Borra el CAF a “competencia”

Policías de Baja California preparaban un operativo para detener a banda de ejecutados.

Borra el CAF a “competencia”

A pesar de los operativos especiales de la Policía Municipal, del Estado y Federal en Tijuana, un comando de entre ocho y diez camionetas secuestraron el domingo 6 de julio a ocho personas en la zona este de la ciudad. Seis de ellas aparecieron ejecutadas y calcinadas el lunes 7. Con impunidad, líderes del cártel Arellano Félix ordenaron la muerte de quienes pretendían delinquir por su cuenta.

Investigaciones ZETA

No fueron seis, sino ocho, los hombres levantados el domingo 6 de julio.

Al día siguiente, seis de ellos aparecieron parcialmente calcinados.

Pertenecían a un grupo de ladrones que “presumían” estar integrados al grupo criminal de José Filiberto Parra Ramos “La Perra”, sicario del Cártel de los hermanos Arellano Félix (CAF).

Conforme a las primeras indagatorias, los fallecidos eran rateros y hacían sus intentos en la venta de droga al menudeo, pero pretendían convertirse en una célula criminal al servicio del cártel Arellano Félix, sin haber sido requeridos.

“Robaban, amenazaban e intentaban cobrar plaza. Los datos indican que estaban creando un fondo de financiamiento para integrar un grupo delictivo independiente, demostrando que podían azorar una zona, para generar un mal entendido prestigio, que les permitiera después cobrarle o ser contratados por el cártel como célula, y no sólo recibir pago por trabajitos”, señaló un agente investigador.

“….eran gatos, del gato, del gato”, dijo refiriéndose a la importancia de los muertos frente al cártel.

Con sus raterías, este equipo delictivo había atraído los operativos policíacos especiales al oriente de ciudad, afectando los intereses de Armando “El Gordo” Villarreal.

Los primeros datos vertidos por personal relacionado con la indagatoria, indicaron que el presunto orquestador del operativo de la “mini-limpia” criminal fue el matón al que apodan “El Jimy”, sicario que cobra piso y asesina para la célula de Ignacio Zazueta “el Pit”, “A2” o “Clave Pedro”.

Otra fuente investigadora, explicó que la ejecución múltiple fue orquestada por varios sicarios de diferentes células del cártel Arellano Félix, quienes se unieron para deshacerse de los jóvenes arribistas. Identificando a Ignacio Zazueta como el principal matón del CAF en estos momentos.

“Al final, este tipo de grupos desorganizados perturban las actividades de todos los miembros de todo el cártel, por eso no es raro que actúen en equipo. Hay que recordar que quienes lo hayan ordenado u organizado no significa que hayan estado presentes”.

Las reseñas iniciales indican que los secuestradores que privaron de la libertad a los seis quemados, no eran líderes de célula.

En la operatividad de “los levantones” se presume la posible intervención de uno de los hermanos Escamilla Campos y de dos delincuentes, hasta ahora contemplados como “menores” en la escala delictiva. Son conocidos como los hermanos Angulo, uno de ellos llamado Natalio; hombres cercanos a “Mateo”, quien funcionara como el principal secuestrador y operador de “El Gordo” Villarreal a finales de 2007 y hasta el mes pasado.

El operativo criminal para levantar a los después calcinados, se llevó a cabo con un gran despliegue vehicular. Investigadores calcularon la utilización de entre diez y trece camionetas. Todo se llevó a cabo en la zona este de la ciudad donde evidentemente la presencia policíaca es mínima.

Luego de cargar con las víctimas, fueron llevadas “al sótano” de una casa de seguridad que el grupo de Villarreal tiene en “La Presa”, donde pueden torturar a sus víctimas con libertad porque los ruidos no llegan al exterior. Esto durante la tarde-noche del domingo 6 de julio.

