El Ejército mexicano detuvo hoy a 48 agentes y a siete ex agentes de las policías ministerial y municipales de Baja California que trabajaban para el crimen organizado, afirmó el comandante de la Segunda Zona Militar, general Alfonso Duarte Múgica.
El operativo, uno de los más grandes de los últimos años en contra de integrantes de corporaciones policiacas en esa región fronteriza, tuvo lugar esta mañana cuando los agentes fueron convocados por sus superiores, precisó el funcionario en declaraciones a la prensa.
Duarte, quien no ofreció detalles de cómo fueron capturados los siete ex agentes, dijo que con la acción se "desarticula el ambiente de protección y apoyo" que reciben los integrantes del crimen organizado.
La acción contribuirá de manera "notable" a la recuperación de la tranquilidad en esa zona del país, que ha experimentado una importante caída en sus índices de violencia, sostuvo.
La operación, coordinada entre autoridades castrenses y policiacas, tenía como objetivo "romper con los esquemas de protección" que mantienen los integrantes del crimen organizado en Baja California, donde opera el cártel de Tijuana de los Arellano Félix, manifestó el general mexicano.
Los detenidos serán presentados hoy en la Base Aérea Militar de Tijuana y después serán trasladados a la Ciudad de México para ponerlos a disposición de la Fiscalía federal.
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jueves, 29 de julio de 2010
martes, 29 de junio de 2010
Detienen al lider de los Garibay
El área de inteligencia de la PEP lo seguía desde hacía tres meses. Lo ubicaron aquí como el más poderoso contacto del cártel de Sinaloa. Trabajaba directamente para Joaquín “El Chapo” Guzmán y es compadre de Ismael “El Mayo” Zambada. Se trata de Manuel Garibay Espinoza.
El capo declaró a sus captores que para él trabajaba Vicente Zambada “El Vicentillo”, hoy preso en una cárcel de Chicago. Que recientemente le decomisaron cuatro toneladas de droga en Chiapas, pero que se le quedaron tres y media en Colombia y una en México. Todas del cártel de “El Chapo”.
Explicó Garibay que su rompimiento con Benjamín y Ramón Arellano a finales de los noventa, se debió porque los hermanos le cobraron nueve millones de dólares por una droga que les pertenecía pero que le fue decomisada a Garibay en Los Ángeles, California. Entonces, molesto, él puso a Ismael Higuera “El Mayel” y a Gilberto Higuera Guerrero “El Gilillo” para que los detuviera, y se integró al cártel de Sinaloa.
Hasta que el jueves 24 de junio, elementos de la Policía Estatal Preventiva lo detuvieron cuando manejaba su Toyota Tacoma por las calles del Ejido Mezquital en Mexicali. Manuel Garibay no conocía límites para el trasiego de droga. En México operaba criminalmente en Jalisco, Morelos, Distrito Federal, Sinaloa, Sonora, Colima y Baja California; por ahí atravesaba la droga que cruzaba a los Estados Unidos.
Tenía trato directo tanto con Ismael “El Mayo” Zambada como con Joaquín “El Chapo” Guzmán, y estaba encargado personalmente de una ruta de tráfico de cocaína que partía de Cali, Colombia, hasta Estados Unidos, pasando por Mexicali. Su nombre: Manuel Garibay Espinoza, una pieza clave en la estructura del Cártel de Sinaloa.
Además tenía el control total de las tienditas de venta de cocaína y crystal tanto en el valle como en la ciudad de Mexicali.
Encabezaba una banda junto con dos de sus hermanos, José Luis y Gerardo, que operaba sobre todo en la zona sureste de Mexicali, en el poblado Pescaderos, pegado a la frontera con Sonora en el llamado rancho de los Garibay.
En ese lugar en octubre del 2002, a raíz del asesinato del agente de la policía ministerial Federico Alvidrez Viramontes, las autoridades localizaron una fosa clandestina y armas de diversos calibres. En aquel momento no hubo detenidos.
En 1998 la agencia norteamericana contra las drogas (DEA, por sus siglas en inglés) le siguió la pista a un grupo criminal que operaba en Mexicali y Caléxico al que denominaron el Cártel de Calecia y que comandaba Sergio Campos Salcido, quien hasta la fecha no ha sido detenido. De acuerdo al reporte testificado de un agente especial de la DEA, al antecedente de ese grupo tenía que ver con un personaje que estaba vinculado al grupo de los Arellano Félix, pero que se había cambiado de bando al Cártel de Sinaloa con Ismael “El Mayo” Zambada y después fue detenido en Estados Unidos y pasó a ser testigo protegido: Manuel Garibay Espinoza.
A este jefe del grupo conocido como Los Garibay se le atribuyó el asesinato de siete sinaloenses que fueron secuestrados en el Valle de Mexicali en junio de 1999 en la zona de Pescaderos. Los tres autos en que viajaban estos jóvenes fueron encontrados en partes, en el canal Reforma.
Posteriormente cuando detuvieron a otro de los participantes, detalló cómo los habían levantado y llevado hasta el rancho para asesinarlos en grupo y luego quemarlos para desaparecer evidencias.
A Manuel Garibay Espinoza se le vinculó también con un comandante de la entonces Policía Judicial Federal, Armando Martínez Duarte, “El Loco Duarte”, adscrito a Mexicali en ese entonces y hoy preso en el penal de Alta Seguridad, antes Almoloya, hoy conocido como La Palma.
El 2 de marzo del 2002 fue asesinado en San Luis Río Colorado, Sonora, el comandante de la policía municipal José Antonio Pineda Rodríguez. El crimen fue atribuido a Garibay Espinoza ya que una semana antes había sido detenido por el jefe policiaco a raíz de una infracción menor de tránsito y fue traslado a la PGR donde quedó libre tras el pago de la fianza.
A las cuatro semanas, de acuerdo a la investigación oficial, regresó para cobrar la deuda y lo asesinó, luego desapareció del mapa de la región, se fue a Sinaloa y fortaleció contactos con la gente que ya se había relacionado: Ismael Zambada y el Joaquín Guzmán.
En julio del 2004 fue asesinado el comandante de la Policía Ministerial en Mexicali Humberto Armenta y las autoridades atribuyeron el crimen a lo que quedaba de este grupo delictivo. En noviembre del 2006 una hermana de Garibay Espinoza fue asesinada cuando abrió la puerta de su residencia en Jardines del Valle, en Mexicali.
Entre el 2002 y 2008 fue el hijo, Manuel Espinoza Félix, quien heredó el liderazgo delictivo y se involucró en una serie de asaltos a empacadoras y secuestros de agroempresarios en el Valle de Mexicali.
Garibay Félix fue detenido en Los Ángeles en junio del 2008 y deportado a Baja California donde fue recluido en Mexicali y posteriormente trasladado a un penal del centro del país. Su padre (capturado el 24 de junio de 2010) regresó a Mexicali en 2009 y a base de homicidios y levantones retomó el control del narcomenudeo en la plaza.
Otro Garibay, José Luis, capturado en Estados Unidos y actualmente preso en el penal de El Hongo, donde también está Gerardo, fue aprehendido en Michoacán en el año 2000 y trasladado, amparo de por medio, hasta el mismo penal bajacaliforniano que su hermano.
El capo declaró a sus captores que para él trabajaba Vicente Zambada “El Vicentillo”, hoy preso en una cárcel de Chicago. Que recientemente le decomisaron cuatro toneladas de droga en Chiapas, pero que se le quedaron tres y media en Colombia y una en México. Todas del cártel de “El Chapo”.
Explicó Garibay que su rompimiento con Benjamín y Ramón Arellano a finales de los noventa, se debió porque los hermanos le cobraron nueve millones de dólares por una droga que les pertenecía pero que le fue decomisada a Garibay en Los Ángeles, California. Entonces, molesto, él puso a Ismael Higuera “El Mayel” y a Gilberto Higuera Guerrero “El Gilillo” para que los detuviera, y se integró al cártel de Sinaloa.
Hasta que el jueves 24 de junio, elementos de la Policía Estatal Preventiva lo detuvieron cuando manejaba su Toyota Tacoma por las calles del Ejido Mezquital en Mexicali. Manuel Garibay no conocía límites para el trasiego de droga. En México operaba criminalmente en Jalisco, Morelos, Distrito Federal, Sinaloa, Sonora, Colima y Baja California; por ahí atravesaba la droga que cruzaba a los Estados Unidos.
Tenía trato directo tanto con Ismael “El Mayo” Zambada como con Joaquín “El Chapo” Guzmán, y estaba encargado personalmente de una ruta de tráfico de cocaína que partía de Cali, Colombia, hasta Estados Unidos, pasando por Mexicali. Su nombre: Manuel Garibay Espinoza, una pieza clave en la estructura del Cártel de Sinaloa.
Además tenía el control total de las tienditas de venta de cocaína y crystal tanto en el valle como en la ciudad de Mexicali.
Encabezaba una banda junto con dos de sus hermanos, José Luis y Gerardo, que operaba sobre todo en la zona sureste de Mexicali, en el poblado Pescaderos, pegado a la frontera con Sonora en el llamado rancho de los Garibay.
En ese lugar en octubre del 2002, a raíz del asesinato del agente de la policía ministerial Federico Alvidrez Viramontes, las autoridades localizaron una fosa clandestina y armas de diversos calibres. En aquel momento no hubo detenidos.
En 1998 la agencia norteamericana contra las drogas (DEA, por sus siglas en inglés) le siguió la pista a un grupo criminal que operaba en Mexicali y Caléxico al que denominaron el Cártel de Calecia y que comandaba Sergio Campos Salcido, quien hasta la fecha no ha sido detenido. De acuerdo al reporte testificado de un agente especial de la DEA, al antecedente de ese grupo tenía que ver con un personaje que estaba vinculado al grupo de los Arellano Félix, pero que se había cambiado de bando al Cártel de Sinaloa con Ismael “El Mayo” Zambada y después fue detenido en Estados Unidos y pasó a ser testigo protegido: Manuel Garibay Espinoza.
A este jefe del grupo conocido como Los Garibay se le atribuyó el asesinato de siete sinaloenses que fueron secuestrados en el Valle de Mexicali en junio de 1999 en la zona de Pescaderos. Los tres autos en que viajaban estos jóvenes fueron encontrados en partes, en el canal Reforma.
Posteriormente cuando detuvieron a otro de los participantes, detalló cómo los habían levantado y llevado hasta el rancho para asesinarlos en grupo y luego quemarlos para desaparecer evidencias.
A Manuel Garibay Espinoza se le vinculó también con un comandante de la entonces Policía Judicial Federal, Armando Martínez Duarte, “El Loco Duarte”, adscrito a Mexicali en ese entonces y hoy preso en el penal de Alta Seguridad, antes Almoloya, hoy conocido como La Palma.
El 2 de marzo del 2002 fue asesinado en San Luis Río Colorado, Sonora, el comandante de la policía municipal José Antonio Pineda Rodríguez. El crimen fue atribuido a Garibay Espinoza ya que una semana antes había sido detenido por el jefe policiaco a raíz de una infracción menor de tránsito y fue traslado a la PGR donde quedó libre tras el pago de la fianza.
A las cuatro semanas, de acuerdo a la investigación oficial, regresó para cobrar la deuda y lo asesinó, luego desapareció del mapa de la región, se fue a Sinaloa y fortaleció contactos con la gente que ya se había relacionado: Ismael Zambada y el Joaquín Guzmán.
En julio del 2004 fue asesinado el comandante de la Policía Ministerial en Mexicali Humberto Armenta y las autoridades atribuyeron el crimen a lo que quedaba de este grupo delictivo. En noviembre del 2006 una hermana de Garibay Espinoza fue asesinada cuando abrió la puerta de su residencia en Jardines del Valle, en Mexicali.
Entre el 2002 y 2008 fue el hijo, Manuel Espinoza Félix, quien heredó el liderazgo delictivo y se involucró en una serie de asaltos a empacadoras y secuestros de agroempresarios en el Valle de Mexicali.
Garibay Félix fue detenido en Los Ángeles en junio del 2008 y deportado a Baja California donde fue recluido en Mexicali y posteriormente trasladado a un penal del centro del país. Su padre (capturado el 24 de junio de 2010) regresó a Mexicali en 2009 y a base de homicidios y levantones retomó el control del narcomenudeo en la plaza.
Otro Garibay, José Luis, capturado en Estados Unidos y actualmente preso en el penal de El Hongo, donde también está Gerardo, fue aprehendido en Michoacán en el año 2000 y trasladado, amparo de por medio, hasta el mismo penal bajacaliforniano que su hermano.
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viernes, 25 de junio de 2010
Detalla Manuel Garibay nexo con Colombia
La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California informó que Manuel Garibay Espinoza, "El Meño", relató haber iniciado en el crimen organizado en 1992 al formar parte de la organización criminal de los hermanos Arellano Félix, para luego trabajar como enlace de cárteles colombianos con "El Chapo".
"Mencionó que fue en el año de 1995 que decidió desligarse de la organización de los Arellano Félix por una disputa de droga, ya que lo obligaron a pagar un cargamento que decomisaron las autoridades norteamericanas en Los Ángeles, California", refiere un comunicado.
"Confesó ser el enlace directo entre los cárteles de droga de Colombia y la organización criminal de Sinaloa comandada por Joaquín 'El Chapo' Guzmán, actividad por la que obtenía ganancias millonarias", agrega.
En sus primeras declaraciones, Garibay detalló que la cocaína llegaba México en cuatro embarcaciones propiedad de "la empresa", la droga era escondida en los tanques de combustible de los barcos, que recorrían la ruta Colombia-Panamá-México.
Por cada embarque de droga que Garibay lograba introducir al País, obtenía una ganancia del 15 por ciento del valor del embarque, lo que representaba entre 3 y 4 millones de dólares.
Una vez que los cargamentos de cocaína llegaban a México vía marítima, entregaba la droga a Ismael Zambada García alias "El Mayo" o directamente a Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, quienes se encargaban del trasiego hacia Estados Unidos, declaró Garibay a las autoridades en Baja California.
Además, el Subprocurador contra la delincuencia organizada en Baja California, Fermín Gómez, indicó que Garibay Espinoza tiene pendientes en Baja California al menos cinco órdenes de aprehensión por homicidio, secuestro y asociación delictuosa.
El funcionario agregó que las órdenes de aprehensión por homicidio son contra policías de Mexicali, aunque hay pendientes al menos una decena de averiguaciones previas por diversos delitos.
Garibay, de 52 años, fue detenido ayer en un operativo en el Valle de Mexicali y era el responsable del tráfico de cocaína de Cali, Colombia, a México, para la organización de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo Guzmán Loera, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Garibay se había cambiado el nombre, pero fue reconocido por su fisonomía, indicó Gómez.
Destacó que las averiguaciones previas contra Garibay datan del 2002 y 2004.
"Estaba siendo buscado por la Procuraduría General de Justicia Estatal en virtud de que contaba con cinco órdenes de aprehensión, por homicidio, asociación delictuosa y secuestros; es un criminal de alto nivel", apuntó.
"Podríamos hablar de más de una decena de averiguaciones previas que efectivamente datan de años anteriores, algunas de ellas han sido remitidas a la SIEDO (PGR)", agregó.
Afirmó que el Cártel de Sinaloa ha querido obtener el control para el trasiego de drogas en Baja California.
Gómez dijo que aún quedan pendientes órdenes de aprehensión para integrantes del grupo criminal de Garibay y contra el mismo delincuente aprehendido.
"Mencionó que fue en el año de 1995 que decidió desligarse de la organización de los Arellano Félix por una disputa de droga, ya que lo obligaron a pagar un cargamento que decomisaron las autoridades norteamericanas en Los Ángeles, California", refiere un comunicado.
"Confesó ser el enlace directo entre los cárteles de droga de Colombia y la organización criminal de Sinaloa comandada por Joaquín 'El Chapo' Guzmán, actividad por la que obtenía ganancias millonarias", agrega.
En sus primeras declaraciones, Garibay detalló que la cocaína llegaba México en cuatro embarcaciones propiedad de "la empresa", la droga era escondida en los tanques de combustible de los barcos, que recorrían la ruta Colombia-Panamá-México.
Por cada embarque de droga que Garibay lograba introducir al País, obtenía una ganancia del 15 por ciento del valor del embarque, lo que representaba entre 3 y 4 millones de dólares.
Una vez que los cargamentos de cocaína llegaban a México vía marítima, entregaba la droga a Ismael Zambada García alias "El Mayo" o directamente a Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, quienes se encargaban del trasiego hacia Estados Unidos, declaró Garibay a las autoridades en Baja California.
Además, el Subprocurador contra la delincuencia organizada en Baja California, Fermín Gómez, indicó que Garibay Espinoza tiene pendientes en Baja California al menos cinco órdenes de aprehensión por homicidio, secuestro y asociación delictuosa.
El funcionario agregó que las órdenes de aprehensión por homicidio son contra policías de Mexicali, aunque hay pendientes al menos una decena de averiguaciones previas por diversos delitos.
Garibay, de 52 años, fue detenido ayer en un operativo en el Valle de Mexicali y era el responsable del tráfico de cocaína de Cali, Colombia, a México, para la organización de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo Guzmán Loera, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Garibay se había cambiado el nombre, pero fue reconocido por su fisonomía, indicó Gómez.
Destacó que las averiguaciones previas contra Garibay datan del 2002 y 2004.
"Estaba siendo buscado por la Procuraduría General de Justicia Estatal en virtud de que contaba con cinco órdenes de aprehensión, por homicidio, asociación delictuosa y secuestros; es un criminal de alto nivel", apuntó.
"Podríamos hablar de más de una decena de averiguaciones previas que efectivamente datan de años anteriores, algunas de ellas han sido remitidas a la SIEDO (PGR)", agregó.
Afirmó que el Cártel de Sinaloa ha querido obtener el control para el trasiego de drogas en Baja California.
Gómez dijo que aún quedan pendientes órdenes de aprehensión para integrantes del grupo criminal de Garibay y contra el mismo delincuente aprehendido.
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sábado, 8 de agosto de 2009
Narco acusa a ex alcaldes de Rosarito, B.C.
“El Cande”, detenido a finales de junio en Ensenada, Baja California, e inmediatamente identificado como cocinero de crystal para el cártel Arellano Félix, fue muy claro con miembros del Ejército Mexicano que lo interrogaron: Los ex alcaldes de Rosarito Luis Enrique Díaz Félix y Antonio
Macías Garay, recibieron dinero de su parte.
Díaz Félix le pidió y él le concedió apoyo financiero para la campaña electoral en 2001; Macías Garay lo contactó para el mismo propósito pero en 2004. Candelario Arceaga Aguirre fue generoso. Junto a dos de sus socios, reunieron una cantidad de dólares y la entregaron en su momento a cada uno de los candidatos panistas al Gobierno de Rosarito.
El declarante no especificó cuántos billetes le llevó a Díaz Félix, pero sí dijo a los de inteligencia que a Macías Garay le acercó unos 500 mil dólares.
Las declaraciones de “El Cande” fueron reveladas primero en las instalaciones militares, y acto seguido reproducidas ante un Ministerio Público Federal. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, no ha hecho públicas las declaraciones, ha mantenido en sigilo los señalamientos vertidos por Arceaga Aguirre que comprometen a políticos panistas de Baja California.
La declaración de Candelario le fue tomada el 1 de julio de 2009, cuatro días antes de la elección federal, pero los encargados de integrar la supuesta indagatoria no lo hicieron público para no enturbiar el proceso electoral.
