Al anochecer del 23 de septiembre pasado, una informante del grupo de mujeres que trabaja para Los Zetas, identificadas con la clave Cisnes, vio cuando el locutor de la estación de radio EXXA, Alejandro Zenón Fonseca Estrada, colocaba mantas con leyendas contra el delito de secuestro.
De inmediato, la mujer le comunicó al jefe de la plaza sobre esa propaganda. Eso bastó para que éste ordenara a un sicario que ejecutara al conductor del programa matutino El Padrino Fonseca.
Fonseca había instalado sobre el crucero de las dos principales avenidas de esta capital, Paseo Tabasco y Adolfo Ruiz Cortines, en el corazón de Tabasco 2000, tres grandes mantas con frases de rechazo a la ola de plagios en el estado. Megáfono en mano, invitaba al público a pronunciarse contra ese delito.
Allí estaba el comunicador, cuando el pistolero llegó hasta el concurrido lugar para cumplir la orden. El homicida, casi a quemarropa. le disparó un tiro en el abdomen que horas más tarde segó la vida a Fonseca.
Un mes y 14 días después, este homicidio fue “esclarecido y resuelto”, con trabajo de investigación e inteligencia desarrollado conjuntamente por autoridades estatales, federales y militares, destacó el subprocurador de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJT), Alex Álvarez Gutiérrez.
Para el gobernador, Andrés Granier Melo, esto fue un logro “importantísimo”, pues la mayoría de los casos de homicidios de periodistas quedan impunes, sobre todo cuando es a manos del crimen organizado, sostiene.
Un solo móvil
El móvil del homicidio contra El Padrino Fonseca fue por expresarse en contra de la ola de secuestros que realiza el crimen organizado, señaló el subprocurador de Investigaciones.
Aunque tienen identificado al autor intelectual, por la secrecía del caso se lo reserva. También cuentan con los datos de los tres cómplices que iban con el autor material.
Al inicio de la indagatoria, la PGJ sólo contaba con el retrato hablado del homicida y videos de cámaras de seguridad instaladas en el crucero por el C-4.
Junto con la captura de tres grupos distintos de delincuentes, en tres operativos en diferentes lugares y fechas, pero concatenados, las autoridades lograron esclarecer y detener al asesino material, a la Cisne y a otro informante —los conocen como Halcones— que vigilaba a distancia el lugar del crimen, presos los tres por delincuencia organizada.
La noche del martes pasado, el sicario y homicida del comunicador, Ricardo López Ortiz y/o Fernando Sandoval Martínez, alias El Richar o El Pitufo, encarcelado en el reclusorio local, fue traslado al de Nayarit, junto con otros siete reos, como medida de seguridad luego de encabezar el motín del lunes, donde resultaron 14 lesionados con armas.
Paso a paso
Aunque la aprehensión de El Pitufo se efectuó durante la persecución de un grupo de secuestradores, fue después cuando la autoridad ministerial logró conocer que se trataba de la persona que mató al comunicador.
La PGJT empezó a obtener las pistas de identificación del pistolero, a partir de la aprehensión, el 22 de octubre, de Patricia Pizaña Alvarado o Nicole Aguilera Díaz, alias La Chanchufla, identificada como el Cisne que alertó de la actividad de El Padrino.
La Chanchufla, de 18 años y originaria de Matamoros, Tamaulipas, junto con Roberto Sánchez Guzmán, fueron atrapados en la colonia Magisterial, cuando escapaban a bordo de un vehículo sin placas, tras realizar un robo con violencia y el frustrado secuestro de una señora que salía de un banco, según la averiguación correspondiente.
La PGJT pasó a los inculpados a la SIEDO, en donde actualmente se les instruye el procedimiento correspondiente en calidad de arraigados por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
sábado, 29 de noviembre de 2008
martes, 25 de noviembre de 2008
Pacto de Beltrán con 'Zetas'
La Procuraduría General de la República (PGR) descubrió, en distintas investigaciones, que los hermanos Beltrán Leyva y los líderes del Cártel del Golfo comenzaron a negociar y constituir una poderosa alianza en el narcotráfico, dado el alto volumen de cargamentos de cocaína que manejan.
En el expediente de la Operación Limpieza, se da cuenta de que fueron Sergio Villarreal "El Grande" y Heriberto Lazcano Lazcano "El Lazca" quienes pactaron en 2007 la paz entre los Beltrán y el Cártel del Golfo.
En otras dos investigaciones, la PGR encontró que estos aliados eran dueños de los dos mayores cargamentos asegurados en la historia: las 23.5 toneladas de cocaína incautadas en la Aduana de Manzanillo y las 11.7 toneladas aseguradas en la Aduana de Altamira, ambas en octubre de 2007.
La averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008 –de la Operación Limpieza– da cuenta de un relato de "El Grande" en el cual describe cómo logró un pacto de paz con los Beltrán.
"El Grande" es un ex policía de Durango a quien la PGR considera el principal operador de los Beltrán en el centro del país, mientras que Heriberto Lazcano es señalado como líder de "Los Zetas", brazo armado del Cártel del Golfo, la organización criminal que dirigía Osiel Cárdenas.
Un testigo protegido con el nombre de "David", es quien declaró que durante una reunión que tuvo lugar al sur de la Ciudad de México, en la que estaban José Antonio Cueto y Roberto "El 19" --publirrelacionista y operador de los Beltrán--, "El Grande" contó cómo logró el pacto de paz.
"La primera ocasión que me entrevisté con 'El Grande' me manifestó que él se había encargado de hacer las paces con Heriberto Lazcano 'El Lazca', líder de 'Los Zetas' y que ya no había guerra, que ya habían arreglado sus diferencias y que por el momento todo estaba en paz.
"Con la detención de 'El Mochomo', nos manifestó 'El 19', al licenciado Cueto y al de la voz, que los hermanos Beltrán Leyva estaban muy molestos con la gente de 'El Chapo Guzmán' porque se habían enterado que éste había entregado a 'El Mochomo' y los hermanos Beltrán Leyva querían tomar venganza buscando a 'El Chapo' Guzmán, Mayo Zambada, Rey Zambada y a Nacho Coronel", declaró el testigo a la PGR apenas el 6 de octubre pasado.
Tratos en las Aduanas
Desde investigaciones anteriores, la PGR había descubierto la existencia de esa alianza de los Beltrán con el Cártel del Golfo.
La indagatoria sobre el cargamento de 23.5 toneladas de cocaína interceptado en Manzanillo revela que el propietario era Arturo Beltrán Leyva "El Barbas" y que éste buscó el apoyo de Miguel Treviño Morales "El 40", operador del Cártel del Golfo, para facilitar su ingreso al País.
Del cargamento incautado en Altamira, la investigación apunta a que el destinatario era el socio tamaulipeco de Beltrán, es decir, "El 40". Los dos grandes cargamentos presuntamente tenían como destino el Distrito Federal, donde operan las empresas que aparecieron como responsables de la importación.
Los dos envíos, según la PGR, eran de los mismos proveedores: dos narcotraficantes colombianos que son socios y que están identificados como Claudia "El Mono" y un sujeto de apellido Valenciano, apodado "El Jugador" o "El Futbolista".
Importan desde el DF
Las indagatorias de la PGR señalan que la empresa Chatzi de México, S.A. de C.V., ubicada en el DF, fue la responsable de armar la operación de importación de las 23.5 toneladas de cocaína aseguradas el 30 de octubre de 2007 en la Aduana de Manzanillo.
Un narcotraficante, ex colaborador de Miguel Treviño "El 40", convertido en el testigo protegido "Socorro", relató a la PGR que los Beltrán Leyva eran los dueños de esa carga y que en los papeles apareció como destinataria la empresa White Rivers S.A. de C.V., también ubicada en la Ciudad de México.
Como proveedor transportista aparece "Ocean Trading Limited", con domicilios en Barranquilla, Colombia, y Guayaquil, Ecuador, compañía que envió los contenedores CMAU515156-0 y CMAU501629-9 en el buque Esmeralda, desde la ciudad colombiana. Los pedimentos decían que se trataba de jabón de tocador.
El testigo protegido dice que el barco llegó a Colima el 15 de octubre y que el 28 del mismo mes –dos días antes de que fuera incautado el cargamento–, casi a la media noche, "El 40" estaba en Tamaulipas y se comunicó vía nextel con Arturo Beltrán Leyva.
"Arturo Beltrán le respondió en la forma tan peculiar que tiene, que es: 'bueno, bueno, bueno, sí señor, sí señor, sí señor, a la orden, a la orden, cómo está, cómo está', preguntándole a Miguel Treviño si tenía cómo hablar con la gente de Manzanillo, refiriéndose a si tenía un contacto en la Aduana", declaró el testigo.
En su relato, señala que "El 40" le respondió que sí conocía a alguien, pero que no se metía a operar en Manzanillo porque sabía que era plaza de los sinaloenses.
Agrega que el Cártel trató de arreglarse con un funcionario de la Aduana de Manzanillo, pero que como no aceptó el soborno, lo iban a asesinar. Enseguida vino el aseguramiento.
"Después de este acontecimiento yo recibo una llamada de 'El Camello', alias 'La Gorda' o 'El Flaco', para cobrarme el dinero correspondiente a la droga que nos fue asegurada por el Ejército el 5 de octubre de 2007 en la bodega de Tampico. Le pregunté cómo le iba, comentándome que había sufrido otra pérdida refiriéndose al aseguramiento de los dos contenedores con las 23 toneladas de cocaína en Manzanillo", dijo "Socorro".
En el expediente de la Operación Limpieza, se da cuenta de que fueron Sergio Villarreal "El Grande" y Heriberto Lazcano Lazcano "El Lazca" quienes pactaron en 2007 la paz entre los Beltrán y el Cártel del Golfo.
En otras dos investigaciones, la PGR encontró que estos aliados eran dueños de los dos mayores cargamentos asegurados en la historia: las 23.5 toneladas de cocaína incautadas en la Aduana de Manzanillo y las 11.7 toneladas aseguradas en la Aduana de Altamira, ambas en octubre de 2007.
La averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008 –de la Operación Limpieza– da cuenta de un relato de "El Grande" en el cual describe cómo logró un pacto de paz con los Beltrán.
"El Grande" es un ex policía de Durango a quien la PGR considera el principal operador de los Beltrán en el centro del país, mientras que Heriberto Lazcano es señalado como líder de "Los Zetas", brazo armado del Cártel del Golfo, la organización criminal que dirigía Osiel Cárdenas.
Un testigo protegido con el nombre de "David", es quien declaró que durante una reunión que tuvo lugar al sur de la Ciudad de México, en la que estaban José Antonio Cueto y Roberto "El 19" --publirrelacionista y operador de los Beltrán--, "El Grande" contó cómo logró el pacto de paz.
"La primera ocasión que me entrevisté con 'El Grande' me manifestó que él se había encargado de hacer las paces con Heriberto Lazcano 'El Lazca', líder de 'Los Zetas' y que ya no había guerra, que ya habían arreglado sus diferencias y que por el momento todo estaba en paz.
"Con la detención de 'El Mochomo', nos manifestó 'El 19', al licenciado Cueto y al de la voz, que los hermanos Beltrán Leyva estaban muy molestos con la gente de 'El Chapo Guzmán' porque se habían enterado que éste había entregado a 'El Mochomo' y los hermanos Beltrán Leyva querían tomar venganza buscando a 'El Chapo' Guzmán, Mayo Zambada, Rey Zambada y a Nacho Coronel", declaró el testigo a la PGR apenas el 6 de octubre pasado.
Tratos en las Aduanas
Desde investigaciones anteriores, la PGR había descubierto la existencia de esa alianza de los Beltrán con el Cártel del Golfo.
La indagatoria sobre el cargamento de 23.5 toneladas de cocaína interceptado en Manzanillo revela que el propietario era Arturo Beltrán Leyva "El Barbas" y que éste buscó el apoyo de Miguel Treviño Morales "El 40", operador del Cártel del Golfo, para facilitar su ingreso al País.
Del cargamento incautado en Altamira, la investigación apunta a que el destinatario era el socio tamaulipeco de Beltrán, es decir, "El 40". Los dos grandes cargamentos presuntamente tenían como destino el Distrito Federal, donde operan las empresas que aparecieron como responsables de la importación.
Los dos envíos, según la PGR, eran de los mismos proveedores: dos narcotraficantes colombianos que son socios y que están identificados como Claudia "El Mono" y un sujeto de apellido Valenciano, apodado "El Jugador" o "El Futbolista".
Importan desde el DF
Las indagatorias de la PGR señalan que la empresa Chatzi de México, S.A. de C.V., ubicada en el DF, fue la responsable de armar la operación de importación de las 23.5 toneladas de cocaína aseguradas el 30 de octubre de 2007 en la Aduana de Manzanillo.
Un narcotraficante, ex colaborador de Miguel Treviño "El 40", convertido en el testigo protegido "Socorro", relató a la PGR que los Beltrán Leyva eran los dueños de esa carga y que en los papeles apareció como destinataria la empresa White Rivers S.A. de C.V., también ubicada en la Ciudad de México.
Como proveedor transportista aparece "Ocean Trading Limited", con domicilios en Barranquilla, Colombia, y Guayaquil, Ecuador, compañía que envió los contenedores CMAU515156-0 y CMAU501629-9 en el buque Esmeralda, desde la ciudad colombiana. Los pedimentos decían que se trataba de jabón de tocador.
El testigo protegido dice que el barco llegó a Colima el 15 de octubre y que el 28 del mismo mes –dos días antes de que fuera incautado el cargamento–, casi a la media noche, "El 40" estaba en Tamaulipas y se comunicó vía nextel con Arturo Beltrán Leyva.
"Arturo Beltrán le respondió en la forma tan peculiar que tiene, que es: 'bueno, bueno, bueno, sí señor, sí señor, sí señor, a la orden, a la orden, cómo está, cómo está', preguntándole a Miguel Treviño si tenía cómo hablar con la gente de Manzanillo, refiriéndose a si tenía un contacto en la Aduana", declaró el testigo.
En su relato, señala que "El 40" le respondió que sí conocía a alguien, pero que no se metía a operar en Manzanillo porque sabía que era plaza de los sinaloenses.
Agrega que el Cártel trató de arreglarse con un funcionario de la Aduana de Manzanillo, pero que como no aceptó el soborno, lo iban a asesinar. Enseguida vino el aseguramiento.
"Después de este acontecimiento yo recibo una llamada de 'El Camello', alias 'La Gorda' o 'El Flaco', para cobrarme el dinero correspondiente a la droga que nos fue asegurada por el Ejército el 5 de octubre de 2007 en la bodega de Tampico. Le pregunté cómo le iba, comentándome que había sufrido otra pérdida refiriéndose al aseguramiento de los dos contenedores con las 23 toneladas de cocaína en Manzanillo", dijo "Socorro".
domingo, 23 de noviembre de 2008
Dos Felipes, uno protegido, otro protector
Felipe es el nombre que como testigo protegido adoptó el ex agente federal mexicano Alberto Pérez Guerrero, detenido en Estados Unidos y que en julio pasado, en declaración rendida en la embajada mexicana en Washington, ofreció la información que dio lugar a la Operación Limpieza, que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, y que ha incluido la detención de altos mandos de esa Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública.
El principal resultado de los informes dados por Felipe -y otros testigos protegidos, Jennifer y David- ha sido la detención de Noé Ramírez Mandujano, que hasta el 31 de julio pasado, y a partir del comienzo de la actual administración, fue subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, cargo en que reemplazó a José Luis Santiago Vasconcelos, muerto en el desplome aéreo del 4 de noviembre.
Ambos subprocuradores (el desaparecido lo era a la sazón de asuntos internacionales) habían causado baja simultáneamente en un movimiento que se explicaba superficialmente como una reestructuración administrativa de la PGR pero que ahora sabemos tenía un trasfondo que apenas se empieza a conocer. Santiago Vasconcelos permaneció fuera del aparato unas semanas hasta que se le asignó una tarea técnica de rango menor y funciones difusas. Ramírez Mandujano, en cambio, fue enviado a Viena, como representante mexicano ante la Oficina de la ONU contra la droga y el delito. A la hora de esa designación ya se sabía que altos mandos de la SIEDO habían sido cooptados por la delincuencia organizada, particularmente la banda de los Beltrán Leyva. Nos preguntamos si la información de los testigos protegidos ya había alcanzado entonces a Ramírez Mandujano, lo que explicaría su despido pero no la misión que se le asignó.
Su jefe durante 19 meses, el procurador Eduardo Medina Mora, describió anteayer, con pormenores, la conducta ilícita de su colaborador más importante en ese periodo. Dijo que Ramírez Mandujano pactó con el Cártel del Pacífico recibir 450 mil dólares cada mes "a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal". En la segunda reunión que el funcionario ahora caído en desgracia sostuvo con quienes así lo compraban, se hizo acompañar por Miguel Colorado y Fernando Rivera, que lo auxiliarían en su infidencia. Ambos funcionarios de la SIEDO fueron los primeros detenidos a partir del testimonio de Felipe.
Éste, por cierto, después de haber sido agente de la Interpol, pudo con toda sencillez hacerse contratar como agente policiaco al servicio de la embajada de Washington en México, cuya información filtraba también a los Beltrán Leyva, que lo reclutaron después de un breve regateo. Pérez Guerrero (es decir, Felipe) solicitó un pago de 50 mil dólares por mes, que se redujeron a 30 mil. El infidente ahora protegido tenía experiencia en tareas de esa índole, pagaderas en dólares. Según su propio dicho, Mario Arturo Velarde Martínez le entregó hace años 4 mil dólares por informes sobre actividades de Interpol, en que trabajaba entonces Felipe. El solicitante era secretario particular del director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, ahora secretario de Seguridad Pública. Velarde pasó de la AFI a la Policía Federal Preventiva cuando su jefe ascendió a miembro del gabinete. Fue "elemento con mando medio" en la división antidrogas hasta hace un mes en que se le hizo director general adjunto en la sección primera del Estado Mayor de esa corporación policiaca. A pesar de ese ascenso, hace una semana tramitó su baja y no se le ha vuelto a ver.
Escribió, sin embargo, una carta al diario Reforma, para desmentir los señalamientos del testigo protegido: "Es de esperarse que un delincuente como Felipe, que se siente hundido ante la secuela de actos delictivos que ejecutó en perjuicio de la sociedad mexicana, pretenda imputar supuestos actos delictivos para disminuir su condena dentro o fuera del país, a funcionarios rectos y honestos como lo es el suscrito". Quizá porque la PGR no duda que lo sea, no ha iniciado acción alguna en su contra, a diferencia de lo hecho respecto de otros funcionarios del entorno de García Luna, que desde la semana pasada están arraigados. Se trata de Rodolfo de la Guardia, ex director de Despliegue Regional de la AFI y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de la Interpol, detenidos a partir de la información de Felipe.
Otros jefes y miembros de las corporaciones al mando de García Luna se hallan también arraigados. Los agentes de la división antidrogas de la PFP Jorge Cruz, Fidel Hernández y Edgar Bayardo fueron detenidos a raíz de la captura de El Rey Zambada, a quien servían. El propio jefe interino de esa corporación, Gerardo Garay, está bajo arraigo por semejantes razones. Como si no escarmentara, o porque eso busca, García Luna designó en su lugar a Rodrigo Esparza Cristerna, procesado en 1993 cuando era delegado de la PGR en Sinaloa (aunque su caso fue sobreseído por irregularidades formales) por "actuar contra la justicia" a favor de Joaquín Guzmán, El Chapo.
El que García Luna se atreva a dar ese paso muestra el poderío que le otorga la protección presidencial de que disfruta. La reportera Anabel Hernández ha puesto en negro sobre blanco (en su libro Los cómplices del presidente, que está recientemente en circulación) datos de una relación que permite al secretario de Seguridad Pública no inquietarse de las denuncias del Felipe protegido mientras tenga de su parte al Felipe protector.
En víspera de la integración del nuevo gobierno, un grupo de generales en activo se reunió en un elegante restaurante de Polanco con Juan Camilo Mouriño, ya apuntado entonces como el influyente jefe de la Oficina de la Presidencia que sería a partir de unos días más. El propósito de los militares del más alto rango era "desenmascarar al entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna", al que temían se designara director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). "Les preocupaba... la vertiente relacionada con la protección a secuestradores, pero mucho más la relacionada con la protección al cártel de Sinaloa. Para el delicado encuentro que iban a sostener con Mouriño iban bien pertrechados. Las áreas de inteligencia militar habían hecho su trabajo. Se afirma que le presentaron a Juan Camilo una serie de fotografías en las que aparecía el equipo cercano a García Luna -el que hoy controla a la Secretaría de Seguridad Pública- acompañado de narcotraficantes del cártel de Sinaloa, entre ellos los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.
"También le habrían presentado la transcripción de llamadas telefónicas entre el grupo de García Luna y narcotraficantes mientras pactaban y cobraban. Su petición era que esa información llegara a manos del (próximo) presidente de la República. Los generales querían prevenir a Calderón...".
La advertencia fue desoída, a pesar de lo cual fue reiterada más tarde nada menos que por el propio general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, quien habría dicho tener más "información sobre el involucramiento de Genaro García Luna con el crimen organizado". Se lo habría comunicado a José Antonio Ortega, el abogado ultraderechista que representa los intereses y las posiciones del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y al cardenal arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval. Merced a su vínculo con el Episcopado, Ortega pudo añadir a la reportera Hernández que el presidente de la Conferencia episcopal, "don Carlos Aguiar... le había denunciado (al Presidente) las corruptelas de García Luna, no me dijo cuáles, y que tuvo que pagar un costo político por su denuncia".
Se sabía ya que Calderón ha sido impermeable a estas revelaciones, y que protegía a García Luna. Se lo dijo en marzo el subprocurador Juan de Dios Castro a un comandante de la PFP, Javier Herrera Valles, cuando quiso disuadirlo de presentar ante el Presidente una denuncia sobre su colaborador. Ahora Herrera Valles está arraigado, en lo que parece una represalia por su denuncia, y después de haber sido echado de la PFP por la comisión de honor encabezada por Garay, ahora arraigado también, y en que participó Luis Cárdenas Palomino, amigo de García Luna.
El principal resultado de los informes dados por Felipe -y otros testigos protegidos, Jennifer y David- ha sido la detención de Noé Ramírez Mandujano, que hasta el 31 de julio pasado, y a partir del comienzo de la actual administración, fue subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, cargo en que reemplazó a José Luis Santiago Vasconcelos, muerto en el desplome aéreo del 4 de noviembre.
Ambos subprocuradores (el desaparecido lo era a la sazón de asuntos internacionales) habían causado baja simultáneamente en un movimiento que se explicaba superficialmente como una reestructuración administrativa de la PGR pero que ahora sabemos tenía un trasfondo que apenas se empieza a conocer. Santiago Vasconcelos permaneció fuera del aparato unas semanas hasta que se le asignó una tarea técnica de rango menor y funciones difusas. Ramírez Mandujano, en cambio, fue enviado a Viena, como representante mexicano ante la Oficina de la ONU contra la droga y el delito. A la hora de esa designación ya se sabía que altos mandos de la SIEDO habían sido cooptados por la delincuencia organizada, particularmente la banda de los Beltrán Leyva. Nos preguntamos si la información de los testigos protegidos ya había alcanzado entonces a Ramírez Mandujano, lo que explicaría su despido pero no la misión que se le asignó.
Su jefe durante 19 meses, el procurador Eduardo Medina Mora, describió anteayer, con pormenores, la conducta ilícita de su colaborador más importante en ese periodo. Dijo que Ramírez Mandujano pactó con el Cártel del Pacífico recibir 450 mil dólares cada mes "a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal". En la segunda reunión que el funcionario ahora caído en desgracia sostuvo con quienes así lo compraban, se hizo acompañar por Miguel Colorado y Fernando Rivera, que lo auxiliarían en su infidencia. Ambos funcionarios de la SIEDO fueron los primeros detenidos a partir del testimonio de Felipe.
Éste, por cierto, después de haber sido agente de la Interpol, pudo con toda sencillez hacerse contratar como agente policiaco al servicio de la embajada de Washington en México, cuya información filtraba también a los Beltrán Leyva, que lo reclutaron después de un breve regateo. Pérez Guerrero (es decir, Felipe) solicitó un pago de 50 mil dólares por mes, que se redujeron a 30 mil. El infidente ahora protegido tenía experiencia en tareas de esa índole, pagaderas en dólares. Según su propio dicho, Mario Arturo Velarde Martínez le entregó hace años 4 mil dólares por informes sobre actividades de Interpol, en que trabajaba entonces Felipe. El solicitante era secretario particular del director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, ahora secretario de Seguridad Pública. Velarde pasó de la AFI a la Policía Federal Preventiva cuando su jefe ascendió a miembro del gabinete. Fue "elemento con mando medio" en la división antidrogas hasta hace un mes en que se le hizo director general adjunto en la sección primera del Estado Mayor de esa corporación policiaca. A pesar de ese ascenso, hace una semana tramitó su baja y no se le ha vuelto a ver.
Escribió, sin embargo, una carta al diario Reforma, para desmentir los señalamientos del testigo protegido: "Es de esperarse que un delincuente como Felipe, que se siente hundido ante la secuela de actos delictivos que ejecutó en perjuicio de la sociedad mexicana, pretenda imputar supuestos actos delictivos para disminuir su condena dentro o fuera del país, a funcionarios rectos y honestos como lo es el suscrito". Quizá porque la PGR no duda que lo sea, no ha iniciado acción alguna en su contra, a diferencia de lo hecho respecto de otros funcionarios del entorno de García Luna, que desde la semana pasada están arraigados. Se trata de Rodolfo de la Guardia, ex director de Despliegue Regional de la AFI y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de la Interpol, detenidos a partir de la información de Felipe.
Otros jefes y miembros de las corporaciones al mando de García Luna se hallan también arraigados. Los agentes de la división antidrogas de la PFP Jorge Cruz, Fidel Hernández y Edgar Bayardo fueron detenidos a raíz de la captura de El Rey Zambada, a quien servían. El propio jefe interino de esa corporación, Gerardo Garay, está bajo arraigo por semejantes razones. Como si no escarmentara, o porque eso busca, García Luna designó en su lugar a Rodrigo Esparza Cristerna, procesado en 1993 cuando era delegado de la PGR en Sinaloa (aunque su caso fue sobreseído por irregularidades formales) por "actuar contra la justicia" a favor de Joaquín Guzmán, El Chapo.
El que García Luna se atreva a dar ese paso muestra el poderío que le otorga la protección presidencial de que disfruta. La reportera Anabel Hernández ha puesto en negro sobre blanco (en su libro Los cómplices del presidente, que está recientemente en circulación) datos de una relación que permite al secretario de Seguridad Pública no inquietarse de las denuncias del Felipe protegido mientras tenga de su parte al Felipe protector.
En víspera de la integración del nuevo gobierno, un grupo de generales en activo se reunió en un elegante restaurante de Polanco con Juan Camilo Mouriño, ya apuntado entonces como el influyente jefe de la Oficina de la Presidencia que sería a partir de unos días más. El propósito de los militares del más alto rango era "desenmascarar al entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna", al que temían se designara director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). "Les preocupaba... la vertiente relacionada con la protección a secuestradores, pero mucho más la relacionada con la protección al cártel de Sinaloa. Para el delicado encuentro que iban a sostener con Mouriño iban bien pertrechados. Las áreas de inteligencia militar habían hecho su trabajo. Se afirma que le presentaron a Juan Camilo una serie de fotografías en las que aparecía el equipo cercano a García Luna -el que hoy controla a la Secretaría de Seguridad Pública- acompañado de narcotraficantes del cártel de Sinaloa, entre ellos los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.
