La Policía Federal rescató a dos hombres secuestrados desde hace mes y medio, por quienes sus plagiarios pedían un millón y medio de pesos.
Autoridades arrestaron a 13 personas que conformaban la banda, procedentes de Tamaulipas, y se presume que pertenecen a la organización criminal de los ´Zetas´, según indicaron fuentes policiales.
La movilización inició alrededor de las 08:00 horas con la participación de alrededor de 50 elementos de la PFP, quienes ingresaron a un domicilio ubicado en la calle Jesús Cristo, esquina con Pedro, en la colonia Santa Julia Tercera Sección.
Los detenidos serán trasladados al cuartel de la PFP ubicado en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal, en helicóptero.
La detención se produjo por trabajo de inteligencia de la corporación policiaca, donde además se decomisaron credenciales apócrifas de la PGR y armas largas.
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jueves, 5 de marzo de 2009
viernes, 27 de febrero de 2009
Desaparece agente antiplagio en Coahuila
A Eduardo Martínez Pérez, agente del Grupo Antisecuestros de la Procuraduría de Justicia de Coahuila, se le vio la última vez hace 23 días, y su padre se dirige hoy al Presidente Felipe Calderón para solicitar su intervención para su localización.
A través de una carta que se publica en periódicos de la localidad, Gerardo Martínez Salas denuncia su desaparición y la indolencia ante este hecho por parte del Gobernador Humberto Moreira, así como el superior jerárquico de su hijo, Jesús Torres Charles, Procurador de Justicia del Estado.
"Desafortunadamente, como a la de algunos otros conciudadanos, mi familia se ha visto dañada directamente y nos embarga una honda pena que se ha visto agravada por la actitud asumida por nuestras instituciones gubernamentales, siendo así en virtud de que mi hijo Eduardo Martínez Pérez, ha desaparecido desde el día 4 del mes y año en curso sin que a la fecha se tengan noticias de su paradero", indica Martínez Salas.
"Siendo infructuosos los esfuerzos que hemos realizado para encontrarlo, sintiéndonos desesperados y desamparados ante la indolencia de los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como de nuestro Gobernador".
Martínez Pérez es el tercer agente Antisecuestros de Coahuila que desaparece, los otros dos han sido los titulares de la Dirección para la Investigación del Secuestro y el Crimen Organizado en la Comarca Lagunera, Enrique Ruiz Arévalo, quien fue "levantado" de un restaurante el 15 de mayo de 2007 y Gerardo Valdés Segura a quien ya no se la ha visto desde el pasado 14 de julio del año.
También en esta entidad, pero en la Ciudad de Saltillo, desapareció el pasado mes de diciembre el especialista en negociación de plagios, el cubano estadounidense Félix Batista.
A través de una carta que se publica en periódicos de la localidad, Gerardo Martínez Salas denuncia su desaparición y la indolencia ante este hecho por parte del Gobernador Humberto Moreira, así como el superior jerárquico de su hijo, Jesús Torres Charles, Procurador de Justicia del Estado.
"Desafortunadamente, como a la de algunos otros conciudadanos, mi familia se ha visto dañada directamente y nos embarga una honda pena que se ha visto agravada por la actitud asumida por nuestras instituciones gubernamentales, siendo así en virtud de que mi hijo Eduardo Martínez Pérez, ha desaparecido desde el día 4 del mes y año en curso sin que a la fecha se tengan noticias de su paradero", indica Martínez Salas.
"Siendo infructuosos los esfuerzos que hemos realizado para encontrarlo, sintiéndonos desesperados y desamparados ante la indolencia de los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como de nuestro Gobernador".
Martínez Pérez es el tercer agente Antisecuestros de Coahuila que desaparece, los otros dos han sido los titulares de la Dirección para la Investigación del Secuestro y el Crimen Organizado en la Comarca Lagunera, Enrique Ruiz Arévalo, quien fue "levantado" de un restaurante el 15 de mayo de 2007 y Gerardo Valdés Segura a quien ya no se la ha visto desde el pasado 14 de julio del año.
También en esta entidad, pero en la Ciudad de Saltillo, desapareció el pasado mes de diciembre el especialista en negociación de plagios, el cubano estadounidense Félix Batista.
miércoles, 11 de febrero de 2009
Irrumpen en penal de Torreón y matan a tres
Un grupo de ocho sujetos armados ingresó al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Torreón, donde ejecutaron y prendieron fuego a tres internos acusados de secuestro y homicidio del empresario regiomontano Rodolfo Javier Alanís Appelbaum y liberaron a otros nueve reos acusados por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) y la Secretaría de Gobierno informaron que antes de la medianoche del lunes, los sujetos vestidos de negro y con pasamontañas llegaron a bordo de una camioneta tipo Van; luego de amagar a los custodios, ingresaron por la aduana principal del penal y atravesaron varios filtros hasta dar con los presuntos homicidas de Alanís Appelbaum, en el área de indiciados.
Sin que ninguna autoridad se los impidiera, condujeron a sus víctimas al baño de visitas, donde los golpearon con objetos contundentes y tras rociarlos con gasolina les prendieron fuego.
En el lugar quedaron sin vida Ubaldo Gómez Fuentes La Uva, de 32 años de edad, de quien se presume era militar en activo del 33 Batallón de Infantería; Carlos Osvaldo Navarro Valdez, El Niñote, de 30 años, y Carlos Ernesto Palacios Quintero, de 29 años, a quienes unas horas antes un juez les había girado orden de aprehensión por secuestro y homicidio, luego de permanecer arraigados en el hotel California desde el 5 de enero pasado.
Activan Código Rojo
En el mismo comunicado, se precisa que el grupo se dio tiempo para ingresar al módulo 35, de donde sustrajeron a nueve reos del orden federal y los subieron a la camioneta, para huir.
Los evadidos son: Abelardo Gómez Favela, Ismael Rodríguez Martínez, Benjamín Reyes Espinoza, Jesús Saucedo, Gerardo Rangel, Juan Carlos Saldaña Flores, Roberto Ornelas Dávila, Jesús Antonio Salazar Salazar y Sebastián López.
Minutos después, informaron, se activó el Código Rojo, al reportarse que se había suscitado una fuga de presos.
Como resultado de los hechos, quedaron a disposición del Ministerio Público 25 custodios, un suboficial y el director del Cereso, César Sánchez, para deslindar responsabilidades.
Mientras tanto, la delegación de la Procuraduría General de la República de Coahuila inició la averiguación previa AP/PGR/Coahuila/Tor/AG//11/76/2009 en contra de quienes resulten responsables de la comisión de los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la Modalidad de Posesión de Armas de Uso Exclusivo del Ejercito.
Secuestro fallido
De acuerdo con declaraciones que en su momento hizo el subprocurador Ministerial de la PGJE en Torreón, Domingo González Favela, los tres reos ayer incinerados, fueron detenidos el 5 de enero, junto con María de Jesús Guerra Díaz La Doctora, integrante del grupo que dio muerte a Alanís Apellbaum, y quien actualmente se encuentra detenida en el área femenil del Cereso de Torreón.
En su consultorio, Guerra Díaz era la operadora logística de la banda de secuestradores, pues aprovechaba su oficio como odontóloga para elegir a las víctimas. Su tarea era de “enlace social”.
Se sabe que, como en algunos otros casos, su amistad con la familia del empresario regio fue vital para llevar a cabo el secuestro el 9 de noviembre del año pasado, en su domicilio ubicado en la cerrada San Melquiades número 629 de la colonia Fuentes, del sur de Torreón.
Al forcejear con la víctima, uno de los plagiarios le disparó en la pierna, por lo que la dejaron desangrándose dentro de la cajuela de un automóvil Volkswagen tipo Bora.
Al percatarse de que el empresario había muerto, decidieron trasladarlo al Cerro Bola, en la carretera Matamoros-Mazatlán, tramo Paila-La Cuchilla, en donde el teniente Gómez Fuentes prendió fuego al cuerpo.
Los plagiarios quedaron al descubierto al intentar cobrar 5 millones de pesos para liberar al industrial nuevoleonés, a quien ya habían asesinado.
A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) y la Secretaría de Gobierno informaron que antes de la medianoche del lunes, los sujetos vestidos de negro y con pasamontañas llegaron a bordo de una camioneta tipo Van; luego de amagar a los custodios, ingresaron por la aduana principal del penal y atravesaron varios filtros hasta dar con los presuntos homicidas de Alanís Appelbaum, en el área de indiciados.
Sin que ninguna autoridad se los impidiera, condujeron a sus víctimas al baño de visitas, donde los golpearon con objetos contundentes y tras rociarlos con gasolina les prendieron fuego.
En el lugar quedaron sin vida Ubaldo Gómez Fuentes La Uva, de 32 años de edad, de quien se presume era militar en activo del 33 Batallón de Infantería; Carlos Osvaldo Navarro Valdez, El Niñote, de 30 años, y Carlos Ernesto Palacios Quintero, de 29 años, a quienes unas horas antes un juez les había girado orden de aprehensión por secuestro y homicidio, luego de permanecer arraigados en el hotel California desde el 5 de enero pasado.
Activan Código Rojo
En el mismo comunicado, se precisa que el grupo se dio tiempo para ingresar al módulo 35, de donde sustrajeron a nueve reos del orden federal y los subieron a la camioneta, para huir.
Los evadidos son: Abelardo Gómez Favela, Ismael Rodríguez Martínez, Benjamín Reyes Espinoza, Jesús Saucedo, Gerardo Rangel, Juan Carlos Saldaña Flores, Roberto Ornelas Dávila, Jesús Antonio Salazar Salazar y Sebastián López.
Minutos después, informaron, se activó el Código Rojo, al reportarse que se había suscitado una fuga de presos.
Como resultado de los hechos, quedaron a disposición del Ministerio Público 25 custodios, un suboficial y el director del Cereso, César Sánchez, para deslindar responsabilidades.
Mientras tanto, la delegación de la Procuraduría General de la República de Coahuila inició la averiguación previa AP/PGR/Coahuila/Tor/AG//11/76/2009 en contra de quienes resulten responsables de la comisión de los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la Modalidad de Posesión de Armas de Uso Exclusivo del Ejercito.
Secuestro fallido
De acuerdo con declaraciones que en su momento hizo el subprocurador Ministerial de la PGJE en Torreón, Domingo González Favela, los tres reos ayer incinerados, fueron detenidos el 5 de enero, junto con María de Jesús Guerra Díaz La Doctora, integrante del grupo que dio muerte a Alanís Apellbaum, y quien actualmente se encuentra detenida en el área femenil del Cereso de Torreón.
En su consultorio, Guerra Díaz era la operadora logística de la banda de secuestradores, pues aprovechaba su oficio como odontóloga para elegir a las víctimas. Su tarea era de “enlace social”.
Se sabe que, como en algunos otros casos, su amistad con la familia del empresario regio fue vital para llevar a cabo el secuestro el 9 de noviembre del año pasado, en su domicilio ubicado en la cerrada San Melquiades número 629 de la colonia Fuentes, del sur de Torreón.
Al forcejear con la víctima, uno de los plagiarios le disparó en la pierna, por lo que la dejaron desangrándose dentro de la cajuela de un automóvil Volkswagen tipo Bora.
Al percatarse de que el empresario había muerto, decidieron trasladarlo al Cerro Bola, en la carretera Matamoros-Mazatlán, tramo Paila-La Cuchilla, en donde el teniente Gómez Fuentes prendió fuego al cuerpo.
Los plagiarios quedaron al descubierto al intentar cobrar 5 millones de pesos para liberar al industrial nuevoleonés, a quien ya habían asesinado.
jueves, 15 de enero de 2009
Por secuestros, dejan sin gas a zacatecanos
Empresas distribuidoras de gas licuado de petróleo (LP) decidieron suspender la venta del recurso en cuatro ciudades del norte de Zacatecas, debido a los secuestros que han sufrido sus directivos.
Empresarios de las distribuidoras en ese estado revelaron que la delincuencia organizada ha plagiado a tres directivos, por cuyo rescate han pedido 2 millones de pesos.
Así, ante la nula respuesta del gobierno de Zacatecas, decidieron realizar un paro desde el lunes que afecta los pobladores de Río Grande, Juan Aldama, Miguel Auza y Sombrerete.
Advirtieron que no levantarán el paro hasta que la entidad les garantice las medidas de seguridad necesarias para sus ejecutivos.
Empresarios de las distribuidoras en ese estado revelaron que la delincuencia organizada ha plagiado a tres directivos, por cuyo rescate han pedido 2 millones de pesos.
Así, ante la nula respuesta del gobierno de Zacatecas, decidieron realizar un paro desde el lunes que afecta los pobladores de Río Grande, Juan Aldama, Miguel Auza y Sombrerete.
Advirtieron que no levantarán el paro hasta que la entidad les garantice las medidas de seguridad necesarias para sus ejecutivos.
viernes, 9 de enero de 2009
¿Qué fue de Félix Batista?
Mañana se cumple un mes de la peculiar desaparición de Félix I. Batista, un experto en secuestros del que no se sabe nada desde el 10 de diciembre. Ese día abordó un vehículo donde había cuatro personas a bordo. No fue "levantado", es decir llevado a la fuerza. Ni es tampoco víctima de un secuestro mercenario. Anteayer, su esposa Lourdes informó que no ha recibido petición alguna de rescate, ni ha tenido noticia de su marido desde entonces. Por eso organizó anteayer miércoles una conferencia de prensa en Miami, donde reside la familia y envió boletines a los medios. Rogó "a quienes tengan a Félix que por favor lo dejen ir".
El caso de Batista no es único. Por desgracia abundan los de personas desaparecidas. Muchas de ellas han sido asesinadas y sus cuerpos son hallados poco después, sin que medie explicación ni reclamo alguno de los captores. También es elevado el número de personas secuestradas, a las que delincuentes capturan para obtener dinero a cambio de su liberación. Tan frecuente es la práctica de ese delito que la actual estrategia de seguridad pública del gobierno federal -expresada en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad- surgió de la presión social contra el secuestro más que contra la violencia homicida de la delincuencia organizada, que en 2008 dejó 5 mil 207 personas muertas.
En Coahuila, especialmente en su capital Saltillo, y en Torreón, ese delito ha proliferado sin freno, hasta un extremo de cruel sarcasmo: los dos más recientes responsables del combate al secuestro en la policía ministerial, Enrique Ruiz Arévalo y Gerardo Valdés Segura, han desaparecido, al modo en que ocurrió con Batista y nada se sabe de ellos: del primero a partir del 14 de mayo de 2007, y del segundo desde el 14 de julio del año pasado. Sólo en Torreón hubo, según un organismo privado, 86 secuestros en 2008, aunque la Procuraduría estatal admite sólo 24, de los que únicamente en nueve se presentó la denuncia respectiva. Generalmente las víctimas quedan libres después de pagado el rescate, pero el empresario regiomontano Rodolfo Alanís fue asesinado el 9 de noviembre, el mismo día en que se le secuestró en Torreón, a pesar de lo cual sus captores pretendieron obtener dinero por dejarlo en libertad y entablaron negociaciones con la familia durante un mes entero.
Precisamente porque ha cundido en las dos principales ciudades de esa entidad el temor al secuestro, en ellas Batista ofreció conferencias el 9 de diciembre en Torreón y el 10 mismo, el día de su desaparición, en Saltillo. Según el gobernador Humberto Moreira, Batista daba estas conferencias a título gratuito como un medio de mercadotecnia, pues de ese modo se acercaba a empresarios a los que podía vender servicios y productos relacionados con la seguridad, en que es un experto.
Nacido en Miami en el seno del exilio cubano, Batista sirvió no al Ejército como se ha dicho sino a la Guardia Nacional en Florida, y al separarse de ese cuerpo ofreció al mercado su conocimiento en materia de seguridad. A últimas fechas trabajaba como consultor de la firma Asi Global Kidnap & Ransom Response, en cuya página electrónica se presenta a Batista como un experto en secuestro que ha participado en más de 100 negociaciones para rescatar a víctimas de ese delito en Colombia y México.
El día de su desaparición, después de su plática con empresarios en la capital saltillense, Batista comió en el restaurante El Principal con personas dedicadas como él a ofrecer servicios de seguridad, y habló con el hijo de uno más, José Pilar Valdés, de presencia sobresaliente en la ciudad. Es que durante décadas, además de escoltar personalmente a la familia de Isidro López del Bosque, principal accionista del Grupo Industrial de Saltillo, organizó y dirigió la seguridad de ese consorcio. Tras su retiro, Valdés estableció su propio negocio de seguridad privada, que incluía negociaciones en caso de secuestro. Él mismo, sin embargo, había resultado víctima de ese delito el 9 de diciembre, del que se libró pocos días después, con muestras de maltrato. No pude saber si Valdés ha ofrecido a las autoridades testimonio sobre su secuestro y sobre el de Batista en el supuesto de que los dos casos estuvieran ligados.
Desde el principio se conjeturó que Batista habría sido retenido a cambio de la libertad de Valdés, con quien mantenía una relación profesional de tiempo atrás. Como quiera que sea, Batista estaba consciente momentos antes de su desaparición de que podía sufrirla. Hacia las siete de la noche del 10 de diciembre recibió una llamada que lo hizo salir del restaurante, no sin antes entregar a sus compañeros de mesa señas para comunicarse a su oficina de Houston, la sede de Asi Global, en caso de que algo le sucediera. En el estacionamiento del restaurante, Batista subió a una camioneta Cherokee, como atendiendo una invitación o cumpliendo un acuerdo. Y desde entonces no se sabe de él.
Por desgracia, no son pocos casos como el suyo. Con variantes que incluyen la desaparición forzada de personas (delito cometido por agentes de la autoridad o con su anuencia), la privación ilegal de la libertad cunde en el país propiciada por la impunidad. Ni siquiera el interés sobre Batista del consulado norteamericano en Monterrey -y ya se sabe que al gobierno mexicano interesa sobremanera su relación con Washington en materia de seguridad- ha favorecido que avance la investigación sobre este suceso.
El caso de Batista no es único. Por desgracia abundan los de personas desaparecidas. Muchas de ellas han sido asesinadas y sus cuerpos son hallados poco después, sin que medie explicación ni reclamo alguno de los captores. También es elevado el número de personas secuestradas, a las que delincuentes capturan para obtener dinero a cambio de su liberación. Tan frecuente es la práctica de ese delito que la actual estrategia de seguridad pública del gobierno federal -expresada en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad- surgió de la presión social contra el secuestro más que contra la violencia homicida de la delincuencia organizada, que en 2008 dejó 5 mil 207 personas muertas.
En Coahuila, especialmente en su capital Saltillo, y en Torreón, ese delito ha proliferado sin freno, hasta un extremo de cruel sarcasmo: los dos más recientes responsables del combate al secuestro en la policía ministerial, Enrique Ruiz Arévalo y Gerardo Valdés Segura, han desaparecido, al modo en que ocurrió con Batista y nada se sabe de ellos: del primero a partir del 14 de mayo de 2007, y del segundo desde el 14 de julio del año pasado. Sólo en Torreón hubo, según un organismo privado, 86 secuestros en 2008, aunque la Procuraduría estatal admite sólo 24, de los que únicamente en nueve se presentó la denuncia respectiva. Generalmente las víctimas quedan libres después de pagado el rescate, pero el empresario regiomontano Rodolfo Alanís fue asesinado el 9 de noviembre, el mismo día en que se le secuestró en Torreón, a pesar de lo cual sus captores pretendieron obtener dinero por dejarlo en libertad y entablaron negociaciones con la familia durante un mes entero.
Precisamente porque ha cundido en las dos principales ciudades de esa entidad el temor al secuestro, en ellas Batista ofreció conferencias el 9 de diciembre en Torreón y el 10 mismo, el día de su desaparición, en Saltillo. Según el gobernador Humberto Moreira, Batista daba estas conferencias a título gratuito como un medio de mercadotecnia, pues de ese modo se acercaba a empresarios a los que podía vender servicios y productos relacionados con la seguridad, en que es un experto.
Nacido en Miami en el seno del exilio cubano, Batista sirvió no al Ejército como se ha dicho sino a la Guardia Nacional en Florida, y al separarse de ese cuerpo ofreció al mercado su conocimiento en materia de seguridad. A últimas fechas trabajaba como consultor de la firma Asi Global Kidnap & Ransom Response, en cuya página electrónica se presenta a Batista como un experto en secuestro que ha participado en más de 100 negociaciones para rescatar a víctimas de ese delito en Colombia y México.
El día de su desaparición, después de su plática con empresarios en la capital saltillense, Batista comió en el restaurante El Principal con personas dedicadas como él a ofrecer servicios de seguridad, y habló con el hijo de uno más, José Pilar Valdés, de presencia sobresaliente en la ciudad. Es que durante décadas, además de escoltar personalmente a la familia de Isidro López del Bosque, principal accionista del Grupo Industrial de Saltillo, organizó y dirigió la seguridad de ese consorcio. Tras su retiro, Valdés estableció su propio negocio de seguridad privada, que incluía negociaciones en caso de secuestro. Él mismo, sin embargo, había resultado víctima de ese delito el 9 de diciembre, del que se libró pocos días después, con muestras de maltrato. No pude saber si Valdés ha ofrecido a las autoridades testimonio sobre su secuestro y sobre el de Batista en el supuesto de que los dos casos estuvieran ligados.
