Los Misterios de "La Guajira"

¿Quién secuestró a los jornaleros y para qué?

Junto al secuestro de 27 jornaleros ocurrieron esa misma noche dos cateos en Navolato y la aprehensión de por lo menos dos personas que aún no aparecen. Cinco días antes había sido acribillado el alcalde Fernando García, donde murieron dos regidores y un agricultor. Por si fuera poco, el hermano menor de Vicente Carrillo Fuentes fue privado de su libertad desde el 27 de octubre y nadie se hace responsable: ¿alguien puede aclarar este enredo?

La noche del domingo 9 de noviembre fue una “noche de perros” para muchos en Navolato y Costa Rica. Lo más notable fue el secuestro de 27 jornaleros que se encontraban durmiendo en el campo agrícola La Guajira —ubicado en la carretera la 20 que conduce a Villa Juárez—, por parte de un grupo de hombres armados que derrumbaron las rejas del campo y tumbaron las puertas de los dormitorios.

Amagando con sus armas y sus gritos separaron a las mujeres y a los niños de los hombres. Luego los empezaron a subir a los vehículos. Llegaron en por lo menos diez camionetas repletas. Unos testigos contaron alrededor de cincuenta hombres y otros hasta ochenta. Una vez que subieron a todos los varones a las camionetas se marcharon.

Al día siguiente, elementos del Ejército mexicano y fuerzas policiacas de todas las corporaciones resguardaron el lugar, mientras los agentes del Ministerio Público realizaban las primeras diligencias. Horas después se correría la especie de que el campo es propiedad de la familia Carrillo Fuentes y que el secuestro de los jornaleros era un golpe de un cártel contrario a ellos.

El miércoles 5 de noviembre, en la carretera Altata-Navolato, había sido acribillado el alcalde Fernando García Hernández y en el ataque murieron dos regidores y un agricultor.

En Navolato también hace aire

Pero no solo en Costa Rica, sindicatura donde se encuentra ubicado el campo La Guajira, se vivieron momentos de terror. Una hora antes de que fuera tomado por asalto este empaque, fue cateada la casa de Rosario Obeso López, en El Caimancito, Navolato. Según testigos de los hechos, que prefirieron mantenerse en el anonimato, era aproximadamente la una de la mañana cuando llegaron a la casa de Rosario y grupo de hombres armados. Eran gentes vestidas de negro y viajaban en vehículos pesados. Se metieron a su casa y lo sacaron por la fuerza.

Minutos después, en otro poblado, ocurrió otro hecho pero con una mayor exhibición de fuerza. En El Limoncito fue cateada la casa de Mario César Jacobi. De acuerdo con los testigos, llegaron al lugar dos o tres docenas de militares echando bala: “¡Dónde están las armas!”, gritaban enardecidos. Cuando vieron a Mario César le dispararon y lo hirieron en una pierna. Los testimonios aseguran que los agresores son militares, aunque alcanzaron a ver entre los hombres a alguien que portaba una camiseta donde se podía leer Policía Federal.

Aproximadamente una hora después de estos cateos ocurrió el secuestro de los 27 jornaleros en La Guajira.

La sospechosa prisa del Ejército

Poco más de 24 horas después de que se conoció el secuestro de los 27 jornaleros agrícolas, la Vocería de la Operación Conjunta Culiacán-Navolato emitió un comunicado donde afirma que:

“Por información recabada con la misma población y por investigaciones realizadas por la autoridad competente, el apoderado legal del citado campo es Pablo Jacobo Retamoza, del cual se tiene información que es hermano de María Elena Jacobo Retamoza, esposa de José Cruz Carrillo Fuentes, hermano del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy. Las autoridades continúan investigando para determinar la propiedad y la legalidad de la misma para proceder conforme a derecho o deslindar responsabilidades”.

Fue un comunicado inusual, pues en estos casos siempre se oculta la información relativa a los propietarios de los inmuebles “para no entorpecer las investigaciones”. Desde el propio Gobierno estatal empezaron a circular versiones de que el Ejército había instigado la emisión del boletín, sin considerar las consecuencias que podía tener evidenciar a la familia Carrillo Fuentes.

Había cierta molestia en algunos círculos del Gobierno del Estado, lo cual se manifestó al día siguiente en una declaración seca, tajante del propio gobernador Jesús Aguilar Padilla cuando fue cuestionado al respecto por la prensa.

Predispuesto a no hablar mucho del tema, atajó una de las preguntas diciendo que “ya se dio información desde ayer” y sólo confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) ya había intervenido y “deberá seguir interviniendo en el caso” por el hecho de que se haya vinculado a una acción del narcotráfico.

—¿Pero sí está confirmado que es de los Carrillo Fuentes este rancho, gobernador? —le preguntó una reportera.
—No. —fue la respuesta cortante del gobernador.

1999: se constituye La Guajira

Esas mismas tierras —entre 150 y 200 hectáreas, dicen los jornaleros de los campos vecinos— pasaron ya por varias manos antes de llegar a sus actuales propietarios. Y han tenido varios nombres: Patricia, Orgullo México y Las cinco P.

