Se concentrará un nuevo grupo de Fuerzas Federales, con unidades tácticas de inteligencia, en el municipio de Salvador Alvarado, en donde en los últimos dos meses se han registrado una cadena de hechos violentos, entre ellos, la muerte de ocho personas.
En un mensaje emitido por el secretario General de Gobierno, Rafael Oceguera Ramos, se menciona que ante el cúmulo de hechos escenificados en varios municipios de la entidad, sobre todo el de la ciudad de Guamúchil con la muerte de ocho personas, se refuerza el operativo federal.
Dio a conocer que tras una reunión de evaluación entre el gobernador Jesús Alberto Aguilar Padilla y el alcalde de Salvador Alvarado, Jorge Casal González, y luego con un intercambio de información con la presidencia de la República, se determinó el envío de nuevas fuerzas federales.
En un breve recuento sobre los últimos sucesos, en donde grupos antagónicos de presuntos miembros de la delincuencia organizada se han atacado con armas automáticas, detonaciones de granadas, incendios de viviendas y la toma de rehenes, el funcionario asentó que se va atacar con mayor fuerza a los delincuentes.
Cabe destacar que los actos violentos, en la ciudad de Guamuchil, se hicieron presente con mayor intensidad en mayo pasado con la presencia de un grupo de 40 hombres armados, vestidos de negro que a bordo de varias camionetas destrozaron con detonaciones de granadas y rifles automáticos las fachadas de cuatro inmuebles.
lunes, 14 de julio de 2008
Intentan narcos estallar coche-bomba en Culiacán
Grupos rivales de sicarios interrumpieron el sueño de los habitantes de la colonia 10 de Mayo durante un enfrentamiento que duró casi una hora y durante el cual cuatro residencias resultaron afectadas por las cientos de balas disparadas y por la detonación de granadas y bombas molotov, que utilizaron para reventar una supuesta casa de seguridad.
Los atacantes incluso colocaron un "carro-bomba" que elaboraron con tres pequeños tanques de gas dentro de un vehículo, al cual le prendieron fuego para tratar de volar la residencia.
Durante el tiempo en que duró el fuego cruzado ni el Ejército ni las policías locales y federales acudieron a la "zona de guerra", mientras el pánico se apoderó de los vecinos que insistentemente llamaron al Servicio de Emergencia 066 si recibir respuesta.
Los gatilleros de ambos bandos de nueva cuenta como ocurrió apenas el sábado pasado durante un hecho similar en Rincones del Humaya, y amparados por la tardía reacción de las autoridades del Operativo Conjunto Culiacán-Navolato, lograron escapar.
Según los primeros reportes, la balacera inició a las 04:30 horas y terminó a las 05:20.
El hecho ocurrió sobre la calle 21 de Marzo, entre las calles Gladiola y Tulipán, en la colonia 10 de Mayo.
Vecinos informaron que a ese lugar llegaron en varias unidades al menos 30 gatilleros que se desplegaron en las esquinas de las rúas referidas, apuntando a la casa marcada con el número #2095, donde se presume se encontraba un grupo contrario.
Desde esos puntos los delincuentes comenzaron el ataque tomando como trincheras las casas cercanas.
Según testimonios, algunos de los sicarios se acercaron hasta el portón y lanzaron por lo menos dos granadas y bombas molotov; mientras que otros continuaban disparando.
Otros sicarios colocaron un vehículo frente al portón de la residencia y le prendieron fuego para hacer estallar "el carro-bomba".
Del interior de la casa de seguridad hubo respuesta, y se recrudeció el tiroteo por casi una hora.
Vecinos, entre mujeres, niños y ancianos, de varias calles a la redonda del enfrentamiento comentaron que al escuchar la balacera se tiraron al piso y permanecieron así por una hora.
"Yo llamé varias veces al 066, pero nadie me contestaba. Ni los militares ni policías se acercaron hasta ya después que terminó todo", comentó una vecina del lugar.
Durante el tiroteo los sicarios dispararon también contra las residencias marcadas con los números 2082, 2015 y otra sin número, las cuales estaban junto a la supuesta casa de seguridad.
