Elementos de la Policía Federal detuvieron a Héctor Manuel Oyarzabal Hernández, alias "El Héctor", presunto integrante de la "Familia Michoacana" y encargado de las plazas de Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco y Ozumba en el Estado de México.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal informó que los hechos ocurrieron la víspera en las inmediaciones de la calle Francisco I. Madero, colonia Casco San Juan, Municipio de Chalco, donde se detectó la presencia de gente armada, por lo que se procedió a realizar un operativo.
En ese lugar además de Manuel Oyarzabal fueron detenidos sus cómplices Marco Vinicio Díaz Ramírez, la "Bruja" ; Rogelio Andrés Peñaloza Solórzano, el "Roger" ; Reyez Quiroz Miranda, el "Gafe" , Ignacio Rodríguez Velázquez, José Camacho Solorio, Galberto Pérez Sánchez y Cristobal Espejel Soto.
Estos sujetos se encargaban de suministrar droga al narcomenudeo, realizaban secuestros y extorsiones a los comerciantes de la zona y algunos de ellos se desempeñaban como sicarios al mando de Oyarzabal Hernández.
A los detenidos se les decomisaron nueve armas largas, tres cortas, dos escopetas, cargadores de diversos calibres, cientos de cartuchos para diferentes armas, cinco vehículos, dos motocicletas y dos juegos de placas entre otras cosas.
De acuerdo con las investigaciones, "El Héctor" es presunto integrante de la organización delictiva denominada "La Familia Michoacana" y era el jefe de las plazas de los municipios de Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco y Ozumba en el estado de México.
De acuerdo con los primeros reportes, la captura de los siete sicarios se efectuó sin realizar un sólo disparo, luego de que agentes federales implementaron un operativo al detectarse la presencia de hombres armados.
Los detenidos y todo lo asegurado fueron trasladados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la ciudad de México, para integrar la averiguación previa correspondiente y deslindar responsabilidades.
En las próximas horas, el agente del Ministerio Publico Federal tomará declaración a los ocho detenidos y determinará su situación jurídica, por lo que podrían ser arraigados o bien consignados a diferentes penales.
sábado, 15 de agosto de 2009
viernes, 14 de agosto de 2009
Balacera en Monterrey
Durante una hora y 20 minutos, unos 40 pistoleros sembraron ayer el terror con ráfagas de metralleta y explosiones de granadas en la Colonia Cumbres Oro, sin que la Policía apareciera por el lugar, pese a las angustiadas llamadas de los vecinos.
La pesadilla para cientos de habitantes del sector comenzó alrededor de las 2:50 horas, cuando los sicarios llegaron a la calle Cerro de Pasco y atacaron la casa de un ex ministerial, quien repelió la agresión con armas de grueso calibre.
La balacera, cuyos estruendos fueron escuchados a cuadras de distancia, causó daños a por lo menos otras 11 casas y cinco vehículos de vecinos ajenos a los hechos.
En la calle quedaron regados cerca de 800 casquillos de calibres 223, 45, 9, 40 y 50 milímetros, por lo que las autoridades calculan que hubo más de mil disparos.
La fachada de la casa marcada con el número 6505, donde vive el ex agente Luis Moreno Monsiváis, quedó con las ventanas rotas y cientos de orificios ocasionados por los proyectiles, al igual que viviendas contiguas.
Según testimonios de vecinos, varias granadas fueron detonadas dentro de la casa de Moreno, aunque esto no fue confirmado por las autoridades, que anoche catearon el lugar.
El cateo acabó a las 23:40 horas, sacando del lugar tres armas largas y una corta.
De acuerdo a información oficial, Moreno, quien causó baja en mayo del 2004 por no aprobar un examen antidoping, sufrió una herida de bala en el pecho y otra en la espalda, además de que presentaba heridas por vidrios en el antebrazo izquierdo.
A pesar de lo prolongado del enfrentamiento y de las insistentes llamadas de auxilio que hicieron los habitantes del sector a las diferentes autoridades, ninguna llegó durante los 80 minutos de la balacera.
Testigos señalaron que una patrulla de la Policía, sin especificar de qué corporación, se aproximaba al lugar, pero fue perseguida por sicarios que la obligaron a retirarse.
"Mucha gente les marcó. Estuvieron hable y hable y hable, (pero) hasta que no se fueron los señores (sicarios), hasta que no se retiraron, ahora sí llegaron todos (los policías)", señaló un vecino.
Versiones de testigos aseguran que el comando llegó en varias camionetas, sin precisar el número, y que, antes del ataque, unos 40 pistoleros se desplegaron a lo largo de la calle Cerro de Pasco, entre Pedro Infante y Joaquín Pardavé.
Después inició el tiroteo en la calle y las escenas de pánico en el interior de los hogares aledaños.
"Yo pensaba que me iba a morir con mis hijos y con mi marido", narró una vecina.
"(Fue) una hora de terror. Eso vivimos. La presión me subió a más de 300", expresó.
"Se oyeron granadas, (fue) como una paloma que truena, pero fuerte, muy intensa. Yo estaba desquiciada".
En la mayoría de las casas, las familias vivieron la misma historia: Se abrazaron y se resguardaron pecho tierra y en donde pensaban que era más seguro.
Algunos vecinos lograron captar en video algunos momentos donde se escuchan los incesantes estruendos de las detonaciones y de las explosiones de granadas.
Alrededor de las 4:10 horas, uno de los pistoleros gritó "alto al fuego", señalaron testigos, y se retiraron en las camionetas.
Minutos después llegó la Policía Federal.
Durante una revisión, los elementos encontraron un rifle AR- 15 en el bote de basura de un vecino, mientras que en el exterior de la casa de Moreno recogieron una pistola calibre .50 y otro AR-15 con un cargador con capacidad para disponer de más municiones.
Anoche, tras ser dado de alta en el Hospital Universitario, Moreno fue trasladado a la Policía Ministerial, donde quedó detenido, para rendir su declaración.
El lesionado es hermano del también ex agente Zenaido Moreno, quien causó baja de la Ministerial en septiembre del 2002.
Una fuente reveló que ambos son cuñados de Saúl Colín, ex judicial que ha sido señalado como enlace entre la corporación policiaca y los hermanos Javier y Jaime Valdez Martínez, investigados por narcotráfico.
Aunque en sus primeras declaraciones Moreno aseguró que no había nadie más en la casa y que él solo repelió la agresión, las autoridades suponen que estaba acompañado de más personas al momento del ataque.
Incluso, según vecinos, el comando se llevó a dos personas.
Dicen investigar
Después del mediodía, el Gobernador Natividad González Parás dijo que la balacera está siendo investigada por el Estado en coordinación con las autoridades federales.
Añadió que investigarán la tardanza de la llegada de la Policía y que habría sanciones.
Casi 10 horas después de la balacera, el Alcalde Adalberto Madero dijo no tener información y apenas momentos después aseguró que había pedido investigar la tardanza en la actuación de la policía municipal.
martes, 11 de agosto de 2009
Nuevo Foro
Estimados lectores:
Les informo que pueden acceder a los foros en las siguientes ligas
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Historiador
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lunes, 10 de agosto de 2009
Se solicitan colaboradores!
Solicitamos Colaboradores que puedan proporcionar información de medios locales de todo el país y que nos ayuden a mantener actualizado el Blog. Manda tu solicitud a blogdelnarco@gmail.com y dinos porque te gustaria formar parte del equipo y como crees que podrias colaborar.
Tambien les informo que creamos un foro para que los mensajes no se pierdan y se facilite la discusion en Se aceptan sugerencias para la organizacion de los foros.
Saludos,
Historiador
Detienen a sicario que planeaba atentado contra Calderón
La Secretaría de Seguridad Pública Federal detuvo y presentó a Dimas Díaz Ramos, presunto operador financiero del cártel del Pacífico, a quien, reportó, se le había encargado planear un atentado en contra del presidente Felipe Calderón.
El jefe de la sección III de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, dio a conocer que en este caso la investigación inició hace un año "por una amenaza en contra del Presidente de la República a raíz de la guerra declarada en contra del crimen organizado, luego de una serie de detenciones y aseguramiento de grandes cantidades de dinero en efectivo a la organización del El Mayo Zambada".
El funcionario dijo que derivado de los reportes de inteligencia del gobierno federal "tuvo conocimiento que la amenaza fue realizada por el cártel del Pacífico encomendando a Dimas Díaz Ramos los pormenores para un posible atentado".
El Dimas o El Seis, como también se le conoce a este presunto delincuente, fue detenido ayer en Culiacán, Sinaloa. Las líneas de investigación que maneja la Policía Federal señalan que Dimas Díaz era el encargado de realizar parte del recibo de drogas siguiendo la ruta que abarcan los estrados de Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa, Baja California sur, Baja California, Sonora, hasta llegar as las ciudades fronterizas de Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado en Sonora.