La Guajira se constituyó el 15 de junio de 1999 en la ciudad de Navolato —a pesar de que la propiedad está ubicada en el municipio de Culiacán—, ante el notario público número 139, César Valadés Soto.

De acuerdo con la escritura 4308, volumen XV, Agrícola La Guajira, Sociedad Anónima de Capital Variable, está conformada por los señores Juan José Urías Sánchez, Salvador Ramos Valderrama, Heriberto López Zavala y Juan José Palazuelos Acosta. Nació, según el mismo documento, con un capital social de 100 mil pesos.

Los empresarios no perdieron el tiempo pues ese mismo año dieron de alta a la agrícola en todas las dependencias necesarias para conseguir los apoyos del Gobierno federal.

De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, entre 1999 y 2004, la propiedad, ubicada en la localidad de Costa Rica, en Sinaloa, recibió recursos públicos del Procampo por 928 mil 263 pesos, de los cuales, 527 mil pesos fueron destinados para la siembra de 92 hectáreas de maíz, chile, tomate y un cultivo “no definido”.

Los apoyos correspondieron a los programas de Apoyos Directos para el Campo (Procampo) y por el Ingreso Objetivo, perteneciente a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).

La Guajira también recibió recursos de Aserca que ascendieron a 401 mil 264 pesos, supuestamente destinados a la comercialización de maíz y sorgo.

“Además, el apoderado legal de la propiedad, Pablo Jacobo Retamoza, quien, según autoridades oficiales es cuñado de José Cruz Carrillo Fuentes, hermano del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy, aparece en las bases de datos oficiales, que demuestran que ha cobrado más de 890 mil pesos en apoyos de ambos programas”.

Según la información, Jacobo Retamoza —a pesar de no ser todavía el apoderado legal de la agrícola— recibió recursos públicos entre 2003 y 2007 por la siembra de casi 70 hectáreas de cultivos de maíz y caña de azúcar.

El notario de lujo

Pablo Jacobo Retamoza se esfumó cuando el Gobierno lo ubicó como apoderado legal de la agrícola asegurada por la PGR desde el martes en que se dio a conocer que el campo podría tener relación con la familia Carrillo Fuentes.

Pablo es hermano de María Elena Jacobo Retamoza, esposa de José Cruz Carrillo Fuentes, y esa relación familiar lo convirtió en sospechoso, según el comunicado de la Operación Conjunta Culiacán-Navolato. Pero fue su calidad de apoderado legal de La Guajira lo que lo ubicó como blanco para las autoridades federales.

De acuerdo con la escritura pública 1406, volumen VI, el 19 de mayo de 2008, en la ciudad de Culiacán, compareció ante el notario público 103, el señor Juan José Urías Sánchez en representación de la sociedad mercantil denominada Agrícola La Guajira S.A. de C.V., con la finalidad de que se proceda a protocolizar un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, así como un poder general cambiario a favor de Pablo Jacobo Retamoza.

La escritura es legal por donde se le mire, aunque la actuación de notario sea irregular, pues se trata de Alejandro Gastélum Serrano, quien al momento de protocolizar el acto fungía como secretario particular del entonces procurador Luis Antonio Cárdenas Fonseca, y la Ley General del Notariado les impide a los notarios ejercer como tales cuando están ocupando un cargo público.

Gracias a la vida

Después de 80 horas de angustia aparecieron los primeros jornaleros que habían sido secuestrados. 16 de ellos fueron dejados debajo de un puente de una carretera donde también se apreciaba el paso de las vías del tren.

No logran, según sus declaraciones expuestas en la averiguación previa 344/2008 que abrió la Agencia Onceava del Ministerio Público de Costa Rica, ubicar bien el lugar, y solo establecen que estaban “hacia el sur”.

El jueves por la mañana, muy temprano, fueron dejados en libertad. De acuerdo con las versiones de los jornaleros, luego de que los levantaron la madrugada del 10 de noviembre, fueron vendados de los ojos y trasladados a un lugar donde solo había monte y cerros.

Después de que los subieron en varios vehículos se marcharon por caminos de asfalto y terracería por un lapso aproximado de dos horas. Todos afirmaron que en ningún momento los golpearon ni los amenazaron, aunque los mantuvieron con los ojos vendados. Sus captores, dijeron, no hablaban entre sí.

Una noche antes de dejarlos en libertad los subieron a una camioneta y les dijeron que los iban a soltar; les dieron 100 pesos a cada uno y los trasladaron a un lugar de la carretera donde finalmente los dejaron. Luego de ubicarse tomaron camión de la línea Pacífico que los llevó a Culiacán. Llegaron a las 8:00 horas.

En sus declaraciones —para el viernes por la noche habían declarado 19, pues después aparecieron tres más—, los jornaleros explicaron que donde los tuvieron durante tres días no había casas, solo monte y cerros.

Aunque los 19 coincidieron en que los 27 fueron liberados, hasta el cierre de la edición, el viernes por la noche, no se sabía nada del resto de sus compañeros.

De las declaraciones de los jornaleros, la Procuraduría de Justicia emitió un escueto boletín donde no aportaba nada sustancial y repetía que los captores nunca trataron mal a sus secuestrados. Nada sobre el posible móvil, ni la naturaleza de los captores.