Los proyectiles entraron por las ventanas y puestas y decenas más se incrustaron en las fachadas, sin que hasta el momento se hayan reportado heridos.
Sobre la avenida quedaron regados cientos de casquillos percutidos por cuerno de chivo.
Los atacantes incluso colocaron un "carro-bomba" que elaboraron con tres pequeños tanques de gas dentro de un vehículo, al cual le prendieron fuego para tratar de volar la residencia.
Durante el tiempo en que duró el fuego cruzado ni el Ejército ni las policías locales y federales acudieron a la "zona de guerra", mientras el pánico se apoderó de los vecinos que insistentemente llamaron al Servicio de Emergencia 066 si recibir respuesta.
Los gatilleros de ambos bandos de nueva cuenta como ocurrió apenas el sábado pasado durante un hecho similar en Rincones del Humaya, y amparados por la tardía reacción de las autoridades del Operativo Conjunto Culiacán-Navolato, lograron escapar.
Según los primeros reportes, la balacera inició a las 04:30 horas y terminó a las 05:20.
El hecho ocurrió sobre la calle 21 de Marzo, entre las calles Gladiola y Tulipán, en la colonia 10 de Mayo.
Vecinos informaron que a ese lugar llegaron en varias unidades al menos 30 gatilleros que se desplegaron en las esquinas de las rúas referidas, apuntando a la casa marcada con el número #2095, donde se presume se encontraba un grupo contrario.
Desde esos puntos los delincuentes comenzaron el ataque tomando como trincheras las casas cercanas.
Según testimonios, algunos de los sicarios se acercaron hasta el portón y lanzaron por lo menos dos granadas y bombas molotov; mientras que otros continuaban disparando.
Otros sicarios colocaron un vehículo frente al portón de la residencia y le prendieron fuego para hacer estallar "el carro-bomba".
Del interior de la casa de seguridad hubo respuesta, y se recrudeció el tiroteo por casi una hora.
Vecinos, entre mujeres, niños y ancianos, de varias calles a la redonda del enfrentamiento comentaron que al escuchar la balacera se tiraron al piso y permanecieron así por una hora.
"Yo llamé varias veces al 066, pero nadie me contestaba. Ni los militares ni policías se acercaron hasta ya después que terminó todo", comentó una vecina del lugar.
Durante el tiroteo los sicarios dispararon también contra las residencias marcadas con los números 2082, 2015 y otra sin número, las cuales estaban junto a la supuesta casa de seguridad.
Los proyectiles entraron por las ventanas y puestas y decenas más se incrustaron en las fachadas, sin que hasta el momento se hayan reportado heridos.
Sobre la avenida quedaron regados cientos de casquillos percutidos por cuerno de chivo.
Ejecutan a dos jóvenes en malecón de Mazatlán
Con ráfagas de "cuernos de chivo" fueron ejecutado dos jóvenes y dos más resultaron heridos, al ser atacados por varios sujetos armados cuando estaban tomando cerveza en el camellón central del malecón, frente a conocido centro nocturno.
El hoy occiso se llamaba Víctor Manuel Lizárraga Balderas, alias "El Manito" de 20 años, quien presentó varios impactos de bala en la nuca, según informaron paramédicos de Cruz Roja y agentes de Las diversas corporaciones
policiacas.
Unas horas después falleció otro de los heridos.
José Eduardo Lizárraga Balderas, de 18, quien es hermano de "El Manito", y presentó herida con entrada y salida en hombro derecho; José Manuel Osuna Osuna, de 17, quien sufrió una herida en pierna izquierda.
Además resultó herido Alfonso Sevilla Ríos, de 21 años, quien presentó una herida en pantorrilla derecha.
El hoy occiso se llamaba Víctor Manuel Lizárraga Balderas, alias "El Manito" de 20 años, quien presentó varios impactos de bala en la nuca, según informaron paramédicos de Cruz Roja y agentes de Las diversas corporaciones
policiacas.
Unas horas después falleció otro de los heridos.
José Eduardo Lizárraga Balderas, de 18, quien es hermano de "El Manito", y presentó herida con entrada y salida en hombro derecho; José Manuel Osuna Osuna, de 17, quien sufrió una herida en pierna izquierda.