"También le habrían presentado la transcripción de llamadas telefónicas entre el grupo de García Luna y narcotraficantes mientras pactaban y cobraban. Su petición era que esa información llegara a manos del (próximo) presidente de la República. Los generales querían prevenir a Calderón...".
La advertencia fue desoída, a pesar de lo cual fue reiterada más tarde nada menos que por el propio general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, quien habría dicho tener más "información sobre el involucramiento de Genaro García Luna con el crimen organizado". Se lo habría comunicado a José Antonio Ortega, el abogado ultraderechista que representa los intereses y las posiciones del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y al cardenal arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval. Merced a su vínculo con el Episcopado, Ortega pudo añadir a la reportera Hernández que el presidente de la Conferencia episcopal, "don Carlos Aguiar... le había denunciado (al Presidente) las corruptelas de García Luna, no me dijo cuáles, y que tuvo que pagar un costo político por su denuncia".
Se sabía ya que Calderón ha sido impermeable a estas revelaciones, y que protegía a García Luna. Se lo dijo en marzo el subprocurador Juan de Dios Castro a un comandante de la PFP, Javier Herrera Valles, cuando quiso disuadirlo de presentar ante el Presidente una denuncia sobre su colaborador. Ahora Herrera Valles está arraigado, en lo que parece una represalia por su denuncia, y después de haber sido echado de la PFP por la comisión de honor encabezada por Garay, ahora arraigado también, y en que participó Luis Cárdenas Palomino, amigo de García Luna.
viernes, 21 de noviembre de 2008
Recibe ex zar antidroga dls 450 mil.-PGR
Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, confirmó la detención del ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, Noé Ramírez Mandujano, y señaló que es indagado porque presuntamente recibió 450 mil dólares por parte del Cártel del Pacífico, para filtrar información.
"Obran en su contra imputaciones en el sentido de que con posterioridad a la fecha en la que asumió el cargo de titular de SIEDO fue citado por un miembro del Cártel del Pacífico de quien recibió de manera personal un pago de 450 mil dólares, a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal. Se señala que estos pagos serían otorgados de manera mensual", señaló.
Ramírez Mandujano quedó en calidad de detenido ayer, tras presentarse a declarar ante la SIEDO el pasado miércoles y ya se solicitó a un juez el arraigo en su contra.
"Fue solicitada la medida de arraigo para seguir desahogando las indagatorias que consisten en la entrega de información a personas ajenas a la institución", señaló Medina Mora.
REFORMA publicó este viernes que el ex titular de la SIEDO había sido detenido ayer por esa misma fiscalía dentro de las pesquisas contra servidores públicos que protegieron la operación de narcotraficantes.
El funcionario explicó que dentro de las indagatorias del "Operativo Limpieza" existe la imputación de un testigo protegido miembro de ese cártel de haberle entregado la cantidad en una reunión posterior a que Ramírez Mandujano asumiera el cargo más importante de la dependencia en el combate al narcotráfico.
El Procurador manifestó que existe otro indicio de una segunda reunión con narcotraficantes, también realizada en el Distrito Federal, a la que lo acompañaron Fernando Rivera y Miguel Ángel Colorado, ambos de la Coordinación Técnica de la SIEDO, y consignados en octubre por los mismos hechos.
Además, el funcionario detalló que por delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la comisión de delitos de esta naturaleza, se acusa a cuatro agentes más: Jorge Alberto Zavala, Antonio Mejía Robles, Francisco Javier Jiménez Sánchez y José Antonio Cueto López, los dos últimos prófugos.
En conferencia de prensa, Medina Mora aseguró que las investigaciones parten de conductas individuales de funcionarios y ex funcionarios y que están sustentadas en diligencias ministeriales, tras rechazar que existan revanchismos.
"Obran en su contra imputaciones en el sentido de que con posterioridad a la fecha en la que asumió el cargo de titular de SIEDO fue citado por un miembro del Cártel del Pacífico de quien recibió de manera personal un pago de 450 mil dólares, a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal. Se señala que estos pagos serían otorgados de manera mensual", señaló.
Ramírez Mandujano quedó en calidad de detenido ayer, tras presentarse a declarar ante la SIEDO el pasado miércoles y ya se solicitó a un juez el arraigo en su contra.
"Fue solicitada la medida de arraigo para seguir desahogando las indagatorias que consisten en la entrega de información a personas ajenas a la institución", señaló Medina Mora.
REFORMA publicó este viernes que el ex titular de la SIEDO había sido detenido ayer por esa misma fiscalía dentro de las pesquisas contra servidores públicos que protegieron la operación de narcotraficantes.
El funcionario explicó que dentro de las indagatorias del "Operativo Limpieza" existe la imputación de un testigo protegido miembro de ese cártel de haberle entregado la cantidad en una reunión posterior a que Ramírez Mandujano asumiera el cargo más importante de la dependencia en el combate al narcotráfico.
El Procurador manifestó que existe otro indicio de una segunda reunión con narcotraficantes, también realizada en el Distrito Federal, a la que lo acompañaron Fernando Rivera y Miguel Ángel Colorado, ambos de la Coordinación Técnica de la SIEDO, y consignados en octubre por los mismos hechos.
Además, el funcionario detalló que por delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la comisión de delitos de esta naturaleza, se acusa a cuatro agentes más: Jorge Alberto Zavala, Antonio Mejía Robles, Francisco Javier Jiménez Sánchez y José Antonio Cueto López, los dos últimos prófugos.
En conferencia de prensa, Medina Mora aseguró que las investigaciones parten de conductas individuales de funcionarios y ex funcionarios y que están sustentadas en diligencias ministeriales, tras rechazar que existan revanchismos.
jueves, 20 de noviembre de 2008
Confirma PGR detención de Ramírez Mandujano
La Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada encontró elementos para detener al zar antidrogas Noé Rodríguez Mandujano, por su probable participación en una red de corrupción oficial, que trabajaba entregando información sobre investigaciones y operaciones al cártel que encabezan .los hermanos Beltrán Leyva.
En un comunicado la Procuraduría General de la República informó que ayer Ramírez Mandujano se presentó voluntariamente a declarar ante el Fiscal de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en el marco de la “Operación Limpieza.
La dependencia agregó que el Ministerio Público de la Federación solicitará en las próximas horas la medida cautelar de arraigo, para continuar perfeccionando la indagatoria con los elementos de prueba previstos por la Ley.
"La investigación continúa desarrollándose y se siguen todas las líneas de trabajo que permitan identificar hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de servidores públicos".
En un comunicado la Procuraduría General de la República informó que ayer Ramírez Mandujano se presentó voluntariamente a declarar ante el Fiscal de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en el marco de la “Operación Limpieza.
La dependencia agregó que el Ministerio Público de la Federación solicitará en las próximas horas la medida cautelar de arraigo, para continuar perfeccionando la indagatoria con los elementos de prueba previstos por la Ley.
"La investigación continúa desarrollándose y se siguen todas las líneas de trabajo que permitan identificar hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de servidores públicos".
Hallan dos narcotúneles fronterizos
En menos de 24 horas, agentes de la Patrulla Fronteriza, sector Tucson, descubrieron dos túneles que presuntamente se utilizaban para actividades ilícitas entre México y Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses informaron hoy que el primer túnel se detectó la tarde del miércoles en una revisión de rutina por la Avenida principal entre Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora.
Un segundo túnel se descubrió durante la noche del mismo miércoles, y en ambos casos se presume que los túneles se adaptaron a los canales de desagüe pluvial entre ambas ciudades.
En lo que va de octubre a la fecha, la Patrulla Fronteriza en Arizona ha detectado cinco narcotúneles.
Caen 10 presuntos miembros de La Familia
En un operativo conjunto entre el Ejército mexicano y la Policía Estatal anoche fueron aseguradas en un inmueble de la colonia Ejidos de Ecatepec 10 personas presuntamente vinculadas con el grupo delictivo "La Familia", a quienes decomisaron armas y granadas de fragmentación.
Al filo de las 19:20 horas, un despliegue policiaco de 100 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), junto con 50 militares, arribaron a la casa de cuatro niveles marcada como Lote 17, Manzana 16 de la calle Colorines, donde aprehendieron a dos mujeres y ocho varones.
En una habitación del tercer piso los agentes encontraron siete rifles AR-15, tres granadas y dos supuestas identificaciones de policías judiciales del Estado de México, así como 297 cartuchos calibre .223, otros 12 de calibre .38 súper y 7 más de calibre .45, así como ocho chalecos antibalas y cinco placas balísticas con blindaje nivel 4.
Mandos de la ASE refirieron que el decomiso y la captura de los sujetos ocurrió alrededor de las 17:00 horas luego de que recibieron una llamada anónima denunciando que en ese domicilio se encontraba gente armada.
Oficiales que participaron en el cateo informaron que también se encontró una bitácora con nombres y apodos presuntamente de los integrantes de la banda, donde llevaban un control de la entrada y salida de las armas de fuego.
"En una libreta tenían apuntados los apodos de 'El Güero', 'El Jefe' y 'El General', así como el registro de las armas y pistolas que entraban y salían a diario de la casa y los horarios en que lo hacían.
"Se encontraron también siete juegos de fotografías de diversas personas en tamaño infantil que aún no se han identificado; se presume que puedan ser de posibles víctimas o distribuidores de narcóticos", señaló un comandante de la ASE.
Los detenidos fueron identificados como Romualda Jorgín, de 38 años; Liliana Rebolledo, de 24; Daniel Iza, de 20; Alejandro Martínez, de 28 y Alfredo Piza, de 37.
También se aprehendió a Daniel Robles, de 35 años; Cristopher Ríos, de 25; Omar Gómez, de 18; Alfonso Gómez, de 17; y Jonathan López, de 23.
Las autoridades precisaron que Romualda está identificada como la persona que rentaba el inmueble a este grupo desde hace dos meses, y se presume que también pudieran estar relacionados con algunos casos de secuestro y con los ataques contra policías estatales el pasado 30 de octubre.
Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia de Ecatepec bajo un fuerte operativo de seguridad.
Al filo de las 19:20 horas, un despliegue policiaco de 100 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), junto con 50 militares, arribaron a la casa de cuatro niveles marcada como Lote 17, Manzana 16 de la calle Colorines, donde aprehendieron a dos mujeres y ocho varones.
En una habitación del tercer piso los agentes encontraron siete rifles AR-15, tres granadas y dos supuestas identificaciones de policías judiciales del Estado de México, así como 297 cartuchos calibre .223, otros 12 de calibre .38 súper y 7 más de calibre .45, así como ocho chalecos antibalas y cinco placas balísticas con blindaje nivel 4.
Mandos de la ASE refirieron que el decomiso y la captura de los sujetos ocurrió alrededor de las 17:00 horas luego de que recibieron una llamada anónima denunciando que en ese domicilio se encontraba gente armada.
Oficiales que participaron en el cateo informaron que también se encontró una bitácora con nombres y apodos presuntamente de los integrantes de la banda, donde llevaban un control de la entrada y salida de las armas de fuego.
"En una libreta tenían apuntados los apodos de 'El Güero', 'El Jefe' y 'El General', así como el registro de las armas y pistolas que entraban y salían a diario de la casa y los horarios en que lo hacían.
"Se encontraron también siete juegos de fotografías de diversas personas en tamaño infantil que aún no se han identificado; se presume que puedan ser de posibles víctimas o distribuidores de narcóticos", señaló un comandante de la ASE.
Los detenidos fueron identificados como Romualda Jorgín, de 38 años; Liliana Rebolledo, de 24; Daniel Iza, de 20; Alejandro Martínez, de 28 y Alfredo Piza, de 37.
También se aprehendió a Daniel Robles, de 35 años; Cristopher Ríos, de 25; Omar Gómez, de 18; Alfonso Gómez, de 17; y Jonathan López, de 23.
Las autoridades precisaron que Romualda está identificada como la persona que rentaba el inmueble a este grupo desde hace dos meses, y se presume que también pudieran estar relacionados con algunos casos de secuestro y con los ataques contra policías estatales el pasado 30 de octubre.
Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia de Ecatepec bajo un fuerte operativo de seguridad.
miércoles, 19 de noviembre de 2008
Detienen a 13 por emboscada en Edomex
Alberto Bazbaz, Procurador de Justicia del Estado de México, informó este miércoles que tienen 13 personas aseguradas por el homicidio de tres agentes de la Policía ministerial este martes.
Los agentes Ignacio Gómez Aguilar, Luis Manríquez López, coordinador de investigaciones, y Marco Antonio Jaramillo, murieron en una emboscada luego de haber ido a cenar cerca de las instalaciones de la procuraduría mexiquense en ese municipio.
"Si no me equivoco salieron a cenar a unas cuadras de las oficinas de la subprocuraduría en Tejupilco y regresando se les cerró un vehículo, del que ya tenemos los datos, y tenemos otro vehículo asegurado que no fue visualizado por los elementos que fueron agredidos.
"Dos personas se bajaron del vehículo y dispararon contra el vehículo donde perdieron la vida los elementos (...) Los 13 presentados se encuentran en la subprocuraduría de Tejupilco y en estos momentos habremos de determinar, dependiendo de la información, si los trasladamos para acá", abundó.
Agregó que también se aseguraron 10 armas, 3 cortas y 7 largas, mil 400 cartuchos útiles y una granada.
Refirió que en lo que va del 2008 11 elementos de la Procuraduría de Justicia han perdido la vida en cumplimiento de su deber.
"Ya ordenamos un despliegue de elementos que tienen la instrucción clara de que no haya impunidad contra elementos de nuestra corporación (...) vamos a esperar los resultado de las declaraciones y tenemos hasta este momento los presentados", concluyó.
Los agentes Ignacio Gómez Aguilar, Luis Manríquez López, coordinador de investigaciones, y Marco Antonio Jaramillo, murieron en una emboscada luego de haber ido a cenar cerca de las instalaciones de la procuraduría mexiquense en ese municipio.
"Si no me equivoco salieron a cenar a unas cuadras de las oficinas de la subprocuraduría en Tejupilco y regresando se les cerró un vehículo, del que ya tenemos los datos, y tenemos otro vehículo asegurado que no fue visualizado por los elementos que fueron agredidos.
"Dos personas se bajaron del vehículo y dispararon contra el vehículo donde perdieron la vida los elementos (...) Los 13 presentados se encuentran en la subprocuraduría de Tejupilco y en estos momentos habremos de determinar, dependiendo de la información, si los trasladamos para acá", abundó.
Agregó que también se aseguraron 10 armas, 3 cortas y 7 largas, mil 400 cartuchos útiles y una granada.
Refirió que en lo que va del 2008 11 elementos de la Procuraduría de Justicia han perdido la vida en cumplimiento de su deber.
"Ya ordenamos un despliegue de elementos que tienen la instrucción clara de que no haya impunidad contra elementos de nuestra corporación (...) vamos a esperar los resultado de las declaraciones y tenemos hasta este momento los presentados", concluyó.
Fuerzas federales toman control del este de Tijuana
lementos del Ejército, Marina y Policía Federal tomaron el control de la seguridad pública en las delegaciones La Mesa, Cerro Colorado, La Presa y Centenario, en el este de este municipio, como una estrategia para enfrentar el alto índice de criminalidad, dijo el edil panista Jorge Ramos Hernández.
En una primera etapa sustituirán a 500 agentes municipales, quienes serán sometidos a exámenes de control y confianza, así como a cursos de capacitación, como parte del Programa de Capacitación y Confianza. Los que no lo aprueben serán dados de baja. El edil confió en que este ejercicio permita continuar con la depuración de la policía municipal, la cual estaba infiltrada por el crimen organizado, “ya que no se le atendió en su dimensión en su momento”.
Los policías entregaron sus armas y equipo de comunicación, y están concentrados en el Centro de Control y Mando de la corporación. Personal de las Fuerzas Federales los capacitará.
Los federales se harán cargo de la seguridad; oficiales municipales apoyarán en las tareas de Tránsito y peritaje de accidentes.
Agentes municipales citados para incluirlos en el Programa de Capacitación y Confianza manifestaron temor de que se les someta a investigación y sean acusados de pertenecer al crimen organizado.
Matamoros: a puro valor
En la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, este martes se cumplieron ocho días de que los policías municipales vigilan la ciudad desarmados, ya que el Ejército aún no concluye con la revisión del armamento que incautó el pasado martes a todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Lauro Peña García, presidente del Comité de Participación Ciudadana en Seguridad Pública, demandó a las fuerzas castrenses agilizar la revisión, ya que en dos casos los agentes han tenido que enfrentar a delincuentes empistolados.
En una primera etapa sustituirán a 500 agentes municipales, quienes serán sometidos a exámenes de control y confianza, así como a cursos de capacitación, como parte del Programa de Capacitación y Confianza. Los que no lo aprueben serán dados de baja. El edil confió en que este ejercicio permita continuar con la depuración de la policía municipal, la cual estaba infiltrada por el crimen organizado, “ya que no se le atendió en su dimensión en su momento”.
Los policías entregaron sus armas y equipo de comunicación, y están concentrados en el Centro de Control y Mando de la corporación. Personal de las Fuerzas Federales los capacitará.
Los federales se harán cargo de la seguridad; oficiales municipales apoyarán en las tareas de Tránsito y peritaje de accidentes.
Agentes municipales citados para incluirlos en el Programa de Capacitación y Confianza manifestaron temor de que se les someta a investigación y sean acusados de pertenecer al crimen organizado.
Matamoros: a puro valor
En la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, este martes se cumplieron ocho días de que los policías municipales vigilan la ciudad desarmados, ya que el Ejército aún no concluye con la revisión del armamento que incautó el pasado martes a todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Lauro Peña García, presidente del Comité de Participación Ciudadana en Seguridad Pública, demandó a las fuerzas castrenses agilizar la revisión, ya que en dos casos los agentes han tenido que enfrentar a delincuentes empistolados.
martes, 18 de noviembre de 2008
Arraiga SIEDO a director de Interpol
El director general de Asuntos Policiales Internacionales de Interpol, Ricardo Gutiérrez Vargas, fue detenido y sujeto a un arraigo por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
La PGR informó este martes que su detención se deriva de las indagatorias iniciadas por la SIEDO contra servidores públicos que proporcionaron información a narcotraficantes, denominada "Operación Limpieza".
El encargado de la Interpol en el País, dependiente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), fue detenido el pasado domingo por estar implicado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UIEDCS/241/2008.
Para abundar en las indagatorias en su contra, el Fiscal federal solicitó su arraigo, el cual fue concedido por un plazo de 40 días por el Juez Décimo Sexto de Distrito en el DF.
La PGR informó este martes que su detención se deriva de las indagatorias iniciadas por la SIEDO contra servidores públicos que proporcionaron información a narcotraficantes, denominada "Operación Limpieza".
El encargado de la Interpol en el País, dependiente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), fue detenido el pasado domingo por estar implicado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UIEDCS/241/2008.
Para abundar en las indagatorias en su contra, el Fiscal federal solicitó su arraigo, el cual fue concedido por un plazo de 40 días por el Juez Décimo Sexto de Distrito en el DF.
Determina SIEDO retener 48 horas a Herrera Valles
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) determinó retener por 48 horas al ex coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), Javier Herrera Valles, a quien investiga por la presunta recepción de pagos de grupos del crimen organizado.
Herrera Valles, quien ha criticado la gestión de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desde hace 10 meses , fue detenido ayer por una orden de localización y presentación, confirmó la PGR.
"Javier Herrera Valles se reservó su declaración ante los hechos que motivaron su presentación, por lo cual el fiscal decretó su detención por un plano de 48 horas, que puede ampliarse otras 48 con el fin de ampliar elementos de investigación y que, al final del término constitucional de su retención, se determine su situación jurídica", informó la PGR.
La familia del ex mando policiaco rechazó las acusaciones calificándolas de totalmente falsas y lamentando que Herrera Valles sea perseguido por "denunciar la corrupción y los malos manejos en la SSP".
"Nosotros no somos delincuentes y nos está tocando el acoso, no por decir la verdad nos van a tratar así", comentó Liliana Adame, esposa de Herrera Valle.
Eduardo Herrera, hijo del ex comisario y quien lo acompañaba al ser detenido, está por ingresar a las instalaciones de la SIEDO para entrevistarse con su padre mientras los abogados de la familia determinan la acción a seguir.
Herrera Valles, quien ha criticado la gestión de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desde hace 10 meses , fue detenido ayer por una orden de localización y presentación, confirmó la PGR.
"Javier Herrera Valles se reservó su declaración ante los hechos que motivaron su presentación, por lo cual el fiscal decretó su detención por un plano de 48 horas, que puede ampliarse otras 48 con el fin de ampliar elementos de investigación y que, al final del término constitucional de su retención, se determine su situación jurídica", informó la PGR.
La familia del ex mando policiaco rechazó las acusaciones calificándolas de totalmente falsas y lamentando que Herrera Valles sea perseguido por "denunciar la corrupción y los malos manejos en la SSP".
"Nosotros no somos delincuentes y nos está tocando el acoso, no por decir la verdad nos van a tratar así", comentó Liliana Adame, esposa de Herrera Valle.
Eduardo Herrera, hijo del ex comisario y quien lo acompañaba al ser detenido, está por ingresar a las instalaciones de la SIEDO para entrevistarse con su padre mientras los abogados de la familia determinan la acción a seguir.
Los Misterios de "La Guajira"
¿Quién secuestró a los jornaleros y para qué?
Junto al secuestro de 27 jornaleros ocurrieron esa misma noche dos cateos en Navolato y la aprehensión de por lo menos dos personas que aún no aparecen. Cinco días antes había sido acribillado el alcalde Fernando García, donde murieron dos regidores y un agricultor. Por si fuera poco, el hermano menor de Vicente Carrillo Fuentes fue privado de su libertad desde el 27 de octubre y nadie se hace responsable: ¿alguien puede aclarar este enredo?
La noche del domingo 9 de noviembre fue una “noche de perros” para muchos en Navolato y Costa Rica. Lo más notable fue el secuestro de 27 jornaleros que se encontraban durmiendo en el campo agrícola La Guajira —ubicado en la carretera la 20 que conduce a Villa Juárez—, por parte de un grupo de hombres armados que derrumbaron las rejas del campo y tumbaron las puertas de los dormitorios.
Amagando con sus armas y sus gritos separaron a las mujeres y a los niños de los hombres. Luego los empezaron a subir a los vehículos. Llegaron en por lo menos diez camionetas repletas. Unos testigos contaron alrededor de cincuenta hombres y otros hasta ochenta. Una vez que subieron a todos los varones a las camionetas se marcharon.
Al día siguiente, elementos del Ejército mexicano y fuerzas policiacas de todas las corporaciones resguardaron el lugar, mientras los agentes del Ministerio Público realizaban las primeras diligencias. Horas después se correría la especie de que el campo es propiedad de la familia Carrillo Fuentes y que el secuestro de los jornaleros era un golpe de un cártel contrario a ellos.
El miércoles 5 de noviembre, en la carretera Altata-Navolato, había sido acribillado el alcalde Fernando García Hernández y en el ataque murieron dos regidores y un agricultor.
En Navolato también hace aire
Pero no solo en Costa Rica, sindicatura donde se encuentra ubicado el campo La Guajira, se vivieron momentos de terror. Una hora antes de que fuera tomado por asalto este empaque, fue cateada la casa de Rosario Obeso López, en El Caimancito, Navolato. Según testigos de los hechos, que prefirieron mantenerse en el anonimato, era aproximadamente la una de la mañana cuando llegaron a la casa de Rosario y grupo de hombres armados. Eran gentes vestidas de negro y viajaban en vehículos pesados. Se metieron a su casa y lo sacaron por la fuerza.
Minutos después, en otro poblado, ocurrió otro hecho pero con una mayor exhibición de fuerza. En El Limoncito fue cateada la casa de Mario César Jacobi. De acuerdo con los testigos, llegaron al lugar dos o tres docenas de militares echando bala: “¡Dónde están las armas!”, gritaban enardecidos. Cuando vieron a Mario César le dispararon y lo hirieron en una pierna. Los testimonios aseguran que los agresores son militares, aunque alcanzaron a ver entre los hombres a alguien que portaba una camiseta donde se podía leer Policía Federal.
Aproximadamente una hora después de estos cateos ocurrió el secuestro de los 27 jornaleros en La Guajira.
La sospechosa prisa del Ejército
Poco más de 24 horas después de que se conoció el secuestro de los 27 jornaleros agrícolas, la Vocería de la Operación Conjunta Culiacán-Navolato emitió un comunicado donde afirma que:
“Por información recabada con la misma población y por investigaciones realizadas por la autoridad competente, el apoderado legal del citado campo es Pablo Jacobo Retamoza, del cual se tiene información que es hermano de María Elena Jacobo Retamoza, esposa de José Cruz Carrillo Fuentes, hermano del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy. Las autoridades continúan investigando para determinar la propiedad y la legalidad de la misma para proceder conforme a derecho o deslindar responsabilidades”.
Fue un comunicado inusual, pues en estos casos siempre se oculta la información relativa a los propietarios de los inmuebles “para no entorpecer las investigaciones”. Desde el propio Gobierno estatal empezaron a circular versiones de que el Ejército había instigado la emisión del boletín, sin considerar las consecuencias que podía tener evidenciar a la familia Carrillo Fuentes.
Había cierta molestia en algunos círculos del Gobierno del Estado, lo cual se manifestó al día siguiente en una declaración seca, tajante del propio gobernador Jesús Aguilar Padilla cuando fue cuestionado al respecto por la prensa.
Predispuesto a no hablar mucho del tema, atajó una de las preguntas diciendo que “ya se dio información desde ayer” y sólo confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) ya había intervenido y “deberá seguir interviniendo en el caso” por el hecho de que se haya vinculado a una acción del narcotráfico.
—¿Pero sí está confirmado que es de los Carrillo Fuentes este rancho, gobernador? —le preguntó una reportera.
—No. —fue la respuesta cortante del gobernador.
1999: se constituye La Guajira
Esas mismas tierras —entre 150 y 200 hectáreas, dicen los jornaleros de los campos vecinos— pasaron ya por varias manos antes de llegar a sus actuales propietarios. Y han tenido varios nombres: Patricia, Orgullo México y Las cinco P.
La Guajira se constituyó el 15 de junio de 1999 en la ciudad de Navolato —a pesar de que la propiedad está ubicada en el municipio de Culiacán—, ante el notario público número 139, César Valadés Soto.
De acuerdo con la escritura 4308, volumen XV, Agrícola La Guajira, Sociedad Anónima de Capital Variable, está conformada por los señores Juan José Urías Sánchez, Salvador Ramos Valderrama, Heriberto López Zavala y Juan José Palazuelos Acosta. Nació, según el mismo documento, con un capital social de 100 mil pesos.
Los empresarios no perdieron el tiempo pues ese mismo año dieron de alta a la agrícola en todas las dependencias necesarias para conseguir los apoyos del Gobierno federal.
De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, entre 1999 y 2004, la propiedad, ubicada en la localidad de Costa Rica, en Sinaloa, recibió recursos públicos del Procampo por 928 mil 263 pesos, de los cuales, 527 mil pesos fueron destinados para la siembra de 92 hectáreas de maíz, chile, tomate y un cultivo “no definido”.
Los apoyos correspondieron a los programas de Apoyos Directos para el Campo (Procampo) y por el Ingreso Objetivo, perteneciente a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).
La Guajira también recibió recursos de Aserca que ascendieron a 401 mil 264 pesos, supuestamente destinados a la comercialización de maíz y sorgo.
“Además, el apoderado legal de la propiedad, Pablo Jacobo Retamoza, quien, según autoridades oficiales es cuñado de José Cruz Carrillo Fuentes, hermano del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy, aparece en las bases de datos oficiales, que demuestran que ha cobrado más de 890 mil pesos en apoyos de ambos programas”.
