna, ni el gabinete completo nos pueden decir que la lucha contra el crimen la va ganando esta administración —más allá de que se elevan el número de policías muertos, la ferocidad de la violencia y el rango de los asesinados—, cuando la percepción social es justo la contraria.
¿Por qué la sociedad cree que la batalla la pierde el Estado? Porque el miedo social producto del terrorismo desplegado por el narco gana terreno frente a la escasa eficacia de la autoridad. Resulta elocuente la encuesta de María de las Heras al respecto (Milenio, 21-07-08), que muestra que a mayor miedo social, mayor la percepción de que el narco va ganando la guerra. Y gana la guerra no sólo en el campo de batalla, con más policías y enemigos muertos, sino también la guerra mediática.
El gobierno de Calderón insiste, sin embargo, en que la estrategia es la correcta y que el Estado no va perdiendo la guerra. Lo más grave es que existen signos de que Calderón pudiera encaminarse a otro peligroso fenómeno del poder: el autoengaño, precepto de muy alto riesgo para un gobierno que se dice democrático, según especialistas del ejercicio del poder (Stoppino, Las formas del poder).
Es decir, frente al gravísimo problema del narco y la insistencia en que la estrategia desplegada es la correcta, el Presidente no estaría incurriendo en “una falsedad consciente” para engañar a los ciudadanos, sino en “una falsa conciencia” de lo que ocurre entre instituciones, poder formal y ciudadanos, enfrentados en una guerra sin tregua a un formidable poder fáctico, que se vale del narcoterrorismo y que tiene una ganancia envidiable: el miedo social colectivo.
Nadie duda del poder del crimen y el narco, ni cuestiona que deban ser atendidos por todas las instituciones del Estado, incluidos los partidos opositores a través de esa regla básica de la democracia que es la lealtad opositora; nadie cuestiona que se trata —como dijo Calderón— de una guerra larga y de alto costo en vidas. Pero tenemos el derecho a dudar de que en el primer círculo presidencial se tenga una “falsa conciencia” del tamaño del reto y de qué significa para ciudadanos indefensos como los de Culiacán, Juárez y Tijuana, entre otras ciudades. ¿Cuánto y hasta cuándo aguantará la gente? ¿Lo saben en Los Pinos?
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