Como parte de la estrategia del área que comandaba el dimas en el cártel del Pacífico, estaba la transportación de cargamentos de mariguana ocultos en los neumáticos de traileres y camiones con cargas de aguacate y chile.
La droga la cargaba en Michoacán, en la Sierra de Variguarato, en Sinaloa, así como en Tamazula, Durango.
Díaz Ramos, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Federal, también comercializaba ice y cocaína.
La información recabada por la policía, informó el encargado del área antidrogas, Ramón Eduardo Pequeño García, les permite establecer que después de la muerte de José Lamberto Verdugo Calderón, operador financiero del cártel del Pacificó registrada el 22 de enero de este año, Dimas asumió parte de esta tarea en el cártel del Pacífico.
El jefe de la sección III de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, dio a conocer que en este caso la investigación inició hace un año "por una amenaza en contra del Presidente de la República a raíz de la guerra declarada en contra del crimen organizado, luego de una serie de detenciones y aseguramiento de grandes cantidades de dinero en efectivo a la organización del El Mayo Zambada".
El funcionario dijo que derivado de los reportes de inteligencia del gobierno federal "tuvo conocimiento que la amenaza fue realizada por el cártel del Pacífico encomendando a Dimas Díaz Ramos los pormenores para un posible atentado".
El Dimas o El Seis, como también se le conoce a este presunto delincuente, fue detenido ayer en Culiacán, Sinaloa. Las líneas de investigación que maneja la Policía Federal señalan que Dimas Díaz era el encargado de realizar parte del recibo de drogas siguiendo la ruta que abarcan los estrados de Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa, Baja California sur, Baja California, Sonora, hasta llegar as las ciudades fronterizas de Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado en Sonora.
Como parte de la estrategia del área que comandaba el dimas en el cártel del Pacífico, estaba la transportación de cargamentos de mariguana ocultos en los neumáticos de traileres y camiones con cargas de aguacate y chile.
La droga la cargaba en Michoacán, en la Sierra de Variguarato, en Sinaloa, así como en Tamazula, Durango.
Díaz Ramos, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Federal, también comercializaba ice y cocaína.
La información recabada por la policía, informó el encargado del área antidrogas, Ramón Eduardo Pequeño García, les permite establecer que después de la muerte de José Lamberto Verdugo Calderón, operador financiero del cártel del Pacificó registrada el 22 de enero de este año, Dimas asumió parte de esta tarea en el cártel del Pacífico.
Trasladan a 'El Jimmy' a la SIEDO
Agentes de la Policía Federal trasladaron a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la ciudad de México a Manuel Invanovich Zambrano Flores, alias "El Jimmy", para ser investigado por su pertenencia al cártel de Tijuana y colaborar con la célula al mando de Fernando Sánchez Arellano, "El Ingeniero".
En las próximas horas se determinará si es arraigado o se le consigna ante un juez federal.
Zambrano Flores, "El Jimmy", señalado como operador del cártel de los Arellano Félix, figura en el tercer lugar de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) entre los más buscados en la lista de los miembros del Cártel de Tijuana.
Su captura, realizada en el marco del “Operativo Conjunto Tijuana”, se produjo en la zona norte de la ciudad de Tijuana, sobre la calle Coahuila, abordo de un vehículo marca Volkswagen, tipo Tuareg.
Al notar la presencia de la Policía Federal intentó darse a la fuga, lo que originó una persecución que culminó con su detención metros más adelante, donde además se le aseguraron 7 armas largas, calibre 7.62; tres armas largas, calibre .223, siete armas cortas de diversos calibres, 145 cargadores de diversos calibres, 3 mil 887 cartuchos de diversos calibres, equipo táctico y una identificación.
"El Jimmy" fue igualmente identificado como miembro del grupo de Gustavo Rivera Martínez, "El Gus" o "El P1", quien fue capturado por la Policía Federal en los Cabos, Baja California, el 12 de marzo de 2008.
Investigaciones oficiales señalan que posterior a esta detención, Zambrano Flores ocupó el lugar de Rivera Martínez, quedando bajo su responsabilidad gran parte del trasiego de droga hacia los Estados Unidos y el manejo de las finanzas de la organización.
Zambrano Flores es considerado como parte de la nueva generación de narcotraficantes que opera en esta frontera, bajo el mando de Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero; además, es identificado como uno de los principales lugartenientes, responsable de operaciones de trasiego de droga y lavado de dinero para la organización.
Cabe señalar que la Drug Enforcement Administration (DEA) lo tenía identificado y existía una investigación en su contra por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Esta institución publicó un desplegado en donde se solicitaba información y en el que aparece la foto y nombre de Manuel Ivanovich Zambrano Flores como uno de los integrantes más importantes del cártel de los Arellano Félix.
En las próximas horas se determinará si es arraigado o se le consigna ante un juez federal.
Zambrano Flores, "El Jimmy", señalado como operador del cártel de los Arellano Félix, figura en el tercer lugar de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) entre los más buscados en la lista de los miembros del Cártel de Tijuana.
Su captura, realizada en el marco del “Operativo Conjunto Tijuana”, se produjo en la zona norte de la ciudad de Tijuana, sobre la calle Coahuila, abordo de un vehículo marca Volkswagen, tipo Tuareg.
Al notar la presencia de la Policía Federal intentó darse a la fuga, lo que originó una persecución que culminó con su detención metros más adelante, donde además se le aseguraron 7 armas largas, calibre 7.62; tres armas largas, calibre .223, siete armas cortas de diversos calibres, 145 cargadores de diversos calibres, 3 mil 887 cartuchos de diversos calibres, equipo táctico y una identificación.
"El Jimmy" fue igualmente identificado como miembro del grupo de Gustavo Rivera Martínez, "El Gus" o "El P1", quien fue capturado por la Policía Federal en los Cabos, Baja California, el 12 de marzo de 2008.
Investigaciones oficiales señalan que posterior a esta detención, Zambrano Flores ocupó el lugar de Rivera Martínez, quedando bajo su responsabilidad gran parte del trasiego de droga hacia los Estados Unidos y el manejo de las finanzas de la organización.
Zambrano Flores es considerado como parte de la nueva generación de narcotraficantes que opera en esta frontera, bajo el mando de Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero; además, es identificado como uno de los principales lugartenientes, responsable de operaciones de trasiego de droga y lavado de dinero para la organización.
Cabe señalar que la Drug Enforcement Administration (DEA) lo tenía identificado y existía una investigación en su contra por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Esta institución publicó un desplegado en donde se solicitaba información y en el que aparece la foto y nombre de Manuel Ivanovich Zambrano Flores como uno de los integrantes más importantes del cártel de los Arellano Félix.
Halla Ejército megalaboratorio
Elementos del Ejército descubrieron en la sierra que divide a Michoacán y Jalisco un rancho que había sido habilitado para la producción de drogas sintéticas en grandes cantidades, en lo que representa uno de los mayores golpes al narcotráfico en la entidad.
El lugar contaba con una capacidad instalada para operar un total de 11 reactores químicos, algunos incluso con capacidad de hasta mil litros, considerados por el Ejército de los de mayor dimensión que se hayan encontrado en territorio michoacano.
También hallaron 92 tambos de hasta 200 litros cada uno, y al menos una decena de éstos llenos de un polvo blanco que sirve de base para la elaboración de la droga conocida como "cristal".
De acuerdo con personal de la 21 Zona Militar, este químico ya podría ser comercializado para el consumo, significando ganancias millonarias para los narcotraficantes.
Todas las áreas que anteriormente funcionaban como dormitorios, criadero de aves y ganado, estaban habilitadas como almacén y laboratorio para el procesamiento del narcótico.
El lugar fue ubicado en una zona de difícil acceso, en la sierra que divide a Michoacán y Jalisco, perteneciente al Municipio de Tocumbo.
La energía eléctrica se abastecía por medio de dos plantas generadoras de electricidad que los narcotraficantes lograron arrastrar hasta este sitio, en tanto que el agua la surtían presuntamente por medio de una pipa que suministraba a una cisterna de 5 mil litros de capacidad.
El narcorrancho contaba con matraces para la mezcla de químicos de hasta 50 litros de capacidad, equipo de respiración para que el personal pudiera soportar los gases que el lugar despedía; quemadores alimentados por medio de alrededor de 15 tanques de gas de 30 litros de capacidad.
De acuerdo con reportes militares, los narcotraficantes instalaron este laboratorio en el lugar conocido como Las Higuerillas y colocaron controles de acceso con alambre de púas y tablones en diferentes puntos de la sierra.
La milicia no reportó la detención de personas, quienes presuntamente tuvieron el tiempo suficiente para percatarse de la presencia de las Fuerzas Armadas para escapar.
Todas las instalaciones fueron incendiadas por los soldados, después que personal del Ministerio Público de la Federación realizara un inventario e iniciara la integración de la averiguación previa penal.
Entre los productos inventariados destacan máscaras de material plástico, tanques de oxígeno, 70 cajas de papel aluminio y decenas de costales con sosa cáustica, estos últimos dos productos utilizados como base para la elaboración del "cristal".