Desde el principio se conjeturó que Batista habría sido retenido a cambio de la libertad de Valdés, con quien mantenía una relación profesional de tiempo atrás. Como quiera que sea, Batista estaba consciente momentos antes de su desaparición de que podía sufrirla. Hacia las siete de la noche del 10 de diciembre recibió una llamada que lo hizo salir del restaurante, no sin antes entregar a sus compañeros de mesa señas para comunicarse a su oficina de Houston, la sede de Asi Global, en caso de que algo le sucediera. En el estacionamiento del restaurante, Batista subió a una camioneta Cherokee, como atendiendo una invitación o cumpliendo un acuerdo. Y desde entonces no se sabe de él.
Por desgracia, no son pocos casos como el suyo. Con variantes que incluyen la desaparición forzada de personas (delito cometido por agentes de la autoridad o con su anuencia), la privación ilegal de la libertad cunde en el país propiciada por la impunidad. Ni siquiera el interés sobre Batista del consulado norteamericano en Monterrey -y ya se sabe que al gobierno mexicano interesa sobremanera su relación con Washington en materia de seguridad- ha favorecido que avance la investigación sobre este suceso.
miércoles, 7 de enero de 2009
Tenientes acusados de plagio y homicidio
Dos tenientes egresados del Heroico Colegio Militar, que se desempeñaban en el área de inteligencia de la Onceava Región Militar, concretamente en el 33 Batallón de Infantería, son los que aparecen como presuntos secuestradores y homicidas de tres personas; uno de ellos, empresario regiomontano y otro un vendedor de Afores.
En rueda de prensa, Domingo González Fabela, Subprocurador de Justicia en Coahuila, reconoció que el aseguramiento de los presuntos delincuentes, se logró gracias a la primera detención de un militar durante la tarde del pasado domingo, la cual se desarrolló en un mall ubicado al oriente de Torreón.
Los presuntos delincuentes, tras ser interrogados por los agentes de lo que anteriormente se conocía como Grupo Especial, identificaron a los secuestradores como Ubaldo Gómez Fuentes alias “El Uva”, de 32 años de edad y presunto militar, así como Carlos Osvaldo Navarro Valadez alias “El Niñote”, además de una mujer de 53 años de edad de nombre María de Jesús Guerra Díaz alias “La Doctora”, así como Carlos Ernesto Palacios Quintero de 29 años.
Como lo confirmó el subprocurador de justicia en el estado, a este grupo se le culpaba del secuestro y asesinato de un empresario regiomontano de nombre Rodolfo Alaniz, quien fue privado de su libertad el pasado día nueve de noviembre, y quien fue ejecutado a balazos y posteriormente quemado en la autopista Torreón – Saltillo, cerca del área conocida como Cerro Bola.
“Estamos investigando más delitos que estos delincuentes hayan perpetrado aquí mismo en la región”, señaló Domingo González.
Se informó que uno de los oficiales del Ejército, traía para su uso personal el vehículo Volkswagen Jetta, modelo 2008, color rojo, propiedad de una de las víctimas de secuestro, identificado como Jeremeel Fernández Morán, quien se desempeñaba como ejecutivo comercial del ING Afore y quien fue reportado como desaparecido el 19 de diciembre del año 2008 en Gómez Palacio.
Las indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Coahuila, detallan que el oficial militar en activo que ya se encuentra bajo arraigo, responde al nombre de Ubaldo Gómez Fuentes, mientras que el otro oficial del Ejército en activo fue delatado por el hoy detenido, pero no ha sido presentado por las autoridades castrenses.
Dichos tenientes son acusados del secuestro y homicidio del empresario regiomontano Rodolfo Alaniz, quien había acudido a la Comarca Lagunera para visitar a algunos de sus familiares.
Luego de plagiarlo y cobrar su rescate, lo asesinaron y quemaron su cuerpo por las inmediaciones del Cerro Bola en el municipio de San Pedro de las Colonias.
Pero además de ese homicidio el teniente egresado del Heroico Colegio Militar, confesó al ser capturado, que también habían secuestrado al ejecutivo de Afores Dan Jeremeel Fernández Morán.
Sobre la actuación de esos dos oficiales asignados al área de inteligencia del 33 Batallón de Infantería, desde el primer momento de la captura de Ubaldo Gómez Fuentes, se le dio aviso al General de la Onceava Región Militar.
Sin embargo, de momento no ha sido presentado el otro teniente, que también hasta el día de ayer se encontraba en activo, de quien se presume es una persona sumamente violenta, especialista en el manejo de armas de fuego y explosivos.
Fue tras la presentación de los cuatro miembros de la banda de secuestradores por parte del Sub Procurador Domingo González Favela que se logró conocer que los presuntos delincuentes que eran comandados por los oficiales militares, habían perpetrado cuando menos tres secuestros.
Dichos individuos, al cobrar el rescate no entregaban a sus víctimas.
Las asesinaban y calcinaban los cuerpos.
En la Dirección General para la Investigación del Secuestro y Crimen Organizado, se indicó que la indagatoria se realiza desde la ciudad de Saltillo, aunque familiares de una de las víctimas detallaron que el carro en el que viajaba uno de sus parientes estaba a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.
Domingo González rebeló que con la detención de este grupo posiblemente se desprendan más personas involucradas, lo que se determinará dentro de los próximos 19 días en que se cumpla la orden de arraigo de los presuntos delincuentes.
“Esperamos que se cumplan más órdenes de cateo en los domicilios que se utilizaron como casas de seguridad”, agregó el funcionario estatal.
De la misma manera agregó que uno de los plagiarios, es originario de Veracruz, mientras que otro dos, entre ellos María de Jesús Guerra Díaz alias “La Doctora”, es originaria de la Región Lagunera, quien era conocida o incluso dentista del empresario regiomontano localizado quemado en la autopista Torreón - Saltillo.
La detención de esta banda delictiva, trajo consigo el aseguramiento de cuatro ametralladoras de alto poder, así como de un rifle y dos armas cortas, además de una cifra superior a los 350 cartuchos hábiles, y de cinco teléfonos celulares pertenecientes a empresas mexicanas de telefonía.
Dentro del armamento asegurado se localizó la pistola FN Herstal Belgium, calibre 5.7 x 28, mejor conocida como la mata policías.
De la misma manera fueron asegurados dos vehículos de modelos recientes, se trata de una camioneta de la marca Dodge, tipo Durango, modelo 2007 color blanco con placas para circular del estado de Coahuila (FCL5321), además de un Volkswagen tipo Bora, modelo 2007 color vino, sin placas.
Los plagiarios del empresario regiomontano solicitaron cinco millones de pesos a los familiares de su víctima, a pesar de que éste había sido asesinado.
miércoles, 17 de diciembre de 2008
Negociaba liberación y termina plagiado
El estadounidense de origen cubano Félix Batista, uno de los especialistas en seguridad más experimentados en mediar secuestros en América Latina, fue plagiado mientras negociaba la liberación de José Pilar Valdés, uno de sus contactos en México, según fuentes de la Procuraduría de Coahuila.
La mañana del 10 de diciembre, Batista daba una plática sobre estrategias de seguridad a empresarios locales cuando le dijeron que Valdés había sido "levantado".
Según las fuentes, el estadounidense fue contactado vía telefónica por los secuestradores mientras comía en un restaurante acompañado de varios empresarios.
Después de las 19:00 horas y tras varias llamadas, Batista dijo a sus acompañantes: "Si algo me pasa, o no regreso, háblenle a él", les dejó la tarjeta de un negociador de alto perfil de Miami cuyo nombre se mantiene en reserva y salió del restaurante.
Desde entonces, está desaparecido.
La mañana del 10 de diciembre, Batista daba una plática sobre estrategias de seguridad a empresarios locales cuando le dijeron que Valdés había sido "levantado".
Según las fuentes, el estadounidense fue contactado vía telefónica por los secuestradores mientras comía en un restaurante acompañado de varios empresarios.
Después de las 19:00 horas y tras varias llamadas, Batista dijo a sus acompañantes: "Si algo me pasa, o no regreso, háblenle a él", les dejó la tarjeta de un negociador de alto perfil de Miami cuyo nombre se mantiene en reserva y salió del restaurante.
Desde entonces, está desaparecido.
lunes, 15 de diciembre de 2008
Secuestran a experto antiplagios
Un consultor estadounidense experto en estrategias de seguridad antisecuestro fue plagiado en esta Ciudad por un comando armado, confirmaron ayer fuentes del Gobierno estatal.
El asesor internacional Félix Batista, de 55 años, fue secuestrado el miércoles tras impartir dos conferencias, en Torreón y Saltillo, sobre estrategias de seguridad en empresas.
Batista habría sido invitado por la Secretaría de Seguridad Pública para brindar apoyo y asesoría a hombres de negocios coahuilenses.
Versiones señalan que la tarde del miércoles el especialista se encontraba en un restaurante ubicado al norte de la Ciudad cuando recibió una llamada telefónica que lo hizo salir del establecimiento.
En ese momento fue interceptado por un comando armado, que lo subió a una camioneta sin que las autoridades tengan noticias sobre su paradero desde entonces.
Batista es identificado como el responsable para Latinoamérica de la consultoría ASI Global, empresa especializada en atender casos de secuestro, aunque su perfil recientemente fue borrado.
De acuerdo con la información disponible vía internet de ASI Global, Batista alcanzó el grado de mayor dentro del Ejército de Estados Unidos y tiene más de 24 años como consultor en materia de seguridad.
Ha atendido más de 100 casos de secuestro, incluidos algunos perpetrados por Daniel Arizmendi, "El Mochaorejas", y por las FARC, según el Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria.
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Violando los mas elementales principios de seguridad, la empresa tiene la info del consultor en su pagina, que aunque hallan tratado de borrar sigue en google cache:
Felix Batista – Latin America
Mr. Batista is the Response Consultant based in the United States for ASI Global, LLC. He acts as the primary case officer for all cases throughout the Latin American region.
Experience:
Mr. Batista has a strong background in international security and crisis management with twenty-four years as a consultant to multinational firms operating in Latin America and Europe, and prior service as an intelligence and combat arms officer in the U.S. Army (Major, USAR).
Mr. Batista is known for conducting in-depth threat assessments, the successful resolution of nearly 100 kidnap and ransom cases (many on behalf of major insurance carriers) and investigations and case management of product contamination and bodily injury extortions in the United States and throughout Latin America. Additionally, Mr. Batista has conducted complex financial investigations, assessment of executive protection programs and training of executives, their families and security personnel in high threat environments. He also has experience designing physical security/loss prevention programs at over 180 major manufacturing, telecommunications and commercial facilities, and financial institutions.
Education:
Mr. Batista received his Bachelor's Degree in North American Studies/Political-Science and his Master's degree in Spanish Literature/Latin American Studies from Middlebury College and the Instituto Internacional in Madrid, Spain. He also spent a year in Central and South America conducting independent field research on social, economic and political issues as a Thomas J. Watson Fellow (founder of IBM).
Félix Batista, de 55 años de edad, fue invitado por la Secretaría de Seguridad Pública para dar una serie de conferencias a empresarios coahuilenses, por lo que llegó a Saltillo el 6 de diciembre.
Se sabe que el 8 de diciembre fue a Torreón donde impartió una plática sobre estrategias de prevención de secuestros.
El 9 de diciembre habló ante un grupo de hombres de negocio saltillenses y después realizó actividades personales.
Para el 10 de diciembre, en la mañana se reunió con directores de diversas áreas de la SSPE y por la tarde, de acuerdo con la policía ministerial, Batista fue privado de su libertad por varios individuos afuera de un restaurante ubicado sobre bulevar Venustiano Carranza.
El asesor internacional Félix Batista, de 55 años, fue secuestrado el miércoles tras impartir dos conferencias, en Torreón y Saltillo, sobre estrategias de seguridad en empresas.
Batista habría sido invitado por la Secretaría de Seguridad Pública para brindar apoyo y asesoría a hombres de negocios coahuilenses.
Versiones señalan que la tarde del miércoles el especialista se encontraba en un restaurante ubicado al norte de la Ciudad cuando recibió una llamada telefónica que lo hizo salir del establecimiento.
En ese momento fue interceptado por un comando armado, que lo subió a una camioneta sin que las autoridades tengan noticias sobre su paradero desde entonces.
Batista es identificado como el responsable para Latinoamérica de la consultoría ASI Global, empresa especializada en atender casos de secuestro, aunque su perfil recientemente fue borrado.
De acuerdo con la información disponible vía internet de ASI Global, Batista alcanzó el grado de mayor dentro del Ejército de Estados Unidos y tiene más de 24 años como consultor en materia de seguridad.
Ha atendido más de 100 casos de secuestro, incluidos algunos perpetrados por Daniel Arizmendi, "El Mochaorejas", y por las FARC, según el Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria.
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Violando los mas elementales principios de seguridad, la empresa tiene la info del consultor en su pagina, que aunque hallan tratado de borrar sigue en google cache:
Felix Batista – Latin America
Mr. Batista is the Response Consultant based in the United States for ASI Global, LLC. He acts as the primary case officer for all cases throughout the Latin American region.
Experience:
Mr. Batista has a strong background in international security and crisis management with twenty-four years as a consultant to multinational firms operating in Latin America and Europe, and prior service as an intelligence and combat arms officer in the U.S. Army (Major, USAR).
Mr. Batista is known for conducting in-depth threat assessments, the successful resolution of nearly 100 kidnap and ransom cases (many on behalf of major insurance carriers) and investigations and case management of product contamination and bodily injury extortions in the United States and throughout Latin America. Additionally, Mr. Batista has conducted complex financial investigations, assessment of executive protection programs and training of executives, their families and security personnel in high threat environments. He also has experience designing physical security/loss prevention programs at over 180 major manufacturing, telecommunications and commercial facilities, and financial institutions.
Education:
Mr. Batista received his Bachelor's Degree in North American Studies/Political-Science and his Master's degree in Spanish Literature/Latin American Studies from Middlebury College and the Instituto Internacional in Madrid, Spain. He also spent a year in Central and South America conducting independent field research on social, economic and political issues as a Thomas J. Watson Fellow (founder of IBM).
Félix Batista, de 55 años de edad, fue invitado por la Secretaría de Seguridad Pública para dar una serie de conferencias a empresarios coahuilenses, por lo que llegó a Saltillo el 6 de diciembre.
Se sabe que el 8 de diciembre fue a Torreón donde impartió una plática sobre estrategias de prevención de secuestros.
El 9 de diciembre habló ante un grupo de hombres de negocio saltillenses y después realizó actividades personales.
Para el 10 de diciembre, en la mañana se reunió con directores de diversas áreas de la SSPE y por la tarde, de acuerdo con la policía ministerial, Batista fue privado de su libertad por varios individuos afuera de un restaurante ubicado sobre bulevar Venustiano Carranza.
lunes, 27 de octubre de 2008
El Comandante Simón en BC
Su nombre no aparece en el portal de transparencia del Gobierno del Estado. No se sabe cuánto le pagan, pero sí que desde hace algunos meses, Iván Alejandro Ortega Colmenares se encuentra en Baja California trabajando para el gobierno.
En el mundo del combate al crimen organizado se le conoce como "Comandante Simón" y a él se le adjudica haber disminuido el delito de secuestro en Sinaloa, a partir de 2001.
Información extraoficial indica que el Secretario de Gobierno, Francisco Blake Mora, lo encontró en un viaje oficial, y el venezolano de nacimiento lo convenció de que podía disminuir el delito de secuestro en Baja California.
Así se lo trajeron al Gobierno, pero no lo dieron de alta oficialmente, al menos no aparece en la documentación que acredita a todo el personal, de confianza y de base, que labora en el Gobierno del Estado.
Tampoco se le ubica en la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de Rommel Moreno Manjarrez. Se dice, también de manera extraoficial, que trabaja directamente para Francisco Blake Mora, el Secretario general, y que comanda un grupo de uniformados que buscan combatir, fuera de la estructura oficial de procuración de justicia, el secuestro.
"El Comandante Simón" es hoy punto de conflicto entre el área de seguridad del Gobierno, la Procuraduría , y las áreas políticas de esa estructura, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Iván Ortega Colmenares se ha convertido en el as bajo la manga de Blake Mora y Daniel de la Rosa Anaya , para encontrar resultados y deshacerse de la presencia del Procurador Rommel Moreno.
Este conflicto ha dividido el combate al crimen:
1.- Por un lado, la Procuraduría de Justicia cuenta con un grupo antisecuestros bajo su estructura, que está laborando normalmente; de hecho fueron ellos y no otros, quienes rescataron de sus plagiarios a la maestra secuestrada en el fraccionamiento Soler.
2.- Por otro lado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad tienen un grupo antisecuestros extraoficial comandando por Iván Ortega, que responde a sus órdenes pero que no cuenta con una estructura legal para perseguir el delito de secuestro.
Dos fuerzas dentro de un mismo gobierno combatiendo el mismo delito en circunstancias diferentes, todo, debido a las rencillas que los panistas encabezados por Francisco Blake Mora y Daniel de la Rosa Anaya enfrentan con el Procurador del Estado.
Se sabe, también extraoficialmente, pues todo lo que rodea la participación de Ortega Colmenares se maneja así, que el grupo encabezado por el naturalizado mexicano solucionó el secuestro de la esposa del dueño de una tienda de ropa y artículos deportivos, y el de un empresario del ramo automotriz.
Sin embargo, aún con la participación del "Comandante Simón", el delito de secuestro no ha sido disminuido; actualmente, familiares dan cuenta del plagio de sus seres, por lo menos en quince casos, entre ellos el del dirigente transportista, Gregorio Barreto Luna, a quien incluso se comentó en las oficinas de gobierno, han comenzado a mutilar los plagiarios, para enviar a su familia pruebas de vida a cambio de pagar el monto del rescate.
De la gloria al anonimato
Polémico, "El Comandante Simón" se presentaba encapuchado de cara y vestido con uniforme camuflado estilo militar. Armado hasta los dientes.
Su historia transitó del éxito al anonimato.
Pasó de ser el héroe de la Unidad Especializada Antisecuestros de Sinaloa, a un ex funcionario que aparte, vendía equipo y asesoría a la policía para la que trabajaba.
Muchos reportajes nacionales e internacionales dieron cuenta del "Comandante Simón". Que disminuyó de 60 a 30 los secuestros en un año, que encarceló a más de 70 secuestradores y que rescató a cientos de sinaloenses de las garras del plagio.
Polémico, protagónico, Iván Ortega Colmenares vendió su éxito entre la población sinaloense. Muchos de los rescatados lo llevaron a sus hogares, con sus familias le hicieron fiestas, y él apareció en fotografías y transmisiones de televisión festejando el éxito.
Se sabe que trabaja con un equipo anónimo, con buena paga y tecnología de punta para defenderse y rescatar a los plagiados. Que reclutó a jóvenes de las universidades, y que con su experiencia, en el año 2000 únicamente se realizaron ocho secuestros en el estado.
Venezolano de nacimiento se naturalizó mexicano en el año 2002.
Antes de llegar a Sinaloa, estuvo en Chihuahua, donde vendía cursos y equipo de inteligencia al grupo antisecuestros de aquel estado gobernado entonces por Patricio Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. De hecho allá se encontraba como asesor, cuando al gobernador de Sinaloa, Juan Sigfrido Millán, le fue recomendado para acabar con el problema del secuestro.
En febrero de 2001 llegó a Sinaloa y creó la Unidad Especializada Antisecuestros y comenzó a dar resultados. Inició bancos de datos con información de los secuestradores, como voces, caligrafía, manera de operar, casas de seguridad y miembros.
Así poco a poco fue conociendo la operación de las bandas de plagiarios, hasta identificarlos y acudir al rescate de las víctimas. La sociedad le tuvo la confianza para denunciar los secuestros.
Hasta que comenzó a comentarse entre la sociedad sinaloense, que Ortega Colmenares recibía dádivas económicas de los secuestrados liberados por él y su equipo. También se corrió la información de que tenía dos empresas, una de ellas llamada Safeguard, que estaban a nombre de su esposa y hermano, y que desde las mismas vendía equipo de inteligencia y asesoría al estado de Sinaloa para el que trabajaba.
De hecho, funcionarios en la administración de José Guadalupe Osuna Millán comentan que Francisco Blake encontró a Ortega Colmenares cuando éste le hizo una oferta de herramienta y asesoría; así se lo trajo a Baja California.
Esta situación de las compensaciones que, se dice, le otorgaron las familias de los liberados, y la venta de equipo al gobierno, no fue del agrado de parte de la sociedad; medios de comunicación en aquel estado refirieron que quizá pudo ser la causa de la salida del "Comandante Simón" de Sinaloa.
