Su nombre no aparece en el portal de transparencia del Gobierno del Estado. No se sabe cuánto le pagan, pero sí que desde hace algunos meses, Iván Alejandro Ortega Colmenares se encuentra en Baja California trabajando para el gobierno.
En el mundo del combate al crimen organizado se le conoce como "Comandante Simón" y a él se le adjudica haber disminuido el delito de secuestro en Sinaloa, a partir de 2001.
Información extraoficial indica que el Secretario de Gobierno, Francisco Blake Mora, lo encontró en un viaje oficial, y el venezolano de nacimiento lo convenció de que podía disminuir el delito de secuestro en Baja California.
Así se lo trajeron al Gobierno, pero no lo dieron de alta oficialmente, al menos no aparece en la documentación que acredita a todo el personal, de confianza y de base, que labora en el Gobierno del Estado.
Tampoco se le ubica en la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de Rommel Moreno Manjarrez. Se dice, también de manera extraoficial, que trabaja directamente para Francisco Blake Mora, el Secretario general, y que comanda un grupo de uniformados que buscan combatir, fuera de la estructura oficial de procuración de justicia, el secuestro.
"El Comandante Simón" es hoy punto de conflicto entre el área de seguridad del Gobierno, la Procuraduría , y las áreas políticas de esa estructura, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Iván Ortega Colmenares se ha convertido en el as bajo la manga de Blake Mora y Daniel de la Rosa Anaya , para encontrar resultados y deshacerse de la presencia del Procurador Rommel Moreno.
Este conflicto ha dividido el combate al crimen:
1.- Por un lado, la Procuraduría de Justicia cuenta con un grupo antisecuestros bajo su estructura, que está laborando normalmente; de hecho fueron ellos y no otros, quienes rescataron de sus plagiarios a la maestra secuestrada en el fraccionamiento Soler.
2.- Por otro lado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad tienen un grupo antisecuestros extraoficial comandando por Iván Ortega, que responde a sus órdenes pero que no cuenta con una estructura legal para perseguir el delito de secuestro.
Dos fuerzas dentro de un mismo gobierno combatiendo el mismo delito en circunstancias diferentes, todo, debido a las rencillas que los panistas encabezados por Francisco Blake Mora y Daniel de la Rosa Anaya enfrentan con el Procurador del Estado.
Se sabe, también extraoficialmente, pues todo lo que rodea la participación de Ortega Colmenares se maneja así, que el grupo encabezado por el naturalizado mexicano solucionó el secuestro de la esposa del dueño de una tienda de ropa y artículos deportivos, y el de un empresario del ramo automotriz.
Sin embargo, aún con la participación del "Comandante Simón", el delito de secuestro no ha sido disminuido; actualmente, familiares dan cuenta del plagio de sus seres, por lo menos en quince casos, entre ellos el del dirigente transportista, Gregorio Barreto Luna, a quien incluso se comentó en las oficinas de gobierno, han comenzado a mutilar los plagiarios, para enviar a su familia pruebas de vida a cambio de pagar el monto del rescate.
De la gloria al anonimato
Polémico, "El Comandante Simón" se presentaba encapuchado de cara y vestido con uniforme camuflado estilo militar. Armado hasta los dientes.
Su historia transitó del éxito al anonimato.
Pasó de ser el héroe de la Unidad Especializada Antisecuestros de Sinaloa, a un ex funcionario que aparte, vendía equipo y asesoría a la policía para la que trabajaba.
Muchos reportajes nacionales e internacionales dieron cuenta del "Comandante Simón". Que disminuyó de 60 a 30 los secuestros en un año, que encarceló a más de 70 secuestradores y que rescató a cientos de sinaloenses de las garras del plagio.
Polémico, protagónico, Iván Ortega Colmenares vendió su éxito entre la población sinaloense. Muchos de los rescatados lo llevaron a sus hogares, con sus familias le hicieron fiestas, y él apareció en fotografías y transmisiones de televisión festejando el éxito.
Se sabe que trabaja con un equipo anónimo, con buena paga y tecnología de punta para defenderse y rescatar a los plagiados. Que reclutó a jóvenes de las universidades, y que con su experiencia, en el año 2000 únicamente se realizaron ocho secuestros en el estado.