El convoy militar, que salió desde la ciudad de Morelia para encabezar el operativo, empleó seis horas en el traslado, tres y media por carretera y el resto en brecha.
El lugar contaba con una capacidad instalada para operar un total de 11 reactores químicos, algunos incluso con capacidad de hasta mil litros, considerados por el Ejército de los de mayor dimensión que se hayan encontrado en territorio michoacano.
También hallaron 92 tambos de hasta 200 litros cada uno, y al menos una decena de éstos llenos de un polvo blanco que sirve de base para la elaboración de la droga conocida como "cristal".
De acuerdo con personal de la 21 Zona Militar, este químico ya podría ser comercializado para el consumo, significando ganancias millonarias para los narcotraficantes.
Todas las áreas que anteriormente funcionaban como dormitorios, criadero de aves y ganado, estaban habilitadas como almacén y laboratorio para el procesamiento del narcótico.
El lugar fue ubicado en una zona de difícil acceso, en la sierra que divide a Michoacán y Jalisco, perteneciente al Municipio de Tocumbo.
La energía eléctrica se abastecía por medio de dos plantas generadoras de electricidad que los narcotraficantes lograron arrastrar hasta este sitio, en tanto que el agua la surtían presuntamente por medio de una pipa que suministraba a una cisterna de 5 mil litros de capacidad.
El narcorrancho contaba con matraces para la mezcla de químicos de hasta 50 litros de capacidad, equipo de respiración para que el personal pudiera soportar los gases que el lugar despedía; quemadores alimentados por medio de alrededor de 15 tanques de gas de 30 litros de capacidad.
De acuerdo con reportes militares, los narcotraficantes instalaron este laboratorio en el lugar conocido como Las Higuerillas y colocaron controles de acceso con alambre de púas y tablones en diferentes puntos de la sierra.
La milicia no reportó la detención de personas, quienes presuntamente tuvieron el tiempo suficiente para percatarse de la presencia de las Fuerzas Armadas para escapar.
Todas las instalaciones fueron incendiadas por los soldados, después que personal del Ministerio Público de la Federación realizara un inventario e iniciara la integración de la averiguación previa penal.
Entre los productos inventariados destacan máscaras de material plástico, tanques de oxígeno, 70 cajas de papel aluminio y decenas de costales con sosa cáustica, estos últimos dos productos utilizados como base para la elaboración del "cristal".
El convoy militar, que salió desde la ciudad de Morelia para encabezar el operativo, empleó seis horas en el traslado, tres y media por carretera y el resto en brecha.
sábado, 8 de agosto de 2009
Narco acusa a ex alcaldes de Rosarito, B.C.
“El Cande”, detenido a finales de junio en Ensenada, Baja California, e inmediatamente identificado como cocinero de crystal para el cártel Arellano Félix, fue muy claro con miembros del Ejército Mexicano que lo interrogaron: Los ex alcaldes de Rosarito Luis Enrique Díaz Félix y Antonio
Macías Garay, recibieron dinero de su parte.
Díaz Félix le pidió y él le concedió apoyo financiero para la campaña electoral en 2001; Macías Garay lo contactó para el mismo propósito pero en 2004. Candelario Arceaga Aguirre fue generoso. Junto a dos de sus socios, reunieron una cantidad de dólares y la entregaron en su momento a cada uno de los candidatos panistas al Gobierno de Rosarito.
El declarante no especificó cuántos billetes le llevó a Díaz Félix, pero sí dijo a los de inteligencia que a Macías Garay le acercó unos 500 mil dólares.
Las declaraciones de “El Cande” fueron reveladas primero en las instalaciones militares, y acto seguido reproducidas ante un Ministerio Público Federal. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, no ha hecho públicas las declaraciones, ha mantenido en sigilo los señalamientos vertidos por Arceaga Aguirre que comprometen a políticos panistas de Baja California.
La declaración de Candelario le fue tomada el 1 de julio de 2009, cuatro días antes de la elección federal, pero los encargados de integrar la supuesta indagatoria no lo hicieron público para no enturbiar el proceso electoral.
Con los encargados de la indagatoria en Tijuana, funcionarios de la SIEDO se comprometieron a requerir la presentación de los dos ex alcaldes y de otros funcionarios de sus gobiernos una vez que transcurrieran las elecciones.
Han pasado 30 días sin que la autoridad federal emita dichas órdenes de presentación.
Desde la captura de “El Cande” el 30 de junio de 2009, la única información pública del tema fue que los días sábado 4 y domingo 5 de julio circuló en Rosarito el dicho que Macías Garay había sido detenido por el Ejército; el mismo ex alcalde refutaría la imprecisión.
De hecho, Antonio Macías Garay se comunicó vía telefónica con reporteros de Rosarito a quienes explicó que estaba en libertad, que ninguna autoridad lo había requerido y que los militares ya habían cateado su casa en más de tres ocasiones sin mayores consecuencias.
Luis Enrique Díaz Félix tampoco ha sido llamado a dar cuentas. Continúa como delegado de la Sánchez Taboada, una de las demarcaciones con mayor índice delictivo y bajo el control en el mundo criminal de la célula de Teodoro García Simental “El Tres”.
Sin embargo, el compromiso de la autoridad federal con los captores de “El Cande” fue que sus declaraciones serían investigadas en los hechos y que los ex alcaldes serían llamados a esclarecer los señalamientos.
Incluso mencionaron que sospechas pasadas, de cuando Macías fungía como alcalde, podrían ser investigadas ahora:
1.- Retomar las averiguaciones y pesquisas estatales hechas en torno al asesinato:
* Del ex director de Seguridad Pública del municipio de Rosarito, Carlos Bowser Miret, ocurrido en marzo de 2005.
* De los homicidios y decapitaciones de tres policías y un civil, hechos que sucedieron en junio de 2006.
Ambas investigaciones ligadas también a la operación delictiva del lugarteniente Arturo Villarreal Heredia, capturado en agosto de 2006 junto a Francisco Javier Arellano Félix. Ambos presos en la Unión Americana.
2.- Revisar la investigación del atentado al actual director de la policía, Capitán Eduardo Montero, sufrido en diciembre de 2007.
3.- Realizar nuevos interrogatorios a miembros de la célula de Ángel Jácome Beltrán “El Kaibil”, asesinos confesos del comandante de la policía municipal Samuel Ventura y el agente ministerial Marco Antonio Vicencio Rojas.
Las declaraciones de “El Cande”
La noche del primero de julio de 2009, Candelario Arceaga Aguirre fue preciso con miembros de inteligencia militar, quienes lo interrogaban luego de capturarlo a bordo de un yate en el Puerto de Ensenada:
Sostuvo ante los representantes de la milicia, que cuando Luis Enrique Díaz Félix buscaba la Presidencia Municipal de Rosarito, le pidió apoyo para su campaña electoral. “El Cande” ayudó al político. Cuando el panista ganó la alcaldía del quinto municipio de Baja California en 2001, le correspondió el favor a su beneficiario y miembro del crimen organizado: Le otorgó 65 permisos de transporte público para calafias.
Las confesiones de Arceaga, identificado como proveedor del cártel Arellano Félix desde hace aproximadamente ocho años –tiempo en el cual entabló, según su dicho, la comunicación con Díaz Félix– no se quedaron en ese trienio.
El narcotraficante prosiguió develando a sus interrogadores oficiales.
Reveló Candelario Arceaga, que siendo candidato del PAN al gobierno de Rosarito, Antonio Macías Garay, solicitó que lo auxiliara en la campaña. El hoy arraigado por asociación delictuosa y narcotráfico, entre otros delitos, declaró que apoyó a Macías de dos formas:
1.- Le prestó las unidades de transporte público para utilizarlas en su campaña. En recorridos, acarreos y mandados dentro de las tareas electorales en 2004.
2.- Declaró Arceaga que entregó 500 mil dólares como financiamiento para la campaña. El dinero, declaró “El Cande” a sus captores, lo reunió junto a otros dos de sus socios. Un hombre al que identificó solo con el apodo de “El Diablo” y otro a quien se refirió únicamente solo como “Leonardo”.
Continuó declarando el detenido: Una vez que Antonio Macías Garay ganó la Alcaldía de Rosarito, retribuyó el favor. El panista concedió a sus benefactores (“El Cande”, “El Diablo” y “Leonardo”) un total de 85 placas de transporte público.
Los interrogadores federales de Candelario Arceaga metieron hilo: Dónde quedaron esas placas, fue la pregunta. Y sacaron la hebra: Al final, entre las placas otorgadas por Díaz Félix y Macías Garay, “Leonardo” se quedó con 70 permisos, “El Cande” con 22. Antonio Macías Garay les exigió que de las que él les concedió, le entregaran once para su explotación particular. El resto de los permisos, los concentró “El Diablo”.