Según la información, Jacobo Retamoza —a pesar de no ser todavía el apoderado legal de la agrícola— recibió recursos públicos entre 2003 y 2007 por la siembra de casi 70 hectáreas de cultivos de maíz y caña de azúcar.
El notario de lujo
Pablo Jacobo Retamoza se esfumó cuando el Gobierno lo ubicó como apoderado legal de la agrícola asegurada por la PGR desde el martes en que se dio a conocer que el campo podría tener relación con la familia Carrillo Fuentes.
Pablo es hermano de María Elena Jacobo Retamoza, esposa de José Cruz Carrillo Fuentes, y esa relación familiar lo convirtió en sospechoso, según el comunicado de la Operación Conjunta Culiacán-Navolato. Pero fue su calidad de apoderado legal de La Guajira lo que lo ubicó como blanco para las autoridades federales.
De acuerdo con la escritura pública 1406, volumen VI, el 19 de mayo de 2008, en la ciudad de Culiacán, compareció ante el notario público 103, el señor Juan José Urías Sánchez en representación de la sociedad mercantil denominada Agrícola La Guajira S.A. de C.V., con la finalidad de que se proceda a protocolizar un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, así como un poder general cambiario a favor de Pablo Jacobo Retamoza.
La escritura es legal por donde se le mire, aunque la actuación de notario sea irregular, pues se trata de Alejandro Gastélum Serrano, quien al momento de protocolizar el acto fungía como secretario particular del entonces procurador Luis Antonio Cárdenas Fonseca, y la Ley General del Notariado les impide a los notarios ejercer como tales cuando están ocupando un cargo público.
Gracias a la vida
Después de 80 horas de angustia aparecieron los primeros jornaleros que habían sido secuestrados. 16 de ellos fueron dejados debajo de un puente de una carretera donde también se apreciaba el paso de las vías del tren.
No logran, según sus declaraciones expuestas en la averiguación previa 344/2008 que abrió la Agencia Onceava del Ministerio Público de Costa Rica, ubicar bien el lugar, y solo establecen que estaban “hacia el sur”.
El jueves por la mañana, muy temprano, fueron dejados en libertad. De acuerdo con las versiones de los jornaleros, luego de que los levantaron la madrugada del 10 de noviembre, fueron vendados de los ojos y trasladados a un lugar donde solo había monte y cerros.
Después de que los subieron en varios vehículos se marcharon por caminos de asfalto y terracería por un lapso aproximado de dos horas. Todos afirmaron que en ningún momento los golpearon ni los amenazaron, aunque los mantuvieron con los ojos vendados. Sus captores, dijeron, no hablaban entre sí.
Una noche antes de dejarlos en libertad los subieron a una camioneta y les dijeron que los iban a soltar; les dieron 100 pesos a cada uno y los trasladaron a un lugar de la carretera donde finalmente los dejaron. Luego de ubicarse tomaron camión de la línea Pacífico que los llevó a Culiacán. Llegaron a las 8:00 horas.
En sus declaraciones —para el viernes por la noche habían declarado 19, pues después aparecieron tres más—, los jornaleros explicaron que donde los tuvieron durante tres días no había casas, solo monte y cerros.
Aunque los 19 coincidieron en que los 27 fueron liberados, hasta el cierre de la edición, el viernes por la noche, no se sabía nada del resto de sus compañeros.
De las declaraciones de los jornaleros, la Procuraduría de Justicia emitió un escueto boletín donde no aportaba nada sustancial y repetía que los captores nunca trataron mal a sus secuestrados. Nada sobre el posible móvil, ni la naturaleza de los captores.
Junto al secuestro de 27 jornaleros ocurrieron esa misma noche dos cateos en Navolato y la aprehensión de por lo menos dos personas que aún no aparecen. Cinco días antes había sido acribillado el alcalde Fernando García, donde murieron dos regidores y un agricultor. Por si fuera poco, el hermano menor de Vicente Carrillo Fuentes fue privado de su libertad desde el 27 de octubre y nadie se hace responsable: ¿alguien puede aclarar este enredo?
La noche del domingo 9 de noviembre fue una “noche de perros” para muchos en Navolato y Costa Rica. Lo más notable fue el secuestro de 27 jornaleros que se encontraban durmiendo en el campo agrícola La Guajira —ubicado en la carretera la 20 que conduce a Villa Juárez—, por parte de un grupo de hombres armados que derrumbaron las rejas del campo y tumbaron las puertas de los dormitorios.
Amagando con sus armas y sus gritos separaron a las mujeres y a los niños de los hombres. Luego los empezaron a subir a los vehículos. Llegaron en por lo menos diez camionetas repletas. Unos testigos contaron alrededor de cincuenta hombres y otros hasta ochenta. Una vez que subieron a todos los varones a las camionetas se marcharon.
Al día siguiente, elementos del Ejército mexicano y fuerzas policiacas de todas las corporaciones resguardaron el lugar, mientras los agentes del Ministerio Público realizaban las primeras diligencias. Horas después se correría la especie de que el campo es propiedad de la familia Carrillo Fuentes y que el secuestro de los jornaleros era un golpe de un cártel contrario a ellos.
El miércoles 5 de noviembre, en la carretera Altata-Navolato, había sido acribillado el alcalde Fernando García Hernández y en el ataque murieron dos regidores y un agricultor.
En Navolato también hace aire
Pero no solo en Costa Rica, sindicatura donde se encuentra ubicado el campo La Guajira, se vivieron momentos de terror. Una hora antes de que fuera tomado por asalto este empaque, fue cateada la casa de Rosario Obeso López, en El Caimancito, Navolato. Según testigos de los hechos, que prefirieron mantenerse en el anonimato, era aproximadamente la una de la mañana cuando llegaron a la casa de Rosario y grupo de hombres armados. Eran gentes vestidas de negro y viajaban en vehículos pesados. Se metieron a su casa y lo sacaron por la fuerza.
Minutos después, en otro poblado, ocurrió otro hecho pero con una mayor exhibición de fuerza. En El Limoncito fue cateada la casa de Mario César Jacobi. De acuerdo con los testigos, llegaron al lugar dos o tres docenas de militares echando bala: “¡Dónde están las armas!”, gritaban enardecidos. Cuando vieron a Mario César le dispararon y lo hirieron en una pierna. Los testimonios aseguran que los agresores son militares, aunque alcanzaron a ver entre los hombres a alguien que portaba una camiseta donde se podía leer Policía Federal.
Aproximadamente una hora después de estos cateos ocurrió el secuestro de los 27 jornaleros en La Guajira.
La sospechosa prisa del Ejército
Poco más de 24 horas después de que se conoció el secuestro de los 27 jornaleros agrícolas, la Vocería de la Operación Conjunta Culiacán-Navolato emitió un comunicado donde afirma que:
“Por información recabada con la misma población y por investigaciones realizadas por la autoridad competente, el apoderado legal del citado campo es Pablo Jacobo Retamoza, del cual se tiene información que es hermano de María Elena Jacobo Retamoza, esposa de José Cruz Carrillo Fuentes, hermano del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy. Las autoridades continúan investigando para determinar la propiedad y la legalidad de la misma para proceder conforme a derecho o deslindar responsabilidades”.
Fue un comunicado inusual, pues en estos casos siempre se oculta la información relativa a los propietarios de los inmuebles “para no entorpecer las investigaciones”. Desde el propio Gobierno estatal empezaron a circular versiones de que el Ejército había instigado la emisión del boletín, sin considerar las consecuencias que podía tener evidenciar a la familia Carrillo Fuentes.
Había cierta molestia en algunos círculos del Gobierno del Estado, lo cual se manifestó al día siguiente en una declaración seca, tajante del propio gobernador Jesús Aguilar Padilla cuando fue cuestionado al respecto por la prensa.
Predispuesto a no hablar mucho del tema, atajó una de las preguntas diciendo que “ya se dio información desde ayer” y sólo confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) ya había intervenido y “deberá seguir interviniendo en el caso” por el hecho de que se haya vinculado a una acción del narcotráfico.
—¿Pero sí está confirmado que es de los Carrillo Fuentes este rancho, gobernador? —le preguntó una reportera.
—No. —fue la respuesta cortante del gobernador.
1999: se constituye La Guajira
Esas mismas tierras —entre 150 y 200 hectáreas, dicen los jornaleros de los campos vecinos— pasaron ya por varias manos antes de llegar a sus actuales propietarios. Y han tenido varios nombres: Patricia, Orgullo México y Las cinco P.
La Guajira se constituyó el 15 de junio de 1999 en la ciudad de Navolato —a pesar de que la propiedad está ubicada en el municipio de Culiacán—, ante el notario público número 139, César Valadés Soto.
De acuerdo con la escritura 4308, volumen XV, Agrícola La Guajira, Sociedad Anónima de Capital Variable, está conformada por los señores Juan José Urías Sánchez, Salvador Ramos Valderrama, Heriberto López Zavala y Juan José Palazuelos Acosta. Nació, según el mismo documento, con un capital social de 100 mil pesos.
Los empresarios no perdieron el tiempo pues ese mismo año dieron de alta a la agrícola en todas las dependencias necesarias para conseguir los apoyos del Gobierno federal.
De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, entre 1999 y 2004, la propiedad, ubicada en la localidad de Costa Rica, en Sinaloa, recibió recursos públicos del Procampo por 928 mil 263 pesos, de los cuales, 527 mil pesos fueron destinados para la siembra de 92 hectáreas de maíz, chile, tomate y un cultivo “no definido”.
Los apoyos correspondieron a los programas de Apoyos Directos para el Campo (Procampo) y por el Ingreso Objetivo, perteneciente a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).
La Guajira también recibió recursos de Aserca que ascendieron a 401 mil 264 pesos, supuestamente destinados a la comercialización de maíz y sorgo.
“Además, el apoderado legal de la propiedad, Pablo Jacobo Retamoza, quien, según autoridades oficiales es cuñado de José Cruz Carrillo Fuentes, hermano del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy, aparece en las bases de datos oficiales, que demuestran que ha cobrado más de 890 mil pesos en apoyos de ambos programas”.
Según la información, Jacobo Retamoza —a pesar de no ser todavía el apoderado legal de la agrícola— recibió recursos públicos entre 2003 y 2007 por la siembra de casi 70 hectáreas de cultivos de maíz y caña de azúcar.
El notario de lujo
Pablo Jacobo Retamoza se esfumó cuando el Gobierno lo ubicó como apoderado legal de la agrícola asegurada por la PGR desde el martes en que se dio a conocer que el campo podría tener relación con la familia Carrillo Fuentes.
Pablo es hermano de María Elena Jacobo Retamoza, esposa de José Cruz Carrillo Fuentes, y esa relación familiar lo convirtió en sospechoso, según el comunicado de la Operación Conjunta Culiacán-Navolato. Pero fue su calidad de apoderado legal de La Guajira lo que lo ubicó como blanco para las autoridades federales.
De acuerdo con la escritura pública 1406, volumen VI, el 19 de mayo de 2008, en la ciudad de Culiacán, compareció ante el notario público 103, el señor Juan José Urías Sánchez en representación de la sociedad mercantil denominada Agrícola La Guajira S.A. de C.V., con la finalidad de que se proceda a protocolizar un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, así como un poder general cambiario a favor de Pablo Jacobo Retamoza.
La escritura es legal por donde se le mire, aunque la actuación de notario sea irregular, pues se trata de Alejandro Gastélum Serrano, quien al momento de protocolizar el acto fungía como secretario particular del entonces procurador Luis Antonio Cárdenas Fonseca, y la Ley General del Notariado les impide a los notarios ejercer como tales cuando están ocupando un cargo público.
Gracias a la vida
Después de 80 horas de angustia aparecieron los primeros jornaleros que habían sido secuestrados. 16 de ellos fueron dejados debajo de un puente de una carretera donde también se apreciaba el paso de las vías del tren.
No logran, según sus declaraciones expuestas en la averiguación previa 344/2008 que abrió la Agencia Onceava del Ministerio Público de Costa Rica, ubicar bien el lugar, y solo establecen que estaban “hacia el sur”.
El jueves por la mañana, muy temprano, fueron dejados en libertad. De acuerdo con las versiones de los jornaleros, luego de que los levantaron la madrugada del 10 de noviembre, fueron vendados de los ojos y trasladados a un lugar donde solo había monte y cerros.
Después de que los subieron en varios vehículos se marcharon por caminos de asfalto y terracería por un lapso aproximado de dos horas. Todos afirmaron que en ningún momento los golpearon ni los amenazaron, aunque los mantuvieron con los ojos vendados. Sus captores, dijeron, no hablaban entre sí.
Una noche antes de dejarlos en libertad los subieron a una camioneta y les dijeron que los iban a soltar; les dieron 100 pesos a cada uno y los trasladaron a un lugar de la carretera donde finalmente los dejaron. Luego de ubicarse tomaron camión de la línea Pacífico que los llevó a Culiacán. Llegaron a las 8:00 horas.
En sus declaraciones —para el viernes por la noche habían declarado 19, pues después aparecieron tres más—, los jornaleros explicaron que donde los tuvieron durante tres días no había casas, solo monte y cerros.
Aunque los 19 coincidieron en que los 27 fueron liberados, hasta el cierre de la edición, el viernes por la noche, no se sabía nada del resto de sus compañeros.
De las declaraciones de los jornaleros, la Procuraduría de Justicia emitió un escueto boletín donde no aportaba nada sustancial y repetía que los captores nunca trataron mal a sus secuestrados. Nada sobre el posible móvil, ni la naturaleza de los captores.
Vinculan a García Luna con “El Mayo”
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, considerado intocable y “funcionario consentido” de Felipe Calderón, ha mantenido en su círculo más cercano a numerosos funcionarios acusados de tener vínculos con el narcotráfico, en particular con El Mayo Zambada. Una investigación realizada por agentes inconformes con la unificación policiaca asegura –en una carta enviada al Congreso de la Unión – que en octubre pasado numerosos hombres armados interceptaron al funcionario en carretera y desarmaron a los miembros de su escolta mientras un alto capo le advertía: “Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado…”. El documento agrega que, entonces, el funcionario se retiró del lugar durante cuatro horas para negociar con el capo…
Con sus poderosos tentáculos y su habilidad para corromper policías e infiltrarse en las instituciones responsables de combatir el narcotráfico –incluida la Secretaría de la Defensa Nacional–, Ismael Zambada García, El Mayo, cuenta con amplios controles dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza Genaro García Luna, cuyos principales colaboradores –algunos de ellos actualmente arraigados– son acusados de hallarse al servicio del personaje al que hoy se considera jefe máximo del cártel de Sinaloa.
Dueño de fincas y haciendas, intocable en Sinaloa –su feudo–, Zambada García dispone de amplias redes de complicidades en las áreas más importantes de la PGR, como la SIEDO, y en la SSP, donde varios funcionarios del primer nivel son investigados por servir al capo que, siguiendo el ejemplo de Amado Carrillo –del que por varios años fue socio–, transformó su rostro con una cirugía plástica.
También intocable y considerado como “el funcionario consentido” del presidente Felipe Calderón, García Luna no parece escapar de las redes tendidas en la SSP tanto por Zambada García como por los hermanos Beltrán Leyva, éstos últimos separados del cártel de Sinaloa tras la ruptura derivada de la aprehensión de Alfredo Beltrán, El Mochomo, en enero pasado.
Así lo establece una investigación sobre los presuntos vínculos entre García Luna y las células de Zambada García y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, realizada por policías inconformes con el proyecto de unificación de las corporaciones federales.
En una indagación de campo, reforzada con antecedentes y revelaciones que supuestamente hizo la propia escolta de García Luna, los agentes policiacos reconstruyeron un episodio ocurrido el 19 de octubre pasado en el estado de Morelos, el cual narran en una carta enviada a las cámaras de Diputados y de Senadores con el fin de exhibir, según dicen, lo peligroso que significa otorgarle mayor poder a la SSP, pues buena parte de sus altos mandos policiacos, afirman, están al servicio del narcotráfico.
El documento detalla:
...El pasado 19 de octubre del año en curso (…) el actual secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y su escolta, integrada por aproximadamente 27 elementos, (…) en la carretera Cuernavaca a Tepoztlán fue interceptado o citado por alto capo de las drogas que se acompañaba de un indeterminado número de pistoleros o sicarios en aproximadamente 10 vehículos Suburban blindados, sin que la escolta del funcionario en mención hiciera nada por protegerlo, al parecer por una orden verbal de éste (García Luna).
La misiva que hoy se encuentra en manos de los legisladores agrega que los miembros de la escolta de García Luna, por órdenes “del alto capo de las drogas”, fueron despojados de sus armas y permanecieron con los ojos vendados durante “aproximadamente cuatro horas”.
Los agentes que conocieron el hecho, y cuyos nombres se omiten por temor a represalias, sostienen en el documento que aquella voz “del alto capo” le dijo a García Luna:
Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado.
Asegura el escrito que, después de esas palabras del capo, García Luna se retiró “abandonando a sus escoltas a su suerte, sin saber la dirección que tomó y lo que hizo durante esas cuatro largas horas, tiempo en que pudo entrevistarse en un lugar más cómodo y distinto al que fueron los supuestos hechos”.
Y, en otro punto, la carta señala:
No debe pasar desapercibido que el secretario funcionario en cuestión es un experto actor del engaño, pues debe recordarse que en fechas pasadas elaboró un circo en torno a un secuestro en el que estuvo supuestamente involucrada una mujer francesa en el poblado del Ajusco, D.F., donde citó a un medio televisivo de comunicación masiva, y (…) pudo manipular a toda su escolta haciéndoles creer que lo sucedido fue un amedrentamiento (levantón) por parte de algún capo de la droga, y lo que en realidad sucedió fue una cita concertada con ese supuesto capo.
De acuerdo con las investigaciones que realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), buena parte de los funcionarios más cercanos a García Luna parecen contaminados por el narcotráfico, pues desde el sexenio de Vicente Fox, y de manera más acusada en la actual administración, han surgido evidencias de que la SSP es una de las instituciones más infiltradas por el cártel de Sinaloa y otras bandas delictivas.
Por ejemplo, Édgar Enrique Bayardo del Villar, exinspector adscrito a la Sección de Operaciones de la Policía Federal Preventiva, fue puesto a disposición de la SIEDO por servir, presuntamente, a Zambada García. Cercano a García Luna, con un sueldo no mayor a los 26 mil pesos mensuales, Enrique Bayardo pasó de la pobreza a una prosperidad fulgurante.
Conforme a la investigación de los hechos, donde también aparecen implicados los agentes de la PFP Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández, Bayardo del Villar posee hoy dos residencias con un valor conjunto cercano a los 9 millones de pesos.
De un día para otro, rompió la estrechez de sus limitaciones económicas y se compró automóviles BMW, Mercedes Benz y una Cherokee blindada. Se gastó 12 millones de pesos en estas adquisiciones y, al igual que sus residencias, las pagó de contado.
Otra pieza de esta red que presuntamente se halla al servicio de los hermanos Jesús e Ismael El Mayo Zambada –dentro del primer círculo de confianza de Genaro García Luna– es Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la PFP, quien el pasado 1 de noviembre renunció a su cargo para ponerse voluntariamente “a disposición de las autoridades”, aunque de inmediato fue arraigado por la SIEDO.
Dentro de las pesquisas, los reflectores se enderezan también hacia otros funcionarios ligados a Garay Cadena. Uno de ellos es Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP, con amplios controles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reconocido como uno de los mayores centros de operaciones de entrada de droga y salida de dinero del narcotráfico.
Dentro de este grupo que, según la PGR, brindaba protección al Mayo Zambada, aparece igualmente Luis Cárdenas Palominos, “el brazo derecho” de García Luna, quien no fue arraigado pero sigue siendo citado a declarar a la SIEDO. Otros altos mandos de la SSP y de la PFP bajo arraigo son los agentes Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández García.
En la denuncia entregada al Congreso de la Unión, en particular a las comisiones de Seguridad y Justicia –donde se impulsa el proyecto de unificar a las policías federales que, según se afirma, quedará resuelto este año–, los agentes de la AFI aseguran que García Luna está incorporando a la PFP y a la SSP personal con antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado.
En la mayoría de los casos, dicen, se advierte inexperiencia e improvisación en tareas de investigación sobre las actividades del crimen organizado que, de acuerdo con Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), abarca 25 tipos de delitos, como el narcotráfico, el contrabando, el secuestro y la trata de personas.
En su denuncia, los agentes abordan también la corrupción y el desorden que privan en la dependencia que controla García Luna. Dicen que el personal convocado para abandonar la AFI e incorporarse a la Policía Federal no había cumplido cuatro años en sus cargos policiacos y que se dio prioridad a recomendados e incondicionales, así como a “amistades y amantes de altos funcionarios”.
Varias de las denuncias y advertencias de los agentes pueden confirmarse inclusive en los hechos más recientes. Por ejemplo, dos días después de la renuncia de Gerardo Garay, el 3 de noviembre, García Luna nombró como comisionado interino de la PFP a Rodrigo Esparza Cisterna, cuya historia es tan larga como turbia.
En 1993, cuando Rodrigo Esparza era delegado de la PGR en Sinaloa, brotaron los primeros rebullicios por su presunta relación con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, entonces acérrimo rival de los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana.
De acuerdo con el oficio DGPDSC/UEA/1938/2005, fechado el 12 de agosto de 2005, obtenido mediante una solicitud informativa al Instituto Federal de Acceso a la Información (folio 0001700181305), Esparza fue acusado de actuar contra la administración de la justicia.
Dicha imputación quedó registrada en el proceso penal 159/93, derivado de la averiguación previa 3423/93. El 28 de junio de 1993 fue aceptada la competencia planteada por el juez tercero de Distrito del Ramo Penal del Distrito Federal, y luego se le dictó auto de formal prisión.
Mediante añagazas jurídicas, el auto de formal prisión fue revocado el 23 de agosto de 1993, de modo que en menos de tres meses Esparza vio sepultado su expediente con el sobreseimiento de su caso. No obstante estos antecedentes, ahora Rodrigo Esparza es el brazo derecho de García Luna en la PFP.
Un retrato del poder
El Mayo Zambada era regordete y mofletudo, pero un día Vicente y Amado Carrillo, quienes se sometieron a cirugías plásticas en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México –el nosocomio donde falleció Amado Carrillo en 1997–, le sugirieron cambiar su fisonomía y aceptó.
Zambada bajó entonces de peso y se redujo las mejillas, con lo que su rostro se volvió rígido y un poco alargado por el estiramiento facial. Cuando José Luis Santiago Vasconcelos era titular de la SIEDO, agentes federales tuvieron acceso, durante un cateo en una de sus múltiples propiedades, a una fotografía donde Zambada García luce rejuvenecido y esbelto. La foto se guardó en los archivos relacionados con el cártel de Juárez, organización a la que pertenecía El Mayo.
Intocable por décadas, Ismael Zambada ha mostrado su poderío y su capacidad de infiltrarse crecientemente en las instituciones durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón: más de 35 agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la SIEDO eran sus empleados, y cada uno recibía entre 350 y 400 mil dólares mensuales por filtrarle información sobre expedientes consignados y averiguaciones previas en curso contra miembros de su organización.
Ya en el gobierno de Vicente Fox, el cártel de Sinaloa llegó hasta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde a través de Arturo González Hernández, El Chaky, fueron cooptados varios altos mandos del Ejército que operaban los sistemas de telecomunicaciones y le avisaban con antelación qué días y horas se realizarían operativos militares.
Además, El Mayo Zambada tenía el control de la policía de Sinaloa, y altos jefes militares cuidaban su integridad física y sus negocios. La impunidad y su poder eran de tal magnitud que, en diciembre de 2005, en el rancho El Mezquite, se organizó una posada amenizada por la banda Ilusión. A la fiesta llegó Zambada García. Corrieron ríos de alcohol, se distribuyeron fuertes dosis de cocaína y se lanzaron disparos al aire.
Esto atrajo la atención de un sector del Ejército Mexicano afincado en Sinaloa que solicitó una orden de cateo para entrar al rancho. Debido a que, inusualmente, esa orden tardó horas en obsequiarse, Zambada García tuvo tiempo de abandonar el sitio protegido por policías e irse tranquilamente a su escondite, una amurallada fortaleza cuyos accesos y veredas están permanentemente vigiladas por su gente.
En mayo de 2007, la Oficina para el Control de Propiedades Extranjeras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que seis empresas y 12 personas en México son parte de la red financiera de Ismael El Mayo Zambada.
El reporte estadunidense indica que la exesposa de Zambada, Rosario Niebla Cardoza, así como sus cuatro hijas –María Teresa, Miriam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla–, juegan un papel clave en los negocios sucios de El Mayo, pues cumplen una función “clave en la propiedad y control de las empresas” del capo.
Tras la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa –quizá en su momento de esplendor la empresa criminal más poderosa de América Latina– sufrió una merma en su poder, pero no está abatido.
Según datos de la SSP y de la PGR, los Beltrán alargaron sus tentáculos: penetraron en la SIEDO, en la PGR y en buena parte de las comandancias regionales del Ejército, además de aliarse con Los Zetas y con el cártel de Juárez, cuyo jefe actual es Vicente Carrillo, El Viceroy.
Zambada García y Joaquín Guzmán mantienen la unidad, y a ese grupo están sumados Ignacio Nacho Coronel y los hermanos Cázares Salazar.
Este clan de las drogas sufrió una baja reciente: apenas el pasado 17 de octubre fue detenido en la Ciudad de México Jesús Zambada García, El Rey, hermano de El Mayo que tenía fama de ser discreto.
Hasta el año 2007, Jesús Zambada no estaba considerado como un capo de estatura mayor ni por los organismos de inteligencia de Estados Unidos, pero tras su captura el procurador Eduardo Medina Mora lo calificó como una de las cabezas más importantes en la red de lavado de dinero de El Mayo Zambada.
Otro hecho aludió al verdadero poder de El Rey Zambada: En Culiacán, Sinaloa, fue colocada una manta cerca del Congreso estatal que derrumbó la tesis de que Jesús Zambada García era un operador menor. La leyenda decía:
Chapo Guzmán, matan a tu hijo y sigues siendo amigo de los asesinos. No tienes vergüenza, cómo te ha cambiado Nachito Coronel, te mangonea a su antojo y todo porque te mantenga. Inteligente El Rey Zambada: ustedes matando municipales, estatales y ministeriales, y él bajando efedrina y cocaína en el aeropuerto de la Ciudad de México.
En octubre –mes en el que supuestamente fue interceptado en Morelos García Luna, según la denuncia de los agentes–, arreciaron los golpes contra la estructura de El Mayo Zambada. Fueron cateados por policías federales los ranchos Quinta La Paloma y Los Alpes, localizados en Acaxochitlán, Hidalgo. Las propiedad de las instalaciones fue atribuida por la SIEDO a El Rey Zambada.
Al Mayo Zambada le habían asestado el 18 de septiembre un golpe financiero con el decomiso de 26 millones de dólares, dinero que tenía guardado en una casa de seguridad y perfectamente acomodado en cajas de huevo.
A pesar de los golpes recibidos por el cártel de Sinaloa y no obstante la división que sufrió con la separación de los hermanos Beltrán, la organización sigue boyante en el tráfico de drogas: controla puertos y aeropuertos, y mantiene aliados en altos niveles de la SSP que, según la misiva enviada por los policías federales al Congreso, “están obligados a cumplir con los acuerdos pactados”.
Con sus poderosos tentáculos y su habilidad para corromper policías e infiltrarse en las instituciones responsables de combatir el narcotráfico –incluida la Secretaría de la Defensa Nacional–, Ismael Zambada García, El Mayo, cuenta con amplios controles dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza Genaro García Luna, cuyos principales colaboradores –algunos de ellos actualmente arraigados– son acusados de hallarse al servicio del personaje al que hoy se considera jefe máximo del cártel de Sinaloa.
