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lunes, 9 de febrero de 2009

Auge de espías en México

Sin legislación, protocolos ni transparencia que garanticen su legalidad y eficacia, las operaciones de infiltración, enfocadas en la seguridad pública, han ido convirtiéndose en actividades primordiales para los servicios secretos civiles y militares mexicanos, como parte de sus atribuciones de inteligencia. Funcionarios e información clasificada del Consejo de Seguridad Nacional confirman la relevancia que han adquirido en el gobierno calderonista los operativos encubiertos contra la delincuencia organizada, así como “individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos”. Podría ser el auge de los espías.

Servidores públicos consultados prefieren aludir anónimamente a los operativos encubiertos efectuados a últimas fechas por los servicios de inteligencia contra los cárteles del narcotráfico, debido a que las actividades encubiertas de los agentes secretos no están acotadas expresamente por la ley ni existen protocolos que permitan medir su eficacia ni garantizar que no saldrán de control. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada faculta a la Procuraduría General de la República para realizar operaciones de infiltración, pero no al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ni a las secretarías de Defensa y Marina.

Funcionarios de inteligencia militar entrevistados confirmaron en que el gobierno federal mantiene una agenda secreta que ha implicado este tipo de operaciones como parte de la estrategia para debilitar a las organizaciones de narcotraficantes.

Tal estrategia de inteligencia se basa en un documento reservado (que data de febrero de 2008) que guía la acción de los servicios de inteligencia para infiltrarse. Se titula Programa para la Seguridad Nacional; fue elaborado en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, y precisa “objetivos y líneas de acción” para el espionaje.

Algunos de los objetivos plasmados en ese documento implican que los organismos de inteligencia podrán hacer monitoreos para “detectar y acotar intentos de la delincuencia organizada”, y coadyuvar a “elevar el nivel de eficacia en la integración de averiguaciones previas” en el Ministerio Público, con “productos de inteligencia”.

Como parte del plan de acción del área de seguridad nacional del gobierno, que involucra al Cisen y las unidades de inteligencia de la Defensa y Marina, se ha decidido también, según el propio “Programa para la Seguridad Nacional”, “generar inteligencia en torno a individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos”.

Es público que el Cisen preside el recién formado Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y seguridad Internacional (Candesti), facultado para “prevenir, combatir y eliminar las amenazas de la proliferación de armas de destrucción masiva que pudieran vulnerar la seguridad nacional”. Pues bien, parte de esa agenda, según el programa citado, incluye además la orden de aumentar “el flujo y calidad de información aportada por agencias extranjeras” y “poner en marcha medidas de contrainteligencia”.



Nueva era de contrainteligencia

A falta de normas legales, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró hace años manuales confidenciales acerca del significado de las acciones de contrainteligencia y las facultades de sus oficiales en las operaciones. Por ejemplo, “Descubrir y neutralizar a toda persona, grupo o empresa que realice actividades contrarias al orden interno del país” es uno de los objetivos de esas operaciones, según el Manual de contrainteligencia de la Sedena, el cual precisa que las “unidades especializadas de contrainteligencia” (como son denominadas sus células de espías) están facultadas para “capturar a los agresores”, así como actuar “sobre cualquier estructura u organización”.

En la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, sostienen fuentes de inteligencia militar, se avanza en la reestructuración de la Sección Segunda, el área de las fuerzas armadas responsable de inteligencia. Este hecho exhibe esa lógica gubernamental.

En el Cisen, al área de Contrainteligencia se le facultó para realizar “operativos específicos” cuyo propósito es obtener información “a través de diversos medios”, según un documento interno elaborado hace seis años.

Pero lo importante es que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria facultó a este Centro para destinar parte de su presupuesto —que pasó de mil 300 millones el año pasado, a más de 2 mil 300 millones de pesos el actual— a la adquisición de equipo destinado a tareas contra el crimen organizado. Y que fue recontratado Joaquín Arenal, experto en operaciones encubiertas, quien en el sexenio foxista fue cesado como director de Investigación del Cisen por espionaje y por haber autorizado infiltrar al ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez. El actual director general, Guillermo Valdés, lo designó director de Contrainteligencia, una de las áreas que, según informes, intensificará sus actividades.



Acosta Chaparro “reloaded”

Funcionarios de inteligencia militar aseguraron que altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron un acuerdo con el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro para reorganizar la estructura del aparato de inteligencia. “Está muy cerca de la Sección Segunda”, sostiene un funcionario militar; “está asesorando en asuntos de narcotráfico y subversión”.