Lo cierto es que de un día a otro, ya no apareció en la escena pública. Hasta que se conoció de su renuncia en diciembre de 2002, por motivos personales.
Anti secuestros dividida
Con estos antecedentes, en la práctica, el Gobierno del Baja California encabezado por el licenciado José Guadalupe Osuna Millán tiene dos equipos para combatir el secuestro.
Uno, responsabilidad del Procurador del Estado Rommel Moreno Manjarrez y el segundo, bajo la tutela del Secretario se Seguridad Pública del Estado, Daniel De la Rosa Anaya y del Secretario General de Gobierno, José Francisco Blake Mora, que trabajan a dúo.
El licenciado Osuna Millán ha permitido que las diferencias entre los miembros de su gabinete lleguen al extremo de dividir esfuerzos y recursos destinados para el combate de las privaciones de la libertad, delito que según las estadísticas, desde hace tres años, usualmente se va al alza cuando frenan los homicidios en la entidad.
Las familias de las víctimas ya percibieron la división.
Los primeros reportes se expusieron alrededor del mes de agosto. "Se trajeron a Iván, el venezolano que estuvo trabajando en el Grupos Antisecuestros en Sinaloa", dijo un agente se seguridad, amigo de un hombre secuestrado.
El asunto que estaban abordando era el de un empresario con negocios en Tijuana y Mexicali que fue privado de la libertad, liberado para que siendo el administrador de los bienes familiares, pagara por su vida y la de su esposa, quien fue secuestrada posteriormente a su liberación.
Un asunto cuya "solución" fue presentada ante el Gobernador Osuna como obra de Iván Colmenares, sin embargo fuentes de la misma secretaría de seguridad estatal revelaron en aquel momento: "El señor no dejó que nadie se metiera, estuvo muy raro, se supo de un asunto de deudas y después, en menos de dos semanas, que la señora estaba libre y en buen estado porque el señor pagó".
Fuentes de la Procuraduría agregaron: "Lo que se había manejado es que ofreció sus servicios como negociador para pagar el secuestro, no para rescatar a la víctima".
La información que se ha dado de manera no oficial es que Colmenares fue contratado como asesor para el tema de seguridad, como parte de esa negociación, el gobierno Bajacaliforniano compró a las empresas de su esposa y su hermano equipo para intervenciones e inteligencia policiaca.
"Sabemos que cuando se conoce de una privación Iván llega después que los agentes del Grupo Antisecuestros diciendo que va de parte del Gobierno del Estado, que en la Procuraduría están corrompidos y que él les puede ayudar. Cuando regresan los ministeriales, los ciudadanos se niegan a cooperar con corruptos".
Hasta donde se pudo averiguar, Iván Colmenares, efectivamente está cooperando con el estado bajacaliforniano, el problema es que después de varios meses, sueldos de asesorías compras de equipo a sus empresas, la autoridad continúa sin definir cuál es su posición jurídica, sus facultades y responsabilidades.
Ni siquiera se conoce con qué equipo está operando, no tiene facultades para solicitar información ni a las empresas, ni a los bancos de datos del sector oficial. "Sólo puede estar funcionando como negociador del dinero a pagar porque no le han asignado fuerza operativa para implementar rescates", informaron.
A la fecha, tampoco han puesto a la Policía Estatal Preventiva a su servicio.
El equipo de inteligencia sería el que pudiera estar usando, porque el recurso se retiró del presupuesto de la PGJE , por lo que asumen que se compró hace meses y no lo han recibido.
De tal suerte que al final se tiene dos equipos pero ninguno con el equipo o las facultades completas que le permitan combatir el problema de manera integral.
Al final los implicados están esperando que el Gobernador decida y forme un sólo grupo efectivo tomando las medidas y reformando las leyes que sean necesarias: llevarse antisecuestros a la secretaría de seguridad, o dejarla en la PGR , contratar nuevos investigadores o aprovechar algunos de los que tiene.
Las herramientas que le permitan darle a Colmenares el nombramiento oficial que le permita integrar una base de datos de las bandas criminales y sus familias, si es lo que busca.
Lo que vaya a decir tiene que hacerlo efectivo, para integrar a un solo equipo eficiente, porque ante la pérdida de recursos, invariablemente, los grupos delictivos usan el secuestro para abastecerse, situación que no tarda en detonar, según los mismos policías locales.
Actualmente, "Iván" está detectado como el negociador en el caso de Gregorio Barreto, que lleva más de un mes secuestrado.
Además surgió la primera queja en su contra; fue señalado por las familias de un ferretero que lleva varios meses secuestrado, de haberles solicitado dinero por su asesoría. La situación es que precisamente como el estado no tiene definida su posición, las familias de las víctimas no pueden saber si el gobierno le está pagando por ese trabajo o sólo lo está recomendando.
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Según PGJE: Secuestrador se suicidó antes de ser detenido
La información proporcionada por testigos y la imprevista captura de un hombre armado, permitió la detención de una supuesta célula de secuestradores vinculados con integrantes del llamado Cártel Arellano Félix (CAF).
Se les relaciona con el secuestro de una joven de 24 años de edad, quien el viernes 17 de octubre fue privada de su libertad cuando llegaba al Colegio Cadi ubicado en el Fraccionamiento Soler.
Rommel Moreno Manjarrez, procurador de Justicia del Estado, reveló que los datos proporcionados por testigos, así como la detención de una persona armada que al percatarse de la presencia de los policías trató de darse a la fuga, derivaron en la captura de la presunta célula de plagiarios.
"Dicho sujeto dijo llamarse Julio Curiel García, de 19 años de edad, quien al ser cuestionado sobre la portación del arma manifestó que ésta se la acababan de entregar, asimismo el revisar el vehículo Cherokee (en que viajaba), los agentes ministeriales detectaron que coincidía con las características del vehículo que participó en los hechos relacionados con el secuestro del 17 de octubre".
Durante el interrogatorio, Curiel García cayó en varias contradicciones, pero reconoció "que trabajaba para gente que se dedicaba a levantones y secuestros" y que efectivamente había participado en el secuestro de una mujer en el Soler.
El detenido proporcionó la dirección de tres viviendas donde presuntamente se encontraban algunos de sus cómplices, así como la mujer plagiada.
Según el Procurador, tras el secuestro de la joven, "la familia de la víctima recibió una llamada telefónica donde les exigían un millón de dólares por su liberación, o de lo contrario amenazaron con matar a la mujer".
En el primer cateo realizado en el Fraccionamiento Santa Fe, la Policía Ministerial ubicó a Amador González Soto, "El Chava", de 20 años de edad, quien fue identificado por Curiel como uno de sus cómplices.
Además, en el interior del inmueble localizaron un arma calibre .223 (AR-15), así como un chaleco antibalas con la leyenda PGJE.
Por su parte, González Soto declaró que conocía la "casa de seguridad donde se mantenía privada de la libertad la joven mujer", misma que se ubica en la Avenida La Tienda número 20979-C del Fraccionamiento Virreyes.
Al arribar a la vivienda, se detuvo a José Manuel Revilla Calderón, "El Chilango", de 23 años de edad, quien manifestó a los agentes que en uno de los cuartos de la planta baja se encontraba la víctima del plagio.
"De inmediato se logró localizar a la joven en una de las recámaras. Ella se encontraba tapada de los ojos y recostada sobre el piso sumamente nerviosa, pero físicamente bien", reveló Moreno Manjarrez.
Durante los cateos, un cuarto cómplice fue ubicado por la PGJE. Se trata de Mario Sandoval Pineda, "El Güero", quien según la dependencia se suicidó antes que ser capturado.
Además de los dos inmuebles, la camioneta y el rifle AR-15, la Procuraduría decomisó: Una pistola tipo escuadra calibre .45 y una pistola escuadra calibre 5.7 por 28, de las conocidas como "Mata Policías", por su capacidad de atravesar los chalecos antibalas que utilizan los agentes.
El Procurador Moreno Manjarrez informó que de acuerdo con las declaraciones desprendidas hasta el momento, la dependencia a su cargo estableció que los detenidos pertenecen a una célula del "CAF" vinculada con actividades de narcotráfico y secuestro.
"Los tres detenidos serán consignados y puestos a disposición del Juez Penal en turno por la posible comisión del delito de secuestro agravado, y en contra de quienes se solicitará la aplicación de la pena máxima de prisión, que es de 50 años".
Un estudio elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señala que en Baja California se cometen 8.47 secuestros por cada 100 mil habitantes, mientras que en el Distrito Federal la cifra se ubica en 5.78 privaciones. ( Francisco Sandoval Alarcón )
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Privaciones de la libertad de octubre
Núm.
Nombre
Día
Hora
Lugar
Ciudad
Privación ilegal
1
Sin identificar Hombre
Octubre/2
04:15
Macroplaza
Tijuana
Privación ilegal de libertad
2
Sin identificar Mujer
Octubre2
6:45
Blvd. Rosas Magallón
Tijuana
Privación ilegal de libertad
3
Julio Fernández Ramírez
Octubre/2
02:30
Col. Internacional
Tijuana
Privación ilegal de libertad
4
Yahir Aguilar Moreno
Octubre/2
02:30
Col. Internacional
Tijuana
Privación ilegal de libertad
5
Gregorio Barreto Luna
Octubre/2
04:39
Macroplaza
Tijuana
Privación ilegal de libertad
6
Sin identificar
Octubre/3
De día
Calle Belice La Mesa
Tijuana
Privación ilegal de libertad
7
José Rangel Flores
Octubre/8
04:50
Col. Constitución
Rosarito
Secuestrado (Ejecutado)
8
Fernando González
Octubre/8
04:50
Col. Constitución
Rosarito
Secuestro
9
Si identificar
Octubre/9
06:00
Col. Constitución
Rosarito
Privación ilegal de libertad
10
Si identificar
Octubre/9
06:00
Col. Constitución
Rosarito
Privación ilegal de libertad
11
Sergio Jesús Márquez
Octubre/10
02:00
Libramiento Rosas Magallón
Tijuana
Levantado (Ejecutado)
12
Sin identificar
Octubre/11
17:00
Caseta de Cobro Ros-Ens.
Rosarito
Levantón
13
Sin identificar
Octubre/11
De día
Calle Ensenada
Rosarito
Privación de libertad
14
Priscila Gutiérrez Soler
Octubre/17
07:45
Fracc. Soler
Tijuana
Privación ilegal de libertad
15
Miguel á ngel Astorga
Octubre/22
21:20
Col. Tomas Aquino
Tijuana
Privación ilegal de libertad
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En el mundo del combate al crimen organizado se le conoce como "Comandante Simón" y a él se le adjudica haber disminuido el delito de secuestro en Sinaloa, a partir de 2001.
Información extraoficial indica que el Secretario de Gobierno, Francisco Blake Mora, lo encontró en un viaje oficial, y el venezolano de nacimiento lo convenció de que podía disminuir el delito de secuestro en Baja California.
Así se lo trajeron al Gobierno, pero no lo dieron de alta oficialmente, al menos no aparece en la documentación que acredita a todo el personal, de confianza y de base, que labora en el Gobierno del Estado.
Tampoco se le ubica en la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de Rommel Moreno Manjarrez. Se dice, también de manera extraoficial, que trabaja directamente para Francisco Blake Mora, el Secretario general, y que comanda un grupo de uniformados que buscan combatir, fuera de la estructura oficial de procuración de justicia, el secuestro.
"El Comandante Simón" es hoy punto de conflicto entre el área de seguridad del Gobierno, la Procuraduría , y las áreas políticas de esa estructura, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Iván Ortega Colmenares se ha convertido en el as bajo la manga de Blake Mora y Daniel de la Rosa Anaya , para encontrar resultados y deshacerse de la presencia del Procurador Rommel Moreno.
Este conflicto ha dividido el combate al crimen:
1.- Por un lado, la Procuraduría de Justicia cuenta con un grupo antisecuestros bajo su estructura, que está laborando normalmente; de hecho fueron ellos y no otros, quienes rescataron de sus plagiarios a la maestra secuestrada en el fraccionamiento Soler.
2.- Por otro lado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad tienen un grupo antisecuestros extraoficial comandando por Iván Ortega, que responde a sus órdenes pero que no cuenta con una estructura legal para perseguir el delito de secuestro.
Dos fuerzas dentro de un mismo gobierno combatiendo el mismo delito en circunstancias diferentes, todo, debido a las rencillas que los panistas encabezados por Francisco Blake Mora y Daniel de la Rosa Anaya enfrentan con el Procurador del Estado.
Se sabe, también extraoficialmente, pues todo lo que rodea la participación de Ortega Colmenares se maneja así, que el grupo encabezado por el naturalizado mexicano solucionó el secuestro de la esposa del dueño de una tienda de ropa y artículos deportivos, y el de un empresario del ramo automotriz.
Sin embargo, aún con la participación del "Comandante Simón", el delito de secuestro no ha sido disminuido; actualmente, familiares dan cuenta del plagio de sus seres, por lo menos en quince casos, entre ellos el del dirigente transportista, Gregorio Barreto Luna, a quien incluso se comentó en las oficinas de gobierno, han comenzado a mutilar los plagiarios, para enviar a su familia pruebas de vida a cambio de pagar el monto del rescate.
De la gloria al anonimato
Polémico, "El Comandante Simón" se presentaba encapuchado de cara y vestido con uniforme camuflado estilo militar. Armado hasta los dientes.
Su historia transitó del éxito al anonimato.
Pasó de ser el héroe de la Unidad Especializada Antisecuestros de Sinaloa, a un ex funcionario que aparte, vendía equipo y asesoría a la policía para la que trabajaba.
Muchos reportajes nacionales e internacionales dieron cuenta del "Comandante Simón". Que disminuyó de 60 a 30 los secuestros en un año, que encarceló a más de 70 secuestradores y que rescató a cientos de sinaloenses de las garras del plagio.
Polémico, protagónico, Iván Ortega Colmenares vendió su éxito entre la población sinaloense. Muchos de los rescatados lo llevaron a sus hogares, con sus familias le hicieron fiestas, y él apareció en fotografías y transmisiones de televisión festejando el éxito.
Se sabe que trabaja con un equipo anónimo, con buena paga y tecnología de punta para defenderse y rescatar a los plagiados. Que reclutó a jóvenes de las universidades, y que con su experiencia, en el año 2000 únicamente se realizaron ocho secuestros en el estado.
Venezolano de nacimiento se naturalizó mexicano en el año 2002.
Antes de llegar a Sinaloa, estuvo en Chihuahua, donde vendía cursos y equipo de inteligencia al grupo antisecuestros de aquel estado gobernado entonces por Patricio Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. De hecho allá se encontraba como asesor, cuando al gobernador de Sinaloa, Juan Sigfrido Millán, le fue recomendado para acabar con el problema del secuestro.
En febrero de 2001 llegó a Sinaloa y creó la Unidad Especializada Antisecuestros y comenzó a dar resultados. Inició bancos de datos con información de los secuestradores, como voces, caligrafía, manera de operar, casas de seguridad y miembros.
Así poco a poco fue conociendo la operación de las bandas de plagiarios, hasta identificarlos y acudir al rescate de las víctimas. La sociedad le tuvo la confianza para denunciar los secuestros.
Hasta que comenzó a comentarse entre la sociedad sinaloense, que Ortega Colmenares recibía dádivas económicas de los secuestrados liberados por él y su equipo. También se corrió la información de que tenía dos empresas, una de ellas llamada Safeguard, que estaban a nombre de su esposa y hermano, y que desde las mismas vendía equipo de inteligencia y asesoría al estado de Sinaloa para el que trabajaba.
De hecho, funcionarios en la administración de José Guadalupe Osuna Millán comentan que Francisco Blake encontró a Ortega Colmenares cuando éste le hizo una oferta de herramienta y asesoría; así se lo trajo a Baja California.
Esta situación de las compensaciones que, se dice, le otorgaron las familias de los liberados, y la venta de equipo al gobierno, no fue del agrado de parte de la sociedad; medios de comunicación en aquel estado refirieron que quizá pudo ser la causa de la salida del "Comandante Simón" de Sinaloa.
Lo cierto es que de un día a otro, ya no apareció en la escena pública. Hasta que se conoció de su renuncia en diciembre de 2002, por motivos personales.
Anti secuestros dividida
Con estos antecedentes, en la práctica, el Gobierno del Baja California encabezado por el licenciado José Guadalupe Osuna Millán tiene dos equipos para combatir el secuestro.
Uno, responsabilidad del Procurador del Estado Rommel Moreno Manjarrez y el segundo, bajo la tutela del Secretario se Seguridad Pública del Estado, Daniel De la Rosa Anaya y del Secretario General de Gobierno, José Francisco Blake Mora, que trabajan a dúo.
El licenciado Osuna Millán ha permitido que las diferencias entre los miembros de su gabinete lleguen al extremo de dividir esfuerzos y recursos destinados para el combate de las privaciones de la libertad, delito que según las estadísticas, desde hace tres años, usualmente se va al alza cuando frenan los homicidios en la entidad.
Las familias de las víctimas ya percibieron la división.
Los primeros reportes se expusieron alrededor del mes de agosto. "Se trajeron a Iván, el venezolano que estuvo trabajando en el Grupos Antisecuestros en Sinaloa", dijo un agente se seguridad, amigo de un hombre secuestrado.
El asunto que estaban abordando era el de un empresario con negocios en Tijuana y Mexicali que fue privado de la libertad, liberado para que siendo el administrador de los bienes familiares, pagara por su vida y la de su esposa, quien fue secuestrada posteriormente a su liberación.
Un asunto cuya "solución" fue presentada ante el Gobernador Osuna como obra de Iván Colmenares, sin embargo fuentes de la misma secretaría de seguridad estatal revelaron en aquel momento: "El señor no dejó que nadie se metiera, estuvo muy raro, se supo de un asunto de deudas y después, en menos de dos semanas, que la señora estaba libre y en buen estado porque el señor pagó".
Fuentes de la Procuraduría agregaron: "Lo que se había manejado es que ofreció sus servicios como negociador para pagar el secuestro, no para rescatar a la víctima".
La información que se ha dado de manera no oficial es que Colmenares fue contratado como asesor para el tema de seguridad, como parte de esa negociación, el gobierno Bajacaliforniano compró a las empresas de su esposa y su hermano equipo para intervenciones e inteligencia policiaca.
"Sabemos que cuando se conoce de una privación Iván llega después que los agentes del Grupo Antisecuestros diciendo que va de parte del Gobierno del Estado, que en la Procuraduría están corrompidos y que él les puede ayudar. Cuando regresan los ministeriales, los ciudadanos se niegan a cooperar con corruptos".
Hasta donde se pudo averiguar, Iván Colmenares, efectivamente está cooperando con el estado bajacaliforniano, el problema es que después de varios meses, sueldos de asesorías compras de equipo a sus empresas, la autoridad continúa sin definir cuál es su posición jurídica, sus facultades y responsabilidades.
Ni siquiera se conoce con qué equipo está operando, no tiene facultades para solicitar información ni a las empresas, ni a los bancos de datos del sector oficial. "Sólo puede estar funcionando como negociador del dinero a pagar porque no le han asignado fuerza operativa para implementar rescates", informaron.
A la fecha, tampoco han puesto a la Policía Estatal Preventiva a su servicio.
El equipo de inteligencia sería el que pudiera estar usando, porque el recurso se retiró del presupuesto de la PGJE , por lo que asumen que se compró hace meses y no lo han recibido.
De tal suerte que al final se tiene dos equipos pero ninguno con el equipo o las facultades completas que le permitan combatir el problema de manera integral.
Al final los implicados están esperando que el Gobernador decida y forme un sólo grupo efectivo tomando las medidas y reformando las leyes que sean necesarias: llevarse antisecuestros a la secretaría de seguridad, o dejarla en la PGR , contratar nuevos investigadores o aprovechar algunos de los que tiene.
Las herramientas que le permitan darle a Colmenares el nombramiento oficial que le permita integrar una base de datos de las bandas criminales y sus familias, si es lo que busca.
Lo que vaya a decir tiene que hacerlo efectivo, para integrar a un solo equipo eficiente, porque ante la pérdida de recursos, invariablemente, los grupos delictivos usan el secuestro para abastecerse, situación que no tarda en detonar, según los mismos policías locales.
Actualmente, "Iván" está detectado como el negociador en el caso de Gregorio Barreto, que lleva más de un mes secuestrado.
Además surgió la primera queja en su contra; fue señalado por las familias de un ferretero que lleva varios meses secuestrado, de haberles solicitado dinero por su asesoría. La situación es que precisamente como el estado no tiene definida su posición, las familias de las víctimas no pueden saber si el gobierno le está pagando por ese trabajo o sólo lo está recomendando.
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Según PGJE: Secuestrador se suicidó antes de ser detenido
La información proporcionada por testigos y la imprevista captura de un hombre armado, permitió la detención de una supuesta célula de secuestradores vinculados con integrantes del llamado Cártel Arellano Félix (CAF).
