Nadie sabe dónde están las más de 15 mil armas aseguradas al crimen organizado durante la administración calderonista…
En la Procuraduría General de la República se informó que, tras los decomisos, son enviadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia que tampoco confirmó que hubiese llegado a sus instalaciones tal cantidad de armas en el último año y medio.
“Muchas se quedan en los almacenes de la PGR o son robadas para devolvérselas a los criminales”, denunció el general en retiro, Luis Garfias Magaña, quien durante sus 45 años en el Ejército participó en el trabajo de acopio de armas y en la comandancia de guarnición.
—Robadas, ¿por quién? —se le preguntó.
—Por los propios policías o por otros funcionarios corruptos. Los policías se llevan lo que quieren, incluso desde el propio proceso de aseguramiento, se las roban, pero no para el servicio, sino para vendérselas de nuevo a los narcos. Lo hemos visto muchas veces.
—¿Hablamos entonces de decomisos fantasmas?
—Hay mucha fuga de armas entre las autoridades civiles, mucha improvisación y descontrol en el manejo de armas, que en muchas ocasiones vuelven a caer en manos de criminales.
—¿Y en el Ejército no se da esa fuga?
—Ahí el control es más estricto. En el Campo Militar hay enormes depósitos donde las armas se acomodan por tipo y calibre y luego se etiquetan, para saber dónde se aseguraron y cuándo llegaron a la Sedena. El Cuerpo de Ingenieros y Materiales de Guerra se encarga del manejo….
Afirma que hay áreas específicas de resguardo en cada batallón, “jaulas perfectamente alineadas, y aseguradas con cadenas y candados. El mal uso de armas es uno de los delitos más graves en la milicia”.
—¿Es posible entonces utilizar las armas que fueron del narco?
—Sí, en el Ejército se conoce cuáles están en servicio por alguna necesidad o urgencia, eso se controla por medio de etiquetas, pero el problema es que no todas las armas llegan a la Sedena.
—¿Y las que no están en servicio?
—Algunas se venden a los estados, para que armen a sus policías o las corporaciones renueven su armamento. Pero este proceso se hace por medio de un acta firmada por ambas partes, donde se específica la matrícula de guerra.
—¿En cuánto se venden?
—A un precio accesible, depende del tipo de armas y de las municiones, se venden por paquetes de mil hasta 5 mil, depende de las necesidades.
—¿Y a la Policía Federal?
—También, aunque debería haber mayor coordinación.
El general Garfias detalló que hay otras armas sujetas a procesos penales: “Esas no se pueden tocar, porque están involucradas en delitos graves, nadie las debe utilizar, son evidencia”.
—Dice el procurador Medina-Mora que 8 mil 700 de las 15 mil confiscadas, son armas largas… Esas son de uso exclusivo del Ejército, no se pueden vender a policías.
—No a los comunes, pero sí a grupos especiales o cuerpos de reacción, el problema es que algunos no las saben utilizar. Las armas largas que llegan a la Defensa están guardadas o algunas son destruidas, porque la industria militar produce las necesarias para los integrantes del Ejército.
Medina-Mora se está burlando de la gente, dice el militar
[Daniel Blancas Madrigal]
El general Luis Garfias Magaña calificó de “irresponsable” la declaración del procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora, quien aseguró que la lucha contra el crimen “se va ganando, aunque no lo parezca”.
“A menos que se refiera a que vamos ganando en el número de ejecutados, se está burlando de la gente, piensa que somos retrasados mentales o niños que se contentan con una paleta… Así como vamos, esto no tiene visos de resolverse”.
Garfias estuvo en el Ejército 45 años y trabajó en Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Mexicali. Fue diputado en las legislaturas LII y LVI y embajador en Paraguay.
Para un verdadero avance contra el narco, sugirió cuatro puntos…
Uno, la militarización de la policía: “Bajo ese criterio operan con éxito la Guardia Civil española, la Policía Militar de Brasil, los Carabineros de Chile. Hay que militarizar. Los éxitos en esta batalla han sido por la participación del Ejército, no por lo que han hecho los policías”.
Dos, aplicar el artículo 29 de la Constitución, que faculta al Presidente a suspender garantías en caso de una perturbación grave de la paz pública. “Es necesario para proteger legalmente la actuación de las Fuerzas Armadas”.
Tres, modificar el artículo 129, que limita al Ejército en tiempo de paz a limitarse a las actividades de disciplina militar.
Y cuatro, sellar a estados con mayor índice de violencia “por tierra, mar y aire e involucrar a defensores de derechos humanos para que supervisen la estrategia”.
