Auge de espías en México

Sin legislación, protocolos ni transparencia que garanticen su legalidad y eficacia, las operaciones de infiltración, enfocadas en la seguridad pública, han ido convirtiéndose en actividades primordiales para los servicios secretos civiles y militares mexicanos, como parte de sus atribuciones de inteligencia. Funcionarios e información clasificada del Consejo de Seguridad Nacional confirman la relevancia que han adquirido en el gobierno calderonista los operativos encubiertos contra la delincuencia organizada, así como “individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos”. Podría ser el auge de los espías.

Servidores públicos consultados prefieren aludir anónimamente a los operativos encubiertos efectuados a últimas fechas por los servicios de inteligencia contra los cárteles del narcotráfico, debido a que las actividades encubiertas de los agentes secretos no están acotadas expresamente por la ley ni existen protocolos que permitan medir su eficacia ni garantizar que no saldrán de control. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada faculta a la Procuraduría General de la República para realizar operaciones de infiltración, pero no al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ni a las secretarías de Defensa y Marina.

Funcionarios de inteligencia militar entrevistados confirmaron en que el gobierno federal mantiene una agenda secreta que ha implicado este tipo de operaciones como parte de la estrategia para debilitar a las organizaciones de narcotraficantes.

Tal estrategia de inteligencia se basa en un documento reservado (que data de febrero de 2008) que guía la acción de los servicios de inteligencia para infiltrarse. Se titula Programa para la Seguridad Nacional; fue elaborado en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, y precisa “objetivos y líneas de acción” para el espionaje.

Algunos de los objetivos plasmados en ese documento implican que los organismos de inteligencia podrán hacer monitoreos para “detectar y acotar intentos de la delincuencia organizada”, y coadyuvar a “elevar el nivel de eficacia en la integración de averiguaciones previas” en el Ministerio Público, con “productos de inteligencia”.

Como parte del plan de acción del área de seguridad nacional del gobierno, que involucra al Cisen y las unidades de inteligencia de la Defensa y Marina, se ha decidido también, según el propio “Programa para la Seguridad Nacional”, “generar inteligencia en torno a individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos”.

Es público que el Cisen preside el recién formado Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y seguridad Internacional (Candesti), facultado para “prevenir, combatir y eliminar las amenazas de la proliferación de armas de destrucción masiva que pudieran vulnerar la seguridad nacional”. Pues bien, parte de esa agenda, según el programa citado, incluye además la orden de aumentar “el flujo y calidad de información aportada por agencias extranjeras” y “poner en marcha medidas de contrainteligencia”.



Nueva era de contrainteligencia

A falta de normas legales, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró hace años manuales confidenciales acerca del significado de las acciones de contrainteligencia y las facultades de sus oficiales en las operaciones. Por ejemplo, “Descubrir y neutralizar a toda persona, grupo o empresa que realice actividades contrarias al orden interno del país” es uno de los objetivos de esas operaciones, según el Manual de contrainteligencia de la Sedena, el cual precisa que las “unidades especializadas de contrainteligencia” (como son denominadas sus células de espías) están facultadas para “capturar a los agresores”, así como actuar “sobre cualquier estructura u organización”.

En la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, sostienen fuentes de inteligencia militar, se avanza en la reestructuración de la Sección Segunda, el área de las fuerzas armadas responsable de inteligencia. Este hecho exhibe esa lógica gubernamental.

En el Cisen, al área de Contrainteligencia se le facultó para realizar “operativos específicos” cuyo propósito es obtener información “a través de diversos medios”, según un documento interno elaborado hace seis años.

Pero lo importante es que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria facultó a este Centro para destinar parte de su presupuesto —que pasó de mil 300 millones el año pasado, a más de 2 mil 300 millones de pesos el actual— a la adquisición de equipo destinado a tareas contra el crimen organizado. Y que fue recontratado Joaquín Arenal, experto en operaciones encubiertas, quien en el sexenio foxista fue cesado como director de Investigación del Cisen por espionaje y por haber autorizado infiltrar al ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez. El actual director general, Guillermo Valdés, lo designó director de Contrainteligencia, una de las áreas que, según informes, intensificará sus actividades.



Acosta Chaparro “reloaded”

Funcionarios de inteligencia militar aseguraron que altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron un acuerdo con el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro para reorganizar la estructura del aparato de inteligencia. “Está muy cerca de la Sección Segunda”, sostiene un funcionario militar; “está asesorando en asuntos de narcotráfico y subversión”.

Testimonios recabados en los servicios de inteligencia militar y la Secretaría de la Defensa afirman que se solicitó la “colaboración” del veterano ante la insuficiencia de información en las áreas estratégicas de inteligencia, particularmente en expedientes relacionados con crimen organizado y seguimiento estratégico de grupos armados.