Sin embargo, la autoridad federal con apoyo del gobierno local ha tenido problemas para integrar las pruebas y localizar los permisos mencionados por “El Cande”, debido a que extrañamente se traspapelaron y perdieron algunos documentos relacionados, lo que ha resultado en la ubicación de sólo aproximadamente 10 permisos a nombre de sus familiares directos.
“Pero ya estamos buscando por fechas, las concesiones que hayan sido entregadas en paquete a la agrupación de transportistas en la que estaba integrado Arceaga. Estamos seguros de poder encontrarlos”, explicó un funcionario del quinto municipio.
Respecto a las propiedades del narcotraficante en ese municipio, fue localizado un terreno con casa habitación en la zona urbana. También detectaron que el nombre del delincuente está registrado con faltas de ortografía, ante lo cual aún están trabajando en el rastreo de los ranchos.
Se entrevistó con funcionarios del IV Ayuntamiento de Rosarito respecto al origen de la empresa transportista a la que estaba integrado “El Cande”; explicaron que el surgimiento se dio como una alternativa para los choferes que no pertenecían al grupo priísta de Amaro Mata, que tenía monopolizado el sistema de transporte.
Además consideraron a los socios de Arceaga como personas de trabajo: “ellos ya eran transportistas de años, cuando iniciaron la empresa en cuestión, sin embargo como todo lo que se manejó alrededor del detenido, debe ser investigado”, opinó el funcionario.
Antecedentes de inseguridad
El detonante de las investigaciones y versiones que implican a funcionarios panistas de Rosarito, en presuntas actividades del crimen organizado, se destapó con Macías Garay pero llegó hasta Silvano Abarca.
Fue el homicidio del director de Seguridad Pública del municipio de Rosarito, Carlos Bowser Miret, el detonante. El hombre había sido amenazado en marzo de 2005 y fue muerto a finales de mayo del mismo año, después de protagonizar por más de un mes una confrontación pública con el entonces síndico Gabriel Esquivel, quien conforme a la versiones de otros funcionarios del mismo gobierno, intentaba removerlo para instalar en el puesto a su hermano Alberto Esquivel, quien era el comandante operativo de la corporación, pero que había sido señalado por empresarios locales de cobrar cuotas a las “tienditas” de droga, sin embargo no había sido investigado.
La maraña panista rosaritense se complicó el 15 noviembre de 2005, al ser detenido Edgar Adrián Gutiérrez Elenes “El Cachorro”, acusado de ser uno de los responsables de la muerte de Bowser.
Gutiérrez, miembro del Cártel Arellano Félix, fue lugarteniente de Jorge Briseño “El Cholo”, y era hermano de Pedro Mario Gutiérrez Elenes, quien fuera secretario particular de Luis Enrique Díaz Félix cuando fue alcalde.
En la edición 1652 de ZETA, Jesús Blancornelas publicó versiones vertidas por agentes ministeriales y federales, que referían las relaciones criminales de Gutiérrez con Arturo Villarreal “El Nalgón” y las influencias del matón. Detalló que este grupo criminal tenía varias residencias en Rosarito “…donde los vecinos eran principalmente pistoleros a sus órdenes” y que muchos de los “levantados” por órdenes de ‘El Nalgón’ fueron llevados a una residencia en la Colonia Reforma de Rosarito. Allí los ejecutaron. Pero tiraron sus cadáveres en la zona de La Gloria y San Antonio de los Buenos “para no calentarle la plaza al Presidente Municipal Díaz Félix”.
Prosiguió Blancornelas:
“La hipótesis de los informantes policíacos es que ‘El Cachorro’ pudo habergozado de protección de oficiales municipales en Rosarito, gracias a su hermano. Y ahora es cuando señalan la cercanía del entonces Secretario Particular del Alcalde, con Fernando Serrano, Director de Seguridad Publica” a quien también señalan como presunto implicado.
“También hay referencia de que en meses pasados ‘El Cachorro’ fue detenido y sorpresivamente dejado en libertad. Esta versión no pudo ser confirmada totalmente debido a que no se encuentra un reporte disponible en la Procuraduría General de Justicia del Estado”.
En aquel tiempo, la publicación de esas versiones, provocó que grupos de rosaritenses hicieran llegar a las autoridades otra denuncia a la que no se le dio seguimiento. En ella señalaban a Carlos Peraza Vergara, Oficial Mayor de Díaz Félix, y quien antes había sido jefe de policías con Silvano Abarca Macklis, de estar involucrado en la protección del crimen organizado.
La denuncia alcanzó en aquel tiempo a Ignacio García Dworak, director que fue de seguridad pública con Abarca, Secretario General con Macías, y derrotado candidato a la Presidencia Municipal.
La misma delación ciudadana mencionó en aquel 2005 que Mario Alberto Sánchez Herrera, era el principal narcomenudista en Rosarito y estaba vinculado directamente a Díaz Félix. Mario Alberto y su hermano Karlo Omar Herrera Sánchez, en su calidad de policías en 2008, fueron señalados directamente por el General Sergio Aponte Polito en abril de 2008, quien los acusó por presuntamente participar en el atentado contra el Secretario de Seguridad Municipal de Rosarito, Jorge Montero Álvarez; refirió que estaban dedicados al secuestro de personas adineradas, el asesinato de policías y las ejecuciones de criminales contrarios al CAF.
Indagatorias estatales y federales posteriores, los ubicaron en la célula de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”.
Las irregularidades y la sospecha de corrupción en los ayuntamientos de Rosarito, continuaron después de la muerte de Bowser Miret, con la llegada de Valente Montijo Pompa a la dirección de la policía, a quien por cierto también quiso destituir el Síndico Procurador Juan Gabriel Esquivel Fierro.
La corrupción se hizo evidente tras el asesinato por decapitación de los agentes Jesús Hernández, Ismael Arellano, Benjamín Ventura y el civil méxico-americano Fernando Aguilar, en junio de 2006.
Los municipales fueron emboscados, privados de la libertad y asesinados, después que otros dos grupos de policías habían acudido a un rancho en las inmediaciones del cañón Rosarito –cerca de una de las casas de Macías Garay–, lugar donde se celebraba la fiesta de cumpleaños de Javier Arellano Félix.
En la celebración estaban presentes lugartenientes y sicarios del CAF que habían sido denunciados por la comunidad. Los dos primeros grupos de agentes que atendieron la alerta ciudadana, acudieron a pedir dinero y quedarse callados. Al llegar el tercer grupo de uniformados, los criminales recibieron la orden de matarlos, bajo el argumento que la policía no estaba respetando la seguridad y protección que ellos ya pagaban.
Con saña, los agentes y un civil fueron torturados y decapitados.
La corrupción en la entonces policía municipal de Rosarito, y la sospecha sobre funcionarios de primer nivel y los ex alcaldes, han sido una constante en el quinto municipio. Hasta el 1 de julio, cuando “El Cande” confirmó a sus captores que entregó dinero a Luis Enrique Díaz Félix y a Antonio Macías Garay para sus respectivas campañas políticas. Y que a cambio, recibió junto a otros dos socios, decenas de placas de transporte público. Esto lo dijo el detenido después de identificarse como cocinero de crystal para el cártel Arellano Félix.
Sin embargo, a casi un mes de los señalamientos vertidos por el narcotraficante ante soldados y agentes federales, ni Antonio Macías Garay, ni Enrique Díaz Félix, han sido llamados a presentarse y declarar sobre tales acusaciones. Cosa contraria, por lo menos Macías pretende convertirse en aspirante a una diputación local en las elecciones 2010.
Macías Garay, recibieron dinero de su parte.
Díaz Félix le pidió y él le concedió apoyo financiero para la campaña electoral en 2001; Macías Garay lo contactó para el mismo propósito pero en 2004. Candelario Arceaga Aguirre fue generoso. Junto a dos de sus socios, reunieron una cantidad de dólares y la entregaron en su momento a cada uno de los candidatos panistas al Gobierno de Rosarito.
El declarante no especificó cuántos billetes le llevó a Díaz Félix, pero sí dijo a los de inteligencia que a Macías Garay le acercó unos 500 mil dólares.
Las declaraciones de “El Cande” fueron reveladas primero en las instalaciones militares, y acto seguido reproducidas ante un Ministerio Público Federal. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, no ha hecho públicas las declaraciones, ha mantenido en sigilo los señalamientos vertidos por Arceaga Aguirre que comprometen a políticos panistas de Baja California.
La declaración de Candelario le fue tomada el 1 de julio de 2009, cuatro días antes de la elección federal, pero los encargados de integrar la supuesta indagatoria no lo hicieron público para no enturbiar el proceso electoral.
Con los encargados de la indagatoria en Tijuana, funcionarios de la SIEDO se comprometieron a requerir la presentación de los dos ex alcaldes y de otros funcionarios de sus gobiernos una vez que transcurrieran las elecciones.
Han pasado 30 días sin que la autoridad federal emita dichas órdenes de presentación.