Testimonios recabados en los servicios de inteligencia militar y la Secretaría de la Defensa afirman que se solicitó la “colaboración” del veterano ante la insuficiencia de información en las áreas estratégicas de inteligencia, particularmente en expedientes relacionados con crimen organizado y seguimiento estratégico de grupos armados.

La crisis de calidad en la información de inteligencia sobre narcotráfico y guerrilla, así como el cambio generacional en la comunidad de inteligencia militar, que no ha implicado eficacia en operativos ni en los informes de espionaje, ha motivado una reorganización en los servicios secretos del Ejército. “Están reorganizando sus unidades de inteligencia en un contexto de presión por hacer más eficientes sus informes”, sostiene un funcionario.

El acuerdo con Acosta Chaparro implicaría su colaboración cercana en el diseño del nuevo esquema estratégico de inteligencia militar, en un contexto de hostilidades de los cárteles de la droga y el creciente número de bajas en del Ejército por enfrentamientos con narcotraficantes.

Este general, con experiencia de tres décadas en operativos sobre el terreno, entrenaría también a la nueva camada de oficiales de servicios secretos de las fuerzas armadas, a cambio de una reivindicación, la cual se hizo en un acto público el 23 de abril de 2007, en el Campo Militar Número Uno, en cuya prisión estuvo casi siete años bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico. En un comunicado sobre aquella ceremonia, la Defensa Nacional se refirió a Acosta Chaparro y demás militares con los que fue honrado, como “un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación”.

Acosta Chaparro es parte esencial de la reorganización de los servicios secretos del Ejército desde una posición que le permite invisibilidad, coinciden funcionarios de inteligencia militar.



Derechos en riesgo

Independiente de su ilegalidad en México, Carlos Resa Nestares, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, experto sobre crimen organizado, opina que “la infiltración es el mejor método de obtención de información” y que en el ámbito del crimen organizado “ha resultado una técnica que ha obtenido generosos réditos a la hora de desintegrar este tipo de grupos delictivos”; aunque al mismo tiempo la información no es útil, per se; “se necesita un proceso de elaboración que la convierta en pruebas condenatorias ante un juzgado”.

José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, expresa su preocupación por el incremento de las actividades encubiertas en un contexto de controles limitados y ambiguos, donde “pueden cometerse excesos y una eventual violación a los derechos humanos”.

viernes, 6 de febrero de 2009

Lo arrestan en EU; lo contrata México


Luego de violar la ley en Estados Unidos, fue "premiado" en México.

Se trata de Carlos Alberto Flores, un mando policiaco de Baja California que fue destituido de su cargo por la compra ilegal de armas en Arizona y ahora es jefe de inteligencia y espionaje de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En septiembre de 2007, cuando Flores era director de la Policía Estatal Preventiva, fue detenido al salir de una feria de armas en Phoenix con tres pistolas de 9, 40 y 45 milímetros y unos 500 proyectiles.

Lo acompañaban un oficial de la Policía estatal, Guillermo Valle Medina, y el ex capitán del Ejército José Santos Cortés González, quien se desempeñaba en ese momento como agente de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Flores fue acusado de conspiración y conducta dolosa por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) por violar una norma que prohíbe a extranjeros adquirir armas de fuego.

Tuvo que garantizar una fianza de 2 mil dólares para ser liberado.

En aquella ocasión, Tom Mangan, vocero de la ATF, dijo que los tres agentes mexicanos cruzaron la frontera de Calexico, California, en un vehículo policiaco y manejaron hasta Phoenix.

Los funcionarios afirmaron que estaban comprando armas para su uso personal y que acordaron con el vendedor mantener contacto para comprarle en el futuro.

Según un reporte oficial, elementos de Inmigración y Aduanas monitoreaban la exhibición y observaron cuando Cortés negociaba el precio de las armas con el vendedor.

Después, Flores y el agente Valle se encontraron con Cortés y continuaron comprando municiones y aditamentos para las armas.

"Es irónico que estamos recibiendo una gran cantidad de críticas en relación con nuestros esfuerzos para detener la marea de las armas ilegales, pero aquí tenemos a tres oficiales tratando de comprar armas de manera ilegal", denunció en aquella ocasión el funcionario de la ATF.

Una semana después del incidente en Phoenix, el jefe policiaco fue cesado por la Secretaría de Seguridad Pública bajacaliforniana.

Luego, a principios de 2008, estuvo unas semanas en la SSP federal como director "A" de Investigación en el Órgano Interno de Control.

Y ahora Flores rastrea a funcionarios del Gobierno federal.