Además resultó herido Alfonso Sevilla Ríos, de 21 años, quien presentó una herida en pantorrilla derecha.
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Dictan formal prisión a ex jefe policiaco de Reynosa
Un juez federal dicto auto de formal prisión contra Juan José Muñiz Salinas, ex titular de la Dirección de Seguridad Pública en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas; se le acusa de participar en actos de delincuencia organizada y narcotráfico.
En el expediente 53/2008 se establece que éste hombre, identificado entre la delincuencia organizada como “El Bimbo” o “El Comandante Muñiz”, presuntamente colaboró y protegió diversa operaciones del cártel del Golfo haciendo uso de su cargo .
El ex servidor público fue detenido el pasado 17 de abril y sujeto a un arraigo; al encontrarse los elementos de prueba en su contra se le notificó tras la rejilla de prácticas del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, del auto de formal prisión en su contra.
En el expediente 53/2008 se establece que éste hombre, identificado entre la delincuencia organizada como “El Bimbo” o “El Comandante Muñiz”, presuntamente colaboró y protegió diversa operaciones del cártel del Golfo haciendo uso de su cargo .
El ex servidor público fue detenido el pasado 17 de abril y sujeto a un arraigo; al encontrarse los elementos de prueba en su contra se le notificó tras la rejilla de prácticas del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, del auto de formal prisión en su contra.
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Chocan presuntos sicarios en Sinaloa
Una casa incendiada, un arsenal decomisado y cinco viviendas dañadas por disparos de arma de fuego fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre dos grupos de presuntos sicarios en la Colonia 10 de Mayo al suroriente de esta capital.
Elementos de la Policía Municipal informaron que la balacera inició alrededor de las 4:40 horas de este lunes y tuvo una duración de 15 a 20 minutos.
La Procuraduría General del Estado de Sinaloa informó que en el tiroteo no se registraron decesos ni personas heridas.
A las proximidades del domicilio marcado con el número 2095, ubicado en Calle 21 de Marzo, entre las avenidas Tulipán y Gladiolas de la Colonia Lázaro Cárdenas, llegaron dos vehículos desde donde iniciaron los disparos.
Los atacantes detonaron en cerca de 800 ocasiones las armas que portaban, calibres 7.62 para AK-47 y .380 para FAL.(el fusil fal es el arma que utiliza el ejercito n.e.)
Durante el la balacera, los delincuentes prendieron fuego a un automóvil estacionado al frente del domicilio y después provocaron un incendio en la vivienda marcada con el número 2095.
Según los informes, el grupo armado que estaba dentro del domicilio huyó por el patio trasero del inmueble.
Minutos más tarde llegaron al sitio elementos del Ejército Mexicano, quienes tomaron el control de la situación y se introdujeron al inmueble donde encontraron alrededor de cuatro fusiles de alto poder y una pistola, todos quemados.
En la planta alta del domicilio también fueron incautados varios cargadores con cientos de cartuchos útiles, entre otros objetos que no han sido detallados.
Cinco viviendas contiguas resultaron con pérdidas materiales tras impactarse cientos de balas en las paredes y ventanas.
Elementos de la Policía Municipal informaron que la balacera inició alrededor de las 4:40 horas de este lunes y tuvo una duración de 15 a 20 minutos.
La Procuraduría General del Estado de Sinaloa informó que en el tiroteo no se registraron decesos ni personas heridas.
A las proximidades del domicilio marcado con el número 2095, ubicado en Calle 21 de Marzo, entre las avenidas Tulipán y Gladiolas de la Colonia Lázaro Cárdenas, llegaron dos vehículos desde donde iniciaron los disparos.
Los atacantes detonaron en cerca de 800 ocasiones las armas que portaban, calibres 7.62 para AK-47 y .380 para FAL.(el fusil fal es el arma que utiliza el ejercito n.e.)
Durante el la balacera, los delincuentes prendieron fuego a un automóvil estacionado al frente del domicilio y después provocaron un incendio en la vivienda marcada con el número 2095.