Desde la captura de “El Cande” el 30 de junio de 2009, la única información pública del tema fue que los días sábado 4 y domingo 5 de julio circuló en Rosarito el dicho que Macías Garay había sido detenido por el Ejército; el mismo ex alcalde refutaría la imprecisión.
De hecho, Antonio Macías Garay se comunicó vía telefónica con reporteros de Rosarito a quienes explicó que estaba en libertad, que ninguna autoridad lo había requerido y que los militares ya habían cateado su casa en más de tres ocasiones sin mayores consecuencias.
Luis Enrique Díaz Félix tampoco ha sido llamado a dar cuentas. Continúa como delegado de la Sánchez Taboada, una de las demarcaciones con mayor índice delictivo y bajo el control en el mundo criminal de la célula de Teodoro García Simental “El Tres”.
Sin embargo, el compromiso de la autoridad federal con los captores de “El Cande” fue que sus declaraciones serían investigadas en los hechos y que los ex alcaldes serían llamados a esclarecer los señalamientos.
Incluso mencionaron que sospechas pasadas, de cuando Macías fungía como alcalde, podrían ser investigadas ahora:
1.- Retomar las averiguaciones y pesquisas estatales hechas en torno al asesinato:
* Del ex director de Seguridad Pública del municipio de Rosarito, Carlos Bowser Miret, ocurrido en marzo de 2005.
* De los homicidios y decapitaciones de tres policías y un civil, hechos que sucedieron en junio de 2006.
Ambas investigaciones ligadas también a la operación delictiva del lugarteniente Arturo Villarreal Heredia, capturado en agosto de 2006 junto a Francisco Javier Arellano Félix. Ambos presos en la Unión Americana.
2.- Revisar la investigación del atentado al actual director de la policía, Capitán Eduardo Montero, sufrido en diciembre de 2007.
3.- Realizar nuevos interrogatorios a miembros de la célula de Ángel Jácome Beltrán “El Kaibil”, asesinos confesos del comandante de la policía municipal Samuel Ventura y el agente ministerial Marco Antonio Vicencio Rojas.
Las declaraciones de “El Cande”
La noche del primero de julio de 2009, Candelario Arceaga Aguirre fue preciso con miembros de inteligencia militar, quienes lo interrogaban luego de capturarlo a bordo de un yate en el Puerto de Ensenada:
Sostuvo ante los representantes de la milicia, que cuando Luis Enrique Díaz Félix buscaba la Presidencia Municipal de Rosarito, le pidió apoyo para su campaña electoral. “El Cande” ayudó al político. Cuando el panista ganó la alcaldía del quinto municipio de Baja California en 2001, le correspondió el favor a su beneficiario y miembro del crimen organizado: Le otorgó 65 permisos de transporte público para calafias.
Las confesiones de Arceaga, identificado como proveedor del cártel Arellano Félix desde hace aproximadamente ocho años –tiempo en el cual entabló, según su dicho, la comunicación con Díaz Félix– no se quedaron en ese trienio.
El narcotraficante prosiguió develando a sus interrogadores oficiales.
Reveló Candelario Arceaga, que siendo candidato del PAN al gobierno de Rosarito, Antonio Macías Garay, solicitó que lo auxiliara en la campaña. El hoy arraigado por asociación delictuosa y narcotráfico, entre otros delitos, declaró que apoyó a Macías de dos formas:
1.- Le prestó las unidades de transporte público para utilizarlas en su campaña. En recorridos, acarreos y mandados dentro de las tareas electorales en 2004.
2.- Declaró Arceaga que entregó 500 mil dólares como financiamiento para la campaña. El dinero, declaró “El Cande” a sus captores, lo reunió junto a otros dos de sus socios. Un hombre al que identificó solo con el apodo de “El Diablo” y otro a quien se refirió únicamente solo como “Leonardo”.
Continuó declarando el detenido: Una vez que Antonio Macías Garay ganó la Alcaldía de Rosarito, retribuyó el favor. El panista concedió a sus benefactores (“El Cande”, “El Diablo” y “Leonardo”) un total de 85 placas de transporte público.
Los interrogadores federales de Candelario Arceaga metieron hilo: Dónde quedaron esas placas, fue la pregunta. Y sacaron la hebra: Al final, entre las placas otorgadas por Díaz Félix y Macías Garay, “Leonardo” se quedó con 70 permisos, “El Cande” con 22. Antonio Macías Garay les exigió que de las que él les concedió, le entregaran once para su explotación particular. El resto de los permisos, los concentró “El Diablo”.
Sin embargo, la autoridad federal con apoyo del gobierno local ha tenido problemas para integrar las pruebas y localizar los permisos mencionados por “El Cande”, debido a que extrañamente se traspapelaron y perdieron algunos documentos relacionados, lo que ha resultado en la ubicación de sólo aproximadamente 10 permisos a nombre de sus familiares directos.
“Pero ya estamos buscando por fechas, las concesiones que hayan sido entregadas en paquete a la agrupación de transportistas en la que estaba integrado Arceaga. Estamos seguros de poder encontrarlos”, explicó un funcionario del quinto municipio.
Respecto a las propiedades del narcotraficante en ese municipio, fue localizado un terreno con casa habitación en la zona urbana. También detectaron que el nombre del delincuente está registrado con faltas de ortografía, ante lo cual aún están trabajando en el rastreo de los ranchos.
Se entrevistó con funcionarios del IV Ayuntamiento de Rosarito respecto al origen de la empresa transportista a la que estaba integrado “El Cande”; explicaron que el surgimiento se dio como una alternativa para los choferes que no pertenecían al grupo priísta de Amaro Mata, que tenía monopolizado el sistema de transporte.
Además consideraron a los socios de Arceaga como personas de trabajo: “ellos ya eran transportistas de años, cuando iniciaron la empresa en cuestión, sin embargo como todo lo que se manejó alrededor del detenido, debe ser investigado”, opinó el funcionario.
Antecedentes de inseguridad
El detonante de las investigaciones y versiones que implican a funcionarios panistas de Rosarito, en presuntas actividades del crimen organizado, se destapó con Macías Garay pero llegó hasta Silvano Abarca.
Fue el homicidio del director de Seguridad Pública del municipio de Rosarito, Carlos Bowser Miret, el detonante. El hombre había sido amenazado en marzo de 2005 y fue muerto a finales de mayo del mismo año, después de protagonizar por más de un mes una confrontación pública con el entonces síndico Gabriel Esquivel, quien conforme a la versiones de otros funcionarios del mismo gobierno, intentaba removerlo para instalar en el puesto a su hermano Alberto Esquivel, quien era el comandante operativo de la corporación, pero que había sido señalado por empresarios locales de cobrar cuotas a las “tienditas” de droga, sin embargo no había sido investigado.
La maraña panista rosaritense se complicó el 15 noviembre de 2005, al ser detenido Edgar Adrián Gutiérrez Elenes “El Cachorro”, acusado de ser uno de los responsables de la muerte de Bowser.
Gutiérrez, miembro del Cártel Arellano Félix, fue lugarteniente de Jorge Briseño “El Cholo”, y era hermano de Pedro Mario Gutiérrez Elenes, quien fuera secretario particular de Luis Enrique Díaz Félix cuando fue alcalde.
En la edición 1652 de ZETA, Jesús Blancornelas publicó versiones vertidas por agentes ministeriales y federales, que referían las relaciones criminales de Gutiérrez con Arturo Villarreal “El Nalgón” y las influencias del matón. Detalló que este grupo criminal tenía varias residencias en Rosarito “…donde los vecinos eran principalmente pistoleros a sus órdenes” y que muchos de los “levantados” por órdenes de ‘El Nalgón’ fueron llevados a una residencia en la Colonia Reforma de Rosarito. Allí los ejecutaron. Pero tiraron sus cadáveres en la zona de La Gloria y San Antonio de los Buenos “para no calentarle la plaza al Presidente Municipal Díaz Félix”.
Prosiguió Blancornelas:
“La hipótesis de los informantes policíacos es que ‘El Cachorro’ pudo habergozado de protección de oficiales municipales en Rosarito, gracias a su hermano. Y ahora es cuando señalan la cercanía del entonces Secretario Particular del Alcalde, con Fernando Serrano, Director de Seguridad Publica” a quien también señalan como presunto implicado.
“También hay referencia de que en meses pasados ‘El Cachorro’ fue detenido y sorpresivamente dejado en libertad. Esta versión no pudo ser confirmada totalmente debido a que no se encuentra un reporte disponible en la Procuraduría General de Justicia del Estado”.
En aquel tiempo, la publicación de esas versiones, provocó que grupos de rosaritenses hicieran llegar a las autoridades otra denuncia a la que no se le dio seguimiento. En ella señalaban a Carlos Peraza Vergara, Oficial Mayor de Díaz Félix, y quien antes había sido jefe de policías con Silvano Abarca Macklis, de estar involucrado en la protección del crimen organizado.
La denuncia alcanzó en aquel tiempo a Ignacio García Dworak, director que fue de seguridad pública con Abarca, Secretario General con Macías, y derrotado candidato a la Presidencia Municipal.
