La violencia se ha acrecentado en aquella entidad debido a un pleito por la plaza entre, al menos dos poderosos grupos: El Cártel de Sinaloa y el del Golfo. Además se acusa al gobierno estatal de proteger a narcotraficantes. La semana pasada al Gobernador Eduardo Bours Castelo le entregaron una carta donde detallan el asesinato del periodista Alfredo Jiménez Mota, pero –en un estado controlado por el PRI– no hubo ninguna repercusión. No es miedo, es pavor, aseguran ciudadanos.
Sergio Haro Cordero
HERMOSILLO, Sonora.- El estado de Sonora se ha convertido en una especie de tierra de nadie, similar a la realidad de Baja California hace 20 años. Con un gobierno estatal priísta, autoritario, desacostumbrado a las críticas. Ese marco ha sido aprovechado por diversos grupos de narcotraficantes que han tomado estas tierras como propias, con la violencia en el día a día.
En noviembre 2007, un grupo de narcos atacaron la sede de policía en Cananea, asesinando a los agentes que estaban presentes. El Ejército fue tras ellos y al final sumaron 22 los muertos por el enfrentamiento. Apenas el fin de semana anterior en Cajeme se suscitó un enfrentamiento con saldo de tres policías muertos. Al día siguiente, militares detuvieron a un grupo fuertemente armado en Navojoa, cuando se disponían a abordar una avioneta. No solo traían un fuerte arsenal, además miles de dólares en efectivo.
“No hay miedo, hay pavor entre la población”, asume la diputada perredista Petra Santos, una de las escasas voces críticas que surgen en esta zona.
Un ejemplo de esto lo muestra Guillermo Noriega, dirigente de Sonora Ciudadana, un grupo civil que intenta la crítica en varios temas –transparencia, acceso a la información, libertad de expresión– pero en seguridad cierran la boca.
“Por seguridad, no hablamos de ese tema. Tomamos un acuerdo para restringir abordar el tema de seguridad, por obvias razones”, explica vía telefónica al tratar de concertar una entrevista.
De acuerdo a datos oficiales, en Sonora se registraron en 2007, 307 asesinatos –casi 100 más que en 2006– y hasta mayo de 2008 se contabilizaban 113.
Por su ubicación y el paso obligado por mar, tierra o aire sonorense, se menciona que al menos dos grupos se disputan esa plaza. Por un lado el Cártel de Sinaloa en presunta alianza con los de Juárez, y por el otro el Cártel del Golfo. En el enfrentamiento en Cananea incluso se mencionó la presencia de “Zetas”, ese grupo de ex militares considerados de los más sanguinarios en la guerra del narco.
Los periodistas no se han salvado de ese entorno de violencia. No sólo han sido reprimidos, ha habido amenazas, ataques a diarios, asesinatos y desapariciones. Como el caso del reportero del diario El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota, desaparecido desde el sábado 2 de abril del 2005 y hasta la fecha no ha sido localizado.
En la segunda semana de junio, en una gira por Caborca, el Gobernador Eduardo Bours Castelo recibió de manos desconocidas un documento de nueve páginas escrito a mano. Ahí se detallaba el levantamiento y la ejecución del reportero sonorense a manos de un grupo de narcotraficantes que operaban en la entidad apoyados por –de acuerdo al documento– elementos de policías municipales y estatales, mencionados en colusión al actual Procurador del Estado de Sonora, Abel Murrieta, y al entonces Director de la Policía Ministerial, Roberto Tapia Chan.
La misma tarde de junio, Bours Castelo convocó de manera repentina a directores de medios de comunicación a quienes les informó lo sucedido e incluso les entregó una copia del documento recibido, aunque al día siguiente sólo dos medios publicaron la carta-denuncia.
El diario El Imparcial, donde laboraba Alfredo Jiménez Mota cuando fue desaparecido, solo publicó una pequeña nota sobre el tema en la página 3, en interiores.
En la carta entregada al Gobernador se narra con lujo de detalles cómo Alfredo Jiménez Mota fue “levantado” por un grupo de narcos –que encabezaba Raúl Enríquez Parra, alias “El Nueve” –. Al reportero, explican en la misiva, lo llevaron primero a una casa de seguridad con apoyo de elementos policíacos, también detallaron cómo fue torturado, trasladado luego en avioneta hasta Ciudad Obregón y en una casa del grupo, salvajemente interrogado hasta que decidieron matarlo.
“…luego el Montoyita le pegó un balazo en la nuca al periodista y lo sacamos, le echamos cal, le quitamos toda la ropa, quedó completamente desnudo. Nos retiramos, solo se quedaron en el lugar los de la PJE…”
Pero el documento incriminatorio no causó reacción alguna.
