Controla el narco 80 alcaldías: PGR

El narcotráfico controla 80 municipios del país y la actividad delictiva en ellos; cobra derecho de piso a empresas, una especie de impuesto, y lucra con la trata de seres humanos dedicados a la prostitución.

La influencia de los jefes del tráfico de drogas alcanza a las autoridades municipales, principalmente en los estados de Michoacán y Tamaulipas, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República.

Las pesquisas arrojan que los grupos de narcotraficantes también hacen obra pública que correspondería a los gobiernos locales.

Desde el arranque de la administración del presidente Felipe Calderón, el gabinete de seguridad nacional comenzó a elaborar un mapa de los municipios que están bajo el control del narcotráfico. Con esos reportes se tomaron decisiones para el despliegue de operativos en los que participan fuerzas del Ejército y elementos de la Policía Federal.

Por otra parte, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, en una entrevista que reproduce Financial Times, afirmó que las instituciones democráticas están bajo la amenaza de poderosos cárteles.

Mencionó que no descarta que el narcotráfico haya financiado las campañas de algunos legisladores.

El señalamiento del funcionario generó de inmediato el rechazo de diputados y senadores, pero el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, negó que el gobierno federal posea indicios sobre casos concretos o particulares en los que el narcotráfico haya penetrado en el Congreso.

Integrantes de ambas cámaras exigieron a Valdés pruebas de sus declaraciones.

El coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, dijo estar "absolutamente seguro" de que parte del dinero de las campañas políticas viene del narcotráfico.

Levantan a familias completas en BC

Niñas de hasta 7 años han sido "levantadas" por comandos armados que operan en Baja California.



Son parte de familias completas secuestradas cuyo paradero se desconoce, denunció el representante de la Asociación Esperanza contra Desapariciones Forzadas y la Impunidad, Fernando Ocegueda Flores.



Al instalar un plantón permanente frente a las instalaciones del gobierno estatal para denunciar una supuesta desatención de las autoridades a esa problemática, el activista explicó que las menores y sus familias fueron privadas de la libertad en cuatro eventos diferentes ocurridos este año.



Uno de los casos ocurrió apenas la semana anterior en un domicilio del ejido "Lázaro Cárdenas", ubicado en los linderos de Tijuana y Playas de Rosarito.



Ahí un comando armado "levantó" a cinco personas entre quienes había dos niñas de 7 y 10 años y una adolescente, su madre y otro adulto.



Las otras menores fueron víctimas de otros tres "levantones", en hechos casi idénticos al primero, y las víctimas fueron niñas y niños de entre 8, 10, 14 y 15 años.



De 1989 a la fecha, la Asociación Esperanza ha contabilizado más de mil 300 desapariciones forzadas de personas, la mayoría registradas entre el 2006 y lo que va de este año, y a pesar de que las autoridades cuentan con datos y pruebas para ubicar a los responsables no han hecho lo necesario para resolverlo, acusó.



Ocegueda sostuvo que el gobierno estatal, encabezado por el panista José Guadalupe Osuna Millán, ni siquiera ha querido dar seguimiento a 384 casos documentados y debidamente denunciados ante la autoridad y, al contrario, ha dado "largas" a la creación de una fiscalía especializada para la investigación de secuestros.



Detalló que la mayoría de los casos han ocurrido en Tijuana, pero también hay en Mexicali, Ensenada, Tecate y sobre todo Playas de Rosarito.



Ante este panorama, decenas de integrantes de la organización civil se plantaron de forma indefinida ante las instalaciones del Ejecutivo, donde colocaron veladoras blancas y cruces de madera por cada una de las personas desaparecidas.



Ocegueda advirtió que de no obtener una respuesta positiva a sus demandas "en un tiempo prudente", los familiares de las víctimas están dispuestos a "plantarse" ante Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para exigir que se cree una fiscalía federal antisecuestros.



Advirtió que las autoridades de todos los niveles han demostrado incapacidad para poner freno a este delito "que ha destrozado la vida de familias completas", dijo en alusión a su experiencia, pues uno de sus hijos, de 23 años, también fue "levantado" por un comando armado en su propia casa y frente a su esposa.