Venezolano de nacimiento se naturalizó mexicano en el año 2002.
Antes de llegar a Sinaloa, estuvo en Chihuahua, donde vendía cursos y equipo de inteligencia al grupo antisecuestros de aquel estado gobernado entonces por Patricio Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. De hecho allá se encontraba como asesor, cuando al gobernador de Sinaloa, Juan Sigfrido Millán, le fue recomendado para acabar con el problema del secuestro.
En febrero de 2001 llegó a Sinaloa y creó la Unidad Especializada Antisecuestros y comenzó a dar resultados. Inició bancos de datos con información de los secuestradores, como voces, caligrafía, manera de operar, casas de seguridad y miembros.
Así poco a poco fue conociendo la operación de las bandas de plagiarios, hasta identificarlos y acudir al rescate de las víctimas. La sociedad le tuvo la confianza para denunciar los secuestros.
Hasta que comenzó a comentarse entre la sociedad sinaloense, que Ortega Colmenares recibía dádivas económicas de los secuestrados liberados por él y su equipo. También se corrió la información de que tenía dos empresas, una de ellas llamada Safeguard, que estaban a nombre de su esposa y hermano, y que desde las mismas vendía equipo de inteligencia y asesoría al estado de Sinaloa para el que trabajaba.
De hecho, funcionarios en la administración de José Guadalupe Osuna Millán comentan que Francisco Blake encontró a Ortega Colmenares cuando éste le hizo una oferta de herramienta y asesoría; así se lo trajo a Baja California.
Esta situación de las compensaciones que, se dice, le otorgaron las familias de los liberados, y la venta de equipo al gobierno, no fue del agrado de parte de la sociedad; medios de comunicación en aquel estado refirieron que quizá pudo ser la causa de la salida del "Comandante Simón" de Sinaloa.
Lo cierto es que de un día a otro, ya no apareció en la escena pública. Hasta que se conoció de su renuncia en diciembre de 2002, por motivos personales.
Anti secuestros dividida
Con estos antecedentes, en la práctica, el Gobierno del Baja California encabezado por el licenciado José Guadalupe Osuna Millán tiene dos equipos para combatir el secuestro.
Uno, responsabilidad del Procurador del Estado Rommel Moreno Manjarrez y el segundo, bajo la tutela del Secretario se Seguridad Pública del Estado, Daniel De la Rosa Anaya y del Secretario General de Gobierno, José Francisco Blake Mora, que trabajan a dúo.
El licenciado Osuna Millán ha permitido que las diferencias entre los miembros de su gabinete lleguen al extremo de dividir esfuerzos y recursos destinados para el combate de las privaciones de la libertad, delito que según las estadísticas, desde hace tres años, usualmente se va al alza cuando frenan los homicidios en la entidad.
Las familias de las víctimas ya percibieron la división.
Los primeros reportes se expusieron alrededor del mes de agosto. "Se trajeron a Iván, el venezolano que estuvo trabajando en el Grupos Antisecuestros en Sinaloa", dijo un agente se seguridad, amigo de un hombre secuestrado.
El asunto que estaban abordando era el de un empresario con negocios en Tijuana y Mexicali que fue privado de la libertad, liberado para que siendo el administrador de los bienes familiares, pagara por su vida y la de su esposa, quien fue secuestrada posteriormente a su liberación.
Un asunto cuya "solución" fue presentada ante el Gobernador Osuna como obra de Iván Colmenares, sin embargo fuentes de la misma secretaría de seguridad estatal revelaron en aquel momento: "El señor no dejó que nadie se metiera, estuvo muy raro, se supo de un asunto de deudas y después, en menos de dos semanas, que la señora estaba libre y en buen estado porque el señor pagó".
Fuentes de la Procuraduría agregaron: "Lo que se había manejado es que ofreció sus servicios como negociador para pagar el secuestro, no para rescatar a la víctima".
La información que se ha dado de manera no oficial es que Colmenares fue contratado como asesor para el tema de seguridad, como parte de esa negociación, el gobierno Bajacaliforniano compró a las empresas de su esposa y su hermano equipo para intervenciones e inteligencia policiaca.