La crisis de calidad en la información de inteligencia sobre narcotráfico y guerrilla, así como el cambio generacional en la comunidad de inteligencia militar, que no ha implicado eficacia en operativos ni en los informes de espionaje, ha motivado una reorganización en los servicios secretos del Ejército. “Están reorganizando sus unidades de inteligencia en un contexto de presión por hacer más eficientes sus informes”, sostiene un funcionario.

El acuerdo con Acosta Chaparro implicaría su colaboración cercana en el diseño del nuevo esquema estratégico de inteligencia militar, en un contexto de hostilidades de los cárteles de la droga y el creciente número de bajas en del Ejército por enfrentamientos con narcotraficantes.

Este general, con experiencia de tres décadas en operativos sobre el terreno, entrenaría también a la nueva camada de oficiales de servicios secretos de las fuerzas armadas, a cambio de una reivindicación, la cual se hizo en un acto público el 23 de abril de 2007, en el Campo Militar Número Uno, en cuya prisión estuvo casi siete años bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico. En un comunicado sobre aquella ceremonia, la Defensa Nacional se refirió a Acosta Chaparro y demás militares con los que fue honrado, como “un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación”.

Acosta Chaparro es parte esencial de la reorganización de los servicios secretos del Ejército desde una posición que le permite invisibilidad, coinciden funcionarios de inteligencia militar.



Derechos en riesgo

Independiente de su ilegalidad en México, Carlos Resa Nestares, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, experto sobre crimen organizado, opina que “la infiltración es el mejor método de obtención de información” y que en el ámbito del crimen organizado “ha resultado una técnica que ha obtenido generosos réditos a la hora de desintegrar este tipo de grupos delictivos”; aunque al mismo tiempo la información no es útil, per se; “se necesita un proceso de elaboración que la convierta en pruebas condenatorias ante un juzgado”.

José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, expresa su preocupación por el incremento de las actividades encubiertas en un contexto de controles limitados y ambiguos, donde “pueden cometerse excesos y una eventual violación a los derechos humanos”.

Vende' la PFP aeropuerto... ¡al narco!

Altos mandos de la PFP habrían "vendido" al narcotráfico el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para que opere sin problemas el tráfico de drogas, motivo por el que son investigados por la PGR, confirmaron fuentes cercanas a las indagatorias.

Entre los investigados se encuentran Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP, presentado ayer ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Navarro es considerado el más cercano colaborador del Comisionado de la PFP, Víctor Gerardo Garay Cadena. Tiene grado de Comisario en Jefe y es el titular de Operaciones Especiales, área que atiende las peticiones de investigación de la propia Subprocuraduría.

Uno de sus subordinados, Édgar Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección Tercera (de operaciones) de la PFP, fue puesto a disposición de la SIEDO desde la semana pasada y arraigado por 40 días.

El propio comisionado Garay Cadena compareció el miércoles ante la Subprocuraduría y, según las fuentes, aún no abandona las oficinas de la dependencia.

El control del aeropuerto es estratégico para los grupos criminales, particularmente en la descarga de narcóticos de vuelos procedentes de Sudamérica, Europa y Asia, regiones productoras de cocaína y precursores químicos.

Los mayores aseguramientos de estas drogas en los aeropuertos del País se han dado en la terminal de la Ciudad de México, tanto en pista como en la zona de aduanas, y también se han detectado embarques de dinero a Colombia.

En la actual Administración, de acuerdo con cifras de la Policía Federal, han sido aseguradas en el AICM 10.5 toneladas de efedrina y pseudoefedrina, además de 2.1 toneladas de cocaína y 2.8 millones de dólares.

El 20 de octubre, día de la captura de Jesús Zambada García, "El Rey", la SIEDO llamó a declarar a tres testigos protegidos para que ratificaran sus señalamientos contra funcionarios de la PFP que, presuntamente, brindaban protección a las operaciones ilegales del Cártel de Sinaloa en el aeropuerto capitalino.

La Policía Federal inició esta semana la rotación de más de 500 elementos de la Coordinación de Seguridad Regional adscritos a los aeropuertos del País bajo su resguarda.

Dejan 7 muertos balaceras en Sonora

Tres enfrentamientos diferentes entre policías y presuntos pistoleros en Nogales, Sonora, dejaron un saldo de siete presuntos pistoleros muertos y tres heridos, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

La PGJE informó que la primera balacera se registró hoy a las 6:00 horas, tiempo local, cuando policías realizaban un operativo de vigilancia e intentaron revisar un vehículo.

El primer enfrentamiento se registró en la Avenida Tecnológico y Bulevar Colosio cuando un vehículo con varios hombres a bordo empezaron a disparar contra los policías que pretendían revisar otra unidad.

Los agentes mataron a uno de los agresores y lesionaron a uno más que se encuentra bajo custodia policíaca en el lugar donde recibe atención médica .