Se les relaciona con el secuestro de una joven de 24 años de edad, quien el viernes 17 de octubre fue privada de su libertad cuando llegaba al Colegio Cadi ubicado en el Fraccionamiento Soler.
Rommel Moreno Manjarrez, procurador de Justicia del Estado, reveló que los datos proporcionados por testigos, así como la detención de una persona armada que al percatarse de la presencia de los policías trató de darse a la fuga, derivaron en la captura de la presunta célula de plagiarios.
"Dicho sujeto dijo llamarse Julio Curiel García, de 19 años de edad, quien al ser cuestionado sobre la portación del arma manifestó que ésta se la acababan de entregar, asimismo el revisar el vehículo Cherokee (en que viajaba), los agentes ministeriales detectaron que coincidía con las características del vehículo que participó en los hechos relacionados con el secuestro del 17 de octubre".
Durante el interrogatorio, Curiel García cayó en varias contradicciones, pero reconoció "que trabajaba para gente que se dedicaba a levantones y secuestros" y que efectivamente había participado en el secuestro de una mujer en el Soler.
El detenido proporcionó la dirección de tres viviendas donde presuntamente se encontraban algunos de sus cómplices, así como la mujer plagiada.
Según el Procurador, tras el secuestro de la joven, "la familia de la víctima recibió una llamada telefónica donde les exigían un millón de dólares por su liberación, o de lo contrario amenazaron con matar a la mujer".
En el primer cateo realizado en el Fraccionamiento Santa Fe, la Policía Ministerial ubicó a Amador González Soto, "El Chava", de 20 años de edad, quien fue identificado por Curiel como uno de sus cómplices.
Además, en el interior del inmueble localizaron un arma calibre .223 (AR-15), así como un chaleco antibalas con la leyenda PGJE.
Por su parte, González Soto declaró que conocía la "casa de seguridad donde se mantenía privada de la libertad la joven mujer", misma que se ubica en la Avenida La Tienda número 20979-C del Fraccionamiento Virreyes.
Al arribar a la vivienda, se detuvo a José Manuel Revilla Calderón, "El Chilango", de 23 años de edad, quien manifestó a los agentes que en uno de los cuartos de la planta baja se encontraba la víctima del plagio.
"De inmediato se logró localizar a la joven en una de las recámaras. Ella se encontraba tapada de los ojos y recostada sobre el piso sumamente nerviosa, pero físicamente bien", reveló Moreno Manjarrez.
Durante los cateos, un cuarto cómplice fue ubicado por la PGJE. Se trata de Mario Sandoval Pineda, "El Güero", quien según la dependencia se suicidó antes que ser capturado.
Además de los dos inmuebles, la camioneta y el rifle AR-15, la Procuraduría decomisó: Una pistola tipo escuadra calibre .45 y una pistola escuadra calibre 5.7 por 28, de las conocidas como "Mata Policías", por su capacidad de atravesar los chalecos antibalas que utilizan los agentes.
El Procurador Moreno Manjarrez informó que de acuerdo con las declaraciones desprendidas hasta el momento, la dependencia a su cargo estableció que los detenidos pertenecen a una célula del "CAF" vinculada con actividades de narcotráfico y secuestro.
"Los tres detenidos serán consignados y puestos a disposición del Juez Penal en turno por la posible comisión del delito de secuestro agravado, y en contra de quienes se solicitará la aplicación de la pena máxima de prisión, que es de 50 años".
Un estudio elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señala que en Baja California se cometen 8.47 secuestros por cada 100 mil habitantes, mientras que en el Distrito Federal la cifra se ubica en 5.78 privaciones. ( Francisco Sandoval Alarcón )
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Privaciones de la libertad de octubre
Núm.
Nombre
Día
Hora
Lugar
Ciudad
Privación ilegal
1
Sin identificar Hombre
Octubre/2
04:15
Macroplaza
Tijuana
Privación ilegal de libertad
2
Sin identificar Mujer
Octubre2
6:45
Blvd. Rosas Magallón
Tijuana
Privación ilegal de libertad
3
Julio Fernández Ramírez
Octubre/2
02:30
Col. Internacional
Tijuana
Privación ilegal de libertad
4
Yahir Aguilar Moreno
Octubre/2
02:30
Col. Internacional
Tijuana
Privación ilegal de libertad
5
Gregorio Barreto Luna
Octubre/2
04:39
Macroplaza
Tijuana
Privación ilegal de libertad
6
Sin identificar
Octubre/3
De día
Calle Belice La Mesa
Tijuana
Privación ilegal de libertad
7
José Rangel Flores
Octubre/8
04:50
Col. Constitución
Rosarito
Secuestrado (Ejecutado)
8
Fernando González
Octubre/8
04:50
Col. Constitución
Rosarito
Secuestro
9
Si identificar
Octubre/9
06:00
Col. Constitución
Rosarito
Privación ilegal de libertad
10
Si identificar
Octubre/9
06:00
Col. Constitución
Rosarito
Privación ilegal de libertad
11
Sergio Jesús Márquez
Octubre/10
02:00
Libramiento Rosas Magallón
Tijuana
Levantado (Ejecutado)
12
Sin identificar
Octubre/11
17:00
Caseta de Cobro Ros-Ens.
Rosarito
Levantón
13
Sin identificar
Octubre/11
De día
Calle Ensenada
Rosarito
Privación de libertad
14
Priscila Gutiérrez Soler
Octubre/17
07:45
Fracc. Soler
Tijuana
Privación ilegal de libertad
15
Miguel á ngel Astorga
Octubre/22
21:20
Col. Tomas Aquino
Tijuana
Privación ilegal de libertad
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miércoles, 22 de octubre de 2008
Detienen a tres plagiarios del cártel de Tijuana
Tres presuntos integrantes del cártel Arellano Félix fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial durante el rescate de una joven que había sido secuestrada dos días antes, informó el procurador de Justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez.
En la acción, un cuarto integrante de la banda murió en un intento por evitar ser detenido, dijo el funcionario y detalló que además se incautaron tres armas de fuego y dos domicilios que eran utilizados como casas de seguridad.
Confirmó que la banda de los hermanos Arellano Félix se dividió en por lo menos dos células, una de ellas apoyada por el cártel de Sinaloa, y dijo desconocer a cuál de las dos pertenecen los presuntos secuestradores detenidos la noche del martes.
La mujer rescatada había sido privada de su libertad el viernes pasado cuando llegaba al Colegio Cadi, propiedad de su madre, y durante el plagio, los secuestradores hirieron de bala a un guardia del plantel que intentó defender a la joven, de 24 años.
Para liberarla, los secuestradores exigían el pago de un millón de pesos, y finalmente fue rescatada sin cubrir el rescate, y en buen estado de salud aunque impactada psicológicamente.
Los detenidos fueron identificados como José Manuel Revilla Calderón, "el Chilango", de 23 años; Julio Curiel García, de 19 años, y Amador González Soto, de 20 años, y el nombre del fallecido era Mario Sandoval Pineda, "el Güero".
En sus declaraciones revelaron que "trabajan" para una banda criminal que se dedica a privar de la libertad y secuestrar a personas.
A los detenidos se les incautaron una pistola escuadra calibre 5.7x28 milímetros, conocida como "matapolicías"; una pistola escuadra calibre .45 y una carabina AR-15, calibre .223.
En la acción, un cuarto integrante de la banda murió en un intento por evitar ser detenido, dijo el funcionario y detalló que además se incautaron tres armas de fuego y dos domicilios que eran utilizados como casas de seguridad.
Confirmó que la banda de los hermanos Arellano Félix se dividió en por lo menos dos células, una de ellas apoyada por el cártel de Sinaloa, y dijo desconocer a cuál de las dos pertenecen los presuntos secuestradores detenidos la noche del martes.
La mujer rescatada había sido privada de su libertad el viernes pasado cuando llegaba al Colegio Cadi, propiedad de su madre, y durante el plagio, los secuestradores hirieron de bala a un guardia del plantel que intentó defender a la joven, de 24 años.
Para liberarla, los secuestradores exigían el pago de un millón de pesos, y finalmente fue rescatada sin cubrir el rescate, y en buen estado de salud aunque impactada psicológicamente.
Los detenidos fueron identificados como José Manuel Revilla Calderón, "el Chilango", de 23 años; Julio Curiel García, de 19 años, y Amador González Soto, de 20 años, y el nombre del fallecido era Mario Sandoval Pineda, "el Güero".
En sus declaraciones revelaron que "trabajan" para una banda criminal que se dedica a privar de la libertad y secuestrar a personas.
A los detenidos se les incautaron una pistola escuadra calibre 5.7x28 milímetros, conocida como "matapolicías"; una pistola escuadra calibre .45 y una carabina AR-15, calibre .223.
martes, 9 de septiembre de 2008
Las redes del CAF
La indagatoria del secuestro de un ingeniero desarrollada en Guadalajara y Tijuana reveló la presunta participación de esbirros de Fernando Sánchez Arellano en los recientes secuestros cometidos en esta ciudad fronteriza.
Además, el trabajo pericial desarrollado en Tijuana, después del cateo en una casa de seguridad en Playas de Tijuana el sábado 30 de agosto, concluyó en el decomiso de varias armas largas que fueron usadas en balaceras y asesinatos cometidos entre 2007 y 2008, atribuidos en sus respectivas investigaciones a los grupos que comandan Armando “El Gordo” Villarreal e Ignacio Parra Ramos “La Perra”.
“Encontrar pistolas y rifles usados por dos células, presuntamente antagónicas, en una casa de seguridad localizada en la zona de influencia de Jorge Briceño, “El Cholo”, un tercer lugarteniente, esto hace evidente que cometieron los delitos de manera coordinada y en equipo.
“Lo que indica que también debieron hacerlo con la aprobación de Sánchez Arellano, porque ni Briceño ni Villarreal hubieran actuado sin permiso del líder. Así funcionan las bandas, si gente de ese nivel se va por su cuenta los matan”, agregó un investigador.
La misma pesquisa reveló nuevas estrategias de los criminales para sorprender a sus víctimas. Ahora, los delincuentes están contratando los servicios profesionales de sus próximas víctimas o comprándoles propiedades.
Pero cuando el ciudadano recibe el pago por el inmueble o el servicio, este cliente o comprador ya tiene preparado a un comando que lo priva de la libertad antes de que llegue a su siguiente cita. Entonces lo roban y después lo secuestran para pedirle rescate a la familia, obteniendo una doble ganancia.
Las cantidades solicitadas están en alrededor de los 30 mil dólares, monto que las familias con posibilidades económicas obtienen en menos tiempo, por lo que las víctimas están siendo liberadas en la primera o segunda semana de su cautiverio. La única diferencia en el modus operandi actual es que hasta el momento no están asesinando a los secuestrados.
Las líneas de investigación también revelaron que el CAF nuevamente ha renovado sus niveles delictivos más bajos, por lo menos en el tema de secuestro. Esto significa que están trayendo hombres jóvenes de poblados de Sinaloa y Jalisco, que no tienen antecedentes ni son conocidos en Baja California y que al no tener que residir en la frontera, tranquilamente acatan la orden de regresar a su estado de origen, entre delito y delito.
Cada vez que estos delincuentes son requeridos se comunican por Nextel con una persona del pueblo pidiendo gente. Otras características es que a los criminales les pagan a destajo, no los llaman constantemente y con toda libertad pueden contratarse para delinquir con el CAF en otros estados.
Datos obtenidos a través de los grupos de inteligencia policiaca también indican que el CAF tiene abierta la puerta a varios grupos de secuestradores que mantienen comunicación constante, pero que manejan listas de secuestrables independientes, en los cuales actualmente están incluidos propietarios de antros y lotes de autos alrededor de los cuales se desarrollan investigaciones dado que los delincuentes aún se encuentran en la etapa de acercarse para cobrarles piso, bajo la amenaza de la privación.
Fuentes policíacas aseguraron que iniciaron operativos preventivos. La finalidad sigue siendo la misma: evitar los secuestros y detener a las bandas.
Interconectados
Los nexos y las acciones criminales atribuibles a este grupo empezaron a establecerse en la investigación ministerial cuando recibieron los resultados del examen pericial a las armas localizadas por agentes de la Procuraduría del Estado en la casa con el número 31 y/o 313 de la calle Olas Altas de la sección Coronado en Playas de Tijuana.
Los estudios que aún no concluyen en lo que respecta a la totalidad del armamento, hasta el momento indican que:
Una pistola calibre 9 milímetros marca FEG que percutió una bala en el acto criminal investigado en el expediente 87/08/201/AP, refiere que los hechos se suscitaron el 5 de agosto de 2008. Sin embargo, los prontuarios periodísticos correspondientes a esa fecha sólo registraron la detención de los hermanos Román y Alberto Alonso Ramírez en la delegación La Presa, capturados en posesión de un arsenal y portando chamarras con la leyenda “Fuerzas Especiales del Muletas”, en referencia a Raybel López Uriarte, sicario de Teodoro García Simental, alias “El Teo”.
Una carabina calibre .223 marca DPMS Panther, que percutió 145 casquillos en la averiguación 10/08/201/AP donde fue asesinada la señora Evangelina Vázquez, cuya casa ubicada en la colonia 3 de Octubre fue atacada por error; los criminales creyeron que ahí vivía un jefe policiaco que participó en el retén que impidió la fuga de los delincuentes que trataron de asaltar el camión de valores en enero pasado. El incidente fue atribuido a una venganza conjunta del CAF coordinada por Parra Ramos.
La misma carabina percutió 12 casquillos en los hechos donde fueron asesinados Carlos Horacio Morales Méndez, oficial de la Policía Estatal Preventiva, y Micael Rodríguez, de oficio albañil, quienes fueron muertos en la colonia La Morita el 22 de septiembre de 2007.
Un fusil calibre 7.62 marca Cai Stavt, percutió 56 tiros contra las instalaciones de la delegación de policía en la zona de El Centenario el pasado 9 de abril de 2008. Este hecho fue adjudicado en la investigación a “El Gordo” Villarreal.
También fue usado para asesinar al jefe de la policía municipal Margarito Saldaña, y a su hija, cuando un comando balaceó su humilde casa en la colonia Loma Bonita el 15 de enero de 2008, después que este jefe policiaco también participara en el retén que impidió la fuga de los delincuentes que intentaron asaltar el camión de valores un día antes. Esa arma dejó 16 casquillos en esa escena del crimen, considerada una venganza conjunta.
Además, el arma dejó otros 46 casquillos en la Avenida De los Héroes a la altura de la colonia Buena Vista, lugar donde asesinaron al agente federal de investigación Andrés Pinedo Pérez, el 5 de abril de 2008.
Y uno más: en la averiguación previa que data del 15 de enero de 2006, con el número de expediente 104/06/208/AP. Hechos de los cuales no se encontró rastro en los archivos periodísticos.
A todas las armas les borraron el número de serie. Además, estaban en condiciones óptimas de funcionalidad.
Las casas
El arsenal antes descrito fue encontrado en una casa de seguridad que, según los datos de inteligencia policiaca, era utilizada por los sicarios de la célula de Jorge Briceño “El Cholo”.
“Las dos casas de seguridad que catearon el sábado son de Briceño”, aseguró una fuente. Efectivamente se trata de la zona del lugarteniente mencionado y también es cierto que hubo un segundo cateo del que no se habló en la conferencia dada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Esta indagatoria se efectuó en la vivienda que habitaba Oliver Ulises Castañeda Navarrete. Información interna no oficial indicó que los ministeriales fueron a buscarlo porque dentro de la investigación el mencionado ha sido reconocido por más de cuatro personas como:
Presunto responsable del secuestro de un ingeniero en Playas de Tijuana y está relacionado con por lo menos, otras dos privaciones más.
Fue señalado por los detenidos como el encargado de entregar y recoger las armas que se resguardaban en la casa cateada.
También de manera extraoficial, elementos de un grupo de inteligencia local indicaron que se le siguen investigaciones por delitos cometidos desde 2006 en los que ha sido nombrado como presunto operador de “El Cholo”. Sin embargo, las policías de Baja California no han incluido en las investigaciones elementos de prueba que acrediten lo dicho por algunos delincuentes detenidos.
Los informantes también aseguraron que uno de los hombres que forma parte de la investigación es sobrino de un “asistente, chofer y escolta” de Fernando Sánchez Arellano al que conocen como el “Andobas”, delincuente incluido dentro de los trabajos de inteligencia locales, del cual las autoridades aún no tienen ni el nombre completo ni fotografía.
Datos extraoficiales indicaron que agentes ministeriales se comunicaron vía radio con Oliver Ulises Castañeda y le informaron que había sido descubierto dándole la oportunidad de huir, servicio por el que pagó alrededor de 30 mil dólares.
Al respecto, directivos ministeriales dijeron no tener indicios al respecto, pero que revisarían el caso. A la fecha las investigaciones ministeriales y de inteligencia simplemente continúan
Además, el trabajo pericial desarrollado en Tijuana, después del cateo en una casa de seguridad en Playas de Tijuana el sábado 30 de agosto, concluyó en el decomiso de varias armas largas que fueron usadas en balaceras y asesinatos cometidos entre 2007 y 2008, atribuidos en sus respectivas investigaciones a los grupos que comandan Armando “El Gordo” Villarreal e Ignacio Parra Ramos “La Perra”.
“Encontrar pistolas y rifles usados por dos células, presuntamente antagónicas, en una casa de seguridad localizada en la zona de influencia de Jorge Briceño, “El Cholo”, un tercer lugarteniente, esto hace evidente que cometieron los delitos de manera coordinada y en equipo.
“Lo que indica que también debieron hacerlo con la aprobación de Sánchez Arellano, porque ni Briceño ni Villarreal hubieran actuado sin permiso del líder. Así funcionan las bandas, si gente de ese nivel se va por su cuenta los matan”, agregó un investigador.
La misma pesquisa reveló nuevas estrategias de los criminales para sorprender a sus víctimas. Ahora, los delincuentes están contratando los servicios profesionales de sus próximas víctimas o comprándoles propiedades.
Pero cuando el ciudadano recibe el pago por el inmueble o el servicio, este cliente o comprador ya tiene preparado a un comando que lo priva de la libertad antes de que llegue a su siguiente cita. Entonces lo roban y después lo secuestran para pedirle rescate a la familia, obteniendo una doble ganancia.
Las cantidades solicitadas están en alrededor de los 30 mil dólares, monto que las familias con posibilidades económicas obtienen en menos tiempo, por lo que las víctimas están siendo liberadas en la primera o segunda semana de su cautiverio. La única diferencia en el modus operandi actual es que hasta el momento no están asesinando a los secuestrados.
Las líneas de investigación también revelaron que el CAF nuevamente ha renovado sus niveles delictivos más bajos, por lo menos en el tema de secuestro. Esto significa que están trayendo hombres jóvenes de poblados de Sinaloa y Jalisco, que no tienen antecedentes ni son conocidos en Baja California y que al no tener que residir en la frontera, tranquilamente acatan la orden de regresar a su estado de origen, entre delito y delito.
Cada vez que estos delincuentes son requeridos se comunican por Nextel con una persona del pueblo pidiendo gente. Otras características es que a los criminales les pagan a destajo, no los llaman constantemente y con toda libertad pueden contratarse para delinquir con el CAF en otros estados.
Datos obtenidos a través de los grupos de inteligencia policiaca también indican que el CAF tiene abierta la puerta a varios grupos de secuestradores que mantienen comunicación constante, pero que manejan listas de secuestrables independientes, en los cuales actualmente están incluidos propietarios de antros y lotes de autos alrededor de los cuales se desarrollan investigaciones dado que los delincuentes aún se encuentran en la etapa de acercarse para cobrarles piso, bajo la amenaza de la privación.
Fuentes policíacas aseguraron que iniciaron operativos preventivos. La finalidad sigue siendo la misma: evitar los secuestros y detener a las bandas.
Interconectados
Los nexos y las acciones criminales atribuibles a este grupo empezaron a establecerse en la investigación ministerial cuando recibieron los resultados del examen pericial a las armas localizadas por agentes de la Procuraduría del Estado en la casa con el número 31 y/o 313 de la calle Olas Altas de la sección Coronado en Playas de Tijuana.
Los estudios que aún no concluyen en lo que respecta a la totalidad del armamento, hasta el momento indican que:
Una pistola calibre 9 milímetros marca FEG que percutió una bala en el acto criminal investigado en el expediente 87/08/201/AP, refiere que los hechos se suscitaron el 5 de agosto de 2008. Sin embargo, los prontuarios periodísticos correspondientes a esa fecha sólo registraron la detención de los hermanos Román y Alberto Alonso Ramírez en la delegación La Presa, capturados en posesión de un arsenal y portando chamarras con la leyenda “Fuerzas Especiales del Muletas”, en referencia a Raybel López Uriarte, sicario de Teodoro García Simental, alias “El Teo”.