Después de la tortura, la madrugada del lunes 7 de julio, los cuerpos de seis de los ocho hombres levantados por el CAF fueron tirados, ejecutados y medio calcinados en un terreno localizado a un costado de la clínica uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El acto criminal lo ejercieron estando presentes varios integrantes de la organización criminal. Explicó un investigador de la Policía: “Acostumbran estar presentes y ser ejecutores para enviar el mensaje de quién manda y qué les pasará a quienes atraigan la atención policíaca, quienes les calienten la plaza con delitos menores, quienes pretendan formar una célula no solicitada, quienes presuman trabajar para un sicario o lugarteniente sin estar autorizados. Los que se encargarán de difundir el recado serán los secuaces que los ayudaron en el levantón y acompañaron en la tortura y ejecución”

La privación
El grupo de los hermanos Angulo llegó al número 17110 de la calle Río Amazonas en el Infonavit Capistrano. Eran casi las seis de la tarde del domingo 6 de julio, y ahí se ubica la casa del mayor de los hermanos Raygoza, Ricardo Arturo.

Ahí empezó el operativo criminal.

La familia Raygoza aseguró que muchos hombres a bordo de seis camionetas tipo pick up, como las usadas por agentes estatales y federales, pero sin logotipos oficiales, llegaron a la casa, primero capturaron a Gustavo y luego a Ricardo, para después aventarlos dentro de los autos donde ya llevaban a otros hombres.

Testigos consideraron se trataba de una acción ilegal, ejecutada por policías, hipótesis de hecho no descartada en la investigación.

Esa privación de la libertad no fue denunciada, sin embargo, policías locales informaron a ZETA que más tarde sí se reportaron dos privaciones de la libertad: la primera de un joven de 19 años que estaba en el patio de su casa en pantalones cortos en la delegación Centenario; y la segunda en la delegación La Presa, un hombre que circulaba a bordo de un vehículo Honda el cual fue abandonado. Ninguno ha sido liberado y tampoco han aparecido asesinados.

Este semanario consultó al respecto a personal de la Secretaría de Seguridad del Estado para confirmar los reportes al Centro de Mando, desde donde sólo corroboraron la existencia de una denuncia el domingo seis a las siete de la tarde.

El reporte indicaba que un grupo de camionetas tipo Tahoe negras, con logotipos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), habían privado de la libertad a 12 personas en la colonia Industrial Pacífico. Pero los federales negaron haber hecho operativos en esa zona, y la Policía Estatal que atendió la denuncia no ubicó en el lugar, ni denunciantes ni testigos que reiteraran el contenido de la llamada.

Sin embargo, un comandante operativo confirmó los operativos por las denuncias de Centenario y La Presa. Agregó: “En el caso del comando que ejecutó los levantones, tampoco se trató de un grupo numeroso como se ha especulado, porque los testigos no lo reportaron así, y es poco probable que los criminales hayan estado circulando toda la noche como se manejó, porque después de las privaciones de La Presa y Centenario, se pusieron en alerta los grupos policíacos especiales estatales y municipales y éstos no reportaron nada”, mencionó el comandante.

Incluso, las investigaciones revelan que tras las privaciones ejecutadas entre seis y ocho de la noche, el segundo movimiento del grupo criminal se ejecutó alrededor de las dos de la mañana.

Porque el vehículo encontrado días después y en el que presuntamente trasportaron a los ladrones heridos de La Presa a la Clínica Uno, tiene reporte de robo, hecho a las tres de la madrugada del 7 de julio. Es una camioneta Windstar que fue localizada la tarde del mismo lunes en la calle de Las Flores en las inmediaciones de la casa conocida como La Cúpula en la delegación La Mesa.
En el interior del auto encontraron guantes, sangre y casquillos que corresponden a los mismos encontrados en la escena de la incineración de los cuerpos.
Todo indica que después de haber sido torturados, los ladrones fueron trasladados, asesinados e incinerados, entre las tres y cuatro de la mañana. Los partes policíacos indican que: “… a las 5:50 horas de este lunes 7 de julio del 2008 se recibió reporte vía Central de Radio, que indicaba que en la calle Campos de la colonia Cerro Colorado, a un costado del negocio Productos Rivial, se encontraban en un lote baldío seis individuos de sexo masculino sin vida.

“Los cuerpos presentaban varias quemaduras de primero y segundo grados, así como hematomas en el cuerpo y cara, y en dos de ellos se pudieron apreciar lesiones producidas por arma de fuego”. Presentaban quemaduras importantes en los glúteos y zona genital.

