Narco acusa a ex alcaldes de Rosarito, B.C.

“El Cande”, detenido a finales de junio en Ensenada, Baja California, e inmediatamente identificado como cocinero de crystal para el cártel Arellano Félix, fue muy claro con miembros del Ejército Mexicano que lo interrogaron: Los ex alcaldes de Rosarito Luis Enrique Díaz Félix y Antonio

Macías Garay, recibieron dinero de su parte.

Díaz Félix le pidió y él le concedió apoyo financiero para la campaña electoral en 2001; Macías Garay lo contactó para el mismo propósito pero en 2004. Candelario Arceaga Aguirre fue generoso. Junto a dos de sus socios, reunieron una cantidad de dólares y la entregaron en su momento a cada uno de los candidatos panistas al Gobierno de Rosarito.

El declarante no especificó cuántos billetes le llevó a Díaz Félix, pero sí dijo a los de inteligencia que a Macías Garay le acercó unos 500 mil dólares.

Las declaraciones de “El Cande” fueron reveladas primero en las instalaciones militares, y acto seguido reproducidas ante un Ministerio Público Federal. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, no ha hecho públicas las declaraciones, ha mantenido en sigilo los señalamientos vertidos por Arceaga Aguirre que comprometen a políticos panistas de Baja California.

La declaración de Candelario le fue tomada el 1 de julio de 2009, cuatro días antes de la elección federal, pero los encargados de integrar la supuesta indagatoria no lo hicieron público para no enturbiar el proceso electoral.

Con los encargados de la indagatoria en Tijuana, funcionarios de la SIEDO se comprometieron a requerir la presentación de los dos ex alcaldes y de otros funcionarios de sus gobiernos una vez que transcurrieran las elecciones.

Han pasado 30 días sin que la autoridad federal emita dichas órdenes de presentación.

Desde la captura de “El Cande” el 30 de junio de 2009, la única información pública del tema fue que los días sábado 4 y domingo 5 de julio circuló en Rosarito el dicho que Macías Garay había sido detenido por el Ejército; el mismo ex alcalde refutaría la imprecisión.

De hecho, Antonio Macías Garay se comunicó vía telefónica con reporteros de Rosarito a quienes explicó que estaba en libertad, que ninguna autoridad lo había requerido y que los militares ya habían cateado su casa en más de tres ocasiones sin mayores consecuencias.

Luis Enrique Díaz Félix tampoco ha sido llamado a dar cuentas. Continúa como delegado de la Sánchez Taboada, una de las demarcaciones con mayor índice delictivo y bajo el control en el mundo criminal de la célula de Teodoro García Simental “El Tres”.

Sin embargo, el compromiso de la autoridad federal con los captores de “El Cande” fue que sus declaraciones serían investigadas en los hechos y que los ex alcaldes serían llamados a esclarecer los señalamientos.

Incluso mencionaron que sospechas pasadas, de cuando Macías fungía como alcalde, podrían ser investigadas ahora:

1.- Retomar las averiguaciones y pesquisas estatales hechas en torno al asesinato:

* Del ex director de Seguridad Pública del municipio de Rosarito, Carlos Bowser Miret, ocurrido en marzo de 2005.

* De los homicidios y decapitaciones de tres policías y un civil, hechos que sucedieron en junio de 2006.
Ambas investigaciones ligadas también a la operación delictiva del lugarteniente Arturo Villarreal Heredia, capturado en agosto de 2006 junto a Francisco Javier Arellano Félix. Ambos presos en la Unión Americana.

2.- Revisar la investigación del atentado al actual director de la policía, Capitán Eduardo Montero, sufrido en diciembre de 2007.

3.- Realizar nuevos interrogatorios a miembros de la célula de Ángel Jácome Beltrán “El Kaibil”, asesinos confesos del comandante de la policía municipal Samuel Ventura y el agente ministerial Marco Antonio Vicencio Rojas.

Las declaraciones de “El Cande”

La noche del primero de julio de 2009, Candelario Arceaga Aguirre fue preciso con miembros de inteligencia militar, quienes lo interrogaban luego de capturarlo a bordo de un yate en el Puerto de Ensenada:

Sostuvo ante los representantes de la milicia, que cuando Luis Enrique Díaz Félix buscaba la Presidencia Municipal de Rosarito, le pidió apoyo para su campaña electoral. “El Cande” ayudó al político. Cuando el panista ganó la alcaldía del quinto municipio de Baja California en 2001, le correspondió el favor a su beneficiario y miembro del crimen organizado: Le otorgó 65 permisos de transporte público para calafias.