Dueño de fincas y haciendas, intocable en Sinaloa –su feudo–, Zambada García dispone de amplias redes de complicidades en las áreas más importantes de la PGR, como la SIEDO, y en la SSP, donde varios funcionarios del primer nivel son investigados por servir al capo que, siguiendo el ejemplo de Amado Carrillo –del que por varios años fue socio–, transformó su rostro con una cirugía plástica.
También intocable y considerado como “el funcionario consentido” del presidente Felipe Calderón, García Luna no parece escapar de las redes tendidas en la SSP tanto por Zambada García como por los hermanos Beltrán Leyva, éstos últimos separados del cártel de Sinaloa tras la ruptura derivada de la aprehensión de Alfredo Beltrán, El Mochomo, en enero pasado.
Así lo establece una investigación sobre los presuntos vínculos entre García Luna y las células de Zambada García y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, realizada por policías inconformes con el proyecto de unificación de las corporaciones federales.
En una indagación de campo, reforzada con antecedentes y revelaciones que supuestamente hizo la propia escolta de García Luna, los agentes policiacos reconstruyeron un episodio ocurrido el 19 de octubre pasado en el estado de Morelos, el cual narran en una carta enviada a las cámaras de Diputados y de Senadores con el fin de exhibir, según dicen, lo peligroso que significa otorgarle mayor poder a la SSP, pues buena parte de sus altos mandos policiacos, afirman, están al servicio del narcotráfico.
El documento detalla:
...El pasado 19 de octubre del año en curso (…) el actual secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y su escolta, integrada por aproximadamente 27 elementos, (…) en la carretera Cuernavaca a Tepoztlán fue interceptado o citado por alto capo de las drogas que se acompañaba de un indeterminado número de pistoleros o sicarios en aproximadamente 10 vehículos Suburban blindados, sin que la escolta del funcionario en mención hiciera nada por protegerlo, al parecer por una orden verbal de éste (García Luna).
La misiva que hoy se encuentra en manos de los legisladores agrega que los miembros de la escolta de García Luna, por órdenes “del alto capo de las drogas”, fueron despojados de sus armas y permanecieron con los ojos vendados durante “aproximadamente cuatro horas”.
Los agentes que conocieron el hecho, y cuyos nombres se omiten por temor a represalias, sostienen en el documento que aquella voz “del alto capo” le dijo a García Luna:
Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado.
Asegura el escrito que, después de esas palabras del capo, García Luna se retiró “abandonando a sus escoltas a su suerte, sin saber la dirección que tomó y lo que hizo durante esas cuatro largas horas, tiempo en que pudo entrevistarse en un lugar más cómodo y distinto al que fueron los supuestos hechos”.
Y, en otro punto, la carta señala:
No debe pasar desapercibido que el secretario funcionario en cuestión es un experto actor del engaño, pues debe recordarse que en fechas pasadas elaboró un circo en torno a un secuestro en el que estuvo supuestamente involucrada una mujer francesa en el poblado del Ajusco, D.F., donde citó a un medio televisivo de comunicación masiva, y (…) pudo manipular a toda su escolta haciéndoles creer que lo sucedido fue un amedrentamiento (levantón) por parte de algún capo de la droga, y lo que en realidad sucedió fue una cita concertada con ese supuesto capo.
De acuerdo con las investigaciones que realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), buena parte de los funcionarios más cercanos a García Luna parecen contaminados por el narcotráfico, pues desde el sexenio de Vicente Fox, y de manera más acusada en la actual administración, han surgido evidencias de que la SSP es una de las instituciones más infiltradas por el cártel de Sinaloa y otras bandas delictivas.
Por ejemplo, Édgar Enrique Bayardo del Villar, exinspector adscrito a la Sección de Operaciones de la Policía Federal Preventiva, fue puesto a disposición de la SIEDO por servir, presuntamente, a Zambada García. Cercano a García Luna, con un sueldo no mayor a los 26 mil pesos mensuales, Enrique Bayardo pasó de la pobreza a una prosperidad fulgurante.
Conforme a la investigación de los hechos, donde también aparecen implicados los agentes de la PFP Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández, Bayardo del Villar posee hoy dos residencias con un valor conjunto cercano a los 9 millones de pesos.
De un día para otro, rompió la estrechez de sus limitaciones económicas y se compró automóviles BMW, Mercedes Benz y una Cherokee blindada. Se gastó 12 millones de pesos en estas adquisiciones y, al igual que sus residencias, las pagó de contado.
Otra pieza de esta red que presuntamente se halla al servicio de los hermanos Jesús e Ismael El Mayo Zambada –dentro del primer círculo de confianza de Genaro García Luna– es Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la PFP, quien el pasado 1 de noviembre renunció a su cargo para ponerse voluntariamente “a disposición de las autoridades”, aunque de inmediato fue arraigado por la SIEDO.
Dentro de las pesquisas, los reflectores se enderezan también hacia otros funcionarios ligados a Garay Cadena. Uno de ellos es Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP, con amplios controles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reconocido como uno de los mayores centros de operaciones de entrada de droga y salida de dinero del narcotráfico.
Dentro de este grupo que, según la PGR, brindaba protección al Mayo Zambada, aparece igualmente Luis Cárdenas Palominos, “el brazo derecho” de García Luna, quien no fue arraigado pero sigue siendo citado a declarar a la SIEDO. Otros altos mandos de la SSP y de la PFP bajo arraigo son los agentes Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández García.
En la denuncia entregada al Congreso de la Unión, en particular a las comisiones de Seguridad y Justicia –donde se impulsa el proyecto de unificar a las policías federales que, según se afirma, quedará resuelto este año–, los agentes de la AFI aseguran que García Luna está incorporando a la PFP y a la SSP personal con antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado.
En la mayoría de los casos, dicen, se advierte inexperiencia e improvisación en tareas de investigación sobre las actividades del crimen organizado que, de acuerdo con Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), abarca 25 tipos de delitos, como el narcotráfico, el contrabando, el secuestro y la trata de personas.
En su denuncia, los agentes abordan también la corrupción y el desorden que privan en la dependencia que controla García Luna. Dicen que el personal convocado para abandonar la AFI e incorporarse a la Policía Federal no había cumplido cuatro años en sus cargos policiacos y que se dio prioridad a recomendados e incondicionales, así como a “amistades y amantes de altos funcionarios”.
Varias de las denuncias y advertencias de los agentes pueden confirmarse inclusive en los hechos más recientes. Por ejemplo, dos días después de la renuncia de Gerardo Garay, el 3 de noviembre, García Luna nombró como comisionado interino de la PFP a Rodrigo Esparza Cisterna, cuya historia es tan larga como turbia.
En 1993, cuando Rodrigo Esparza era delegado de la PGR en Sinaloa, brotaron los primeros rebullicios por su presunta relación con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, entonces acérrimo rival de los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana.
De acuerdo con el oficio DGPDSC/UEA/1938/2005, fechado el 12 de agosto de 2005, obtenido mediante una solicitud informativa al Instituto Federal de Acceso a la Información (folio 0001700181305), Esparza fue acusado de actuar contra la administración de la justicia.
Dicha imputación quedó registrada en el proceso penal 159/93, derivado de la averiguación previa 3423/93. El 28 de junio de 1993 fue aceptada la competencia planteada por el juez tercero de Distrito del Ramo Penal del Distrito Federal, y luego se le dictó auto de formal prisión.
Mediante añagazas jurídicas, el auto de formal prisión fue revocado el 23 de agosto de 1993, de modo que en menos de tres meses Esparza vio sepultado su expediente con el sobreseimiento de su caso. No obstante estos antecedentes, ahora Rodrigo Esparza es el brazo derecho de García Luna en la PFP.
Un retrato del poder
El Mayo Zambada era regordete y mofletudo, pero un día Vicente y Amado Carrillo, quienes se sometieron a cirugías plásticas en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México –el nosocomio donde falleció Amado Carrillo en 1997–, le sugirieron cambiar su fisonomía y aceptó.
Zambada bajó entonces de peso y se redujo las mejillas, con lo que su rostro se volvió rígido y un poco alargado por el estiramiento facial. Cuando José Luis Santiago Vasconcelos era titular de la SIEDO, agentes federales tuvieron acceso, durante un cateo en una de sus múltiples propiedades, a una fotografía donde Zambada García luce rejuvenecido y esbelto. La foto se guardó en los archivos relacionados con el cártel de Juárez, organización a la que pertenecía El Mayo.
Intocable por décadas, Ismael Zambada ha mostrado su poderío y su capacidad de infiltrarse crecientemente en las instituciones durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón: más de 35 agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la SIEDO eran sus empleados, y cada uno recibía entre 350 y 400 mil dólares mensuales por filtrarle información sobre expedientes consignados y averiguaciones previas en curso contra miembros de su organización.
Ya en el gobierno de Vicente Fox, el cártel de Sinaloa llegó hasta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde a través de Arturo González Hernández, El Chaky, fueron cooptados varios altos mandos del Ejército que operaban los sistemas de telecomunicaciones y le avisaban con antelación qué días y horas se realizarían operativos militares.
Además, El Mayo Zambada tenía el control de la policía de Sinaloa, y altos jefes militares cuidaban su integridad física y sus negocios. La impunidad y su poder eran de tal magnitud que, en diciembre de 2005, en el rancho El Mezquite, se organizó una posada amenizada por la banda Ilusión. A la fiesta llegó Zambada García. Corrieron ríos de alcohol, se distribuyeron fuertes dosis de cocaína y se lanzaron disparos al aire.
Esto atrajo la atención de un sector del Ejército Mexicano afincado en Sinaloa que solicitó una orden de cateo para entrar al rancho. Debido a que, inusualmente, esa orden tardó horas en obsequiarse, Zambada García tuvo tiempo de abandonar el sitio protegido por policías e irse tranquilamente a su escondite, una amurallada fortaleza cuyos accesos y veredas están permanentemente vigiladas por su gente.
En mayo de 2007, la Oficina para el Control de Propiedades Extranjeras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que seis empresas y 12 personas en México son parte de la red financiera de Ismael El Mayo Zambada.
El reporte estadunidense indica que la exesposa de Zambada, Rosario Niebla Cardoza, así como sus cuatro hijas –María Teresa, Miriam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla–, juegan un papel clave en los negocios sucios de El Mayo, pues cumplen una función “clave en la propiedad y control de las empresas” del capo.
Tras la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa –quizá en su momento de esplendor la empresa criminal más poderosa de América Latina– sufrió una merma en su poder, pero no está abatido.
Según datos de la SSP y de la PGR, los Beltrán alargaron sus tentáculos: penetraron en la SIEDO, en la PGR y en buena parte de las comandancias regionales del Ejército, además de aliarse con Los Zetas y con el cártel de Juárez, cuyo jefe actual es Vicente Carrillo, El Viceroy.
Zambada García y Joaquín Guzmán mantienen la unidad, y a ese grupo están sumados Ignacio Nacho Coronel y los hermanos Cázares Salazar.
Este clan de las drogas sufrió una baja reciente: apenas el pasado 17 de octubre fue detenido en la Ciudad de México Jesús Zambada García, El Rey, hermano de El Mayo que tenía fama de ser discreto.
Hasta el año 2007, Jesús Zambada no estaba considerado como un capo de estatura mayor ni por los organismos de inteligencia de Estados Unidos, pero tras su captura el procurador Eduardo Medina Mora lo calificó como una de las cabezas más importantes en la red de lavado de dinero de El Mayo Zambada.
Otro hecho aludió al verdadero poder de El Rey Zambada: En Culiacán, Sinaloa, fue colocada una manta cerca del Congreso estatal que derrumbó la tesis de que Jesús Zambada García era un operador menor. La leyenda decía:
Chapo Guzmán, matan a tu hijo y sigues siendo amigo de los asesinos. No tienes vergüenza, cómo te ha cambiado Nachito Coronel, te mangonea a su antojo y todo porque te mantenga. Inteligente El Rey Zambada: ustedes matando municipales, estatales y ministeriales, y él bajando efedrina y cocaína en el aeropuerto de la Ciudad de México.
En octubre –mes en el que supuestamente fue interceptado en Morelos García Luna, según la denuncia de los agentes–, arreciaron los golpes contra la estructura de El Mayo Zambada. Fueron cateados por policías federales los ranchos Quinta La Paloma y Los Alpes, localizados en Acaxochitlán, Hidalgo. Las propiedad de las instalaciones fue atribuida por la SIEDO a El Rey Zambada.
Al Mayo Zambada le habían asestado el 18 de septiembre un golpe financiero con el decomiso de 26 millones de dólares, dinero que tenía guardado en una casa de seguridad y perfectamente acomodado en cajas de huevo.
A pesar de los golpes recibidos por el cártel de Sinaloa y no obstante la división que sufrió con la separación de los hermanos Beltrán, la organización sigue boyante en el tráfico de drogas: controla puertos y aeropuertos, y mantiene aliados en altos niveles de la SSP que, según la misiva enviada por los policías federales al Congreso, “están obligados a cumplir con los acuerdos pactados”.
lunes, 17 de noviembre de 2008
Lanzan granadas a un periódico en Sinaloa
Las instalaciones de la cadena periodística El Debate, ubicadas en el segundo cuadro de la ciudad, fueron blanco de un ataque con dos granadas de fragmentación que destruyeron cristales y dañaron puertas y paredes de su acceso principal.
Según el reporte oficial, el hecho tuvo lugar en los primeros minutos de hoy, sobre la avenida Francisco I. Madero, en el que intervinieron por lo menos dos personas del sexo masculino, cuyas características se desconocen.
La información que se conoce es que la explosión sólo destruyó una puerta de cristal, dañó el piso y las paredes, sin que se reportaran lesionados.
Según el reporte oficial, el hecho tuvo lugar en los primeros minutos de hoy, sobre la avenida Francisco I. Madero, en el que intervinieron por lo menos dos personas del sexo masculino, cuyas características se desconocen.
La información que se conoce es que la explosión sólo destruyó una puerta de cristal, dañó el piso y las paredes, sin que se reportaran lesionados.
sábado, 15 de noviembre de 2008
Hallan 9 ejecutados en Baja California
En menos de 24 horas han sido localizados 9 personas ejecutadas en hechos distintos en Tijuana y Ensenada, entre ellas, una mujer y un comerciante de artículos para patrullas en la ciudad fronteriza.
Los primeros hechos ocurrieron ayer a las 18:00 horas, tiempo local, en Plaza Patria, sobre el Bulevar Agua Caliente en Tijuana, donde un comerciante de accesorios para vehículos patrulla fue asesinado a balazos.
En la parte exterior del centro comercial se localizó una patrulla con diversos impactos de bala.
A las 00:15 horas, tiempo local, de hoy se encontró a María de Jesús Velarde, de 50 años, y a Alejandro Cervantes Mejía, de 20, sin vida, en la taquería La Herencia, sobre el Bulevar Rosas Magallón y Calle Agua Prieta.
De esos hechos, dos personas resultaron heridas y las autoridades localizaron 34 casquillos calibre 7.62 x 39.
En el tercer hecho violento, a la 1:00 horas, tiempo local, se reportó la muerte de Rodelizar Melendrez Olguín en el Hospital General, quien había sido lesionado por arma de fuego en unos billares denominados "Shooter", sobre el Bulevar Fundadores, en la Colonia El Rubí.
A las 11:00 horas, tiempo local, se localizaron dos personas ejecutadas, padre e hijo, en la Colonia Sánchez Taboada, sobre la Calle Boyedos 132.
Los hombres fueron identificados como Ramón Humberto Betancurt García, de 48 años, y Jesús Ramón Betancurt Aranda, de 22.
El padre estaba en un vehículo pick up Toyota Tacoma blanca y el hijo estaba en el suelo, y en el lugar se encontraron cuatro casquillos calibre .9 milímetros.
En tanto que en Ensenada, tres hombres fueron acribillados en el poblado de El Rosario, al sur del Municipio.
A las 9:00 horas, tiempo local, se reportó que en la negociación "La Mijita" había tres personas muertas.
Dos hombres fueron identificados como Luis Torres Cruz, "El Mariguas", de 33 años y Armando Villalobos Miranda, de 30, y el tercer cuerpo no ha sido identificado pero se le calcula una edad aproximada de 55 a 60 años.
En el lugar del crimen se localizaron 33 casquillos percutidos, calibres .223 y 9 milímetros, y una mujer fue lesionada en este último ataque.
Los primeros hechos ocurrieron ayer a las 18:00 horas, tiempo local, en Plaza Patria, sobre el Bulevar Agua Caliente en Tijuana, donde un comerciante de accesorios para vehículos patrulla fue asesinado a balazos.
En la parte exterior del centro comercial se localizó una patrulla con diversos impactos de bala.
A las 00:15 horas, tiempo local, de hoy se encontró a María de Jesús Velarde, de 50 años, y a Alejandro Cervantes Mejía, de 20, sin vida, en la taquería La Herencia, sobre el Bulevar Rosas Magallón y Calle Agua Prieta.
De esos hechos, dos personas resultaron heridas y las autoridades localizaron 34 casquillos calibre 7.62 x 39.
En el tercer hecho violento, a la 1:00 horas, tiempo local, se reportó la muerte de Rodelizar Melendrez Olguín en el Hospital General, quien había sido lesionado por arma de fuego en unos billares denominados "Shooter", sobre el Bulevar Fundadores, en la Colonia El Rubí.
A las 11:00 horas, tiempo local, se localizaron dos personas ejecutadas, padre e hijo, en la Colonia Sánchez Taboada, sobre la Calle Boyedos 132.
Los hombres fueron identificados como Ramón Humberto Betancurt García, de 48 años, y Jesús Ramón Betancurt Aranda, de 22.
El padre estaba en un vehículo pick up Toyota Tacoma blanca y el hijo estaba en el suelo, y en el lugar se encontraron cuatro casquillos calibre .9 milímetros.
En tanto que en Ensenada, tres hombres fueron acribillados en el poblado de El Rosario, al sur del Municipio.
A las 9:00 horas, tiempo local, se reportó que en la negociación "La Mijita" había tres personas muertas.
Dos hombres fueron identificados como Luis Torres Cruz, "El Mariguas", de 33 años y Armando Villalobos Miranda, de 30, y el tercer cuerpo no ha sido identificado pero se le calcula una edad aproximada de 55 a 60 años.
En el lugar del crimen se localizaron 33 casquillos percutidos, calibres .223 y 9 milímetros, y una mujer fue lesionada en este último ataque.
viernes, 14 de noviembre de 2008
Permanecen en procuraduría Jalisco los presuntos 18 narcos
Los 18 sujetos, presuntamente integrantes del cártel del Milenio o de los Valencia, capturados ayer en el centro del municipio de Tonalá, permanecen aún en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) en espera de ser entregados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) quienes los trasladarán a la Ciudad de México.
Los alrededores de la Procuraduría, entre la calle 3, 5 y 14 de la zona industrial de la ciudad de Guadalajara, se encuentra resguardada por elementos de la PGJEJ, por policías estatales y por una gran cantidad de agentes viales que han cerrado la circulación de vehículos en el área mencionada.
El ingreso a la zona es permitido únicamente para las personas que laboran en las fábricas instaladas por el lugar o en la Procuraduría y tras ser revisados.
Los detenidos, fueron trasladados el día de ayer después del 18:00 horas de la cárcel tonalteca a la instalaciones de la PGJEJ a la que llegaron a las 18:50, por la autopista Guadalajara-Zapotlanejo para continuar por la avenida Lázaro Cárdenas, vías por la cuales se cerró la circulación durante el traslado; en el que participaron patrullas de la policía estatal, municipal y agentes de tránsito que en total fueron 27.
En la Procuraduría estatal se les investigó si contaban con órdenes de aprehensión, según información extraoficial, debido a que hasta el momento ninguna de las dependencias de seguridad han dado alguna versión oficial, excepto mediante un boletín en cual se dice el número de detenidos y el armamento que les fue detenido.
Después de estar durante unas cuatro horas la instalaciones de seguridad ubicados en la Calle 14, los detenidos nuevamente fueron trasladados, ahora a la instalaciones de la Procuraduría ubicadas casi en el centro de la ciudad, entre las avenidas 16 de Septiembre y avenida La Paz donde se les tomaron la huellas para ingresarlas al Sistema Automatizado de Identificación Dactilar.
Al parecer, tras tomarles huellas nueve de ellos resultaron con antecedentes penales por diferentes delitos del orden federal.
Alrededor de las 03:00 horas del día de hoy (viernes) fueron regresados a la Procuraduría de la zona industrial, bajo las mismas condiciones de seguridad.
Al momento de ser detenidos, los delincuentes viajaban en una Suburban negra 2007, en una Toyota 100-A color arena 2004 y una camioneta color arena 98 con placas del Distrito Federal.
La detención fue posible porque agente de la policía turística que andan en bicicleta detectaron 8 camionetas y automóvil lo que consideraron sospechoso y les hicieron alto a la vez que pidieron ayuda a la corporación municipal, mientras el agente K2, un perro policía confirmó las sospechas al empezar a ladrar cuando humeaba uno de los vehículos.
Sobre qué pasó con el resto de los vehículos las autoridades, dijeron que el resto de las camionetas la parecer escaparon por la Autopista Guadalajara-Zapotlanejo en dirección a Tepatitlán y que una Explorer color blanca abandonada en esa misma carretera a unos kilómetros del Tonalá.
Hasta ahora se han mencionado los nombres de los siguiente detenidos: Gerardo Marres de la Rosa, Juan Jesús Martínez Hernández, Arturo López Sánchez, Marco Antonio Martínez Martínez, Cristian Alejandro González Segura, José Baltasar Beltrán Valle, Saúl Carranza Medrano, Julián Estrada Félix, Valente Castillo Márquez, José Joaquín Castillo Márquez, Abraham Esquivel Rodríguez, Simón López Moreno, Alejandro González Vázquez, Ricardo Serna Sánchez y Pablo Rojas González; todos con edades entre los 18 y 45 años.
Los cuales son originarios de estados como Durango, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, así como de los municipios de Zapopan y Chapala, en Jalisco.
Versiones de testigos de la zona dicen que algunos de los delincuentes se bajaron a comer algo en un restaurante y lo hicieron sin armas, otros dicen que también estaban vestidos como cantantes, y uno mostró una fotografía en el que se veía un "cuerno de chivo" al parecer bañado en oro.
La PGJEJ informó que los sujetos se desplazaban en tres camionetas en las que transportaban; 10 armas largas, cuatro armas cortas, una de ellas con silenciador, una granada y una farola.
También traían; 36 cargadores para rifle R-15, cuatro para "cuernos de chivo", tres cargadores para armas cortas y un disco doble.
Y se contabilizaron mil 377 cartuchos para rifle calibre 2.23 o R-15 y 257 para "cuernos de chivo", que también les encontraron al momento de detenerlos.
La captura de un grupo de hombres fuertemente armados provocó ayer un gran despliegue de diversas fuerzas de seguridad, entre municipales, estatales y federales, en las instalaciones de la Policía Municipal de Tonalá.
Cerca de las 14:00 horas, en las inmediaciones de la Policía de Tonalá, elementos de dicha dependencia lograron la detención de varios sujetos que viajaban a bordo de tres camionetas de lujo, en convoy, sobre la avenida Tonaltecas.
Al ser avistados por los elementos municipales, éstos les marcaron el alto para realizarles una inspección de rutina, aunque en un inicio los presuntos sicarios dijeron pertenecer a la Policía Investigadora, y al no poderse identificar como tal, fueron revisados por los elementos tonaltecas, sin que se les encontrara nada en su persona.
Sin embargo, el nerviosismo de los individuos y algunas llamadas sospechosas provocaron que los uniformados pidieran refuerzos, arribando hasta el cruce de la avenida Tonaltecas y la calle Emiliano Zapata, más elementos, al igual que el escuadrón canino de apoyo, siendo estos últimos los que olfatearon las tres camionetas en que viajaban, logrando encontrar un arsenal.
Los alrededores de la Procuraduría, entre la calle 3, 5 y 14 de la zona industrial de la ciudad de Guadalajara, se encuentra resguardada por elementos de la PGJEJ, por policías estatales y por una gran cantidad de agentes viales que han cerrado la circulación de vehículos en el área mencionada.
El ingreso a la zona es permitido únicamente para las personas que laboran en las fábricas instaladas por el lugar o en la Procuraduría y tras ser revisados.
Los detenidos, fueron trasladados el día de ayer después del 18:00 horas de la cárcel tonalteca a la instalaciones de la PGJEJ a la que llegaron a las 18:50, por la autopista Guadalajara-Zapotlanejo para continuar por la avenida Lázaro Cárdenas, vías por la cuales se cerró la circulación durante el traslado; en el que participaron patrullas de la policía estatal, municipal y agentes de tránsito que en total fueron 27.
En la Procuraduría estatal se les investigó si contaban con órdenes de aprehensión, según información extraoficial, debido a que hasta el momento ninguna de las dependencias de seguridad han dado alguna versión oficial, excepto mediante un boletín en cual se dice el número de detenidos y el armamento que les fue detenido.
Después de estar durante unas cuatro horas la instalaciones de seguridad ubicados en la Calle 14, los detenidos nuevamente fueron trasladados, ahora a la instalaciones de la Procuraduría ubicadas casi en el centro de la ciudad, entre las avenidas 16 de Septiembre y avenida La Paz donde se les tomaron la huellas para ingresarlas al Sistema Automatizado de Identificación Dactilar.
Al parecer, tras tomarles huellas nueve de ellos resultaron con antecedentes penales por diferentes delitos del orden federal.
Alrededor de las 03:00 horas del día de hoy (viernes) fueron regresados a la Procuraduría de la zona industrial, bajo las mismas condiciones de seguridad.
Al momento de ser detenidos, los delincuentes viajaban en una Suburban negra 2007, en una Toyota 100-A color arena 2004 y una camioneta color arena 98 con placas del Distrito Federal.
La detención fue posible porque agente de la policía turística que andan en bicicleta detectaron 8 camionetas y automóvil lo que consideraron sospechoso y les hicieron alto a la vez que pidieron ayuda a la corporación municipal, mientras el agente K2, un perro policía confirmó las sospechas al empezar a ladrar cuando humeaba uno de los vehículos.
Sobre qué pasó con el resto de los vehículos las autoridades, dijeron que el resto de las camionetas la parecer escaparon por la Autopista Guadalajara-Zapotlanejo en dirección a Tepatitlán y que una Explorer color blanca abandonada en esa misma carretera a unos kilómetros del Tonalá.
Hasta ahora se han mencionado los nombres de los siguiente detenidos: Gerardo Marres de la Rosa, Juan Jesús Martínez Hernández, Arturo López Sánchez, Marco Antonio Martínez Martínez, Cristian Alejandro González Segura, José Baltasar Beltrán Valle, Saúl Carranza Medrano, Julián Estrada Félix, Valente Castillo Márquez, José Joaquín Castillo Márquez, Abraham Esquivel Rodríguez, Simón López Moreno, Alejandro González Vázquez, Ricardo Serna Sánchez y Pablo Rojas González; todos con edades entre los 18 y 45 años.
Los cuales son originarios de estados como Durango, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, así como de los municipios de Zapopan y Chapala, en Jalisco.
Versiones de testigos de la zona dicen que algunos de los delincuentes se bajaron a comer algo en un restaurante y lo hicieron sin armas, otros dicen que también estaban vestidos como cantantes, y uno mostró una fotografía en el que se veía un "cuerno de chivo" al parecer bañado en oro.
La PGJEJ informó que los sujetos se desplazaban en tres camionetas en las que transportaban; 10 armas largas, cuatro armas cortas, una de ellas con silenciador, una granada y una farola.
