Secuestradores detenidos pertenecen a células del CAF y no son relacionados.
PROCURADURÍA NO INVESTIGA
Oficialmente con 365 agentes destinados a la investigación en Tijuana, La Procuraduría General de Justicia de Baja California, no logra concretar o dar seguimiento a investigaciones que lleven al desmembramiento de las células del cártel Arellano Félix, por lo menos en lo que a secuestros y robos se refiere. Algunos de los detenidos recientemente, son identificados, por víctimas y por policías extraoficialmente, como peligrosos plagiarios que sirven a dos bandas del cártel de las drogas.
Investigaciones ZETA
Las últimas detenciones de secuestradores, realizadas en mayor parte por la Policía Municipal de Tijuana, están exhibiendo la ausencia de investigación en la Procuraduría General de Justicia de Baja California.
Además, la evidente descoordinación policíaca.
Por lo menos tres integrantes de dos diferentes bandas relacionadas con el secuestro que fueron detenidos por la municipal, tienen fuertes nexos con el crimen organizado, particularmente con las células del cártel Arellano Félix que lideran Armando “El Gordo” Villarreal, y el sicario Filiberto Parra Ramos “La Perra”.
Información policíaca proporcionada a ZETA de manera extraoficial, señala que los jóvenes detenidos el 22 de mayo por secuestro, y llamados Érick Gutiérrez Buenrostro (19), Daniel Espinoza Campos (21), y Edgar Gustavo Escamilla, estarían relacionados a través de éste último, al grupo de Armando Villarreal. Incluso mencionaron que la clave de Escamilla es “Alfa 23 Poncho”.
De igual manera, mencionaron los informantes, que los aprehendidos el 27 de mayo cerca del Palacio Municipal de Tijuana, e identificados como Jorge Luis Arellano, Víctor Manuel Hernández Barraza, Saúl Arnoldo Jacobi Quijarro y José Ramón García García, bien podrían llevar a la ubicación de Filiberto Parra Ramos “La Perra”. Pues tienen indagaciones extraoficiales que los ubican en esa célula subordinada del cártel.
Sin embargo, estos dos casos no han sido relacionados con el crimen organizado. Los primeros detenidos, los tres hombres del 21 de mayo, sí fueron consignados a la Penitenciaría de Tijuana, mientras los aprehendidos el 27 de mayo en la Zona Río, únicamente están siendo procesados por el delito de extorsión. Dado que las jóvenes que se presumieron secuestradas en un inicio, declararían después lo contrario, pero sí los acusaron de extorsionarlas. De hecho, la investigación de extorsión se amplió hacia dos ministeriales del estado que también estarían involucrados por entorpecer las indagatorias, así como en contra de un abogado que ofreció quince mil dólares a una de las mujeres por desistirse de la denuncia.
La información que relaciona a los secuestradores o presuntos plagiarios ahora, con el crimen organizado, y que fue proporcionada por policías en el anonimato, da cuenta de la falta de coordinación entre las autoridades policíacas para perseguir el delito, y lo más importante, para hilar investigaciones hasta dar con los causantes de la inseguridad en Tijuana.
La ausencia de un entendimiento y estructuración de investigaciones centrales que liguen los distintos hechos delictivos con las células del CAF, es el uno de los principales orígenes de la impunidad. Dado que no existen antecedentes, ni organigramas, mucho menos pesquisas que unan unos casos a otros, los aprehendidos son juzgados en ocasiones por delitos que con el pago de una fianza pueden quedar en libertad.
La justificación en la Procuraduría General de Justicia del Estado para no ir al fondo en este tipo de investigaciones, es que de los 965 policías investigadores con los que cuenta la corporación, sólo 365 operan en Tijuana, lo que a decir de funcionarios consultados por ZETA retrasa el trabajo que lleva a cabo la dependencia e impide que las indagaciones se hagan con dedicación y empeño.
La mala estructuración de una investigación es muchas veces la acción que tiene como consecuencia que de cada 10 detenciones que realizan las corporaciones policiacas y militares, un promedio de cuatro son desechadas por los agentes del Ministerio Público, pues a consideración de los representantes sociales no existen elementos para consignar a los detenidos.
Por ejemplo, del 19 de abril al 29 de mayo, la policía municipal de Tijuana turnó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a 28 personas presuntamente relacionadas con el delito de privación ilegal de la libertad.
De este total, sólo nueve fueron consignados por delito señalado, otras seis salieron en libertad y sin ningún cargo; cuatro fueron acusados de extorsión y pueden pagar fianza, dos fueron turnados a un Juez por robo y delitos sexuales, tres más salieron bajo fianza y en cuatro casos no hay registro de haberse turnado.