Según los informes, el grupo armado que estaba dentro del domicilio huyó por el patio trasero del inmueble.
Minutos más tarde llegaron al sitio elementos del Ejército Mexicano, quienes tomaron el control de la situación y se introdujeron al inmueble donde encontraron alrededor de cuatro fusiles de alto poder y una pistola, todos quemados.
En la planta alta del domicilio también fueron incautados varios cargadores con cientos de cartuchos útiles, entre otros objetos que no han sido detallados.
Cinco viviendas contiguas resultaron con pérdidas materiales tras impactarse cientos de balas en las paredes y ventanas.
El Gobierno federal tiene indicios de que una célula de la mafia italiana que opera en Canadá ha tenido presencia en el puerto de Acapulco, Guerrero, en fechas recientes.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tiene en curso una investigación por presuntas inversiones que realizó el grupo delictivo en el puerto turístico, por medio de la empresa Malt Financing Inc., señalada por lavar dinero del tráfico de drogas.
La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la SIEDO lleva a cabo la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/003/07, contra Francesco del Balso, Giuseppe Torre y sus esposas Marisa D'Ambrosio y Polisena Delle Donne.
De acuerdo con información del caso, hasta ahora se ha detectado que un inmueble de 332 mil 500 dólares americanos fue comprado en Acapulco por la empresa que manejaban los presuntos narcotraficantes Carlo Sciaraffa y sus operadores Torre y Del Balso.
Se trata de una casa con jardín y alberca, tres dormitorios, tres baños y una sala comedor, en la cual había estado Del Balso hasta el 10 de octubre de 2006, fecha en que regresó a Canadá y fue detenido en el Aeropuerto de Montreal.
En la operación de compra-venta, las esposas de Torre y Del Balso quedaron registradas como las propietarias del inmueble.
Los sospechosos son parte de la célula de la mafia Italo americana que controlaba el tráfico de drogas en Montreal y que fueron detenidos en noviembre de 2006, en una acción de la Real Policía Montada de Canadá, denominada "Operación Coliseo".
En Canadá, el juicio está en curso y los indiciados aun no están citados para sentencia, porque las autoridades todavía reúnen pruebas para inculparles de tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado. El inmueble comprado en México es una de las evidencias.
En la prensa de Montreal, se ha ventilado que la empresa de los italo-americanos también se vinculó con una mujer que en la década pasada estuvo detenida en México por tráfico de indocumentados y que en Canadá también fue castigada por delitos migratorios.
Se trata de Lucy Couto, alias Lucy Da Silva, Lucía Alves o Samantha Da Silva, quien según las publicaciones, en 1992 pretendió en la Embajada de Canadá en México, regularizar indebidamente la estancia migratoria de 31 portugueses y brasileños que vivían en Toronto.
La información judicial en Canadá señala que Couto era pareja de un traficante de heroína de origen turco, Hasan Eroglu, asesinado en julio de 2005 en Montreal.
La empresa Malt Financing Inc. hizo un préstamo de 41 mil dólares canadienses a la mujer, quien usó el nombre de "Lucía Alves" en la transacción. Couto nunca pagó y fue demandada por un adeudo que con intereses incluidos está tasado en 70 mil dólares canadienses.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tiene en curso una investigación por presuntas inversiones que realizó el grupo delictivo en el puerto turístico, por medio de la empresa Malt Financing Inc., señalada por lavar dinero del tráfico de drogas.
La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la SIEDO lleva a cabo la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/003/07, contra Francesco del Balso, Giuseppe Torre y sus esposas Marisa D'Ambrosio y Polisena Delle Donne.
De acuerdo con información del caso, hasta ahora se ha detectado que un inmueble de 332 mil 500 dólares americanos fue comprado en Acapulco por la empresa que manejaban los presuntos narcotraficantes Carlo Sciaraffa y sus operadores Torre y Del Balso.
Se trata de una casa con jardín y alberca, tres dormitorios, tres baños y una sala comedor, en la cual había estado Del Balso hasta el 10 de octubre de 2006, fecha en que regresó a Canadá y fue detenido en el Aeropuerto de Montreal.