También los agentes estatales tuvieron un segundo enfrentamiento en las inmediaciones del Centro de Readaptación Social Número 1, donde los delincuentes lanzaron granadas sin lograr herir a los policías.

En el lugar, los delincuentes que viajaban en una camioneta Avalanche Chevrolet se impactaron contra el muro de concreto del Cereso 1, muriendo tres de ellos y dos más resultaron lesionados de gravedad.

Un tercer enfrentamiento se registró en la Avenida Obregón y el camino de acceso al Fraccionamiento Las Bellotas, cuando los agentes estatales se enfrentaron con los tripulantes del vehículo Dodge Durango, donde mataron a tres presuntos sicarios.

La Procuraduría reportó que se aseguraron varias armas de fuego, granadas, tres vehículos con el apoyo de los elementos del Ejército Mexicano y de la Policía federal.

Asesinan a balazos a jefe de la PFP en Sonora

Un comandante de la Policía Federal Preventiva fue asesinado a balazos la tarde de este jueves en esta capital.

El vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José Larrinaga Talamante informó que la víctima fue identificada como Armando Montoya Leal.

La ejecución se registró en la confluencia de las calles Quinta Elisa y Quinta Pequeña en la colonia Las Quintas, en el poniente de esta ciudad.

Según algunas versiones, Montoya leal contaba con 42 años de edad y recientemente había sido ascendido dentro de la corporación.

En lista, patrullas de la PF en taller

Al menos 11 presuntas patrullas de la Policía Federal, 5 de ellas para entrar a reparación, estaban en la lista de pendientes del taller Mega 2000 en la colonia Los Pinos, según información en poder de Noroeste.
Los mecánicos tenían un inventario de automóviles en el que destacaban las camionetas similares a las que usan agentes federales.
De hecho, al interior de ese inmueble, que hasta ayer permanecía sin resguardo oficial a pesar de los 9 asesinatos, quedaron dos de los vehículos supuestamente oficiales y otros siete automotores.
Desde el exterior del taller, que permanecía al medio día con la cortina semiabierta, se podían apreciar todavía los restos de sangre y aceite seco.
Los vecinos aseguraron que ninguna autoridad se presentó en el sitio para su resguardo. Sólo un helicóptero militar sobrevolaba la zona.
"En la mañana vino un señor a decir que allá dentro quedó su coche pero que no podía sacarlo", narró un habitante de la calle Río Ameca. Hasta el cierre de la edición el lugar seguía sin protección policiaca.

En la fila
Al menos 11 presuntas patrullas de la PF serían atendidas en el taller en el que ocurrió el multihomicidio.


A reparación
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Patrullas pendientes



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Ejecutan a mando de PFP cercano a García Luna

Igor Labastida Calderón ex director de investigaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP) y actual comandante de esa corporación, fue asesinado junto con su escolta José María Ochoa en una cocina económica denominada Anita, en calzada México-Tacuba, entre las calles Lago Argentina y Lago San Martín, colonia Argentina Antigua.

Labastida Calderón era un personaje cercano a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, con quien colaboró en varias ocasiones.

Otras tres personas fueron trasladadas a hospitales al resultar heridas durante la ráfaga que desconocidos efectuaron contra estas personas mientras se encontraban comiendo.

Entre los lesionados se encuentra Humberto Torres y Heidi Hasel Cruz Osorio, quienes fueron trasladados al hospital español

Otra de las personas que resultaron heridas, de nombre Álvaro Pérez Mendoza, presuntamente falleció al ser trasladado a la Cruz Roja; otra versión refiere que sigue vivo.

En el lugar se encuentran elementos de la Policía Federal Preventiva así como del agrupamiento Zorros de la Secretaria Pública del DF y peritos de la Procuraduría Capitalina quienes en estos momentos están llevando a cabo el levantamiento de los cuerpos que quedaron al interior de esta fonda.

Por cuestiones periciales las autoridades de la procuraduría bajaron las cortinas del local mientras una cantidad importante de curiosos se encuentran en las inmediaciones del lugar.

A pesar de ello aunque no se ha interrumpido la circulación sobre la calzada de México-Tacuba.

Sufrió Igor Labastida ataque hace cinco años en Cuautitlán Izcalli

En el año 2003 Igor Labastida Calderón, sufrió un atentado contra su vida en Cuautitlán Izcalli, cuando era Director de Asuntos Especiales de la AFI, al ser baleado la madrugada de ese sábado cuando se dirigía a su casa.

Fuentes de la PGR informaron que Labastida Calderón viajaba en su camioneta cuando detectó dos vehículos que organizaban arrancones en avenida Naucalpan, en la colonia Cumbria.

Al acercarse para ver qué pasaba, uno de los automovilistas sacó una pistola y le disparó, hiriéndolo en pierna y hombro.

Viajaba acompañado por Jesús Antonio Allende, también elemento de la AFI .