Una carabina calibre .223 marca DPMS Panther, que percutió 145 casquillos en la averiguación 10/08/201/AP donde fue asesinada la señora Evangelina Vázquez, cuya casa ubicada en la colonia 3 de Octubre fue atacada por error; los criminales creyeron que ahí vivía un jefe policiaco que participó en el retén que impidió la fuga de los delincuentes que trataron de asaltar el camión de valores en enero pasado. El incidente fue atribuido a una venganza conjunta del CAF coordinada por Parra Ramos.
La misma carabina percutió 12 casquillos en los hechos donde fueron asesinados Carlos Horacio Morales Méndez, oficial de la Policía Estatal Preventiva, y Micael Rodríguez, de oficio albañil, quienes fueron muertos en la colonia La Morita el 22 de septiembre de 2007.
Un fusil calibre 7.62 marca Cai Stavt, percutió 56 tiros contra las instalaciones de la delegación de policía en la zona de El Centenario el pasado 9 de abril de 2008. Este hecho fue adjudicado en la investigación a “El Gordo” Villarreal.
También fue usado para asesinar al jefe de la policía municipal Margarito Saldaña, y a su hija, cuando un comando balaceó su humilde casa en la colonia Loma Bonita el 15 de enero de 2008, después que este jefe policiaco también participara en el retén que impidió la fuga de los delincuentes que intentaron asaltar el camión de valores un día antes. Esa arma dejó 16 casquillos en esa escena del crimen, considerada una venganza conjunta.
Además, el arma dejó otros 46 casquillos en la Avenida De los Héroes a la altura de la colonia Buena Vista, lugar donde asesinaron al agente federal de investigación Andrés Pinedo Pérez, el 5 de abril de 2008.
Y uno más: en la averiguación previa que data del 15 de enero de 2006, con el número de expediente 104/06/208/AP. Hechos de los cuales no se encontró rastro en los archivos periodísticos.
A todas las armas les borraron el número de serie. Además, estaban en condiciones óptimas de funcionalidad.
Las casas
El arsenal antes descrito fue encontrado en una casa de seguridad que, según los datos de inteligencia policiaca, era utilizada por los sicarios de la célula de Jorge Briceño “El Cholo”.
“Las dos casas de seguridad que catearon el sábado son de Briceño”, aseguró una fuente. Efectivamente se trata de la zona del lugarteniente mencionado y también es cierto que hubo un segundo cateo del que no se habló en la conferencia dada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Esta indagatoria se efectuó en la vivienda que habitaba Oliver Ulises Castañeda Navarrete. Información interna no oficial indicó que los ministeriales fueron a buscarlo porque dentro de la investigación el mencionado ha sido reconocido por más de cuatro personas como:
Presunto responsable del secuestro de un ingeniero en Playas de Tijuana y está relacionado con por lo menos, otras dos privaciones más.
Fue señalado por los detenidos como el encargado de entregar y recoger las armas que se resguardaban en la casa cateada.
También de manera extraoficial, elementos de un grupo de inteligencia local indicaron que se le siguen investigaciones por delitos cometidos desde 2006 en los que ha sido nombrado como presunto operador de “El Cholo”. Sin embargo, las policías de Baja California no han incluido en las investigaciones elementos de prueba que acrediten lo dicho por algunos delincuentes detenidos.
Los informantes también aseguraron que uno de los hombres que forma parte de la investigación es sobrino de un “asistente, chofer y escolta” de Fernando Sánchez Arellano al que conocen como el “Andobas”, delincuente incluido dentro de los trabajos de inteligencia locales, del cual las autoridades aún no tienen ni el nombre completo ni fotografía.
Datos extraoficiales indicaron que agentes ministeriales se comunicaron vía radio con Oliver Ulises Castañeda y le informaron que había sido descubierto dándole la oportunidad de huir, servicio por el que pagó alrededor de 30 mil dólares.
Al respecto, directivos ministeriales dijeron no tener indicios al respecto, pero que revisarían el caso. A la fecha las investigaciones ministeriales y de inteligencia simplemente continúan
jueves, 4 de septiembre de 2008
Desarticulan banda de secuestradores en Mexicali
Una banda de secuestradores dedicada al plagio de empresarios y comerciantes de la localidad, fue desarticulada hoy por elementos del Grupo Antisecuestros, adscritos a la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada (SCDO) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Tras este operativo, agentes del Grupo Antisecuestros liberaron a un comerciante mexicalense que tenía por lo menos 23 días privado de su libertad.
El procurador de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjarrez, informó que tras una investigación del Grupo Antisecuestro, se logró la ubicación de una "casa de seguridad" en el fraccionamiento Misión San Ángel.
Tras confirmar que dentro de la "casa de seguridad" se encontraba el grupo de secuestradores y presumiblemente una persona plagiada, la PGJE solicitó apoyo a la dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), para implementar un operativo de rescate y detención de los plagiarios.
Moreno Manjarrez informó que en el operativo policiaco se logró liberar a un comerciante de 71 años y el arresto de cinco secuestradores.
"Una de las primeras acciones realizados fue que un médico revisara el estado de salud del plagiado, quien se encuentra en estable", comentó el fiscal del estado.
Expresó que el secuestro del comerciante mexicalense se registró el 12 de agosto, cuando este viajaba en su pick up 2005, y llegaba a una de sus propiedades localizada a la altura del kilómetro 14.5 de la carretera federal número5, Mexicali-San Felipe.
Moreno Manjarrez explicó que el comerciante fue interceptado por tres sujetos armados, quienes lo sometieron con lujo de violencia y lo llevaron a la "casa de seguridad", donde fue liberado.
Moreno Manjarrez señaló que al momento de su rescate, el empresario estaba atado de los pies con una cadena y tenía cubierto el rostro.
El procurador mencionó que este grupo de secuestradores está implicado en por lo menos dos plagios más contra empresarios y comerciantes del Estado.
Los detenidos en este operativo son Francisco Cruz Castro, de 42 años, originario de Guasave, Sinaloa; Roberto Villa Berrelleza, de 44 años, originario de Sinaloa de Leyva, Sinaloa; Maximino Guzmán Sañudo, de 37 años, originario de Sinaloa de Leyva, Sinaloa; Noe Valdez Aguilar, de 40 años, originario de Guasave, Sinaloa y Gabriel Arredondo Urreta de 35 años, originario de La Cruz de Elota, Sinaloa.
Tras este operativo, agentes del Grupo Antisecuestros liberaron a un comerciante mexicalense que tenía por lo menos 23 días privado de su libertad.
El procurador de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjarrez, informó que tras una investigación del Grupo Antisecuestro, se logró la ubicación de una "casa de seguridad" en el fraccionamiento Misión San Ángel.
Tras confirmar que dentro de la "casa de seguridad" se encontraba el grupo de secuestradores y presumiblemente una persona plagiada, la PGJE solicitó apoyo a la dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), para implementar un operativo de rescate y detención de los plagiarios.
Moreno Manjarrez informó que en el operativo policiaco se logró liberar a un comerciante de 71 años y el arresto de cinco secuestradores.
"Una de las primeras acciones realizados fue que un médico revisara el estado de salud del plagiado, quien se encuentra en estable", comentó el fiscal del estado.
Expresó que el secuestro del comerciante mexicalense se registró el 12 de agosto, cuando este viajaba en su pick up 2005, y llegaba a una de sus propiedades localizada a la altura del kilómetro 14.5 de la carretera federal número5, Mexicali-San Felipe.
Moreno Manjarrez explicó que el comerciante fue interceptado por tres sujetos armados, quienes lo sometieron con lujo de violencia y lo llevaron a la "casa de seguridad", donde fue liberado.
Moreno Manjarrez señaló que al momento de su rescate, el empresario estaba atado de los pies con una cadena y tenía cubierto el rostro.
El procurador mencionó que este grupo de secuestradores está implicado en por lo menos dos plagios más contra empresarios y comerciantes del Estado.
Los detenidos en este operativo son Francisco Cruz Castro, de 42 años, originario de Guasave, Sinaloa; Roberto Villa Berrelleza, de 44 años, originario de Sinaloa de Leyva, Sinaloa; Maximino Guzmán Sañudo, de 37 años, originario de Sinaloa de Leyva, Sinaloa; Noe Valdez Aguilar, de 40 años, originario de Guasave, Sinaloa y Gabriel Arredondo Urreta de 35 años, originario de La Cruz de Elota, Sinaloa.
Exhiben a secuestradores en espectaculares en Tijuana
La Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría de Justicia de Baja California instalaron en Tijuana anuncios espectaculares con las fotografías de presuntos secuestradores.
Las mantas, ubicadas en la rampa Buena Vista de esta ciudad, muestran los rostros y los nombres de un total de 13 plagiarios, además de incluir una invitación para que la ciudadanía los denuncie de manera anónima al teléfono 089.
En el primero de los cartelones se exhiben los nombres de Guillermo Octavio Sánchez Camacho, Diego Alcaraz Muciño, Sergio Tirado Herrera, José Manuel García Galván, Saúl Camacho Cota y Ángel Hernández.
El segundo espectacular, colocado en la cima de la rampa, muestra a José Luis Cárdenas López, Manuel Garibay Espinoza, Francisco Manzo Moran, José Rafael Méndez Gutiérrez, Eduardo González Tostado, José Andrés López Guadiana y Jando Chávez.
En la parte inferior de los anuncios aparecen los logotipos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJE).
Las mantas, ubicadas en la rampa Buena Vista de esta ciudad, muestran los rostros y los nombres de un total de 13 plagiarios, además de incluir una invitación para que la ciudadanía los denuncie de manera anónima al teléfono 089.
En el primero de los cartelones se exhiben los nombres de Guillermo Octavio Sánchez Camacho, Diego Alcaraz Muciño, Sergio Tirado Herrera, José Manuel García Galván, Saúl Camacho Cota y Ángel Hernández.
El segundo espectacular, colocado en la cima de la rampa, muestra a José Luis Cárdenas López, Manuel Garibay Espinoza, Francisco Manzo Moran, José Rafael Méndez Gutiérrez, Eduardo González Tostado, José Andrés López Guadiana y Jando Chávez.
En la parte inferior de los anuncios aparecen los logotipos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJE).
martes, 2 de septiembre de 2008
Pertenecen a La Familia secuestradores de Nicolás Romero
Veinte detenidos, un agente federal muerto, tres agentes más lesionados y dos secuestradores muertos, fue el saldo de un operativo realizado esta mañana en el municipio de Nicolás Romero, ubicado en el norponiente del Edomex, en el que se logró liberar a una mujer y a un hombre.
El operativo se realizó en la calle de Magnolias, colonia Vista Hermosa, donde se desató un enfrentamiento a balazos -alrededor de las 5:00 horas de este martes- durante el rescate de las víctimas de secuestro.
Los elementos federales liberaron a una mujer y a su hijo, identificados como Mayra, de 49 años, y Fidel, de 30 años.
La Policía Federal Preventiva indicó que tras el operativo se detuvieron a 20 presuntos secuestradores, quienes tenían en su poder 13 armas largas, granadas de fragmentación y pistolas de distintos calibres con cartuchos útiles.
Personal de la Procuraduría mexiquense confirmó que el agente federal Pedro Solana falleció, al igual que dos de los presuntos plagiarios.
Los tres heridos, de quienes no se tiene conocimienot si son supuestos plagiarios o agentes, fueron trasladados al Hospital San José, de Ciudad Satélite, según dijo la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), mismo que se encuentra custodiado por alrededor de 80 elementos tanto de la Policía federal como de la ASE, y un estimado de 10 vehículos policiacos para el resguardo del sitio.
La Policía federal informó que el martes de la semana pasada los plagiados fueron privados de su libertad por un comando armado afuera de su domicilio, ubicado en este mismo Municipio.
Luego de un enfrentamiento en el municipio Villa Nicolás Romero en el Estado de México fueron detenidos 13 secuestradores, informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
Los hechos ocurrieron este martes en la calle de Magnolia número 35, donde los uniformados implementaron un operativo en una casa de seguridad y se logró la liberación de las víctimas.
Extraoficialmente se dio a conocer que son dos personas, madre e hijo, los que fueron puestos en libertad tras el operativo.
De acuerdo con las primeras investigaciones, al darse cuenta los secuestradores de la presencia policiaca agredieron a tiros a los agentes, lo que originó un enfrentamiento en el que fueron detenidos 13 secuestradores y dos perdieron la vida.
Además dos agentes federales resultaron heridos y uno falleció, sin que hasta el momento se conozca su identidad.
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Al menos 20 detenidos pertenecientes al grupo criminal conocido como La Familia, ha dejado hasta el momento el operativo de la Policía Federal en Villa Nicolás Romero, en el estado de México, en donde grupos especiales liberaron a dos personas plagiadas por estos sicarios.
Fuentes de la Policía Federal confirmaron que el grupo de plagiarios con el que se enfrentaron en las primeras horas de este día en Villa Nicolás Romero pertenece a La Familia, ubicada como un grupo de sicarios al servicio del cártel de Sinaloa.
En el enfrentamiento para liberar a dos personas plagiadas -que fueron rescatadas sanas y salvas- falleció un elemento de la Policía Federal de nombre Pedro Solana, de 28 años, y por lo menos dos delincuentes.
La Policía Federal ha asegurado esta mañana cuatro casas de seguridad en las inmediaciones de Villa Nicolás Romero así como un arsenal que incluye rifles AK-47 y pistolas calibre 9 milímetros, indicaron fuentes que encabezan el operativo.
miércoles, 20 de agosto de 2008
Secuestradores, los mas buscados de BC
El rostro de trece narcotraficantes dedicados al secuestro, algunos implicados en homicidios de alto impacto, integran el programa de “Los más Buscados” encabezado por la Procuraduría de Justicia del Estado y la sociedad organizada, en Baja California.
Entre los delincuentes exhibidos hay secuestradores buscados durante muchos años y algunos con perfiles menos públicos, pero no nuevos en la estructura criminal, como:
Manuel Garibay Espinoza “Don Manuel”; José Luis Cárdenas López y/o José Luis Valencia Leyva; Saúl Camacho Cota; José Rafael Méndez Gutiérrez “El Güero Jícama”.
Sergio Tirado Herrera; Guillermo Octavio Sánchez Camacho; Ángel García Herrera “El Tata” o “El Abuelo”; Diego Alcaraz Muciño “El Yeyo”; José Manuel García Galván “El Tiburón”; Francisco Manzo Morán “El Billy”; Eduardo González Tostado “El Mandil”; José Andrés López Guadiana; Jando Chávez.
Aunque en este programa son buscados por secuestro, las actividades delictivas de estas personas son más variadas de acuerdo a las averiguaciones en su contra. Por ejemplo:
José Rafael Méndez Gutiérrez fue identificado como uno de los participantes en el intento de homicidio contra el ex Secretario de Seguridad Pública Estatal, Licenciado Manuel Díaz Lerma, en Mexicali el 25 de abril de 2006.
José Luis Cárdenas López, alias “José Valencia Leyva”, alias “El Junior”, fue detenido en Mexicali el 6 de junio del 2001 acusado del asesinato un mes atrás de tres agentes de la Policía Ministerial. Junto a él detuvieron a José Alfredo Ulivarría García y Héctor Manuel Ulivarría García. Los acusaban también de los crímenes de Enrique Harari García, Wilfredo Roberto Gastélum Serrano y Mario Serrano Ramos. La noche del 5 de septiembre del mismo año, Cárdenas López escapó con un grupo de reos por la puerta frontal del penal en Mexicali.
A Manuel Garibay Espinoza se le vinculó con los hermanos Arellano Félix en los noventa y ahora con Ismael “El Mayo Zambada”. Fue detenido en Estados Unidos y se convirtió en testigo protegido. Reapareció en México detenido por la Policía Municipal en San Luis Río Colorado, vinculado al asesinato del Comandante José Pineda, a la muerte del policía ministerial Humberto Armenta Vizcarra y varios homicidios en el Valle de Mexicali. Su hijo del mismo nombre fue detenido este año en California.
El nombre de Ángel García Herrera, alias “El Tata”,forma parte de la causa penal 141/2006 del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal por los delitos de delincuencia organizada. Secuestradores de un empresario afirmaron ser integrantes de una célula criminal dirigida por Félix Rodríguez Meza “El Gordo”, dependiente de Ángel García Herrera “El Tata”, quien recibía las órdenes de Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, ahora preso.
Diego Alcaraz Muciño “El Yeyo” y José Manuel García Galván “El Tiburón”, tienen el agravante de ser policías y haber cometido varias privaciones de la libertad con el grupo criminal de Francisco Manzo Morán “El Billy”.
Denuncie a secuestradores
Sobre los señalados por la Procuraduría del Estado como los principales secuestradores en Baja California y los más buscados, dijo el Procurador Rommel Moreno:
“Son personas señaladas en declaraciones, involucrados en los eventos de secuestro en los que ha habido detenidos y, algunos están incluidos en más de dos averiguaciones previas”.
Conforme a las indagatorias, aún están prófugos entre quince y veinte delincuentes que han participado en los hechos delictivos, pero seleccionaron los trece considerados más peligrosos.
El Licenciado Moreno Manjarrez respondió así las preguntas de ZETA sobre el expediente de los secuestradores:
– ¿Se trata de secuestradores o narcotraficantes dedicados a la privación de la libertad?
“Ubicamos muy pocos grupos que tenían un modus operandi como secuestradores en sí, sobre todo en Mexicali y fue al inicio de nuestra gestión. Ahora la mayoría pertenecen a diferentes grupos de la estructura del CAF (Cártel de los hermanos Arellano Félix) y el Cártel de Sinaloa; están inmiscuidos en un nivel mínimo, han actuado en asuntos muy específicos, así ha quedado determinado por las declaraciones de los integrantes de las 22 bandas detenidas de noviembre de 2007 a principios de agosto”
– ¿Tienen grupos identificados y van por ellos?
“Bueno, sí… hay información muy especial que tenemos que compartir con la federación que es muy sigilosa, la cual estamos manejando en una estrategia conjunta y se dará a conocer posteriormente. Por cuestión de competencia del fuero común no es nuestra función buscar a los integrantes de los cárteles, pero…en este momento te digo que en el grupo antisecuestros hacemos los operativos para resolver el evento, liberar a las víctimas, es la principal misión y los datos que se recaban tienen ese objetivo. En consecuencia de esos operativo desarticulamos estas bandas que hemos detectado por confesiones; delinquen para el crimen organizado.
“Grupos y cabecillas de secuestradores se están moviendo a partir de Tijuana, van a Mexicali, regresan y se trasladan a Ensenada. Ya se está trabajando en estrategias para detectar estos movimientos”.
El Procurador comentó que espera la colaboración ciudadana en ambos lados de la frontera para localizar a los delincuentes, porque existen varios casos de secuestradores buscados en los dos países y que podrán ser denunciados anónimamente en el programa “Línea Binacional contra el Secuestro”, aunque esto llevará más tiempo.
Para concretarlo, Rommel Moreno ha sido enviado a firmar convenios de colaboración con autoridades federales, estatales y municipales, así como con varios estados de la Unión Americana.
El Gobierno de Baja California programa respaldar parte del programa con la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés).
Mientras esto sucede los ciudadanos que deseen denunciar podrán hacerlo de manera anónima al número 089.
Los más buscados
Parte de la estrategia para capturar a los secuestradores, independiente de una línea telefónica, es exhibir las imágenes de estos trece criminales en tres etapas:
Uno. “Reconocimiento de la ciudadanía hacia los perfiles, los rostros. Una especie de localización. Basado en la experiencia del Distrito Federal, también en la experiencia de la señora Miranda Wallace en el secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace, y la experiencia en Morelos también con algunos asuntos.
“Aquí estamos evaluando cuántas caras vamos a exponer por cuanto tiempo en estos carteles luminosos y espectaculares”.
Dos. “Viene una colaboración natural de la federación, ahora estamos hablando del esquema Plataforma México para dar a conocer estos rostros, en internet, en muchos esquemas de audio, televisión y de video”.
Tres. “Una campaña más agresiva en posters, como lo que estamos haciendo con los ladrones en los más buscados. Las fotos de estos delincuentes llegarán a las manos de la ciudadanía en general a través de folletos que se repartirán en las calles y carteles que se colocarán incluso en las vidrieras de los negocios”.
La primera fase del programa iniciará la semana entrante, pero las acciones no serán inmediatas: cada etapa se llevará tres meses en promedio, quedará completada a mediados del año entrante.
Al interior de la Procuraduría, señalaron que esta acción coordinada gobierno-sociedad busca cerrar el cerco y dificultarles la ejecución del delito como sucedió cuando exhibieron a los ladrones de tiendas de autoservicios con la acción conjunta “Ponle Dedo al Ratero”.
De los quince ladrones cuyas caras fueron expuestas en la primera fase, en tres meses fueron capturados catorce, y en las tiendas que expusieron los carteles las pérdidas por robo se redujeron.