También traían; 36 cargadores para rifle R-15, cuatro para "cuernos de chivo", tres cargadores para armas cortas y un disco doble.
Y se contabilizaron mil 377 cartuchos para rifle calibre 2.23 o R-15 y 257 para "cuernos de chivo", que también les encontraron al momento de detenerlos.
La captura de un grupo de hombres fuertemente armados provocó ayer un gran despliegue de diversas fuerzas de seguridad, entre municipales, estatales y federales, en las instalaciones de la Policía Municipal de Tonalá.
Cerca de las 14:00 horas, en las inmediaciones de la Policía de Tonalá, elementos de dicha dependencia lograron la detención de varios sujetos que viajaban a bordo de tres camionetas de lujo, en convoy, sobre la avenida Tonaltecas.
Al ser avistados por los elementos municipales, éstos les marcaron el alto para realizarles una inspección de rutina, aunque en un inicio los presuntos sicarios dijeron pertenecer a la Policía Investigadora, y al no poderse identificar como tal, fueron revisados por los elementos tonaltecas, sin que se les encontrara nada en su persona.
Sin embargo, el nerviosismo de los individuos y algunas llamadas sospechosas provocaron que los uniformados pidieran refuerzos, arribando hasta el cruce de la avenida Tonaltecas y la calle Emiliano Zapata, más elementos, al igual que el escuadrón canino de apoyo, siendo estos últimos los que olfatearon las tres camionetas en que viajaban, logrando encontrar un arsenal.
jueves, 13 de noviembre de 2008
Aseguran en el AICM casi media tonelada de pseudoefedrina
Agentes federales aseguraron 476.45 kilogramos de pseudoefedrina, precursor químico utilizado para producir drogas sintéticas, en un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal indicó que con el apoyo de la Unidad Canina, los uniformados localizaron 10 cajas de cartón con la guía 057-10211202, con el precursor en tabletas, en la carga del vuelo 438 procedente de Calcuta, India.
En un comunicado, la dependencia explicó que el estupefaciente ya se encontraba en el Almacén de Aduana y fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal en la terminal aérea, para continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.
En lo que va de este año, en ese recinto aeroportuario han sido incautados cuatro cargamento de pseudoefedrina y uno de clorhidrado de psedoefedrina, todos procedentes de la India.
Por otra parte, la dependencia federal informó que también en el aeropuerto capitalino, agentes federales, en coordinación con personal de la Administración General de Aduanas, aseguraron 35 kilogramos de cocaína.
Con el apoyo de elementos caninos y al efectuar una inspección en la puerta O-3, los agentes detectaron dos cajas con frascos de plásticos con seis cápsulas de cocaína cada uno en el interior del contenedor número XP-9343.
En presencia de la agente del Ministerio Publico federal, los uniformados aplicaron reactivos químicos a dichas cápsulas, las cuales dieron positivo a cocaína, con un peso de 35 kilogramos.
Los dos paquetes con la droga venían amparados con el número de guía AQ010668503, con la leyenda "complemento alimenticio" y tenían como destino la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
La droga quedó a disposición del representante social de la Federación, a fin de iniciar la averiguación previa correspondiente y continuar con las investigaciones.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal indicó que con el apoyo de la Unidad Canina, los uniformados localizaron 10 cajas de cartón con la guía 057-10211202, con el precursor en tabletas, en la carga del vuelo 438 procedente de Calcuta, India.
En un comunicado, la dependencia explicó que el estupefaciente ya se encontraba en el Almacén de Aduana y fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal en la terminal aérea, para continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.
En lo que va de este año, en ese recinto aeroportuario han sido incautados cuatro cargamento de pseudoefedrina y uno de clorhidrado de psedoefedrina, todos procedentes de la India.
Por otra parte, la dependencia federal informó que también en el aeropuerto capitalino, agentes federales, en coordinación con personal de la Administración General de Aduanas, aseguraron 35 kilogramos de cocaína.
Con el apoyo de elementos caninos y al efectuar una inspección en la puerta O-3, los agentes detectaron dos cajas con frascos de plásticos con seis cápsulas de cocaína cada uno en el interior del contenedor número XP-9343.
En presencia de la agente del Ministerio Publico federal, los uniformados aplicaron reactivos químicos a dichas cápsulas, las cuales dieron positivo a cocaína, con un peso de 35 kilogramos.
Los dos paquetes con la droga venían amparados con el número de guía AQ010668503, con la leyenda "complemento alimenticio" y tenían como destino la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
La droga quedó a disposición del representante social de la Federación, a fin de iniciar la averiguación previa correspondiente y continuar con las investigaciones.
Detienen a 13 presuntos integrantes del cártel del Milenio
Policías municipales detuvieron a 13 presuntos integrantes del cártel del Milenio, o de los Valencia, en Tonalá
De acuerdo con la primera información oficial de la Dirección de Seguridad Pública de Tonalá, los 13 sujetos se desplazaban en tres camionetas en las que transportaban 13 armas largas, tres cortas, varias granadas de fragmentación y chalecos antibalas con las siglas AFI.
Versiones policíacas indican que entre los detenidos se encuentran Jesús "El Chuy" Valencia y otro sujeto apodado "El Beto".
Debido a la detención, el cuartel de la Policía Municipal de Tonalá fue rodeado de soldados, agentes viales y policías estatales.
Es la detención más importante y efectiva que han realizado los policías de Tonalá.
En consecuencia de la detención de los presuntos sicarios se puso en marcha un operativo en las cercanías de la dirección de Seguridad Pública Municipal de Tonalá, que incluyó cierre de calles y el arribo de una treintena de soldados y policías de otras corporaciones.
Se dijo que esta misma noche, estos sujetos podrán ser trasladados a los separos de la Procuraduría estatal, en la calle 14 de la zona industrial, zona que está fuertemente resguardada por militares, agentes de la Agencia Federal de Investigación y policías estatales
De acuerdo con la primera información oficial de la Dirección de Seguridad Pública de Tonalá, los 13 sujetos se desplazaban en tres camionetas en las que transportaban 13 armas largas, tres cortas, varias granadas de fragmentación y chalecos antibalas con las siglas AFI.
Versiones policíacas indican que entre los detenidos se encuentran Jesús "El Chuy" Valencia y otro sujeto apodado "El Beto".
Debido a la detención, el cuartel de la Policía Municipal de Tonalá fue rodeado de soldados, agentes viales y policías estatales.
Es la detención más importante y efectiva que han realizado los policías de Tonalá.
En consecuencia de la detención de los presuntos sicarios se puso en marcha un operativo en las cercanías de la dirección de Seguridad Pública Municipal de Tonalá, que incluyó cierre de calles y el arribo de una treintena de soldados y policías de otras corporaciones.
Se dijo que esta misma noche, estos sujetos podrán ser trasladados a los separos de la Procuraduría estatal, en la calle 14 de la zona industrial, zona que está fuertemente resguardada por militares, agentes de la Agencia Federal de Investigación y policías estatales
Piden ayuda de EU para localizar a 10 presuntos narcopolicías
Baja California solicitó el apoyo de Estados Unidos para ubicar a 10 policías ministeriales que se encuentran "desaparecidos" desde que el Ejército "retuvo" a otros 21 oficiales para investigar si tienen nexos con el crimen organizado, pues no se descarta que hayan cruzado la frontera o intentaran hacerlo.
El número de presentados se incrementó este jueves ante la detención del jefe de Distrito Mesa de Otay, Sergio Tejeda Martínez, quien apenas la mañana de este jueves fue requerido por elementos de la Secretaría de la Defensa (SDN) y se encuentra en condiciones similares a las de sus compañeros.
El gobernador de la entidad, el panista José Guadalupe Osuna Millán, confirmó que además de los dos elementos estatales y los municipales de Tijuana que están a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), hay otros 10 en la lista de sospechosos que no han sido localizados.
"Esperamos que sean detenidos. Avisamos a las autoridades de Estados Unidos para que si cruzaron o pretenden cruzar les cancelen sus pasaportes para dar con su paradero", dijo el gobernador respecto a los "desaparecidos".
Reconoció que las corporaciones policíacas han sido permeadas por el crimen organizado desde hace mucho tiempo, y por ello el gobierno estatal colaboró con la federación en la detención de los agentes.
Por ello, Osuna Millán advirtió que la limpia en los cuerpos policiales de todos los niveles continuará en la entidad hasta restituir el orden y recuperar la confianza de la población.
El lunes pasado, autoridades citaron a policías ministeriales y municipales de Tijuana en el cuartel militar donde supuestamente se les aplicarían exámenes de confianza y se les darían cursos de capacitación, sin embargo la intención era retenerlos para someterlos a investigación por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
La madrugada del miércoles fueron enviados a la ciudad de México donde serán arraigados mientras se investiga su situación.
Al respecto, el alcalde de Tijuana, el también panista Jorge Ramos Hernández, advirtió que ninguno de los agentes tijuanenses que se encuentran a disposición de la SIEDO volverán a sus cargos incluso si no se les comprueban nexos con el crimen organizado porque ya se les perdió la confianza.
No regresarán porque no hay canonjías para nadie en el gobierno municipal, dijo Ramos al asegurar que ante la duda respecto a los oficiales, prefiere que no estén dentro de la corporación.
"Aquí no hay amigos, no hay cercanos, no hay apadrinados que puedan escaparse a la ley ni al gobierno", insistió.
Destacó que desde el inicio de su administración en diciembre del 2007, el crimen organizado ha intentado establecer vínculos sin resultados positivos y recordó que recibió una corporación policíaca permeada, por ello se han dado de baja a un centenar de elementos.
La lista
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer la lista de agentes que se encuentran a disposición de la SIEDO en la ciudad de México y que se encuentran en calidad de "presentados".
Son los subdirectores de la policía municipal de Tijuana Juan Manuel Nieves Reta y Rigoberto Rodríguez; Rosalba González Molina; el jefe de la Unidad de Enlace con Estados Unidos, Javier Enrique Cárdenas Salgado; Juan Arturo Domínguez Salmerón; Pedro Arce Gracia; Sergio Campos Rivera, y Galo Hernán Carrillo Vázquez.
Asimismo, Juan Carlos García Serrano; Javier Márquez León; José Luis Ramírez Pineda; Luis Alonso Cedano Morales; Mario Alberto Apodaca; Pablo García González; Moisés Díaz Neri; Mario Andrés Estrella Flores; Gilberto Fimbres Fimbres; Jesús Jacobo Aguirre, y Sergio Tejeda Martínez.
El número de presentados se incrementó este jueves ante la detención del jefe de Distrito Mesa de Otay, Sergio Tejeda Martínez, quien apenas la mañana de este jueves fue requerido por elementos de la Secretaría de la Defensa (SDN) y se encuentra en condiciones similares a las de sus compañeros.
El gobernador de la entidad, el panista José Guadalupe Osuna Millán, confirmó que además de los dos elementos estatales y los municipales de Tijuana que están a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), hay otros 10 en la lista de sospechosos que no han sido localizados.
"Esperamos que sean detenidos. Avisamos a las autoridades de Estados Unidos para que si cruzaron o pretenden cruzar les cancelen sus pasaportes para dar con su paradero", dijo el gobernador respecto a los "desaparecidos".
Reconoció que las corporaciones policíacas han sido permeadas por el crimen organizado desde hace mucho tiempo, y por ello el gobierno estatal colaboró con la federación en la detención de los agentes.
Por ello, Osuna Millán advirtió que la limpia en los cuerpos policiales de todos los niveles continuará en la entidad hasta restituir el orden y recuperar la confianza de la población.
El lunes pasado, autoridades citaron a policías ministeriales y municipales de Tijuana en el cuartel militar donde supuestamente se les aplicarían exámenes de confianza y se les darían cursos de capacitación, sin embargo la intención era retenerlos para someterlos a investigación por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
La madrugada del miércoles fueron enviados a la ciudad de México donde serán arraigados mientras se investiga su situación.
Al respecto, el alcalde de Tijuana, el también panista Jorge Ramos Hernández, advirtió que ninguno de los agentes tijuanenses que se encuentran a disposición de la SIEDO volverán a sus cargos incluso si no se les comprueban nexos con el crimen organizado porque ya se les perdió la confianza.
No regresarán porque no hay canonjías para nadie en el gobierno municipal, dijo Ramos al asegurar que ante la duda respecto a los oficiales, prefiere que no estén dentro de la corporación.
"Aquí no hay amigos, no hay cercanos, no hay apadrinados que puedan escaparse a la ley ni al gobierno", insistió.
Destacó que desde el inicio de su administración en diciembre del 2007, el crimen organizado ha intentado establecer vínculos sin resultados positivos y recordó que recibió una corporación policíaca permeada, por ello se han dado de baja a un centenar de elementos.
La lista
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer la lista de agentes que se encuentran a disposición de la SIEDO en la ciudad de México y que se encuentran en calidad de "presentados".
Son los subdirectores de la policía municipal de Tijuana Juan Manuel Nieves Reta y Rigoberto Rodríguez; Rosalba González Molina; el jefe de la Unidad de Enlace con Estados Unidos, Javier Enrique Cárdenas Salgado; Juan Arturo Domínguez Salmerón; Pedro Arce Gracia; Sergio Campos Rivera, y Galo Hernán Carrillo Vázquez.
Asimismo, Juan Carlos García Serrano; Javier Márquez León; José Luis Ramírez Pineda; Luis Alonso Cedano Morales; Mario Alberto Apodaca; Pablo García González; Moisés Díaz Neri; Mario Andrés Estrella Flores; Gilberto Fimbres Fimbres; Jesús Jacobo Aguirre, y Sergio Tejeda Martínez.
Caen dos mexicanos con 752 kilos de cocaína en Argentina
La policía de Argentina se incautó hoy de un cargamento de 752 kilogramos de cocaína de máxima pureza al allanar un galpón situado al norte de Buenos Aires y detuvo a cinco personas, dos mexicanos y tres bolivianos, informaron fuentes de esa fuerza de seguridad.
Se trata de uno de los decomisos de cocaína más importantes realizados en Argentina en los últimos años, destacaron los portavoces, que no difundieron hasta el momento la identidad de los detenidos.
El operativo fue ordenado por el juez Juan Manuel Culotta, quien convocó al lugar donde se encontró la droga, a unos 30 kilómetros de la capital argentina, a su colega Federico Faggionatto Márquez, quien investiga a una red de traficantes de efedrina supuestamente vinculada con el cártel mexicano de Sinaloa.
Las fuentes señalaron que la policía llegó a este galpón, situado en la localidad de San Miguel, después de más de dos meses de investigación y también con información proporcionada por Faggionatto Márquez.
Indicaron que la droga proviene de Colombia y tenía como destino Europa.
La causa que lleva adelante Faggionatto Márquez tiene más de veinte detenidos, entre ellos diez mexicanos.
Jesús Martínez Espinoza, otro mexicano que al parecer es el cabecilla de la red de narcotraficantes, está detenido en Paraguay y este viernes será extraditado a Argentina.
Faggionatto Márquez comprobó que existían contactos entre la organización de narcotraficantes y los empresarios argentinos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, cuyos cuerpos acribillados a balazos aparecieron el 13 de agosto en un descampado de las afueras de Buenos Aires.
Este caso desembocó en un endurecimiento de los controles sobre el comercio de productos farmacéuticos después de que varios expertos coincidieron en que Argentina se había convertido en terreno fértil para el tráfico ilegal de sustancias usadas en la elaboración de drogas sintéticas.
Se trata de uno de los decomisos de cocaína más importantes realizados en Argentina en los últimos años, destacaron los portavoces, que no difundieron hasta el momento la identidad de los detenidos.
El operativo fue ordenado por el juez Juan Manuel Culotta, quien convocó al lugar donde se encontró la droga, a unos 30 kilómetros de la capital argentina, a su colega Federico Faggionatto Márquez, quien investiga a una red de traficantes de efedrina supuestamente vinculada con el cártel mexicano de Sinaloa.
Las fuentes señalaron que la policía llegó a este galpón, situado en la localidad de San Miguel, después de más de dos meses de investigación y también con información proporcionada por Faggionatto Márquez.
Indicaron que la droga proviene de Colombia y tenía como destino Europa.
La causa que lleva adelante Faggionatto Márquez tiene más de veinte detenidos, entre ellos diez mexicanos.
Jesús Martínez Espinoza, otro mexicano que al parecer es el cabecilla de la red de narcotraficantes, está detenido en Paraguay y este viernes será extraditado a Argentina.
Faggionatto Márquez comprobó que existían contactos entre la organización de narcotraficantes y los empresarios argentinos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, cuyos cuerpos acribillados a balazos aparecieron el 13 de agosto en un descampado de las afueras de Buenos Aires.
Este caso desembocó en un endurecimiento de los controles sobre el comercio de productos farmacéuticos después de que varios expertos coincidieron en que Argentina se había convertido en terreno fértil para el tráfico ilegal de sustancias usadas en la elaboración de drogas sintéticas.
Se duplican narcotúneles en frontera México-EU
El número de narcotúneles descubiertos en la frontera entre el estado de Arizona y México, a los que los contrabandistas recurren para introducir droga e inmigrantes en Estados Unidos ante el incremento en la seguridad fronteriza, se duplicó durante este año, informó hoy la Patrulla Fronteriza.
De acuerdo con estadísticas de ese departamento, durante el año fiscal 2007 -que concluye el 30 de septiembre- se reportó el descubrimiento de siete túneles, mientras que en 2008 esta cifra se elevó a 14 dentro del Sector Tucson, que abarca el 90 por ciento de la frontera de Arizona.
Debido al alto índice de túneles que han sido encontrados, la Patrulla Fronteriza cuenta con un grupo de agentes entrenados para revisar continuamente el drenaje y detectar cualquier tipo de actividad o situación sospechosa.
Actualmente está en fase de prueba de un pequeño robot para ingresar a las excavaciones e investigar detalles sobre su origen, longitud y si existe algún tipo de peligro para que entren los agentes federales.
"Seguimos viendo las medidas extremas que toman los grupos de organizaciones delictivas que traen contrabando de narcóticos o de personas ilegalmente" , dijo a Mario Escalante, portavoz de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson.
La mayoría de los túneles en la frontera de Arizona han sido descubiertos entre la ciudad estadounidense de Nogales, Arizona, y su homónima mexicana, en el estado de Sonora, debido a que los contrabandistas se aprovechan de la infraestructura de drenaje existente y que sirve a las dos ciudades fronterizas.
"No encuentran la manera de cruzar por el desierto, no encuentran la forma de cruzar la cerca, por lo que la frustración los lleva a utilizar este tipo de túneles para cruzar narcóticos o personas" , agregó.
Sin embargo, apuntó el agente federal, "este tipo de excavaciones clandestinas son muy peligrosas, corren el riesgo que se derrumben de un momento a otro, pero esto es lo que están haciendo los contrabandistas con tal de traer su cargamento de drogas" .
Durante las primeras semanas del año fiscal 2009, que comenzó el pasado 1 de octubre, ya se han descubierto otras tres excavaciones clandestinas.
Debido al alto índice de túneles que han sido encontrados, la Patrulla Fronteriza cuenta con un grupo de agentes entrenados para revisar continuamente el drenaje y detectar cualquier tipo de actividad o situación sospechosa.
Actualmente está en fase de prueba de un pequeño robot para ingresar a las excavaciones e investigar detalles sobre su origen, longitud y si existe algún tipo de peligro para que entren los agentes federales.
De acuerdo con estadísticas de ese departamento, durante el año fiscal 2007 -que concluye el 30 de septiembre- se reportó el descubrimiento de siete túneles, mientras que en 2008 esta cifra se elevó a 14 dentro del Sector Tucson, que abarca el 90 por ciento de la frontera de Arizona.
Debido al alto índice de túneles que han sido encontrados, la Patrulla Fronteriza cuenta con un grupo de agentes entrenados para revisar continuamente el drenaje y detectar cualquier tipo de actividad o situación sospechosa.
Actualmente está en fase de prueba de un pequeño robot para ingresar a las excavaciones e investigar detalles sobre su origen, longitud y si existe algún tipo de peligro para que entren los agentes federales.
"Seguimos viendo las medidas extremas que toman los grupos de organizaciones delictivas que traen contrabando de narcóticos o de personas ilegalmente" , dijo a Mario Escalante, portavoz de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson.
La mayoría de los túneles en la frontera de Arizona han sido descubiertos entre la ciudad estadounidense de Nogales, Arizona, y su homónima mexicana, en el estado de Sonora, debido a que los contrabandistas se aprovechan de la infraestructura de drenaje existente y que sirve a las dos ciudades fronterizas.
"No encuentran la manera de cruzar por el desierto, no encuentran la forma de cruzar la cerca, por lo que la frustración los lleva a utilizar este tipo de túneles para cruzar narcóticos o personas" , agregó.
Sin embargo, apuntó el agente federal, "este tipo de excavaciones clandestinas son muy peligrosas, corren el riesgo que se derrumben de un momento a otro, pero esto es lo que están haciendo los contrabandistas con tal de traer su cargamento de drogas" .
Durante las primeras semanas del año fiscal 2009, que comenzó el pasado 1 de octubre, ya se han descubierto otras tres excavaciones clandestinas.
Debido al alto índice de túneles que han sido encontrados, la Patrulla Fronteriza cuenta con un grupo de agentes entrenados para revisar continuamente el drenaje y detectar cualquier tipo de actividad o situación sospechosa.
Actualmente está en fase de prueba de un pequeño robot para ingresar a las excavaciones e investigar detalles sobre su origen, longitud y si existe algún tipo de peligro para que entren los agentes federales.
Asegura Ejército 19 avionetas en Sonora
Personal del Ejército Mexicano aseguró 19 avionetas, armas, cartuchos y equipo de navegación en un aeródromo de Ciudad Obregón, ubicada a 275 kilómetros al sur de esta capital.
La Cuarta Zona Militar informó en un reporte que el decomiso de las aeronaves y las armas se dio tras una persecución de dos aeronaves menores cargadas con droga en el municipio de Bácum.
Señaló que al realizar recorridos de reconocimiento en la comunidad de San José de Bácum, perteneciente al mencionado municipio, se observaron seis aeronaves que volaban a baja altura y sin luces de navegación.
Explicó que al seguir su ruta de vuelo se localizó un taller de reparaciones aéreas, ubicado en calle 5 de Febrero y 600, conocido como "El Crucero", donde aseguraron material de vuelo e instalaciones, incluyendo una pista de aterrizaje.
El aseguramiento se realizó por carecer de documentación que ampare la legalidad de los mismos y violación a la ley de aeronáutica civil, así como a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En el operativo se detuvo a Arturo Flores Martínez y Héctor Eduardo Aragón Félix, y entre el armamento asegurado se encuentran ocho cargadores para pistola ametralladora MP 5 abastecidos con 243 cartuchos útiles expansivos calibre .9 milímetros.
El aseguramiento de las 19 aeronaves se efectuó tras la revisión de 60 avionetas que se encontraban en el aeródromo de Ciudad Obregón.
La Cuarta Zona Militar informó en un reporte que el decomiso de las aeronaves y las armas se dio tras una persecución de dos aeronaves menores cargadas con droga en el municipio de Bácum.
Señaló que al realizar recorridos de reconocimiento en la comunidad de San José de Bácum, perteneciente al mencionado municipio, se observaron seis aeronaves que volaban a baja altura y sin luces de navegación.
Explicó que al seguir su ruta de vuelo se localizó un taller de reparaciones aéreas, ubicado en calle 5 de Febrero y 600, conocido como "El Crucero", donde aseguraron material de vuelo e instalaciones, incluyendo una pista de aterrizaje.
El aseguramiento se realizó por carecer de documentación que ampare la legalidad de los mismos y violación a la ley de aeronáutica civil, así como a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En el operativo se detuvo a Arturo Flores Martínez y Héctor Eduardo Aragón Félix, y entre el armamento asegurado se encuentran ocho cargadores para pistola ametralladora MP 5 abastecidos con 243 cartuchos útiles expansivos calibre .9 milímetros.
El aseguramiento de las 19 aeronaves se efectuó tras la revisión de 60 avionetas que se encontraban en el aeródromo de Ciudad Obregón.
Cae ex jefe policial de Huixquilucan
Policías Federales adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detuvieron la mañana de este jueves al ex director de la Policía Municipal de Huixquilucan, Pedro Chávez.
Su aseguramiento se debe, según fuentes de la SIEDO y la ASE, a presuntos nexos con el crimen organizado, y ocurrió en calles del municipio de Tlalnepantla cuando Chávez circulaba en un vehículo particular.
La Agencia de Seguridad Estatal confirmó junto con la dependencia federal la detención del ex mando tras un operativo que se realizó cerca de la Avenida Presidente Juárez.
Chávez renunció a su cargo el 22 de septiembre pasado, a sólo 10 días de la ejecución de 24 hombres en La Marquesa.
Las investigaciones de la SIEDO en torno a la múltiple ejecución revelaron la participación de tres comandantes de la policía de Huixquilucan vinculados con el Cartel de Sinaloa.
Los tres agentes municipales que se encuentran arraigados por la PGR declararon haber participado en el operativo para levantar a los 24 hombres en distintos puntos de Huixquilucan.
Su aseguramiento se debe, según fuentes de la SIEDO y la ASE, a presuntos nexos con el crimen organizado, y ocurrió en calles del municipio de Tlalnepantla cuando Chávez circulaba en un vehículo particular.
La Agencia de Seguridad Estatal confirmó junto con la dependencia federal la detención del ex mando tras un operativo que se realizó cerca de la Avenida Presidente Juárez.
Chávez renunció a su cargo el 22 de septiembre pasado, a sólo 10 días de la ejecución de 24 hombres en La Marquesa.
Las investigaciones de la SIEDO en torno a la múltiple ejecución revelaron la participación de tres comandantes de la policía de Huixquilucan vinculados con el Cartel de Sinaloa.
Los tres agentes municipales que se encuentran arraigados por la PGR declararon haber participado en el operativo para levantar a los 24 hombres en distintos puntos de Huixquilucan.
Ejecutan a reportero en Ciudad Juárez
Al clima de inseguridad y pánico que priva en la entidad se agregó hoy la ejecución de un reportero de la fuente policial en Ciudad Juárez.
Armando Rodríguez, quien laboraba para el Diario de Ciudad Juárez y contaba con más de 20 años de trayectoria periodística en el rubro de la nota policiaca y el área de investigación, fue asesinado por desconocidos que lo esperaban afuera de su domicilio, ubicado en la calle Danubio 1313, de esta frontera.
Eduardo Esparza, vocero de la Procuraduría de Justicia del Estado, comentó que el profesional de la comunicación salía de su casa aproximadamente a las 7:00 horas para llevar a sus hijas a la escuela, cuando fue sorprendido por sicarios que le dispararon en varias ocasiones con rifles de asalto, sin provocar heridas a su familia.
La comunidad periodística fronteriza se encuentra conmocionada ante este hecho que no es frecuente, pese a que todos reconocían en el gremio la valentía con la que Rodríguez realizaba sus investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
Grupo Reforma publicó hoy que la ola de inseguridad provocada por el narco está paralizando a la Ciudad de Chihuahua.
Ciudadanos atemorizados prácticamente han abandonado decenas de escuelas, oficinas de Gobierno y comercios que han recibido amenazas de ataques y bombazos por parte del crimen organizado
Armando Rodríguez, quien laboraba para el Diario de Ciudad Juárez y contaba con más de 20 años de trayectoria periodística en el rubro de la nota policiaca y el área de investigación, fue asesinado por desconocidos que lo esperaban afuera de su domicilio, ubicado en la calle Danubio 1313, de esta frontera.
Eduardo Esparza, vocero de la Procuraduría de Justicia del Estado, comentó que el profesional de la comunicación salía de su casa aproximadamente a las 7:00 horas para llevar a sus hijas a la escuela, cuando fue sorprendido por sicarios que le dispararon en varias ocasiones con rifles de asalto, sin provocar heridas a su familia.