“No pasó nada, (con la carta) nada, nada. Aquí en Sonora hay un gran pavor de inmiscuirse”, refiere la legisladora Santos.
Referencia repetida
No es la primera vez que en el caso del periodista desaparecido se hace referencia al grupo de Raúl Enríquez Parra, quien encabezaba en Sonora un grupo dedicado al narcotráfico autodenominado “Los Números”.
En uno de los últimos reportajes de Jiménez Mota se detalló el funcionamiento de este grupo, ligado a los sinaloenses Beltrán Leyva, quienes a su vez eran identificados como operadores del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo a un informe –aparentemente del Cisen– se ubica a los Beltrán Leyva como “Los tres Caballeros”, quienes se fortalecieron en Sonora a raíz del asesinato de Rodolfo García Gaxiola, alias El Chipilón”, un ex agente federal ligado al Cártel Arellano Félix.
De hecho la carta entregada al Gobernador Bours está firmada por Saúl García Gaxiola.
Raúl Enríquez Parra era parte de un grupo también de hermanos involucrados en actividades ilícitas y fue encontrado brutalmente asesinado en una zona rural de Navojoa junto con otros dos cuerpos, encobijados. Se presume que fueron arrojados desde una avioneta.
De acuerdo al reportaje firmado por Jiménez Mota, a grupo de Enríquez Parra se le atribuía cerca de 70 ejecuciones suscitadas durante el 2004.
En el caso de los hermanos Beltrán Leyva, Alfredo, alias “El Mochombo”, fue detenido en Sonora apenas el 21 de enero de este año. Otro grupo que pelea la plaza en Sonora es el conocido como “Los Salazar”, encabezados por Adán Salazar Zamorano.
ZETA publicó en febrero del 2006, un amplio reportaje firmado por Luis Arellano, donde se incluyó una versión retomada presuntamente de un informe del Cisen, donde se muestra la radiografía de estos grupos criminales, pero además, se mencionan a personajes como el actual Procurador Abel Murrieta y al entonces Director de la Policía Judicial del Estado, el sanluiseño Roberto Tapia Chan. De acuerdo a esa versión, la relación de los funcionarios venía desde que Ricardo Bours Castelo –hermano del actual Gobernador– fue alcalde en Cajeme, cuando Tapia Chan fue secretario de seguridad pública.
En el documento-informe se mencionó que a Tapia Chan se le vinculó con narcotraficantes desde 1991, cuando se desempeñaba como director de Averiguaciones Previas, involucrándosele en el extravío del expediente de Jaime González Gutiérrez, en ese entonces acusado de asesinar a un policía municipal en San Luis Río Colorado y luego señalado como el autor intelectual del asesinato del periodista sanluisino Benjamín Flores.
No es la primera ocasión que todos estos nombres son involucrados en la desaparición del periodista sonorense Jiménez Mota.
A mediados del 2005 dos hermanas, Johana y Elba Palma, de Ciudad Obregón, denunciaron que habían sido secuestradas; acusaron del plagio al grupo de Parra Enríquez y dijeron haber escuchado de sus captores los nombres de Jiménez Mota y Tapia Chan.
Otros trabajos periodísticos, como el de RioDoce en Culiacán, señaló estos nombres y estos vínculos. De acuerdo al periódico, en 2007 recibieron un documento donde les expusieron una versión similar, con datos semejantes y personajes parecidos. También el semanario Proceso en un reportaje publicado en febrero del 2007, mostró el testimonio de un informante que reveló datos coincidentes.
Bajo ese fundamento, un sector de la prensa sonorense se ha mostrado cauteloso con el reciente documento entregado al Gobernador Bours.
Escribir con miedo
Después de la desaparición de Alfredo Jiménez en abril del 2005, el diarioEl Imparcial tomó una serie de medidas, como el restringir la publicación de investigaciones sobre el narcotráfico, limitándose a difundir datos aportados desde diversas corporaciones públicas. También elaboraron una política de trabajo que tiene que ver con la protección a los reporteros de esa casa editora. La sede de periódicos Healy que en Tijuana publicaFrontera y en Mexicali La Crónica, dotaron a reporteros y fotógrafos de chalecos antibalas.
Desde su silla de Director Editorial del diario El Expresso, Martín Holguín comentó cómo fueron convocados de urgencia la tarde del lunes 10 a una reunión con el gobernador Bours Castelo.
Ahí se les explicó lo sucedido y se les entregó una copia de la carta-denuncia.
Al día siguiente, sólo El Expresso y el diario Critica publicaron íntegro el documento.