Con los encargados de la indagatoria en Tijuana, funcionarios de la SIEDO se comprometieron a requerir la presentación de los dos ex alcaldes y de otros funcionarios de sus gobiernos una vez que transcurrieran las elecciones.
Han pasado 30 días sin que la autoridad federal emita dichas órdenes de presentación.
Desde la captura de “El Cande” el 30 de junio de 2009, la única información pública del tema fue que los días sábado 4 y domingo 5 de julio circuló en Rosarito el dicho que Macías Garay había sido detenido por el Ejército; el mismo ex alcalde refutaría la imprecisión.
De hecho, Antonio Macías Garay se comunicó vía telefónica con reporteros de Rosarito a quienes explicó que estaba en libertad, que ninguna autoridad lo había requerido y que los militares ya habían cateado su casa en más de tres ocasiones sin mayores consecuencias.
Luis Enrique Díaz Félix tampoco ha sido llamado a dar cuentas. Continúa como delegado de la Sánchez Taboada, una de las demarcaciones con mayor índice delictivo y bajo el control en el mundo criminal de la célula de Teodoro García Simental “El Tres”.
Sin embargo, el compromiso de la autoridad federal con los captores de “El Cande” fue que sus declaraciones serían investigadas en los hechos y que los ex alcaldes serían llamados a esclarecer los señalamientos.
Incluso mencionaron que sospechas pasadas, de cuando Macías fungía como alcalde, podrían ser investigadas ahora:
1.- Retomar las averiguaciones y pesquisas estatales hechas en torno al asesinato:
* Del ex director de Seguridad Pública del municipio de Rosarito, Carlos Bowser Miret, ocurrido en marzo de 2005.
* De los homicidios y decapitaciones de tres policías y un civil, hechos que sucedieron en junio de 2006.
Ambas investigaciones ligadas también a la operación delictiva del lugarteniente Arturo Villarreal Heredia, capturado en agosto de 2006 junto a Francisco Javier Arellano Félix. Ambos presos en la Unión Americana.
2.- Revisar la investigación del atentado al actual director de la policía, Capitán Eduardo Montero, sufrido en diciembre de 2007.
3.- Realizar nuevos interrogatorios a miembros de la célula de Ángel Jácome Beltrán “El Kaibil”, asesinos confesos del comandante de la policía municipal Samuel Ventura y el agente ministerial Marco Antonio Vicencio Rojas.
Las declaraciones de “El Cande”
La noche del primero de julio de 2009, Candelario Arceaga Aguirre fue preciso con miembros de inteligencia militar, quienes lo interrogaban luego de capturarlo a bordo de un yate en el Puerto de Ensenada:
Sostuvo ante los representantes de la milicia, que cuando Luis Enrique Díaz Félix buscaba la Presidencia Municipal de Rosarito, le pidió apoyo para su campaña electoral. “El Cande” ayudó al político. Cuando el panista ganó la alcaldía del quinto municipio de Baja California en 2001, le correspondió el favor a su beneficiario y miembro del crimen organizado: Le otorgó 65 permisos de transporte público para calafias.
Las confesiones de Arceaga, identificado como proveedor del cártel Arellano Félix desde hace aproximadamente ocho años –tiempo en el cual entabló, según su dicho, la comunicación con Díaz Félix– no se quedaron en ese trienio.
El narcotraficante prosiguió develando a sus interrogadores oficiales.
Reveló Candelario Arceaga, que siendo candidato del PAN al gobierno de Rosarito, Antonio Macías Garay, solicitó que lo auxiliara en la campaña. El hoy arraigado por asociación delictuosa y narcotráfico, entre otros delitos, declaró que apoyó a Macías de dos formas:
1.- Le prestó las unidades de transporte público para utilizarlas en su campaña. En recorridos, acarreos y mandados dentro de las tareas electorales en 2004.
2.- Declaró Arceaga que entregó 500 mil dólares como financiamiento para la campaña. El dinero, declaró “El Cande” a sus captores, lo reunió junto a otros dos de sus socios. Un hombre al que identificó solo con el apodo de “El Diablo” y otro a quien se refirió únicamente solo como “Leonardo”.
Continuó declarando el detenido: Una vez que Antonio Macías Garay ganó la Alcaldía de Rosarito, retribuyó el favor. El panista concedió a sus benefactores (“El Cande”, “El Diablo” y “Leonardo”) un total de 85 placas de transporte público.
Los interrogadores federales de Candelario Arceaga metieron hilo: Dónde quedaron esas placas, fue la pregunta. Y sacaron la hebra: Al final, entre las placas otorgadas por Díaz Félix y Macías Garay, “Leonardo” se quedó con 70 permisos, “El Cande” con 22. Antonio Macías Garay les exigió que de las que él les concedió, le entregaran once para su explotación particular. El resto de los permisos, los concentró “El Diablo”.
Sin embargo, la autoridad federal con apoyo del gobierno local ha tenido problemas para integrar las pruebas y localizar los permisos mencionados por “El Cande”, debido a que extrañamente se traspapelaron y perdieron algunos documentos relacionados, lo que ha resultado en la ubicación de sólo aproximadamente 10 permisos a nombre de sus familiares directos.
“Pero ya estamos buscando por fechas, las concesiones que hayan sido entregadas en paquete a la agrupación de transportistas en la que estaba integrado Arceaga. Estamos seguros de poder encontrarlos”, explicó un funcionario del quinto municipio.
Respecto a las propiedades del narcotraficante en ese municipio, fue localizado un terreno con casa habitación en la zona urbana. También detectaron que el nombre del delincuente está registrado con faltas de ortografía, ante lo cual aún están trabajando en el rastreo de los ranchos.
Se entrevistó con funcionarios del IV Ayuntamiento de Rosarito respecto al origen de la empresa transportista a la que estaba integrado “El Cande”; explicaron que el surgimiento se dio como una alternativa para los choferes que no pertenecían al grupo priísta de Amaro Mata, que tenía monopolizado el sistema de transporte.
Además consideraron a los socios de Arceaga como personas de trabajo: “ellos ya eran transportistas de años, cuando iniciaron la empresa en cuestión, sin embargo como todo lo que se manejó alrededor del detenido, debe ser investigado”, opinó el funcionario.
Antecedentes de inseguridad
El detonante de las investigaciones y versiones que implican a funcionarios panistas de Rosarito, en presuntas actividades del crimen organizado, se destapó con Macías Garay pero llegó hasta Silvano Abarca.
Fue el homicidio del director de Seguridad Pública del municipio de Rosarito, Carlos Bowser Miret, el detonante. El hombre había sido amenazado en marzo de 2005 y fue muerto a finales de mayo del mismo año, después de protagonizar por más de un mes una confrontación pública con el entonces síndico Gabriel Esquivel, quien conforme a la versiones de otros funcionarios del mismo gobierno, intentaba removerlo para instalar en el puesto a su hermano Alberto Esquivel, quien era el comandante operativo de la corporación, pero que había sido señalado por empresarios locales de cobrar cuotas a las “tienditas” de droga, sin embargo no había sido investigado.
La maraña panista rosaritense se complicó el 15 noviembre de 2005, al ser detenido Edgar Adrián Gutiérrez Elenes “El Cachorro”, acusado de ser uno de los responsables de la muerte de Bowser.
Gutiérrez, miembro del Cártel Arellano Félix, fue lugarteniente de Jorge Briseño “El Cholo”, y era hermano de Pedro Mario Gutiérrez Elenes, quien fuera secretario particular de Luis Enrique Díaz Félix cuando fue alcalde.
En la edición 1652 de ZETA, Jesús Blancornelas publicó versiones vertidas por agentes ministeriales y federales, que referían las relaciones criminales de Gutiérrez con Arturo Villarreal “El Nalgón” y las influencias del matón. Detalló que este grupo criminal tenía varias residencias en Rosarito “…donde los vecinos eran principalmente pistoleros a sus órdenes” y que muchos de los “levantados” por órdenes de ‘El Nalgón’ fueron llevados a una residencia en la Colonia Reforma de Rosarito. Allí los ejecutaron. Pero tiraron sus cadáveres en la zona de La Gloria y San Antonio de los Buenos “para no calentarle la plaza al Presidente Municipal Díaz Félix”.
Prosiguió Blancornelas:
“La hipótesis de los informantes policíacos es que ‘El Cachorro’ pudo habergozado de protección de oficiales municipales en Rosarito, gracias a su hermano. Y ahora es cuando señalan la cercanía del entonces Secretario Particular del Alcalde, con Fernando Serrano, Director de Seguridad Publica” a quien también señalan como presunto implicado.
“También hay referencia de que en meses pasados ‘El Cachorro’ fue detenido y sorpresivamente dejado en libertad. Esta versión no pudo ser confirmada totalmente debido a que no se encuentra un reporte disponible en la Procuraduría General de Justicia del Estado”.
En aquel tiempo, la publicación de esas versiones, provocó que grupos de rosaritenses hicieran llegar a las autoridades otra denuncia a la que no se le dio seguimiento. En ella señalaban a Carlos Peraza Vergara, Oficial Mayor de Díaz Félix, y quien antes había sido jefe de policías con Silvano Abarca Macklis, de estar involucrado en la protección del crimen organizado.
La denuncia alcanzó en aquel tiempo a Ignacio García Dworak, director que fue de seguridad pública con Abarca, Secretario General con Macías, y derrotado candidato a la Presidencia Municipal.
La misma delación ciudadana mencionó en aquel 2005 que Mario Alberto Sánchez Herrera, era el principal narcomenudista en Rosarito y estaba vinculado directamente a Díaz Félix. Mario Alberto y su hermano Karlo Omar Herrera Sánchez, en su calidad de policías en 2008, fueron señalados directamente por el General Sergio Aponte Polito en abril de 2008, quien los acusó por presuntamente participar en el atentado contra el Secretario de Seguridad Municipal de Rosarito, Jorge Montero Álvarez; refirió que estaban dedicados al secuestro de personas adineradas, el asesinato de policías y las ejecuciones de criminales contrarios al CAF.
Indagatorias estatales y federales posteriores, los ubicaron en la célula de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”.
Las irregularidades y la sospecha de corrupción en los ayuntamientos de Rosarito, continuaron después de la muerte de Bowser Miret, con la llegada de Valente Montijo Pompa a la dirección de la policía, a quien por cierto también quiso destituir el Síndico Procurador Juan Gabriel Esquivel Fierro.
La corrupción se hizo evidente tras el asesinato por decapitación de los agentes Jesús Hernández, Ismael Arellano, Benjamín Ventura y el civil méxico-americano Fernando Aguilar, en junio de 2006.
Los municipales fueron emboscados, privados de la libertad y asesinados, después que otros dos grupos de policías habían acudido a un rancho en las inmediaciones del cañón Rosarito –cerca de una de las casas de Macías Garay–, lugar donde se celebraba la fiesta de cumpleaños de Javier Arellano Félix.
En la celebración estaban presentes lugartenientes y sicarios del CAF que habían sido denunciados por la comunidad. Los dos primeros grupos de agentes que atendieron la alerta ciudadana, acudieron a pedir dinero y quedarse callados. Al llegar el tercer grupo de uniformados, los criminales recibieron la orden de matarlos, bajo el argumento que la policía no estaba respetando la seguridad y protección que ellos ya pagaban.
Con saña, los agentes y un civil fueron torturados y decapitados.
La corrupción en la entonces policía municipal de Rosarito, y la sospecha sobre funcionarios de primer nivel y los ex alcaldes, han sido una constante en el quinto municipio. Hasta el 1 de julio, cuando “El Cande” confirmó a sus captores que entregó dinero a Luis Enrique Díaz Félix y a Antonio Macías Garay para sus respectivas campañas políticas. Y que a cambio, recibió junto a otros dos socios, decenas de placas de transporte público. Esto lo dijo el detenido después de identificarse como cocinero de crystal para el cártel Arellano Félix.
Sin embargo, a casi un mes de los señalamientos vertidos por el narcotraficante ante soldados y agentes federales, ni Antonio Macías Garay, ni Enrique Díaz Félix, han sido llamados a presentarse y declarar sobre tales acusaciones. Cosa contraria, por lo menos Macías pretende convertirse en aspirante a una diputación local en las elecciones 2010.
Macías Garay, recibieron dinero de su parte.
Díaz Félix le pidió y él le concedió apoyo financiero para la campaña electoral en 2001; Macías Garay lo contactó para el mismo propósito pero en 2004. Candelario Arceaga Aguirre fue generoso. Junto a dos de sus socios, reunieron una cantidad de dólares y la entregaron en su momento a cada uno de los candidatos panistas al Gobierno de Rosarito.
El declarante no especificó cuántos billetes le llevó a Díaz Félix, pero sí dijo a los de inteligencia que a Macías Garay le acercó unos 500 mil dólares.
Las declaraciones de “El Cande” fueron reveladas primero en las instalaciones militares, y acto seguido reproducidas ante un Ministerio Público Federal. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, no ha hecho públicas las declaraciones, ha mantenido en sigilo los señalamientos vertidos por Arceaga Aguirre que comprometen a políticos panistas de Baja California.
La declaración de Candelario le fue tomada el 1 de julio de 2009, cuatro días antes de la elección federal, pero los encargados de integrar la supuesta indagatoria no lo hicieron público para no enturbiar el proceso electoral.
Con los encargados de la indagatoria en Tijuana, funcionarios de la SIEDO se comprometieron a requerir la presentación de los dos ex alcaldes y de otros funcionarios de sus gobiernos una vez que transcurrieran las elecciones.
Han pasado 30 días sin que la autoridad federal emita dichas órdenes de presentación.
Desde la captura de “El Cande” el 30 de junio de 2009, la única información pública del tema fue que los días sábado 4 y domingo 5 de julio circuló en Rosarito el dicho que Macías Garay había sido detenido por el Ejército; el mismo ex alcalde refutaría la imprecisión.
De hecho, Antonio Macías Garay se comunicó vía telefónica con reporteros de Rosarito a quienes explicó que estaba en libertad, que ninguna autoridad lo había requerido y que los militares ya habían cateado su casa en más de tres ocasiones sin mayores consecuencias.
Luis Enrique Díaz Félix tampoco ha sido llamado a dar cuentas. Continúa como delegado de la Sánchez Taboada, una de las demarcaciones con mayor índice delictivo y bajo el control en el mundo criminal de la célula de Teodoro García Simental “El Tres”.
Sin embargo, el compromiso de la autoridad federal con los captores de “El Cande” fue que sus declaraciones serían investigadas en los hechos y que los ex alcaldes serían llamados a esclarecer los señalamientos.
Incluso mencionaron que sospechas pasadas, de cuando Macías fungía como alcalde, podrían ser investigadas ahora:
1.- Retomar las averiguaciones y pesquisas estatales hechas en torno al asesinato:
* Del ex director de Seguridad Pública del municipio de Rosarito, Carlos Bowser Miret, ocurrido en marzo de 2005.
* De los homicidios y decapitaciones de tres policías y un civil, hechos que sucedieron en junio de 2006.
Ambas investigaciones ligadas también a la operación delictiva del lugarteniente Arturo Villarreal Heredia, capturado en agosto de 2006 junto a Francisco Javier Arellano Félix. Ambos presos en la Unión Americana.
2.- Revisar la investigación del atentado al actual director de la policía, Capitán Eduardo Montero, sufrido en diciembre de 2007.
3.- Realizar nuevos interrogatorios a miembros de la célula de Ángel Jácome Beltrán “El Kaibil”, asesinos confesos del comandante de la policía municipal Samuel Ventura y el agente ministerial Marco Antonio Vicencio Rojas.
Las declaraciones de “El Cande”
La noche del primero de julio de 2009, Candelario Arceaga Aguirre fue preciso con miembros de inteligencia militar, quienes lo interrogaban luego de capturarlo a bordo de un yate en el Puerto de Ensenada:
Sostuvo ante los representantes de la milicia, que cuando Luis Enrique Díaz Félix buscaba la Presidencia Municipal de Rosarito, le pidió apoyo para su campaña electoral. “El Cande” ayudó al político. Cuando el panista ganó la alcaldía del quinto municipio de Baja California en 2001, le correspondió el favor a su beneficiario y miembro del crimen organizado: Le otorgó 65 permisos de transporte público para calafias.
Las confesiones de Arceaga, identificado como proveedor del cártel Arellano Félix desde hace aproximadamente ocho años –tiempo en el cual entabló, según su dicho, la comunicación con Díaz Félix– no se quedaron en ese trienio.
El narcotraficante prosiguió develando a sus interrogadores oficiales.
Reveló Candelario Arceaga, que siendo candidato del PAN al gobierno de Rosarito, Antonio Macías Garay, solicitó que lo auxiliara en la campaña. El hoy arraigado por asociación delictuosa y narcotráfico, entre otros delitos, declaró que apoyó a Macías de dos formas:
1.- Le prestó las unidades de transporte público para utilizarlas en su campaña. En recorridos, acarreos y mandados dentro de las tareas electorales en 2004.
2.- Declaró Arceaga que entregó 500 mil dólares como financiamiento para la campaña. El dinero, declaró “El Cande” a sus captores, lo reunió junto a otros dos de sus socios. Un hombre al que identificó solo con el apodo de “El Diablo” y otro a quien se refirió únicamente solo como “Leonardo”.
Continuó declarando el detenido: Una vez que Antonio Macías Garay ganó la Alcaldía de Rosarito, retribuyó el favor. El panista concedió a sus benefactores (“El Cande”, “El Diablo” y “Leonardo”) un total de 85 placas de transporte público.
Los interrogadores federales de Candelario Arceaga metieron hilo: Dónde quedaron esas placas, fue la pregunta. Y sacaron la hebra: Al final, entre las placas otorgadas por Díaz Félix y Macías Garay, “Leonardo” se quedó con 70 permisos, “El Cande” con 22. Antonio Macías Garay les exigió que de las que él les concedió, le entregaran once para su explotación particular. El resto de los permisos, los concentró “El Diablo”.
Sin embargo, la autoridad federal con apoyo del gobierno local ha tenido problemas para integrar las pruebas y localizar los permisos mencionados por “El Cande”, debido a que extrañamente se traspapelaron y perdieron algunos documentos relacionados, lo que ha resultado en la ubicación de sólo aproximadamente 10 permisos a nombre de sus familiares directos.
“Pero ya estamos buscando por fechas, las concesiones que hayan sido entregadas en paquete a la agrupación de transportistas en la que estaba integrado Arceaga. Estamos seguros de poder encontrarlos”, explicó un funcionario del quinto municipio.
Respecto a las propiedades del narcotraficante en ese municipio, fue localizado un terreno con casa habitación en la zona urbana. También detectaron que el nombre del delincuente está registrado con faltas de ortografía, ante lo cual aún están trabajando en el rastreo de los ranchos.
Se entrevistó con funcionarios del IV Ayuntamiento de Rosarito respecto al origen de la empresa transportista a la que estaba integrado “El Cande”; explicaron que el surgimiento se dio como una alternativa para los choferes que no pertenecían al grupo priísta de Amaro Mata, que tenía monopolizado el sistema de transporte.
Además consideraron a los socios de Arceaga como personas de trabajo: “ellos ya eran transportistas de años, cuando iniciaron la empresa en cuestión, sin embargo como todo lo que se manejó alrededor del detenido, debe ser investigado”, opinó el funcionario.
Antecedentes de inseguridad
El detonante de las investigaciones y versiones que implican a funcionarios panistas de Rosarito, en presuntas actividades del crimen organizado, se destapó con Macías Garay pero llegó hasta Silvano Abarca.
