Sin legislación, protocolos ni transparencia que garanticen su legalidad y eficacia, las operaciones de infiltración, enfocadas en la seguridad pública, han ido convirtiéndose en actividades primordiales para los servicios secretos civiles y militares mexicanos, como parte de sus atribuciones de inteligencia. Funcionarios e información clasificada del Consejo de Seguridad Nacional confirman la relevancia que han adquirido en el gobierno calderonista los operativos encubiertos contra la delincuencia organizada, así como “individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos”. Podría ser el auge de los espías.
Servidores públicos consultados prefieren aludir anónimamente a los operativos encubiertos efectuados a últimas fechas por los servicios de inteligencia contra los cárteles del narcotráfico, debido a que las actividades encubiertas de los agentes secretos no están acotadas expresamente por la ley ni existen protocolos que permitan medir su eficacia ni garantizar que no saldrán de control. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada faculta a la Procuraduría General de la República para realizar operaciones de infiltración, pero no al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ni a las secretarías de Defensa y Marina.
Funcionarios de inteligencia militar entrevistados confirmaron en que el gobierno federal mantiene una agenda secreta que ha implicado este tipo de operaciones como parte de la estrategia para debilitar a las organizaciones de narcotraficantes.
Tal estrategia de inteligencia se basa en un documento reservado (que data de febrero de 2008) que guía la acción de los servicios de inteligencia para infiltrarse. Se titula Programa para la Seguridad Nacional; fue elaborado en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, y precisa “objetivos y líneas de acción” para el espionaje.
Algunos de los objetivos plasmados en ese documento implican que los organismos de inteligencia podrán hacer monitoreos para “detectar y acotar intentos de la delincuencia organizada”, y coadyuvar a “elevar el nivel de eficacia en la integración de averiguaciones previas” en el Ministerio Público, con “productos de inteligencia”.
Como parte del plan de acción del área de seguridad nacional del gobierno, que involucra al Cisen y las unidades de inteligencia de la Defensa y Marina, se ha decidido también, según el propio “Programa para la Seguridad Nacional”, “generar inteligencia en torno a individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos”.
Es público que el Cisen preside el recién formado Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y seguridad Internacional (Candesti), facultado para “prevenir, combatir y eliminar las amenazas de la proliferación de armas de destrucción masiva que pudieran vulnerar la seguridad nacional”. Pues bien, parte de esa agenda, según el programa citado, incluye además la orden de aumentar “el flujo y calidad de información aportada por agencias extranjeras” y “poner en marcha medidas de contrainteligencia”.
Nueva era de contrainteligencia
A falta de normas legales, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró hace años manuales confidenciales acerca del significado de las acciones de contrainteligencia y las facultades de sus oficiales en las operaciones. Por ejemplo, “Descubrir y neutralizar a toda persona, grupo o empresa que realice actividades contrarias al orden interno del país” es uno de los objetivos de esas operaciones, según el Manual de contrainteligencia de la Sedena, el cual precisa que las “unidades especializadas de contrainteligencia” (como son denominadas sus células de espías) están facultadas para “capturar a los agresores”, así como actuar “sobre cualquier estructura u organización”.
En la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, sostienen fuentes de inteligencia militar, se avanza en la reestructuración de la Sección Segunda, el área de las fuerzas armadas responsable de inteligencia. Este hecho exhibe esa lógica gubernamental.
En el Cisen, al área de Contrainteligencia se le facultó para realizar “operativos específicos” cuyo propósito es obtener información “a través de diversos medios”, según un documento interno elaborado hace seis años.
Pero lo importante es que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria facultó a este Centro para destinar parte de su presupuesto —que pasó de mil 300 millones el año pasado, a más de 2 mil 300 millones de pesos el actual— a la adquisición de equipo destinado a tareas contra el crimen organizado. Y que fue recontratado Joaquín Arenal, experto en operaciones encubiertas, quien en el sexenio foxista fue cesado como director de Investigación del Cisen por espionaje y por haber autorizado infiltrar al ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez. El actual director general, Guillermo Valdés, lo designó director de Contrainteligencia, una de las áreas que, según informes, intensificará sus actividades.
Acosta Chaparro “reloaded”
Funcionarios de inteligencia militar aseguraron que altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron un acuerdo con el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro para reorganizar la estructura del aparato de inteligencia. “Está muy cerca de la Sección Segunda”, sostiene un funcionario militar; “está asesorando en asuntos de narcotráfico y subversión”.
Testimonios recabados en los servicios de inteligencia militar y la Secretaría de la Defensa afirman que se solicitó la “colaboración” del veterano ante la insuficiencia de información en las áreas estratégicas de inteligencia, particularmente en expedientes relacionados con crimen organizado y seguimiento estratégico de grupos armados.
La crisis de calidad en la información de inteligencia sobre narcotráfico y guerrilla, así como el cambio generacional en la comunidad de inteligencia militar, que no ha implicado eficacia en operativos ni en los informes de espionaje, ha motivado una reorganización en los servicios secretos del Ejército. “Están reorganizando sus unidades de inteligencia en un contexto de presión por hacer más eficientes sus informes”, sostiene un funcionario.
El acuerdo con Acosta Chaparro implicaría su colaboración cercana en el diseño del nuevo esquema estratégico de inteligencia militar, en un contexto de hostilidades de los cárteles de la droga y el creciente número de bajas en del Ejército por enfrentamientos con narcotraficantes.
Este general, con experiencia de tres décadas en operativos sobre el terreno, entrenaría también a la nueva camada de oficiales de servicios secretos de las fuerzas armadas, a cambio de una reivindicación, la cual se hizo en un acto público el 23 de abril de 2007, en el Campo Militar Número Uno, en cuya prisión estuvo casi siete años bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico. En un comunicado sobre aquella ceremonia, la Defensa Nacional se refirió a Acosta Chaparro y demás militares con los que fue honrado, como “un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación”.