“Nosotros decidimos publicarla porque consideramos que era de alto interés para la gente saber lo que decía esa carta”, expone Holguín y según su versión, el Gobernador les dijo que éste podría ser el inicio de una campaña más en su contra.
“La sociedad no reaccionó, no dijo nada, la sociedad supo de la carta pero no hubo grandes reacciones”, explica el director de El Expresso y amplió:
“Es una situación delicada, pero también es mucho dimes y diretes, mucho chisme. Yo en lo personal no le hago mucho caso a esos comunicados.”
–Pero ustedes lo publicaron…
“Lo publicamos porque creo que era importante, él (Gobernador) dice que le están armando una campaña y aquí está lo que dicen...”
Sobre el tema de la cobertura del narcotráfico, Martín Holguín explicó: “Es un tema complicado eso del narco, tratarlo es un tema complicado, tanto como meterse a investigar; no. Creo que es función de la autoridad, nosotros publicamos los resultados que ellos tienen…”.
Más aún, se sinceró:
“Mira, nosotros no vamos a llegar a nada y solamente ponemos en riesgo a los reporteros. Publicamos lo que las autoridades investigan.”
Las voces civiles son escasas. Una de ellas es la de Othoniel Ramírez, quien encabeza un organismo civil denominado Tribunal Ciudadano.
“No hay muchos grupos ciudadanos independientes, la mayoría empiezan simulando que son ciudadanos y agarran cierto auge y luego caen en las redes de la corrupción”, dijo de entrada.
Se le pone el ejemplo de los empresarios, que en otros lares son voces críticas, pero no aquí en Sonora: “Aquí están muy solidarizados con el poder que es muy generoso con ellos, les concede todo, es a los que sí escucha, que sí atiende”.
Sobre el tema de la inseguridad, Ramírez analizó:
“Se ha venido agudizando y cada vez se ha venido convirtiendo, de un espacio tranquilo, en un estado riesgoso ya por los grupos delictivos que se han establecido en nuestro estado. Y como dicen los medios nacionales, están recibiendo respaldo del gobierno, hay relaciones ya expuestas a nivel nacional de este gobierno con grupos delictuosos, con el narco específicamente“.
El integrante de Tribunal Ciudadano califica de hábil la medida tomada por Bours y su equipo de dar a conocer el documento antes de que saliera por otro lado. Y sobre los señalamientos, coincide, no es la primera vez que emergen éstos, con los mismos nombres.
“Y es que aquí llegamos a un estado de incredulidad en la aplicación de la justicia, ya sabemos que los enemigos de la sociedad y del ciudadano, la amenaza número uno son los grupos policíacos y los de procuración de justicia“.
La otra parte tiene que ver con la respuesta represiva a lo que han sido varios movimientos sociales, como la de los choferes encarcelados o grupos ecologistas que se han opuesto a un proyecto en la zona conocida como Villa Seri. Y sobre la prensa local, finalmente opinó:
“Hay un control muy estricto de la prensa aquí en la capital, el único medio que le hace contrapeso es El Imparcial, de ahí en fuera los otros están, en su inmensa mayoría, están recibiendo subsidios y mochadas y son sus adoradores…”
Miedo no, pavor
De los 33 diputados locales, el PRD ocupa tres escaños, uno de ellos el de la diputada sonorense Petra Santos, quien considera que hay un gran temor entre la población, dividido entre el miedo a los narcos y al gobierno.
Mencionó hechos violentos como el sucedido en Cananea en noviembre 2007, y otros que se han venido sucediendo, contra la versión del Procurador que dice que todo está bien.
“ Se ha desatado más la corrupción, se ha desatado más el control de los grupos y aquí en Sonora, gente que se atreve a denunciar, periodistas, los vemos que los matan, o los desaparecen que es lo mismo. Como el caso de Alfredo que tiene mil y tantos días y no se sabe nada.
Sobre la carta-denuncia, comentó:
“Se dijo que habían intervenido personajes, yo no puedo asegurarte, que participaron muchas gentes que están ahora en el gabinete de Bours, se ha señalado mucho al Procurador, al hermano, sin tener las pruebas es arriesgado de mi parte decirte, pero esto es una vox populi..”
La diputada perredista insistió en que debe investigarse toda esta situación y sobre la violencia, aunque dice que a veces baja, ha habido meses que en Sonora han estado “como en Tijuana y Mexicali.”
De las escasas voces exigentes, mencionó el ejemplo de los empresarios, quienes sólo reclamaron cuando a varios de ellos les secuestraron a sus hijos, pero hasta ahí.
“Aquí no se han llegado a los niveles como Baja California, Sinaloa, pero no quiere decir que estén bajos esos niveles. Aquí en Sonora hay un gran pavor de inmiscuirse, ni con narcos ni con el gobierno.”
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