Las confesiones de Arceaga, identificado como proveedor del cártel Arellano Félix desde hace aproximadamente ocho años –tiempo en el cual entabló, según su dicho, la comunicación con Díaz Félix– no se quedaron en ese trienio.

El narcotraficante prosiguió develando a sus interrogadores oficiales.

Reveló Candelario Arceaga, que siendo candidato del PAN al gobierno de Rosarito, Antonio Macías Garay, solicitó que lo auxiliara en la campaña. El hoy arraigado por asociación delictuosa y narcotráfico, entre otros delitos, declaró que apoyó a Macías de dos formas:

1.- Le prestó las unidades de transporte público para utilizarlas en su campaña. En recorridos, acarreos y mandados dentro de las tareas electorales en 2004.

2.- Declaró Arceaga que entregó 500 mil dólares como financiamiento para la campaña. El dinero, declaró “El Cande” a sus captores, lo reunió junto a otros dos de sus socios. Un hombre al que identificó solo con el apodo de “El Diablo” y otro a quien se refirió únicamente solo como “Leonardo”.

Continuó declarando el detenido: Una vez que Antonio Macías Garay ganó la Alcaldía de Rosarito, retribuyó el favor. El panista concedió a sus benefactores (“El Cande”, “El Diablo” y “Leonardo”) un total de 85 placas de transporte público.

Los interrogadores federales de Candelario Arceaga metieron hilo: Dónde quedaron esas placas, fue la pregunta. Y sacaron la hebra: Al final, entre las placas otorgadas por Díaz Félix y Macías Garay, “Leonardo” se quedó con 70 permisos, “El Cande” con 22. Antonio Macías Garay les exigió que de las que él les concedió, le entregaran once para su explotación particular. El resto de los permisos, los concentró “El Diablo”.

Sin embargo, la autoridad federal con apoyo del gobierno local ha tenido problemas para integrar las pruebas y localizar los permisos mencionados por “El Cande”, debido a que extrañamente se traspapelaron y perdieron algunos documentos relacionados, lo que ha resultado en la ubicación de sólo aproximadamente 10 permisos a nombre de sus familiares directos.
“Pero ya estamos buscando por fechas, las concesiones que hayan sido entregadas en paquete a la agrupación de transportistas en la que estaba integrado Arceaga. Estamos seguros de poder encontrarlos”, explicó un funcionario del quinto municipio.

Respecto a las propiedades del narcotraficante en ese municipio, fue localizado un terreno con casa habitación en la zona urbana. También detectaron que el nombre del delincuente está registrado con faltas de ortografía, ante lo cual aún están trabajando en el rastreo de los ranchos.

Se entrevistó con funcionarios del IV Ayuntamiento de Rosarito respecto al origen de la empresa transportista a la que estaba integrado “El Cande”; explicaron que el surgimiento se dio como una alternativa para los choferes que no pertenecían al grupo priísta de Amaro Mata, que tenía monopolizado el sistema de transporte.

Además consideraron a los socios de Arceaga como personas de trabajo: “ellos ya eran transportistas de años, cuando iniciaron la empresa en cuestión, sin embargo como todo lo que se manejó alrededor del detenido, debe ser investigado”, opinó el funcionario.

Antecedentes de inseguridad

El detonante de las investigaciones y versiones que implican a funcionarios panistas de Rosarito, en presuntas actividades del crimen organizado, se destapó con Macías Garay pero llegó hasta Silvano Abarca.

Fue el homicidio del director de Seguridad Pública del municipio de Rosarito, Carlos Bowser Miret, el detonante. El hombre había sido amenazado en marzo de 2005 y fue muerto a finales de mayo del mismo año, después de protagonizar por más de un mes una confrontación pública con el entonces síndico Gabriel Esquivel, quien conforme a la versiones de otros funcionarios del mismo gobierno, intentaba removerlo para instalar en el puesto a su hermano Alberto Esquivel, quien era el comandante operativo de la corporación, pero que había sido señalado por empresarios locales de cobrar cuotas a las “tienditas” de droga, sin embargo no había sido investigado.

La maraña panista rosaritense se complicó el 15 noviembre de 2005, al ser detenido Edgar Adrián Gutiérrez Elenes “El Cachorro”, acusado de ser uno de los responsables de la muerte de Bowser.

Gutiérrez, miembro del Cártel Arellano Félix, fue lugarteniente de Jorge Briseño “El Cholo”, y era hermano de Pedro Mario Gutiérrez Elenes, quien fuera secretario particular de Luis Enrique Díaz Félix cuando fue alcalde.

