El Buró Federal de Investigación (FBI) realizó en territorio mexicano las investigaciones que desembocaron en la llamada Operación Limpieza.
Un agente de esa corporación autorizado bajo la llamada “resolución seis” para realizar indagaciones sobre narcotráfico en México, fue quien inició las pesquisas desde septiembre de 2007 y que concluyeron en la captura de los principales mandos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Además, el mismo agente del FBI identificado como Juan de Jesús y quien trabajaba en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en la embajada de EU en México, fue el mismo que contactó como “informante” al ahora testigo protegido del gobierno de ese país y al cual se conoce con la clave confidencial de Jennifer.
Así lo reveló ante un juez federal de Nayarit el ex zar antimafia mexicano, Noé Ramírez Mandujano, al señalar que la investigación del caso inició el 19 de septiembre de 2007 cuando asistía en compañía del procurador, Eduardo Medina Mora, a la Conferencia Nacional de Procuradores en Jiutepec, Morelos, hasta donde llegó el agente del FBI Juan de Jesús para pedir se le enviaran fotografías de ex integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) que trabajaban en la SIEDO debido a una posible “filtración de información”.
“El agente Juan de Jesús que en ese momento pertenecía al FBI y al área denominada ‘resolución seis’, es decir, que estaba autorizado para investigar narcotráfico, y auxiliaba a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en la embajada en México, pidió que se le enviaran las fotografías de todo el personal de los ex gafes que trabajaban en la SIEDO, pues un informante al parecer el testigo protegido Jennifer podría reconocer a los que estaban filtrando información de los operativos de la SIEDO en contra de la organización de los hermanos Beltrán Leyva”, asentó durante su declaración preparatoria ante el Juzgado Primero de Distrito de Nayarit.
Desde ese momento —septiembre de 2007— el informante del agente del FBI reconoció a los ex militares y mandos de esa oficina de la PGR, Fernando Rivera Hernández, Roberto García García y Milton Carlos Cilia Pérez, como los que filtraban información de la SIEDO.
Sin embargo, fue hasta nueve meses después —junio de 2008— que la DEA informó al titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, que un informante de ellos, que trabajaba para la organización de los hermanos Beltrán Leyva y que resultó ser el testigo colaborador Jennifer les había informado que una persona de nombre José Alberto Pérez Guerrero, quien trabajaba con Los Marshal’s, estaba filtrando información con la que contaba la embajada a la organización de los Beltrán Leyva y que sus contactos eran los tres ex militares asignados a la SIEDO mencionados anteriormente.
Fue por ello que la DEA trasladó a ambas personas, a Jennifer y Pérez Guerrero, a EU, específicamente a Washington. Por ello, se envió en ese entonces a la actual subprocuradora y titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, a recabarles la declaración a los dos hombres que estaban en manos de la DEA.
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lunes, 2 de marzo de 2009
lunes, 21 de julio de 2008
Investiga FBI secuestros en frontera
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) mantiene comunicación constante con el Consulado General de Estados Unidos en México para averiguar sobre secuestros de estadounidenses, cometidos por bandas mexicanas en ambos lados de la frontera, en especial en el estado de Baja California o en ciudades del sur de California.
El cónsul de Asuntos Públicos de la representación diplomática estadounidense, Charles Smith, aceptó que en los últimos tres años han recibido más de 20 denuncias de hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad o secuestro de estadounidenses en su país o México.
La Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad asegura que ha documentado 27 casos: 15 en San Diego, California, y 12 en México. Señalan como responsables a bandas que operan en ambos lados de la frontera.
Smith detalló que la mayoría de los familiares de las víctimas de privaciones ilegales de la libertad recurren al FBI, y por regla general, dicho órgano estadounidense pide información al consulado sobre cada asunto que atiende, además de que busca la coordinación con las autoridades mexicanas para dar seguimiento a las investigaciones.
El cónsul de Asuntos Públicos de la representación diplomática estadounidense, Charles Smith, aceptó que en los últimos tres años han recibido más de 20 denuncias de hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad o secuestro de estadounidenses en su país o México.
La Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad asegura que ha documentado 27 casos: 15 en San Diego, California, y 12 en México. Señalan como responsables a bandas que operan en ambos lados de la frontera.
Smith detalló que la mayoría de los familiares de las víctimas de privaciones ilegales de la libertad recurren al FBI, y por regla general, dicho órgano estadounidense pide información al consulado sobre cada asunto que atiende, además de que busca la coordinación con las autoridades mexicanas para dar seguimiento a las investigaciones.
jueves, 10 de julio de 2008
Trampa telefónica habría permitido rescate de Betancourt
El rescate novelesco de Ingrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses -además de otros 11 rehenes- debe su éxito no sólo a un magistral engaño de los militares a los rebeldes, sino también a una larga operación de Estados Unidos y Colombia para cortar las líneas de abastecimiento y comunicaciones de los insurgentes.