En la operación de compra-venta, las esposas de Torre y Del Balso quedaron registradas como las propietarias del inmueble.
Los sospechosos son parte de la célula de la mafia Italo americana que controlaba el tráfico de drogas en Montreal y que fueron detenidos en noviembre de 2006, en una acción de la Real Policía Montada de Canadá, denominada "Operación Coliseo".
En Canadá, el juicio está en curso y los indiciados aun no están citados para sentencia, porque las autoridades todavía reúnen pruebas para inculparles de tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado. El inmueble comprado en México es una de las evidencias.
En la prensa de Montreal, se ha ventilado que la empresa de los italo-americanos también se vinculó con una mujer que en la década pasada estuvo detenida en México por tráfico de indocumentados y que en Canadá también fue castigada por delitos migratorios.
Se trata de Lucy Couto, alias Lucy Da Silva, Lucía Alves o Samantha Da Silva, quien según las publicaciones, en 1992 pretendió en la Embajada de Canadá en México, regularizar indebidamente la estancia migratoria de 31 portugueses y brasileños que vivían en Toronto.
La información judicial en Canadá señala que Couto era pareja de un traficante de heroína de origen turco, Hasan Eroglu, asesinado en julio de 2005 en Montreal.
La empresa Malt Financing Inc. hizo un préstamo de 41 mil dólares canadienses a la mujer, quien usó el nombre de "Lucía Alves" en la transacción. Couto nunca pagó y fue demandada por un adeudo que con intereses incluidos está tasado en 70 mil dólares canadienses.
The Long War of Genaro García Luna
When Genaro García Luna, Mexico’s top police official, arrived in Tijuana in January, the city was in the middle of a storm of violence that he found, as he put it to me with clipped understatement soon after his visit, “surprising.” First, three local police officers were murdered in a single night, apparently in retaliation for a bust that a drug-cartel boss warned them not to carry out. A few days later, federal police officers tried to storm a trafficker safe house in a quiet Tijuana neighborhood and ended up in a shootout. Five gunmen held off dozens of police officers and soldiers for more than three hours. By the time the police made it inside the house, six kidnap victims from a rival cartel being held there had been executed. The traffickers had skinned off some of the victims’ faces to conceal their identities.
The attacks on the police officers were particularly worrying for García Luna, who as secretary of public security is one of the officials in charge of implementing President Felipe Calderón’s decision to aggressively wage war on drug trafficking. Just before García Luna’s visit to Tijuana, a police officer’s wife and 12-year-old daughter were murdered in their home there, in violation of a longstanding code of combat that is supposed to safeguard the families of cops and traffickers alike. In a further gesture of defiance, cartel assassins were issuing death threats over the police force’s own radio frequency, and the cartel seemed to be getting inside information about police operations. The gunmen in the Tijuana shootout had a cache of automatic weapons, including AK-47’s, the traditional weapon of choice for the cartels. During the shootout, the police, unsure of their ability to control the crossfire, evacuated hundreds of children from an adjacent preschool. “People are saying, ‘There are children fleeing here, like it’s Iraq,’ ” García Luna told me later.
What was “surprising” to him, however, was not the firepower or brutality of the traffickers; the surprising thing was that in Tijuana, the government was supposed to be winning. Over the previous few years, the city’s dominant drug cartel, known as the Arellano Félix cartel, after the family that runs it, had been, as many of García Luna’s top aides told me, practically dismantled. One of the Arellano Félix brothers was shot, another arrested by Mexican special forces and a third seized by American agents as he fished in the Pacific from a boat called the Dock Holiday. U.S. and Mexican authorities shut down several “narcotunnels,” elaborately engineered smuggling passages that run as deep as 100 feet below the fence that separates Tijuana from the United States. Stash after stash of cocaine, heroin, methamphetamine and marijuana was seized in town or intercepted at the border.
But by the measure that matters most to the average citizen — security — the situation was as bad or worse than ever. Even as the Mexican government was sending fleets of security officers to Tijuana, there were at least 15 drug-related killings there the week of García Luna’s visit.