Fue el homicidio del director de Seguridad Pública del municipio de Rosarito, Carlos Bowser Miret, el detonante. El hombre había sido amenazado en marzo de 2005 y fue muerto a finales de mayo del mismo año, después de protagonizar por más de un mes una confrontación pública con el entonces síndico Gabriel Esquivel, quien conforme a la versiones de otros funcionarios del mismo gobierno, intentaba removerlo para instalar en el puesto a su hermano Alberto Esquivel, quien era el comandante operativo de la corporación, pero que había sido señalado por empresarios locales de cobrar cuotas a las “tienditas” de droga, sin embargo no había sido investigado.
La maraña panista rosaritense se complicó el 15 noviembre de 2005, al ser detenido Edgar Adrián Gutiérrez Elenes “El Cachorro”, acusado de ser uno de los responsables de la muerte de Bowser.
Gutiérrez, miembro del Cártel Arellano Félix, fue lugarteniente de Jorge Briseño “El Cholo”, y era hermano de Pedro Mario Gutiérrez Elenes, quien fuera secretario particular de Luis Enrique Díaz Félix cuando fue alcalde.
En la edición 1652 de ZETA, Jesús Blancornelas publicó versiones vertidas por agentes ministeriales y federales, que referían las relaciones criminales de Gutiérrez con Arturo Villarreal “El Nalgón” y las influencias del matón. Detalló que este grupo criminal tenía varias residencias en Rosarito “…donde los vecinos eran principalmente pistoleros a sus órdenes” y que muchos de los “levantados” por órdenes de ‘El Nalgón’ fueron llevados a una residencia en la Colonia Reforma de Rosarito. Allí los ejecutaron. Pero tiraron sus cadáveres en la zona de La Gloria y San Antonio de los Buenos “para no calentarle la plaza al Presidente Municipal Díaz Félix”.
Prosiguió Blancornelas:
“La hipótesis de los informantes policíacos es que ‘El Cachorro’ pudo habergozado de protección de oficiales municipales en Rosarito, gracias a su hermano. Y ahora es cuando señalan la cercanía del entonces Secretario Particular del Alcalde, con Fernando Serrano, Director de Seguridad Publica” a quien también señalan como presunto implicado.
“También hay referencia de que en meses pasados ‘El Cachorro’ fue detenido y sorpresivamente dejado en libertad. Esta versión no pudo ser confirmada totalmente debido a que no se encuentra un reporte disponible en la Procuraduría General de Justicia del Estado”.
En aquel tiempo, la publicación de esas versiones, provocó que grupos de rosaritenses hicieran llegar a las autoridades otra denuncia a la que no se le dio seguimiento. En ella señalaban a Carlos Peraza Vergara, Oficial Mayor de Díaz Félix, y quien antes había sido jefe de policías con Silvano Abarca Macklis, de estar involucrado en la protección del crimen organizado.
La denuncia alcanzó en aquel tiempo a Ignacio García Dworak, director que fue de seguridad pública con Abarca, Secretario General con Macías, y derrotado candidato a la Presidencia Municipal.
La misma delación ciudadana mencionó en aquel 2005 que Mario Alberto Sánchez Herrera, era el principal narcomenudista en Rosarito y estaba vinculado directamente a Díaz Félix. Mario Alberto y su hermano Karlo Omar Herrera Sánchez, en su calidad de policías en 2008, fueron señalados directamente por el General Sergio Aponte Polito en abril de 2008, quien los acusó por presuntamente participar en el atentado contra el Secretario de Seguridad Municipal de Rosarito, Jorge Montero Álvarez; refirió que estaban dedicados al secuestro de personas adineradas, el asesinato de policías y las ejecuciones de criminales contrarios al CAF.
Indagatorias estatales y federales posteriores, los ubicaron en la célula de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”.
Las irregularidades y la sospecha de corrupción en los ayuntamientos de Rosarito, continuaron después de la muerte de Bowser Miret, con la llegada de Valente Montijo Pompa a la dirección de la policía, a quien por cierto también quiso destituir el Síndico Procurador Juan Gabriel Esquivel Fierro.
La corrupción se hizo evidente tras el asesinato por decapitación de los agentes Jesús Hernández, Ismael Arellano, Benjamín Ventura y el civil méxico-americano Fernando Aguilar, en junio de 2006.
Los municipales fueron emboscados, privados de la libertad y asesinados, después que otros dos grupos de policías habían acudido a un rancho en las inmediaciones del cañón Rosarito –cerca de una de las casas de Macías Garay–, lugar donde se celebraba la fiesta de cumpleaños de Javier Arellano Félix.
En la celebración estaban presentes lugartenientes y sicarios del CAF que habían sido denunciados por la comunidad. Los dos primeros grupos de agentes que atendieron la alerta ciudadana, acudieron a pedir dinero y quedarse callados. Al llegar el tercer grupo de uniformados, los criminales recibieron la orden de matarlos, bajo el argumento que la policía no estaba respetando la seguridad y protección que ellos ya pagaban.
Con saña, los agentes y un civil fueron torturados y decapitados.
La corrupción en la entonces policía municipal de Rosarito, y la sospecha sobre funcionarios de primer nivel y los ex alcaldes, han sido una constante en el quinto municipio. Hasta el 1 de julio, cuando “El Cande” confirmó a sus captores que entregó dinero a Luis Enrique Díaz Félix y a Antonio Macías Garay para sus respectivas campañas políticas. Y que a cambio, recibió junto a otros dos socios, decenas de placas de transporte público. Esto lo dijo el detenido después de identificarse como cocinero de crystal para el cártel Arellano Félix.
Sin embargo, a casi un mes de los señalamientos vertidos por el narcotraficante ante soldados y agentes federales, ni Antonio Macías Garay, ni Enrique Díaz Félix, han sido llamados a presentarse y declarar sobre tales acusaciones. Cosa contraria, por lo menos Macías pretende convertirse en aspirante a una diputación local en las elecciones 2010.
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miércoles, 8 de abril de 2009
Caen 21 sicarios de los Arellano en BC
Luego del ataque a dos policías federales y dos civiles ayer sobre la carretera Tecate-Ensenada, elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) aprehendieron a 21 presuntos sicarios en posesión de más de 5 mil cartuchos.
De acuerdo con la corporación, los detenidos pertenecen a las células de Teodoro García Simental "El Teo" y de Fernando Sánchez Arellano "El Ingeniero" del Cártel Arellano Félix y están relacionados con homicidios, entre ellos decapitaciones cometidas el año pasado, además de levantones y secuestros.
La PFP señaló que en dos semanas se cometería el plagio de un menor, según el testimonio de los detenidos.
Los 21 hombres fueron aprehendidos en distintos lugares del Municipio de Tecate, pues se iban delatando unos a otros.
Entre los sujetos, presentados a medianoche a los medios de comunicación, hay tres líderes de células, dos de ellas de "El Teo" y otra más de "El Ingeniero", quienes presumiblemente atacaron a balazos a dos agentes federales.
Los dirigentes son Javier Antonio Guerrero Cota, alias "El Moco", de 19 años de edad, originario de Mexicali; Mario Antonio Hernández Romero, alias "El Chinola", de 23, originario de Sinaloa; y Benjamín Guzmán Quintanilla, alias "El Benji", también de 23, originario de Tecate.
Al ser presentado ante los medios, "El Benji" refirió con voz tranquila que es culpable de al menos cuatro homicidios en la zona y que trabaja bajo las órdenes de Francisco Javier Copetillo Angulo, "El Pancho", aunque desconoce dónde se encuentra éste.
Copetillo es un ex agente de la Policía Estatal Preventiva que responde a las órdenes de "El Teo" o "Tres Letras", puntualizaron mandos de la PFP.
El ex agente estatal pagaría 300 dólares, alrededor de 4 mil pesos, por cada agente federal que matara "El Benji" u otro líder de las células bajo su mando.
"El Pancho" buscaba venganza contra la Policía Federal por la detención de otra célula y el rescate de personas secuestradas hace dos semanas.
A través de un comunicado, autoridades de la PFP en Tecate explicaron que derivado del ataque a dos oficiales federales, División Caminos, la tarde de ayer se activó la señal de alerta.
"Asegurando de manera inmediata a 12 sujetos, quienes participaron directamente en ese ataque cobarde", menciona el boletín.
En total se aseguraron 8 armas largas, 2 armas cortas, 5 mil 285 cartuchos útiles de diferentes calibres, 60 cargadores, así como uniformes apócrifos de la AFI y del Ejército.
En la agresión de ayer los dos elementos resultaron con heridas graves.
De acuerdo con la corporación, los detenidos pertenecen a las células de Teodoro García Simental "El Teo" y de Fernando Sánchez Arellano "El Ingeniero" del Cártel Arellano Félix y están relacionados con homicidios, entre ellos decapitaciones cometidas el año pasado, además de levantones y secuestros.
La PFP señaló que en dos semanas se cometería el plagio de un menor, según el testimonio de los detenidos.
Los 21 hombres fueron aprehendidos en distintos lugares del Municipio de Tecate, pues se iban delatando unos a otros.
Entre los sujetos, presentados a medianoche a los medios de comunicación, hay tres líderes de células, dos de ellas de "El Teo" y otra más de "El Ingeniero", quienes presumiblemente atacaron a balazos a dos agentes federales.
Los dirigentes son Javier Antonio Guerrero Cota, alias "El Moco", de 19 años de edad, originario de Mexicali; Mario Antonio Hernández Romero, alias "El Chinola", de 23, originario de Sinaloa; y Benjamín Guzmán Quintanilla, alias "El Benji", también de 23, originario de Tecate.
Al ser presentado ante los medios, "El Benji" refirió con voz tranquila que es culpable de al menos cuatro homicidios en la zona y que trabaja bajo las órdenes de Francisco Javier Copetillo Angulo, "El Pancho", aunque desconoce dónde se encuentra éste.
Copetillo es un ex agente de la Policía Estatal Preventiva que responde a las órdenes de "El Teo" o "Tres Letras", puntualizaron mandos de la PFP.
El ex agente estatal pagaría 300 dólares, alrededor de 4 mil pesos, por cada agente federal que matara "El Benji" u otro líder de las células bajo su mando.
"El Pancho" buscaba venganza contra la Policía Federal por la detención de otra célula y el rescate de personas secuestradas hace dos semanas.
A través de un comunicado, autoridades de la PFP en Tecate explicaron que derivado del ataque a dos oficiales federales, División Caminos, la tarde de ayer se activó la señal de alerta.
"Asegurando de manera inmediata a 12 sujetos, quienes participaron directamente en ese ataque cobarde", menciona el boletín.
En total se aseguraron 8 armas largas, 2 armas cortas, 5 mil 285 cartuchos útiles de diferentes calibres, 60 cargadores, así como uniformes apócrifos de la AFI y del Ejército.
En la agresión de ayer los dos elementos resultaron con heridas graves.
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viernes, 6 de febrero de 2009
El comandante que desnudó a narcopolicías
Ordenó colgar en la sala de espera de la Comandancia de la Segunda Región Militar, en Mexicali, la siguiente leyenda enmarcada: “Cuida tu vida; tu libertad; tu dinero; tu salud. Cuida el prestigio del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana; cuida lo que la nación te ministra para el servicio. Las metas son: cero casos médico-legales, cero faltistas, cero casos de corrupción, cero accidentes”. Son los postulados que le granjearon prestigio entre la tropa al general de División Sergio Aponte Polito. Y no era palabrería, sino “las reglas básicas de este cuartel”, según dijo cuando despachaba en Mexicali.
Aponte Polito tiene unos ojillos inquietos que analizan en segundos a sus interlocutores. De complexión atlética aunque robusta, su trato parco lo exhibe como uno de esos generales hechos en la faena. En aquel encuentro con el reportero, al hablar de su imagen en los cuarteles explicó que el trabajo de un comandante es velar por la moral de sus subordinados y el mejor desempeño de las encomiendas del alto mando. Es decir, era previsiblemente institucional, cuando menos de palabra.
Nacido en Chilpancingo hace 65 años, se graduó del Colegio Militar en 1963, como subteniente de infantería, y hasta 1970 fue oficial de servicio en el 50 Batallón, con sede en Guerrero. Fueron años complicados, por el auge de movimientos guerrilleros en aquel estado. A finales de los setenta estuvo comisionado en la 35 Zona Militar y casi una década después, en 1987, fue enviado a la Agregaduria Militar de la Embajada de México en Estados Unidos, de donde regresó para comandar el 18 Batallón de Infantería. Dos de los superiores que aprobaron su ascenso al generalato son Ricardo Maldonado Baca, ex comandante militar en Chiapas, en la época posterior al alzamiento zapatista, y Jaime Jiménez Muñoz, ex comandante en Oaxaca, entidades donde Aponte Polito prestó servicios también.
Como general estuvo destacado en Sonora, Chiapas, Quintana Roo y Sinaloa. Siendo comandante de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, pronunció un discurso de enorme impacto mediático a nivel nacional en diciembre de 2005, donde denunciaba la supuesta corrupción en las policías locales. Lo hizo ante el gobernador priísta Jesús Aguilar Padilla, a quien “reprendió” por haber dicho que los elevados índices delictivos eran “normales”. “Un día normal –reprochó– debe ser aquél en que no se presentaran muertos en hechos violentos. Eso sería lo normal, eso nos llenaría de orgullo y satisfacción. Pero para poder evitar esos males debemos, primero, autoanalizarnos y darnos cuenta si lo que estamos realizando está bien. Que no se tome como normal la comisión de los delitos, sobre todo los violentos: asesinatos, secuestros, robo de vehículos, porque sabemos que las autoridades tienen conocimiento de cuáles son las bandas delictivas”.
No pasó mucho tiempo antes de ser relevado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Clemente Vega García (durante el sexenio foxista), para enviarlo a Querétaro, a cargo de la Zona Militar, aunque cuando Guillermo Galván asumió la titularidad de la Defensa, el 1 de diciembre de 2006, lo “rehabilitó”, poniéndolo al frente de las “tropas del desierto”, como se denomina en el Ejército a los efectivos de las cinco zonas militares de Sonora y Baja California Norte y Sur, que a su vez conforman la Segunda Región Militar, con sede en Mexicali.
En tal posición, Aponte Polito ordenó implementar la denuncia ciudadana vía telefónica como medio de recopilación de información por cuenta del Ejército. Esto habría permitido a los elementos de inteligencia militar confirmar que los soportes del narcotráfico eran los propios policías municipales. Enseguida, en operativos militares fueron desarmados los miembros de los cuerpos de seguridad locales, para analizar si sus armas habían sido accionadas en actividades criminales.
Sobrevino la reacción de autoridades locales, irritadas por estos operativos y el protagonismo del general, quien aparecía con frecuencia ante los medios informativos para denunciar a los agentes supuestamente coludidos con las bandas de secuestradores, narcotraficantes y asaltantes.
A principios del abril pasado, el procurador de Justicia de Baja California, Rommel Moreno, le exigió pruebas de aquellas denuncias públicas. En respuesta, Aponte Polito emitió la primera carta pública precisando nombres y circunstancias, y formulando diversas interrogantes sobre las acciones de las autoridades contra la delincuencia. La confrontación entre las autoridades civiles y el militar quedó servida.
Meses más tarde, un nuevo incidente puso su nombre en los titulares de diarios y noticieros locales, esta vez a causa de un disparo de arma de fuego en un restaurante de comida argentina en Mexicali, mientras departía con un grupo de allegados, un domingo. El hecho fue atribuido al mayor Justo Buenaventura, el ex director de la Policía Estatal Preventiva, destituido por irregularidades administrativas. Pero se abrió la interrogante sobre si en realidad había sido el divisionario quien disparó, después de que la prensa local difundió declaraciones ministeriales de testigos que aseguraron lo anterior.
El general reaccionó con otra carta pública, fechada el 3 de agosto pasado, donde hacia acusaciones directas contra funcionarios del gobierno estatal que habrían impulsado esa “campaña de desprestigio”. Además, aseguraba que en el caso de cometer un error lo reconocería y, con inusitado desparpajo tratándose de un miembro de la plana mayor del Ejército, que solicitó al secretario de la Defensa Nacional que le permitiera permanecer un año y tres meses más en activo, como lo exigía el reglamento para tener derecho a la medalla de perseverancia “por la Patria”, destinada a aquellos con 50 años de servicios ininterrumpidos.
Aponte Polito fue relevado a los pocos días y designado presidente del Supremo Tribunal Militar, donde en noviembre pasado le llegó la edad reglamentaria de retiro, al cumplir 65 años. Ayer recibió la condecoración por méritos en la campaña contra el narco de manos del general Armando Meza Castro.
Aponte Polito tiene unos ojillos inquietos que analizan en segundos a sus interlocutores. De complexión atlética aunque robusta, su trato parco lo exhibe como uno de esos generales hechos en la faena. En aquel encuentro con el reportero, al hablar de su imagen en los cuarteles explicó que el trabajo de un comandante es velar por la moral de sus subordinados y el mejor desempeño de las encomiendas del alto mando. Es decir, era previsiblemente institucional, cuando menos de palabra.
Nacido en Chilpancingo hace 65 años, se graduó del Colegio Militar en 1963, como subteniente de infantería, y hasta 1970 fue oficial de servicio en el 50 Batallón, con sede en Guerrero. Fueron años complicados, por el auge de movimientos guerrilleros en aquel estado. A finales de los setenta estuvo comisionado en la 35 Zona Militar y casi una década después, en 1987, fue enviado a la Agregaduria Militar de la Embajada de México en Estados Unidos, de donde regresó para comandar el 18 Batallón de Infantería. Dos de los superiores que aprobaron su ascenso al generalato son Ricardo Maldonado Baca, ex comandante militar en Chiapas, en la época posterior al alzamiento zapatista, y Jaime Jiménez Muñoz, ex comandante en Oaxaca, entidades donde Aponte Polito prestó servicios también.
Como general estuvo destacado en Sonora, Chiapas, Quintana Roo y Sinaloa. Siendo comandante de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, pronunció un discurso de enorme impacto mediático a nivel nacional en diciembre de 2005, donde denunciaba la supuesta corrupción en las policías locales. Lo hizo ante el gobernador priísta Jesús Aguilar Padilla, a quien “reprendió” por haber dicho que los elevados índices delictivos eran “normales”. “Un día normal –reprochó– debe ser aquél en que no se presentaran muertos en hechos violentos. Eso sería lo normal, eso nos llenaría de orgullo y satisfacción. Pero para poder evitar esos males debemos, primero, autoanalizarnos y darnos cuenta si lo que estamos realizando está bien. Que no se tome como normal la comisión de los delitos, sobre todo los violentos: asesinatos, secuestros, robo de vehículos, porque sabemos que las autoridades tienen conocimiento de cuáles son las bandas delictivas”.
No pasó mucho tiempo antes de ser relevado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Clemente Vega García (durante el sexenio foxista), para enviarlo a Querétaro, a cargo de la Zona Militar, aunque cuando Guillermo Galván asumió la titularidad de la Defensa, el 1 de diciembre de 2006, lo “rehabilitó”, poniéndolo al frente de las “tropas del desierto”, como se denomina en el Ejército a los efectivos de las cinco zonas militares de Sonora y Baja California Norte y Sur, que a su vez conforman la Segunda Región Militar, con sede en Mexicali.
En tal posición, Aponte Polito ordenó implementar la denuncia ciudadana vía telefónica como medio de recopilación de información por cuenta del Ejército. Esto habría permitido a los elementos de inteligencia militar confirmar que los soportes del narcotráfico eran los propios policías municipales. Enseguida, en operativos militares fueron desarmados los miembros de los cuerpos de seguridad locales, para analizar si sus armas habían sido accionadas en actividades criminales.