Acosta Chaparro es parte esencial de la reorganización de los servicios secretos del Ejército desde una posición que le permite invisibilidad, coinciden funcionarios de inteligencia militar.
Derechos en riesgo
Independiente de su ilegalidad en México, Carlos Resa Nestares, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, experto sobre crimen organizado, opina que “la infiltración es el mejor método de obtención de información” y que en el ámbito del crimen organizado “ha resultado una técnica que ha obtenido generosos réditos a la hora de desintegrar este tipo de grupos delictivos”; aunque al mismo tiempo la información no es útil, per se; “se necesita un proceso de elaboración que la convierta en pruebas condenatorias ante un juzgado”.
José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, expresa su preocupación por el incremento de las actividades encubiertas en un contexto de controles limitados y ambiguos, donde “pueden cometerse excesos y una eventual violación a los derechos humanos”.
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lunes, 9 de febrero de 2009
jueves, 24 de julio de 2008
Ubican nexos polleros-cártel
El Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) tiene registros de una red de traficantes de personas que operan en Tamaulipas con la ayuda de narcotraficantes del Cártel del Golfo y policías locales.
Los nexos de estas redes están en el Distrito Federal, Chiapas y Baja California con "escalas" en Hidalgo y Michoacán.
Una fuente del Cisen reveló que esta red maneja células en dichas entidades para facilitar el tránsito de indocumentados al Distrito Federal o a Estados Unidos, desde sus países de origen.
El mercado de esta organización son los asiáticos (coreanos, chinos y tailandeses), incluso mujeres del Este de Europa, entre las que destacan danesas, húngaras, serbias o rusas, quienes pagan considerables cantidades de dinero para prostituirse en Estados Unidos.
Esta organización criminal, de acuerdo con el organismo de inteligencia, cobra entre 10 mil y 15 mil dólares por persona para introducirla a territorio mexicano e ingresarla a Estados Unidos, incluso con ofertas de trabajo; plazas que tienen un costo adicional entre los 5 y 10 mil dólares.
De centroamericanos ni hablar, porque son los que se arriesgan a cruzar por el río o el desierto, indicó la fuente.
Con base en un convenio firmado en diciembre de 2006 entre el Cisen y el Gobierno de Tamaulipas, en el que ambos se comprometieron a combatir a la delincuencia, el organismo de inteligencia tiene reportes de extorsión por parte de estos grupos hacia indocumentados que intentan cruzar la frontera.
De acuerdo con el funcionario consultado, estas redes son investigadas por el Cisen desde principios de 2007.
Sus primeros reportes establecen que las redes no sólo están vinculadas con cárteles de narcotráfico, en este caso el del Golfo, incluido su brazo armado "Los Zetas", sino con autoridades estatales.
El órgano federal destaca principalmente a policías estatales y municipales, entre estas últimas, de Ciudad Victoria, Matamoros y Nuevo Laredo.
Declaran coreanos
Los cinco coreanos que fueron liberados el martes tras haber permanecido una semana privados de su libertad declararon ayer en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tamaulipas.
Su testimonio fue recabado durante todo el día, debido a que ninguno de ellos habla español y sólo un representante consular fue quien se encargó de realizar la traducción.
Se espera que hoy ya haya concluido la declaración de los coreanos, quienes, de acuerdo con información consular, ingresaron de manera legal a México, por lo que estarían en posibilidad de regresar a su país de manera inmediata.
Los nexos de estas redes están en el Distrito Federal, Chiapas y Baja California con "escalas" en Hidalgo y Michoacán.
Una fuente del Cisen reveló que esta red maneja células en dichas entidades para facilitar el tránsito de indocumentados al Distrito Federal o a Estados Unidos, desde sus países de origen.
El mercado de esta organización son los asiáticos (coreanos, chinos y tailandeses), incluso mujeres del Este de Europa, entre las que destacan danesas, húngaras, serbias o rusas, quienes pagan considerables cantidades de dinero para prostituirse en Estados Unidos.
Esta organización criminal, de acuerdo con el organismo de inteligencia, cobra entre 10 mil y 15 mil dólares por persona para introducirla a territorio mexicano e ingresarla a Estados Unidos, incluso con ofertas de trabajo; plazas que tienen un costo adicional entre los 5 y 10 mil dólares.
De centroamericanos ni hablar, porque son los que se arriesgan a cruzar por el río o el desierto, indicó la fuente.
Con base en un convenio firmado en diciembre de 2006 entre el Cisen y el Gobierno de Tamaulipas, en el que ambos se comprometieron a combatir a la delincuencia, el organismo de inteligencia tiene reportes de extorsión por parte de estos grupos hacia indocumentados que intentan cruzar la frontera.
De acuerdo con el funcionario consultado, estas redes son investigadas por el Cisen desde principios de 2007.
Sus primeros reportes establecen que las redes no sólo están vinculadas con cárteles de narcotráfico, en este caso el del Golfo, incluido su brazo armado "Los Zetas", sino con autoridades estatales.
El órgano federal destaca principalmente a policías estatales y municipales, entre estas últimas, de Ciudad Victoria, Matamoros y Nuevo Laredo.
Declaran coreanos
Los cinco coreanos que fueron liberados el martes tras haber permanecido una semana privados de su libertad declararon ayer en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tamaulipas.
Su testimonio fue recabado durante todo el día, debido a que ninguno de ellos habla español y sólo un representante consular fue quien se encargó de realizar la traducción.