This pattern has become common in Mexico. Since the end of 2006, the Calderón government has sent more than 25,000 soldiers and federal police on high-powered anti-drug “operations” to combat drug cartels. It has initiated sweeping plans for judicial and police reform. It has extradited several top cartel figures to the United States, earning praise and a package of anti-drug aid from the U.S. government. Yet this year is on pace to be the bloodiest on record for Mexico’s drug war, surpassing by almost 50 percent last year’s toll of more than 2,500 deaths.
Soon after the Tijuana shootout, the police got a tip about another building nearby — a plain-looking house with pale yellow walls and a basketball hoop outside. They raided it and found an underground chamber that they called an “assassin training school.” A policeman in a black ski mask gave me a tour, guiding me down a wooden ladder hidden beneath a fake bathroom sink. It went down into a long room with a low ceiling and lined with thick black insulation. There was heavy equipment for outfitting and repairing guns, and an estimated 30,000 rounds of ammunition were neatly organized by caliber on gray plastic shelves. Used shooting targets were pinned up to metal cans filled with scraps of tire, and hundreds of shells littered the floor. “It is incredible, facing these weapons,” García Luna told me later, shaking his head. “It is truly astonishing, in terms of quantity, in terms of caliber. Before, the most powerful weapon we would find was the cuerno de chivo” — the goat’s horn, Mexican slang for an AK-47. “Now we’re finding grenades, rockets.”
Since taking over as Mexico’s top cop at the end of 2006, García Luna has repeatedly said the situation with the drug cartels would get worse before it got better. But when I spoke to him after his visit to Tijuana, even he seemed startled at just how bad the violence had become — especially since the narcos had started turning their weapons on the state instead of on one another. One of García’s Luna’s top lieutenants, the federal police chief Edgar Millán Gómez, told me in March, “We are seeing a response to our operations: more attacks on police.” A month and a half later he, too, was dead.
A few weeks after the Tijuana bust, I went with García Luna to a meeting of state commanders and some local police chiefs outside Acapulco. The city has suffered its own bouts of drug violence in recent years. It is a major entry and distribution point for Colombian cocaine, and for much of last year two rival cartels were fighting for the turf. Acapulco has became famous for beheadings. In one notorious case, the heads of two police officers were deposited in front of a government building, along with a hand-lettered sign that read, “So that you learn some respect.” We traveled to the site of the meeting, an upscale beachfront hotel filled with American tourists, under the guard of gunmen in armored black S.U.V.’s.
Although he was just 38 when Calderón tapped him for his current job, García Luna had already spent almost 20 years in the security services, much of it monitoring organized crime and drug trafficking. By his late 20s, he was considered something of a wunderkind. Trained as an engineer, he was savvy about and comfortable with new technology at a time when those skills were becoming valued in security circles, and he rose quickly through the ranks. In the late ’90s, as Mexico began to emerge from 70 years of one-party rule, García Luna became a central player in efforts to reform the police. He helped found a new “preventive” police charged with keeping order throughout the country, then headed up the new Federal Investigation Agency, or AFI. Both these organizations are now functionally under his command, and if he has his way they will become an integrated federal police force in the coming years.
Raúl Benítez Manaut, a security analyst at the National Autonomous University of Mexico, calls García Luna’s task “the hardest job in the country.” For now, in carrying out many of the biggest operations against the cartels, the government has relied on the Mexican military. But militarization carries risks. The military worries about increasing corruption and a growing number of soldiers deserting their units to join the traffickers; others have warned that militarization will lead to major human rights violations. García Luna recently announced that the military should be heading back to the barracks, and a new and improved police — better-armed, better-trained, less corrupt — should begin fighting on its own by the end of this year. Before that can happen, though, he will have to build a kind of cohesive and effective federal police force that Mexico has never had.
At the meeting in Acapulco, the police chiefs, tough-looking men with mustaches and wearing guayabera shirts, were waiting for García Luna, their boss, in a conference room. With his square jaw, squat build and crew cut, García Luna cultivates the image of a cop in a world of politicians, a doer in a world of talkers, and after a cursory welcome he quickly moved to the matter at hand. He wanted to discuss, he said, “combating corruption through the systematic purging of the police corps.” That would mean “cleaning up” the forces controlled by some of the men in the room — with their help if possible, “by force if necessary.”