Sobrevino la reacción de autoridades locales, irritadas por estos operativos y el protagonismo del general, quien aparecía con frecuencia ante los medios informativos para denunciar a los agentes supuestamente coludidos con las bandas de secuestradores, narcotraficantes y asaltantes.
A principios del abril pasado, el procurador de Justicia de Baja California, Rommel Moreno, le exigió pruebas de aquellas denuncias públicas. En respuesta, Aponte Polito emitió la primera carta pública precisando nombres y circunstancias, y formulando diversas interrogantes sobre las acciones de las autoridades contra la delincuencia. La confrontación entre las autoridades civiles y el militar quedó servida.
Meses más tarde, un nuevo incidente puso su nombre en los titulares de diarios y noticieros locales, esta vez a causa de un disparo de arma de fuego en un restaurante de comida argentina en Mexicali, mientras departía con un grupo de allegados, un domingo. El hecho fue atribuido al mayor Justo Buenaventura, el ex director de la Policía Estatal Preventiva, destituido por irregularidades administrativas. Pero se abrió la interrogante sobre si en realidad había sido el divisionario quien disparó, después de que la prensa local difundió declaraciones ministeriales de testigos que aseguraron lo anterior.
El general reaccionó con otra carta pública, fechada el 3 de agosto pasado, donde hacia acusaciones directas contra funcionarios del gobierno estatal que habrían impulsado esa “campaña de desprestigio”. Además, aseguraba que en el caso de cometer un error lo reconocería y, con inusitado desparpajo tratándose de un miembro de la plana mayor del Ejército, que solicitó al secretario de la Defensa Nacional que le permitiera permanecer un año y tres meses más en activo, como lo exigía el reglamento para tener derecho a la medalla de perseverancia “por la Patria”, destinada a aquellos con 50 años de servicios ininterrumpidos.
Aponte Polito fue relevado a los pocos días y designado presidente del Supremo Tribunal Militar, donde en noviembre pasado le llegó la edad reglamentaria de retiro, al cumplir 65 años. Ayer recibió la condecoración por méritos en la campaña contra el narco de manos del general Armando Meza Castro.
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Lo arrestan en EU; lo contrata México

Luego de violar la ley en Estados Unidos, fue "premiado" en México.
Se trata de Carlos Alberto Flores, un mando policiaco de Baja California que fue destituido de su cargo por la compra ilegal de armas en Arizona y ahora es jefe de inteligencia y espionaje de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En septiembre de 2007, cuando Flores era director de la Policía Estatal Preventiva, fue detenido al salir de una feria de armas en Phoenix con tres pistolas de 9, 40 y 45 milímetros y unos 500 proyectiles.
Lo acompañaban un oficial de la Policía estatal, Guillermo Valle Medina, y el ex capitán del Ejército José Santos Cortés González, quien se desempeñaba en ese momento como agente de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Flores fue acusado de conspiración y conducta dolosa por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) por violar una norma que prohíbe a extranjeros adquirir armas de fuego.
Tuvo que garantizar una fianza de 2 mil dólares para ser liberado.
En aquella ocasión, Tom Mangan, vocero de la ATF, dijo que los tres agentes mexicanos cruzaron la frontera de Calexico, California, en un vehículo policiaco y manejaron hasta Phoenix.
Los funcionarios afirmaron que estaban comprando armas para su uso personal y que acordaron con el vendedor mantener contacto para comprarle en el futuro.
Según un reporte oficial, elementos de Inmigración y Aduanas monitoreaban la exhibición y observaron cuando Cortés negociaba el precio de las armas con el vendedor.
Después, Flores y el agente Valle se encontraron con Cortés y continuaron comprando municiones y aditamentos para las armas.
"Es irónico que estamos recibiendo una gran cantidad de críticas en relación con nuestros esfuerzos para detener la marea de las armas ilegales, pero aquí tenemos a tres oficiales tratando de comprar armas de manera ilegal", denunció en aquella ocasión el funcionario de la ATF.
Una semana después del incidente en Phoenix, el jefe policiaco fue cesado por la Secretaría de Seguridad Pública bajacaliforniana.
Luego, a principios de 2008, estuvo unas semanas en la SSP federal como director "A" de Investigación en el Órgano Interno de Control.
Y ahora Flores rastrea a funcionarios del Gobierno federal.
El 15 de enero de 2009 fue nombrado director de análisis e integración de la Dirección General de Información e Integración de la SFP, con sueldo de 153 mil pesos al mes.
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martes, 13 de enero de 2009
Decomisa Ejército más de 1 mdd en BC
Elementos del Ejército decomisaron en el interior de un domicilio ubicado en la calle Leos Montoya, en el sector de La Mesa de esta ciudad fronteriza, más de un millón de dólares y estupefacientes, informaron fuentes militares.
Se confiscaron 1 millón 7 mil 250 dólares, 33 kilos de metanfetaminas, 12 de heroína, 6 de cristal y 3 de cocaína.
Se reportó además que dos menores que resguardaban la mercancía y el dinero fueron detenidos.
También fueron asegurados tres vehículos con placas fronterizas.
Se confiscaron 1 millón 7 mil 250 dólares, 33 kilos de metanfetaminas, 12 de heroína, 6 de cristal y 3 de cocaína.
Se reportó además que dos menores que resguardaban la mercancía y el dinero fueron detenidos.
También fueron asegurados tres vehículos con placas fronterizas.
Incautan más de medio millón de cartuchos (Mexicali)
Más de medio millón de cartuchos de diferentes calibres fueron asegurados por personal de la Policía Ministerial en la zona Poniente de la ciudad.
Fue alrededor de las 13:30 horas que se notificó del hallazgo en un domicilio que se localiza en la colonia Huertas de la Progreso, a 500 metros de la Casa de Paco.
Florencio Cuevas, director de la Policía Ministerial, informó que fue a través de una investigación que se logró el hallazgo de los cartuchos.
Fue en el interior de la casa marcada con el número 3488, de la avenida Camino Nacional, que se encontraron las municiones.
En el lugar se aseguraron 195 mil cartuchos para rifle AR-15, 160 mil 500 para rifle AK-47, conocido como “cuerno de chivo”.
También se incautaron miles más calibre 45, 357, 380 y 38 super, además de otros para escopetas.
Algunos de los paquetes de cartuchos contaban con un papel que decía “Amor”. Todos fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Fue alrededor de las 13:30 horas que se notificó del hallazgo en un domicilio que se localiza en la colonia Huertas de la Progreso, a 500 metros de la Casa de Paco.
Florencio Cuevas, director de la Policía Ministerial, informó que fue a través de una investigación que se logró el hallazgo de los cartuchos.
Fue en el interior de la casa marcada con el número 3488, de la avenida Camino Nacional, que se encontraron las municiones.
En el lugar se aseguraron 195 mil cartuchos para rifle AR-15, 160 mil 500 para rifle AK-47, conocido como “cuerno de chivo”.
También se incautaron miles más calibre 45, 357, 380 y 38 super, además de otros para escopetas.
Algunos de los paquetes de cartuchos contaban con un papel que decía “Amor”. Todos fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
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miércoles, 17 de diciembre de 2008
Irrumpe comando en Procuraduría de BC
Un comando, al parecer con vestimenta tipo militar, irrumpió en el área de Homicidios de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) e hirió a tres agentes ministeriales, informó un vocero de la dependencia.
Alrededor de la 01:00 de la madrugada, tiempo local, el grupo de hombres ingresó al área de Homicidios y comenzó a disparar.
A uno de los policías ministeriales lo hirieron en las piernas; los tres se encuentran hospitalizados.
"Al parecer el comando armado tenía la intención de rescatar a unos detenidos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en la Colonia Mariano Matamoros (al este de la ciudad), pero los policías repelieron la agresión y y finalmente el comando optó por huir", relató el funcionario estatal.
De acuerdo con el vocero, el comando estaba conformado por 10 hombres que iban en diferentes vehículos.
Esta es la primera vez que un grupo armado ingresa a las instalaciones oficiales, ubicadas sobre Avenida Sánchez Taboada, en zona Río.
Alrededor de la 01:00 de la madrugada, tiempo local, el grupo de hombres ingresó al área de Homicidios y comenzó a disparar.
A uno de los policías ministeriales lo hirieron en las piernas; los tres se encuentran hospitalizados.
"Al parecer el comando armado tenía la intención de rescatar a unos detenidos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en la Colonia Mariano Matamoros (al este de la ciudad), pero los policías repelieron la agresión y y finalmente el comando optó por huir", relató el funcionario estatal.
De acuerdo con el vocero, el comando estaba conformado por 10 hombres que iban en diferentes vehículos.
Esta es la primera vez que un grupo armado ingresa a las instalaciones oficiales, ubicadas sobre Avenida Sánchez Taboada, en zona Río.
miércoles, 19 de noviembre de 2008
Fuerzas federales toman control del este de Tijuana
lementos del Ejército, Marina y Policía Federal tomaron el control de la seguridad pública en las delegaciones La Mesa, Cerro Colorado, La Presa y Centenario, en el este de este municipio, como una estrategia para enfrentar el alto índice de criminalidad, dijo el edil panista Jorge Ramos Hernández.
En una primera etapa sustituirán a 500 agentes municipales, quienes serán sometidos a exámenes de control y confianza, así como a cursos de capacitación, como parte del Programa de Capacitación y Confianza. Los que no lo aprueben serán dados de baja. El edil confió en que este ejercicio permita continuar con la depuración de la policía municipal, la cual estaba infiltrada por el crimen organizado, “ya que no se le atendió en su dimensión en su momento”.
Los policías entregaron sus armas y equipo de comunicación, y están concentrados en el Centro de Control y Mando de la corporación. Personal de las Fuerzas Federales los capacitará.
Los federales se harán cargo de la seguridad; oficiales municipales apoyarán en las tareas de Tránsito y peritaje de accidentes.
Agentes municipales citados para incluirlos en el Programa de Capacitación y Confianza manifestaron temor de que se les someta a investigación y sean acusados de pertenecer al crimen organizado.
Matamoros: a puro valor
En la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, este martes se cumplieron ocho días de que los policías municipales vigilan la ciudad desarmados, ya que el Ejército aún no concluye con la revisión del armamento que incautó el pasado martes a todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Lauro Peña García, presidente del Comité de Participación Ciudadana en Seguridad Pública, demandó a las fuerzas castrenses agilizar la revisión, ya que en dos casos los agentes han tenido que enfrentar a delincuentes empistolados.
En una primera etapa sustituirán a 500 agentes municipales, quienes serán sometidos a exámenes de control y confianza, así como a cursos de capacitación, como parte del Programa de Capacitación y Confianza. Los que no lo aprueben serán dados de baja. El edil confió en que este ejercicio permita continuar con la depuración de la policía municipal, la cual estaba infiltrada por el crimen organizado, “ya que no se le atendió en su dimensión en su momento”.
Los policías entregaron sus armas y equipo de comunicación, y están concentrados en el Centro de Control y Mando de la corporación. Personal de las Fuerzas Federales los capacitará.
Los federales se harán cargo de la seguridad; oficiales municipales apoyarán en las tareas de Tránsito y peritaje de accidentes.
Agentes municipales citados para incluirlos en el Programa de Capacitación y Confianza manifestaron temor de que se les someta a investigación y sean acusados de pertenecer al crimen organizado.
Matamoros: a puro valor
En la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, este martes se cumplieron ocho días de que los policías municipales vigilan la ciudad desarmados, ya que el Ejército aún no concluye con la revisión del armamento que incautó el pasado martes a todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Lauro Peña García, presidente del Comité de Participación Ciudadana en Seguridad Pública, demandó a las fuerzas castrenses agilizar la revisión, ya que en dos casos los agentes han tenido que enfrentar a delincuentes empistolados.
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sábado, 15 de noviembre de 2008
Hallan 9 ejecutados en Baja California
En menos de 24 horas han sido localizados 9 personas ejecutadas en hechos distintos en Tijuana y Ensenada, entre ellas, una mujer y un comerciante de artículos para patrullas en la ciudad fronteriza.
Los primeros hechos ocurrieron ayer a las 18:00 horas, tiempo local, en Plaza Patria, sobre el Bulevar Agua Caliente en Tijuana, donde un comerciante de accesorios para vehículos patrulla fue asesinado a balazos.
En la parte exterior del centro comercial se localizó una patrulla con diversos impactos de bala.
A las 00:15 horas, tiempo local, de hoy se encontró a María de Jesús Velarde, de 50 años, y a Alejandro Cervantes Mejía, de 20, sin vida, en la taquería La Herencia, sobre el Bulevar Rosas Magallón y Calle Agua Prieta.
De esos hechos, dos personas resultaron heridas y las autoridades localizaron 34 casquillos calibre 7.62 x 39.
En el tercer hecho violento, a la 1:00 horas, tiempo local, se reportó la muerte de Rodelizar Melendrez Olguín en el Hospital General, quien había sido lesionado por arma de fuego en unos billares denominados "Shooter", sobre el Bulevar Fundadores, en la Colonia El Rubí.
A las 11:00 horas, tiempo local, se localizaron dos personas ejecutadas, padre e hijo, en la Colonia Sánchez Taboada, sobre la Calle Boyedos 132.
Los hombres fueron identificados como Ramón Humberto Betancurt García, de 48 años, y Jesús Ramón Betancurt Aranda, de 22.
El padre estaba en un vehículo pick up Toyota Tacoma blanca y el hijo estaba en el suelo, y en el lugar se encontraron cuatro casquillos calibre .9 milímetros.
En tanto que en Ensenada, tres hombres fueron acribillados en el poblado de El Rosario, al sur del Municipio.
A las 9:00 horas, tiempo local, se reportó que en la negociación "La Mijita" había tres personas muertas.
Dos hombres fueron identificados como Luis Torres Cruz, "El Mariguas", de 33 años y Armando Villalobos Miranda, de 30, y el tercer cuerpo no ha sido identificado pero se le calcula una edad aproximada de 55 a 60 años.
En el lugar del crimen se localizaron 33 casquillos percutidos, calibres .223 y 9 milímetros, y una mujer fue lesionada en este último ataque.
Los primeros hechos ocurrieron ayer a las 18:00 horas, tiempo local, en Plaza Patria, sobre el Bulevar Agua Caliente en Tijuana, donde un comerciante de accesorios para vehículos patrulla fue asesinado a balazos.
En la parte exterior del centro comercial se localizó una patrulla con diversos impactos de bala.
A las 00:15 horas, tiempo local, de hoy se encontró a María de Jesús Velarde, de 50 años, y a Alejandro Cervantes Mejía, de 20, sin vida, en la taquería La Herencia, sobre el Bulevar Rosas Magallón y Calle Agua Prieta.
De esos hechos, dos personas resultaron heridas y las autoridades localizaron 34 casquillos calibre 7.62 x 39.
En el tercer hecho violento, a la 1:00 horas, tiempo local, se reportó la muerte de Rodelizar Melendrez Olguín en el Hospital General, quien había sido lesionado por arma de fuego en unos billares denominados "Shooter", sobre el Bulevar Fundadores, en la Colonia El Rubí.
A las 11:00 horas, tiempo local, se localizaron dos personas ejecutadas, padre e hijo, en la Colonia Sánchez Taboada, sobre la Calle Boyedos 132.
Los hombres fueron identificados como Ramón Humberto Betancurt García, de 48 años, y Jesús Ramón Betancurt Aranda, de 22.
El padre estaba en un vehículo pick up Toyota Tacoma blanca y el hijo estaba en el suelo, y en el lugar se encontraron cuatro casquillos calibre .9 milímetros.
En tanto que en Ensenada, tres hombres fueron acribillados en el poblado de El Rosario, al sur del Municipio.
A las 9:00 horas, tiempo local, se reportó que en la negociación "La Mijita" había tres personas muertas.
Dos hombres fueron identificados como Luis Torres Cruz, "El Mariguas", de 33 años y Armando Villalobos Miranda, de 30, y el tercer cuerpo no ha sido identificado pero se le calcula una edad aproximada de 55 a 60 años.
En el lugar del crimen se localizaron 33 casquillos percutidos, calibres .223 y 9 milímetros, y una mujer fue lesionada en este último ataque.
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jueves, 13 de noviembre de 2008
Piden ayuda de EU para localizar a 10 presuntos narcopolicías
Baja California solicitó el apoyo de Estados Unidos para ubicar a 10 policías ministeriales que se encuentran "desaparecidos" desde que el Ejército "retuvo" a otros 21 oficiales para investigar si tienen nexos con el crimen organizado, pues no se descarta que hayan cruzado la frontera o intentaran hacerlo.
El número de presentados se incrementó este jueves ante la detención del jefe de Distrito Mesa de Otay, Sergio Tejeda Martínez, quien apenas la mañana de este jueves fue requerido por elementos de la Secretaría de la Defensa (SDN) y se encuentra en condiciones similares a las de sus compañeros.
El gobernador de la entidad, el panista José Guadalupe Osuna Millán, confirmó que además de los dos elementos estatales y los municipales de Tijuana que están a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), hay otros 10 en la lista de sospechosos que no han sido localizados.
"Esperamos que sean detenidos. Avisamos a las autoridades de Estados Unidos para que si cruzaron o pretenden cruzar les cancelen sus pasaportes para dar con su paradero", dijo el gobernador respecto a los "desaparecidos".
Reconoció que las corporaciones policíacas han sido permeadas por el crimen organizado desde hace mucho tiempo, y por ello el gobierno estatal colaboró con la federación en la detención de los agentes.
Por ello, Osuna Millán advirtió que la limpia en los cuerpos policiales de todos los niveles continuará en la entidad hasta restituir el orden y recuperar la confianza de la población.
El lunes pasado, autoridades citaron a policías ministeriales y municipales de Tijuana en el cuartel militar donde supuestamente se les aplicarían exámenes de confianza y se les darían cursos de capacitación, sin embargo la intención era retenerlos para someterlos a investigación por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
La madrugada del miércoles fueron enviados a la ciudad de México donde serán arraigados mientras se investiga su situación.
Al respecto, el alcalde de Tijuana, el también panista Jorge Ramos Hernández, advirtió que ninguno de los agentes tijuanenses que se encuentran a disposición de la SIEDO volverán a sus cargos incluso si no se les comprueban nexos con el crimen organizado porque ya se les perdió la confianza.
No regresarán porque no hay canonjías para nadie en el gobierno municipal, dijo Ramos al asegurar que ante la duda respecto a los oficiales, prefiere que no estén dentro de la corporación.
"Aquí no hay amigos, no hay cercanos, no hay apadrinados que puedan escaparse a la ley ni al gobierno", insistió.
Destacó que desde el inicio de su administración en diciembre del 2007, el crimen organizado ha intentado establecer vínculos sin resultados positivos y recordó que recibió una corporación policíaca permeada, por ello se han dado de baja a un centenar de elementos.
La lista
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer la lista de agentes que se encuentran a disposición de la SIEDO en la ciudad de México y que se encuentran en calidad de "presentados".
Son los subdirectores de la policía municipal de Tijuana Juan Manuel Nieves Reta y Rigoberto Rodríguez; Rosalba González Molina; el jefe de la Unidad de Enlace con Estados Unidos, Javier Enrique Cárdenas Salgado; Juan Arturo Domínguez Salmerón; Pedro Arce Gracia; Sergio Campos Rivera, y Galo Hernán Carrillo Vázquez.