Se espera que hoy ya haya concluido la declaración de los coreanos, quienes, de acuerdo con información consular, ingresaron de manera legal a México, por lo que estarían en posibilidad de regresar a su país de manera inmediata.
martes, 15 de julio de 2008
Controla el narco 80 alcaldías: PGR
El narcotráfico controla 80 municipios del país y la actividad delictiva en ellos; cobra derecho de piso a empresas, una especie de impuesto, y lucra con la trata de seres humanos dedicados a la prostitución.
La influencia de los jefes del tráfico de drogas alcanza a las autoridades municipales, principalmente en los estados de Michoacán y Tamaulipas, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República.
Las pesquisas arrojan que los grupos de narcotraficantes también hacen obra pública que correspondería a los gobiernos locales.
Desde el arranque de la administración del presidente Felipe Calderón, el gabinete de seguridad nacional comenzó a elaborar un mapa de los municipios que están bajo el control del narcotráfico. Con esos reportes se tomaron decisiones para el despliegue de operativos en los que participan fuerzas del Ejército y elementos de la Policía Federal.
Por otra parte, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, en una entrevista que reproduce Financial Times, afirmó que las instituciones democráticas están bajo la amenaza de poderosos cárteles.
Mencionó que no descarta que el narcotráfico haya financiado las campañas de algunos legisladores.
El señalamiento del funcionario generó de inmediato el rechazo de diputados y senadores, pero el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, negó que el gobierno federal posea indicios sobre casos concretos o particulares en los que el narcotráfico haya penetrado en el Congreso.
Integrantes de ambas cámaras exigieron a Valdés pruebas de sus declaraciones.
El coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, dijo estar "absolutamente seguro" de que parte del dinero de las campañas políticas viene del narcotráfico.
La influencia de los jefes del tráfico de drogas alcanza a las autoridades municipales, principalmente en los estados de Michoacán y Tamaulipas, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República.
Las pesquisas arrojan que los grupos de narcotraficantes también hacen obra pública que correspondería a los gobiernos locales.
Desde el arranque de la administración del presidente Felipe Calderón, el gabinete de seguridad nacional comenzó a elaborar un mapa de los municipios que están bajo el control del narcotráfico. Con esos reportes se tomaron decisiones para el despliegue de operativos en los que participan fuerzas del Ejército y elementos de la Policía Federal.
Por otra parte, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, en una entrevista que reproduce Financial Times, afirmó que las instituciones democráticas están bajo la amenaza de poderosos cárteles.
Mencionó que no descarta que el narcotráfico haya financiado las campañas de algunos legisladores.
El señalamiento del funcionario generó de inmediato el rechazo de diputados y senadores, pero el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, negó que el gobierno federal posea indicios sobre casos concretos o particulares en los que el narcotráfico haya penetrado en el Congreso.
Integrantes de ambas cámaras exigieron a Valdés pruebas de sus declaraciones.
El coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, dijo estar "absolutamente seguro" de que parte del dinero de las campañas políticas viene del narcotráfico.
jueves, 10 de julio de 2008
Los informes secretos del CISEN: nuevas pistas en el caso de Alfredo Jiménez
No es descabellada la hipótesis del semanario Zeta, de Tijuana, sobre la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota: “no lo desaparecieron por lo que escribió, sino por la información que tenía y podía publicar”.
En su edición 1164, del 17 de febrero pasado, el reportero Luis Pedro Arellano Sarmiento recupera datos valiosos sobre el narcotráfico en Sonora que estaban en poder del reportero de El Imparcial antes de ser desaparecido, y que había obtenido presuntamente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
De acuerdo a este informe, funcionarios del actual gobierno estatal cuyo titular es Eduardo Bours Castelo, estarían brindando protección a los cárteles de la droga. Entre estos funcionarios, son acusados el procurador de justicia, Abel Murrieta Gutiérrez, y el director de la Policía Estatal Preventiva, Roberto Tapia Chan.
Tapia Chan fue posteriormente involucrado con la mafia por las hermanas Elba y Johana Palma Morquecho cuando, en una aparición insólita en el caso Jiménez Mota, aseguraron haber sido secuestradas por un grupo de narcotraficantes que pretendían asesinarlas.
Lo que Alfredo no alcanzó a publicar
Los informes que tenía Alfredo en su poder y que El Imparcial conoció y puso inexplicablemente en manos de la PGR antes de que Alfredo fuera desaparecido, señalan que este funcionario, “licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora (UNISON), fue director de Seguridad Pública en Cajeme de 2000 a 2003, durante el trienio de Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del actual gobernador de Sonora, Eduardo Robinson Bours Castelo.
Fue en esos informes que Alfredo se apoyó para realizar un reportaje publicado por El Imparcial el 17 de enero, titulado Los Tres Caballeros, donde ofrece nombres, datos, fotografías, domicilios, ranchos, pistas de aterrizaje, conexiones y hasta números telefónicos de los principales cárteles de la droga, pero enfocado hacia los hermanos Alfredo, Arturo y Carlos Beltrán Leyva, y su relación con los hermanos Enríquez Parra, conocidos como Los Números. Los informes fueron fechados el 5 de diciembre de 2003 y diciembre de 2004.
El reportaje de Zeta cita textualmente algunas partes del informe, que se adjudica la Delegación Estatal en Sonora (del Cisen)
“Los hermanos Beltrán Leyva han operado bajo la protección de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Destacan los funcionarios incluidos en la administración estatal que inició actividades el 13 de septiembre de 2003, que en el pasado fueron asociados con el crimen organizado, como Roberto Tapia Chan, (ex) director de la Policía Judicial del Estado (PJE) y Abel Murrieta Gutiérrez, Subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (actual procurador); quienes en el pasado coexistieron dentro de la PGJE y en diferentes tiempos fueron los responsables de la seguridad pública de Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, ayuntamiento en donde se reagruparon en el año 2000 siendo presidente municipal Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del hoy gobernador José Eduardo Robinson Bours Castelo”. “La primera vez que (a Tapia Chan) se le relacionó con narcotraficantes, data del año de 1991 siendo director de Averiguaciones Previas, al involucrársele en la desaparición del expediente del narcotraficante Jaime González Gutiérrez (a) el “Jaimillo”, junto con los entonces subprocuradores Carlos Castillo Ortega y José Francisco Leyva Gómez, actualmente subprocuradores de Averiguaciones Previas y de Control de Procesos de la PGJE, respectivamente.