Los nueve consignados por el delito de privación ilegal de la libertad son: Édgar Gustavo Escamilla Campos, Daniel Espinoza Campos, Érick Gutiérrez Buenrostro, Daniel Zamora Hernández, Paulino López Díaz, Javier Pérez Mejía, Víctor Hugo Hernández Vázquez y Antonio “N”, un menor de 17 años de edad.
Los dos consignados por delitos sexuales y robo son: Pedro Rambles Torres y Christian Salcido Flores. En tanto, los nombres de las cuatro personas que pudieran alcanzar fianza por el delito de extorsión son: José Ramón García García, Jorge Luis Arellano García, Saúl Arnoldo Jocobi Quijarro y Víctor Manuel Hernández Barraza.
A estos perfiles de impunidad se suma el hecho que aun cuando Tijuana se encuentra catalogada como una de las ciudades más violentas del país, la Procuraduría no cuenta con una base de datos de las organizaciones criminales que confluyen en el Estado.
Con todo, Rommel Moreno Manjarrez, procurador de Justicia del Estado, se justificó informando que actualmente se elaboran los “perfiles criminales” de los delincuentes detenidos: “Es una labor que hemos venido realizando en la actual administración y de alguna manera activando. Teníamos una información general, histórica de la Procuraduría, pero era información que no estaba clasificada ni codificada, de tal suerte hoy estamos estructurando la base de datos de la PGJE”.
Obviamente el funcionario estatal está consciente de la necesidad de crear estos sistemas de información a raíz de las investigaciones, para lograr llegar a la raíz del crimen organizado en Baja California, particularmente en Tijuana. Sobre todo considerando la “involución” de los delitos, en donde los narcotraficantes se están avocando y dedicando al secuestro, al robo de vehículos y a otras actividades.
Entrevistado sobre el número de policías investigadores con los que cuenta la Procuraduría de Justicia en la ciudad de Tijuana, el Funcionario informó que de los 965 agentes distribuidos en el Estado, 365 operan en esta localidad fronteriza.
--¿Son suficientes estos elementos para investigar los delitos que se cometen en Tijuana?
“Nunca serán suficientes para combatir el problema. Estamos en un estado muy complejo donde hay tráfico de drogas y tráfico de indocumentados. Además no sólo es un estado de trasiego sino que cuenta con ciudades con problemas de adicción. (A nivel nacional) Tijuana cuenta con el tercer lugar en cuanto al consumo de anfetaminas y Mexicali con el quinto en el consumo de enervantes. A esto se suma la guerra que existe con los cárteles (de la droga)”.
Salvador Ortiz Morales, subprocurador de Justicia de Tijuana, lamentó que existan tan pocos agentes para investigar los delitos que se cometen en la ciudad.
“Actualmente los recursos no son los que quisiéramos tener, pero lógicamente así trabajamos. Hay agentes muy experimentados y en un momento dado ellos tienen sus líneas de investigación y tratan de responder a las demandas de la ciudadanía”.
No obstante, el Funcionario advirtió que si en estos momentos se pudiera “duplicar el número de agentes que actualmente conforman los grupos, realmente lograríamos impactar a la comunidad”.
Aun cuando sostuvo que las investigaciones son la piedra fundamental para lograr sentencias justas y condenatorias, actualmente, ante la falta de elementos, se tiene que asignar un expediente a cada pareja de policías.
Lo anterior representa que a cada pareja de ministeriales les tengan que asignar un promedio de 299 casos al año, si tomamos en cuenta que en el 2007 la PGJE inició 54 mil 577 averiguaciones previas por la comisión de delitos de alto y mediano impacto.
Ortiz Morales reconoció que un gran porcentaje de casos que son turnados por corporaciones como la Policía Municipal y Estatal, tienen que ser desechados por el agente del Ministerio Público, pues no existen elementos para consignar a los detenidos.
“Ellos cumplen su función y nos envían a los detenidos, en donde tenemos que ser cuidadosos es en no hacer prejuicios, es decir de juzgar anticipadamente, hay que esperar a que las investigaciones vayan dando frutos y ya en su momento actuar conforme a derecho”.
--¿Lo mismo ocurre con el Ejército?
“El Ejército está cumpliendo su función y lo aplaudimos, pero recordemos que ellos están trabajando en un esquema de denuncia anónima y cuando ellos llegan a los eventos inmediatamente no los hacen saber a las autoridades… Sin embargo no todas las denuncias anónimas resultan en la comisión de algún delito”.