Asimismo, Juan Carlos García Serrano; Javier Márquez León; José Luis Ramírez Pineda; Luis Alonso Cedano Morales; Mario Alberto Apodaca; Pablo García González; Moisés Díaz Neri; Mario Andrés Estrella Flores; Gilberto Fimbres Fimbres; Jesús Jacobo Aguirre, y Sergio Tejeda Martínez.
El número de presentados se incrementó este jueves ante la detención del jefe de Distrito Mesa de Otay, Sergio Tejeda Martínez, quien apenas la mañana de este jueves fue requerido por elementos de la Secretaría de la Defensa (SDN) y se encuentra en condiciones similares a las de sus compañeros.
El gobernador de la entidad, el panista José Guadalupe Osuna Millán, confirmó que además de los dos elementos estatales y los municipales de Tijuana que están a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), hay otros 10 en la lista de sospechosos que no han sido localizados.
"Esperamos que sean detenidos. Avisamos a las autoridades de Estados Unidos para que si cruzaron o pretenden cruzar les cancelen sus pasaportes para dar con su paradero", dijo el gobernador respecto a los "desaparecidos".
Reconoció que las corporaciones policíacas han sido permeadas por el crimen organizado desde hace mucho tiempo, y por ello el gobierno estatal colaboró con la federación en la detención de los agentes.
Por ello, Osuna Millán advirtió que la limpia en los cuerpos policiales de todos los niveles continuará en la entidad hasta restituir el orden y recuperar la confianza de la población.
El lunes pasado, autoridades citaron a policías ministeriales y municipales de Tijuana en el cuartel militar donde supuestamente se les aplicarían exámenes de confianza y se les darían cursos de capacitación, sin embargo la intención era retenerlos para someterlos a investigación por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
La madrugada del miércoles fueron enviados a la ciudad de México donde serán arraigados mientras se investiga su situación.
Al respecto, el alcalde de Tijuana, el también panista Jorge Ramos Hernández, advirtió que ninguno de los agentes tijuanenses que se encuentran a disposición de la SIEDO volverán a sus cargos incluso si no se les comprueban nexos con el crimen organizado porque ya se les perdió la confianza.
No regresarán porque no hay canonjías para nadie en el gobierno municipal, dijo Ramos al asegurar que ante la duda respecto a los oficiales, prefiere que no estén dentro de la corporación.
"Aquí no hay amigos, no hay cercanos, no hay apadrinados que puedan escaparse a la ley ni al gobierno", insistió.
Destacó que desde el inicio de su administración en diciembre del 2007, el crimen organizado ha intentado establecer vínculos sin resultados positivos y recordó que recibió una corporación policíaca permeada, por ello se han dado de baja a un centenar de elementos.
La lista
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer la lista de agentes que se encuentran a disposición de la SIEDO en la ciudad de México y que se encuentran en calidad de "presentados".
Son los subdirectores de la policía municipal de Tijuana Juan Manuel Nieves Reta y Rigoberto Rodríguez; Rosalba González Molina; el jefe de la Unidad de Enlace con Estados Unidos, Javier Enrique Cárdenas Salgado; Juan Arturo Domínguez Salmerón; Pedro Arce Gracia; Sergio Campos Rivera, y Galo Hernán Carrillo Vázquez.
Asimismo, Juan Carlos García Serrano; Javier Márquez León; José Luis Ramírez Pineda; Luis Alonso Cedano Morales; Mario Alberto Apodaca; Pablo García González; Moisés Díaz Neri; Mario Andrés Estrella Flores; Gilberto Fimbres Fimbres; Jesús Jacobo Aguirre, y Sergio Tejeda Martínez.
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sábado, 1 de noviembre de 2008
Propina Ejército golpe al narco en Ensenada
Elementos del Ejército mexicano detuvieron en Ensenada a siete sujetos, entre quienes hay un menor de edad, a quienes decomisaron 1.7 toneladas de mariguana, más de 400 mil dólares, varias armas de fuego y 28 vehículos.
En ese mismo municipio, personal de la Armada de México y la II Zona Naval desplegó un fuerte operativo para trasladar de un reclusorio a un centro para adolescentes a un individuo a quien se identificó como sobrino del narcotraficante Ismael Higuera Guerrero "El Mayel".
Los hechos se registraron el viernes, pero fue hasta este sábado cuando se dieron a conocer al revelar el resultado de una serie de acciones contra el crimen organizado realizadas por personal basificado en las instalaciones de El Ciprés, en Ensenada.
De acuerdo con información proporcionada a la prensa de Ensenada, la detención de los siete sujetos y decomiso de droga y dinero se llevó a cabo en el poblado de Maneadero, ubicado en el sur de Ensenada.
Los detenidos fueron identificados como Giovani Daniel Martínez Reyes; Christopher Flaustro Valencia, de 17 años; Gustavo Gutiérrez Pérez, de 19; Isaac Esmir López; Javier Lara Cortés; Daniel López Orozco, y Hassen López Galindo.
A ellos se les decomisaron 294 paquetes con un total de 1.7 toneladas de mariguana; 466 mil dólares, así como cuatro armas cortas, 4 mil 600 cartuchos de diferentes calibres, y se les aseguraron una empacadora y una casa particular donde se refugiaban.
En la propiedad había 28 automóviles de diferentes marcas y modelos que quedaron a disposición de las fuerzas castrenses.
En ese mismo municipio, personal de la Armada de México y la II Zona Naval desplegó un fuerte operativo para trasladar de un reclusorio a un centro para adolescentes a un individuo a quien se identificó como sobrino del narcotraficante Ismael Higuera Guerrero "El Mayel".
Los hechos se registraron el viernes, pero fue hasta este sábado cuando se dieron a conocer al revelar el resultado de una serie de acciones contra el crimen organizado realizadas por personal basificado en las instalaciones de El Ciprés, en Ensenada.
De acuerdo con información proporcionada a la prensa de Ensenada, la detención de los siete sujetos y decomiso de droga y dinero se llevó a cabo en el poblado de Maneadero, ubicado en el sur de Ensenada.
Los detenidos fueron identificados como Giovani Daniel Martínez Reyes; Christopher Flaustro Valencia, de 17 años; Gustavo Gutiérrez Pérez, de 19; Isaac Esmir López; Javier Lara Cortés; Daniel López Orozco, y Hassen López Galindo.
A ellos se les decomisaron 294 paquetes con un total de 1.7 toneladas de mariguana; 466 mil dólares, así como cuatro armas cortas, 4 mil 600 cartuchos de diferentes calibres, y se les aseguraron una empacadora y una casa particular donde se refugiaban.
En la propiedad había 28 automóviles de diferentes marcas y modelos que quedaron a disposición de las fuerzas castrenses.
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lunes, 27 de octubre de 2008
El Comandante Simón en BC
Su nombre no aparece en el portal de transparencia del Gobierno del Estado. No se sabe cuánto le pagan, pero sí que desde hace algunos meses, Iván Alejandro Ortega Colmenares se encuentra en Baja California trabajando para el gobierno.
En el mundo del combate al crimen organizado se le conoce como "Comandante Simón" y a él se le adjudica haber disminuido el delito de secuestro en Sinaloa, a partir de 2001.
Información extraoficial indica que el Secretario de Gobierno, Francisco Blake Mora, lo encontró en un viaje oficial, y el venezolano de nacimiento lo convenció de que podía disminuir el delito de secuestro en Baja California.
Así se lo trajeron al Gobierno, pero no lo dieron de alta oficialmente, al menos no aparece en la documentación que acredita a todo el personal, de confianza y de base, que labora en el Gobierno del Estado.
Tampoco se le ubica en la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de Rommel Moreno Manjarrez. Se dice, también de manera extraoficial, que trabaja directamente para Francisco Blake Mora, el Secretario general, y que comanda un grupo de uniformados que buscan combatir, fuera de la estructura oficial de procuración de justicia, el secuestro.
"El Comandante Simón" es hoy punto de conflicto entre el área de seguridad del Gobierno, la Procuraduría , y las áreas políticas de esa estructura, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Iván Ortega Colmenares se ha convertido en el as bajo la manga de Blake Mora y Daniel de la Rosa Anaya , para encontrar resultados y deshacerse de la presencia del Procurador Rommel Moreno.
Este conflicto ha dividido el combate al crimen:
1.- Por un lado, la Procuraduría de Justicia cuenta con un grupo antisecuestros bajo su estructura, que está laborando normalmente; de hecho fueron ellos y no otros, quienes rescataron de sus plagiarios a la maestra secuestrada en el fraccionamiento Soler.
2.- Por otro lado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad tienen un grupo antisecuestros extraoficial comandando por Iván Ortega, que responde a sus órdenes pero que no cuenta con una estructura legal para perseguir el delito de secuestro.
Dos fuerzas dentro de un mismo gobierno combatiendo el mismo delito en circunstancias diferentes, todo, debido a las rencillas que los panistas encabezados por Francisco Blake Mora y Daniel de la Rosa Anaya enfrentan con el Procurador del Estado.
Se sabe, también extraoficialmente, pues todo lo que rodea la participación de Ortega Colmenares se maneja así, que el grupo encabezado por el naturalizado mexicano solucionó el secuestro de la esposa del dueño de una tienda de ropa y artículos deportivos, y el de un empresario del ramo automotriz.
Sin embargo, aún con la participación del "Comandante Simón", el delito de secuestro no ha sido disminuido; actualmente, familiares dan cuenta del plagio de sus seres, por lo menos en quince casos, entre ellos el del dirigente transportista, Gregorio Barreto Luna, a quien incluso se comentó en las oficinas de gobierno, han comenzado a mutilar los plagiarios, para enviar a su familia pruebas de vida a cambio de pagar el monto del rescate.
De la gloria al anonimato
Polémico, "El Comandante Simón" se presentaba encapuchado de cara y vestido con uniforme camuflado estilo militar. Armado hasta los dientes.
Su historia transitó del éxito al anonimato.
Pasó de ser el héroe de la Unidad Especializada Antisecuestros de Sinaloa, a un ex funcionario que aparte, vendía equipo y asesoría a la policía para la que trabajaba.
Muchos reportajes nacionales e internacionales dieron cuenta del "Comandante Simón". Que disminuyó de 60 a 30 los secuestros en un año, que encarceló a más de 70 secuestradores y que rescató a cientos de sinaloenses de las garras del plagio.
Polémico, protagónico, Iván Ortega Colmenares vendió su éxito entre la población sinaloense. Muchos de los rescatados lo llevaron a sus hogares, con sus familias le hicieron fiestas, y él apareció en fotografías y transmisiones de televisión festejando el éxito.
Se sabe que trabaja con un equipo anónimo, con buena paga y tecnología de punta para defenderse y rescatar a los plagiados. Que reclutó a jóvenes de las universidades, y que con su experiencia, en el año 2000 únicamente se realizaron ocho secuestros en el estado.
Venezolano de nacimiento se naturalizó mexicano en el año 2002.
Antes de llegar a Sinaloa, estuvo en Chihuahua, donde vendía cursos y equipo de inteligencia al grupo antisecuestros de aquel estado gobernado entonces por Patricio Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. De hecho allá se encontraba como asesor, cuando al gobernador de Sinaloa, Juan Sigfrido Millán, le fue recomendado para acabar con el problema del secuestro.
En febrero de 2001 llegó a Sinaloa y creó la Unidad Especializada Antisecuestros y comenzó a dar resultados. Inició bancos de datos con información de los secuestradores, como voces, caligrafía, manera de operar, casas de seguridad y miembros.
Así poco a poco fue conociendo la operación de las bandas de plagiarios, hasta identificarlos y acudir al rescate de las víctimas. La sociedad le tuvo la confianza para denunciar los secuestros.
Hasta que comenzó a comentarse entre la sociedad sinaloense, que Ortega Colmenares recibía dádivas económicas de los secuestrados liberados por él y su equipo. También se corrió la información de que tenía dos empresas, una de ellas llamada Safeguard, que estaban a nombre de su esposa y hermano, y que desde las mismas vendía equipo de inteligencia y asesoría al estado de Sinaloa para el que trabajaba.
De hecho, funcionarios en la administración de José Guadalupe Osuna Millán comentan que Francisco Blake encontró a Ortega Colmenares cuando éste le hizo una oferta de herramienta y asesoría; así se lo trajo a Baja California.
Esta situación de las compensaciones que, se dice, le otorgaron las familias de los liberados, y la venta de equipo al gobierno, no fue del agrado de parte de la sociedad; medios de comunicación en aquel estado refirieron que quizá pudo ser la causa de la salida del "Comandante Simón" de Sinaloa.
Lo cierto es que de un día a otro, ya no apareció en la escena pública. Hasta que se conoció de su renuncia en diciembre de 2002, por motivos personales.
Anti secuestros dividida
Con estos antecedentes, en la práctica, el Gobierno del Baja California encabezado por el licenciado José Guadalupe Osuna Millán tiene dos equipos para combatir el secuestro.
Uno, responsabilidad del Procurador del Estado Rommel Moreno Manjarrez y el segundo, bajo la tutela del Secretario se Seguridad Pública del Estado, Daniel De la Rosa Anaya y del Secretario General de Gobierno, José Francisco Blake Mora, que trabajan a dúo.
El licenciado Osuna Millán ha permitido que las diferencias entre los miembros de su gabinete lleguen al extremo de dividir esfuerzos y recursos destinados para el combate de las privaciones de la libertad, delito que según las estadísticas, desde hace tres años, usualmente se va al alza cuando frenan los homicidios en la entidad.
Las familias de las víctimas ya percibieron la división.
Los primeros reportes se expusieron alrededor del mes de agosto. "Se trajeron a Iván, el venezolano que estuvo trabajando en el Grupos Antisecuestros en Sinaloa", dijo un agente se seguridad, amigo de un hombre secuestrado.
El asunto que estaban abordando era el de un empresario con negocios en Tijuana y Mexicali que fue privado de la libertad, liberado para que siendo el administrador de los bienes familiares, pagara por su vida y la de su esposa, quien fue secuestrada posteriormente a su liberación.
Un asunto cuya "solución" fue presentada ante el Gobernador Osuna como obra de Iván Colmenares, sin embargo fuentes de la misma secretaría de seguridad estatal revelaron en aquel momento: "El señor no dejó que nadie se metiera, estuvo muy raro, se supo de un asunto de deudas y después, en menos de dos semanas, que la señora estaba libre y en buen estado porque el señor pagó".
Fuentes de la Procuraduría agregaron: "Lo que se había manejado es que ofreció sus servicios como negociador para pagar el secuestro, no para rescatar a la víctima".
La información que se ha dado de manera no oficial es que Colmenares fue contratado como asesor para el tema de seguridad, como parte de esa negociación, el gobierno Bajacaliforniano compró a las empresas de su esposa y su hermano equipo para intervenciones e inteligencia policiaca.
"Sabemos que cuando se conoce de una privación Iván llega después que los agentes del Grupo Antisecuestros diciendo que va de parte del Gobierno del Estado, que en la Procuraduría están corrompidos y que él les puede ayudar. Cuando regresan los ministeriales, los ciudadanos se niegan a cooperar con corruptos".
Hasta donde se pudo averiguar, Iván Colmenares, efectivamente está cooperando con el estado bajacaliforniano, el problema es que después de varios meses, sueldos de asesorías compras de equipo a sus empresas, la autoridad continúa sin definir cuál es su posición jurídica, sus facultades y responsabilidades.
Ni siquiera se conoce con qué equipo está operando, no tiene facultades para solicitar información ni a las empresas, ni a los bancos de datos del sector oficial. "Sólo puede estar funcionando como negociador del dinero a pagar porque no le han asignado fuerza operativa para implementar rescates", informaron.
A la fecha, tampoco han puesto a la Policía Estatal Preventiva a su servicio.
El equipo de inteligencia sería el que pudiera estar usando, porque el recurso se retiró del presupuesto de la PGJE , por lo que asumen que se compró hace meses y no lo han recibido.
De tal suerte que al final se tiene dos equipos pero ninguno con el equipo o las facultades completas que le permitan combatir el problema de manera integral.
Al final los implicados están esperando que el Gobernador decida y forme un sólo grupo efectivo tomando las medidas y reformando las leyes que sean necesarias: llevarse antisecuestros a la secretaría de seguridad, o dejarla en la PGR , contratar nuevos investigadores o aprovechar algunos de los que tiene.
Las herramientas que le permitan darle a Colmenares el nombramiento oficial que le permita integrar una base de datos de las bandas criminales y sus familias, si es lo que busca.
Lo que vaya a decir tiene que hacerlo efectivo, para integrar a un solo equipo eficiente, porque ante la pérdida de recursos, invariablemente, los grupos delictivos usan el secuestro para abastecerse, situación que no tarda en detonar, según los mismos policías locales.
Actualmente, "Iván" está detectado como el negociador en el caso de Gregorio Barreto, que lleva más de un mes secuestrado.
Además surgió la primera queja en su contra; fue señalado por las familias de un ferretero que lleva varios meses secuestrado, de haberles solicitado dinero por su asesoría. La situación es que precisamente como el estado no tiene definida su posición, las familias de las víctimas no pueden saber si el gobierno le está pagando por ese trabajo o sólo lo está recomendando.
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Según PGJE: Secuestrador se suicidó antes de ser detenido
La información proporcionada por testigos y la imprevista captura de un hombre armado, permitió la detención de una supuesta célula de secuestradores vinculados con integrantes del llamado Cártel Arellano Félix (CAF).
Se les relaciona con el secuestro de una joven de 24 años de edad, quien el viernes 17 de octubre fue privada de su libertad cuando llegaba al Colegio Cadi ubicado en el Fraccionamiento Soler.
Rommel Moreno Manjarrez, procurador de Justicia del Estado, reveló que los datos proporcionados por testigos, así como la detención de una persona armada que al percatarse de la presencia de los policías trató de darse a la fuga, derivaron en la captura de la presunta célula de plagiarios.
"Dicho sujeto dijo llamarse Julio Curiel García, de 19 años de edad, quien al ser cuestionado sobre la portación del arma manifestó que ésta se la acababan de entregar, asimismo el revisar el vehículo Cherokee (en que viajaba), los agentes ministeriales detectaron que coincidía con las características del vehículo que participó en los hechos relacionados con el secuestro del 17 de octubre".
Durante el interrogatorio, Curiel García cayó en varias contradicciones, pero reconoció "que trabajaba para gente que se dedicaba a levantones y secuestros" y que efectivamente había participado en el secuestro de una mujer en el Soler.
El detenido proporcionó la dirección de tres viviendas donde presuntamente se encontraban algunos de sus cómplices, así como la mujer plagiada.
Según el Procurador, tras el secuestro de la joven, "la familia de la víctima recibió una llamada telefónica donde les exigían un millón de dólares por su liberación, o de lo contrario amenazaron con matar a la mujer".
En el primer cateo realizado en el Fraccionamiento Santa Fe, la Policía Ministerial ubicó a Amador González Soto, "El Chava", de 20 años de edad, quien fue identificado por Curiel como uno de sus cómplices.
Además, en el interior del inmueble localizaron un arma calibre .223 (AR-15), así como un chaleco antibalas con la leyenda PGJE.
Por su parte, González Soto declaró que conocía la "casa de seguridad donde se mantenía privada de la libertad la joven mujer", misma que se ubica en la Avenida La Tienda número 20979-C del Fraccionamiento Virreyes.
Al arribar a la vivienda, se detuvo a José Manuel Revilla Calderón, "El Chilango", de 23 años de edad, quien manifestó a los agentes que en uno de los cuartos de la planta baja se encontraba la víctima del plagio.