El ingrediente básico de esa operación fue una empresa fantasma creada por el FBI en Florida y que vendió a guerrilleros teléfonos satelitales cuyas comunicaciones podían ser escuchadas por las autoridades porque estaban intervenidas o interceptadas.
La operación llamada ''Alianza'' comenzó con una llamada a un teléfono satelital en el 2003, pocas semanas después de que el avión de vigilancia de los tres contratistas estadounidenses cayó en las selvas del sur colombiano en febrero de aquel año.
La llamada era de Nancy Conde, la jefa regional de finanzas y de abastecimientos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su novio, también un guerrillero, iba a convertirse, si no era ya, en el carcelero de los tres contratistas. Conde llamaba a contactos en Miami a ver si le podían conseguir teléfonos satelitales.
Lo que Conde no sabía era que agentes de seguridad estaban escuchando.
Agentes federales estadounidenses arrestaron a los contactos de Conde en Miami, quienes a cambio de sentencias reducidas pusieron a la mujer en contacto con una empresa ficticia creada por el FBI, dijo un funcionario estadounidense vinculado a la operación y quien habló a condición de anonimato por razones de seguridad.
A lo largo de cuatro años, la empresa entregó a Conde teléfonos satelitales intervenidos o interceptados junto con otros equipos de comunicaciones, con lo cual pudo desequilibrar a la unidad rebelde y eventualmente ayudar a las autoridades en la tarea de estrangular sus líneas de abastecimiento.
La operación fue vital para allanar el camino al operativo del 2 de julio, cuando un comando militar rescató a 15 secuestrados en manos de la unidad que Conde abastecía, en el mayor golpe que hayan sufrido las FARC.
En total, los agentes estadounidenses y colombianos interceptaron más de 5 mil conversaciones telefónicas -muchas de ellas internacionales con socios que buscaban provisiones- a lo largo de cuatro años como parte de la ''Operación Alianza'', dijeron investigadores.
''Con esta operación neutralizamos gran parte del apoyo logístico, financiero'' para las unidades o frentes rebeldes, incluyendo el Frente 1ro que tenía a los secuestrados y que representa un tercio de la fuerza de las FARC.
Entre tanto, se planeaba secretamente la operación militar colombo-estadounidense que llevaría a cabo el rescate de los rehenes. .
El día de su rescate, Betancourt afirmó que la escasez imperaba desde hace al menos un año.
''Desde hace un año los víveres llegan de manera muy difícil, hemos comido escasamente, muy poca variación en la comida'', dijo Betancourt. ''La logística puede estar en dificultades'', agregó.
El ingrediente básico de esa operación fue una empresa fantasma creada por el FBI en Florida y que vendió a guerrilleros teléfonos satelitales cuyas comunicaciones podían ser escuchadas por las autoridades porque estaban intervenidas o interceptadas.
La operación llamada ''Alianza'' comenzó con una llamada a un teléfono satelital en el 2003, pocas semanas después de que el avión de vigilancia de los tres contratistas estadounidenses cayó en las selvas del sur colombiano en febrero de aquel año.
La llamada era de Nancy Conde, la jefa regional de finanzas y de abastecimientos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su novio, también un guerrillero, iba a convertirse, si no era ya, en el carcelero de los tres contratistas. Conde llamaba a contactos en Miami a ver si le podían conseguir teléfonos satelitales.
Lo que Conde no sabía era que agentes de seguridad estaban escuchando.
Agentes federales estadounidenses arrestaron a los contactos de Conde en Miami, quienes a cambio de sentencias reducidas pusieron a la mujer en contacto con una empresa ficticia creada por el FBI, dijo un funcionario estadounidense vinculado a la operación y quien habló a condición de anonimato por razones de seguridad.
A lo largo de cuatro años, la empresa entregó a Conde teléfonos satelitales intervenidos o interceptados junto con otros equipos de comunicaciones, con lo cual pudo desequilibrar a la unidad rebelde y eventualmente ayudar a las autoridades en la tarea de estrangular sus líneas de abastecimiento.
La operación fue vital para allanar el camino al operativo del 2 de julio, cuando un comando militar rescató a 15 secuestrados en manos de la unidad que Conde abastecía, en el mayor golpe que hayan sufrido las FARC.
En total, los agentes estadounidenses y colombianos interceptaron más de 5 mil conversaciones telefónicas -muchas de ellas internacionales con socios que buscaban provisiones- a lo largo de cuatro años como parte de la ''Operación Alianza'', dijeron investigadores.
''Con esta operación neutralizamos gran parte del apoyo logístico, financiero'' para las unidades o frentes rebeldes, incluyendo el Frente 1ro que tenía a los secuestrados y que representa un tercio de la fuerza de las FARC.
Entre tanto, se planeaba secretamente la operación militar colombo-estadounidense que llevaría a cabo el rescate de los rehenes. .
El día de su rescate, Betancourt afirmó que la escasez imperaba desde hace al menos un año.
''Desde hace un año los víveres llegan de manera muy difícil, hemos comido escasamente, muy poca variación en la comida'', dijo Betancourt. ''La logística puede estar en dificultades'', agregó.
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