“El segundo antecedente data del año de 1996, siendo director de Seguridad Pública en Navojoa, cuando se le identificó en la protección de narcotraficantes urbanos y se le responsabilizó en el crecimiento de la delincuencia local”.
El trabajo de espionaje señala:
“Como Director General de la PJE (Tapia Chan), inició una reestructuración de los mandos de esta corporación en aquellas plazas de la entidad consideradas como estratégicas para la operatividad del narcotráfico, por lo que se tiene documentado que gente cercana a él ha sido colocada al frente de las comandancias lo cual le permitirá operar con toda libertad los apoyos necesarios que requieran el grupo de Beltrán Leyva y sus operadores locales para proteger y garantizar el traslado de enervantes desde las zonas de cultivo y almacenamiento hasta la frontera norte del estado.
El extraño comportamiento de El Imparcial
En un reportaje publicado el 17 de marzo pasado, el diario El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, reveló que el diario El Imparcial, de Hermosillo, entregó una copaia de los expedientes a la PGR: “A finales del mes de febrero de 2005, un empleado de El Imparcial le entregó una copia de este informe al titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, quien semanas después lo calificó de ¨falso¨. La realidad es que falso o verdadero, luego de las revelaciones que lanzó Jiménez Mota, el trabajo del joven periodista nunca fue desmentido por la SEGOB”.
Las preguntas son obligadas ¿Por qué El Imparcial publicó el reportaje Los Tres Caballeros sin incluir la presunta colaboración de los altos funcionarios del gobierno estatal con los cárteles de la droga siendo que la fuente es la misma? Y lo más serio ¿Por qué El Imparcial le entregó a la PGR una copia del informe del Cisen? ¿Con qué propósito? ¿No calcularon los editores del diario que con esta acción se ponía en riesgo la seguridad del reportero y la de ellos mismos, debido a que había información muy delicada que todavía no se había publicado?
Once líneas para distraer bobos
En una visita a Hermosillo realizada el 7 de junio de 2005, José Luis Santiago Vasconcelos se reunió con un grupo de periodistas de Sonora, y les reveló que tenían once líneas de investigación en el caso Jiménez Mota. Las líneas apuntaban hacia los grupos de narcotraficantes, el crimen de un agente del Ministerio Público Federal, incluso una de ellas al contacto “nervioso” que vería Alfredo la noche que desapareció.
La Siedo incluyó una línea relacionada con el grupo religioso en el que estaba Alfredo; otra apuntó a las fuentes informativas del reportero, y otras se fincaron en llamadas anónimas que ha recibido la Procuraduría. También incluyó una línea relacionada con motivos pasionales y hasta investigó la posibilidad de que hubiera sido secuestrado en una comunidad seri. Pero ninguna estaba dirigida a jefes policiacos, a pesar de que ya tenía la PGR el informe secreto del Cisen, o por lo menos nunca lo hicieron público. Tampoco conducía ninguna de ellas hacia Nahum Acosta Lugo, a pesar de que Alfredo había revelado las presuntas conversaciones del ex coordinador de giras presidenciales, oriundo de Agua Prieta, Sonora.
Contacto nervioso
Raúl Fernando Rojas Galván debiera ser uno de los principales sospechosos de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota. Era subdelegado de la PGR en Sonora y era fuente importante del periodista. La noche que desapareció, Alfredo le dijo a su compañera Shaila que la vería más tarde, porque tenía que acudir a una cita con un contacto y que era impostergable porque lo había notado muy nervioso.
Nunca se ha establecido con claridad quién era ese contacto nervioso, pero todo apunta hacia el ex funcionario de la PGR. La dependencia lo concentró en la ciudad de México y después lo dio de baja. Se le tomaron declaraciones, pero nunca se dijo cuán fue su grado de responsabilidad en el asunto o silo absolvían de todo cargo.
Las conversaciones de Nahum
Alfredo Jiménez Mota estuvo en la mira de Nahum Acosta Lugo, el ex coordinador de giras presidenciales que fue acusado por la PGR de trabajar al servicio del cártel de Joaquín Guzmán Loera, según una de las grabaciones que sirvieron de base para la consignación del ex funcionario. Poco después de que Nahum Acosta fue aprehendido y arraigado por la PGR el 4 de febrero de 2005, El Imparcial de Sonora publicó ocho conversaciones que supuestamente el ex funcionario federal sostuvo con diversos personajes ligados a los grupos narcotráfico que operan en el norte del país. En uno de los diálogos, quien se presume es Nahum Acosta, menciona a Los Güeros, (“…definitivamente, ahorita estamos viendo eso, lo de… de Los Güeros…”). La PGR afirmó entonces que Nahum se refería a la banda de narcotraficante Los Güeros, que opera en Sonora, bajo las órdenes de Joaquín, El Chapo Guzmán. En una de las conversaciones, se supone que con Marcos Paredes, hermano del narcotraficante Leo Paredes, asesinado en abril de 2004 junto con su familia en un restaurante de Agua Prieta, Nahum le promete a su interlocutor “calmar” a un periodista que quiere publicar un reportaje sobre Los Paredes, pidiéndoles que no le dé dinero, pues él tiene otros métodos más eficientes para controlarlo.
Ese periodista era Alfredo Jiménez Mota, que en los días previos había viajado a la ciudad de Agua Prieta, como reportero de El Imparcial, para documentar la participación de los hermanos Paredes en las actividades del narcotráfico.
