El Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Sinaloa también tuvo entre sus celdas al capo Ignacio "El Nacho" Coronel Villarreal en noviembre de 1993.
Bajo el alias de César Arturo Barrios Romero, oriundo de Coatzacoalcos, Veracruz, Coronel Villarreal fue detenido el 2 de noviembre de 1993, junto a 11 personas, incluidos cuatro supuestos agentes de la extinta Policía Judicial Federal, cuando se trasladaban en un convoy de tres vehículos con un arsenal.
En su momento, el hecho causó tal revuelo que hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa intervinieron.
Fue un hecho de gran cobertura mediática. La razón es que aparentemente este grupo había ingresado a Sinaloa desde Ciudad Obregón, para asesinar a un capo regional. Lo que atemorizó más a la sociedad, de hace casi 17 años, es que además presuntamente agentes federales ya brindaban protección o servían como escoltas al crimen organizado.
La historia tiene varios capítulos: después de la detención y la comprobación de que cuatro inculpados eran agentes de la extinta Policía Judicial Federal, se trasladó al llamado "Grupo de los 12" o "Los 12 Apóstoles" al entonces Instituto de Readaptación Social de Sinaloa.
Se les dictó auto de formal prisión a todos. Delitos contra la administración de justicia, acopio de armas para algunos, y hasta falsificación de documentos oficiales para uno más.
El grupo de 11 abogados que defendía a los inculpados promovió un amparo y todo comenzó a perderse en el olvido de la sociedad cuando el entonces delegado de la PGR en Sinaloa, Héctor Márquez Sandoval, fue sustituido por Carlos Flores González, por orden del Procurador General de la República Jorge Carpizo McGregor, por consignarlos de manera irregular ante el juez.
El tema del narco, para el día 20 de ese mes y año, ya se utilizaba para información acerca del atentado que sufrió el Amado Carrillo en la Ciudad de México.
La detención, por no pagar
caseta de La Costera
De acuerdo con la notas periodísticas, la detención se dio a las 10:00 horas del 2 de noviembre de 1993, después de que el convoy conformado por un Gran Marquís gris oscuro, una camioneta Ram Charger color verde agua y una pick-up Chevrolet SS se negó a pagar el peaje en la caseta ubicada en La Platanera, ubicada por la autopista Benito Juárez.
Una patrulla de la Policía Judicial del Estado que pasaba por el lugar acudió al auxilio, intentó detenerlos y el grupo se identificó como agentes de la PJF.
La patrulla los siguió de cerca, solicitó apoyo a Centracom (hoy C4) y lograron detenerlos kilómetros más adelante con la instalación a un retén, encabezando el grupo el extinto Francisco Javier "El Flaco", Bojórquez Ruelas, asesiando en agosto de 2005.
Al momento de rodearlos, los presuntos criminales intentaron amedrentar a los agentes con "cuernos de chivo". Pero no pusieron más resistencia y los acompañaron a las instalaciones de la PJE en Culiacán.
Su explicación fue que eran agentes, con una misión especial en Sinaloa.
Les encuentran arsenal
Al presentarse a los medios, se informó que al grupo se le incautaron siete rifles AK-47, un AR-15, siete escuadras calibre 9 milímetros y dos más calibre .380.
Una de las pistolas tenía grabado el escudo nacional, con diamantes un rubí y una esmeralda incrustadas. La otra con cachas de marfil.
Además, 614 cartuchos útiles para AK-47, 20 cargadores, 186 cartuchos para AR-15, 115 para .380; 165 para 9 milímetros, una burbuja de policía roja, 6 celulares y un equipo contraespionaje, utilizado para evitar ser rastreados en señal de comunicación.
En efectivo, se presentaron 40 mil nuevos pesos y 2 mil dólares.
Los presuntos agentes se identificaron como José Ramón Chávez, Enrique Prieto y el comandante Olegario Pérez, todos de la Ciudad de México.
Además de Ranulfo Galindo, quien dijo apenas empezar a trabajar como Agente Federal, por "honorarios".
En ese entonces, "El Nacho" Coronel utilizó un nombre falso: César Arturo Barrios Romero.
En el operativo también fueron detenidos David Serratos Gutiérrez, Dagoberto Rodríguez Jiménez, Jorge Zamora Gutiérrez y Alejandro Cháidez Villalobos, todos supuestamente de Guadalajara, y este último con credenciales de Reportero Gráfico del Cuarto Poder Federal, de Crítica y Proyección.
También fueron apresados José Luis Galeana Rosales, de Acapulco; y los sinaloenses Armando Machado Coronel, de Guasave; y Jesús Antonio Rivera, de Cosalá.
La Charger robada y 'la misión especial'
Al mediodía, se informó que la Ram tenía reporte de robo en Sonora. Que la unidad había sido pedida prestada en una agencia, para "calarla", y se la robaron. Eso lo confirmó la Agencia Automotriz Cajeme, en Ciudad Obregón, según la nota periodística.
En una segunda llamada, la agencia dijo que la camioneta había sido pagada y facturada, pero no se proporcionó a nombre de quién.
Durante las interrogaciones, el comandante Olegario Pérez nunca soltó el celular y los agentes no se lo quitaron por lo que pudo hacer varias llamadas.