"Sabemos que cuando se conoce de una privación Iván llega después que los agentes del Grupo Antisecuestros diciendo que va de parte del Gobierno del Estado, que en la Procuraduría están corrompidos y que él les puede ayudar. Cuando regresan los ministeriales, los ciudadanos se niegan a cooperar con corruptos".
Hasta donde se pudo averiguar, Iván Colmenares, efectivamente está cooperando con el estado bajacaliforniano, el problema es que después de varios meses, sueldos de asesorías compras de equipo a sus empresas, la autoridad continúa sin definir cuál es su posición jurídica, sus facultades y responsabilidades.
Ni siquiera se conoce con qué equipo está operando, no tiene facultades para solicitar información ni a las empresas, ni a los bancos de datos del sector oficial. "Sólo puede estar funcionando como negociador del dinero a pagar porque no le han asignado fuerza operativa para implementar rescates", informaron.
A la fecha, tampoco han puesto a la Policía Estatal Preventiva a su servicio.
El equipo de inteligencia sería el que pudiera estar usando, porque el recurso se retiró del presupuesto de la PGJE , por lo que asumen que se compró hace meses y no lo han recibido.
De tal suerte que al final se tiene dos equipos pero ninguno con el equipo o las facultades completas que le permitan combatir el problema de manera integral.
Al final los implicados están esperando que el Gobernador decida y forme un sólo grupo efectivo tomando las medidas y reformando las leyes que sean necesarias: llevarse antisecuestros a la secretaría de seguridad, o dejarla en la PGR , contratar nuevos investigadores o aprovechar algunos de los que tiene.
Las herramientas que le permitan darle a Colmenares el nombramiento oficial que le permita integrar una base de datos de las bandas criminales y sus familias, si es lo que busca.
Lo que vaya a decir tiene que hacerlo efectivo, para integrar a un solo equipo eficiente, porque ante la pérdida de recursos, invariablemente, los grupos delictivos usan el secuestro para abastecerse, situación que no tarda en detonar, según los mismos policías locales.
Actualmente, "Iván" está detectado como el negociador en el caso de Gregorio Barreto, que lleva más de un mes secuestrado.
Además surgió la primera queja en su contra; fue señalado por las familias de un ferretero que lleva varios meses secuestrado, de haberles solicitado dinero por su asesoría. La situación es que precisamente como el estado no tiene definida su posición, las familias de las víctimas no pueden saber si el gobierno le está pagando por ese trabajo o sólo lo está recomendando.
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Según PGJE: Secuestrador se suicidó antes de ser detenido
La información proporcionada por testigos y la imprevista captura de un hombre armado, permitió la detención de una supuesta célula de secuestradores vinculados con integrantes del llamado Cártel Arellano Félix (CAF).
Se les relaciona con el secuestro de una joven de 24 años de edad, quien el viernes 17 de octubre fue privada de su libertad cuando llegaba al Colegio Cadi ubicado en el Fraccionamiento Soler.
Rommel Moreno Manjarrez, procurador de Justicia del Estado, reveló que los datos proporcionados por testigos, así como la detención de una persona armada que al percatarse de la presencia de los policías trató de darse a la fuga, derivaron en la captura de la presunta célula de plagiarios.
"Dicho sujeto dijo llamarse Julio Curiel García, de 19 años de edad, quien al ser cuestionado sobre la portación del arma manifestó que ésta se la acababan de entregar, asimismo el revisar el vehículo Cherokee (en que viajaba), los agentes ministeriales detectaron que coincidía con las características del vehículo que participó en los hechos relacionados con el secuestro del 17 de octubre".
Durante el interrogatorio, Curiel García cayó en varias contradicciones, pero reconoció "que trabajaba para gente que se dedicaba a levantones y secuestros" y que efectivamente había participado en el secuestro de una mujer en el Soler.
El detenido proporcionó la dirección de tres viviendas donde presuntamente se encontraban algunos de sus cómplices, así como la mujer plagiada.
Según el Procurador, tras el secuestro de la joven, "la familia de la víctima recibió una llamada telefónica donde les exigían un millón de dólares por su liberación, o de lo contrario amenazaron con matar a la mujer".
