San Luis Potosí, SLP, a 04 de noviembre de 2008
Contador Público Marcelo de los Santos, Gobernador del Estado de San Luis Potosí.
Magistrado Salvador Ávila Lamas, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí.
Diputado Raúl Paulín Rojas, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, y representante del Honorable Congreso del Estado.
Licenciado y amigo Jorge Lozano, Presidente Municipal anfitrión de la capital, aquí en San Luis Potosí.
Licenciado Alfonso Castillo Machuca, Secretario General de Gobierno.
General de Brigada Mario Mota García, Comandante de la 12/a Zona Militar. Nuestro agradecimiento y reconocimiento de nueva cuenta a las Fuerzas Armadas, a través de su persona, por esta lucha sin tregua hacia la criminalidad y el decidido apoyo de las Fuerzas Armadas de México.
Licenciada Magdalena González Vega, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, Secretario Técnico para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Señores representantes de organizaciones sociales, empresariales y religiosas; señores presidentes municipales, diputados locales, magistrados.
Distinguidos representantes de los medios de comunicación.
Amigas y amigos:
Quiero en primer lugar agradecer la hospitalidad de las autoridades de San Luis Potosí y reconocer el esfuerzo de llevar al terreno de los hechos un documento que será de gran trascendencia para la seguridad pública, la convivencia social, el desarrollo regional y el respeto a las leyes en San Luis Potosí y con ello en México.
Permítanme, en lo particular, felicitar al gobernador Marcelo de los Santos con quien el Gobierno del Presidente Felipe Calderón tiene una extraordinaria relación, conducida en estricto apego al respeto federalista y por la autonomía de la entidad.
La Federación ha encontrado y sigue encontrando en el gobernador Marcelo de los Santos un interlocutor dispuesto siempre a trabajar por San Luis Potosí y a respaldar en todo momento aquello que beneficie a México mirando por el desarrollo y la prosperidad de éste admirable estado y de sus habitantes.
Desde hace varios años los mexicanos advertimos la multiplicación de actividades que violentan nuestra convivencia social y que desafían nuestro marco legal.
El Gobierno del Presidente Calderón desde el 1º de diciembre del año 2006 reconoció que la situación nacional en materia de inseguridad no era un problema aislado o regional, sino que era un cáncer que afectaba a varias zonas del cuerpo y que tocaba a todo el territorio nacional.
Por ello se tomó una decisión, la decisión de hacer de la seguridad de los mexicanos el principal objetivo del Gobierno y darle la más alta prioridad en la agenda del Estado mexicano.
Se decidió combatir a los grupos criminales con toda la fuerza disponible para enfrentarlos, para reducirlos y para cumplir con el mandato esencial de toda autoridad, que no es otro que garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad de sus habitantes.
En los 23 meses que lleva la actual Administración se han logrado resultados históricos en cuanto a aseguramientos de drogas, de armas y de dinero, así como también a la detención de importantes narcotraficantes y al desmantelamiento de bandas de secuestradores; lucha en la que el Gobierno de San Luis Potosí y de los municipios de la entidad han participado con amplia disposición.
No obstante los resultados alcanzados son insuficientes ante el justo reclamo de la sociedad hacia las propias autoridades.
Tenemos que hacer más eficiente la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y entre el propio Gobierno y la sociedad para preservar el poder territorial del Estado en aquellas regiones donde los criminales pretenden imponer su propia ley y para desterrar el cáncer del narcotráfico, del secuestro, del contrabando y de otros delitos que tanto daño hacen a niños, jóvenes y familias de nuestra sociedad.
Con este objetivo, el 5 de febrero pasado el Presidente Calderón convocó a la sociedad mexicana, a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de Gobierno a asumir la legalidad y la seguridad como valores supremos de nuestra vida nacional.
En consecuencia, el 21 de agosto pasado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
El cumplimiento de los compromisos de este gran acuerdo nos concierne a los tres Poderes de la Unión, a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad en sus respectivos ámbitos.
Hoy estamos aquí para presenciar la réplica de dicho acuerdo nacional a la realidad del pueblo potosino, sociedad que ha atendido la convocatoria del Presidente y que está decidida a preservar la tranquilidad de sus municipios y en sus comunidades rurales y ciudades, y hacer cumplir el respeto al Estado de Derecho.
En este sentido, gobierno y sociedad damos pasos firmes; firmes con la firma de ambos acuerdos.
El cumplimiento de los compromisos fortalecerá la capacidad del Estado para combatir la criminalidad al sumar recursos, herramientas, capacidades, información y fuerza.