A puerta cerrada, empresarios en Mexicali
Ningún reclamo
Esta vez a puerta cerrada para los medios de comunicación, el Procurador General del Justicia del Estado (PGJE), Rommel Moreno Manjarrez estuvo como invitado en el desayuno informativo de la Coparmex Mexicali.
En una rueda de prensa posterior a la plática con empresarios, el procurador dijo que en Mexicali actualmente no hay ninguna persona secuestrada. Indicó que existe la disposición del sector empresarial para colaborar y escuchar sobre los problemas torales en la procuración de justicia. Los empresarios no hicieron ningún reclamo al responsable de la procuración de justicia en el estado, según respondió Moreno Manjarrez: “Absolutamente ningún reclamo, fue un trabajo de entendimiento, fue una colaboración conjunta, me parece que más que los reclamos son simple y sencillamente la necesidad de estar juntos, creo que fue una reunión de primer orden, es una reunión de alianza, de conjunción de esfuerzos y en ese sentido es que se desarrolló este evento.”
El presidente de la Coparmex Mexicali, Jonathan Díaz Castro, dijo que una de las cosas que están descubriendo es la diversidad de funciones que cada institución tiene para deslindar responsabilidades en cada competencia. “Y una vez que nosotros definamos las expectativas de cada uno de ellos, a través de las mesas de seguridad buscar estos seguimientos, no podemos simple y sencillamente hablar que queremos una mayor seguridad o de que no queremos secuestros, o de cosas muy generales que no nos llevan ningún lado; consideramos que tenemos que pedir cosas más claras, tener que ser más específicos y fijarnos metas muy fáciles de verse si se cumplieron”. Agregó no estar conforme con el trabajo de procuración de justicia ni de prevención del delito.
El líder de Coparmex explicó que a muchos miembros “les preocupa verse exhibidos, les preocupa hacer una pregunta que después se pueda entender mal, la gente en un momento dado, algunos tienen miedo, entonces cuando se va tocar un tema de éstos, muchos de nuestros socios nos piden que no haya medios porque se sienten intranquilos”.
A esa misma hora y en el mismo hotel sede, los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), escucharon al Director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Alonso Méndez; charla informativa donde sí hubo acceso a medios de comunicación. (Luis Arellano)
Nuevo Subdelegado de la PGR en Mexicali
Jorge Rodríguez Velásquez
A partir de este lunes 26 de mayo despacha en Mexicali como Subdelegado de la Procuraduría General de la República, el licenciado en derecho egresado de la UNAM Jorge Rodríguez Velázquez. La designación fue anunciada como parte de la rotación al interior de esa dependencia. Rodríguez sustituye en el cargo a Marco Antonio Valdez López, pero no es nuevo en Baja California, hace diez años, de 1997 a 2000, fue subdelegado cuando el General José Luis Chávez era el Jefe de la Delegación en el estado. Luego de su estancia en esta entidad, Rodríguez Velázquez fue trasladado a la Ciudad de México donde fungió como Asistente en la Fiscalía Especial contra la Piratería. También estuvo en el Estado de México como Coordinador de la Agencia en Naucalpan y en junio de 2006 regresó a Baja California, donde ha estado como Subdelegado en Ensenada y Tijuana, de donde fue trasladado a partir de esta semana a la Subdelegación de Mexicali. (Sergio Haro Cordero)
Investigan la balacera en Ensenada
Policías hirieron a policías
Lo que se alertó como una balacera entre policías y criminales, ha terminado en una investigación por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, por abuso de autoridad y lesiones con arma de fuego, delitos supuestamente cometidos por agentes Ministeriales y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) contra ciudadanos de Ensenada y elementos de las mismas corporaciones policiales.
Durante un operativo de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) contra personas que se refugiaron en una casa luego de ser perseguidas por los elementos policiales, uno de los agentes accionó su arma y lesionó imprudentemente a tres civiles y a dos de sus colegas en la colonia Lomitas Indeco.
Antes, de acuerdo con la versión de testigos de los hechos ocurridos el domingo 25 de mayo, los agentes ingresaron sin orden de cateo al domicilio en donde se refugiaban los fugitivos. Ahí lanzaron piedras y otros objetos a la casa, hasta que uno de los policías accionó el rifle de alto poder que portaba, provocando lesiones a los civiles y a sus colegas.
Posteriormente, con violencia y provocando pánico entre pacientes, enfermeras y médicos, agentes de las BOM ingresaron a las instalaciones de la Cruz Roja en Ensenada para detener a los tres civiles heridos.