El 15 de enero de 2009 fue nombrado director de análisis e integración de la Dirección General de Información e Integración de la SFP, con sueldo de 153 mil pesos al mes.

martes, 18 de noviembre de 2008

Determina SIEDO retener 48 horas a Herrera Valles

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) determinó retener por 48 horas al ex coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), Javier Herrera Valles, a quien investiga por la presunta recepción de pagos de grupos del crimen organizado.

Herrera Valles, quien ha criticado la gestión de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desde hace 10 meses , fue detenido ayer por una orden de localización y presentación, confirmó la PGR.

"Javier Herrera Valles se reservó su declaración ante los hechos que motivaron su presentación, por lo cual el fiscal decretó su detención por un plano de 48 horas, que puede ampliarse otras 48 con el fin de ampliar elementos de investigación y que, al final del término constitucional de su retención, se determine su situación jurídica", informó la PGR.

La familia del ex mando policiaco rechazó las acusaciones calificándolas de totalmente falsas y lamentando que Herrera Valles sea perseguido por "denunciar la corrupción y los malos manejos en la SSP".

"Nosotros no somos delincuentes y nos está tocando el acoso, no por decir la verdad nos van a tratar así", comentó Liliana Adame, esposa de Herrera Valle.

Eduardo Herrera, hijo del ex comisario y quien lo acompañaba al ser detenido, está por ingresar a las instalaciones de la SIEDO para entrevistarse con su padre mientras los abogados de la familia determinan la acción a seguir.

lunes, 13 de octubre de 2008

Atacan con granadas sede de SSP en Guadalajara

Desde un vehículo en movimiento, fueron lanzadas dos granadas hacia el edificio sede de la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad, que dejaron como resultado dos personas heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 22:50 horas del domingo, unos hombres arrojaron los artefactos desde un automóvil en movimiento, del que se desconocen mayores datos o las placas de circulación.

La explosión, ocurrida en las calles 16 de Septiembre y Ferrocarril, en el centro de Guadalajara, lesionaron a dos hombres, quienes fueron trasladados de emergencia a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja.

Hasta ahora se reportan daños materiales el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se rompieron algunos vidrios.

Además se reportan daños en la tienda departamental Coppel de la zona.

El impacto también afectó a un minibús de la Ruta 644 y un segundo camión que iba que sin pasajeros.

La acción provocó la movilización de los cuerpos de seguridad municipal y estatal.

miércoles, 23 de julio de 2008

Sinaloa, peor que en Iraq

Es tan grave el diagnóstico que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno federal tiene sobre la situación de violencia en Sinaloa, que en el número de víctimas pone al estado por encima de Irak. Tan grave que ya tiene decidido aceptarle a Estados Unidos apoyo en materia de inteligencia contra el crimen organizado.

Al tomar de parámetro aquella región del Medio Oriente, la SSP considera que en los frentes de guerra iraquíes mueren actualmente dos personas diarias, en promedio, mientras que en Sinaloa durante el mes de junio ocurrieron 4 homicidios en promedio al día.

Tiene sustento esa evaluación porque si se revisan los informes bélicos de aquel país, la agencia EFE informó que el pasado jueves 17 de julio, tres personas murieron y otras seis resultaron heridas; en Sinaloa, ese mismo día —uno de los más tranquilos de la jornada violenta— murieron tres personas en un fallido levantón ocurrido en la colonia Rubén Jaramillo y un vecino de la sindicatura de Eldorado fue encontrado ejecutado. Pero hay días que registran 18 asesinatos.

De acuerdo con información obtenida en la SSP, como una de las primeras acciones de colaboración del gobierno de Estados Unidos, dentro de la Iniciativa Mérida, se solicitará el envío de personal de Inteligencia de la Agencia Antidrogas y del Pentágono, para la localización de cabecillas e integrantes de los cárteles del narcotráfico.

La dependencia federal identifica deficiencias en el trabajo de inteligencia, las cuales han originado que el operativo Culiacán-Navolato, así como las acciones que se llevan a cabo en ciudades como Mazatlán y Guamúchil, sean deficientes y se cometan una serie de errores al recibirse datos falsos que indican la presencia de miembros de la delincuencia organizada, o casas de seguridad de éstos, en diferentes sectores urbanos.

Estados Unidos, que recomienda a sus turistas no viajar a Sinaloa durante este verano, aportaría agentes y tecnología, pero no tropas, para reforzar la guerra que el presidente Felipe Calderón le ha declarado al crimen organizado. El personal militar y antidrogas de EE. UU. estaría subordinado a los mandos del Ejército mexicano.