La comunidad periodística fronteriza se encuentra conmocionada ante este hecho que no es frecuente, pese a que todos reconocían en el gremio la valentía con la que Rodríguez realizaba sus investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
Grupo Reforma publicó hoy que la ola de inseguridad provocada por el narco está paralizando a la Ciudad de Chihuahua.
Ciudadanos atemorizados prácticamente han abandonado decenas de escuelas, oficinas de Gobierno y comercios que han recibido amenazas de ataques y bombazos por parte del crimen organizado
sábado, 8 de noviembre de 2008
La nomina del Mochomo
El gobierno de Chuy Aguilar contra la pared
Desde el 11 de septiembre de 2004, cuando fue asesinado Rodolfo Carrillo Fuentes y se descubrió que era protegido por comandantes y agentes de la Policía Ministerial al mando de Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, las estructuras de seguridad del estado no vivían una crisis como la que viven ahora, después de que un diario nacional publicó el contenido de una libreta que encontraron en una casa de Alfredo Beltrán Leyva.
Ya se decía, se aseguraba, se suponía, como ha ocurrido en otros sexenios, pero ahora se estaban ofreciendo datos concretos: nombres, cargos, cantidades. Algunos de ellos, como el mayor Alfredo Mejía Pérez, del más alto nivel, pues fue director de la Policía Ministerial, luego director de la Policía Estatal Preventiva y más tarde asesor de la Secretaría de Seguridad Pública, puesto que actualmente desempeña.
De acuerdo con la nómina que la PGR encontró en una casa de los Beltrán Leyva en Sinaloa, hay nombres de ex delegados de la PGR, agentes del Ministerio Público Federal, de la PFP, la AFI y funcionarios y agentes de las policías estatales.
Los datos han quedado integrados a algunas de las averiguaciones que se integran y la dependencia trabaja para establecer su veracidad. Una de las listas encontradas se titula: “Navidad para los ministeriales y carros para regalo”.
Los pagos que se mencionan —de acuerdo con lo que quedó asentado en los expedientes— son de 25 mil a 150 mil, sin que se sepa si se habla de pesos o dólares.
Publica Reforma:
“En ella aparece —una lista encontrada el 24 de enero en una de las casas cateadas— Rodolfo Osuna Lizárraga, ex jefe de la Policía Ministerial de Sinaloa, con una suma de 100 mil; Alfredo Mejía Pérez, ex jefe de la Policía Estatal Preventiva, con 130 mil, y Felipe Renault Rentería, titular de la Policía de Culiacán, con 120 mil”.
“Así como Roberto Barceló Villagrán Torres, ex coordinador operativo de la Policía Ministerial y ex jefe del Grupo Centauro, quien fue hallado decapitado el pasado 4 de julio en Culiacán. Aparece con 70 mil”.
“También está en la libreta una suma de 80 mil para Carlos Monzón Stamatis, ex director de Tránsito Municipal de Culiacán y quien ha sido buscado por autoridades federales.
“Igualmente está Odín Eloy Castro Cruz, director de Seguridad Pública y Tránsito de Mocorito, con 70 mil, misma suma que supuestamente le entregaron a Héctor Rosalío Partida Estrada y Miguel Armendáriz Santacruz, jefe de Investigaciones de la Ministerial, ejecutado el 5 de mayo de 2008 en Culiacán”.
“Aparecen Sergio Eduardo Hernández Méndez, con 120 mil; Mauricio Antonio Arce Zepeda, con 60 mil, y Jorge Zataráin Camacho, con 25 mil, quien fue acribillado el 4 de julio en Sinaloa”.
“La SIEDO encontró una hoja blanca que señalaba un número telefónico y la leyenda, escrita en letras verdes: “Ministeriales, contactar al señor Alfredo Mejía Pérez para que pase el número de cuenta 100,000, 30,000; Roberto Carlos Barceló Villagrán, 25,000; Jorge Zataráin Camacho, 25,000; Miguel Armendáriz Santacruz, depositar”.
“En una parte de la libreta aparecen diversas instrucciones como: ‘depositar a la cuenta de Felipa Quiñónez lo de Zorro Gris, Chicate’, ‘pendiente depositar al comandante de las Tres Letras a nombre de Luis Édgar Castro Segura’, ‘Borrego Cmte AFI’ y ‘Juan Pérez’.
“Otra lista tiene el título: ‘Cuentas de los amigos para pagar aguinaldos’. Los presuntos beneficiados son, entre otros, José Luis Polo Palafox, Carlos Darío Román Corona, José Óscar Ortega Sánchez, Luis Édgar Castro Segura y Julio Darío López García, quienes habrían sido beneficiados con cantidades que van entre 60 mil y 130 mil”.
También los militares
De acuerdo con lo publicado por el mismo diario, no son los únicos que aparecen en la nómina de los Beltrán Leyva. La PGR investiga otra nómina del mismo cártel en la que se encuentra mencionada más de una veintena de militares de la Novena Zona Militar, con sede en Sinaloa.
La lista fue hallada en uno de los cateos realizados en Culiacán tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, el 21 de enero pasado, e incluye a personal del Ejército con rangos de subtenientes y hasta capitanes, de acuerdo con una investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Con base en esa narcolista, la SIEDO encarceló en mayo pasado al mayor en justicia militar, Francisco de Jesús Pérez Chávez y a los soldados Alberto Cortina Herrera, Humberto Ramiro López Cornejo, Ricardo Ramírez León y Humberto Solís Galicia.
Según la causa penal 59/2008 de la PGR, los soldados “colaboraron como informantes sobre los movimientos que realizaba el cuerpo militar al que pertenecían, con la finalidad de facilitar el tráfico y comercio de droga, a cambio de remuneraciones por sus servicios ilícitos”.
Los militares al servicio del narco se encuentran internados en el penal de Occidente, en Jalisco y aparecen en el listado con la cifra del soborno que presuntamente recibían quincenalmente: Pérez Chávez, 150 mil pesos o dólares —la moneda no se especifica—; Cortina, 75 mil y López Cornejo y Solís Galicia, 70 mil cada uno.
En dicha relación aparece otro nombre, el de Pedro Sergio Jonguitud Barragán, con una presunta asignación de 100 mil. En un apartado más se menciona a un subteniente Calleja Bendaño con 100 mil.
Las autoridades federales encontraron en otra libreta un listado más extenso de personas con grados militares, quienes, presuntamente, también recibían dinero. Algunos nombres allí mencionados no incluyen sus rangos en la milicia.
En la lista aparecen el capitán Bernal Román Parra y uno de apellido Pacheco, así como el subteniente Izat Rodríguez Meza y Édgar Villatoros de los Santos, este último señalado como teniente segundo.
Están también Gabriel Álvarez Guevara, Gregorio Pérez Manjarrez, Francisco Javier Mejía Rodríguez, Efrén Lugo, Óscar Pardo Jiménez, Juan Carlos Facundo López, Cristóbal Santiago Luna, Cesáreo Martínez Cruz y Óscar Ramos, cuyo nombre tiene una anotación que dice “El Rojo por Tapia”.
La respuesta del Ejército
En un comunicado a la opinión pública del 31 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoce que “de la información obtenida con la captura del narcotraficante (Alfredo) Beltrán Leyva el 21 de enero del presente año, se obtuvieron indicios sobre la participación de un jefe, 3 oficiales y un elemento de tropa con esta organización, por lo que a partir del 29 de enero del mismo año fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dependiente de la Procuraduría General de la República, quien integró una averiguación previa en contra de este personal; actualmente se encuentran bajo proceso ante el Juez Séptimo de Distrito en materia penal en el estado de Jalisco”.
“En este sentido —dice el boletín—, es preciso destacar que esta secretaría no tiene información que involucre a personal militar en actividades ilícitas posterior a la localizada en el mes de enero en el marco de la detención…”.
Viejos lodos
No es el primer escándalo del Ejército en Sinaloa ligado al narcotráfico. Uno de los hechos más conocidos fue el que ocurrió en el 2002, cuando todo un batallón, el 65 de infantería, fue trasladado a la Ciudad de México por sus presuntos nexos con los narcotraficantes.
Y otros casos que se han mantenido en la oscuridad castrense, como el que ocurrió a finales de 2005, donde por lo menos una decena de militares de grado que operaban desde la Novena Zona Militar, fueron trasladados en completo sigilo a la Ciudad de México porque les encontraron sus roperos retacados de dólares. Había capitanes, tenientes y hasta algún teniente coronel.
El más alto nivel de la Secretaría de a Defensa Nacional tuvo conocimiento de movimientos “raros” de algunos mandos y envió a un equipo de investigación para darle seguimiento al caso. Nunca se informó de las consecuencias.
En su edición 273 del 21 de julio de 2008, Ríodoce publicó que Carlos Monzón Stamatis había huido de los operativos de las fuerzas federales, luego de que un grupo de agentes, apoyados por efectivos militares, catearon su casa en la colonia 21 de Marzo.
Monzón Stamatis fue director de Tránsito durante todo el trienio de Aarón Irízar López y su paso por la dependencia estuvo signado por negocios turbios, tráfico de influencias y matanzas, crímenes donde presuntamente participó su hijo Carlos Monzón Salazar.
Cuando ocurrieron los cateos de su casa, fuentes de la PGR informaron a Ríodoce que la SIEDO los había solicitado porque el ex funcionario aparecía involucrado en hechos relacionados con el narcotráfico.
Todos se defienden
El primero que habló fue el gobernador Jesús Aguilar Padilla y dijo que serán destituidos a los que se les acredite vínculos con el crimen organizado.
“Vamos a esperar el requerimiento de la SIEDO y mi gobierno ofrece absoluta voluntad y disposición para coadyuvar a que se aplique la ley y se tendrán que separar inmediatamente.
“Se tendrá que investigar a detalle puntualmente en cada corporación, en cada caso de los señalados y los no señalados también. Es un proceso permanente que estamos haciendo de manera muy coordinada”, expresó.
Por su parte, Felipe Renault Rentería, secretario de Seguridad Pública de Culiacán, dijo que lo que se publicó es un infundio que busca dañar y desprestigiar y que debe investigarse a fondo, afirmó.
“Se trata de filtraciones ligeras, irresponsables, que hacen daño y provocan desprestigio, pero no tienen sustento y nosotros somos personas públicas, funcionarios, y damos la cara; sabemos los riesgos y ratificamos nuestro compromiso con la sociedad, porque estoy limpio”, dijo.
Su trayectoria, agregó, ha sido de servicio público y docencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante cerca de 30 años, y los recursos con que cuenta son propios, resultado del esfuerzo personal y familiar.
El secretario del Ayuntamiento de Ahome, José Luis Polo Palafox, negó tener relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, durante su efímero paso como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Negó eso totalmente y afirmó ser un hombre de trabajo, de sacrificio, transparente, que ignora los motivos por los que fue incluido en la narconómina de los Beltrán Leyva. “¡Soy ajeno!”, aseveró.
Mientras tanto, la primera reacción de Rodolfo Osuna Lizárraga, ex director de la Policía Ministerial del Estado, es la de ponerse a disposición de las autoridades para que lo investiguen. “Yo no estoy en ninguna nómina de grupos delictivos”, revira.
“Es absurdo. Me cuidé mucho para no caer en esas cosas y ahora hasta dicen que recibí un aguinaldo siendo que yo entré a la Ministerial en enero, cuando ya había pasado la Navidad”, dice.
El ex comandante de la Unidad Especializada Antisecuestros dice que a partir de que apareció en una supuesta lista de policías que recibían dinero de parte de los Beltrán Leyva, “yo soy el primer interesado en que esto se aclare. Nunca me ofrecieron, ni recibí nada”.
De los más importantes de la lista, el único que no declaró nada fue el mayor Alfredo Mejía.
Desde el 11 de septiembre de 2004, cuando fue asesinado Rodolfo Carrillo Fuentes y se descubrió que era protegido por comandantes y agentes de la Policía Ministerial al mando de Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, las estructuras de seguridad del estado no vivían una crisis como la que viven ahora, después de que un diario nacional publicó el contenido de una libreta que encontraron en una casa de Alfredo Beltrán Leyva.
Ya se decía, se aseguraba, se suponía, como ha ocurrido en otros sexenios, pero ahora se estaban ofreciendo datos concretos: nombres, cargos, cantidades. Algunos de ellos, como el mayor Alfredo Mejía Pérez, del más alto nivel, pues fue director de la Policía Ministerial, luego director de la Policía Estatal Preventiva y más tarde asesor de la Secretaría de Seguridad Pública, puesto que actualmente desempeña.
De acuerdo con la nómina que la PGR encontró en una casa de los Beltrán Leyva en Sinaloa, hay nombres de ex delegados de la PGR, agentes del Ministerio Público Federal, de la PFP, la AFI y funcionarios y agentes de las policías estatales.
Los datos han quedado integrados a algunas de las averiguaciones que se integran y la dependencia trabaja para establecer su veracidad. Una de las listas encontradas se titula: “Navidad para los ministeriales y carros para regalo”.
Los pagos que se mencionan —de acuerdo con lo que quedó asentado en los expedientes— son de 25 mil a 150 mil, sin que se sepa si se habla de pesos o dólares.
Publica Reforma:
“En ella aparece —una lista encontrada el 24 de enero en una de las casas cateadas— Rodolfo Osuna Lizárraga, ex jefe de la Policía Ministerial de Sinaloa, con una suma de 100 mil; Alfredo Mejía Pérez, ex jefe de la Policía Estatal Preventiva, con 130 mil, y Felipe Renault Rentería, titular de la Policía de Culiacán, con 120 mil”.
“Así como Roberto Barceló Villagrán Torres, ex coordinador operativo de la Policía Ministerial y ex jefe del Grupo Centauro, quien fue hallado decapitado el pasado 4 de julio en Culiacán. Aparece con 70 mil”.
“También está en la libreta una suma de 80 mil para Carlos Monzón Stamatis, ex director de Tránsito Municipal de Culiacán y quien ha sido buscado por autoridades federales.
“Igualmente está Odín Eloy Castro Cruz, director de Seguridad Pública y Tránsito de Mocorito, con 70 mil, misma suma que supuestamente le entregaron a Héctor Rosalío Partida Estrada y Miguel Armendáriz Santacruz, jefe de Investigaciones de la Ministerial, ejecutado el 5 de mayo de 2008 en Culiacán”.
“Aparecen Sergio Eduardo Hernández Méndez, con 120 mil; Mauricio Antonio Arce Zepeda, con 60 mil, y Jorge Zataráin Camacho, con 25 mil, quien fue acribillado el 4 de julio en Sinaloa”.
“La SIEDO encontró una hoja blanca que señalaba un número telefónico y la leyenda, escrita en letras verdes: “Ministeriales, contactar al señor Alfredo Mejía Pérez para que pase el número de cuenta 100,000, 30,000; Roberto Carlos Barceló Villagrán, 25,000; Jorge Zataráin Camacho, 25,000; Miguel Armendáriz Santacruz, depositar”.
“En una parte de la libreta aparecen diversas instrucciones como: ‘depositar a la cuenta de Felipa Quiñónez lo de Zorro Gris, Chicate’, ‘pendiente depositar al comandante de las Tres Letras a nombre de Luis Édgar Castro Segura’, ‘Borrego Cmte AFI’ y ‘Juan Pérez’.
“Otra lista tiene el título: ‘Cuentas de los amigos para pagar aguinaldos’. Los presuntos beneficiados son, entre otros, José Luis Polo Palafox, Carlos Darío Román Corona, José Óscar Ortega Sánchez, Luis Édgar Castro Segura y Julio Darío López García, quienes habrían sido beneficiados con cantidades que van entre 60 mil y 130 mil”.
También los militares
De acuerdo con lo publicado por el mismo diario, no son los únicos que aparecen en la nómina de los Beltrán Leyva. La PGR investiga otra nómina del mismo cártel en la que se encuentra mencionada más de una veintena de militares de la Novena Zona Militar, con sede en Sinaloa.
La lista fue hallada en uno de los cateos realizados en Culiacán tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, el 21 de enero pasado, e incluye a personal del Ejército con rangos de subtenientes y hasta capitanes, de acuerdo con una investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Con base en esa narcolista, la SIEDO encarceló en mayo pasado al mayor en justicia militar, Francisco de Jesús Pérez Chávez y a los soldados Alberto Cortina Herrera, Humberto Ramiro López Cornejo, Ricardo Ramírez León y Humberto Solís Galicia.
Según la causa penal 59/2008 de la PGR, los soldados “colaboraron como informantes sobre los movimientos que realizaba el cuerpo militar al que pertenecían, con la finalidad de facilitar el tráfico y comercio de droga, a cambio de remuneraciones por sus servicios ilícitos”.
Los militares al servicio del narco se encuentran internados en el penal de Occidente, en Jalisco y aparecen en el listado con la cifra del soborno que presuntamente recibían quincenalmente: Pérez Chávez, 150 mil pesos o dólares —la moneda no se especifica—; Cortina, 75 mil y López Cornejo y Solís Galicia, 70 mil cada uno.
En dicha relación aparece otro nombre, el de Pedro Sergio Jonguitud Barragán, con una presunta asignación de 100 mil. En un apartado más se menciona a un subteniente Calleja Bendaño con 100 mil.
Las autoridades federales encontraron en otra libreta un listado más extenso de personas con grados militares, quienes, presuntamente, también recibían dinero. Algunos nombres allí mencionados no incluyen sus rangos en la milicia.
En la lista aparecen el capitán Bernal Román Parra y uno de apellido Pacheco, así como el subteniente Izat Rodríguez Meza y Édgar Villatoros de los Santos, este último señalado como teniente segundo.
Están también Gabriel Álvarez Guevara, Gregorio Pérez Manjarrez, Francisco Javier Mejía Rodríguez, Efrén Lugo, Óscar Pardo Jiménez, Juan Carlos Facundo López, Cristóbal Santiago Luna, Cesáreo Martínez Cruz y Óscar Ramos, cuyo nombre tiene una anotación que dice “El Rojo por Tapia”.
La respuesta del Ejército
En un comunicado a la opinión pública del 31 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoce que “de la información obtenida con la captura del narcotraficante (Alfredo) Beltrán Leyva el 21 de enero del presente año, se obtuvieron indicios sobre la participación de un jefe, 3 oficiales y un elemento de tropa con esta organización, por lo que a partir del 29 de enero del mismo año fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dependiente de la Procuraduría General de la República, quien integró una averiguación previa en contra de este personal; actualmente se encuentran bajo proceso ante el Juez Séptimo de Distrito en materia penal en el estado de Jalisco”.
“En este sentido —dice el boletín—, es preciso destacar que esta secretaría no tiene información que involucre a personal militar en actividades ilícitas posterior a la localizada en el mes de enero en el marco de la detención…”.
Viejos lodos
No es el primer escándalo del Ejército en Sinaloa ligado al narcotráfico. Uno de los hechos más conocidos fue el que ocurrió en el 2002, cuando todo un batallón, el 65 de infantería, fue trasladado a la Ciudad de México por sus presuntos nexos con los narcotraficantes.
Y otros casos que se han mantenido en la oscuridad castrense, como el que ocurrió a finales de 2005, donde por lo menos una decena de militares de grado que operaban desde la Novena Zona Militar, fueron trasladados en completo sigilo a la Ciudad de México porque les encontraron sus roperos retacados de dólares. Había capitanes, tenientes y hasta algún teniente coronel.
El más alto nivel de la Secretaría de a Defensa Nacional tuvo conocimiento de movimientos “raros” de algunos mandos y envió a un equipo de investigación para darle seguimiento al caso. Nunca se informó de las consecuencias.
En su edición 273 del 21 de julio de 2008, Ríodoce publicó que Carlos Monzón Stamatis había huido de los operativos de las fuerzas federales, luego de que un grupo de agentes, apoyados por efectivos militares, catearon su casa en la colonia 21 de Marzo.
Monzón Stamatis fue director de Tránsito durante todo el trienio de Aarón Irízar López y su paso por la dependencia estuvo signado por negocios turbios, tráfico de influencias y matanzas, crímenes donde presuntamente participó su hijo Carlos Monzón Salazar.
Cuando ocurrieron los cateos de su casa, fuentes de la PGR informaron a Ríodoce que la SIEDO los había solicitado porque el ex funcionario aparecía involucrado en hechos relacionados con el narcotráfico.
Todos se defienden
El primero que habló fue el gobernador Jesús Aguilar Padilla y dijo que serán destituidos a los que se les acredite vínculos con el crimen organizado.
“Vamos a esperar el requerimiento de la SIEDO y mi gobierno ofrece absoluta voluntad y disposición para coadyuvar a que se aplique la ley y se tendrán que separar inmediatamente.
“Se tendrá que investigar a detalle puntualmente en cada corporación, en cada caso de los señalados y los no señalados también. Es un proceso permanente que estamos haciendo de manera muy coordinada”, expresó.
Por su parte, Felipe Renault Rentería, secretario de Seguridad Pública de Culiacán, dijo que lo que se publicó es un infundio que busca dañar y desprestigiar y que debe investigarse a fondo, afirmó.
“Se trata de filtraciones ligeras, irresponsables, que hacen daño y provocan desprestigio, pero no tienen sustento y nosotros somos personas públicas, funcionarios, y damos la cara; sabemos los riesgos y ratificamos nuestro compromiso con la sociedad, porque estoy limpio”, dijo.
Su trayectoria, agregó, ha sido de servicio público y docencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante cerca de 30 años, y los recursos con que cuenta son propios, resultado del esfuerzo personal y familiar.
El secretario del Ayuntamiento de Ahome, José Luis Polo Palafox, negó tener relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, durante su efímero paso como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Negó eso totalmente y afirmó ser un hombre de trabajo, de sacrificio, transparente, que ignora los motivos por los que fue incluido en la narconómina de los Beltrán Leyva. “¡Soy ajeno!”, aseveró.
Mientras tanto, la primera reacción de Rodolfo Osuna Lizárraga, ex director de la Policía Ministerial del Estado, es la de ponerse a disposición de las autoridades para que lo investiguen. “Yo no estoy en ninguna nómina de grupos delictivos”, revira.
“Es absurdo. Me cuidé mucho para no caer en esas cosas y ahora hasta dicen que recibí un aguinaldo siendo que yo entré a la Ministerial en enero, cuando ya había pasado la Navidad”, dice.
El ex comandante de la Unidad Especializada Antisecuestros dice que a partir de que apareció en una supuesta lista de policías que recibían dinero de parte de los Beltrán Leyva, “yo soy el primer interesado en que esto se aclare. Nunca me ofrecieron, ni recibí nada”.
De los más importantes de la lista, el único que no declaró nada fue el mayor Alfredo Mejía.
La guerra del CAF sigue
La captura de Eduardo Arellano Félix no paró la ola de ejecuciones que desde el 25 de septiembre suman 218 muertos, en un conflicto entre el cártel y una célula que goza del apoyo de un ala del cártel de Sinaloa. A la par de la reorganización en el CAF, Teodoro García Simental se fortalece con apoyo externo y utiliza la denuncia y a la Policía Municipal , para combatir a sus enemigos.
La guerra por el control delictivo de Baja California sigue.
Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” y Teodoro García Simental “El Teo” permanecen libres. Igual sus principales lugartenientes que continúan ejecutando, secuestrando y en el trasiego de droga de México a los Estados Unidos.
Investigadores locales aseguraron que la detención de Eduardo Arellano Félix ocurrida el sábado 26 de octubre de 2008, está lejos de significar la caída del cártel de los hermanos Arellano Félix (CAF), familia que aún mantiene el control con el apoyo, entre otros, de los hermanos Heredia.
La inseguridad en la ciudad no disminuirá.
Explicaron los policías también que al día siguiente de la captura, tras una balacera sicarios al servicio de “El Ingeniero” se posicionaron en Tecate asesinando a Adrián Sandoval Miranda “el Duende”, de quien dicen era el número dos de García Simental en ese municipio.
“Ésa fue una muestra inmediata de que la pugna continúa”, sentenció un agente de inteligencia policiaca.
Los dos grupos en conflicto se han reforzado. Teodoro García goza de las simpatías de miembros de un ala del cártel de Sinaloa, mientras Fernando Sánchez se reorganizó trayendo nuevos grupos de sicarios.
Operatividad criminal ininterrumpida
Después de la detención de su tío, Fernando Sánchez Arellano se alejó de Tijuana. Policías lo ubican allende la frontera aunque no por mucho tiempo. Encargados de cuidar su entorno, sus dos principales lugartenientes: Mario, conocido como “el Charro” o “el Charrito”, y Armando “el Gordo” Villareal.
El oeste de Tijuana es controlado por dos jóvenes de formación empresarial, mientras información de inteligencia en la Unión Americana , indica que el resto de la ciudad es vigilado por los primos de Villarreal: Melchor Heredia “Gaspar” y Elías Heredia “el Venado”.
A la par, Sánchez Arellano armó entre 19 y 23 grupos de 20 sicarios cada uno para hacer frente a su hoy acérrimo enemigo, García Simental.
El mapa delictivo elaborado con fines de investigación judicial, ubica en Ensenada como representante de los Arellano, al dueño de un centro de entretenimiento ubicado en el Malecón del Puerto. Por lo menos tiene cuatro meses indagándolo.
Los mismos análisis policíacos indican que en la célula de Teodoro García Simental, éste también se alejó de la ciudad. Que dirige su estrategia delictiva desde Sinaloa y que cuenta como principales lugartenientes a: Raydel López Uriarte “el Muletas”, Filiberto Parra Ramos “ la Perra “, Gilberto Sánchez Guerrero y un empresario tecatense.
Incluso, grupos de inteligencia identificaron que en la célula de “el Tres” han cambiado apodos y claves. Se asignaron nombres de personajes de películas sobre narcotráfico, como “Tony Montana”.
Los dos bandos se quedaron sin hombre fuerte en Rosarito y no lo han sustituido. A “el Teo” le ejecutaron a su número uno en el quinto municipio, Ángel Jácome el “Kaibil”, mientras a “el Ingeniero”, le fue detenido su personero, Ricardo Pérez “el Pollo”, el 24 de octubre.
En este contexto de reorganización en el CAF y la célula de García Simental, la detención de Eduardo Arellano Félix no afecta la logística de ejecuciones, narcotráfico y secuestro. De hecho, a cinco semanas de iniciada la guerra, la suma de ejecuciones es de 218.
Quien dirige y administra el cártel desde el año 2002, es Enedina Arellano Félix, mientras la dirección operativa en Baja California la tiene Fernando Sánchez Arellano.
La captura de Luis Ramírez Velázquez “El Güero Camarón” tampoco resultó de impacto en la pugna que se desarrolla en las calles de Baja California. Su operatividad estaba limitada desde el 26 de abril de este año, cuando la célula de “El Teo” le puso precio a su cabeza después que esa noche fue a rendirse ante Sánchez Arellano, y los sicarios de éste no le tenían confianza.
Versiones al interior de la Dirección de Policía de Tijuana, indican que la labor de “el Güero Camarón” era la de enlace con la municipal, utilizando a un tío que es subcomandante en la corporación.
De hecho, siguiendo la estrategia de “el Muletas”, oficiales identifican al detenido como el que hace por lo menos dos semanas se incorporó a las acciones del Grupo Operativo Especial municipal. Informaron: “Lo llevaban encapuchado pero todo mundo lo conoce”.
Los agentes reportaron que el enlace con la Policía Municipal por parte de Sánchez Arellano es el hijo de un subdirector policiaco y que es familiar Raydel López Uriarte “el Muletas”.