Actualmente, la autoridad local ya solicitó apoyo de las autoridades de otros estados para la captura del único protagonista del anuncio que sigue libre, porque las indagatorias revelaron que salió del estado. El hecho que su imagen estuviera en los negocios también motivó que se redujeran los ataques a los establecimientos participantes, indicó una fuente ministerial. Por ello sacarán al público la semana entrante otro cartel con más ladrones.
Binacional
Expedientes viejos y recientes han mostrado que algunos operadores de los grupos criminales que han optado por el secuestro como delito adicional para hacerse de recursos, también están delinquiendo allende la frontera. En la mayoría de los casos se trata de malhechores incorporados a los grupos de los principales lugartenientes del Cártel de los Hermanos Arellano Félix.
Por ello como parte de los proyectos de coordinación con diversas autoridades de Estados Unidos, representantes de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) y la Procuraduría del Estado están estableciendo los protocolos que permitan el apoyo informativo entre ambas entidades.
El convenio que aún discuten incluirá el establecimiento de una línea telefónica y un sitio de internet a través de lo cual se garantizará la total protección de los denunciantes mediante una serie de controles de confidencialidad tecnológicos.
Además de la capacitación que recibirán obligatoriamente los agentes que se integren al Grupo Antisecuestros de parte del personal de DEA y del FBI (Buró Federal de Investigaciones).
Asimismo están elaborando lo que será un protocolo en el que quedará establecido paso a paso, las acciones que deberán seguir cada uno de los agentes que participen en los operativos antisecuestros, similar al que existe en las corporaciones norteamericanas pero adecuado a las leyes mexicanas.
Para acceder a compartir información y la confianza que los ciudadanos de ambos lados de la frontera tienen en la DEA, la institución está solicitando que la Procuraduría garantice que en lo operativo se va hacer todo lo posible de la manera correcta y no habrá espacio para interpretación de los agentes
“¿Qué es lo correcto y qué no? ¿A qué están obligados y a qué no?, qué pasos siguen con la evidencia mientras el expediente sigue abierto, a quién dan conocimiento, a quién no; de qué debes dar conocimiento, de qué no; cómo lo planteas en la investigación, cómo elaboras mapas, cuándo, cómo y en qué orden se hace una revisión pericial de las escenas del crimen, qué es lo primero que se busca, cómo se acomoda en la mesa de evaluación…Parecería cosas simples pero se trata de profesionalizar”, comentó una fuente de la Procuraduría.
El documento que se redacta en la Procuraduría para la coordinación, deberá contener paso por paso la forma en que se deben desarrollar los operativos en los distintos escenarios posibles, y contendrá las actividades obligatorias y prohibidas para cada uno de los miembros del grupo.
La “oxigenación
De 62 elementos que tenía el grupo antisecuestros, esta semana quedaron 20 asignados a Tijuana y 20 a Mexicali.
“Ciertamente quedó un equipo más pequeño, pero más transparente”, dijo Rommel Moreno.
“Es una oxigenación planeada, que evidentemente se apresuró ante los hechos recientes”, definió sin referir directamente el homicidio del agente Valderrama implicado en la investigación en tráfico de emigrantes y en el ámbito público a través de un letrero contra un cártel de traficantes.
“Recuerda que hace meses les dije que íbamos a reestructurar, a revisar los perfiles, había salido la novena y nueva generación con 29 elementos adiestrados especialmente y con eso fortalecimos.
“Como la mayoría de los agentes ministeriales aún están en lista de espera para los exámenes de depuración, el primer paso fue revisar los perfiles, que los integrantes de este equipo no tuvieran antecedentes en Asuntos Internos. Los integrantes actuales están limpios en lo interno, sin embargo 25 no han sido sometidos a los exámenes de confianza.
“Estamos partiendo de una base fundamental para poder continuar con la depuración en la medida de las posibilidades que tenemos a la mano. También se tomó en cuenta a las personas que hayan accedido a las actualizaciones, a los cursos a modificar y profesionalizar su forma de trabajar, a quienes hayan sacado trabajo, y las personas que se dejaron fuera del grupo no fueron suspendidos, sino asignados a otras actividades ministeriales”.
La mayoría de los cambios fueron de personal que ingreso a la corporación antes del 2002, que traen otra formación. Moreno Manjarrez explicó que sin esta depuración, el Grupo Anticorrupción en ocho meses ya había detenido a 112 secuestradores integrantes de 22 bandas y liberado a 76 víctimas:
“Sin atreverme a decir que ya no hay secuestros porque no puedo ni debo, si puedo mencionar que oficialmente en este momento sólo está denunciado uno, cuando en los meses anteriores teníamos muchos, está reducción nos permitió tomar la medida de oxigenación prevista y tan es así que ya se habían revisado los expedientes, pero los movimientos no se podían dar porque estaban trabajando expedientes pendientes.
“Las versiones de desarmes públicos, desmantelamiento de oficinas y/o suspensiones, son rumores que no sé de dónde salieron” aseguró.
Empleados administrativos de la Procuraduría informaron que hubo movimiento de equipo y material en las oficinas del Grupo Antisecuestros en la delegación de Playas en Tijuana, los cuales responden al reforzamiento en equipo y seguridad. “Los muchachos tienen detenidos peligrosos, sus vidas corren peligro y la oficina necesita protección, por eso se está reforzando el espacio”.
Para finalizar, el fiscal estatal informó: “Al mismo tiempo estamos tramitando la solicitud de más personal que obviamente ya estamos capacitando con el FBI”.
Entre los delincuentes exhibidos hay secuestradores buscados durante muchos años y algunos con perfiles menos públicos, pero no nuevos en la estructura criminal, como:
Manuel Garibay Espinoza “Don Manuel”; José Luis Cárdenas López y/o José Luis Valencia Leyva; Saúl Camacho Cota; José Rafael Méndez Gutiérrez “El Güero Jícama”.
Sergio Tirado Herrera; Guillermo Octavio Sánchez Camacho; Ángel García Herrera “El Tata” o “El Abuelo”; Diego Alcaraz Muciño “El Yeyo”; José Manuel García Galván “El Tiburón”; Francisco Manzo Morán “El Billy”; Eduardo González Tostado “El Mandil”; José Andrés López Guadiana; Jando Chávez.
Aunque en este programa son buscados por secuestro, las actividades delictivas de estas personas son más variadas de acuerdo a las averiguaciones en su contra. Por ejemplo:
José Rafael Méndez Gutiérrez fue identificado como uno de los participantes en el intento de homicidio contra el ex Secretario de Seguridad Pública Estatal, Licenciado Manuel Díaz Lerma, en Mexicali el 25 de abril de 2006.
José Luis Cárdenas López, alias “José Valencia Leyva”, alias “El Junior”, fue detenido en Mexicali el 6 de junio del 2001 acusado del asesinato un mes atrás de tres agentes de la Policía Ministerial. Junto a él detuvieron a José Alfredo Ulivarría García y Héctor Manuel Ulivarría García. Los acusaban también de los crímenes de Enrique Harari García, Wilfredo Roberto Gastélum Serrano y Mario Serrano Ramos. La noche del 5 de septiembre del mismo año, Cárdenas López escapó con un grupo de reos por la puerta frontal del penal en Mexicali.
A Manuel Garibay Espinoza se le vinculó con los hermanos Arellano Félix en los noventa y ahora con Ismael “El Mayo Zambada”. Fue detenido en Estados Unidos y se convirtió en testigo protegido. Reapareció en México detenido por la Policía Municipal en San Luis Río Colorado, vinculado al asesinato del Comandante José Pineda, a la muerte del policía ministerial Humberto Armenta Vizcarra y varios homicidios en el Valle de Mexicali. Su hijo del mismo nombre fue detenido este año en California.
El nombre de Ángel García Herrera, alias “El Tata”,forma parte de la causa penal 141/2006 del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal por los delitos de delincuencia organizada. Secuestradores de un empresario afirmaron ser integrantes de una célula criminal dirigida por Félix Rodríguez Meza “El Gordo”, dependiente de Ángel García Herrera “El Tata”, quien recibía las órdenes de Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, ahora preso.
Diego Alcaraz Muciño “El Yeyo” y José Manuel García Galván “El Tiburón”, tienen el agravante de ser policías y haber cometido varias privaciones de la libertad con el grupo criminal de Francisco Manzo Morán “El Billy”.
Denuncie a secuestradores
Sobre los señalados por la Procuraduría del Estado como los principales secuestradores en Baja California y los más buscados, dijo el Procurador Rommel Moreno:
“Son personas señaladas en declaraciones, involucrados en los eventos de secuestro en los que ha habido detenidos y, algunos están incluidos en más de dos averiguaciones previas”.
Conforme a las indagatorias, aún están prófugos entre quince y veinte delincuentes que han participado en los hechos delictivos, pero seleccionaron los trece considerados más peligrosos.
El Licenciado Moreno Manjarrez respondió así las preguntas de ZETA sobre el expediente de los secuestradores:
– ¿Se trata de secuestradores o narcotraficantes dedicados a la privación de la libertad?
“Ubicamos muy pocos grupos que tenían un modus operandi como secuestradores en sí, sobre todo en Mexicali y fue al inicio de nuestra gestión. Ahora la mayoría pertenecen a diferentes grupos de la estructura del CAF (Cártel de los hermanos Arellano Félix) y el Cártel de Sinaloa; están inmiscuidos en un nivel mínimo, han actuado en asuntos muy específicos, así ha quedado determinado por las declaraciones de los integrantes de las 22 bandas detenidas de noviembre de 2007 a principios de agosto”
– ¿Tienen grupos identificados y van por ellos?
“Bueno, sí… hay información muy especial que tenemos que compartir con la federación que es muy sigilosa, la cual estamos manejando en una estrategia conjunta y se dará a conocer posteriormente. Por cuestión de competencia del fuero común no es nuestra función buscar a los integrantes de los cárteles, pero…en este momento te digo que en el grupo antisecuestros hacemos los operativos para resolver el evento, liberar a las víctimas, es la principal misión y los datos que se recaban tienen ese objetivo. En consecuencia de esos operativo desarticulamos estas bandas que hemos detectado por confesiones; delinquen para el crimen organizado.
“Grupos y cabecillas de secuestradores se están moviendo a partir de Tijuana, van a Mexicali, regresan y se trasladan a Ensenada. Ya se está trabajando en estrategias para detectar estos movimientos”.
El Procurador comentó que espera la colaboración ciudadana en ambos lados de la frontera para localizar a los delincuentes, porque existen varios casos de secuestradores buscados en los dos países y que podrán ser denunciados anónimamente en el programa “Línea Binacional contra el Secuestro”, aunque esto llevará más tiempo.
Para concretarlo, Rommel Moreno ha sido enviado a firmar convenios de colaboración con autoridades federales, estatales y municipales, así como con varios estados de la Unión Americana.
El Gobierno de Baja California programa respaldar parte del programa con la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés).
Mientras esto sucede los ciudadanos que deseen denunciar podrán hacerlo de manera anónima al número 089.
Los más buscados
Parte de la estrategia para capturar a los secuestradores, independiente de una línea telefónica, es exhibir las imágenes de estos trece criminales en tres etapas:
Uno. “Reconocimiento de la ciudadanía hacia los perfiles, los rostros. Una especie de localización. Basado en la experiencia del Distrito Federal, también en la experiencia de la señora Miranda Wallace en el secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace, y la experiencia en Morelos también con algunos asuntos.
“Aquí estamos evaluando cuántas caras vamos a exponer por cuanto tiempo en estos carteles luminosos y espectaculares”.
Dos. “Viene una colaboración natural de la federación, ahora estamos hablando del esquema Plataforma México para dar a conocer estos rostros, en internet, en muchos esquemas de audio, televisión y de video”.
Tres. “Una campaña más agresiva en posters, como lo que estamos haciendo con los ladrones en los más buscados. Las fotos de estos delincuentes llegarán a las manos de la ciudadanía en general a través de folletos que se repartirán en las calles y carteles que se colocarán incluso en las vidrieras de los negocios”.
La primera fase del programa iniciará la semana entrante, pero las acciones no serán inmediatas: cada etapa se llevará tres meses en promedio, quedará completada a mediados del año entrante.
Al interior de la Procuraduría, señalaron que esta acción coordinada gobierno-sociedad busca cerrar el cerco y dificultarles la ejecución del delito como sucedió cuando exhibieron a los ladrones de tiendas de autoservicios con la acción conjunta “Ponle Dedo al Ratero”.
De los quince ladrones cuyas caras fueron expuestas en la primera fase, en tres meses fueron capturados catorce, y en las tiendas que expusieron los carteles las pérdidas por robo se redujeron.
Actualmente, la autoridad local ya solicitó apoyo de las autoridades de otros estados para la captura del único protagonista del anuncio que sigue libre, porque las indagatorias revelaron que salió del estado. El hecho que su imagen estuviera en los negocios también motivó que se redujeran los ataques a los establecimientos participantes, indicó una fuente ministerial. Por ello sacarán al público la semana entrante otro cartel con más ladrones.
Binacional
Expedientes viejos y recientes han mostrado que algunos operadores de los grupos criminales que han optado por el secuestro como delito adicional para hacerse de recursos, también están delinquiendo allende la frontera. En la mayoría de los casos se trata de malhechores incorporados a los grupos de los principales lugartenientes del Cártel de los Hermanos Arellano Félix.
Por ello como parte de los proyectos de coordinación con diversas autoridades de Estados Unidos, representantes de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) y la Procuraduría del Estado están estableciendo los protocolos que permitan el apoyo informativo entre ambas entidades.
El convenio que aún discuten incluirá el establecimiento de una línea telefónica y un sitio de internet a través de lo cual se garantizará la total protección de los denunciantes mediante una serie de controles de confidencialidad tecnológicos.
Además de la capacitación que recibirán obligatoriamente los agentes que se integren al Grupo Antisecuestros de parte del personal de DEA y del FBI (Buró Federal de Investigaciones).
Asimismo están elaborando lo que será un protocolo en el que quedará establecido paso a paso, las acciones que deberán seguir cada uno de los agentes que participen en los operativos antisecuestros, similar al que existe en las corporaciones norteamericanas pero adecuado a las leyes mexicanas.
Para acceder a compartir información y la confianza que los ciudadanos de ambos lados de la frontera tienen en la DEA, la institución está solicitando que la Procuraduría garantice que en lo operativo se va hacer todo lo posible de la manera correcta y no habrá espacio para interpretación de los agentes
“¿Qué es lo correcto y qué no? ¿A qué están obligados y a qué no?, qué pasos siguen con la evidencia mientras el expediente sigue abierto, a quién dan conocimiento, a quién no; de qué debes dar conocimiento, de qué no; cómo lo planteas en la investigación, cómo elaboras mapas, cuándo, cómo y en qué orden se hace una revisión pericial de las escenas del crimen, qué es lo primero que se busca, cómo se acomoda en la mesa de evaluación…Parecería cosas simples pero se trata de profesionalizar”, comentó una fuente de la Procuraduría.
El documento que se redacta en la Procuraduría para la coordinación, deberá contener paso por paso la forma en que se deben desarrollar los operativos en los distintos escenarios posibles, y contendrá las actividades obligatorias y prohibidas para cada uno de los miembros del grupo.
La “oxigenación
De 62 elementos que tenía el grupo antisecuestros, esta semana quedaron 20 asignados a Tijuana y 20 a Mexicali.
“Ciertamente quedó un equipo más pequeño, pero más transparente”, dijo Rommel Moreno.
“Es una oxigenación planeada, que evidentemente se apresuró ante los hechos recientes”, definió sin referir directamente el homicidio del agente Valderrama implicado en la investigación en tráfico de emigrantes y en el ámbito público a través de un letrero contra un cártel de traficantes.
“Recuerda que hace meses les dije que íbamos a reestructurar, a revisar los perfiles, había salido la novena y nueva generación con 29 elementos adiestrados especialmente y con eso fortalecimos.
“Como la mayoría de los agentes ministeriales aún están en lista de espera para los exámenes de depuración, el primer paso fue revisar los perfiles, que los integrantes de este equipo no tuvieran antecedentes en Asuntos Internos. Los integrantes actuales están limpios en lo interno, sin embargo 25 no han sido sometidos a los exámenes de confianza.
“Estamos partiendo de una base fundamental para poder continuar con la depuración en la medida de las posibilidades que tenemos a la mano. También se tomó en cuenta a las personas que hayan accedido a las actualizaciones, a los cursos a modificar y profesionalizar su forma de trabajar, a quienes hayan sacado trabajo, y las personas que se dejaron fuera del grupo no fueron suspendidos, sino asignados a otras actividades ministeriales”.
La mayoría de los cambios fueron de personal que ingreso a la corporación antes del 2002, que traen otra formación. Moreno Manjarrez explicó que sin esta depuración, el Grupo Anticorrupción en ocho meses ya había detenido a 112 secuestradores integrantes de 22 bandas y liberado a 76 víctimas:
“Sin atreverme a decir que ya no hay secuestros porque no puedo ni debo, si puedo mencionar que oficialmente en este momento sólo está denunciado uno, cuando en los meses anteriores teníamos muchos, está reducción nos permitió tomar la medida de oxigenación prevista y tan es así que ya se habían revisado los expedientes, pero los movimientos no se podían dar porque estaban trabajando expedientes pendientes.
“Las versiones de desarmes públicos, desmantelamiento de oficinas y/o suspensiones, son rumores que no sé de dónde salieron” aseguró.
Empleados administrativos de la Procuraduría informaron que hubo movimiento de equipo y material en las oficinas del Grupo Antisecuestros en la delegación de Playas en Tijuana, los cuales responden al reforzamiento en equipo y seguridad. “Los muchachos tienen detenidos peligrosos, sus vidas corren peligro y la oficina necesita protección, por eso se está reforzando el espacio”.
Para finalizar, el fiscal estatal informó: “Al mismo tiempo estamos tramitando la solicitud de más personal que obviamente ya estamos capacitando con el FBI”.
jueves, 31 de julio de 2008
Llega ‘Familia’ de Michoacán a DF y Edomex
La Familia se mudó al estado de México y al Distrito Federal. La carta de presentación de este grupo criminal vinculado a Los Zetas son ejecuciones y decapitaciones, venta de protección y corrupción policial, control de la distribución de drogas y narcomenudeo, amenazas y secuestros o levantones.
Reclutadores, por menos de 6 mil pesos mensuales, de indocumentados guatemaltecos y salvadoreños, de integrantes de pandillas y bandas de asaltantes de cada sitio donde llegan, o bien de desempleados y hasta ex policías, la presencia y violencia de sus miembros ya se dejó sentir en la capital y en Edomex.
La estrategia de los de la llamada Familia de Michoacán es similar a la de sus cómplices Los Zetas, esta última aliada a los hermanos Beltrán y con quienes integran uno de los cárteles más peligrosos y violentos en México, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría de Justicia del estado de México (PGJEM) a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
Así, una avanzada de ellos identifica objetivos. Luego un grupo armado amenaza y somete a policías locales, lo mismo que a narcomenudistas; luego se asientan en casas de seguridad y siguen con empresarios, comerciantes y aquellos que serán extorsionados.
Una parte de cómo actúa ese grupo la revelan Luis Osvaldo González Zepeda, Francisco Carlos Velásquez y Manuel Gómez Martínez, miembros del grupo detenidos en Toluca, estado de México, y ahora bajo arraigo en el DF según el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/239/2008.
La casa de seguridad
La noche del 9 de julio, la Policía Federal recibió una llamada anónima. Se denunció que en la calle Lago Monitora, colonia Seminario Sayula, de Toluca, se reunían hombres armados. Antes de medianoche, un destacamento de agentes federales llegó al sitio. Hallaron la casa y, al salir de ella dos autos —una camioneta Liberty roja y un auto Jetta gris—, les marcaron el alto.
Ninguno de los autos hizo caso. Tras la persecución la policía sometió a los ocupantes del Jetta, Luis Osvaldo González Zepeda, Francisco Carlos Velásquez y Manuel Gómez Martínez o Pedro Flores Solórzano, quienes llevaban armas R-15, cartuchos, granadas y ropas con insignias de la AFI.
Cada uno de ellos portaba una mica con las claves de comunicación de La Familia de Michoacán, aparatos de comunicación y droga. Las primeras investigaciones los señalan como “cobradores” y sicarios; uno llevaba un cuaderno con fechas, apodos, cobros o adeudos de sus “clientes” en la venta de droga. Uno de los detenidos, Francisco Carlos Velásquez, narró cómo llegó al grupo criminal tres meses atrás. “Soy de Michoacán, y hace tres meses en Apatzingán, conocí a El Chiquilín. Me dijo que era integrante de la La Familia de Michoacán, y que necesitaban gente”. Este hombre, aseguró que en el grupo al que pertenecía casi todos eran de Apatzingán.
Otro de ellos, Manuel Gómez Martínez o Pedro Flores Solórzano, también originario de Apatzingán, dijo que su amigo Daniel, El Ratón, fue quien le propuso unirse a La Familia y trasladarse a Toluca o el Distrito Federal para custodiar casas y armas, además de estar atento a la salida o entrada del grupo operativo para avisar de algún problema.