En la edición 1652 de ZETA, Jesús Blancornelas publicó versiones vertidas por agentes ministeriales y federales, que referían las relaciones criminales de Gutiérrez con Arturo Villarreal “El Nalgón” y las influencias del matón. Detalló que este grupo criminal tenía varias residencias en Rosarito “…donde los vecinos eran principalmente pistoleros a sus órdenes” y que muchos de los “levantados” por órdenes de ‘El Nalgón’ fueron llevados a una residencia en la Colonia Reforma de Rosarito. Allí los ejecutaron. Pero tiraron sus cadáveres en la zona de La Gloria y San Antonio de los Buenos “para no calentarle la plaza al Presidente Municipal Díaz Félix”.

Prosiguió Blancornelas:

“La hipótesis de los informantes policíacos es que ‘El Cachorro’ pudo habergozado de protección de oficiales municipales en Rosarito, gracias a su hermano. Y ahora es cuando señalan la cercanía del entonces Secretario Particular del Alcalde, con Fernando Serrano, Director de Seguridad Publica” a quien también señalan como presunto implicado.

“También hay referencia de que en meses pasados ‘El Cachorro’ fue detenido y sorpresivamente dejado en libertad. Esta versión no pudo ser confirmada totalmente debido a que no se encuentra un reporte disponible en la Procuraduría General de Justicia del Estado”.

En aquel tiempo, la publicación de esas versiones, provocó que grupos de rosaritenses hicieran llegar a las autoridades otra denuncia a la que no se le dio seguimiento. En ella señalaban a Carlos Peraza Vergara, Oficial Mayor de Díaz Félix, y quien antes había sido jefe de policías con Silvano Abarca Macklis, de estar involucrado en la protección del crimen organizado.

La denuncia alcanzó en aquel tiempo a Ignacio García Dworak, director que fue de seguridad pública con Abarca, Secretario General con Macías, y derrotado candidato a la Presidencia Municipal.

La misma delación ciudadana mencionó en aquel 2005 que Mario Alberto Sánchez Herrera, era el principal narcomenudista en Rosarito y estaba vinculado directamente a Díaz Félix. Mario Alberto y su hermano Karlo Omar Herrera Sánchez, en su calidad de policías en 2008, fueron señalados directamente por el General Sergio Aponte Polito en abril de 2008, quien los acusó por presuntamente participar en el atentado contra el Secretario de Seguridad Municipal de Rosarito, Jorge Montero Álvarez; refirió que estaban dedicados al secuestro de personas adineradas, el asesinato de policías y las ejecuciones de criminales contrarios al CAF.

Indagatorias estatales y federales posteriores, los ubicaron en la célula de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”.

Las irregularidades y la sospecha de corrupción en los ayuntamientos de Rosarito, continuaron después de la muerte de Bowser Miret, con la llegada de Valente Montijo Pompa a la dirección de la policía, a quien por cierto también quiso destituir el Síndico Procurador Juan Gabriel Esquivel Fierro.
La corrupción se hizo evidente tras el asesinato por decapitación de los agentes Jesús Hernández, Ismael Arellano, Benjamín Ventura y el civil méxico-americano Fernando Aguilar, en junio de 2006.

Los municipales fueron emboscados, privados de la libertad y asesinados, después que otros dos grupos de policías habían acudido a un rancho en las inmediaciones del cañón Rosarito –cerca de una de las casas de Macías Garay–, lugar donde se celebraba la fiesta de cumpleaños de Javier Arellano Félix.

En la celebración estaban presentes lugartenientes y sicarios del CAF que habían sido denunciados por la comunidad. Los dos primeros grupos de agentes que atendieron la alerta ciudadana, acudieron a pedir dinero y quedarse callados. Al llegar el tercer grupo de uniformados, los criminales recibieron la orden de matarlos, bajo el argumento que la policía no estaba respetando la seguridad y protección que ellos ya pagaban.

Con saña, los agentes y un civil fueron torturados y decapitados.

La corrupción en la entonces policía municipal de Rosarito, y la sospecha sobre funcionarios de primer nivel y los ex alcaldes, han sido una constante en el quinto municipio. Hasta el 1 de julio, cuando “El Cande” confirmó a sus captores que entregó dinero a Luis Enrique Díaz Félix y a Antonio Macías Garay para sus respectivas campañas políticas. Y que a cambio, recibió junto a otros dos socios, decenas de placas de transporte público. Esto lo dijo el detenido después de identificarse como cocinero de crystal para el cártel Arellano Félix.

Sin embargo, a casi un mes de los señalamientos vertidos por el narcotraficante ante soldados y agentes federales, ni Antonio Macías Garay, ni Enrique Díaz Félix, han sido llamados a presentarse y declarar sobre tales acusaciones. Cosa contraria, por lo menos Macías pretende convertirse en aspirante a una diputación local en las elecciones 2010.