Guerra de denuncias
Una de las estrategias de García Simental para afectar la estructura del cártel Arellano Félix, es la denuncia anónima de la ubicación de los principales elementos. Un Policía justificó: “Sacar a los delincuentes de las calles es lo importante y como ciudadanos nos da lo mismo que sean de un solo cártel. El problema es que si la autoridad da la apariencia de estarse cargando, se podría generar un recrudecimiento de la violencia”.
Las policías investigadoras reconocieron que fue evidente el uso de las llamadas anónimas por parte de delincuentes en el caso de la captura del grupo de Giovanni Rivera alias Alberto Bustamante “El Hamburguesa” o “El Whopper”, su ubicación fue denunciada el martes 21, el sábado 25 y el lunes 27 cuando fue detenido.
Datos aportados por investigadores indican que el operativo militar ejecutado en Puerta de Hierro la semana pasada fue organizado para encontrar una casa de seguridad rentada por Giovanni Rivera.
El sábado 25 de octubre una célula de secuestradores de “El Hamburguesa” fue detenida en Otay, pero a él lo aprehendieron hasta el lunes 27 luego que levantó al joven Luis Antonio Velázquez Balderrama. La policía municipal lo detuvo después de perseguirlo desde la glorieta Cuauhtémoc hasta la avenida Internacional en la zona norte, previa denuncia ubicándolo en ese perímetro.
Rivera pertenecía a la clase media, de padres divorciados, estudió hasta la preparatoria en escuelas públicas, lo dieron de baja en la Federal Lázaro Cárdenas, jugaba futbol americano y corría autos. Ingresó al CAF muy chico, como “mascota” de Jorge Briseño “El Cholo”. Después se incorporó al grupo de Manuel Diez Castillo “el Buda” y Carlos Ignacio Acosta Ibarra “el Big Boy” donde tampoco le asignaban tareas destacadas.
Ya en el 2000 inició labores como secuestrador del CAF. Tras su detención ha sido reconocido por algunas víctimas que actualmente residen en Estados Unidos.
Uno de los delincuentes que acompañaba a Giovanni Rivera es el policía municipal activo, comisionado a la Presa Rural , Ernesto Onofre Torres. Lo más extraño para los policías no fue la detención de su compañero, sino que un agente de la zona este haya sido capturado con un secuestrador del “Ingeniero”.
Los muertos
Muestra de que la guerra del CAF continúa, es que después de la detención de Eduardo Arellano Félix, se ejecutaron a 38 personas.
El mismo sábado de la aprehensión, pasadas las cinco de la tarde, el subjefe de Homicidios de Tecate, Isidro Huerta Díaz, cayó abatido por una lluvia de balas de alto poder en la continuación de la carretera de cobro en Otay a la altura de la colonia 10 de Mayo. Manejaba carro oficial. El mismo comando y con las mismas armas, asesinó muy cerca de ahí a Jaime Francisco Rodelo Lara.
Los Ministeriales compañeros de Huerta iniciaron la investigación con una sola hipótesis:
1.- El objetivo del ataque era Rodelo, y Huerta estuvo en el lugar y momento equivocados. Los asesinos creyeron que iban juntos, que lo estaba protegiendo y también lo atacaron.
Sin embargo los agentes investigadores recibieron órdenes de ampliar las hipótesis, dado que altos mandos recibieron informes que ordenaron corroborar sobre Isidro Huerta:
* Que en su hoja de servicio se anota que trabajó por más de 10 años bajos las órdenes de grupos que dirigieron Jame Niebla y Honorio Bustamante, ambos acusados de corrupción por el General Sergio Aponte Polito.
* Su presunta amistad con algunos delincuentes de Tecate, con quienes supuestamente se le vio departir y beber en varias ocasiones públicamente.
Por órdenes del director de la Policía Ministerial , General Florencio Raúl Cuevas Salgado, el Ministerial Huerta no recibió honores.
El segundo crimen destacado se dio también con personas que se desempeñaba en Tecate. La noche del domingo 26 de octubre ciudadanos de ese ayuntamiento fueron testigos de dos balaceras. Al final un cuerpo fue encontrado. Tenía tres tiros y estaba en el piso de la parte trasera de un pick up, Toyota Tacoma modelo 2004. Su nombre: Adrián Sandoval Miranda, mecánico con 28 años de edad, que las autoridades identificaron como el presunto sicario apodado “el Duende”.
De acuerdo a los organigramas realizados por los grupos de inteligencia local, este joven servía a García Simental pero recibía instrucciones de un hombre al que sólo conocen como “el Güero Leches”, a quien a su vez acusan de tener controlada a la policía municipal a través de tres jefes que incluso ya fueron denunciados ante el ayuntamiento.
Conforme a información generada en la investigación, al “Duende” le habían asignado asesinar al representante de “el Ingeniero” en Tecate. Tomó las armas, se hizo acompañar por lo menos de cuatro elementos, incluidos dos policías municipales, se pusieron guantes de látex para no contaminarse de pólvora y se dirigieron a cumplir su misión. Así llegaron a la colonia Cuauhtémoc y protagonizaron un enfrentamiento. Los detractores de “el Duende” fueron alertados de sus movimientos y cuando éste llegó, ya lo estaban esperando. Lo mataron.
Según denuncias de testigos, en el operativo criminal participaron dos agentes municipales de los que se presume se apellidan Guerrero y Meza, ellos fueron quienes rescataron a Sandoval Miranda creyendo que estaba vivo. Después lo abandonaron junto con el arsenal que no pudieron usar:
Tres cargadores, treinta tiros útiles calibre 7.62 x 39, en un segundo vehículo este Chevrolet Tahoe guinda, modelo 2002, dos cargadores de disco color negro metálicos con tres tiros útiles del calibre 7.62 x 39 y un cargador desabastecido, un cargador de disco negro metálico desbastecido, cargador negro metálico abastecido con 17 tiros útiles calibre 7.62 x 39, una fornitura color negro con seis cargadores con 25 tiros útiles del calibre 7.62 x39 y una carabina color negro calibre 2.223 con cargador y treinta tiros útiles de calibre 223, un cargador metálico con treinta y cinco tiros útiles calibre 223.
En Tijuana, fueron asesinados cuatro empleados de yonke . Sobre esas ejecuciones existen tres versiones, todas provenientes de denuncias que se están analizando. Todas con un denominador común: A quien los asesinos querían matar era al dueño de la empresa, luego que presumen trabaja para el CAF, y también para la célula de “el Teo”.
Las otras teorías sobre el intento de homicidio al dueño: No pagó piso. Se dedica a la venta de armas e hizo negocios con ambos bandos, y modificaba carros para cruzarlos con droga a Estados Unidos, también para ambos grupos.
El último ejecutado de la semana posterior a la detención de Eduardo Arellano Félix, fue el policía municipal Mauricio Antonio Hernández Flores. Su cuerpo fue localizado pasada la una de la mañana del 28 de octubre en su vehículo Ford Blanco, la reacción de sus compañeros entrevistados fue reveladora: “Se habían tardado”.
Hernández se hizo de mala fama como escolta de Diego Valle y subalterno de Chacón, en la delegación policiaca de Otay. En el tiempo en que se asesinaron a varios policías municipales y federales en aquella zona.
Hace dos meses, cuando se ordenó un cambio de mandos, sus jefes directos “Trapero empezó a faltar y Valle envió su renuncia con un abogado”, Hernández se quedó pero jamás se presentó a pasar lista y faltaba constantemente sin que fuese sancionado.
En la Policía Ministerial la respuesta a la muerte del Municipal fue: “Todos sabían que era un “vagazo' pero no le habían podido probar nada”.
Finalmente, esta semana que concluye, también se solucionó un caso que sirve para mostrar la dinámica subterránea de este enfrentamiento de traficantes que incluye hombres, mujeres y niños dedicados a la venta de droga en pequeño. A los pastores asesinados en la colonia Obrera segunda sección el 14 de octubre, los acribilló “por equivocación” el joven Roberto Carlos Rico “el Betillo”, “el Chaparro” o “el Chapo”, éste se dedicaba al narcomenudeo y ese día, con apoyo de una muchacha que también vende droga y el hijo menor de ésta, se dedicaron a buscar a los “tiradores” del bando opuesto.
El niño se subió al techo a buscar a “los enemigos” pero los religiosos le ordenaron bajar para preguntarle de qué se trataba, cuando el distribuidor vio a los hombres con el niño, creyó que se trataba de los competidores y los asesinó, este hombre ya está confeso tras las rejas.
Concluyó así la quinta semana de la guerra entre el cártel Arellano Félix y la célula de Teodoro García Simental, con la detención de Eduardo Arellano y 38 ejecuciones más. A pesar de las declaraciones de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, de un cártel acabado, la guerra del CAF sigue” por lo menos en Baja California.
A pesar de las declaraciones de la DEA
Las vidas del CAF
Desde el 2002 altos funcionarios de la DEA (Drug Enforcement Agency) han declarado el fin del Cártel de los Arellano Felix. Y el CAF sigue. La primera vez que con júbilo tal afirmación fue dada a conocer de viva voz por parte de la autoridad norteamericana fue el 11 de abril, hace seis años atrás, cuando Asa Hutchinson, entonces Directora de la DEA felicitó a los funcionarios que arrestaron a más de 60 agentes de Tecate presuntamente vinculados con el crimen organizado. En ese mismo 2002 se había dado la captura de Benjamín Arellano Félix en Puebla y la muerte de Ramón Arellano Félix en Sinaloa. “La iniciativa tomada por el gobierno de México bajo la administración de Fox en contra de los narcotraficantes, y aquellos que los asisten, no tiene precedente. El gobierno de México sigue enviando un mensaje claro que los narcotraficantes no mandan en México y que las leyes deben ser aplicadas. Más significativamente, estos arrestos siguen al desmantelamiento del liderazgo de la violenta organización de los Arellano Félix y reducirán la posibilidad de que otra organización domine el área de Tijuana”. Luego, el 29 de enero de 2003, la DEA publicó un boletín titulado “El principio del fin de los la Organización del Narcotráfico de los Arellano Félix (2000-2002)”. Ahí citó textualmente, en pasado: “La Organización de los Arellano Félix (AFO por sus siglas en inglés) a menudo referida como el Cártel de Tijuana, fue considerada una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas y violentas de México. En el punto más álgido de su poder, la AFO fue responsable de la transportación, importación y distribución de múltiples toneladas de cocaína, mariguana, y grandes cantidades de heroína y metanfetaminas a los Estados Unidos desde México, principalmente de Tijuana a San Diego y Los Ángeles”.
El 9 de julio de 2003 el mismo tono triunfalista se repitió cuando se revelaron dos acusaciones formales en contra de 12 individuos que entonces representaban la jerarquía del CAF. “La DEA ha estado investigando las actividades de la organización de los Arellano Félix desde su violento ascenso al poder”, dijo entonces el Administrador de la DEA, William Simpkins. “Mientras que la DEA y nuestros socios en México hemos logrado mucho éxito con esta investigación, estas acusaciones significan un paso adelante hacia nuestro principal objetivo que es desmantelar una organización que ha demostrado no tener límites en lo que concierne a su codicia y atrevimiento”. Después, el 26 de febrero de 2004, cuando la DEA anunció el ofrecimiento de una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien diera información en contra de Ismael “El Mayo” Zambada García así se refirió textualmente al cártel liderado por los hermanos Arellano Félix: “Zambada García recientemente emergió como uno de los principales narcotraficantes en México luego de un sangriento enfrentamiento que sostuvo con la Organización de los Arellano Félix, que una vez fuera el poderoso cártel de Tijuana, y ha consolidado su control sobre las rutas del narcotráfico desde el estado mexicano de Sonora a Arizona”. El 27 de abril de 2007 la historia se repitió cuando Ismael Higuera Guerrero y su hermano Gilberto Higuera Guerrero se declararon culpables de soborno en una Corte Federal de San Diego, delito relacionado con las actividades del CAF. En aquel momento, la Administradora de la DEA, Karen P. Tandy, aseguró que “los hermanos Higuera Guerrero eran líderes de lo que alguna vez fue el cártel dominante de los Arellano Félix que controlaba y aterrorizaba el corredor de Tijuana hacia los Estados Unidos. Estas declaraciones, junto con el arresto de seis más de los principales lugartenientes de este cártel de Tijuana, están rompiendo la columna vertebral de lo que alguna vez fue esta terrorífica red”.
Por último, el 6 de noviembre de 2007, tras la detención y condena de Francisco Javier Arellano Félix, la abogada Karen P. Hewitt, procuradora del Distrito Sur de California, afirmó que “la cadena perpetua impuesta a Javier Arellano Felix hoy asegura que su reino de crímenes violentos y narcotráfico internacional, que dañó a incontables individuos tanto en Estados Unidos y México, se acabó para siempre.” Declaraciones reforzadas por Eileen Mayer, Jefe de Investigación Criminal del IRS (Internal Revenue Service): La sentencia de hoy cierra la puerta a dos décadas de narcotráfico y crimen que incluyó uno de los esquemas más sofisticados de lavado de dinero en el mundo”. La detención de Eduardo Ramón Arellano Félix confirmó una vez más la sospecha: la puerta siguió abierta. Y pese a lo que sigan afirmando las autoridades norteamericanas, la sospecha de que aún no se cierra sigue vigente desde este lado de la frontera.
Paranoia
“Falsos” ataques
Después de dos semanas de “falsas amenazas” cibernéticas y telefónicas en contra de la vida de alumnos de escuelas primarias y secundarias, principalmente en Rosarito, Playas y el este de Tijuana, las autoridades estatales y municipales reaccionaron, pero sólo ofreciendo pláticas con directivos de escuelas públicas y particulares.
La idea es, primero, pedirles que verifiquen con fuentes confiables la información alarmista que les llega y después solicitarles que establezcan un protocolo, es decir, una cadena de información a seguir para estos casos.
Los primeros mensajes se difundieron por el ciberespacio desde el 22 de octubre según informó la autoridad, sin embargo no han dicho si ya se está investigando el origen de los mismos. Y conforme a información a disposición, tampoco se estaban rastreando llamadas.
Este hecho puede confirmarse con versiones que ya se tenían de los directores respecto a que estaban recibiendo llamados de tal o cual inspección escolar, pero al momento de intentar definir responsables, los denunciantes no aceptaban dar nombres.
Conforme a datos de la Policía Estatal Preventiva (PFP) fue hasta pasado el mediodía de este jueves 30 de octubre cuando las amenazas en contra de los planteles escolares empezaron a llegar al 066 del Centro de Control, Comando y Comunicación.
La amenaza fue hecha mencionando planteles determinados, la mayoría particulares donde aseguraron asisten a clases hijos de narcotraficantes. Las autoridades policiacas afirmaron que estas llamadas sí podrán ser investigadas.
El miércoles pasado, en conferencia de prensa, Alberto Capella Ibarra, Secretario de Seguridad Pública Municipal, reconoció que padres de familia que tienen inscritos a sus hijos en escuelas y colegios de Playas de Tijuana y del este de la ciudad, se encuentran preocupados por las “falsas amenazas” que advierten sobre ataques y secuestros en contra de maestros y alumnos que acuden diariamente a dichos centros educativos.
Admitió que autoridades municipales y educativas recibieron correos electrónicos en los que se mencionaba la supuesta comisión de “una serie de delitos (dirigidos) contra personas inocentes” que acudieran a escuelas y centros recreativos de las zonas mencionadas, lo que a su vez generó la movilización de los cuerpos policiacos de la ciudad a pesar de que él consideró que “son puros rumores perversos de chamacos que nada tienen que hacer”.
El funcionario señaló que estas acciones, mismas que catalogó como “irresponsables”, provocaron que muchas madres de familia, “inmersas en el pánico, tuvieran accidentes automovilísticos cuando trataban de llegar desesperadas a las escuelas por sus hijos”.
Adrián Flores Ledesma, delegado del Sistema Educativo Estatal-Tijuana, quien acompañó a Capella Ibarra en la conferencia, hizo un llamado a los padres de familia “inquietos por los rumores” para que envíen a sus hijos a las escuelas y no se dejen engañar con estas “falsas” advertencias.
“Hasta el momento todos son rumores, no hay nada comprobado, todas las escuelas desde primaria hasta preparatorias han estado funcionando normalmente. Pedimos a los padres de familia tener calma, tranquilidad, confiar en los directivos, en los docentes, llamar a las autoridades en caso de presentar dudas. Queremos que tengan la certeza de que todas las llamadas son atendidas, pero como repito, hasta este momento todas las amenazas han sido rumores”.
Alcalde de Rosarito
No lo amenazaron
Hugo Torres Chabert, alcalde Rosarito, informó que ningún grupo criminal amenazó su vida, que la información errónea surgió de un programa de televisión. “Desde hace dos llamadas que hablaron amenazando de un cártel, no he vuelto a recibir ese tipo de telefonemas”.
De las versiones posteriores que hablaron de su posible renuncia al cargo, dijo que las difundieron panistas que trabajaron en la administración del ex alcalde Antonio Macías.
“Ni yo ni mis secretarias recibieron llamadas pidiendo mi renuncia o mi vida a cambio de niños, y quiero que quede muy claro.
“En el mismo programa se dio a conocer el correo electrónico anónimo que amenazaba la seguridad de los niños. Y aunque no teníamos ninguna sospecha, para tranquilizar a los padres y maestros, se resguardaron los planteles con apoyo de los policías estatales y militares”.
El munícipe indicó que no está en posición de hacer señalamientos directos.
Primero, porque no considera que los comunicadores que hablaron de la inexistente amenaza lo hayan hecho con mala intención. Y segundo, porque considera que toda la confusión se dio por errores humanos al corroborar datos.
“Investigamos para estar más tranquilos, encontramos las fuentes de información, pero al final no hubo razones para preocuparse.
218 ejecuciones en cinco semanas
Del 25 de septiembre al día jueves 23 las ejecuciones en el estado eran 190. Del viernes 24 al jueves 30 de octubre ocurrieron 38, lo que da la suma de 218 en sólo cinco semanas en Baja California.
El viernes 24 tres ejecuciones se registraron: Primero, en la popular Colonia El Florido a las 12:30 del día fue encontrada una persona sin cabeza; el cuerpo estaba encobijado y junto a éste yacía una cabeza envuelta en una bolsa de plástico color negro; casi una semana después, fue identificado como Ricardo Flores Huerta.
Las otras dos ejecuciones del viernes ocurrieron a las 14:45 en la Vía Rápida Oriente y Paseo Zona Río: En un pick up Ford F-250 fueron encontradas dos personas muertas: Armando Javier Acosta y Rocío Gómez Martínez son los nombres de las víctimas.
8 ejecuciones entre sábado y domingo
El sábado 25 en Tijuana, sucedieron los siguientes homicidios: Primero, a las 10:00 en el fraccionamiento Las Fuentes, en un lote baldío, fueron localizados dos cuerpos sin vida de sexo masculino de aproximadamente 30 y 18 de edad; presentaban impactos de proyectil de arma de fuego.
Luego, ese mismo sábado pero a las 15:50, en la carretera Tijuana-Tecate, exactamente en la colonia Magisterial, fueron emboscadas y ejecutadas dos personas: Isidro Huerta Díaz, agente ministerial adscrito a la Subprocuraduría de zona con sede en Tecate, así como Jaime Francisco Rodelo Lara.
También el sábado Mexicali fue el escenario de una ejecución: Veneranda Ledezma Solano fue muerta a balazos luego de visitar al reo Rubén Cruz Beltrán.
El domingo 26 de octubre, alrededor de las 14:00 horas, autoridades de Seguridad Pública encontraron en la colonia Alamar a una persona sin vida; era del sexo masculino; el cadáver estaba cubierto con una sábana.
Por la tarde del séptimo día, justo en el kilómetro 107 de la carreta libre de Tecate a Mexicali, fue hallado un vehículo tracto camión ardiendo; en el interior una persona estaba totalmente calcinada.
El domingo terminó con la ejecución de Adrián Sandoval Miranda; el asesinato ocurrió a las 22:40 en la colonia Aldrete, donde se encontró al occiso en el interior del un vehículo marca Toyota Tacoma gris de 2004.
Inicia sangrienta la semana
La semana inició con seis ejecuciones el día lunes 27. Ese día a las 15:00 en la avenida Ferrocarriles de la colonia Libertad parte baja, fue localizada una persona sin vida.
Luego, a las 17:20 en el fraccionamiento Mariano Matamoros, junto a la secundaria Número 36, se encontró un cadáver con impactos de arma de fuego; fue identificado como José Antonio Burgueño.
Asimismo, a las 17:30, en el bulevar Casa Blanca de la colonia El Pípila, también con impactos de arma de fuego fue encontrado un cuerpo de aproximadamente 19 años de edad; las autoridades reportaron que se trataba de Jorge Alonso Lizárraga Esparza.
A las 18:40 y en un solo hallazgo fueron descubiertas tres personas muertas; fue en el interior del local llamado “Minimarket 4/9”, donde se localizaron dos de los tres asesinados y el otro estaba en el exterior del comercio; los hechos se registraron en el bulevar Díaz Ordaz, en la colonia Villa Floresta. Luego fueron identificados como Carlos Monterrosa Rodríguez, Jonathan Herrera Lara y Jesús Adrián Herrera Rodríguez.
Las ejecuciones del martes 28 iniciaron a las 01:30 horas en la colonia Lomas de la Amistad ; en la avenida De las Rosas de esa colonia fue encontrado muerto por impactos de proyectil de arma de fuego el de alias “El Róber”.
Ese mismo martes pero alrededor de las 13:00 horas, en los yonkes “Central de Partes Usadas” uno y dos, fueron ejecutadas cuatro personas; los nombres: Porfirio Carrillo Quiroz y Alfonso Antonio Ochoa, en el primer yonke ; y en el segundo, José Alejandro Hernández y Honorio Salvador Moreno.
También el martes, pero a las 23:00 horas, fueron encontradas tres personas muertas de sexo masculino; presentaban huellas por estrangulamiento y fueron encontrados en el interior de un vehículo Econoline en el libramiento Rosas Magallón de la colonia Cortez.
En Rosarito, Román Escalera, quien había sido baleado días anteriores, perdió la vida el martes 28 en el hospital; era empleado del Ayuntamiento del quinto municipio.
El miércoles 29, el agente de la policía municipal de Tijuana, Mauricio Antonio Hernández, fue encontrado ejecutado en un vehículo Ford Bronco 1994 con placas BDK2983.
# Nombre Día Hora Lugar Ciudad Ejecución
191 Ricardo Flores Huerta Viernes 24 12:30 El Florido Tijuana Decapitado
192 Armando Javier Acosta Viernes 24 14:45 Zona Río Tijuana Arma de fuego
193 Rocío Gómez Martínez Viernes 24 14:45 Zona Río Tijuana Arma de fuego
194 Sin identificar Sábado 25 10:00 Frac. Las Fuentes Tijuana Arma de fuego
195 Sin identificar Sábado 25 10:00 Frac. Las Fuentes Tijuana Arma de fuego
196 Isidro Huerta Díaz (Agente Ministerial) Sábado 25 15:50 Carretera Tecate-TJ Tijuana Arma de fuego
197 Jaime Francisco Rodelo Lara Sábado 25 15:50 Carretera Tecate-TJ Tijuana Arma de fuego
198 Veneranda Ledesma Solano Sábado 25 Día Mexicali Mexicali Arma de fuego
199 Sin identificar Domingo 26 14:00 Colonia Alamar Tijuana Arma de fuego
200 Sin identificar Domingo 26 Tarde Km 107 Carr. Tecate-Mex Tecate Calcinado
201 Adrian Sandoval Miranda Domingo 26 22:40 Col. Aldrete Tecate Arma de fuego
202 Sin identificar Lunes 27 15:00 Col. Libertad Tijuana Arma de fuego
203 José Antonio Burgueño Lunes 27 17:20 Frac. Mariano Matamoros Tijuana Arma de fuego
204 Jorge Alonso Lizárraga Esparza Lunes 27 17:30 Col. El Pípila Tijuana Arma de fuego
205 Carlos Monterrosa Rodríguez Lunes 27 18:40 Col. Villa Floresta Tijuana Arma de fuego
206 Jonathan Herrera Lara Lunes 27 18:40 Col. Villa Floresta Tijuana Arma de fuego
207 Jesús Adrián Herrera Lunes 27 18:40 Col. Villa Floresta Tijuana Arma de fuego
208 “El Róber” Martes 28 01:30 Col. Lomas de la Amistad Tijuana Arma de fuego
209 Porfirio Carrillo Quiroz Martes 28 13:00 Yonke Lomas Verdes Tijuana Arma de fuego
210 Alfonso Antonio Ochoa Martes 28 13:00 Yonke Lomas Verdes Tijuana Arma de fuego
211 José Alejandro Hernández Martes 28 13:00 Yonke Lomas Verdes Tijuana Arma de fuego
212 Honorio Salvador Moreno Martes 28 13:00 Yonke Lomas Verdes Tijuana Arma de fuego
213 Sin identificar Martes 28 23:00 Col. Cortez Tijuana Estrangulamiento
214 Sin identificar Martes 28 23:00 Col. Cortez Tijuana Estrangulamiento
215 Sin identificar Martes 28 23:00 Col. Cortez Tijuana Estrangulamiento
216 Román Escalera (empleado del Ayuntamiento) Martes 28 Día Rosarito Rosarito Arma de fuego
217 Mauricio Antonio Hernández (Policía Municipal) Miércoles 29 1:25 Frac. Los Álamos Tijuana Arma de fuego
218 Sin identificar Jueves 30 De día Yonke Lomas Verdes Tijuana Decapitado
La guerra por el control delictivo de Baja California sigue.
Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” y Teodoro García Simental “El Teo” permanecen libres. Igual sus principales lugartenientes que continúan ejecutando, secuestrando y en el trasiego de droga de México a los Estados Unidos.
Investigadores locales aseguraron que la detención de Eduardo Arellano Félix ocurrida el sábado 26 de octubre de 2008, está lejos de significar la caída del cártel de los hermanos Arellano Félix (CAF), familia que aún mantiene el control con el apoyo, entre otros, de los hermanos Heredia.
La inseguridad en la ciudad no disminuirá.
Explicaron los policías también que al día siguiente de la captura, tras una balacera sicarios al servicio de “El Ingeniero” se posicionaron en Tecate asesinando a Adrián Sandoval Miranda “el Duende”, de quien dicen era el número dos de García Simental en ese municipio.
“Ésa fue una muestra inmediata de que la pugna continúa”, sentenció un agente de inteligencia policiaca.
Los dos grupos en conflicto se han reforzado. Teodoro García goza de las simpatías de miembros de un ala del cártel de Sinaloa, mientras Fernando Sánchez se reorganizó trayendo nuevos grupos de sicarios.
Operatividad criminal ininterrumpida
Después de la detención de su tío, Fernando Sánchez Arellano se alejó de Tijuana. Policías lo ubican allende la frontera aunque no por mucho tiempo. Encargados de cuidar su entorno, sus dos principales lugartenientes: Mario, conocido como “el Charro” o “el Charrito”, y Armando “el Gordo” Villareal.
El oeste de Tijuana es controlado por dos jóvenes de formación empresarial, mientras información de inteligencia en la Unión Americana , indica que el resto de la ciudad es vigilado por los primos de Villarreal: Melchor Heredia “Gaspar” y Elías Heredia “el Venado”.
A la par, Sánchez Arellano armó entre 19 y 23 grupos de 20 sicarios cada uno para hacer frente a su hoy acérrimo enemigo, García Simental.
El mapa delictivo elaborado con fines de investigación judicial, ubica en Ensenada como representante de los Arellano, al dueño de un centro de entretenimiento ubicado en el Malecón del Puerto. Por lo menos tiene cuatro meses indagándolo.