La droga y los sicarios
El Chiquilín, El Franky, Puli, Raúl, Tasmania, El Perico, El Ratón son, entre otros, los apodos del grupo de sicarios que tenía en Toluca La Familia de Michoacán. Ninguno pudo ser detenido porque al momento del operativo de la Policía Federal estaban fuera de la casa de seguridad. El Ratón era el encargado también de llevar la droga a la casa se seguridad.
Los sicarios contaban con armas largas, granadas, cartuchos de todo tipo, pistolas, chalecos pantalones, camisolas o playeras con las insignias de la AFI.
En esa casa contaban con todo el instrumental necesario para preparar la droga. Desde los cortes que le hacían hasta su pesaje en básculas de precisión. Cada gramo que salía de toda la droga que se preparaba ahí tenía que ser reportada.
Ellos saben que en diferentes partes del estado de México funcionan células de La Familia de Michoacán, por eso se les sometió a arraigo. Se trata de agotar todos los recursos para lograr obtener mayor información sobre las intenciones de esta organización criminal que ha desatado además una ola de terror en esa entidad y en el Distrito Federal.
Reclutadores, por menos de 6 mil pesos mensuales, de indocumentados guatemaltecos y salvadoreños, de integrantes de pandillas y bandas de asaltantes de cada sitio donde llegan, o bien de desempleados y hasta ex policías, la presencia y violencia de sus miembros ya se dejó sentir en la capital y en Edomex.
La estrategia de los de la llamada Familia de Michoacán es similar a la de sus cómplices Los Zetas, esta última aliada a los hermanos Beltrán y con quienes integran uno de los cárteles más peligrosos y violentos en México, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría de Justicia del estado de México (PGJEM) a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
Así, una avanzada de ellos identifica objetivos. Luego un grupo armado amenaza y somete a policías locales, lo mismo que a narcomenudistas; luego se asientan en casas de seguridad y siguen con empresarios, comerciantes y aquellos que serán extorsionados.
Una parte de cómo actúa ese grupo la revelan Luis Osvaldo González Zepeda, Francisco Carlos Velásquez y Manuel Gómez Martínez, miembros del grupo detenidos en Toluca, estado de México, y ahora bajo arraigo en el DF según el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/239/2008.
La casa de seguridad
La noche del 9 de julio, la Policía Federal recibió una llamada anónima. Se denunció que en la calle Lago Monitora, colonia Seminario Sayula, de Toluca, se reunían hombres armados. Antes de medianoche, un destacamento de agentes federales llegó al sitio. Hallaron la casa y, al salir de ella dos autos —una camioneta Liberty roja y un auto Jetta gris—, les marcaron el alto.
Ninguno de los autos hizo caso. Tras la persecución la policía sometió a los ocupantes del Jetta, Luis Osvaldo González Zepeda, Francisco Carlos Velásquez y Manuel Gómez Martínez o Pedro Flores Solórzano, quienes llevaban armas R-15, cartuchos, granadas y ropas con insignias de la AFI.
Cada uno de ellos portaba una mica con las claves de comunicación de La Familia de Michoacán, aparatos de comunicación y droga. Las primeras investigaciones los señalan como “cobradores” y sicarios; uno llevaba un cuaderno con fechas, apodos, cobros o adeudos de sus “clientes” en la venta de droga. Uno de los detenidos, Francisco Carlos Velásquez, narró cómo llegó al grupo criminal tres meses atrás. “Soy de Michoacán, y hace tres meses en Apatzingán, conocí a El Chiquilín. Me dijo que era integrante de la La Familia de Michoacán, y que necesitaban gente”. Este hombre, aseguró que en el grupo al que pertenecía casi todos eran de Apatzingán.
Otro de ellos, Manuel Gómez Martínez o Pedro Flores Solórzano, también originario de Apatzingán, dijo que su amigo Daniel, El Ratón, fue quien le propuso unirse a La Familia y trasladarse a Toluca o el Distrito Federal para custodiar casas y armas, además de estar atento a la salida o entrada del grupo operativo para avisar de algún problema.
La droga y los sicarios
El Chiquilín, El Franky, Puli, Raúl, Tasmania, El Perico, El Ratón son, entre otros, los apodos del grupo de sicarios que tenía en Toluca La Familia de Michoacán. Ninguno pudo ser detenido porque al momento del operativo de la Policía Federal estaban fuera de la casa de seguridad. El Ratón era el encargado también de llevar la droga a la casa se seguridad.
Los sicarios contaban con armas largas, granadas, cartuchos de todo tipo, pistolas, chalecos pantalones, camisolas o playeras con las insignias de la AFI.
En esa casa contaban con todo el instrumental necesario para preparar la droga. Desde los cortes que le hacían hasta su pesaje en básculas de precisión. Cada gramo que salía de toda la droga que se preparaba ahí tenía que ser reportada.
Ellos saben que en diferentes partes del estado de México funcionan células de La Familia de Michoacán, por eso se les sometió a arraigo. Se trata de agotar todos los recursos para lograr obtener mayor información sobre las intenciones de esta organización criminal que ha desatado además una ola de terror en esa entidad y en el Distrito Federal.
jueves, 24 de julio de 2008
Ubican nexos polleros-cártel
El Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) tiene registros de una red de traficantes de personas que operan en Tamaulipas con la ayuda de narcotraficantes del Cártel del Golfo y policías locales.
Los nexos de estas redes están en el Distrito Federal, Chiapas y Baja California con "escalas" en Hidalgo y Michoacán.
Una fuente del Cisen reveló que esta red maneja células en dichas entidades para facilitar el tránsito de indocumentados al Distrito Federal o a Estados Unidos, desde sus países de origen.
El mercado de esta organización son los asiáticos (coreanos, chinos y tailandeses), incluso mujeres del Este de Europa, entre las que destacan danesas, húngaras, serbias o rusas, quienes pagan considerables cantidades de dinero para prostituirse en Estados Unidos.
Esta organización criminal, de acuerdo con el organismo de inteligencia, cobra entre 10 mil y 15 mil dólares por persona para introducirla a territorio mexicano e ingresarla a Estados Unidos, incluso con ofertas de trabajo; plazas que tienen un costo adicional entre los 5 y 10 mil dólares.
De centroamericanos ni hablar, porque son los que se arriesgan a cruzar por el río o el desierto, indicó la fuente.
Con base en un convenio firmado en diciembre de 2006 entre el Cisen y el Gobierno de Tamaulipas, en el que ambos se comprometieron a combatir a la delincuencia, el organismo de inteligencia tiene reportes de extorsión por parte de estos grupos hacia indocumentados que intentan cruzar la frontera.
De acuerdo con el funcionario consultado, estas redes son investigadas por el Cisen desde principios de 2007.
Sus primeros reportes establecen que las redes no sólo están vinculadas con cárteles de narcotráfico, en este caso el del Golfo, incluido su brazo armado "Los Zetas", sino con autoridades estatales.
El órgano federal destaca principalmente a policías estatales y municipales, entre estas últimas, de Ciudad Victoria, Matamoros y Nuevo Laredo.
Declaran coreanos
Los cinco coreanos que fueron liberados el martes tras haber permanecido una semana privados de su libertad declararon ayer en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tamaulipas.
Su testimonio fue recabado durante todo el día, debido a que ninguno de ellos habla español y sólo un representante consular fue quien se encargó de realizar la traducción.
Se espera que hoy ya haya concluido la declaración de los coreanos, quienes, de acuerdo con información consular, ingresaron de manera legal a México, por lo que estarían en posibilidad de regresar a su país de manera inmediata.
Los nexos de estas redes están en el Distrito Federal, Chiapas y Baja California con "escalas" en Hidalgo y Michoacán.
Una fuente del Cisen reveló que esta red maneja células en dichas entidades para facilitar el tránsito de indocumentados al Distrito Federal o a Estados Unidos, desde sus países de origen.
El mercado de esta organización son los asiáticos (coreanos, chinos y tailandeses), incluso mujeres del Este de Europa, entre las que destacan danesas, húngaras, serbias o rusas, quienes pagan considerables cantidades de dinero para prostituirse en Estados Unidos.
Esta organización criminal, de acuerdo con el organismo de inteligencia, cobra entre 10 mil y 15 mil dólares por persona para introducirla a territorio mexicano e ingresarla a Estados Unidos, incluso con ofertas de trabajo; plazas que tienen un costo adicional entre los 5 y 10 mil dólares.
De centroamericanos ni hablar, porque son los que se arriesgan a cruzar por el río o el desierto, indicó la fuente.
Con base en un convenio firmado en diciembre de 2006 entre el Cisen y el Gobierno de Tamaulipas, en el que ambos se comprometieron a combatir a la delincuencia, el organismo de inteligencia tiene reportes de extorsión por parte de estos grupos hacia indocumentados que intentan cruzar la frontera.
De acuerdo con el funcionario consultado, estas redes son investigadas por el Cisen desde principios de 2007.
Sus primeros reportes establecen que las redes no sólo están vinculadas con cárteles de narcotráfico, en este caso el del Golfo, incluido su brazo armado "Los Zetas", sino con autoridades estatales.
El órgano federal destaca principalmente a policías estatales y municipales, entre estas últimas, de Ciudad Victoria, Matamoros y Nuevo Laredo.
Declaran coreanos
Los cinco coreanos que fueron liberados el martes tras haber permanecido una semana privados de su libertad declararon ayer en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tamaulipas.
Su testimonio fue recabado durante todo el día, debido a que ninguno de ellos habla español y sólo un representante consular fue quien se encargó de realizar la traducción.
Se espera que hoy ya haya concluido la declaración de los coreanos, quienes, de acuerdo con información consular, ingresaron de manera legal a México, por lo que estarían en posibilidad de regresar a su país de manera inmediata.
miércoles, 23 de julio de 2008
La liga del CAF en Mexicali
Los secuestradores de la capital de Baja California llegaron desde Tijuana. El cabecilla delinquió para “El Buda”, “El Teo” y dio “trabajo” a sobrinos de “El Cholo”, y luego de una orden de aprehensión se reintegró a la municipal de Tijuana. La justicia lo ha tenido en dos ocasiones frente a sí, pero sigue secuestrando.
La única liga real de los secuestradores detenidos en Mexicali y el cártel Arellano Félix, es que el cabecilla de la banda es un ex policía municipal de Tijuana que sirvió a Manuel Diez Castillo “El Buda” y a Teodoro García Simental “El Teo”.
Además, policías informaron de acuerdo a sus investigaciones, que dos sobrinos de Jorge Briceño “El Cholo”, laboraban con la banda de plagiarios.
Prófugo, el ex agente municipal Juan Diego Alcaraz Muciño, fue identificado por detenidos y autoridades como el líder de los once secuestradores capturados en la capital entre el 15 y el 16 de julio. Le apodan “Israel Ibarra”, “El Yeyo” y “El Polo”.
Fuera de información extraoficial que ubica a Alcaraz Muciño al servicio del CAF en el pasado, no hay más que la presunción de los detenidos para presentarse como “del CAF” cuando intentaron cobrar el rescate y cuando bajo ese argumento, exigieron ser liberados.
De acuerdo a información en investigaciones policíacas en el estado, al desintegrar el líder del cártel Arellano Félix la célula de Teodoro García Simental después de la balacera del 26 de abril, Alcaraz Muciño se quedó sin padrinazgo gansteril pero siguió delinquiendo.
Sus secuaces detenidos informaron que “El Yeyo” reportaba económicamente sus actividades delictivas a un sicario de apodo “Señor Octavio” o “El R”, quien a su vez “trabaja para el señor” (uno de los aprehendidos declaró que se trata de “El Ingeniero”), pero ninguno mencionó a Fernando o Francisco Arellano Félix.
Se supo además que cuando exigieron el rescate, los secuestradores se presentaron como del CAF y advirtieron a los mediadores que la privación de la libertad había sido “por un baje” de droga que el “levantado” les había hecho.
Explicaron en actas:
Que presuntamente “Los Yeyos” solicitaron “permiso” para continuar secuestrando en Tijuana y les fue negado bajo el argumento de que esta actividad delictiva estaba reservada para Armando Villarreal “El Gordo” e Ignacio Zazueta “El Pit”.
Entonces para continuar con sus actividades ilícitas pidieron y les fue concedido realizar secuestros en Mexicali y Ensenada, donde de hecho y según investigaciones estatales, tendrían a un empresario privado de la libertad.
Siguen prófugos
A pesar del operativo implementado de manera inmediata y conjunta por diversas autoridades para captura al “Yeyo” en el hotel donde tenía un mes hospedándose, éste recibió la filtración y a la llegada de los agentes sólo encontraron ropa del delincuente, de su mujer y un porta-bebé en el que llevaran al hijo de ambos.
De acuerdo a investigaciones policíacas Diego Alcaraz no sería el único prófugo de esa banda que se dedica al secuestro y el asesinato. Por lo menos continúan en libertad otros tres hombres:
Ernesto Grajeda Melgoza alias “El Negro”, “Fidel” o “Moreno”, de complexión delgada, 1.80 metros de estatura, moreno oscuro. Quien tendría bajo su mando a un grupo de por lo menos ocho personas, algunos de ellos ex ministeriales. La investigación indica que la relación de este hombre con el CAF es Jorge Briceño “El Cholo”. Carlos Javier, alias “El Javo”, descrito como de veinte años, estatura 1.70 metros, moreno y robusto, quien estaría comandando un grupo similar de plagiarios.
“El Chiricua”, “El Chiquito” o “El Sairus”, un hombre a quien identifican entre los 25 y los 26 años, de tez morena, complexión gruesa, 1.80 metros de estatura, cabello negro, chino, corto y barba de candado.
La misma indagatoria oficial que señala a estos prófugos, menciona la presunta participación en el grupo de los ex oficiales municipales de Rosarito, Carlos y Mario Herrera, hoy prófugos, acusados de participar en el atentado cometido en contra del secretario de seguridad Municipal de Rosarito Jorge Montero Álvarez.
Modus operandi
Información revelada, indica que Diego Alcaraz Muciño “El Yeyo” había llegado a Mexicali desde mediados del mes de junio. Fecha en que fue informado por agentes deshonestos que su banda había sido detectada como la autora de varios secuestros y homicidios. Además le informaron que la autoridad estatal estaba preparando un operativo para detenerlos.
Eso no lo detuvo, a través de su hermano, Javier Alcaraz, y de David Guzmán, su amigo y mano derecha, empezó a “contratar” a personas en Tijuana, Mexicali, Tecate y Rosarito para continuar con el secuestro. Explican que él mismo seleccionó las casas de seguridad.
Para los programar los plagios, recibían una llamada de celular y eran citados en lugares públicos como las carreras de carros en Primo Tapia, el crucero de la 5 y 10 o restaurantes.
Mientras secuestraban en Mexicali o Ensenada, en Tijuana tenían la función de hacer las negociaciones y “ajustar cuentas”, asesinar a sus víctimas y abandonar los cadáveres en la carretera Tijuana-Rosarito o enterrarlos en la zona del Cerro Colorado. De paso, los secuestradores de Alcaraz Muciño le entraron a la venta de droga al menudeo. El ex policía de Tijuana se diversificó.
Los operativos criminales eran realizados en una camioneta Astro blanca, un Volkswagen, Beetle, un Malibu blanco, otro verde y un Datsun color blanco, estos últimos de modelos viejos. Incluso los equiparon con estrobos y sirenas.
Los colaboradores de la banda de secuestradores “Los Yeyos” recibían entre 400 y 700 dólares el día que cometían el delito, y de 70 mil a 100 mil pesos cuando recibieran el pago del rescate.
A la fecha de su detención habían privado a la libertad a hombres, mujeres y niños.
Tras investigar brevemente la rutina de sus víctimas llegaban encapuchados diciendo que eran agentes federales y estaban en el lugar como parte de una denuncia o como combate a algún delito, cuando tenían sometida a la víctima le preguntaban y lo revisaban en búsqueda de un chip que la persona pudo haberse colocado bajo la piel para ser localizado en caso de ser privado de la libertad.
Posteriormente, la víctima era llevada a un domicilio cerca del lugar en el que había sido plagiada, una casa de renta en Mexicali, con puerta de garaje y algo de privacidad. Parte del grupo regresaba a Tijuana desde, donde un hombre, al parecer Javier Alcaraz, hacía la petición del dinero.
Los secuestros
Minutos después del mediodía del lunes 14 de julio, tres sujetos llegaron hasta el Yonque Lomelí, ubicado a espaldas de la plaza Nuevo Mexicali, al Oriente de la ciudad y en una zona muy transitada. De entrada solicitaron información de unas partes y fueron atendidos por el dueño. Justo ahí mostraron armas y a la fuerza se llevaron a Alberto Ceseña Lomelí.
Se trataba del segundo secuestro en Mexicali en menos de una semana. El jueves anterior un grupo criminal llegó hasta el negocio de Raúl Crispín Sierra González en la colonia Rivera Campestre –al sur de Mexicali, en la salida a San Felipe– y lo plagiaron. Hasta el momento no hay más datos sobre el comerciante cachanilla.
La noche del mismo lunes 14, las autoridades recibieron una llamada al teléfono de emergencia 066 delatando movimientos extraños en una residencia del fraccionamiento Hacienda del Río, ubicado precisamente a espaldas de la Plaza Nuevo Mexicali.
Se implementó un operativo y llegaron hasta el número 3140 de la calle Río Americano donde detuvieron a cinco hombres y una joven mujer. En una de las recámaras localizaron al comerciante que había sido secuestrado apenas horas antes y por quien –según la versión oficial– habían pedido tres millones de dólares.
Ahí se detuvo a Israel González Morales, Fernanda Medina Esparza, David Guzmán Olguín, Jesús Oswaldo Rascón Ochoa, Iván Alejandro Marentes y José Efraín López Espinoza. También les decomisaron tres rifles R-15, dos escuadras .45 y una pistola 9 milímetros que tenían escondidas en una vitrina en la cocina de la casa.
La segunda detención
No tenían más de 24 horas detenidos los primeros cinco secuestradores, cuando la madrugada del miércoles 16, tres sujetos a bordo de una Suburban color arena con vidrios polarizados y placas de California, fue ubicada en una gasolinera en el bulevard Lázaro Cárdenas.
Ahí viajaban Antonio Cordero Fray, Héctor Ignacio Vargas e Iván Domínguez Cárdenas, este último policía municipal de Tijuana.
Su presencia despertó la sospecha de los agentes de la policía municipal –alertados por una llamada al C4– quienes después de interrogarlos, los trasladaron hasta la Comandancia. Desde ahí dieron parte al grupo Anti-secuestros de la Procuraduría Estatal, y se supone que el comerciante secuestrado y recién liberado, identificó entre los nuevos detenidos a uno de sus captores.
Hasta la comandancia llegaron dos hombres con la intención de pagar la multa y lograr la libertad de los últimos aprehendidos. Se trataba de Ismael Velazco, un ex militar proveniente de Veracruz, y Luis Daniel Aguilar. Ambos fueron detenidos.
De acuerdo a la versión aportada por las autoridades, todo este grupo estaría relacionado con los recientes secuestros de los empresarios Eduardo Malo y Jorge Cervantes López, éste último propietario de la carnicería “Superchivas”.
Investigaciones en la Procuraduría determinan que esta célula de secuestradores tiene similitudes en su forma de actuar con la que plagió a los dos hombres de negocios: En el secuestro en el mes abril del empresario Eduardo Malo quien fue confinado a una casa de seguridad en una zona muy cercana a su oficina, y en el reciente caso en Mexicali, donde al comerciante de partes usadas lo levantaron en su negocio y lo recluyeron en una casa a unas cuantas cuadras.
Impunidad al crimen
La detención de los secuestradores en Mexicali develó una serie de irregularidades en la impartición y procuración de justicia en Baja California:
1.- A Diego Alcaraz, el hoy señalado como líder de la célula de secuestradores al servicio del CAF, un Juez Local le giró el 7 de agosto de 1996, una orden de aprehensión por los delitos de secuestro y homicidio.
El 4 de abril de 2008, agentes ministeriales lo detuvieron para hacer efectiva la orden de aprehensión y fue ingresado en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Mesa en Tijuana, de donde fue liberado el 6 de abril, una vez que en el Juzgado Quinto consideraron que no había elementos suficientes para retenerlo.
En el inter, entre la orden de aprehensión girada en el 96 y la detención en abril de 2008, Diego Alcaraz se integró en 2005 a las filas de la Policía Municipal de Tijuana, y hoy permanece prófugo por el delito de secuestro.
2.- El inmueble en el que fueron detenidos los primeros secuestradores la noche del martes, ubicado en el número 3140 de la calle Río Americano, es la casa donde el 30 de mayo la Policía Estatal Preventiva (PEP) localizó 212 paquetes de mariguana y decomisaron un rifle AK-47, cartuchos y equipo para empaquetar la droga. Ahí fue detenida Damaris Escárrega Elizalde, de 23 años de edad, quien logró libertad al reconocer que la droga pertenecía a su esposo, que se había dado a la fuga.