"De inmediato se logró localizar a la joven en una de las recámaras. Ella se encontraba tapada de los ojos y recostada sobre el piso sumamente nerviosa, pero físicamente bien", reveló Moreno Manjarrez.
Durante los cateos, un cuarto cómplice fue ubicado por la PGJE. Se trata de Mario Sandoval Pineda, "El Güero", quien según la dependencia se suicidó antes que ser capturado.
Además de los dos inmuebles, la camioneta y el rifle AR-15, la Procuraduría decomisó: Una pistola tipo escuadra calibre .45 y una pistola escuadra calibre 5.7 por 28, de las conocidas como "Mata Policías", por su capacidad de atravesar los chalecos antibalas que utilizan los agentes.
El Procurador Moreno Manjarrez informó que de acuerdo con las declaraciones desprendidas hasta el momento, la dependencia a su cargo estableció que los detenidos pertenecen a una célula del "CAF" vinculada con actividades de narcotráfico y secuestro.
"Los tres detenidos serán consignados y puestos a disposición del Juez Penal en turno por la posible comisión del delito de secuestro agravado, y en contra de quienes se solicitará la aplicación de la pena máxima de prisión, que es de 50 años".
Un estudio elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señala que en Baja California se cometen 8.47 secuestros por cada 100 mil habitantes, mientras que en el Distrito Federal la cifra se ubica en 5.78 privaciones. ( Francisco Sandoval Alarcón )
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Privaciones de la libertad de octubre
Núm.
Nombre
Día
Hora
Lugar
Ciudad
Privación ilegal
1
Sin identificar Hombre
Octubre/2
04:15
Macroplaza
Tijuana
Privación ilegal de libertad
2
Sin identificar Mujer
Octubre2
6:45
Blvd. Rosas Magallón
Tijuana
Privación ilegal de libertad
3
Julio Fernández Ramírez
Octubre/2
02:30
Col. Internacional
Tijuana
Privación ilegal de libertad
4
Yahir Aguilar Moreno
Octubre/2
02:30
Col. Internacional
Tijuana
Privación ilegal de libertad
5
Gregorio Barreto Luna
Octubre/2
04:39
Macroplaza
Tijuana
Privación ilegal de libertad
6
Sin identificar
Octubre/3
De día
Calle Belice La Mesa
Tijuana
Privación ilegal de libertad
7
José Rangel Flores
Octubre/8
04:50
Col. Constitución
Rosarito
Secuestrado (Ejecutado)
8
Fernando González
Octubre/8
04:50
Col. Constitución
Rosarito
Secuestro
9
Si identificar
Octubre/9
06:00
Col. Constitución
Rosarito
Privación ilegal de libertad
10
Si identificar
Octubre/9
06:00
Col. Constitución
Rosarito
Privación ilegal de libertad
11
Sergio Jesús Márquez
Octubre/10
02:00
Libramiento Rosas Magallón
Tijuana
Levantado (Ejecutado)
12
Sin identificar
Octubre/11
17:00
Caseta de Cobro Ros-Ens.
Rosarito
Levantón
13
Sin identificar
Octubre/11
De día
Calle Ensenada
Rosarito
Privación de libertad
14
Priscila Gutiérrez Soler
Octubre/17
07:45
Fracc. Soler
Tijuana
Privación ilegal de libertad
15
Miguel á ngel Astorga
Octubre/22
21:20
Col. Tomas Aquino
Tijuana
Privación ilegal de libertad
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En el mundo del combate al crimen organizado se le conoce como "Comandante Simón" y a él se le adjudica haber disminuido el delito de secuestro en Sinaloa, a partir de 2001.
Información extraoficial indica que el Secretario de Gobierno, Francisco Blake Mora, lo encontró en un viaje oficial, y el venezolano de nacimiento lo convenció de que podía disminuir el delito de secuestro en Baja California.
Así se lo trajeron al Gobierno, pero no lo dieron de alta oficialmente, al menos no aparece en la documentación que acredita a todo el personal, de confianza y de base, que labora en el Gobierno del Estado.
Tampoco se le ubica en la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de Rommel Moreno Manjarrez. Se dice, también de manera extraoficial, que trabaja directamente para Francisco Blake Mora, el Secretario general, y que comanda un grupo de uniformados que buscan combatir, fuera de la estructura oficial de procuración de justicia, el secuestro.
"El Comandante Simón" es hoy punto de conflicto entre el área de seguridad del Gobierno, la Procuraduría , y las áreas políticas de esa estructura, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Iván Ortega Colmenares se ha convertido en el as bajo la manga de Blake Mora y Daniel de la Rosa Anaya , para encontrar resultados y deshacerse de la presencia del Procurador Rommel Moreno.
Este conflicto ha dividido el combate al crimen:
1.- Por un lado, la Procuraduría de Justicia cuenta con un grupo antisecuestros bajo su estructura, que está laborando normalmente; de hecho fueron ellos y no otros, quienes rescataron de sus plagiarios a la maestra secuestrada en el fraccionamiento Soler.
2.- Por otro lado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad tienen un grupo antisecuestros extraoficial comandando por Iván Ortega, que responde a sus órdenes pero que no cuenta con una estructura legal para perseguir el delito de secuestro.
Dos fuerzas dentro de un mismo gobierno combatiendo el mismo delito en circunstancias diferentes, todo, debido a las rencillas que los panistas encabezados por Francisco Blake Mora y Daniel de la Rosa Anaya enfrentan con el Procurador del Estado.
Se sabe, también extraoficialmente, pues todo lo que rodea la participación de Ortega Colmenares se maneja así, que el grupo encabezado por el naturalizado mexicano solucionó el secuestro de la esposa del dueño de una tienda de ropa y artículos deportivos, y el de un empresario del ramo automotriz.
Sin embargo, aún con la participación del "Comandante Simón", el delito de secuestro no ha sido disminuido; actualmente, familiares dan cuenta del plagio de sus seres, por lo menos en quince casos, entre ellos el del dirigente transportista, Gregorio Barreto Luna, a quien incluso se comentó en las oficinas de gobierno, han comenzado a mutilar los plagiarios, para enviar a su familia pruebas de vida a cambio de pagar el monto del rescate.
De la gloria al anonimato
Polémico, "El Comandante Simón" se presentaba encapuchado de cara y vestido con uniforme camuflado estilo militar. Armado hasta los dientes.
Su historia transitó del éxito al anonimato.
Pasó de ser el héroe de la Unidad Especializada Antisecuestros de Sinaloa, a un ex funcionario que aparte, vendía equipo y asesoría a la policía para la que trabajaba.
Muchos reportajes nacionales e internacionales dieron cuenta del "Comandante Simón". Que disminuyó de 60 a 30 los secuestros en un año, que encarceló a más de 70 secuestradores y que rescató a cientos de sinaloenses de las garras del plagio.
Polémico, protagónico, Iván Ortega Colmenares vendió su éxito entre la población sinaloense. Muchos de los rescatados lo llevaron a sus hogares, con sus familias le hicieron fiestas, y él apareció en fotografías y transmisiones de televisión festejando el éxito.
Se sabe que trabaja con un equipo anónimo, con buena paga y tecnología de punta para defenderse y rescatar a los plagiados. Que reclutó a jóvenes de las universidades, y que con su experiencia, en el año 2000 únicamente se realizaron ocho secuestros en el estado.
Venezolano de nacimiento se naturalizó mexicano en el año 2002.
Antes de llegar a Sinaloa, estuvo en Chihuahua, donde vendía cursos y equipo de inteligencia al grupo antisecuestros de aquel estado gobernado entonces por Patricio Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. De hecho allá se encontraba como asesor, cuando al gobernador de Sinaloa, Juan Sigfrido Millán, le fue recomendado para acabar con el problema del secuestro.
En febrero de 2001 llegó a Sinaloa y creó la Unidad Especializada Antisecuestros y comenzó a dar resultados. Inició bancos de datos con información de los secuestradores, como voces, caligrafía, manera de operar, casas de seguridad y miembros.
Así poco a poco fue conociendo la operación de las bandas de plagiarios, hasta identificarlos y acudir al rescate de las víctimas. La sociedad le tuvo la confianza para denunciar los secuestros.
Hasta que comenzó a comentarse entre la sociedad sinaloense, que Ortega Colmenares recibía dádivas económicas de los secuestrados liberados por él y su equipo. También se corrió la información de que tenía dos empresas, una de ellas llamada Safeguard, que estaban a nombre de su esposa y hermano, y que desde las mismas vendía equipo de inteligencia y asesoría al estado de Sinaloa para el que trabajaba.
De hecho, funcionarios en la administración de José Guadalupe Osuna Millán comentan que Francisco Blake encontró a Ortega Colmenares cuando éste le hizo una oferta de herramienta y asesoría; así se lo trajo a Baja California.
Esta situación de las compensaciones que, se dice, le otorgaron las familias de los liberados, y la venta de equipo al gobierno, no fue del agrado de parte de la sociedad; medios de comunicación en aquel estado refirieron que quizá pudo ser la causa de la salida del "Comandante Simón" de Sinaloa.
Lo cierto es que de un día a otro, ya no apareció en la escena pública. Hasta que se conoció de su renuncia en diciembre de 2002, por motivos personales.
Anti secuestros dividida
Con estos antecedentes, en la práctica, el Gobierno del Baja California encabezado por el licenciado José Guadalupe Osuna Millán tiene dos equipos para combatir el secuestro.
Uno, responsabilidad del Procurador del Estado Rommel Moreno Manjarrez y el segundo, bajo la tutela del Secretario se Seguridad Pública del Estado, Daniel De la Rosa Anaya y del Secretario General de Gobierno, José Francisco Blake Mora, que trabajan a dúo.
El licenciado Osuna Millán ha permitido que las diferencias entre los miembros de su gabinete lleguen al extremo de dividir esfuerzos y recursos destinados para el combate de las privaciones de la libertad, delito que según las estadísticas, desde hace tres años, usualmente se va al alza cuando frenan los homicidios en la entidad.
Las familias de las víctimas ya percibieron la división.
Los primeros reportes se expusieron alrededor del mes de agosto. "Se trajeron a Iván, el venezolano que estuvo trabajando en el Grupos Antisecuestros en Sinaloa", dijo un agente se seguridad, amigo de un hombre secuestrado.
El asunto que estaban abordando era el de un empresario con negocios en Tijuana y Mexicali que fue privado de la libertad, liberado para que siendo el administrador de los bienes familiares, pagara por su vida y la de su esposa, quien fue secuestrada posteriormente a su liberación.
Un asunto cuya "solución" fue presentada ante el Gobernador Osuna como obra de Iván Colmenares, sin embargo fuentes de la misma secretaría de seguridad estatal revelaron en aquel momento: "El señor no dejó que nadie se metiera, estuvo muy raro, se supo de un asunto de deudas y después, en menos de dos semanas, que la señora estaba libre y en buen estado porque el señor pagó".
Fuentes de la Procuraduría agregaron: "Lo que se había manejado es que ofreció sus servicios como negociador para pagar el secuestro, no para rescatar a la víctima".
La información que se ha dado de manera no oficial es que Colmenares fue contratado como asesor para el tema de seguridad, como parte de esa negociación, el gobierno Bajacaliforniano compró a las empresas de su esposa y su hermano equipo para intervenciones e inteligencia policiaca.
"Sabemos que cuando se conoce de una privación Iván llega después que los agentes del Grupo Antisecuestros diciendo que va de parte del Gobierno del Estado, que en la Procuraduría están corrompidos y que él les puede ayudar. Cuando regresan los ministeriales, los ciudadanos se niegan a cooperar con corruptos".
Hasta donde se pudo averiguar, Iván Colmenares, efectivamente está cooperando con el estado bajacaliforniano, el problema es que después de varios meses, sueldos de asesorías compras de equipo a sus empresas, la autoridad continúa sin definir cuál es su posición jurídica, sus facultades y responsabilidades.
Ni siquiera se conoce con qué equipo está operando, no tiene facultades para solicitar información ni a las empresas, ni a los bancos de datos del sector oficial. "Sólo puede estar funcionando como negociador del dinero a pagar porque no le han asignado fuerza operativa para implementar rescates", informaron.
A la fecha, tampoco han puesto a la Policía Estatal Preventiva a su servicio.
El equipo de inteligencia sería el que pudiera estar usando, porque el recurso se retiró del presupuesto de la PGJE , por lo que asumen que se compró hace meses y no lo han recibido.
De tal suerte que al final se tiene dos equipos pero ninguno con el equipo o las facultades completas que le permitan combatir el problema de manera integral.
Al final los implicados están esperando que el Gobernador decida y forme un sólo grupo efectivo tomando las medidas y reformando las leyes que sean necesarias: llevarse antisecuestros a la secretaría de seguridad, o dejarla en la PGR , contratar nuevos investigadores o aprovechar algunos de los que tiene.
Las herramientas que le permitan darle a Colmenares el nombramiento oficial que le permita integrar una base de datos de las bandas criminales y sus familias, si es lo que busca.
Lo que vaya a decir tiene que hacerlo efectivo, para integrar a un solo equipo eficiente, porque ante la pérdida de recursos, invariablemente, los grupos delictivos usan el secuestro para abastecerse, situación que no tarda en detonar, según los mismos policías locales.
Actualmente, "Iván" está detectado como el negociador en el caso de Gregorio Barreto, que lleva más de un mes secuestrado.
Además surgió la primera queja en su contra; fue señalado por las familias de un ferretero que lleva varios meses secuestrado, de haberles solicitado dinero por su asesoría. La situación es que precisamente como el estado no tiene definida su posición, las familias de las víctimas no pueden saber si el gobierno le está pagando por ese trabajo o sólo lo está recomendando.
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Según PGJE: Secuestrador se suicidó antes de ser detenido
La información proporcionada por testigos y la imprevista captura de un hombre armado, permitió la detención de una supuesta célula de secuestradores vinculados con integrantes del llamado Cártel Arellano Félix (CAF).
Se les relaciona con el secuestro de una joven de 24 años de edad, quien el viernes 17 de octubre fue privada de su libertad cuando llegaba al Colegio Cadi ubicado en el Fraccionamiento Soler.
Rommel Moreno Manjarrez, procurador de Justicia del Estado, reveló que los datos proporcionados por testigos, así como la detención de una persona armada que al percatarse de la presencia de los policías trató de darse a la fuga, derivaron en la captura de la presunta célula de plagiarios.
"Dicho sujeto dijo llamarse Julio Curiel García, de 19 años de edad, quien al ser cuestionado sobre la portación del arma manifestó que ésta se la acababan de entregar, asimismo el revisar el vehículo Cherokee (en que viajaba), los agentes ministeriales detectaron que coincidía con las características del vehículo que participó en los hechos relacionados con el secuestro del 17 de octubre".
Durante el interrogatorio, Curiel García cayó en varias contradicciones, pero reconoció "que trabajaba para gente que se dedicaba a levantones y secuestros" y que efectivamente había participado en el secuestro de una mujer en el Soler.
El detenido proporcionó la dirección de tres viviendas donde presuntamente se encontraban algunos de sus cómplices, así como la mujer plagiada.
Según el Procurador, tras el secuestro de la joven, "la familia de la víctima recibió una llamada telefónica donde les exigían un millón de dólares por su liberación, o de lo contrario amenazaron con matar a la mujer".
En el primer cateo realizado en el Fraccionamiento Santa Fe, la Policía Ministerial ubicó a Amador González Soto, "El Chava", de 20 años de edad, quien fue identificado por Curiel como uno de sus cómplices.
Además, en el interior del inmueble localizaron un arma calibre .223 (AR-15), así como un chaleco antibalas con la leyenda PGJE.
Por su parte, González Soto declaró que conocía la "casa de seguridad donde se mantenía privada de la libertad la joven mujer", misma que se ubica en la Avenida La Tienda número 20979-C del Fraccionamiento Virreyes.
Al arribar a la vivienda, se detuvo a José Manuel Revilla Calderón, "El Chilango", de 23 años de edad, quien manifestó a los agentes que en uno de los cuartos de la planta baja se encontraba la víctima del plagio.
"De inmediato se logró localizar a la joven en una de las recámaras. Ella se encontraba tapada de los ojos y recostada sobre el piso sumamente nerviosa, pero físicamente bien", reveló Moreno Manjarrez.
Durante los cateos, un cuarto cómplice fue ubicado por la PGJE. Se trata de Mario Sandoval Pineda, "El Güero", quien según la dependencia se suicidó antes que ser capturado.
Además de los dos inmuebles, la camioneta y el rifle AR-15, la Procuraduría decomisó: Una pistola tipo escuadra calibre .45 y una pistola escuadra calibre 5.7 por 28, de las conocidas como "Mata Policías", por su capacidad de atravesar los chalecos antibalas que utilizan los agentes.
El Procurador Moreno Manjarrez informó que de acuerdo con las declaraciones desprendidas hasta el momento, la dependencia a su cargo estableció que los detenidos pertenecen a una célula del "CAF" vinculada con actividades de narcotráfico y secuestro.
"Los tres detenidos serán consignados y puestos a disposición del Juez Penal en turno por la posible comisión del delito de secuestro agravado, y en contra de quienes se solicitará la aplicación de la pena máxima de prisión, que es de 50 años".
Un estudio elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señala que en Baja California se cometen 8.47 secuestros por cada 100 mil habitantes, mientras que en el Distrito Federal la cifra se ubica en 5.78 privaciones. ( Francisco Sandoval Alarcón )
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Privaciones de la libertad de octubre
Núm.
Nombre
Día
Hora
Lugar
Ciudad
Privación ilegal
1
Sin identificar Hombre
Octubre/2
04:15
Macroplaza
Tijuana
Privación ilegal de libertad
2
Sin identificar Mujer
Octubre2
6:45
Blvd. Rosas Magallón
Tijuana
Privación ilegal de libertad
3
Julio Fernández Ramírez
Octubre/2
02:30
Col. Internacional
Tijuana
Privación ilegal de libertad
4
Yahir Aguilar Moreno
Octubre/2
02:30
Col. Internacional
Tijuana
Privación ilegal de libertad
5
Gregorio Barreto Luna
Octubre/2
04:39
Macroplaza
Tijuana
Privación ilegal de libertad
6
Sin identificar
Octubre/3
De día
Calle Belice La Mesa
Tijuana
Privación ilegal de libertad
7
José Rangel Flores
Octubre/8
04:50
Col. Constitución
Rosarito
Secuestrado (Ejecutado)
8
Fernando González
Octubre/8
04:50
Col. Constitución
Rosarito
Secuestro
9
Si identificar
Octubre/9
06:00
Col. Constitución
Rosarito
Privación ilegal de libertad
10
Si identificar
Octubre/9
06:00
Col. Constitución
Rosarito
Privación ilegal de libertad
11
Sergio Jesús Márquez
Octubre/10
02:00
Libramiento Rosas Magallón
Tijuana
Levantado (Ejecutado)
12
Sin identificar
Octubre/11
17:00
Caseta de Cobro Ros-Ens.
Rosarito
Levantón
13
Sin identificar
Octubre/11
De día
Calle Ensenada
Rosarito
Privación de libertad
14
Priscila Gutiérrez Soler
Octubre/17
07:45
Fracc. Soler
Tijuana
Privación ilegal de libertad
15
Miguel á ngel Astorga
Octubre/22
21:20
Col. Tomas Aquino
Tijuana
Privación ilegal de libertad
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domingo, 26 de octubre de 2008
Ejecutan a subjefe de la Procuraduría de BC
Cuatro personas, entre ellas probablemente una mujer y un agente de la Policía Ministerial, fueron ejecutados este sábado en Tijuana.