La misma delación ciudadana mencionó en aquel 2005 que Mario Alberto Sánchez Herrera, era el principal narcomenudista en Rosarito y estaba vinculado directamente a Díaz Félix. Mario Alberto y su hermano Karlo Omar Herrera Sánchez, en su calidad de policías en 2008, fueron señalados directamente por el General Sergio Aponte Polito en abril de 2008, quien los acusó por presuntamente participar en el atentado contra el Secretario de Seguridad Municipal de Rosarito, Jorge Montero Álvarez; refirió que estaban dedicados al secuestro de personas adineradas, el asesinato de policías y las ejecuciones de criminales contrarios al CAF.
Indagatorias estatales y federales posteriores, los ubicaron en la célula de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”.
Las irregularidades y la sospecha de corrupción en los ayuntamientos de Rosarito, continuaron después de la muerte de Bowser Miret, con la llegada de Valente Montijo Pompa a la dirección de la policía, a quien por cierto también quiso destituir el Síndico Procurador Juan Gabriel Esquivel Fierro.
La corrupción se hizo evidente tras el asesinato por decapitación de los agentes Jesús Hernández, Ismael Arellano, Benjamín Ventura y el civil méxico-americano Fernando Aguilar, en junio de 2006.
Los municipales fueron emboscados, privados de la libertad y asesinados, después que otros dos grupos de policías habían acudido a un rancho en las inmediaciones del cañón Rosarito –cerca de una de las casas de Macías Garay–, lugar donde se celebraba la fiesta de cumpleaños de Javier Arellano Félix.
En la celebración estaban presentes lugartenientes y sicarios del CAF que habían sido denunciados por la comunidad. Los dos primeros grupos de agentes que atendieron la alerta ciudadana, acudieron a pedir dinero y quedarse callados. Al llegar el tercer grupo de uniformados, los criminales recibieron la orden de matarlos, bajo el argumento que la policía no estaba respetando la seguridad y protección que ellos ya pagaban.
Con saña, los agentes y un civil fueron torturados y decapitados.
La corrupción en la entonces policía municipal de Rosarito, y la sospecha sobre funcionarios de primer nivel y los ex alcaldes, han sido una constante en el quinto municipio. Hasta el 1 de julio, cuando “El Cande” confirmó a sus captores que entregó dinero a Luis Enrique Díaz Félix y a Antonio Macías Garay para sus respectivas campañas políticas. Y que a cambio, recibió junto a otros dos socios, decenas de placas de transporte público. Esto lo dijo el detenido después de identificarse como cocinero de crystal para el cártel Arellano Félix.
Sin embargo, a casi un mes de los señalamientos vertidos por el narcotraficante ante soldados y agentes federales, ni Antonio Macías Garay, ni Enrique Díaz Félix, han sido llamados a presentarse y declarar sobre tales acusaciones. Cosa contraria, por lo menos Macías pretende convertirse en aspirante a una diputación local en las elecciones 2010.
viernes, 7 de agosto de 2009
Hallan gran narcolaboratorio en Durango
Elementos de la Tercera Región Militar localizaron en la zona serrana del Municipio de Tamazula, Durango, colindante con el Estado de Sinaloa, lo que podría ser el laboratorio de drogas sintéticas más grande en México y uno de los de mayor tecnología a nivel mundial.
El laboratorio donde se fabricaba cristal, que se encuentra en un espacio de 240 hectáreas y está compuesto por al menos 22 módulos separados entre si, se encuentran camuflajeado, de modo que resulta muy difícil identificar las edificaciones desde el aire.
Algunas personas describieron el sitio como una empresa grande o una fábrica, ya que cada módulo contaba con una planta generadora de electricidad, existía una gran bodega para la droga terminada, así como un área donde había al menos 164 toneles de 200 litros cada uno, con capacidad para almacenar 32 mil 800 litros de precursores químicos.
En un comunicado, la Sedena informó que mediante información privilegiada realizó un operativo que incluyó reconocimientos terrestres y aéreos para localizar el sitio, considerado el primero en su tipo por el tamaño y las características del mismo.
"En el lugar existen 22 instalaciones diversas para el procesamiento de drogas sintéticas y empaquetamientos de mariguana, las cuales comprenden dormitorios, cocina, casas de descanso, bodegas de almacenaje y laboratorios, incluyendo un cabaña de lujo para el jefe del complejo, todo en una área de aproximadamente 240 hectáreas", menciona el comunicado.
También se encontraron 18 vehículos, armamento, uniformes de tipo militar y plantas generadoras de energía eléctrica.
"El personal militar continúa desplegado en el área, efectuando reconocimientos radiales para ubicar y asegurar todo el material ilícito que se encuentre en las inmediaciones del complejo", señala el boletín oficial.
El laboratorio donde se fabricaba cristal, que se encuentra en un espacio de 240 hectáreas y está compuesto por al menos 22 módulos separados entre si, se encuentran camuflajeado, de modo que resulta muy difícil identificar las edificaciones desde el aire.
Algunas personas describieron el sitio como una empresa grande o una fábrica, ya que cada módulo contaba con una planta generadora de electricidad, existía una gran bodega para la droga terminada, así como un área donde había al menos 164 toneles de 200 litros cada uno, con capacidad para almacenar 32 mil 800 litros de precursores químicos.
En un comunicado, la Sedena informó que mediante información privilegiada realizó un operativo que incluyó reconocimientos terrestres y aéreos para localizar el sitio, considerado el primero en su tipo por el tamaño y las características del mismo.
"En el lugar existen 22 instalaciones diversas para el procesamiento de drogas sintéticas y empaquetamientos de mariguana, las cuales comprenden dormitorios, cocina, casas de descanso, bodegas de almacenaje y laboratorios, incluyendo un cabaña de lujo para el jefe del complejo, todo en una área de aproximadamente 240 hectáreas", menciona el comunicado.
También se encontraron 18 vehículos, armamento, uniformes de tipo militar y plantas generadoras de energía eléctrica.
"El personal militar continúa desplegado en el área, efectuando reconocimientos radiales para ubicar y asegurar todo el material ilícito que se encuentre en las inmediaciones del complejo", señala el boletín oficial.
sábado, 1 de agosto de 2009
Cuatro armas detrás de 100 ejecuciones.
Son tres rifles de asalto semiautomáticos y una pistola, que llegaron a manos de sicarios del cártel de Juárez o La Línea, como se autodenomina ahora. Con esas armas, aseguradas por el Ejército durante el cateo a una casa de seguridad del grupo criminal en la ciudad de Chihuahua, pudieron haberse cometido más de 100 asesinatos o ejecuciones ordenadas por el grupo criminal que heredó y comanda en la actualidad Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy.
El armamento, entre el que se hallaba un rifle entregado como arma de cargo a un comandante policiaco —que ahora está detenido por servir a los intereses del cártel de Juárez—, fue vinculado a una lista de 96 casos de narcoejecuciones y en las que hubo dobles y hasta triples homicidios. La sospecha es que los tres fusiles y la pistola tuvieran participación en esa lista de narcoejecuciones cometidas en diferentes puntos de Chihuahua.
A la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJC) se le encargó cotejar el tipo de armas y cartuchos utilizados para cometer los más de 10 asesinatos. Sin embargo, el responsable de esa tarea, el director Pedro Aragonez, fue acribillado durante el transcurso de la investigación.
El crimen contra el funcionario, lo mismo que otros 100 más que se investigan, fue atribuido al cártel de Juárez, cuyos principales operadores en Chihuahua son José Luis Ledesma, El JL, El Mónico, y El Tapicero. Ellos, apoyados por el grupo de ex militares metidos a sicarios conocido como Los Linces y la red de policías corruptos que los protegen, han desatado una guerra en la entidad contra el cártel de Sinaloa, o los también llamados Gente Nueva, que ha cobrado miles de víctimas en los últimos tres años.
El actual jefe del cártel de Juárez o La Línea, Vicente Carrillo Fuentes, asumió el mando de la organización tras la muerte de su hermano, Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos. Desde ese momento hasta ahora ha mantenido un férreo control de la organización, con el uso de la violencia sin límites. Ejemplo del nivel de terror que han impuesto sus acciones en Chihuahua, son precisamente los más de asesinatos presuntamente cometidos con las armas investigadas en este caso.
El aseguramiento La mañana del 17 de febrero de 2008, en el cuartel de la quinta Zona Militar, el general Felipe Espitia Hernández fue notificado de una llamada anónima que ubicaba a un grupo de gente armada en la granja situada en el número 601 de la Calle 87, esquina con la Calle 25, en la colonia Aeropuerto, en la capital de Chihuahua. La voz de un hombre —según el reporte oficial— informó que varios sujetos entraban y salían de ese inmueble con armas.