Debemos señalar que cuando se desarticula una red operativa y financiera del crimen organizado, no sólo se captura a quienes desafían al Estado y a quienes afectan a la sociedad, sino que asestamos golpes a la estructura logística, económica y operativa de las bandas de la delincuencia.
Un elemento común de ambos acuerdos es el fortalecimiento y la depuración de los cuerpos policíacos, porque requerimos contar con policías de probada honestidad en todos los órdenes de gobierno; policías altamente capacitados y equipados; policías que cuenten además con la confianza y respaldo de la comunidad a la que sirven y que cuenten con las herramientas necesarias para poner un alto a la delincuencia y a la criminalidad.
Por ello, los acuerdos nos comprometen a tener mecanismos de control de confianza y también a implementar el modelo de formación policíaca que garantice un Servicio Profesional de Carrera Policial que con ello dignifique su función al servicio de la comunidad y al servicio de la Patria.
Los acuerdos incluyen también nuevas políticas públicas de carácter preventivo, en donde la participación de la sociedad, de los sectores productivos y de los medios de comunicación asumen un carácter estratégico para fomentar la cultura de la legalidad.
En este frente también debemos actuar unidos para reconstruir el tejido social mediante la recuperación de espacios públicos libres de la droga, consolidar la red de centros especializados para el tratamiento de adicciones, generar mayores oportunidades de empleo y difundir contenidos en los medios masivos de comunicación que permitan fomentar en los ciudadanos prácticas de cumplimiento ejemplar de nuestras leyes.
Hoy queda claro que la sociedad potosina está unida y que trabaja en favor de la paz; queda claro también su rechazo firme y decidido a la violencia y su refrendo con ello al ideario del ilustre potosino Salvador Nava cuando afirmó: Creo en el derecho a la justicia, valor cohesivo de la sociedad y condición previa de igualdad de todos ante la ley.
En el marco de este esfuerzo nacional, el pasado 17 de junio del 2008 se firmó el decreto de una de las reformas más trascendentes en las últimas décadas: la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y de Seguridad Pública.
Dicha reforma estableció la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y sentó las bases para transformar el procedimiento penal sustentado en la oralidad, el establecimiento de mecanismos alternativos de solución de controversias, la profesionalización de la defensa, la creación de jueces de control de actuaciones ministeriales y mecanismos de apoyo a favor de las víctimas y la extinción de dominio de los bienes de los miembros de la delincuencia organizada.
Buscar estos cambios constitucionales nos exige la modificación de algunas leyes y la creación de otras, por lo que el Presidente Calderón ha enviado nuevas iniciativas para reformar 12 leyes y expedir tres que actualmente se analizan en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Estamos ciertos que con el mismo sentido de responsabilidad y altura de miras que ha caracterizado al Congreso de la Unión, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Poder Legislativo, este mismo periodo ordinario de sesiones, estas iniciativas -junto con otras que han presentado diversos grupos parlamentarios- serán dictaminadas y con ello México podrá poner en práctica y en favor de la lucha contra la delincuencia, las nuevas herramientas que a través del marco jurídico queden definidas.
Para poner un mayor acento a la labor de coordinación, el Presidente de México ha designado al licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, a quien le agradezco su presencia en este evento, quien tiene la responsabilidad de trabajar precisamente con el Congreso Federal, con los gobiernos de los estados y con los municipios, también con el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados, para llevar a buen puerto este paquete de iniciativas, con las debidas aportaciones que decidan las señoras y los señores legisladores.
Señoras y señores:
Mientras en dos o más partes exista la convicción de que un acuerdo se vuelve indispensable para hacer frente a una situación que pone en riesgo al bien común, el interés superior por México ayuda a superar cualquier diferencia y a encontrar las coincidencias. Aquí en San Luis Potosí ustedes lo han logrado.
El Gobierno Federal celebra que los sectores público, social y privado de San Luis Potosí asuman el conjunto de compromisos que hoy suscriben para combatir a la delincuencia en todas sus expresiones.
El momento que experimenta la nación nos requiere a todos un tiempo de definiciones históricas, lo que hagamos o lo que dejemos de hacer ahora habrá de delinear el tipo de sociedad que dejaremos para los que nos siguen.
La diversidad y el pluralismo que definen a nuestro país tienen un punto de encuentro, que es precisamente el interés de tener una nación ordenada y en paz, en donde todas las voces sean escuchadas y atendidas, y en donde también las diferencias políticas sean resueltas siempre a través del cauce institucional.
El acuerdo que se ha suscrito el día de hoy es una viva muestra de ello, no tengo duda que la tenacidad y la voluntad reflejada en este acto darán frutos positivos para todos los potosinos.
Muchas gracias.
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