Rubén Rosiñol Monge, presidente del consejo directivo de la benemérita institución, dijo que pidió al secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel de la Rosa Anaya, respeto para las instalaciones, pacientes, personal médico y administrativo del organismo, pues la incursión policial representó un peligro para la seguridad de la Cruz Roja y una violación a su normatividad internacional.
La licenciada Lidia Gallegos, subprocuradora estatal de Justicia en Ensenada, identificó a Daniel Antonio Márquez y Rodolfo Pérez Martínez como los agentes de la Policía Ministerial que fueron heridos con fragmentos de bala. Los civiles heridos son Ulises Jiménez Cruz, Mario Ramón Velasco Jiménez y Miguel Ángel Velasco Jiménez. Los cinco lastimados fueron reportados con lesiones que no ponen en peligro sus vidas.
Gallegos reveló que se hicieron pruebas especiales a los policías y a los detenidos que estuvieron involucrados en los hechos, para determinar quién detonó armas de fuego el día de los acontecimientos.
Según la funcionaria todo empezó cuando los integrantes de las fuerzas policiales hacían un recorrido por las calles de la colonia Popular 89 e identificaron a un sospechoso, que hizo caso omiso a la orden de detenerse para revisión. Se dio la persecución hasta el domicilio indicado en Lomitas, en donde se realizó el enfrentamiento.
Para Alejandro Velasco, hermano de dos de los civiles heridos, la agresión policial contra sus familiares tiene su origen en una demanda que éstos interpusieron el año pasado en contra de agentes de la PEP, quienes allanaron su hogar y los acusaron de cometer delitos contra la salud sin que el juez determinara la responsabilidad de los inculpados.
Cuando uno de los hermanos demandó penalmente a los policías por esos hechos —averiguación previa número 378/007—, éste recibió amenazas de los agentes involucrados si no retiraba su denuncia. Como no lo hizo, se dio el evento del 25 de mayo. (Javier Cruz Aguirre)
Víctima acusa a autoridades y señala extorsión.
Se va de Tijuana
Después de que cuatro hombres irrumpieron su departamento la noche del 26 de mayo, la mujer de 21 años que fue víctima de extorsión decidió huir de Tijuana por el temor a represalias tras haber hecho públicos los sucesos de los que fue víctima.
La joven relató a ZETA que los hechos iniciaron en su departamento ubicado en Zona Río, mientras se encontraba festejando su cumpleaños acompañada de cuatro amigas, cuando los agresores con gritos y empujones entraron en el lugar exigiendo un “pago por plaza”, lo que significa el pago semanal de una cuota por el servicio de protección a la persona y sus pertenencias.
Una mujer con la que comparte el departamento, fue la que al escuchar los gritos dio aviso a las autoridades, mismas que llegaron al lugar media hora después. Posterior a la primera declaración hecha la madrugada del martes 27 de mayo y permanecer hasta las seis de la mañana en una celda junto con sus cuatro amigas, expresó que fue extorsionada por un abogado, quien ingresó a su celda ofreciéndole 15 mil dólares si se retractaba la declaración previa.
La mujer informó que los cuatro detenidos permanecen desde el lunes en la Procuraduría General de la República (PGR), “a mí me dijeron que estas personas van a salir libres, y hasta declararon que pasaban droga al otro lado”, expresó. Tras exponer su caso ante el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, el cual se encontraba en una asamblea de propuestas ciudadanas en contra de la inseguridad en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio CANACO, fue turnada a la Policía Ministerial, en donde reafirmó su declaración, “me amenazaron y me dijeron que me iba morir si no cambiaba mi versión”, añadió.
Además de que se le negó el apoyo de un abogado, alegando que si no se dejaba de “jaladas” la encerrarían en tanto no dijera “la verdad”. La afectada expuso a ZETA que estuvo incomunicada de familiares y amigos hasta las 12 de la noche, siendo agredida verbalmente por funcionarios de la policía ministerial. “Si alguien llegan hasta tu celda para ofrecer dinero por callarte la boca, ¿qué podemos esperar de las autoridades?”, dijo asustada.
La afectada piensa salir del país en días próximos, ya que no cuenta con protección de ningún tipo y teme por su seguridad y la de su familia; igualmente es el caso de las amigas que vivieron tal situación, quienes ya abandonaron la ciudad. Por último, exhortó a la ciudadanía a denunciar cuando sean víctimas de delitos, “hagan denuncias anónimas para que no se perjudiquen como yo”.
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