Los mismos análisis policíacos indican que en la célula de Teodoro García Simental, éste también se alejó de la ciudad. Que dirige su estrategia delictiva desde Sinaloa y que cuenta como principales lugartenientes a: Raydel López Uriarte “el Muletas”, Filiberto Parra Ramos “ la Perra “, Gilberto Sánchez Guerrero y un empresario tecatense.
Incluso, grupos de inteligencia identificaron que en la célula de “el Tres” han cambiado apodos y claves. Se asignaron nombres de personajes de películas sobre narcotráfico, como “Tony Montana”.
Los dos bandos se quedaron sin hombre fuerte en Rosarito y no lo han sustituido. A “el Teo” le ejecutaron a su número uno en el quinto municipio, Ángel Jácome el “Kaibil”, mientras a “el Ingeniero”, le fue detenido su personero, Ricardo Pérez “el Pollo”, el 24 de octubre.
En este contexto de reorganización en el CAF y la célula de García Simental, la detención de Eduardo Arellano Félix no afecta la logística de ejecuciones, narcotráfico y secuestro. De hecho, a cinco semanas de iniciada la guerra, la suma de ejecuciones es de 218.
Quien dirige y administra el cártel desde el año 2002, es Enedina Arellano Félix, mientras la dirección operativa en Baja California la tiene Fernando Sánchez Arellano.
La captura de Luis Ramírez Velázquez “El Güero Camarón” tampoco resultó de impacto en la pugna que se desarrolla en las calles de Baja California. Su operatividad estaba limitada desde el 26 de abril de este año, cuando la célula de “El Teo” le puso precio a su cabeza después que esa noche fue a rendirse ante Sánchez Arellano, y los sicarios de éste no le tenían confianza.
Versiones al interior de la Dirección de Policía de Tijuana, indican que la labor de “el Güero Camarón” era la de enlace con la municipal, utilizando a un tío que es subcomandante en la corporación.
De hecho, siguiendo la estrategia de “el Muletas”, oficiales identifican al detenido como el que hace por lo menos dos semanas se incorporó a las acciones del Grupo Operativo Especial municipal. Informaron: “Lo llevaban encapuchado pero todo mundo lo conoce”.
Los agentes reportaron que el enlace con la Policía Municipal por parte de Sánchez Arellano es el hijo de un subdirector policiaco y que es familiar Raydel López Uriarte “el Muletas”.
Guerra de denuncias
Una de las estrategias de García Simental para afectar la estructura del cártel Arellano Félix, es la denuncia anónima de la ubicación de los principales elementos. Un Policía justificó: “Sacar a los delincuentes de las calles es lo importante y como ciudadanos nos da lo mismo que sean de un solo cártel. El problema es que si la autoridad da la apariencia de estarse cargando, se podría generar un recrudecimiento de la violencia”.
Las policías investigadoras reconocieron que fue evidente el uso de las llamadas anónimas por parte de delincuentes en el caso de la captura del grupo de Giovanni Rivera alias Alberto Bustamante “El Hamburguesa” o “El Whopper”, su ubicación fue denunciada el martes 21, el sábado 25 y el lunes 27 cuando fue detenido.
Datos aportados por investigadores indican que el operativo militar ejecutado en Puerta de Hierro la semana pasada fue organizado para encontrar una casa de seguridad rentada por Giovanni Rivera.
El sábado 25 de octubre una célula de secuestradores de “El Hamburguesa” fue detenida en Otay, pero a él lo aprehendieron hasta el lunes 27 luego que levantó al joven Luis Antonio Velázquez Balderrama. La policía municipal lo detuvo después de perseguirlo desde la glorieta Cuauhtémoc hasta la avenida Internacional en la zona norte, previa denuncia ubicándolo en ese perímetro.
Rivera pertenecía a la clase media, de padres divorciados, estudió hasta la preparatoria en escuelas públicas, lo dieron de baja en la Federal Lázaro Cárdenas, jugaba futbol americano y corría autos. Ingresó al CAF muy chico, como “mascota” de Jorge Briseño “El Cholo”. Después se incorporó al grupo de Manuel Diez Castillo “el Buda” y Carlos Ignacio Acosta Ibarra “el Big Boy” donde tampoco le asignaban tareas destacadas.
Ya en el 2000 inició labores como secuestrador del CAF. Tras su detención ha sido reconocido por algunas víctimas que actualmente residen en Estados Unidos.
Uno de los delincuentes que acompañaba a Giovanni Rivera es el policía municipal activo, comisionado a la Presa Rural , Ernesto Onofre Torres. Lo más extraño para los policías no fue la detención de su compañero, sino que un agente de la zona este haya sido capturado con un secuestrador del “Ingeniero”.
Los muertos
Muestra de que la guerra del CAF continúa, es que después de la detención de Eduardo Arellano Félix, se ejecutaron a 38 personas.
El mismo sábado de la aprehensión, pasadas las cinco de la tarde, el subjefe de Homicidios de Tecate, Isidro Huerta Díaz, cayó abatido por una lluvia de balas de alto poder en la continuación de la carretera de cobro en Otay a la altura de la colonia 10 de Mayo. Manejaba carro oficial. El mismo comando y con las mismas armas, asesinó muy cerca de ahí a Jaime Francisco Rodelo Lara.
Los Ministeriales compañeros de Huerta iniciaron la investigación con una sola hipótesis:
1.- El objetivo del ataque era Rodelo, y Huerta estuvo en el lugar y momento equivocados. Los asesinos creyeron que iban juntos, que lo estaba protegiendo y también lo atacaron.
Sin embargo los agentes investigadores recibieron órdenes de ampliar las hipótesis, dado que altos mandos recibieron informes que ordenaron corroborar sobre Isidro Huerta:
* Que en su hoja de servicio se anota que trabajó por más de 10 años bajos las órdenes de grupos que dirigieron Jame Niebla y Honorio Bustamante, ambos acusados de corrupción por el General Sergio Aponte Polito.
* Su presunta amistad con algunos delincuentes de Tecate, con quienes supuestamente se le vio departir y beber en varias ocasiones públicamente.
Por órdenes del director de la Policía Ministerial , General Florencio Raúl Cuevas Salgado, el Ministerial Huerta no recibió honores.
El segundo crimen destacado se dio también con personas que se desempeñaba en Tecate. La noche del domingo 26 de octubre ciudadanos de ese ayuntamiento fueron testigos de dos balaceras. Al final un cuerpo fue encontrado. Tenía tres tiros y estaba en el piso de la parte trasera de un pick up, Toyota Tacoma modelo 2004. Su nombre: Adrián Sandoval Miranda, mecánico con 28 años de edad, que las autoridades identificaron como el presunto sicario apodado “el Duende”.
De acuerdo a los organigramas realizados por los grupos de inteligencia local, este joven servía a García Simental pero recibía instrucciones de un hombre al que sólo conocen como “el Güero Leches”, a quien a su vez acusan de tener controlada a la policía municipal a través de tres jefes que incluso ya fueron denunciados ante el ayuntamiento.
Conforme a información generada en la investigación, al “Duende” le habían asignado asesinar al representante de “el Ingeniero” en Tecate. Tomó las armas, se hizo acompañar por lo menos de cuatro elementos, incluidos dos policías municipales, se pusieron guantes de látex para no contaminarse de pólvora y se dirigieron a cumplir su misión. Así llegaron a la colonia Cuauhtémoc y protagonizaron un enfrentamiento. Los detractores de “el Duende” fueron alertados de sus movimientos y cuando éste llegó, ya lo estaban esperando. Lo mataron.
Según denuncias de testigos, en el operativo criminal participaron dos agentes municipales de los que se presume se apellidan Guerrero y Meza, ellos fueron quienes rescataron a Sandoval Miranda creyendo que estaba vivo. Después lo abandonaron junto con el arsenal que no pudieron usar:
Tres cargadores, treinta tiros útiles calibre 7.62 x 39, en un segundo vehículo este Chevrolet Tahoe guinda, modelo 2002, dos cargadores de disco color negro metálicos con tres tiros útiles del calibre 7.62 x 39 y un cargador desabastecido, un cargador de disco negro metálico desbastecido, cargador negro metálico abastecido con 17 tiros útiles calibre 7.62 x 39, una fornitura color negro con seis cargadores con 25 tiros útiles del calibre 7.62 x39 y una carabina color negro calibre 2.223 con cargador y treinta tiros útiles de calibre 223, un cargador metálico con treinta y cinco tiros útiles calibre 223.
En Tijuana, fueron asesinados cuatro empleados de yonke . Sobre esas ejecuciones existen tres versiones, todas provenientes de denuncias que se están analizando. Todas con un denominador común: A quien los asesinos querían matar era al dueño de la empresa, luego que presumen trabaja para el CAF, y también para la célula de “el Teo”.
Las otras teorías sobre el intento de homicidio al dueño: No pagó piso. Se dedica a la venta de armas e hizo negocios con ambos bandos, y modificaba carros para cruzarlos con droga a Estados Unidos, también para ambos grupos.
El último ejecutado de la semana posterior a la detención de Eduardo Arellano Félix, fue el policía municipal Mauricio Antonio Hernández Flores. Su cuerpo fue localizado pasada la una de la mañana del 28 de octubre en su vehículo Ford Blanco, la reacción de sus compañeros entrevistados fue reveladora: “Se habían tardado”.
Hernández se hizo de mala fama como escolta de Diego Valle y subalterno de Chacón, en la delegación policiaca de Otay. En el tiempo en que se asesinaron a varios policías municipales y federales en aquella zona.
Hace dos meses, cuando se ordenó un cambio de mandos, sus jefes directos “Trapero empezó a faltar y Valle envió su renuncia con un abogado”, Hernández se quedó pero jamás se presentó a pasar lista y faltaba constantemente sin que fuese sancionado.
En la Policía Ministerial la respuesta a la muerte del Municipal fue: “Todos sabían que era un “vagazo' pero no le habían podido probar nada”.
Finalmente, esta semana que concluye, también se solucionó un caso que sirve para mostrar la dinámica subterránea de este enfrentamiento de traficantes que incluye hombres, mujeres y niños dedicados a la venta de droga en pequeño. A los pastores asesinados en la colonia Obrera segunda sección el 14 de octubre, los acribilló “por equivocación” el joven Roberto Carlos Rico “el Betillo”, “el Chaparro” o “el Chapo”, éste se dedicaba al narcomenudeo y ese día, con apoyo de una muchacha que también vende droga y el hijo menor de ésta, se dedicaron a buscar a los “tiradores” del bando opuesto.
El niño se subió al techo a buscar a “los enemigos” pero los religiosos le ordenaron bajar para preguntarle de qué se trataba, cuando el distribuidor vio a los hombres con el niño, creyó que se trataba de los competidores y los asesinó, este hombre ya está confeso tras las rejas.
Concluyó así la quinta semana de la guerra entre el cártel Arellano Félix y la célula de Teodoro García Simental, con la detención de Eduardo Arellano y 38 ejecuciones más. A pesar de las declaraciones de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, de un cártel acabado, la guerra del CAF sigue” por lo menos en Baja California.
A pesar de las declaraciones de la DEA
Las vidas del CAF
Desde el 2002 altos funcionarios de la DEA (Drug Enforcement Agency) han declarado el fin del Cártel de los Arellano Felix. Y el CAF sigue. La primera vez que con júbilo tal afirmación fue dada a conocer de viva voz por parte de la autoridad norteamericana fue el 11 de abril, hace seis años atrás, cuando Asa Hutchinson, entonces Directora de la DEA felicitó a los funcionarios que arrestaron a más de 60 agentes de Tecate presuntamente vinculados con el crimen organizado. En ese mismo 2002 se había dado la captura de Benjamín Arellano Félix en Puebla y la muerte de Ramón Arellano Félix en Sinaloa. “La iniciativa tomada por el gobierno de México bajo la administración de Fox en contra de los narcotraficantes, y aquellos que los asisten, no tiene precedente. El gobierno de México sigue enviando un mensaje claro que los narcotraficantes no mandan en México y que las leyes deben ser aplicadas. Más significativamente, estos arrestos siguen al desmantelamiento del liderazgo de la violenta organización de los Arellano Félix y reducirán la posibilidad de que otra organización domine el área de Tijuana”. Luego, el 29 de enero de 2003, la DEA publicó un boletín titulado “El principio del fin de los la Organización del Narcotráfico de los Arellano Félix (2000-2002)”. Ahí citó textualmente, en pasado: “La Organización de los Arellano Félix (AFO por sus siglas en inglés) a menudo referida como el Cártel de Tijuana, fue considerada una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas y violentas de México. En el punto más álgido de su poder, la AFO fue responsable de la transportación, importación y distribución de múltiples toneladas de cocaína, mariguana, y grandes cantidades de heroína y metanfetaminas a los Estados Unidos desde México, principalmente de Tijuana a San Diego y Los Ángeles”.
El 9 de julio de 2003 el mismo tono triunfalista se repitió cuando se revelaron dos acusaciones formales en contra de 12 individuos que entonces representaban la jerarquía del CAF. “La DEA ha estado investigando las actividades de la organización de los Arellano Félix desde su violento ascenso al poder”, dijo entonces el Administrador de la DEA, William Simpkins. “Mientras que la DEA y nuestros socios en México hemos logrado mucho éxito con esta investigación, estas acusaciones significan un paso adelante hacia nuestro principal objetivo que es desmantelar una organización que ha demostrado no tener límites en lo que concierne a su codicia y atrevimiento”. Después, el 26 de febrero de 2004, cuando la DEA anunció el ofrecimiento de una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien diera información en contra de Ismael “El Mayo” Zambada García así se refirió textualmente al cártel liderado por los hermanos Arellano Félix: “Zambada García recientemente emergió como uno de los principales narcotraficantes en México luego de un sangriento enfrentamiento que sostuvo con la Organización de los Arellano Félix, que una vez fuera el poderoso cártel de Tijuana, y ha consolidado su control sobre las rutas del narcotráfico desde el estado mexicano de Sonora a Arizona”. El 27 de abril de 2007 la historia se repitió cuando Ismael Higuera Guerrero y su hermano Gilberto Higuera Guerrero se declararon culpables de soborno en una Corte Federal de San Diego, delito relacionado con las actividades del CAF. En aquel momento, la Administradora de la DEA, Karen P. Tandy, aseguró que “los hermanos Higuera Guerrero eran líderes de lo que alguna vez fue el cártel dominante de los Arellano Félix que controlaba y aterrorizaba el corredor de Tijuana hacia los Estados Unidos. Estas declaraciones, junto con el arresto de seis más de los principales lugartenientes de este cártel de Tijuana, están rompiendo la columna vertebral de lo que alguna vez fue esta terrorífica red”.
Por último, el 6 de noviembre de 2007, tras la detención y condena de Francisco Javier Arellano Félix, la abogada Karen P. Hewitt, procuradora del Distrito Sur de California, afirmó que “la cadena perpetua impuesta a Javier Arellano Felix hoy asegura que su reino de crímenes violentos y narcotráfico internacional, que dañó a incontables individuos tanto en Estados Unidos y México, se acabó para siempre.” Declaraciones reforzadas por Eileen Mayer, Jefe de Investigación Criminal del IRS (Internal Revenue Service): La sentencia de hoy cierra la puerta a dos décadas de narcotráfico y crimen que incluyó uno de los esquemas más sofisticados de lavado de dinero en el mundo”. La detención de Eduardo Ramón Arellano Félix confirmó una vez más la sospecha: la puerta siguió abierta. Y pese a lo que sigan afirmando las autoridades norteamericanas, la sospecha de que aún no se cierra sigue vigente desde este lado de la frontera.
Paranoia
“Falsos” ataques
Después de dos semanas de “falsas amenazas” cibernéticas y telefónicas en contra de la vida de alumnos de escuelas primarias y secundarias, principalmente en Rosarito, Playas y el este de Tijuana, las autoridades estatales y municipales reaccionaron, pero sólo ofreciendo pláticas con directivos de escuelas públicas y particulares.
La idea es, primero, pedirles que verifiquen con fuentes confiables la información alarmista que les llega y después solicitarles que establezcan un protocolo, es decir, una cadena de información a seguir para estos casos.
Los primeros mensajes se difundieron por el ciberespacio desde el 22 de octubre según informó la autoridad, sin embargo no han dicho si ya se está investigando el origen de los mismos. Y conforme a información a disposición, tampoco se estaban rastreando llamadas.
Este hecho puede confirmarse con versiones que ya se tenían de los directores respecto a que estaban recibiendo llamados de tal o cual inspección escolar, pero al momento de intentar definir responsables, los denunciantes no aceptaban dar nombres.
Conforme a datos de la Policía Estatal Preventiva (PFP) fue hasta pasado el mediodía de este jueves 30 de octubre cuando las amenazas en contra de los planteles escolares empezaron a llegar al 066 del Centro de Control, Comando y Comunicación.
La amenaza fue hecha mencionando planteles determinados, la mayoría particulares donde aseguraron asisten a clases hijos de narcotraficantes. Las autoridades policiacas afirmaron que estas llamadas sí podrán ser investigadas.
El miércoles pasado, en conferencia de prensa, Alberto Capella Ibarra, Secretario de Seguridad Pública Municipal, reconoció que padres de familia que tienen inscritos a sus hijos en escuelas y colegios de Playas de Tijuana y del este de la ciudad, se encuentran preocupados por las “falsas amenazas” que advierten sobre ataques y secuestros en contra de maestros y alumnos que acuden diariamente a dichos centros educativos.
Admitió que autoridades municipales y educativas recibieron correos electrónicos en los que se mencionaba la supuesta comisión de “una serie de delitos (dirigidos) contra personas inocentes” que acudieran a escuelas y centros recreativos de las zonas mencionadas, lo que a su vez generó la movilización de los cuerpos policiacos de la ciudad a pesar de que él consideró que “son puros rumores perversos de chamacos que nada tienen que hacer”.
El funcionario señaló que estas acciones, mismas que catalogó como “irresponsables”, provocaron que muchas madres de familia, “inmersas en el pánico, tuvieran accidentes automovilísticos cuando trataban de llegar desesperadas a las escuelas por sus hijos”.
Adrián Flores Ledesma, delegado del Sistema Educativo Estatal-Tijuana, quien acompañó a Capella Ibarra en la conferencia, hizo un llamado a los padres de familia “inquietos por los rumores” para que envíen a sus hijos a las escuelas y no se dejen engañar con estas “falsas” advertencias.
“Hasta el momento todos son rumores, no hay nada comprobado, todas las escuelas desde primaria hasta preparatorias han estado funcionando normalmente. Pedimos a los padres de familia tener calma, tranquilidad, confiar en los directivos, en los docentes, llamar a las autoridades en caso de presentar dudas. Queremos que tengan la certeza de que todas las llamadas son atendidas, pero como repito, hasta este momento todas las amenazas han sido rumores”.
Alcalde de Rosarito
No lo amenazaron
Hugo Torres Chabert, alcalde Rosarito, informó que ningún grupo criminal amenazó su vida, que la información errónea surgió de un programa de televisión. “Desde hace dos llamadas que hablaron amenazando de un cártel, no he vuelto a recibir ese tipo de telefonemas”.
De las versiones posteriores que hablaron de su posible renuncia al cargo, dijo que las difundieron panistas que trabajaron en la administración del ex alcalde Antonio Macías.
“Ni yo ni mis secretarias recibieron llamadas pidiendo mi renuncia o mi vida a cambio de niños, y quiero que quede muy claro.
“En el mismo programa se dio a conocer el correo electrónico anónimo que amenazaba la seguridad de los niños. Y aunque no teníamos ninguna sospecha, para tranquilizar a los padres y maestros, se resguardaron los planteles con apoyo de los policías estatales y militares”.
El munícipe indicó que no está en posición de hacer señalamientos directos.
Primero, porque no considera que los comunicadores que hablaron de la inexistente amenaza lo hayan hecho con mala intención. Y segundo, porque considera que toda la confusión se dio por errores humanos al corroborar datos.
“Investigamos para estar más tranquilos, encontramos las fuentes de información, pero al final no hubo razones para preocuparse.
218 ejecuciones en cinco semanas
Del 25 de septiembre al día jueves 23 las ejecuciones en el estado eran 190. Del viernes 24 al jueves 30 de octubre ocurrieron 38, lo que da la suma de 218 en sólo cinco semanas en Baja California.
El viernes 24 tres ejecuciones se registraron: Primero, en la popular Colonia El Florido a las 12:30 del día fue encontrada una persona sin cabeza; el cuerpo estaba encobijado y junto a éste yacía una cabeza envuelta en una bolsa de plástico color negro; casi una semana después, fue identificado como Ricardo Flores Huerta.
Las otras dos ejecuciones del viernes ocurrieron a las 14:45 en la Vía Rápida Oriente y Paseo Zona Río: En un pick up Ford F-250 fueron encontradas dos personas muertas: Armando Javier Acosta y Rocío Gómez Martínez son los nombres de las víctimas.
8 ejecuciones entre sábado y domingo
El sábado 25 en Tijuana, sucedieron los siguientes homicidios: Primero, a las 10:00 en el fraccionamiento Las Fuentes, en un lote baldío, fueron localizados dos cuerpos sin vida de sexo masculino de aproximadamente 30 y 18 de edad; presentaban impactos de proyectil de arma de fuego.
Luego, ese mismo sábado pero a las 15:50, en la carretera Tijuana-Tecate, exactamente en la colonia Magisterial, fueron emboscadas y ejecutadas dos personas: Isidro Huerta Díaz, agente ministerial adscrito a la Subprocuraduría de zona con sede en Tecate, así como Jaime Francisco Rodelo Lara.
También el sábado Mexicali fue el escenario de una ejecución: Veneranda Ledezma Solano fue muerta a balazos luego de visitar al reo Rubén Cruz Beltrán.
El domingo 26 de octubre, alrededor de las 14:00 horas, autoridades de Seguridad Pública encontraron en la colonia Alamar a una persona sin vida; era del sexo masculino; el cadáver estaba cubierto con una sábana.
Por la tarde del séptimo día, justo en el kilómetro 107 de la carreta libre de Tecate a Mexicali, fue hallado un vehículo tracto camión ardiendo; en el interior una persona estaba totalmente calcinada.
El domingo terminó con la ejecución de Adrián Sandoval Miranda; el asesinato ocurrió a las 22:40 en la colonia Aldrete, donde se encontró al occiso en el interior del un vehículo marca Toyota Tacoma gris de 2004.
Inicia sangrienta la semana
La semana inició con seis ejecuciones el día lunes 27. Ese día a las 15:00 en la avenida Ferrocarriles de la colonia Libertad parte baja, fue localizada una persona sin vida.
Luego, a las 17:20 en el fraccionamiento Mariano Matamoros, junto a la secundaria Número 36, se encontró un cadáver con impactos de arma de fuego; fue identificado como José Antonio Burgueño.
Asimismo, a las 17:30, en el bulevar Casa Blanca de la colonia El Pípila, también con impactos de arma de fuego fue encontrado un cuerpo de aproximadamente 19 años de edad; las autoridades reportaron que se trataba de Jorge Alonso Lizárraga Esparza.
A las 18:40 y en un solo hallazgo fueron descubiertas tres personas muertas; fue en el interior del local llamado “Minimarket 4/9”, donde se localizaron dos de los tres asesinados y el otro estaba en el exterior del comercio; los hechos se registraron en el bulevar Díaz Ordaz, en la colonia Villa Floresta. Luego fueron identificados como Carlos Monterrosa Rodríguez, Jonathan Herrera Lara y Jesús Adrián Herrera Rodríguez.
Las ejecuciones del martes 28 iniciaron a las 01:30 horas en la colonia Lomas de la Amistad ; en la avenida De las Rosas de esa colonia fue encontrado muerto por impactos de proyectil de arma de fuego el de alias “El Róber”.
Ese mismo martes pero alrededor de las 13:00 horas, en los yonkes “Central de Partes Usadas” uno y dos, fueron ejecutadas cuatro personas; los nombres: Porfirio Carrillo Quiroz y Alfonso Antonio Ochoa, en el primer yonke ; y en el segundo, José Alejandro Hernández y Honorio Salvador Moreno.
También el martes, pero a las 23:00 horas, fueron encontradas tres personas muertas de sexo masculino; presentaban huellas por estrangulamiento y fueron encontrados en el interior de un vehículo Econoline en el libramiento Rosas Magallón de la colonia Cortez.
En Rosarito, Román Escalera, quien había sido baleado días anteriores, perdió la vida el martes 28 en el hospital; era empleado del Ayuntamiento del quinto municipio.
El miércoles 29, el agente de la policía municipal de Tijuana, Mauricio Antonio Hernández, fue encontrado ejecutado en un vehículo Ford Bronco 1994 con placas BDK2983.
# Nombre Día Hora Lugar Ciudad Ejecución
191 Ricardo Flores Huerta Viernes 24 12:30 El Florido Tijuana Decapitado
192 Armando Javier Acosta Viernes 24 14:45 Zona Río Tijuana Arma de fuego
193 Rocío Gómez Martínez Viernes 24 14:45 Zona Río Tijuana Arma de fuego
194 Sin identificar Sábado 25 10:00 Frac. Las Fuentes Tijuana Arma de fuego
195 Sin identificar Sábado 25 10:00 Frac. Las Fuentes Tijuana Arma de fuego
196 Isidro Huerta Díaz (Agente Ministerial) Sábado 25 15:50 Carretera Tecate-TJ Tijuana Arma de fuego
197 Jaime Francisco Rodelo Lara Sábado 25 15:50 Carretera Tecate-TJ Tijuana Arma de fuego
198 Veneranda Ledesma Solano Sábado 25 Día Mexicali Mexicali Arma de fuego
199 Sin identificar Domingo 26 14:00 Colonia Alamar Tijuana Arma de fuego
200 Sin identificar Domingo 26 Tarde Km 107 Carr. Tecate-Mex Tecate Calcinado
201 Adrian Sandoval Miranda Domingo 26 22:40 Col. Aldrete Tecate Arma de fuego
202 Sin identificar Lunes 27 15:00 Col. Libertad Tijuana Arma de fuego
203 José Antonio Burgueño Lunes 27 17:20 Frac. Mariano Matamoros Tijuana Arma de fuego
204 Jorge Alonso Lizárraga Esparza Lunes 27 17:30 Col. El Pípila Tijuana Arma de fuego
205 Carlos Monterrosa Rodríguez Lunes 27 18:40 Col. Villa Floresta Tijuana Arma de fuego
206 Jonathan Herrera Lara Lunes 27 18:40 Col. Villa Floresta Tijuana Arma de fuego
207 Jesús Adrián Herrera Lunes 27 18:40 Col. Villa Floresta Tijuana Arma de fuego
208 “El Róber” Martes 28 01:30 Col. Lomas de la Amistad Tijuana Arma de fuego
209 Porfirio Carrillo Quiroz Martes 28 13:00 Yonke Lomas Verdes Tijuana Arma de fuego
210 Alfonso Antonio Ochoa Martes 28 13:00 Yonke Lomas Verdes Tijuana Arma de fuego
211 José Alejandro Hernández Martes 28 13:00 Yonke Lomas Verdes Tijuana Arma de fuego
212 Honorio Salvador Moreno Martes 28 13:00 Yonke Lomas Verdes Tijuana Arma de fuego
213 Sin identificar Martes 28 23:00 Col. Cortez Tijuana Estrangulamiento
214 Sin identificar Martes 28 23:00 Col. Cortez Tijuana Estrangulamiento
215 Sin identificar Martes 28 23:00 Col. Cortez Tijuana Estrangulamiento
216 Román Escalera (empleado del Ayuntamiento) Martes 28 Día Rosarito Rosarito Arma de fuego
217 Mauricio Antonio Hernández (Policía Municipal) Miércoles 29 1:25 Frac. Los Álamos Tijuana Arma de fuego
218 Sin identificar Jueves 30 De día Yonke Lomas Verdes Tijuana Decapitado
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