Olegario dijo en el interrogatorio que él y otro acompañante viajaban en el Marquís. Los agentes atestiguaron que viajaban en la camioneta roja.
"Los elementos de la PGR dijeron no conocer a los detenidos", se lee en la nota. "Que su misión era ir de Sonora a Durango, regresar a Sonora y luego a Sinaloa, bajo una misión especial".
Los presuntos elementos de la PJF se negaron a que les tomaran fotos.
Cuando se trasladó a los separos de la PJE a los civiles, los agentes federales se quedaron en la oficina de Bojórquez Ruelas, entonces jefe de Investigaciones de la PJE.
Los vehículos, armas, efectivo y joyas fueron turnadas a la PGR.
Además de 8 cambios de ropa, varios pares de botas con piel exótica y una gorra negra con letras amarillas que formaban leyenda "Policía Judicial Federal. DN Militar".
"Las investigaciones en torno a estos hechos continuaron el resto del día, pues se tuvo la sospecha, por parte de las autoridades judiciales, de que los nombres proporcionados pudieron ser falsos", acotó el periodista.
Noroeste, en aquel 2 de noviembre de 1993 se comunicó con el delegado de la PGR en Sonora, Fausto Destenabe Cur, quien dijo desconocer a los presuntos elementos que estaba adscritos a Sonora.
EL SEGUIMIENTO
3 de noviembre
Trasladan a detenidos a la PGR
El delegado de la PGR en Sinaloa, con respuestas parcas, aseguró que ellos actuarán conforme a derecho en el caso. También se presumía que los civiles saldrían en libertad por hacerse pasar por "madrinas".
"No hay dobles funciones y quien no forme parte de la corporación, no tiene por qué estar dentro de ella", dijo.
En el operativo de traslado se utilizaron 15 unidades con cerca de 50 elementos. Fue a las 17:00 horas de la tarde. A los acusados se les transportó en ocho unidades.
Al frente iban el nuevo coordinador Operativo de la PJE en Sinaloa, Luis Alejo Herrera Elizalde, y el Jefe de Investigaciones, Francisco Javier Bojórquez Ruelas.
De acuerdo con el entonces director de la PJE, Juan Manuel Inzunza, los detenidos fueron turnados al Ministerio Público por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y la Marina.
5 de noviembre
Consigna ante el juez a los federales y civiles
Por primera vez se incluye a Ranulfo Galindo como agente. Se habla de cuatro elementos de la Judicial Federal y 8 civiles.
La confirmación de este información fue proporcionada por el delegado de Control de Procesos de la PGR, José Luis Aparicio.
"Fueron consignados por delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército; y los agentes, por delitos contra la administración de justicia. Y se encuentran en el interior del IRSS", se lee en la noticia.
El delegado de la PGR en Sinaloa, Héctor Márquez Sandoval, dijo que no se descartaba la posibilidad de que los agentes federales y sus acompañantes hayan venido a Sinaloa a ejecutar a algún capo de la mafia de la región.
Cuatro de las personas fueron confirmadas como agentes. Fueron cesados de inmediato de sus cargos y puestos a disposición del juzgado de Distrito. Los civiles, según se publicó, podrían alcanzar de 4 a 24 años de prisión.
6 de noviembre
Rinden declaración 8 civiles detenidos con armas
Un total de 11 abogados defensores asesoraron a los 12 detenidos y acusados por la portación ilegal y acopio de armas de fuego.
Ellos rindieron declaración ante juez primero de Distrito, Fernando Ortiz.
Jaime Cinco Soto, entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hizo un planteamiento público para que la autoridad federal informara el origen de las 12 personas y su relación con ellas.
"Abogados defensores de los agentes federales y sus compañeros de detención asesoraron en todo momento a lo detenidos, inclusive, uno de ellos, llegó a hasta ofrecer regalos a algunos representantes de los medios, bajo la condición de que la nota recibiera un "trato especial", se publicó.
8 de noviembre
Prisión a federales y civiles
Se dictó auto de formal prisión a las 16:00 horas, el juez primero de Distrito, Jesús Manuel Osuna, terminó de tomarles la declaración y de inmediato tomó la determinación.
11 de noviembre
Formal prisión para el 'Grupo de los 12'
El delito del que se culpó al "Grupo de los 12" fue por portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y la Marina.
Además, uno de ellos fue culpado por falsificación de documentos oficiales y ya no se le tomó en cuenta como agente.
12 de noviembre
Apelan los abogados de federales
Después de que se les acusó sólo por delito de portación de armas y delitos contra la administración de justicia, en el grupo sólo prosperó el delito de portación ilegal de armas.
15 de noviembre
Nuevo delegado de la PGR en Sinaloa
Carlos Flores González sustituye a Héctor Márquez Sandoval como delegado en Sinaloa de la Procuraduría General de la República.
"El cambio se da días después de que el procurador Jorge Carpizo McGregor se comprometiera a llevar a cabo la investigaciones sobre las 12 personas detenidas y fueron consignados de forma irregular por la delegación estatal ante el juez", se lee en la noticia.
Días después, Ignacio Coronel Villarreal y los demás civiles fueron aparentemente absueltos debido a que los elementos de la PJF que se responsabilizaron de las armas y de todos los delitos, exculpando al capo ahora muerto y que en Sinaloa dejó huella que las autoridades de Sinaloa hasta ayer no habían encontrado.