Ulises Méndez, Director de Seguridad Publica en Mexicali, explicó que nunca recibieron oficio para custodiar la casa donde habían encontrado la droga y luego prácticamente dos meses después a los secuestradores.
El inmueble de dos pisos aparece en la Dirección de Catastro Municipal a nombre de Hermelinda Padilla de la Vega. De acuerdo a investigación oficial, la propiedad fue contratada por un hombre al que apodan “El Licenciado” y apoya las labores del CAF en la capital bajacaliforniana.
3.- Se capturaron a dos policías municipales de Tijuana: Jesús Oswaldo Rascón Ochoa y Óscar Iván Rodríguez Cárdenas, uno gozando de vacaciones y el otro con permiso médico.
Ninguno de los dos elementos aparece en la lista de policías a suspender dentro de la limpia en la Municipal de Tijuana, a pesar que sus compañeros señalaron indicios de comportamiento irregular.
“Ochoa es hijo de una policía de muchos años que fue identificada como elemento corrupto desde el XVII cuando fue retirada como delegada policiaca en La Presa, pero no la pudieron sacar porque su esposo era juez municipal”.
Pero no sólo policías municipales fueron capturados. Ismael Velazco Méndez es ex militar. Tenía dos meses viviendo en Baja California.
La única liga real de los secuestradores detenidos en Mexicali y el cártel Arellano Félix, es que el cabecilla de la banda es un ex policía municipal de Tijuana que sirvió a Manuel Diez Castillo “El Buda” y a Teodoro García Simental “El Teo”.
Además, policías informaron de acuerdo a sus investigaciones, que dos sobrinos de Jorge Briceño “El Cholo”, laboraban con la banda de plagiarios.
Prófugo, el ex agente municipal Juan Diego Alcaraz Muciño, fue identificado por detenidos y autoridades como el líder de los once secuestradores capturados en la capital entre el 15 y el 16 de julio. Le apodan “Israel Ibarra”, “El Yeyo” y “El Polo”.
Fuera de información extraoficial que ubica a Alcaraz Muciño al servicio del CAF en el pasado, no hay más que la presunción de los detenidos para presentarse como “del CAF” cuando intentaron cobrar el rescate y cuando bajo ese argumento, exigieron ser liberados.
De acuerdo a información en investigaciones policíacas en el estado, al desintegrar el líder del cártel Arellano Félix la célula de Teodoro García Simental después de la balacera del 26 de abril, Alcaraz Muciño se quedó sin padrinazgo gansteril pero siguió delinquiendo.
Sus secuaces detenidos informaron que “El Yeyo” reportaba económicamente sus actividades delictivas a un sicario de apodo “Señor Octavio” o “El R”, quien a su vez “trabaja para el señor” (uno de los aprehendidos declaró que se trata de “El Ingeniero”), pero ninguno mencionó a Fernando o Francisco Arellano Félix.
Se supo además que cuando exigieron el rescate, los secuestradores se presentaron como del CAF y advirtieron a los mediadores que la privación de la libertad había sido “por un baje” de droga que el “levantado” les había hecho.
Explicaron en actas:
Que presuntamente “Los Yeyos” solicitaron “permiso” para continuar secuestrando en Tijuana y les fue negado bajo el argumento de que esta actividad delictiva estaba reservada para Armando Villarreal “El Gordo” e Ignacio Zazueta “El Pit”.
Entonces para continuar con sus actividades ilícitas pidieron y les fue concedido realizar secuestros en Mexicali y Ensenada, donde de hecho y según investigaciones estatales, tendrían a un empresario privado de la libertad.
Siguen prófugos
A pesar del operativo implementado de manera inmediata y conjunta por diversas autoridades para captura al “Yeyo” en el hotel donde tenía un mes hospedándose, éste recibió la filtración y a la llegada de los agentes sólo encontraron ropa del delincuente, de su mujer y un porta-bebé en el que llevaran al hijo de ambos.
De acuerdo a investigaciones policíacas Diego Alcaraz no sería el único prófugo de esa banda que se dedica al secuestro y el asesinato. Por lo menos continúan en libertad otros tres hombres:
Ernesto Grajeda Melgoza alias “El Negro”, “Fidel” o “Moreno”, de complexión delgada, 1.80 metros de estatura, moreno oscuro. Quien tendría bajo su mando a un grupo de por lo menos ocho personas, algunos de ellos ex ministeriales. La investigación indica que la relación de este hombre con el CAF es Jorge Briceño “El Cholo”. Carlos Javier, alias “El Javo”, descrito como de veinte años, estatura 1.70 metros, moreno y robusto, quien estaría comandando un grupo similar de plagiarios.
“El Chiricua”, “El Chiquito” o “El Sairus”, un hombre a quien identifican entre los 25 y los 26 años, de tez morena, complexión gruesa, 1.80 metros de estatura, cabello negro, chino, corto y barba de candado.
La misma indagatoria oficial que señala a estos prófugos, menciona la presunta participación en el grupo de los ex oficiales municipales de Rosarito, Carlos y Mario Herrera, hoy prófugos, acusados de participar en el atentado cometido en contra del secretario de seguridad Municipal de Rosarito Jorge Montero Álvarez.
Modus operandi
Información revelada, indica que Diego Alcaraz Muciño “El Yeyo” había llegado a Mexicali desde mediados del mes de junio. Fecha en que fue informado por agentes deshonestos que su banda había sido detectada como la autora de varios secuestros y homicidios. Además le informaron que la autoridad estatal estaba preparando un operativo para detenerlos.
Eso no lo detuvo, a través de su hermano, Javier Alcaraz, y de David Guzmán, su amigo y mano derecha, empezó a “contratar” a personas en Tijuana, Mexicali, Tecate y Rosarito para continuar con el secuestro. Explican que él mismo seleccionó las casas de seguridad.
Para los programar los plagios, recibían una llamada de celular y eran citados en lugares públicos como las carreras de carros en Primo Tapia, el crucero de la 5 y 10 o restaurantes.
Mientras secuestraban en Mexicali o Ensenada, en Tijuana tenían la función de hacer las negociaciones y “ajustar cuentas”, asesinar a sus víctimas y abandonar los cadáveres en la carretera Tijuana-Rosarito o enterrarlos en la zona del Cerro Colorado. De paso, los secuestradores de Alcaraz Muciño le entraron a la venta de droga al menudeo. El ex policía de Tijuana se diversificó.
Los operativos criminales eran realizados en una camioneta Astro blanca, un Volkswagen, Beetle, un Malibu blanco, otro verde y un Datsun color blanco, estos últimos de modelos viejos. Incluso los equiparon con estrobos y sirenas.
Los colaboradores de la banda de secuestradores “Los Yeyos” recibían entre 400 y 700 dólares el día que cometían el delito, y de 70 mil a 100 mil pesos cuando recibieran el pago del rescate.
A la fecha de su detención habían privado a la libertad a hombres, mujeres y niños.
Tras investigar brevemente la rutina de sus víctimas llegaban encapuchados diciendo que eran agentes federales y estaban en el lugar como parte de una denuncia o como combate a algún delito, cuando tenían sometida a la víctima le preguntaban y lo revisaban en búsqueda de un chip que la persona pudo haberse colocado bajo la piel para ser localizado en caso de ser privado de la libertad.
Posteriormente, la víctima era llevada a un domicilio cerca del lugar en el que había sido plagiada, una casa de renta en Mexicali, con puerta de garaje y algo de privacidad. Parte del grupo regresaba a Tijuana desde, donde un hombre, al parecer Javier Alcaraz, hacía la petición del dinero.
Los secuestros
Minutos después del mediodía del lunes 14 de julio, tres sujetos llegaron hasta el Yonque Lomelí, ubicado a espaldas de la plaza Nuevo Mexicali, al Oriente de la ciudad y en una zona muy transitada. De entrada solicitaron información de unas partes y fueron atendidos por el dueño. Justo ahí mostraron armas y a la fuerza se llevaron a Alberto Ceseña Lomelí.
Se trataba del segundo secuestro en Mexicali en menos de una semana. El jueves anterior un grupo criminal llegó hasta el negocio de Raúl Crispín Sierra González en la colonia Rivera Campestre –al sur de Mexicali, en la salida a San Felipe– y lo plagiaron. Hasta el momento no hay más datos sobre el comerciante cachanilla.
La noche del mismo lunes 14, las autoridades recibieron una llamada al teléfono de emergencia 066 delatando movimientos extraños en una residencia del fraccionamiento Hacienda del Río, ubicado precisamente a espaldas de la Plaza Nuevo Mexicali.
Se implementó un operativo y llegaron hasta el número 3140 de la calle Río Americano donde detuvieron a cinco hombres y una joven mujer. En una de las recámaras localizaron al comerciante que había sido secuestrado apenas horas antes y por quien –según la versión oficial– habían pedido tres millones de dólares.
Ahí se detuvo a Israel González Morales, Fernanda Medina Esparza, David Guzmán Olguín, Jesús Oswaldo Rascón Ochoa, Iván Alejandro Marentes y José Efraín López Espinoza. También les decomisaron tres rifles R-15, dos escuadras .45 y una pistola 9 milímetros que tenían escondidas en una vitrina en la cocina de la casa.
La segunda detención
No tenían más de 24 horas detenidos los primeros cinco secuestradores, cuando la madrugada del miércoles 16, tres sujetos a bordo de una Suburban color arena con vidrios polarizados y placas de California, fue ubicada en una gasolinera en el bulevard Lázaro Cárdenas.
Ahí viajaban Antonio Cordero Fray, Héctor Ignacio Vargas e Iván Domínguez Cárdenas, este último policía municipal de Tijuana.
Su presencia despertó la sospecha de los agentes de la policía municipal –alertados por una llamada al C4– quienes después de interrogarlos, los trasladaron hasta la Comandancia. Desde ahí dieron parte al grupo Anti-secuestros de la Procuraduría Estatal, y se supone que el comerciante secuestrado y recién liberado, identificó entre los nuevos detenidos a uno de sus captores.
Hasta la comandancia llegaron dos hombres con la intención de pagar la multa y lograr la libertad de los últimos aprehendidos. Se trataba de Ismael Velazco, un ex militar proveniente de Veracruz, y Luis Daniel Aguilar. Ambos fueron detenidos.
De acuerdo a la versión aportada por las autoridades, todo este grupo estaría relacionado con los recientes secuestros de los empresarios Eduardo Malo y Jorge Cervantes López, éste último propietario de la carnicería “Superchivas”.
Investigaciones en la Procuraduría determinan que esta célula de secuestradores tiene similitudes en su forma de actuar con la que plagió a los dos hombres de negocios: En el secuestro en el mes abril del empresario Eduardo Malo quien fue confinado a una casa de seguridad en una zona muy cercana a su oficina, y en el reciente caso en Mexicali, donde al comerciante de partes usadas lo levantaron en su negocio y lo recluyeron en una casa a unas cuantas cuadras.
Impunidad al crimen
La detención de los secuestradores en Mexicali develó una serie de irregularidades en la impartición y procuración de justicia en Baja California:
1.- A Diego Alcaraz, el hoy señalado como líder de la célula de secuestradores al servicio del CAF, un Juez Local le giró el 7 de agosto de 1996, una orden de aprehensión por los delitos de secuestro y homicidio.
El 4 de abril de 2008, agentes ministeriales lo detuvieron para hacer efectiva la orden de aprehensión y fue ingresado en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Mesa en Tijuana, de donde fue liberado el 6 de abril, una vez que en el Juzgado Quinto consideraron que no había elementos suficientes para retenerlo.
En el inter, entre la orden de aprehensión girada en el 96 y la detención en abril de 2008, Diego Alcaraz se integró en 2005 a las filas de la Policía Municipal de Tijuana, y hoy permanece prófugo por el delito de secuestro.
2.- El inmueble en el que fueron detenidos los primeros secuestradores la noche del martes, ubicado en el número 3140 de la calle Río Americano, es la casa donde el 30 de mayo la Policía Estatal Preventiva (PEP) localizó 212 paquetes de mariguana y decomisaron un rifle AK-47, cartuchos y equipo para empaquetar la droga. Ahí fue detenida Damaris Escárrega Elizalde, de 23 años de edad, quien logró libertad al reconocer que la droga pertenecía a su esposo, que se había dado a la fuga.
Ulises Méndez, Director de Seguridad Publica en Mexicali, explicó que nunca recibieron oficio para custodiar la casa donde habían encontrado la droga y luego prácticamente dos meses después a los secuestradores.
El inmueble de dos pisos aparece en la Dirección de Catastro Municipal a nombre de Hermelinda Padilla de la Vega. De acuerdo a investigación oficial, la propiedad fue contratada por un hombre al que apodan “El Licenciado” y apoya las labores del CAF en la capital bajacaliforniana.
3.- Se capturaron a dos policías municipales de Tijuana: Jesús Oswaldo Rascón Ochoa y Óscar Iván Rodríguez Cárdenas, uno gozando de vacaciones y el otro con permiso médico.
Ninguno de los dos elementos aparece en la lista de policías a suspender dentro de la limpia en la Municipal de Tijuana, a pesar que sus compañeros señalaron indicios de comportamiento irregular.
“Ochoa es hijo de una policía de muchos años que fue identificada como elemento corrupto desde el XVII cuando fue retirada como delegada policiaca en La Presa, pero no la pudieron sacar porque su esposo era juez municipal”.
Pero no sólo policías municipales fueron capturados. Ismael Velazco Méndez es ex militar. Tenía dos meses viviendo en Baja California.
Participaría cártel del Golfo en secuestro de sudcoreanos
La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación para determinar si polleros ligados al cártel del Golfo mantuvieron secuestradas por más de una semana a cinco personas originarias de Corea del Sur, confirmaron fuentes del gobierno federal.
Los cinco sudcoreanos fueron liberados la tarde de ayer, luego de haber sido retenidos desde el 14 de julio en un cuarto del hotel Plaza Reynosa, en esa ciudad tamaulipeca.
Por la mañana, el presidente de Corea del Sur, Li Myung-bak, reclamó la liberación de sus cinco compatriotas.
Según fuentes de la PGR, es común que en Tamaulipas los secuestradores trabajen al servicio del cártel del Golfo, como una vía adicional de financiamiento de esta organización para el negocio del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
En sus primeras declaraciones, los coreanos señalaron que contactaron a los traficantes de personas para que los trasladaran a Estados Unidos a cambio de 30 mil dólares, pero a pesar de entregar la cantidad solicitada, los delincuentes los retuvieron para exigir a sus familias 30 mil dólares extras a lo convenido.
El caso puso al descubierto una red de traficantes de asiáticos que opera en Tamaulipas, Distrito Federal y Monterrey.
La embajada de Corea en México confirmó que las cancillerías de ambos países intercambiaron comunicaciones del incidente.
Los cinco sudcoreanos fueron liberados la tarde de ayer, luego de haber sido retenidos desde el 14 de julio en un cuarto del hotel Plaza Reynosa, en esa ciudad tamaulipeca.
Por la mañana, el presidente de Corea del Sur, Li Myung-bak, reclamó la liberación de sus cinco compatriotas.
Según fuentes de la PGR, es común que en Tamaulipas los secuestradores trabajen al servicio del cártel del Golfo, como una vía adicional de financiamiento de esta organización para el negocio del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
En sus primeras declaraciones, los coreanos señalaron que contactaron a los traficantes de personas para que los trasladaran a Estados Unidos a cambio de 30 mil dólares, pero a pesar de entregar la cantidad solicitada, los delincuentes los retuvieron para exigir a sus familias 30 mil dólares extras a lo convenido.
El caso puso al descubierto una red de traficantes de asiáticos que opera en Tamaulipas, Distrito Federal y Monterrey.
La embajada de Corea en México confirmó que las cancillerías de ambos países intercambiaron comunicaciones del incidente.
martes, 22 de julio de 2008
Confirman liberación de sudcoreanos plagiados
Así con un empujoncito resuelven los secuestros en un dia. luego porque sospecha uno de la autorida...
El procurador de Justicia del estado de Tamaulipas, José Herrera Bustamante, confirmó la liberación de los cinco ciudadanos de Corea de Sur, cuya presencia reclamó este martes el presidente de su país, Li Myung-bak.
"Fueron aparentemente privados de su libertad con el fin de obtener un lucro o dinero por cruzarlos hacia Estados Unidos", dijo el funcionario en declaraciones a Radio Fórmula.
Indicó que se trato de un caso de "polleros y tráfico de personas".
Las cinco personas fueron liberadas poco antes de las 19:00 horas y de inmediato los trasladaron al servicio médico, donde se confirmó que están en perfecto estado de salud.
"Están en Reynosa, están platicando con el segundo secretario consultar de la embajada de su país y estarán siendo trasladados a la PGR (Procuraduría General de la República) para su declaración", agregó Herrera Bustamante.
Por la mañana de este martes las agencias internacionales de noticias informaron que el presidente de Corea del Sur, Li Myung-bak, reclamó la liberación de sus conciudadanos, cuatro hombres y una mujer, por quienes sus plagiarios pedían un rescate de 30 mil dólares.
El mandatario también pidió a sus colaboradores hacer los "máximos esfuerzos" para garantizar el retorno rápido y con seguridad de las víctimas.
Alrededor del mediodía, la coordinadora de prensa de la embajada de Corea del Sur en México, América Tssan, dijo que los cinco "son ciudadanos comunes y corrientes que vinieron a conocer la oferta de trabajo en Reynosa" y rechazó que fueran empresarios como lo había mencionado una de las agencias de noticias.
Aclaro que hasta ese momento la información que tenía era "escueta".
Poco después de las 19:00 horas el procurador de Tamaulipas confirmó que habían sido liberados minutos antes.
"Estuvimos trabajando todo el día en este asunto, en coordinación con la PGR", señaló.
Dijo que durante la búsqueda de los surcoreanos se lograron establecer ciertas líneas de investigación en las que fue tomando fuerza la del tráfico de personas hacia Estados Unidos, vía México.
Aseguró que se establecieron llamadas entre las ciudades de Monterrey, México y Reynosa y se conoció el paradero y testimonio de algunas personas que trasladaron a los sudcoreanos del Distrito Federal a Reynosa para pasarlos de manera ilegal a Estados Unidos.
Sin embargo, el procurador se abstuvo de proporcionar nombres o profundizar en detalles. "Estamos apenas iniciando esta investigación formal en averiguación previa", agregó.
El procurador de Justicia del estado de Tamaulipas, José Herrera Bustamante, confirmó la liberación de los cinco ciudadanos de Corea de Sur, cuya presencia reclamó este martes el presidente de su país, Li Myung-bak.
"Fueron aparentemente privados de su libertad con el fin de obtener un lucro o dinero por cruzarlos hacia Estados Unidos", dijo el funcionario en declaraciones a Radio Fórmula.
Indicó que se trato de un caso de "polleros y tráfico de personas".
Las cinco personas fueron liberadas poco antes de las 19:00 horas y de inmediato los trasladaron al servicio médico, donde se confirmó que están en perfecto estado de salud.
"Están en Reynosa, están platicando con el segundo secretario consultar de la embajada de su país y estarán siendo trasladados a la PGR (Procuraduría General de la República) para su declaración", agregó Herrera Bustamante.
Por la mañana de este martes las agencias internacionales de noticias informaron que el presidente de Corea del Sur, Li Myung-bak, reclamó la liberación de sus conciudadanos, cuatro hombres y una mujer, por quienes sus plagiarios pedían un rescate de 30 mil dólares.
El mandatario también pidió a sus colaboradores hacer los "máximos esfuerzos" para garantizar el retorno rápido y con seguridad de las víctimas.
Alrededor del mediodía, la coordinadora de prensa de la embajada de Corea del Sur en México, América Tssan, dijo que los cinco "son ciudadanos comunes y corrientes que vinieron a conocer la oferta de trabajo en Reynosa" y rechazó que fueran empresarios como lo había mencionado una de las agencias de noticias.
Aclaro que hasta ese momento la información que tenía era "escueta".
Poco después de las 19:00 horas el procurador de Tamaulipas confirmó que habían sido liberados minutos antes.
"Estuvimos trabajando todo el día en este asunto, en coordinación con la PGR", señaló.
Dijo que durante la búsqueda de los surcoreanos se lograron establecer ciertas líneas de investigación en las que fue tomando fuerza la del tráfico de personas hacia Estados Unidos, vía México.
Aseguró que se establecieron llamadas entre las ciudades de Monterrey, México y Reynosa y se conoció el paradero y testimonio de algunas personas que trasladaron a los sudcoreanos del Distrito Federal a Reynosa para pasarlos de manera ilegal a Estados Unidos.
Sin embargo, el procurador se abstuvo de proporcionar nombres o profundizar en detalles. "Estamos apenas iniciando esta investigación formal en averiguación previa", agregó.
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