Los hechos ocurrieron en tres puntos diferentes de la ciudad y de acuerdo con el reporte de las autoridades, el agente fue identificado como Isidro Huerta, quien fuera subjefe de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Procuraduría de Justicia de Baja California.
Se sospecha que los homicidas se refugiaron en una vivienda de la delegación Mesa de Otay, donde se registró un enfrentamiento con elementos del Ejército y la Marina que fueron asignados a esta frontera, para reforzar los operativos de seguridad.
A estos hechos violentos se suma el asesinato de dos hombres, cuyos cuerpos fueron encontrados la mañana de este sábado en un camino vecinas de la delegación Cerro Colorado, ubicado en el este de Tijuana
Los hechos ocurrieron en tres puntos diferentes de la ciudad y de acuerdo con el reporte de las autoridades, el agente fue identificado como Isidro Huerta, quien fuera subjefe de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Procuraduría de Justicia de Baja California.
Se sospecha que los homicidas se refugiaron en una vivienda de la delegación Mesa de Otay, donde se registró un enfrentamiento con elementos del Ejército y la Marina que fueron asignados a esta frontera, para reforzar los operativos de seguridad.
A estos hechos violentos se suma el asesinato de dos hombres, cuyos cuerpos fueron encontrados la mañana de este sábado en un camino vecinas de la delegación Cerro Colorado, ubicado en el este de Tijuana
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viernes, 24 de octubre de 2008
Cae "El Pollo" narco relacionado con los Arellano

El Ejército detuvo hoy en Tijuana, Baja California, a un supuesto integrante del original Cártel de los Arellano Félix que de acuerdo al Buró Federal de Investigaciones (FBI en sus siglas en inglés) es extremadamente peligroso y cercano a los jefes del crimen organizado.
El General Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Segunda Región Militar, informó que en playas de Rosarito los soldados detuvieron a Ricardo Estrada Pérez, alias "El Pollo", cuando descendía de su vehículo.
Al detenido se le aseguró una pistola, una carabina y una escopeta, así como cargadores útiles, además de varios celulares, credenciales apócrifas y un chaleco antibalas.
Estrada Pérez es el número 35 del cartelón del FBI integrado por más de 60 fotografías de sospechosos del Cártel de los Arellano Félix, cuando este grupo estaba sólido y sin divisiones.
El FBI cataloga a Estrada Pérez como "extremadamente peligroso" y relacionado con Efraín Pérez uno de los más cercanos lugartenientes del Cártel de los Arellano Félix.
viernes, 17 de octubre de 2008
En Esta "Guerra", Fuertes "Bajas" Para Las Dos Partes
Tras 20 días en esta frontera,
de un enfrentamiento sin descanso entre los grupos del
cártel Arellano Félix, el saldo se puede traducir en importantes
“bajas”, para ambos grupos en pugna, ya que no solamente se
han matado gente entre sí, sino que se han inflingido severos
daños económicos y tácticos, que es lo que más importa a estos
criminales.
Y mientras el grupo de Teodoro García Simental “El Tres Letras”
se ha dedicado, principalmente a ejecutar a personas del grupo
de Fernando Sánchez Arellano y a delincuentes menores que les
significan ingresos, éste último decidió devolverle los “golpes” a
su ahora acérrimo enemigo, provocando que le decomisen
armamento y equipo logístico, lo cual es algo muy importante
para estos individuos.
Con la serie de ejecuciones que sobrepasan por mucho, las
cien, en ese periodo, parecía que Sánchez Arellano iba
perdiendo la batalla. El mayor número de los ejecutados, podría
decirse que eran “gente” del “ingeniero”, además de que la
mayoría de las once leyendas, que han aparecido junto a los
cuerpos, así lo confirmaban.
El porcentaje mayor de asesinados –dejando de lado a policías-
responden a un mismo perfil, o sea, personas de bajos recursos,
de vestir modesto o anti-social, operadores de negocios o
changarritos y delincuentes “de poca monta”.
Se trataba, según se dijo, de acabar financieramente al cártel de
los hermanos Arellano Félix y por eso las ejecuciones de
personas que de primera impresión no parecían estar vinculados
al narcotráfico.
Sin embargo, se dijo también, que en un elevado porcentaje –
como lo sustentó posteriormente la procuraduría- estaba
dedicado a robos, asaltos con violencia, de autos, tráfico de
indocumentados, prostitución y otros, que para poder operar,
pagaban “piso” a los integrantes del cártel.
De igual forma, personas, cuyos negocios crecieron al amparo
del dinero facilitado por los narcotraficantes, a fin de lavarlo.
Muchos recibieron la advertencia de que se fueran porque los
iban a ejecutar: algunos no lo creyeron y murieron, otros
prefirieron entregarse a las autoridades y otros más, decidieron
salir de la ciudad, abandonando todo, al ver el número de
asesinatos que se han cometido y la saña con que se hicieron.
“Algunos de estos individuos estaban vendiendo
desesperadamente sus propiedades, negocitos y hubo hasta
quienes tenían taxis bajo su nombre, que los estaban rematando
porque dijeron que les advirtieron que los habrían de matar”.
Quienes no creyeron que la guerra los incluiría, fueron
encontrados en algún punto de Tijuana, ejecutados o en restos
descuartizados o disueltos en ácido.
“Parecía que el ingeniero estaba en la lona, que le estaba
golpeando muy duro El Teo, sin embargo, con los decomisos y
detenciones que han hecho en los últimos días a la gente de “El
Tres Letras” tal parece que los cartones se emparejaron”, dijeron
“fuentes” a Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana.
Y es que Teodoro García Simental, estaba haciendo honor a su
fama de “sanguinario”, asesinando de diversas formas, pero
siempre de manera cruel, a sus víctimas. Cuenta para esto, con
el apoyo de la organización de Joaquín “El Chapo Guzmán”, con
su cártel originado en el estado de Sinaloa.
Algunas “fuentes” lo dijeron a AFN: “ya están aquí los del sur
(como identifican a ese grupo) y como encargado de los mismos,
viene Edgar Villarreal (a) “La Barbie”, quien ya ha sido visto en
Baja California desde hace algunos meses.
Fuentes oficiales, negaron en principio esta especie, a la
Agencia, sin embargo, ante lo ocurrido en fechas recientes,
establecieron que todo hace indicar que si es así.
“Con el asesinato del policía ministerial ocurrido en días pasados
en Mexicali, ya no queda duda alguna”, dijeron esas fuentes,
recordando que el agente asesinado fue relacionado con la
captura, tortura y muerte del ex comandante de la judicial, José
Ramón Velásquez Molina, ocurrido también en Mexicali, el cual
confirmó bajo esa tortura, estar vinculado con el grupo de “El
Chapo”.
Por otra parte, el mismo Secretario de Seguridad Pública de la
entidad, Daniel de la Rosa, volvió a confirmar que el grupo
proveniente de Sinaloa, está intentando ingresar a esta zona y
para eso, según dijo, apoya a El Teo.
Las mismas “fuentes” aseguran que “el ingeniero” se las ha
ingeniado para hacer llegar informes a las autoridades, sobre los
lugares donde puede encontrarse “El Teo”, el cual es buscado,
precisamente por lo sanguinario y por el baño de sangre que se
dice que ha provocado.
Consideran los informantes, que ahora si, el ingeniero, no dado
al derroche, ha “soltado dinero” para que le ubiquen los lugares
donde tiene “casas de seguridad” su otrora sicario, a fin de que
las autoridades se enteren y lo capturen.
De esta forma, en días recientes, tras una balacera ocurrida en
Loma Dorada, en la delegación de La Presa, al “Teo” le dieron
un fuerte golpe, no sólo por la detención de algunos de sus
sicarios, sino por el decomiso de un arsenal compuesto por once
rifles AK47 y otros 10 de R15, lo mismo que cuatro mil cartuchos
útiles de diferentes calibres; 25 cargadores de diversos calibres,
12 cargadores de disco, diez chalecos antibalas, otros 10
también ati-balas pero con placas; uniformes negros con las
siglas de El Muletas (FEM), botas tácticas, uniformes
camuflageados y un radio de comunicación tipo MATRA.
Además, entre los detenidos, aunque cayó un policía municipal y
otras seis personas, se dice que el más fuerte golpe se lo dieron
con la detención de uno de ellos: Arturo Bastidas Hernández (a)
El Pelón, de 37 años de edad, el cual, por cierto, ya había sido
detenido hace poco más de dos meses, por lo que resulta
extraño que estuviera otra vez en libertad y en posibilidad de
enfrentarse a las fuerzas policíacas.
El otro golpe de intensidad, se lo dieron apenas la tarde del
miércoles, cuando elementos militares cayeron en una “casa de
seguridad” de la colonia Los Santos, donde cuatro sicarios
fallecieron, lo mismo que un efectivo castrense, en tanto que se
encontró a una persona, ya sin vida, dentro de un refrigerador.
Aquí, aunque no se ha informado oficialmente de lo encontrado
en la vivienda, se pudo saber que fueron decomisadas más de
diez armas largas y una ametralladora Barret de calibre 50, de la
que se afirma que es capaz de penetrar el blindaje de mayor
graduación.
Los “golpes” al Teo
Sin embargo, este grupo, el de “El Teo” ya había sido golpeado
en los últimos meses, por lo que tras la balacera del 21 de abril
en el Cañaveral, se presentía muy debilitado. Pero para su
fortuna, tal parece que si encontró apoyo entre los del “sur”.
Entre los hechos recientes, que aparentemente lo debilitaron,
destaca la aprehensión de dos personas con armas largas, cerca
de mil cartuchos útiles de distintos calibres y equipo táctico y de
radiocomunicación, que circulaban por Loma Dorada y el
Guaycura, otro sitio donde se han cometido más crímenes.
Los detenidos fueron: Román Esteban y Alberto Lorenzo Alonso
Ramírez, de 22 y 24 años de edad, respectivamente, quienes
fueron capturados por agentes de la Policía Federal Preventiva
(PFP) dentro del llamado Operativo Conjunto Tijuana.
A éstos les decomisaron: Dos fusiles AR-15, calibre .223, Dos
fusiles AK-47, calibre 7.62 mm, 956 cartuchos útiles de distintos
calibres, Cinco chalecos antibalas, Un chaleco táctico negro, 10
placas antibalas para chaleco, Cuatro cargadores para rifle 7.62
mm., con capacidad de 30 cartuchos cada uno, Dos cargadores
de disco para fusil 7.62 mm., con capacidad de 100 cartuchos,
13 cargadores para fusil R-15 de distintas capacidades de
cartuchos, 18 cargadores para arma corta calibre 9 mm., con
capacidad de 15 cartuchos, Tres portacargadores para fusil AR-
15 con capacidad de 20 cartuchos, Tres portacargadores de lona
con diversos compartimientos, Dos pierneras para pistola color
negro, Tres camisolas negras, marca Proper, Dos pantalones
marca Proper; Un par de botas marca Magnum, Una placa de
metal, con una leyenda de identificación policial, Dos radios de
comunicación tipo Nextel, marca Motorola, Dos teléfonos
celulares, y Tres maletas de tela.
También, antes de esta “guerra” el ejército detuvo a 17
personas ligadas a este tristemente célebre sicario, entre
quienes se encontraba Luís Romero Fierro o Mauricio Eduardo
Nieto Navarro alias El Sombrero o don Luís, uno de sus más
cercanos colaboradores.
El armamento que se les decomisó fue:
1. UN RIFLE CAL. 7.62 MM DE LOS LLAMADOS “CUERNO
DE CHIVO.”
CON UN CARGADOR Y 30 CARTUCHOS ÚTILES.
2. UNA PISTOLA CAL. .45 MARCA COLT. CON 20
CARTUCHOS UTILES.
3. UNA PISTOLA CAL..45 MARCA COLT. CONMEMORATIVA
DE LA
GUERRA DEL GOLFO PÉRSICO Y TORMENTA DEL DESIERTO,
CON 30
CARTUCHOS UTILES.
4. UN REVOLVER CAL. .357 MÁGNUM CON 8 CARTUCHOS
UTILES.
5. UNA ESCOPETA CAL. 12 CON 5 CARTUCHOS UTILES.
6. UN REVOLVER CAL. .41 MAGNUN CON 8 CARTUCHOS
UTILES.
7. UNA PISTOLA RUGER P90 CALIBRE .45 COLOR GRIS
CON CACHAS NEGRAS ORTOPÉDICAS CON TRES
CARGADORES QUE CONTENÍAN EN SU INTERIOR 23
CARTUCHOS DEL MISMO CALIBRE DE LOS CUALES 16 SON
EXPANSIVOS Y 7 NORMALES.
8. UNA PISTOLA SMITH & WESSON CALIBRE 9
MILÍMETROS CON TRES CARGADORES MISMOS QUE
CONTENÍAN EN SU INTERIOR 22 CARTUCHOS ÚTILES DE LOS
CUALES 11 SON EXPANSIVOS Y 12 NORMALES.
9. UNA PISTOLA CALIBRE .25 MARCA BERETTA MODELO
950
CON DOS CARGADORES MISMOS QUE EN SU INTERIOR
CONTENÍAN 16 CARTUCHOS ÚTILES.
10. UN RIFLE CALIBRE 22 MARCA REMINGTON MODELO
121
MATRICULA 34455 MISMO QUE EN SU INTERIOR CONTENÍA 11
CARTUCHOS ÚTILES.
11. SUB-AMETRALLADORA TIPO UZI, MARCA INTRATEC,
COLOR
NEGRA, CALIBRE 9 MILÍMETROS MODELO AB-10 CON DOS
CARGADORES DE COLOR NEGRO MISMOS QUE EN SU
INTERIOR SE ENCONTRABAN 17 CARTUCHOS ÚTILES DEL
MISMO CALIBRE NORMALES.
12. UNA PISTOLA CAL. .380 MARCA LORCIN, CROMADA.
de un enfrentamiento sin descanso entre los grupos del
cártel Arellano Félix, el saldo se puede traducir en importantes
“bajas”, para ambos grupos en pugna, ya que no solamente se
han matado gente entre sí, sino que se han inflingido severos
daños económicos y tácticos, que es lo que más importa a estos
criminales.
Y mientras el grupo de Teodoro García Simental “El Tres Letras”
se ha dedicado, principalmente a ejecutar a personas del grupo
de Fernando Sánchez Arellano y a delincuentes menores que les
significan ingresos, éste último decidió devolverle los “golpes” a
su ahora acérrimo enemigo, provocando que le decomisen
armamento y equipo logístico, lo cual es algo muy importante
para estos individuos.
Con la serie de ejecuciones que sobrepasan por mucho, las
cien, en ese periodo, parecía que Sánchez Arellano iba
perdiendo la batalla. El mayor número de los ejecutados, podría
decirse que eran “gente” del “ingeniero”, además de que la
mayoría de las once leyendas, que han aparecido junto a los
cuerpos, así lo confirmaban.
El porcentaje mayor de asesinados –dejando de lado a policías-
responden a un mismo perfil, o sea, personas de bajos recursos,
de vestir modesto o anti-social, operadores de negocios o
changarritos y delincuentes “de poca monta”.
Se trataba, según se dijo, de acabar financieramente al cártel de
los hermanos Arellano Félix y por eso las ejecuciones de
personas que de primera impresión no parecían estar vinculados
al narcotráfico.
Sin embargo, se dijo también, que en un elevado porcentaje –
como lo sustentó posteriormente la procuraduría- estaba
dedicado a robos, asaltos con violencia, de autos, tráfico de
indocumentados, prostitución y otros, que para poder operar,
pagaban “piso” a los integrantes del cártel.
De igual forma, personas, cuyos negocios crecieron al amparo
del dinero facilitado por los narcotraficantes, a fin de lavarlo.
Muchos recibieron la advertencia de que se fueran porque los
iban a ejecutar: algunos no lo creyeron y murieron, otros
prefirieron entregarse a las autoridades y otros más, decidieron
salir de la ciudad, abandonando todo, al ver el número de
asesinatos que se han cometido y la saña con que se hicieron.
“Algunos de estos individuos estaban vendiendo
desesperadamente sus propiedades, negocitos y hubo hasta
quienes tenían taxis bajo su nombre, que los estaban rematando
porque dijeron que les advirtieron que los habrían de matar”.
Quienes no creyeron que la guerra los incluiría, fueron
encontrados en algún punto de Tijuana, ejecutados o en restos
descuartizados o disueltos en ácido.
“Parecía que el ingeniero estaba en la lona, que le estaba
golpeando muy duro El Teo, sin embargo, con los decomisos y
detenciones que han hecho en los últimos días a la gente de “El
Tres Letras” tal parece que los cartones se emparejaron”, dijeron
“fuentes” a Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana.
Y es que Teodoro García Simental, estaba haciendo honor a su
fama de “sanguinario”, asesinando de diversas formas, pero
siempre de manera cruel, a sus víctimas. Cuenta para esto, con
el apoyo de la organización de Joaquín “El Chapo Guzmán”, con
su cártel originado en el estado de Sinaloa.
Algunas “fuentes” lo dijeron a AFN: “ya están aquí los del sur
(como identifican a ese grupo) y como encargado de los mismos,
viene Edgar Villarreal (a) “La Barbie”, quien ya ha sido visto en
Baja California desde hace algunos meses.
Fuentes oficiales, negaron en principio esta especie, a la
Agencia, sin embargo, ante lo ocurrido en fechas recientes,
establecieron que todo hace indicar que si es así.
“Con el asesinato del policía ministerial ocurrido en días pasados
en Mexicali, ya no queda duda alguna”, dijeron esas fuentes,
recordando que el agente asesinado fue relacionado con la
captura, tortura y muerte del ex comandante de la judicial, José
Ramón Velásquez Molina, ocurrido también en Mexicali, el cual
confirmó bajo esa tortura, estar vinculado con el grupo de “El
Chapo”.
Por otra parte, el mismo Secretario de Seguridad Pública de la
entidad, Daniel de la Rosa, volvió a confirmar que el grupo
proveniente de Sinaloa, está intentando ingresar a esta zona y
para eso, según dijo, apoya a El Teo.
Las mismas “fuentes” aseguran que “el ingeniero” se las ha
ingeniado para hacer llegar informes a las autoridades, sobre los
lugares donde puede encontrarse “El Teo”, el cual es buscado,
precisamente por lo sanguinario y por el baño de sangre que se
dice que ha provocado.
Consideran los informantes, que ahora si, el ingeniero, no dado
al derroche, ha “soltado dinero” para que le ubiquen los lugares
donde tiene “casas de seguridad” su otrora sicario, a fin de que
las autoridades se enteren y lo capturen.
De esta forma, en días recientes, tras una balacera ocurrida en
Loma Dorada, en la delegación de La Presa, al “Teo” le dieron
un fuerte golpe, no sólo por la detención de algunos de sus
sicarios, sino por el decomiso de un arsenal compuesto por once
rifles AK47 y otros 10 de R15, lo mismo que cuatro mil cartuchos
útiles de diferentes calibres; 25 cargadores de diversos calibres,
12 cargadores de disco, diez chalecos antibalas, otros 10
también ati-balas pero con placas; uniformes negros con las
siglas de El Muletas (FEM), botas tácticas, uniformes
camuflageados y un radio de comunicación tipo MATRA.
Además, entre los detenidos, aunque cayó un policía municipal y
otras seis personas, se dice que el más fuerte golpe se lo dieron
con la detención de uno de ellos: Arturo Bastidas Hernández (a)
El Pelón, de 37 años de edad, el cual, por cierto, ya había sido
detenido hace poco más de dos meses, por lo que resulta
extraño que estuviera otra vez en libertad y en posibilidad de
enfrentarse a las fuerzas policíacas.