A pesar de estas evidencias, Nahum nunca fue molestado.
Reynaldo Zamora
Ríodoce publicó que en enero de 2004 que Reynaldo Zamora amenazó a Alfredo Jiménez. En aquel momento Zamora era jefe de Detenciones en Flagrancia de la Policía Ministerial. Y Alfredo Jiménez reportero de El Debate. Ambos se vieron en las instalaciones del diario. El motivo fue una nota que escribió Jiménez sobre la presencia del jefe policiaco en un accidente automovilístico ocurrido sobre el puente Almada, de madrugada. El automóvil era conducido por un hijo de Joaquín Guzmán Loera y el saldo fue de un joven muerto. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2003. Su presencia en el lugar lo ubicaba como un funcionario de la PME al servicio del narco. Después de esto, el mismo Alfredo contó que el jefe policiaco lo había amenazado, que le advirtió lo que pasaría si ese grupo del narcotráfico supiera quién es él. Zamora Gaxiola se presentó a las instalaciones del diario y habló con el reportero. Le reclamó que el dato había sido incluido de manera dolosa. Y lo amenazó: “¿Qué pensarías tú si yo le digo a la familia del Chapo que lo hiciste de manera dolosa? El reportero se quedó callado, mirándolo. “¿Qué pensarías?”, le volvió a espetar el policía”. Reynaldo fue después entrevistado por Ríodoce. Negó que haya amenazado al periodista, pero por lo menos dos reporteros de Sinaloa declararon ante el Ministerio Público que siguió el caso en Sinaloa, que conocían de esa amenaza de Reynaldo.
También negó que la PGR lo hubiese citado a declarar. Pero pronto se sabría que había mentido, porque pudo documentarse y así lo publicó Ríodoce, que sí declaró. En marzo del 2004 Zamora Zepeda recibió un citatorio de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en contra de la Delincuencia Organizada (SIEDO) para que acudiera a declarar en torno a su presencia en un percance vial, en el que se vio involucrado el hijo de Joaquín Guzmán Loera, El chapo.
Semanas después de este hecho, Reynaldo Zamora, solicitó y obtuvo un amparo del Juzgado Quinto de Distrito en contra de cualquier acto que las autoridades locales o federales ejerzan en su perjuicio.
El insólito testimonio de dos hermanas “secuestradas”
La PGR todavía no presentaba avances en las investigaciones del caso, cuando apareció una historia que ya hubiera querido inventar Juan José Rodríguez. Una noche de junio, Joaquín López Dóriga presentó en El Noticiero el testimonio de las hermanas, Elba Nidia y Johana Guadalupe Palma Morquecho, de 31 y 13 años de edad, quienes supuestamente habían sido secuestradas en Navojoa, Sonora.
Las mujeres aseguraron al Noticiero que Alfredo Jiménez Mota está muerto y conocen el sitio donde se encuentran sus restos. Ambas mujeres dijeron que fueron secuestradas el pasado 2 de junio en Ciudad Obregón, Sonora, y que fueron trasladadas a un rancho ubicado afuera de la ciudad. El rancho aludido, se supo después, pertenecía a los hermanos Enríquez Parra. Las hermanas aseguraron haber presenciado un multihomicidio. También afirmaron haber escuchado una conversación telefónica entre sus secuestradores y un tal Tapia Chan.
“Primero les habló un comandante de apellido Tapia Chan y les dijo que hicieran bien las cosas porque la prensa andaba muy metida en eso, que nos habían reportado que estábamos secuestradas”. Elba Palma aseguró haber escuchado una conversación de sus captores afirmando ser los autores del homicidio del periodista Alfredo Jiménez Mota. A partir de esto, Elba y Johana iniciaron una denuncia en la PGR. Acusan a Jesús, Wenceslao, Miguel y Rafael Terán, a los hermanos Wilfredo, Raúl e Idelfonso Enríquez Parra y José Darey Castro, como los autores materiales de estos hechos.
Todo parecía un montaje cinematográfico. Semanas después, la PGR, apoyada por el Ejército Mexicano, cateó por lo menos media docena de propiedades de Los Números, sin que encontraran rastros de Alfredo.
Sobre lo dicho respecto a Roberto Tapia Chan, éste afirmó estar “sorprendido por la forma y el manejo de la información. Es un noticiero serio”. Se refería al programa de López Dóriga, y a Televisa. Mientras, el gobernador Eduardo Bours dijo que los señalamientos contra su director de la Policía estatal Preventiva eran un infundio. Días después de haber iniciado el escándalo, las hermanas desaparecieron.
La muerte de “El Nueve”
Todo se enrareció desde entonces. La Siedo se alejó de Sonora, Vicente Fox, quien había prometido justicia, no volvió a dar la cara. Regresó a Sonora, pero se la pasó esquivando a los periodistas, que reclamaban y reclaman justicia.
En octubre, una noticia conmocionó Sonora: uno de los líderes de la banda de narcotraficantes conocida como Los Enríquez, Los Güeritos y Los Números, Raúl Enríquez Parra, El Nueve, fue encontrado muerto junto con otros tres sujetos.
Esta banda fue la que el periodista Alfredo Jiménez Mota denunció en uno de sus reportajes publicados en El Imparcial, de Hermosillo, en enero de 2005.
Las primeras versiones hablaban de que habían sido ejecutados a tiros, pero después se informó oficialmente que los cuerpos no presentaban impactos de bala, y que fueron muertos a golpes, con claras huellas de tortura.
A los cuatro los encontraron regados entre los ranchos “Las Milpas” y “Piedra Baya”, a unos doce kilómetros al oriente de Masiaca, municipio de Navojoa. Se presume que los lanzaron desde una avioneta en marcha. Todos estaban esposados. Dos de ellos, se dijo, eran originarios de Sinaloa.