Aunque no se precisa desde qué fecha arribaría a Sinaloa el equipo estadounidense de inteligencia, se da como un hecho que suceda este mismo mes en que la situación de inseguridad se agrava. La SSP también considera que los integrantes del cártel de Sinaloa tienden a abandonar la entidad por la presión que ejercen sobre ellos el Ejército y las fuerzas federales de apoyo, sin embargo advierte que el enfrentamiento entre los grupos que encabezan Marcos (Arturo) Beltrán Leyva y Joaquín “El Chapo Guzmán” proseguirá.

La situación seguirá siendo complicada, tan grave que sería aventurado decir que a corto plazo volverá la tranquilidad, advierte la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno federal en un balance interno sobre el caso Sinaloa.

A ponerse las pilas

Lo que hay que definir, opina la senadora María Serrano, es cómo el gobierno va a enfrentar a organizaciones tan fuertes y tan pertrechadas, como aquellas que tienen a la población sinaloense sumida en el terror. “Es terrible lo que está ocurriendo y esto por ningún motivo puede seguir así. Es un hecho que los operativos no están dando resultados, que está faltando algo. Están ocurriendo cosas muy fuertes y peligrosas como son los coches-bomba que nos dicen que es la hora de poner en práctica todas las capacidades como sociedad y como Estado”, agrega.

La legisladora panista dice que ya basta de programas o estrategias que a cada rato cambian de nombre pero no la situación de inseguridad que afecta a los sinaloenses. “Es tiempo de revisarlo todo, de que rueden cabezas de funcionarios federales y estatales. Ya es hora de que el gobernador Jesús Aguilar Padilla se ponga las pilas. Esto es cada día más tormentoso. O le metemos el cien por ciento de ganas para que cese la ola de violencia, o dejamos el campo libre para que vengan otros a intentarlo”, dice.

Al señalar que los operativos no han dado los resultados esperados, aclara, tampoco propone que se deje abandonada la plaza sino rediseñar las acciones que en los hechos lleven a ganar esta guerra. “Se dejó crecer tanto al narcotráfico, durante décadas se le permitió fortalecerse, pero ya es tiempo de actuar en serio y con energía”.

Propone más labor de inteligencia, mayor compromiso de las autoridades federal y estatal y mayor apoyo a las policías locales porque es inadmisible, externa, que en un problema tan fuerte como el que vive Sinaloa por la violencia, los policías ministeriales paren labores en demanda de que sean atendidas sus demandas de equipamiento. “¿Cómo quiere el gobernador que con esas carencias participen en el combate a la delincuencia?”, cuestiona.

María Serrano adelanta que planteará en el Senado que se evalúen los operativos en contra del crimen organizado porque Sinaloa ya no puede continuar como está, porque aquí ni en sus casas se siente segura la gente. “Vamos a insistir en una total coordinación ya que no es posible que en algunos hechos de violencia la policía tarde hasta una hora para hacer acto de presencia. De plano el gobernador y su gabinete de seguridad tienen que ponerse las pilas ya”.

Los buenos y los malos

Para el senador Mario López Valdez sí hay salidas de este momento de crisis que se vive en el ámbito de la seguridad pública. “Las hay desde el momento en que somos muchos más los buenos que los malos. Si nos sumamos todos los sinaloenses de bien, vamos a ganar esta guerra”.

Lo preocupante de los operativos que se llevan a cabo en la entidad –considera– es que caigan más inocentes que delincuentes, que se hayan cometido abusos contra la población pacífica, que familias enteras estén siendo víctimas, que en los cateos se abuse o se atropelle, que aumente alarmantemente la cifra de muertos o que la sociedad padezca la psicosis de miedo.

—¿Y qué se debe hacer para que las cosas cambien? —Fortalecer al gobierno. Estar con él en todos los llamados que haga. Decirle a la Federación que desde que empezaron los operativos, el clima de inseguridad está peor. Que esto no puede seguir así y que ya debemos frenar omisiones, corruptelas, complicidades. —¿Tiene alguna medida para promover desde el Senado? —Yo no haré nada que el gobernador no me indique que tenga que hacer por el bien de los sinaloenses. Estoy en el equipo de México con la camiseta bien puesta y siempre dispuesto a trabajar, a aportar, a que hagamos lo mejor.

El senador priista coincide que en Sinaloa las cosas no están bien, como no lo están ni en Chihuahua ni en Tamaulipas. Se inclina por la adopción de medidas de fondo, de raíz en las estrategias de combate al delito. “En este país hemos hecho mal las cosas durante décadas y hoy tenemos que no se cumple con los niveles de calidad que requiere el mundo actual. Tampoco las familias están como hace 40 años en que los valores y la autoridad de los padres regían la formación de las personas”, reflexiona.