En el primer cateo realizado en el Fraccionamiento Santa Fe, la Policía Ministerial ubicó a Amador González Soto, "El Chava", de 20 años de edad, quien fue identificado por Curiel como uno de sus cómplices.
Además, en el interior del inmueble localizaron un arma calibre .223 (AR-15), así como un chaleco antibalas con la leyenda PGJE.
Por su parte, González Soto declaró que conocía la "casa de seguridad donde se mantenía privada de la libertad la joven mujer", misma que se ubica en la Avenida La Tienda número 20979-C del Fraccionamiento Virreyes.
Al arribar a la vivienda, se detuvo a José Manuel Revilla Calderón, "El Chilango", de 23 años de edad, quien manifestó a los agentes que en uno de los cuartos de la planta baja se encontraba la víctima del plagio.
"De inmediato se logró localizar a la joven en una de las recámaras. Ella se encontraba tapada de los ojos y recostada sobre el piso sumamente nerviosa, pero físicamente bien", reveló Moreno Manjarrez.
Durante los cateos, un cuarto cómplice fue ubicado por la PGJE. Se trata de Mario Sandoval Pineda, "El Güero", quien según la dependencia se suicidó antes que ser capturado.
Además de los dos inmuebles, la camioneta y el rifle AR-15, la Procuraduría decomisó: Una pistola tipo escuadra calibre .45 y una pistola escuadra calibre 5.7 por 28, de las conocidas como "Mata Policías", por su capacidad de atravesar los chalecos antibalas que utilizan los agentes.
El Procurador Moreno Manjarrez informó que de acuerdo con las declaraciones desprendidas hasta el momento, la dependencia a su cargo estableció que los detenidos pertenecen a una célula del "CAF" vinculada con actividades de narcotráfico y secuestro.
"Los tres detenidos serán consignados y puestos a disposición del Juez Penal en turno por la posible comisión del delito de secuestro agravado, y en contra de quienes se solicitará la aplicación de la pena máxima de prisión, que es de 50 años".
Un estudio elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señala que en Baja California se cometen 8.47 secuestros por cada 100 mil habitantes, mientras que en el Distrito Federal la cifra se ubica en 5.78 privaciones. ( Francisco Sandoval Alarcón )
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Privaciones de la libertad de octubre
Núm.
Nombre
Día
Hora
Lugar
Ciudad
Privación ilegal
1
Sin identificar Hombre
Octubre/2
04:15
Macroplaza
Tijuana
Privación ilegal de libertad
2
Sin identificar Mujer
Octubre2
6:45
Blvd. Rosas Magallón
Tijuana
Privación ilegal de libertad
3
Julio Fernández Ramírez
Octubre/2
02:30
Col. Internacional
Tijuana
Privación ilegal de libertad
4
Yahir Aguilar Moreno
Octubre/2
02:30
Col. Internacional
Tijuana
Privación ilegal de libertad
5
Gregorio Barreto Luna
Octubre/2
04:39
Macroplaza
Tijuana
Privación ilegal de libertad
6
Sin identificar
Octubre/3
De día
Calle Belice La Mesa
Tijuana
Privación ilegal de libertad
7
José Rangel Flores
Octubre/8
04:50
Col. Constitución
Rosarito
Secuestrado (Ejecutado)
8
Fernando González
Octubre/8
04:50
Col. Constitución
Rosarito
Secuestro
9
Si identificar
Octubre/9
06:00
Col. Constitución
Rosarito
Privación ilegal de libertad
10
Si identificar
Octubre/9
06:00
Col. Constitución
Rosarito
Privación ilegal de libertad
11
Sergio Jesús Márquez
Octubre/10
02:00
Libramiento Rosas Magallón
Tijuana
Levantado (Ejecutado)
12
Sin identificar
Octubre/11
17:00
Caseta de Cobro Ros-Ens.
Rosarito
Levantón
13
Sin identificar
Octubre/11
De día
Calle Ensenada
Rosarito
Privación de libertad
14
Priscila Gutiérrez Soler
Octubre/17
07:45
Fracc. Soler
Tijuana
Privación ilegal de libertad
15
Miguel á ngel Astorga
Octubre/22
21:20
Col. Tomas Aquino
Tijuana
Privación ilegal de libertad
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