Una de las versiones sobre la muerte de Raúl Enríquez habla de una posible relación con el caso del periodista desaparecido Alfredo Jiménez Mota, pues la misma PGR ha dicho que la línea principal en la investigación apunta hacia el narcotráfico. Por ello, dicen, han cateado múltiples propiedades de Los Enríquez, sobre todo en Álamos, Sonora, zona donde opera esta banda.
La espera
Pero nada ha quedado claro hasta ahora. La PGR anunció que los primeros días de abril, con motivo del primer aniversario de la desaparición de Alfredo, habría de dar conocer los avances de las investigaciones. Para los periodistas, así se percibe, se trata de un crimen impune más, que el gobierno del presidente Vicente Fox no pudo, o no quiso resolver.
La PGR nunca explicó por qué absolvió de toda responsabilidad al ex subdelegado Rojas Galván. Tampoco dijo si había citado a declarar a Tapia Chan después de que las hermanas Palma Morquecho lo denunciaron. No abrió la boca cuando Zeta publicó el nombre de Abel Murrieta como protector de los narcos que operan en Sonora. Se fue sobre Los Números, pero dejó intacta la estructura de Adán Salazar, un narco que opera sobre todo en Navojoa y al cual Alfredo había señalado en sus reportajes. No ha dicho, si los expedientes del Cisen son auténticos o no. Y si son auténticos, por qué no ha actuado contra el gobierno de Eduardo Bours Castelo.
En su edición 1164, del 17 de febrero pasado, el reportero Luis Pedro Arellano Sarmiento recupera datos valiosos sobre el narcotráfico en Sonora que estaban en poder del reportero de El Imparcial antes de ser desaparecido, y que había obtenido presuntamente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
De acuerdo a este informe, funcionarios del actual gobierno estatal cuyo titular es Eduardo Bours Castelo, estarían brindando protección a los cárteles de la droga. Entre estos funcionarios, son acusados el procurador de justicia, Abel Murrieta Gutiérrez, y el director de la Policía Estatal Preventiva, Roberto Tapia Chan.
Tapia Chan fue posteriormente involucrado con la mafia por las hermanas Elba y Johana Palma Morquecho cuando, en una aparición insólita en el caso Jiménez Mota, aseguraron haber sido secuestradas por un grupo de narcotraficantes que pretendían asesinarlas.
Lo que Alfredo no alcanzó a publicar
Los informes que tenía Alfredo en su poder y que El Imparcial conoció y puso inexplicablemente en manos de la PGR antes de que Alfredo fuera desaparecido, señalan que este funcionario, “licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora (UNISON), fue director de Seguridad Pública en Cajeme de 2000 a 2003, durante el trienio de Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del actual gobernador de Sonora, Eduardo Robinson Bours Castelo.
Fue en esos informes que Alfredo se apoyó para realizar un reportaje publicado por El Imparcial el 17 de enero, titulado Los Tres Caballeros, donde ofrece nombres, datos, fotografías, domicilios, ranchos, pistas de aterrizaje, conexiones y hasta números telefónicos de los principales cárteles de la droga, pero enfocado hacia los hermanos Alfredo, Arturo y Carlos Beltrán Leyva, y su relación con los hermanos Enríquez Parra, conocidos como Los Números. Los informes fueron fechados el 5 de diciembre de 2003 y diciembre de 2004.
El reportaje de Zeta cita textualmente algunas partes del informe, que se adjudica la Delegación Estatal en Sonora (del Cisen)
“Los hermanos Beltrán Leyva han operado bajo la protección de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Destacan los funcionarios incluidos en la administración estatal que inició actividades el 13 de septiembre de 2003, que en el pasado fueron asociados con el crimen organizado, como Roberto Tapia Chan, (ex) director de la Policía Judicial del Estado (PJE) y Abel Murrieta Gutiérrez, Subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (actual procurador); quienes en el pasado coexistieron dentro de la PGJE y en diferentes tiempos fueron los responsables de la seguridad pública de Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, ayuntamiento en donde se reagruparon en el año 2000 siendo presidente municipal Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del hoy gobernador José Eduardo Robinson Bours Castelo”. “La primera vez que (a Tapia Chan) se le relacionó con narcotraficantes, data del año de 1991 siendo director de Averiguaciones Previas, al involucrársele en la desaparición del expediente del narcotraficante Jaime González Gutiérrez (a) el “Jaimillo”, junto con los entonces subprocuradores Carlos Castillo Ortega y José Francisco Leyva Gómez, actualmente subprocuradores de Averiguaciones Previas y de Control de Procesos de la PGJE, respectivamente.
“El segundo antecedente data del año de 1996, siendo director de Seguridad Pública en Navojoa, cuando se le identificó en la protección de narcotraficantes urbanos y se le responsabilizó en el crecimiento de la delincuencia local”.
El trabajo de espionaje señala:
“Como Director General de la PJE (Tapia Chan), inició una reestructuración de los mandos de esta corporación en aquellas plazas de la entidad consideradas como estratégicas para la operatividad del narcotráfico, por lo que se tiene documentado que gente cercana a él ha sido colocada al frente de las comandancias lo cual le permitirá operar con toda libertad los apoyos necesarios que requieran el grupo de Beltrán Leyva y sus operadores locales para proteger y garantizar el traslado de enervantes desde las zonas de cultivo y almacenamiento hasta la frontera norte del estado.
El extraño comportamiento de El Imparcial
En un reportaje publicado el 17 de marzo pasado, el diario El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, reveló que el diario El Imparcial, de Hermosillo, entregó una copaia de los expedientes a la PGR: “A finales del mes de febrero de 2005, un empleado de El Imparcial le entregó una copia de este informe al titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, quien semanas después lo calificó de ¨falso¨. La realidad es que falso o verdadero, luego de las revelaciones que lanzó Jiménez Mota, el trabajo del joven periodista nunca fue desmentido por la SEGOB”.