Esboza respuestas estructurales como el combate a la pobreza, atacar los niveles de impunidad en un país en que sólo dos de cada cien delitos se castigan, eficientar los sistemas de procuración e impartición de justicia pues la ley se puede negociar con el juez de barandilla, el Ministerio Público o un tribunal.

Se trata, puntualiza, de ver a largo plazo, de implementar medidas no sólo policiacas sino de atención a las causas de la criminalidad. “Ahí tenemos que Ernesto Zedillo puso en marcha un plan nacional de seguridad de alcance transexenal, pero vino Vicente Fox y le dio para atrás”.

El piso como refugio

Gravísimo. Con esa palabra define el diputado federal Juan Guerra la atmósfera de miedo y alarma que predomina en Sinaloa. Vino por unos días a Culiacán y al estar en una taquería algo tronó y la gente se tiró al suelo, apanicada.

Lo que se necesita, desde su punto de vista, es rediseñar el estado mexicano ya que en realidad no se está persiguiendo a los criminales, “más que perseguirlos, el gobierno actúa a la defensiva y va a los lugares en que los delincuentes hacen mayor daño”. “Lo que uno espera es que se pongan de acuerdo en el gobierno y se acabe esto. Por lo pronto, lamentablemente, no se ve alguna opción que diga que la situación de inseguridad va a ser superada. Los operativos no han disminuido el número de víctimas y tenemos más muertos que los que ocurren en la guerra de Irak”.


Insiste en que el estado mexicano debe asegurar más estabilidad, recurrir a la prevención, a la inteligencia, pero no se ve que eso ocurra.
—¿Y el gobierno de Jesús Aguilar Padilla hace lo que le corresponde en darles seguridad a los sinaloenses?— Mi percepción es que si el Gobierno federal está siendo rebasado, el Gobierno estatal con mucha mayor razón. Si aquí la misma policía se siente insegura, ¿cómo podemos sentirnos los ciudadanos? El diputado federal perredista externa que la sociedad debe organizarse, movilizarse y participar para obligar a que actúen las autoridades. “No es posible que todo mundo se tire al piso ante cualquier ruido. Esto no había sucedido nunca y ni debe seguir sucediendo”.

jueves, 26 de junio de 2008

Ejecutan a mando de PFP cercano a García Luna

Igor Labastida Calderón ex director de investigaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP) y actual comandante de esa corporación, fue asesinado junto con su escolta José María Ochoa en una cocina económica denominada Anita, en calzada México-Tacuba, entre las calles Lago Argentina y Lago San Martín, colonia Argentina Antigua.


Labastida Calderón era un personaje cercano a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, con quien colaboró en varias ocasiones.


Otras tres personas fueron trasladadas a hospitales al resultar heridas durante la ráfaga que desconocidos efectuaron contra estas personas mientras se encontraban comiendo.


Entre los lesionados se encuentra Humberto Torres y Heidi Hasel Cruz Osorio, quienes fueron trasladados al hospital español


Otra de las personas que resultaron heridas, de nombre Álvaro Pérez Mendoza, presuntamente falleció al ser trasladado a la Cruz Roja; otra versión refiere que sigue vivo.


En el lugar se encuentran elementos de la Policía Federal Preventiva así como del agrupamiento Zorros de la Secretaria Pública del DF y peritos de la Procuraduría Capitalina quienes en estos momentos están llevando a cabo el levantamiento de los cuerpos que quedaron al interior de esta fonda.


Por cuestiones periciales las autoridades de la procuraduría bajaron las cortinas del local mientras una cantidad importante de curiosos se encuentran en las inmediaciones del lugar.


A pesar de ello aunque no se ha interrumpido la circulación sobre la calzada de México-Tacuba.


Sufrió Igor Labastida ataque hace cinco años en Cuautitlán Izcalli


En el año 2003 Igor Labastida Calderón, sufrió un atentado contra su vida en Cuautitlán Izcalli, cuando era Director de Asuntos Especiales de la AFI, al ser baleado la madrugada de ese sábado cuando se dirigía a su casa.


Fuentes de la PGR informaron que Labastida Calderón viajaba en su camioneta cuando detectó dos vehículos que organizaban arrancones en avenida Naucalpan, en la colonia Cumbria.


Al acercarse para ver qué pasaba, uno de los automovilistas sacó una pistola y le disparó, hiriéndolo en pierna y hombro.


Viajaba acompañado por Jesús Antonio Allende, también elemento de la AFI .