El otro golpe de intensidad, se lo dieron apenas la tarde del
miércoles, cuando elementos militares cayeron en una “casa de
seguridad” de la colonia Los Santos, donde cuatro sicarios
fallecieron, lo mismo que un efectivo castrense, en tanto que se
encontró a una persona, ya sin vida, dentro de un refrigerador.
Aquí, aunque no se ha informado oficialmente de lo encontrado
en la vivienda, se pudo saber que fueron decomisadas más de
diez armas largas y una ametralladora Barret de calibre 50, de la
que se afirma que es capaz de penetrar el blindaje de mayor
graduación.
Los “golpes” al Teo
Sin embargo, este grupo, el de “El Teo” ya había sido golpeado
en los últimos meses, por lo que tras la balacera del 21 de abril
en el Cañaveral, se presentía muy debilitado. Pero para su
fortuna, tal parece que si encontró apoyo entre los del “sur”.
Entre los hechos recientes, que aparentemente lo debilitaron,
destaca la aprehensión de dos personas con armas largas, cerca
de mil cartuchos útiles de distintos calibres y equipo táctico y de
radiocomunicación, que circulaban por Loma Dorada y el
Guaycura, otro sitio donde se han cometido más crímenes.
Los detenidos fueron: Román Esteban y Alberto Lorenzo Alonso
Ramírez, de 22 y 24 años de edad, respectivamente, quienes
fueron capturados por agentes de la Policía Federal Preventiva
(PFP) dentro del llamado Operativo Conjunto Tijuana.
A éstos les decomisaron: Dos fusiles AR-15, calibre .223, Dos
fusiles AK-47, calibre 7.62 mm, 956 cartuchos útiles de distintos
calibres, Cinco chalecos antibalas, Un chaleco táctico negro, 10
placas antibalas para chaleco, Cuatro cargadores para rifle 7.62
mm., con capacidad de 30 cartuchos cada uno, Dos cargadores
de disco para fusil 7.62 mm., con capacidad de 100 cartuchos,
13 cargadores para fusil R-15 de distintas capacidades de
cartuchos, 18 cargadores para arma corta calibre 9 mm., con
capacidad de 15 cartuchos, Tres portacargadores para fusil AR-
15 con capacidad de 20 cartuchos, Tres portacargadores de lona
con diversos compartimientos, Dos pierneras para pistola color
negro, Tres camisolas negras, marca Proper, Dos pantalones
marca Proper; Un par de botas marca Magnum, Una placa de
metal, con una leyenda de identificación policial, Dos radios de
comunicación tipo Nextel, marca Motorola, Dos teléfonos
celulares, y Tres maletas de tela.
También, antes de esta “guerra” el ejército detuvo a 17
personas ligadas a este tristemente célebre sicario, entre
quienes se encontraba Luís Romero Fierro o Mauricio Eduardo
Nieto Navarro alias El Sombrero o don Luís, uno de sus más
cercanos colaboradores.
El armamento que se les decomisó fue:
1. UN RIFLE CAL. 7.62 MM DE LOS LLAMADOS “CUERNO
DE CHIVO.”
CON UN CARGADOR Y 30 CARTUCHOS ÚTILES.
2. UNA PISTOLA CAL. .45 MARCA COLT. CON 20
CARTUCHOS UTILES.
3. UNA PISTOLA CAL..45 MARCA COLT. CONMEMORATIVA
DE LA
GUERRA DEL GOLFO PÉRSICO Y TORMENTA DEL DESIERTO,
CON 30
CARTUCHOS UTILES.
4. UN REVOLVER CAL. .357 MÁGNUM CON 8 CARTUCHOS
UTILES.
5. UNA ESCOPETA CAL. 12 CON 5 CARTUCHOS UTILES.
6. UN REVOLVER CAL. .41 MAGNUN CON 8 CARTUCHOS
UTILES.
7. UNA PISTOLA RUGER P90 CALIBRE .45 COLOR GRIS
CON CACHAS NEGRAS ORTOPÉDICAS CON TRES
CARGADORES QUE CONTENÍAN EN SU INTERIOR 23
CARTUCHOS DEL MISMO CALIBRE DE LOS CUALES 16 SON
EXPANSIVOS Y 7 NORMALES.
8. UNA PISTOLA SMITH & WESSON CALIBRE 9
MILÍMETROS CON TRES CARGADORES MISMOS QUE
CONTENÍAN EN SU INTERIOR 22 CARTUCHOS ÚTILES DE LOS
CUALES 11 SON EXPANSIVOS Y 12 NORMALES.
9. UNA PISTOLA CALIBRE .25 MARCA BERETTA MODELO
950
CON DOS CARGADORES MISMOS QUE EN SU INTERIOR
CONTENÍAN 16 CARTUCHOS ÚTILES.
10. UN RIFLE CALIBRE 22 MARCA REMINGTON MODELO
121
MATRICULA 34455 MISMO QUE EN SU INTERIOR CONTENÍA 11
CARTUCHOS ÚTILES.
11. SUB-AMETRALLADORA TIPO UZI, MARCA INTRATEC,
COLOR
NEGRA, CALIBRE 9 MILÍMETROS MODELO AB-10 CON DOS
CARGADORES DE COLOR NEGRO MISMOS QUE EN SU
INTERIOR SE ENCONTRABAN 17 CARTUCHOS ÚTILES DEL
MISMO CALIBRE NORMALES.
12. UNA PISTOLA CAL. .380 MARCA LORCIN, CROMADA.
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martes, 14 de octubre de 2008
Nueve asesinatos en 12 horas
Nueve asesinatos se registraron en las últimas 12 horas en Tijuana y Rosarito, entre los que resalta la ejecución de un policía municipal rosaritense, un menor de 15 años y el asesinato de un familiar de un agente policíaco, informaron las autoridades.
El baño de sangre inició anoche en la colonia 3 de Octubre, en donde tres personas, entre ellas una menor de 15 años fueron asesinadas a tiros por varios sujetos armados.
Con minutos de diferencia y a unas calles de distancia, otra pareja fue atacada a balazos. Una persona resultó sin vida y otra gravemente herida.
En los primeros minutos de la madrugada se reportó en la Cruz Roja mexicana de la calle Once de la Zona Centro, el fallecimiento de otra persona a causa de heridas de bala.
Mientras tanto, alrededor de las tres de la madrugada, agentes policíacos localizaron un “encobijado” en la canalización de la Zona del Río, a la altura de la Comisión Federal de Electricidad.
Al filo de las 7:30 de hoy, el policía municipal Roberto García fue atacado a balazos por un comando armado, cuando se dirigía a sus labores en un automóvil particular. El uniformado resultó con graves heridas, pero el tío de éste falleció a causa de múltiples impactos de bala.
En Rosarito también la ola de violencia sigue en auge.
A las 22:00 horas de anoche, un civil fue acribillados en la calle Federico Froebel de la colonia Magisterial.
El joven Erick Arturo Campos Moncada, de 18 años de edad, al descender de su auto un Mitsubishi Mirage de reciente modelo, fue asesinado por los sicarios.
En el lugar de los hechos se localizaron múltiples casquillos percutidos calibre 7.62x47 utilizados por los “cuerno de chivo”.
Alrededor de as 11:00 horas, el policía Manuel Díaz Ayala, fue acribillado en su punto de vigilancia, en el “Parque Reforma” en la colonia del mismo nombre.
A punto de terminar su turno, Díaz fue ultimado a balazos afuera de una residencia decomisada hace 15 días y en donde localizaron un arsenal.
El agente fue asesinado con una ráfaga de AK-47.
El baño de sangre inició anoche en la colonia 3 de Octubre, en donde tres personas, entre ellas una menor de 15 años fueron asesinadas a tiros por varios sujetos armados.
Con minutos de diferencia y a unas calles de distancia, otra pareja fue atacada a balazos. Una persona resultó sin vida y otra gravemente herida.
En los primeros minutos de la madrugada se reportó en la Cruz Roja mexicana de la calle Once de la Zona Centro, el fallecimiento de otra persona a causa de heridas de bala.
Mientras tanto, alrededor de las tres de la madrugada, agentes policíacos localizaron un “encobijado” en la canalización de la Zona del Río, a la altura de la Comisión Federal de Electricidad.
Al filo de las 7:30 de hoy, el policía municipal Roberto García fue atacado a balazos por un comando armado, cuando se dirigía a sus labores en un automóvil particular. El uniformado resultó con graves heridas, pero el tío de éste falleció a causa de múltiples impactos de bala.
En Rosarito también la ola de violencia sigue en auge.
A las 22:00 horas de anoche, un civil fue acribillados en la calle Federico Froebel de la colonia Magisterial.
El joven Erick Arturo Campos Moncada, de 18 años de edad, al descender de su auto un Mitsubishi Mirage de reciente modelo, fue asesinado por los sicarios.
En el lugar de los hechos se localizaron múltiples casquillos percutidos calibre 7.62x47 utilizados por los “cuerno de chivo”.
Alrededor de as 11:00 horas, el policía Manuel Díaz Ayala, fue acribillado en su punto de vigilancia, en el “Parque Reforma” en la colonia del mismo nombre.
A punto de terminar su turno, Díaz fue ultimado a balazos afuera de una residencia decomisada hace 15 días y en donde localizaron un arsenal.
El agente fue asesinado con una ráfaga de AK-47.
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lunes, 6 de octubre de 2008
Imperio de la Muerte

Los gobiernos municipal, estatal y federal son testigos de la encarnizada guerra que protagonizan el cártel de los hermanos Arellano Félix y Teodoro García Simental El Teo, quien hasta hace poco era uno de los más prominentes miembros de esa organización criminal.
En esta lucha, que tiene como escenario esta ciudad fronteriza, Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, quien heredó de sus tíos Benjamín, Ramón y Francisco Javier Arellano Félix la estructura del cártel, se lanzó contra El Teo, quien a su vez cuenta con el respaldo de una célula del cártel de Sinaloa.
Y a pesar de que en sólo cinco días fueron ejecutadas 55 personas, incluidos los ocho cuerpos localizados el viernes 3, ni el presidente Felipe Calderón, ni el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, ni el alcalde de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, han desplegado ningún plan de acción para garantizar la seguridad de los tijuanenses y capturar a los sicarios de uno y otro bando; la PGR y la Procuraduría de Justicia del estado tampoco saben cómo actuar en este escenario que, a decir de los lugareños, “cada día se pone más feo”.
Y esta descoordinación es aprovechada por los sicarios de El Ingeniero y de sus rivales del cártel de Sinaloa que han sembrado el terror en las calles de Tijuana, convertidas ahora en tiradero de cadáveres.
El procurador de Justicia del estado, Rommel Moreno Manjarrez, admitió que “el esquema de Sinaloa” está presente en algunos de los ejecutados.
Investigadores de Tijuana y de San Diego, California, consultados, cuyos nombres se mantienen en reserva por seguridad, sostienen que, por la crudeza de algunas ejecuciones, todo indica que llegaron a Baja California sicarios de otros estados de la República. Varios de los consultados afirman incluso que es posible que detrás de las huestes de García Simental esté Édgar Valdez Villarreal La Barbie, uno de los más ejecutores más sanguinarios del cártel de Sinaloa.
Según la ficha de la PGR, La Barbie sirvió primero a los hermanos Beltrán Leyva, quienes lo introdujeron en el cártel de Sinaloa, donde pronto se convirtió en socio de Joaquín El Chapo Guzmán.
Familiares de uno de los ejecutados la semana pasada consultados aseguran que “vendía crystal y no quiso entender que sus jefes se estaban peleando en serio, por eso murió”.
La cacería
El 26 de septiembre por la noche algunos agentes que tienen “amigos” en las organizaciones criminales con presencia en Tijuana recibieron llamadas por celular y nextel en las que sus informantes les advirtieron que no salieran a la calle porque el pleito apenas empezaba.
Para el 28 de septiembre cuatro fuentes consultadas por el semanario tijuanense coincidieron: la guerra comenzó. Un investigador declaró: “El Inge y El Tres (García Simental) hablaron ayer (27 de septiembre) y terminaron mentándosela”. Y otros tres funcionarios, quienes pidieron expresamente omitir sus nombres, afirmaron que el asunto entre los dos bandos “se va a poner feo”.
A partir de entonces la zona costera de Baja California se llenó de cadáveres: 55 en sólo cinco días. En ese lapso cayeron sicarios de las dos células. Las primeras víctimas fueron los hermanos Fernando, Efrén y Eduardo Arroyo Duarte, quienes fueron ejecutados alrededor de la medianoche del 28 de septiembre en la zona conocida como Los Arenales.
Vecinos y familiares de los ejecutados explicaron a las autoridades y peritos de Tijuana que los tres hermanos vivían en Estados Unidos y se dedicaban a la compra-venta de droga. Así mismo, testigos de los homicidios aseguraron a Zeta que los asesinos llegaron en un solo auto y sin titubear se dirigieron al grupo en el que estaban los hermanos Arroyo Duarte y los acribillaron.
Otra versión recogida por el semanario local destaca que la balacera en la que fallecieron los tres hermanos fue una disputa entre éstos y Raydel López Uriarte El Muletas, quien murió en la refriega. Su cuerpo fue recuperado por Ángel Jácome Gamboa El Kaibil, un expolicía municipal que lo acompañó aquel día.
Según un agente de la procuraduría estatal, los dos bandos han tenido bajas, pero sobre todo el de El Teo. Incluso esbozó la hipótesis que éste no sólo tiene en la mira a los sicarios de la célula de El Ingeniero, sino también a sus antiguos compañeros que “lo traicionaron”, dice, para aliarse con “el hijo de Alicia Arellano Félix”: Fernando Sánchez Arellano.
Al día siguiente, el 29 de septiembre, la violencia se acrecentó. Se encontraron 16 cuerpos, 12 de los cuales estaban en la colonia Las Delicias. Los peritos aseguraron el reportero de Zeta que a cinco de los ejecutados les cortaron la lengua, lo que, según ellos, indica que eran “infiltrados”. Se desconoce aún a que bando pertenecieron.
Se entrevistó a familiares de las víctimas, quienes contaron que algunos eran narcomenudistas; otros fungían como “antenas” y los sicarios los utilizaban para revisar el territorio cuando sospechaban que había peligro.
La tarde de ese mismo 29 de septiembre cayó Víctor Librado Bustamante Leyva, el primer traficante reconocido del grupo de El Tres. Iba a bordo de su camioneta con su mujer, quien salió ilesa. Las autoridades encontraron dos bultos de droga y un paquete de dinero en el vehículo.
Según el expediente abierto a raíz de la muerte de Bustamante Leyva, éste rendía cuentas a un hombre al que apodan El Güero. Las autoridades municipales presumen que se trata del expolicía municipal Luis Sánchez Guerrero, quien hace un año ayudó al Muletas a escapar de Mariscos Godoy. Bustamante tenía también una orden de aprehensión por el asesinato de una mujer que distribuía crystal.
En el caso de los dos hombres asesinados en el Aguaje de la Tuna con el narcomensaje: “Ahí está tu gente Duarte, ven a recogerlos”, las autoridades aseguran que hay una línea de investigación que lleva a un policía municipal ligado también a El Tres.
A este grupo pertenecía también el hombre acribillado en Rosarito afuera de una casa de seguridad. El día anterior había llegado procedente de Tijuana a esa playa. Y el miércoles 1 aparecieron dos cadáveres más colgados del puente Simón Bolívar. Sus familiares declararon que estaban ligados a El Muletas.
El jueves 2, los investigadores detectaron que los ocho ejecutados la madrugada de ese día en el parque industrial Pacífico estaban ligados a El Ingeniero. Al revisar las ropas, los peritos encontraron una credencial en la que indicaba que el adolescente vivía en la zona norte de Tijuana. “Según uno de los investigadores consultados por Zeta, las delegaciones Centro y Playas son controladas por “el sobrino de los Arellano”.
Esa versión se corroboró horas después, cuando los matones difundieron un narcomensaje: “Esta es la gente de El Albañil”, en alusión a los ocho cadáveres. El Albañil es un primo de Arturo Villarreal El Nalgón, uno de los principales operadores de Sánchez Arellano.
Mucho trabajo
En la última semana, la Procuraduría de Justicia del estado se ha dedicado a la identificación e integración de expedientes de los 55 muertos; a su vez, el Ministerio Público ha realizado cuatro decomisos de armas e investiga si existen vínculos con los ataques cometidos por las células criminales.
El miércoles 1, en conferencia de prensa, la procuraduría informó que continúan realizando los análisis de balística a los casquillos localizados en las zonas de las ejecuciones, así como de la grafología de los narcomensajes.
Según el reporte, la cartulina localizada en los cuatro cuerpos localizados en El Sepanal el 27 de septiembre es similar a la que se localizó en el pasado 26 de agosto en el fraccionamiento García, donde hubo tres decapitaciones.
Así mismo, la dependencia sostuvo que varios casquillos localizados en Los Arenales coincidieron con un arma utilizada en el primer enfrentamiento entre los sicarios de El Ingeniero y El Teo el pasado 26 de abril, a un costado de El Cañaveral en el bulevar Insurgentes; el arma también es similar a la utilizada en el asesinato del subjefe de Reglamentos Municipales en la Delegación Centenario, Ricardo Legorreta, el 19 de marzo pasado.
Por lo que atañe a la identificación de los restos encontrados en tres botes que contenían una sustancia corrosiva similar a la sosa cáustica, frente al restaurante Mariscos del Pacífico, propiedad de José Manuel Núñez López El Balas, los peritos informaron que los recursos de la procuraduría estatal se agotaron sin que lograran determinar si los restos eran humanos. Así mismo, declararon que solicitarán apoyo a la PGR y a las agencias de investigación de Estados Unidos para tener acceso a estudios genéticos más avanzados.
Los investigadores de la procuraduría del estado informaron también que en los vehículos decomisados y en el puente Simón Bolívar tomaron impresiones dactilares y en los próximos días darán a conocer los resultados; de las armas, explicaron que en todos los casos se utilizaron las de calibre 7.62 y aseguraron que quienes las dispararon son una o dos personas. También afirmaron que algunos de los homicidios se cometieron en lugares públicos, o los cuerpos fueron abandonados en zonas donde hay cámaras de video de vigilancia.
Por último, el viernes 3 aparecieron otros ocho cadáveres. Cinco de ellos fueron localizados a las 3:30 de la madrugada sobre avenida Juan Ojeda Robles, colonia Buena Vista, en Tijuana. Semidesnudos y con huellas de tortura, los cuerpos tenían la cara cubierta con cinta adhesiva gris, y las manos y pies atados. Hasta el cierre de edición se desconocían las edades y los nombres de las víctimas.
Tres horas después, en la calle Venustiano Carranza, en la colonia Guadalupe Victoria, fueron localizados dos cuerpos más del sexo masculino; ambos estaban decapitados. En este caso eran adultos: uno tenía entre 35 y 40 años y el otro entre 45 y 50. Una de las cabezas fue dejada en medio de las piernas del sujeto y la otra a un lado del cuerpo.
Los homicidas dejar en el lugar una foto en la que escribieron: “Julio César Salas o M4, ahí está tu gente, Ingeniero. Sigues tú, M4”.
El octavo cuerpo fue localizado de manera incidental a las 11:00 horas en un automóvil Jetta negro mal estacionado. Lo descubrieron elementos del grupo antirrobo de la procuraduría. Antes de que la grúa se lo llevara abrieron la cajuela y localizaron el cuerpo.
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