Fue todo lo que dijo el denunciante anónimo. Con esos datos, de inmediato se dispuso una operación militar para acudir al lugar. Sin embargo, como en casi todas las acciones de este tipo, al llegar los soldados no estaba ya ni uno de los sujetos que fueron vistos con las armas. Pero en su huída, los delincuentes no pudieron llevarse varios paquetes de mariguana, dos vehículos y cuatro armas y cartuchos que fueron asegurados de inmediato.
Lo que llamó la atención del general Espitia Hernández fue la presencia en aquel sitio de un arma larga con registro oficial ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de una serie de documentos oficiales.
Eran recibos de nómina de elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, recetas médicas, solicitudes de vacaciones y hasta roles y zonas de trabajo de agentes de esa corporación. El jefe de la zona militar pidió de inmediato la intervención de las autoridades.
El grupo de fiscales y peritos de la PGJC que fue comisionado para recabar todas y cada una de las evidencias elaboraron un informe pormenorizado de lo hallado en el lugar.
Reportaron que además de los documentos oficiales, se decomisaron tres rifles de asalto semiautomáticos y una pistola Smith & Wesson, alrededor de 150 cartuchos útiles de diferentes calibres, una camioneta Suburban color azul, placas DZP 57-37, y una camioneta Toyota blindada, sin placas, de color plateado.
La participación de policías corruptos como parte de la red de protección al cártel de Juárez se veía venir casi de forma natural. Ahí estaban sus nombres, sus pertenencias y hasta un arma oficial. A final de cuentas, en el caso, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detendría a seis elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.
La investigación de las armas
Sólo hasta 67 días después del cateo en la granja donde se incautaron las armas, el fiscal encargado de la investigación pidió al entonces director de Servicios Periciales, Pedro Aragonez, aplicar los peritajes a las evidencias.
El 25 de julio de 2008 envió al extinto funcionario el oficio 207/2008 para elaborar los análisis de fotografía, planimetría, química, genética y balística, además del cotejo del tipo de armas usadas en 96 narcoejecuciones cometidas entre el 30 de enero de 2002 y el 7 de febrero de 2008.
Casi en forma inmediata, Aragonez informó al fiscal sobre el origen de las armas.
La pistola Browning calibre 40, número de serie 2W5NW50348 y un cargador para 15 cartuchos, fue fabricada en Bélgica por la empresa Smith and Wesson; el rifle de asalto GP WASR-10, con número de serie borrado, provenía de Rumania y podía abastecerse con cargadores de 35 a 45 cartuchos; el rifle Bushmaster XM15, con número de serie borrado y con porta cargadores de 30 cartuchos, fabricado en Estados Unidos; el rifle G36V, fabricado en Alemania por la empresa Heckler y Koch, número de serie 83-0005489, estaba registrado por la Defensa Nacional.
Tres días más tarde —70 días después de hallar del armamento—, el mismo fiscal pidió a la subprocuradora María del Pilar Pérez de la Fuente buscar en los registros oficiales si uno de los tres rifles detectados en el operativo del 17 de febrero era propiedad de la Procuraduría estatal. Ello no obstante que desde un principio el personal Ejército mexicano reportó que existía la probabilidad de que elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua pudieran estar asociados con el grupo delictivo que habitaba el sitio donde se efectuó el operativo militar.
Una semana más tarde, se agregó a la carpeta de investigación CAI-285/2008 la respuesta de la subprocuradora Pérez de la Fuente. El informe señalaba que el arma larga con matrícula 83-0005489 estaba registrada en la licencia colectiva de armas 192, expedida en favor de la Procuraduría del estado, y lo más inquietante era que ese rifle estaba asignado al agente A de la Policía Ministerial, Luis Humberto Peralta Hernández.
La muerte de Aragonez
La tarde del 11 de agosto, tres meses después de iniciar las investigaciones sobre las armas y la posible vinculación de éstas en las más de 10 narcoejecuciones, el director de Servicios Periciales de Chihuahua, Pedro Aragonez, fue asesinado por un comando armado.
El crimen se cometió cuando el funcionario viajaba a bordo de una camioneta Durango por la calle de Itzalco, en la colonia El Saucito, en compañía de su chofer que sobrevivió al ataque de los sicarios, que huyeron por la avenida Francisco Villa, en la capital chihuahuense.
El homicidio del director de Servicios Periciales de Chihuahua fue ordenado por El Mónico, de acuerdo con la declaración de Martín Hugo Valenzuela Rivera, El H-8, hombre originario de Durango que fue reclutado por el cártel de Juárez, primero como vigilante de calles y al que posteriormente se le entrenó para asesinar.
Él confesó que estando con El Mónico en Ciudad Cuauhtémoc escuchó cuando fue informado de la ejecución del funcionario. “Vámonos, ya cayó otro”, le dijo su jefe a El H-8 antes de emprender el regreso a Chihuahua. De vuelta a esa ciudad, El Chuma o H-9 le comentó a Valenzuela Rivera que “ya había caído el de servicios periciales. Que le había tocado ejecutarlo cuando se les había perdido a Los Linces, y que en esa ejecución también participaron de campanas policías ministeriales”
“Era uno de periciales que andaba en una camioneta Durango, que esta persona lo acompañaba su chofer, pero que solamente le había dado al objetivo. El H-9 ha participado en otras ejecuciones, es muy buen tirador. Hemos ido a entrenar tiro a la sierra y disparamos contra pinos o piedras con R-15 o Cuerno de chivo, siempre es muy preciso en sus disparos. He visto sus jales en el periódico”, dijo a los fiscales.
Las “narcoejecuciones”
La primera de las más de 100 ejecuciones ligadas con el narcotráfico en las que pudieron estar involucradas las armas halladas por personal del Ejército mexicano, y que investigaba la Dirección de Servicios Periciales, fue la contenida en el expediente 277/02. Para ello se cotejaban 17 casquillos recogidos en la escena del crimen en la que asesinaron el 30 de enero de 2002 al ex agente judicial de esa entidad Federico Ceniceros Torres, a quien cesaron en aquel entonces por la desaparición de parte de un cargamento de droga confiscado a narcotraficantes en Ciudad Juárez.
El crimen contra Ceniceros Torres, de 39 años de edad, fue cometido con un arma de asalto AK-47, de las llamadas Cuerno de chivo —similar a la que investigaba la Dirección de Servicios Periciales—, cuando se dirigía de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, abordo de una camioneta tipo van, Chevrolet, modelo 1989. Una camioneta Dodge Durango se le emparejó y desde ahí le dispararon. La unidad de la víctima chocó contra una malla metálica, a un lado de la avenida Heroico Colegio Militar, casi a su cruce con la calle de Costa Rica, en la zona norte de Ciudad Juárez.
La última de las narcoejecuciones en las que se suponía fueron utilizadas algunas de las armas aseguradas el 17 de febrero de 2008, se trato de un doble homicidio cometido en el estacionamiento del centro comercial Wal Mart de Chihuahua, apenas 10 días antes de que los militares las descubrieran en la granja de la colonia Aeropuerto.
En esa ocasión un comando armado asesinó con rifles de asalto a Osvaldo Loya Carmona y a Nicanor Loya Sánchez, cuando apenas salían del centro comercial y subían a una camioneta pick up Ford línea Lobo, de color rojo.
El doble crimen en Chihuahua aquella mañana del jueves 7 de febrero de 2008 sacudió al municipio de Camargo, ya que la familia Loya es ampliamente conocida e influyente en esa población.
Para aclarar este doble asesinato, los peritos de la procuraduría del estado de Chihuahua, al mando en ese momento de Pedro Aragonez, se encargaban de cotejar los más de 80 casquillos del armamento tipo AK-47 que fueron recogidos por las autoridades en el estacionamiento del centro comercial, ubicado en la avenida Periférico de la Juventud, del fraccionamiento Haciendas del Valle de la entidad, pero hasta hoy se ignora cuál fue el resultado de las investigaciones de balística forense en todas las narcoejecuciones.
El armamento, entre el que se hallaba un rifle entregado como arma de cargo a un comandante policiaco —que ahora está detenido por servir a los intereses del cártel de Juárez—, fue vinculado a una lista de 96 casos de narcoejecuciones y en las que hubo dobles y hasta triples homicidios. La sospecha es que los tres fusiles y la pistola tuvieran participación en esa lista de narcoejecuciones cometidas en diferentes puntos de Chihuahua.
A la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJC) se le encargó cotejar el tipo de armas y cartuchos utilizados para cometer los más de 10 asesinatos. Sin embargo, el responsable de esa tarea, el director Pedro Aragonez, fue acribillado durante el transcurso de la investigación.
El crimen contra el funcionario, lo mismo que otros 100 más que se investigan, fue atribuido al cártel de Juárez, cuyos principales operadores en Chihuahua son José Luis Ledesma, El JL, El Mónico, y El Tapicero. Ellos, apoyados por el grupo de ex militares metidos a sicarios conocido como Los Linces y la red de policías corruptos que los protegen, han desatado una guerra en la entidad contra el cártel de Sinaloa, o los también llamados Gente Nueva, que ha cobrado miles de víctimas en los últimos tres años.