El hombre al que quemaron completamente llevaba el nombre de Héctor Gerardo Chávez González y tenía 31 años; vivía cerca de los hermanos Raygoza y la autoridad no ha dado mayores datos del porqué de la saña.

Otro fallecido ese día, Roberto Carlos Román Muñoz, de 35 años, es mencionado como quien tenía antecedentes por tráfico de droga al menudeo. Estos datos fueron dados por los familiares que identificaron el cuerpo de Román, sin embargo hasta el jueves 10 de julio, no había confirmación en el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales (AFIS) ni en los informes de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA).

Los otros cuatro cuerpos calcinados pertenecían a los dos hermanos Raygoza, a José Alfredo Figueroa Cuevas, de 39 años, y Jesús Alfredo Hernández Huerta, de 23.

“La primera prueba de que no eran importantes fue que la normalmente lenta Procuraduría del Estado los identificó casi de manera inmediata”, agregó un investigador.

Los muertos
Agentes locales, informaron que los muertos habían intentado integrar a todos los delincuentes que se dedicaran al robo en los fraccionamientos Mariano Matamoros, Florido y Cerro Colorado. Algunos de ellos habían sido distribuidores de droga al menudeo cuando Parra Ramos “La Perra”, por órdenes de Teodoro García Simental, controlaba la zona oriente.

Después que los jefes criminales cambiaron y Parra fue enviado a administrar el tráfico de droga entre Ensenada y Tijuana, estos narcomenudistas se quedaron sin un lugar en la nueva estructura.

Creyeron que habían encontrado la forma de tomar fuerza y quedar bien con el CAF. Se agruparon y robaban de todo: droga a otros narcomenudistas, autos, comercios, tienditas, bancos, casas, incluso asaltaban a transeúntes.

Los datos policíacos señalan que no eran bandidos hábiles, incluso algunos de ellos ya habían sido aprehendidos en recientes operativos por la policía municipal, en cuya ocasión aseguraron que “trabajaban para La Perra” y dieron algunos datos de sus cómplices.

Aunque se trataba principalmente de robos y amenazas a comerciantes legales e ilegales de la zona y, según la policía, su actividad delictiva era “torpe”, la cantidad de delitos que estaban cometiendo había crecido desmesuradamente a finales de mayo y durante junio.

Razón por la cual la policía municipal de Tijuana, cuyo grupo de inteligencia no les creyó que trabajaban para “La Perra”, ya los tenía identificados y habían recibido órdenes de capturar al resto de la banda el mes de julio.

Esta intrusión significaba mayores patrullajes, trabajo de “investigación” policíaca y la intervención específica del grupo municipal especial que labora bajo las órdenes del director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, teniente Julián Leyzaola, y que tienen la orden expresa de no dar cortesías.

Los investigadores estatales consideran que policías locales hicieron llegar la información de los próximos operativos en la zona oriente a los verdaderos miembros activos del Cártel, quienes ya habían recibido quejas de “gente que ya estaba arreglada” y aun así siguió siendo asaltada.

Muchas de las tienditas de droga, casas de seguridad y residencias del cártel están en esa zona, gran parte de la droga entra por ahí. Cuado “El Gordo” Villarreal está en Tijuana duerme en esa área. “Creemos que les pareció más productivo hacia dentro y hacia afuera hacerlo ellos mismos”, dijo un investigador del crimen organizado.

“Lo que no descarta que hayan recibido apoyo e información de los policías”.

Finalmente, los mismos investigadores indicaron que el uso de la incineración pública como medida de escarmiento no es un sello exclusivo de los seguidores de Teodoro García “El Teo”, como se ha manifestado.

Recordaron un hecho reciente esclarecido este mismo año, en el que un grupo de tres hombres y una mujer quemaron a un hombre porque les debía droga en la zona oriente. Y en Mexicali, el caso de un ex agente ministerial y un narcomenudista cuyos cuerpos fueron quemados en hechos diferentes y dejados en el valle a finales del año pasado; conforme a las indagatorias, los asesinatos habían procedido por robo de droga y los asesinos no eran sicarios de primer nivel.