Las preguntas son obligadas ¿Por qué El Imparcial publicó el reportaje Los Tres Caballeros sin incluir la presunta colaboración de los altos funcionarios del gobierno estatal con los cárteles de la droga siendo que la fuente es la misma? Y lo más serio ¿Por qué El Imparcial le entregó a la PGR una copia del informe del Cisen? ¿Con qué propósito? ¿No calcularon los editores del diario que con esta acción se ponía en riesgo la seguridad del reportero y la de ellos mismos, debido a que había información muy delicada que todavía no se había publicado?
Once líneas para distraer bobos
En una visita a Hermosillo realizada el 7 de junio de 2005, José Luis Santiago Vasconcelos se reunió con un grupo de periodistas de Sonora, y les reveló que tenían once líneas de investigación en el caso Jiménez Mota. Las líneas apuntaban hacia los grupos de narcotraficantes, el crimen de un agente del Ministerio Público Federal, incluso una de ellas al contacto “nervioso” que vería Alfredo la noche que desapareció.
La Siedo incluyó una línea relacionada con el grupo religioso en el que estaba Alfredo; otra apuntó a las fuentes informativas del reportero, y otras se fincaron en llamadas anónimas que ha recibido la Procuraduría. También incluyó una línea relacionada con motivos pasionales y hasta investigó la posibilidad de que hubiera sido secuestrado en una comunidad seri. Pero ninguna estaba dirigida a jefes policiacos, a pesar de que ya tenía la PGR el informe secreto del Cisen, o por lo menos nunca lo hicieron público. Tampoco conducía ninguna de ellas hacia Nahum Acosta Lugo, a pesar de que Alfredo había revelado las presuntas conversaciones del ex coordinador de giras presidenciales, oriundo de Agua Prieta, Sonora.
Contacto nervioso
Raúl Fernando Rojas Galván debiera ser uno de los principales sospechosos de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota. Era subdelegado de la PGR en Sonora y era fuente importante del periodista. La noche que desapareció, Alfredo le dijo a su compañera Shaila que la vería más tarde, porque tenía que acudir a una cita con un contacto y que era impostergable porque lo había notado muy nervioso.
Nunca se ha establecido con claridad quién era ese contacto nervioso, pero todo apunta hacia el ex funcionario de la PGR. La dependencia lo concentró en la ciudad de México y después lo dio de baja. Se le tomaron declaraciones, pero nunca se dijo cuán fue su grado de responsabilidad en el asunto o silo absolvían de todo cargo.
Las conversaciones de Nahum
Alfredo Jiménez Mota estuvo en la mira de Nahum Acosta Lugo, el ex coordinador de giras presidenciales que fue acusado por la PGR de trabajar al servicio del cártel de Joaquín Guzmán Loera, según una de las grabaciones que sirvieron de base para la consignación del ex funcionario. Poco después de que Nahum Acosta fue aprehendido y arraigado por la PGR el 4 de febrero de 2005, El Imparcial de Sonora publicó ocho conversaciones que supuestamente el ex funcionario federal sostuvo con diversos personajes ligados a los grupos narcotráfico que operan en el norte del país. En uno de los diálogos, quien se presume es Nahum Acosta, menciona a Los Güeros, (“…definitivamente, ahorita estamos viendo eso, lo de… de Los Güeros…”). La PGR afirmó entonces que Nahum se refería a la banda de narcotraficante Los Güeros, que opera en Sonora, bajo las órdenes de Joaquín, El Chapo Guzmán. En una de las conversaciones, se supone que con Marcos Paredes, hermano del narcotraficante Leo Paredes, asesinado en abril de 2004 junto con su familia en un restaurante de Agua Prieta, Nahum le promete a su interlocutor “calmar” a un periodista que quiere publicar un reportaje sobre Los Paredes, pidiéndoles que no le dé dinero, pues él tiene otros métodos más eficientes para controlarlo.
Ese periodista era Alfredo Jiménez Mota, que en los días previos había viajado a la ciudad de Agua Prieta, como reportero de El Imparcial, para documentar la participación de los hermanos Paredes en las actividades del narcotráfico.
A pesar de estas evidencias, Nahum nunca fue molestado.
Reynaldo Zamora
Ríodoce publicó que en enero de 2004 que Reynaldo Zamora amenazó a Alfredo Jiménez. En aquel momento Zamora era jefe de Detenciones en Flagrancia de la Policía Ministerial. Y Alfredo Jiménez reportero de El Debate. Ambos se vieron en las instalaciones del diario. El motivo fue una nota que escribió Jiménez sobre la presencia del jefe policiaco en un accidente automovilístico ocurrido sobre el puente Almada, de madrugada. El automóvil era conducido por un hijo de Joaquín Guzmán Loera y el saldo fue de un joven muerto. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2003. Su presencia en el lugar lo ubicaba como un funcionario de la PME al servicio del narco. Después de esto, el mismo Alfredo contó que el jefe policiaco lo había amenazado, que le advirtió lo que pasaría si ese grupo del narcotráfico supiera quién es él. Zamora Gaxiola se presentó a las instalaciones del diario y habló con el reportero. Le reclamó que el dato había sido incluido de manera dolosa. Y lo amenazó: “¿Qué pensarías tú si yo le digo a la familia del Chapo que lo hiciste de manera dolosa? El reportero se quedó callado, mirándolo. “¿Qué pensarías?”, le volvió a espetar el policía”. Reynaldo fue después entrevistado por Ríodoce. Negó que haya amenazado al periodista, pero por lo menos dos reporteros de Sinaloa declararon ante el Ministerio Público que siguió el caso en Sinaloa, que conocían de esa amenaza de Reynaldo.