El actual jefe del cártel de Juárez o La Línea, Vicente Carrillo Fuentes, asumió el mando de la organización tras la muerte de su hermano, Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos. Desde ese momento hasta ahora ha mantenido un férreo control de la organización, con el uso de la violencia sin límites. Ejemplo del nivel de terror que han impuesto sus acciones en Chihuahua, son precisamente los más de asesinatos presuntamente cometidos con las armas investigadas en este caso.
El aseguramiento La mañana del 17 de febrero de 2008, en el cuartel de la quinta Zona Militar, el general Felipe Espitia Hernández fue notificado de una llamada anónima que ubicaba a un grupo de gente armada en la granja situada en el número 601 de la Calle 87, esquina con la Calle 25, en la colonia Aeropuerto, en la capital de Chihuahua. La voz de un hombre —según el reporte oficial— informó que varios sujetos entraban y salían de ese inmueble con armas.
Fue todo lo que dijo el denunciante anónimo. Con esos datos, de inmediato se dispuso una operación militar para acudir al lugar. Sin embargo, como en casi todas las acciones de este tipo, al llegar los soldados no estaba ya ni uno de los sujetos que fueron vistos con las armas. Pero en su huída, los delincuentes no pudieron llevarse varios paquetes de mariguana, dos vehículos y cuatro armas y cartuchos que fueron asegurados de inmediato.
Lo que llamó la atención del general Espitia Hernández fue la presencia en aquel sitio de un arma larga con registro oficial ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de una serie de documentos oficiales.
Eran recibos de nómina de elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, recetas médicas, solicitudes de vacaciones y hasta roles y zonas de trabajo de agentes de esa corporación. El jefe de la zona militar pidió de inmediato la intervención de las autoridades.
El grupo de fiscales y peritos de la PGJC que fue comisionado para recabar todas y cada una de las evidencias elaboraron un informe pormenorizado de lo hallado en el lugar.
Reportaron que además de los documentos oficiales, se decomisaron tres rifles de asalto semiautomáticos y una pistola Smith & Wesson, alrededor de 150 cartuchos útiles de diferentes calibres, una camioneta Suburban color azul, placas DZP 57-37, y una camioneta Toyota blindada, sin placas, de color plateado.
La participación de policías corruptos como parte de la red de protección al cártel de Juárez se veía venir casi de forma natural. Ahí estaban sus nombres, sus pertenencias y hasta un arma oficial. A final de cuentas, en el caso, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detendría a seis elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.
La investigación de las armas
Sólo hasta 67 días después del cateo en la granja donde se incautaron las armas, el fiscal encargado de la investigación pidió al entonces director de Servicios Periciales, Pedro Aragonez, aplicar los peritajes a las evidencias.
El 25 de julio de 2008 envió al extinto funcionario el oficio 207/2008 para elaborar los análisis de fotografía, planimetría, química, genética y balística, además del cotejo del tipo de armas usadas en 96 narcoejecuciones cometidas entre el 30 de enero de 2002 y el 7 de febrero de 2008.
Casi en forma inmediata, Aragonez informó al fiscal sobre el origen de las armas.
La pistola Browning calibre 40, número de serie 2W5NW50348 y un cargador para 15 cartuchos, fue fabricada en Bélgica por la empresa Smith and Wesson; el rifle de asalto GP WASR-10, con número de serie borrado, provenía de Rumania y podía abastecerse con cargadores de 35 a 45 cartuchos; el rifle Bushmaster XM15, con número de serie borrado y con porta cargadores de 30 cartuchos, fabricado en Estados Unidos; el rifle G36V, fabricado en Alemania por la empresa Heckler y Koch, número de serie 83-0005489, estaba registrado por la Defensa Nacional.
Tres días más tarde —70 días después de hallar del armamento—, el mismo fiscal pidió a la subprocuradora María del Pilar Pérez de la Fuente buscar en los registros oficiales si uno de los tres rifles detectados en el operativo del 17 de febrero era propiedad de la Procuraduría estatal. Ello no obstante que desde un principio el personal Ejército mexicano reportó que existía la probabilidad de que elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua pudieran estar asociados con el grupo delictivo que habitaba el sitio donde se efectuó el operativo militar.
Una semana más tarde, se agregó a la carpeta de investigación CAI-285/2008 la respuesta de la subprocuradora Pérez de la Fuente. El informe señalaba que el arma larga con matrícula 83-0005489 estaba registrada en la licencia colectiva de armas 192, expedida en favor de la Procuraduría del estado, y lo más inquietante era que ese rifle estaba asignado al agente A de la Policía Ministerial, Luis Humberto Peralta Hernández.
La muerte de Aragonez
La tarde del 11 de agosto, tres meses después de iniciar las investigaciones sobre las armas y la posible vinculación de éstas en las más de 10 narcoejecuciones, el director de Servicios Periciales de Chihuahua, Pedro Aragonez, fue asesinado por un comando armado.
El crimen se cometió cuando el funcionario viajaba a bordo de una camioneta Durango por la calle de Itzalco, en la colonia El Saucito, en compañía de su chofer que sobrevivió al ataque de los sicarios, que huyeron por la avenida Francisco Villa, en la capital chihuahuense.
El homicidio del director de Servicios Periciales de Chihuahua fue ordenado por El Mónico, de acuerdo con la declaración de Martín Hugo Valenzuela Rivera, El H-8, hombre originario de Durango que fue reclutado por el cártel de Juárez, primero como vigilante de calles y al que posteriormente se le entrenó para asesinar.
Él confesó que estando con El Mónico en Ciudad Cuauhtémoc escuchó cuando fue informado de la ejecución del funcionario. “Vámonos, ya cayó otro”, le dijo su jefe a El H-8 antes de emprender el regreso a Chihuahua. De vuelta a esa ciudad, El Chuma o H-9 le comentó a Valenzuela Rivera que “ya había caído el de servicios periciales. Que le había tocado ejecutarlo cuando se les había perdido a Los Linces, y que en esa ejecución también participaron de campanas policías ministeriales”
“Era uno de periciales que andaba en una camioneta Durango, que esta persona lo acompañaba su chofer, pero que solamente le había dado al objetivo. El H-9 ha participado en otras ejecuciones, es muy buen tirador. Hemos ido a entrenar tiro a la sierra y disparamos contra pinos o piedras con R-15 o Cuerno de chivo, siempre es muy preciso en sus disparos. He visto sus jales en el periódico”, dijo a los fiscales.
Las “narcoejecuciones”
La primera de las más de 100 ejecuciones ligadas con el narcotráfico en las que pudieron estar involucradas las armas halladas por personal del Ejército mexicano, y que investigaba la Dirección de Servicios Periciales, fue la contenida en el expediente 277/02. Para ello se cotejaban 17 casquillos recogidos en la escena del crimen en la que asesinaron el 30 de enero de 2002 al ex agente judicial de esa entidad Federico Ceniceros Torres, a quien cesaron en aquel entonces por la desaparición de parte de un cargamento de droga confiscado a narcotraficantes en Ciudad Juárez.
El crimen contra Ceniceros Torres, de 39 años de edad, fue cometido con un arma de asalto AK-47, de las llamadas Cuerno de chivo —similar a la que investigaba la Dirección de Servicios Periciales—, cuando se dirigía de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, abordo de una camioneta tipo van, Chevrolet, modelo 1989. Una camioneta Dodge Durango se le emparejó y desde ahí le dispararon. La unidad de la víctima chocó contra una malla metálica, a un lado de la avenida Heroico Colegio Militar, casi a su cruce con la calle de Costa Rica, en la zona norte de Ciudad Juárez.
La última de las narcoejecuciones en las que se suponía fueron utilizadas algunas de las armas aseguradas el 17 de febrero de 2008, se trato de un doble homicidio cometido en el estacionamiento del centro comercial Wal Mart de Chihuahua, apenas 10 días antes de que los militares las descubrieran en la granja de la colonia Aeropuerto.
En esa ocasión un comando armado asesinó con rifles de asalto a Osvaldo Loya Carmona y a Nicanor Loya Sánchez, cuando apenas salían del centro comercial y subían a una camioneta pick up Ford línea Lobo, de color rojo.
El doble crimen en Chihuahua aquella mañana del jueves 7 de febrero de 2008 sacudió al municipio de Camargo, ya que la familia Loya es ampliamente conocida e influyente en esa población.
Para aclarar este doble asesinato, los peritos de la procuraduría del estado de Chihuahua, al mando en ese momento de Pedro Aragonez, se encargaban de cotejar los más de 80 casquillos del armamento tipo AK-47 que fueron recogidos por las autoridades en el estacionamiento del centro comercial, ubicado en la avenida Periférico de la Juventud, del fraccionamiento Haciendas del Valle de la entidad, pero hasta hoy se ignora cuál fue el resultado de las investigaciones de balística forense en todas las narcoejecuciones.
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