También negó que la PGR lo hubiese citado a declarar. Pero pronto se sabría que había mentido, porque pudo documentarse y así lo publicó Ríodoce, que sí declaró. En marzo del 2004 Zamora Zepeda recibió un citatorio de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en contra de la Delincuencia Organizada (SIEDO) para que acudiera a declarar en torno a su presencia en un percance vial, en el que se vio involucrado el hijo de Joaquín Guzmán Loera, El chapo.
Semanas después de este hecho, Reynaldo Zamora, solicitó y obtuvo un amparo del Juzgado Quinto de Distrito en contra de cualquier acto que las autoridades locales o federales ejerzan en su perjuicio.
El insólito testimonio de dos hermanas “secuestradas”
La PGR todavía no presentaba avances en las investigaciones del caso, cuando apareció una historia que ya hubiera querido inventar Juan José Rodríguez. Una noche de junio, Joaquín López Dóriga presentó en El Noticiero el testimonio de las hermanas, Elba Nidia y Johana Guadalupe Palma Morquecho, de 31 y 13 años de edad, quienes supuestamente habían sido secuestradas en Navojoa, Sonora.
Las mujeres aseguraron al Noticiero que Alfredo Jiménez Mota está muerto y conocen el sitio donde se encuentran sus restos. Ambas mujeres dijeron que fueron secuestradas el pasado 2 de junio en Ciudad Obregón, Sonora, y que fueron trasladadas a un rancho ubicado afuera de la ciudad. El rancho aludido, se supo después, pertenecía a los hermanos Enríquez Parra. Las hermanas aseguraron haber presenciado un multihomicidio. También afirmaron haber escuchado una conversación telefónica entre sus secuestradores y un tal Tapia Chan.
“Primero les habló un comandante de apellido Tapia Chan y les dijo que hicieran bien las cosas porque la prensa andaba muy metida en eso, que nos habían reportado que estábamos secuestradas”. Elba Palma aseguró haber escuchado una conversación de sus captores afirmando ser los autores del homicidio del periodista Alfredo Jiménez Mota. A partir de esto, Elba y Johana iniciaron una denuncia en la PGR. Acusan a Jesús, Wenceslao, Miguel y Rafael Terán, a los hermanos Wilfredo, Raúl e Idelfonso Enríquez Parra y José Darey Castro, como los autores materiales de estos hechos.
Todo parecía un montaje cinematográfico. Semanas después, la PGR, apoyada por el Ejército Mexicano, cateó por lo menos media docena de propiedades de Los Números, sin que encontraran rastros de Alfredo.
Sobre lo dicho respecto a Roberto Tapia Chan, éste afirmó estar “sorprendido por la forma y el manejo de la información. Es un noticiero serio”. Se refería al programa de López Dóriga, y a Televisa. Mientras, el gobernador Eduardo Bours dijo que los señalamientos contra su director de la Policía estatal Preventiva eran un infundio. Días después de haber iniciado el escándalo, las hermanas desaparecieron.
La muerte de “El Nueve”
Todo se enrareció desde entonces. La Siedo se alejó de Sonora, Vicente Fox, quien había prometido justicia, no volvió a dar la cara. Regresó a Sonora, pero se la pasó esquivando a los periodistas, que reclamaban y reclaman justicia.
En octubre, una noticia conmocionó Sonora: uno de los líderes de la banda de narcotraficantes conocida como Los Enríquez, Los Güeritos y Los Números, Raúl Enríquez Parra, El Nueve, fue encontrado muerto junto con otros tres sujetos.
Esta banda fue la que el periodista Alfredo Jiménez Mota denunció en uno de sus reportajes publicados en El Imparcial, de Hermosillo, en enero de 2005.
Las primeras versiones hablaban de que habían sido ejecutados a tiros, pero después se informó oficialmente que los cuerpos no presentaban impactos de bala, y que fueron muertos a golpes, con claras huellas de tortura.
A los cuatro los encontraron regados entre los ranchos “Las Milpas” y “Piedra Baya”, a unos doce kilómetros al oriente de Masiaca, municipio de Navojoa. Se presume que los lanzaron desde una avioneta en marcha. Todos estaban esposados. Dos de ellos, se dijo, eran originarios de Sinaloa.
Una de las versiones sobre la muerte de Raúl Enríquez habla de una posible relación con el caso del periodista desaparecido Alfredo Jiménez Mota, pues la misma PGR ha dicho que la línea principal en la investigación apunta hacia el narcotráfico. Por ello, dicen, han cateado múltiples propiedades de Los Enríquez, sobre todo en Álamos, Sonora, zona donde opera esta banda.
La espera
Pero nada ha quedado claro hasta ahora. La PGR anunció que los primeros días de abril, con motivo del primer aniversario de la desaparición de Alfredo, habría de dar conocer los avances de las investigaciones. Para los periodistas, así se percibe, se trata de un crimen impune más, que el gobierno del presidente Vicente Fox no pudo, o no quiso resolver.
La PGR nunca explicó por qué absolvió de toda responsabilidad al ex subdelegado Rojas Galván. Tampoco dijo si había citado a declarar a Tapia Chan después de que las hermanas Palma Morquecho lo denunciaron. No abrió la boca cuando Zeta publicó el nombre de Abel Murrieta como protector de los narcos que operan en Sonora. Se fue sobre Los Números, pero dejó intacta la estructura de Adán Salazar, un narco que opera sobre todo en Navojoa y al cual Alfredo había señalado en sus reportajes. No ha dicho, si los expedientes del Cisen son auténticos o no. Y si son auténticos, por qué no ha actuado contra el gobierno de Eduardo Bours Castelo.
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