Local police forces — which make up the vast majority of police in Mexico — are the “Achilles’ heel of Mexican security,” as Jorge Chabat, a security expert close to the government, puts it. In much of the country the police are popularly viewed as abusive, incompetent and corrupt — a perception not helped by periodic scandals, like the recent appearance of videos showing Mexican police officers being trained in torture methods. In some of the main trafficker strongholds, the police are the protectors of the cartels; U.S. Drug Enforcement Administration officers on the ground refuse to even interact with local police departments for fear that doing so will put them at risk. David Zavala, a federal police commander running García Luna’s operation in the border city of Juárez, told me: “When we arrived, we first had to get the municipal police out of the way. A lot of them are involved in trafficking. Sometimes they’ll tell us, ‘There’s nothing over there.’ That’s the first place we look.”
The system of local law enforcement in Mexico has been “abandoned,” García Luna told me. “There is no strategy. Wages are very low. There is no trust.” Corruption among police officers, he went on, “is part of their everyday life.” García Luna has resorted to a variety of measures to bring the nation’s police in line, and he was explaining them to the police chiefs in Acapulco. To get their share of the $300 million the government has for improving local law enforcement, he said, the local departments will have to start working with a new national crime and intelligence system and subject their officers to a regimen of “trust tests” — polygraph exams, financial audits, psychological evaluations. Until then, as many of the chiefs knew from experience, García Luna would not hesitate to use more extreme measures, including forcibly disarming suspect officers.
After the meeting, I joined García Luna as he went to the hotel bar to have a beer with a police commander. García Luna said he thought the meeting had gone well, but he seemed more interested in talking about bomb design. The week before, a homemade explosive device had gone off in the center of Mexico City, killing the man carrying it and wounding a woman who was with him. The word was that the bomb was intended for a police official’s car as retribution for a series of strikes against the so-called Sinaloa cartel — signaling, many feared, a new phase in the drug war. Mexican security experts were talking about “Colombianization” or “the Pablo Escobar effect” — the idea being that, as with Escobar in Colombia in the late ’80s and early ’90s, the cartels were responding to the crackdown with a no-holds-barred assault on the state. “Now, in 2008, we are reaching terrorist violence,” Samuel González Ruiz, a former head of the Mexican attorney general’s organized-crime unit, told me the day after the explosion. “It is an escalation in their fight against the authorities.”
But escalation was not the cartel’s only tactic. Reports were filtering out of Tijuana that, in the wake of the shootout there, representatives of the Arellano Félix cartel had offered police and military officials a pact: the cartel would agree to control violence if the authorities would agree to let the cartels do business. The offer leaked to the press, prompting speculation about whether the government might negotiate.
The mere suggestion of a negotiation made García Luna angry. “Look, I’ll tell you with all forcefulness, we are not going to make a pact with anyone,” he said. “We are obligated to confront crime. That is our job, that is our duty, and we will not consider a pact.” And with that, he changed the subject.
Until quite recently, however, pacts between the government and the cartels, spoken or unspoken, were the norm. For most of the 20th century, Mexico was ruled by the Institutional Revolutionary Party. The P.R.I. was authoritarian and corrupt, but these traits offered certain advantages when dealing with the drug trade. Political power was centralized and tightly controlled. For a cartel, buying off a key figure in the P.R.I. was enough to guarantee dominance on a patch of territory. In exchange, the cartel had to keep the killing at a tolerable level and to stay off other cartels’ turf. Having accepted the drug trade’s existence, the government could act as an arbiter and as a check on violence. These arrangements were what García Luna refers to as “the historical laws of corruption” — and they are precisely what he sees it as his task to break.
“In some cases,” Jeffrey Davidow, the U.S. ambassador to Mexico in the final years of the P.R.I., told me, “there was absolute corruption, in the sense that the cartels would go to the governor or a mayor and say, ‘Here’s the money, don’t bother us.’ In other cases, and this might have been more common, the cartels would say, ‘Look, we’re going to do business here — don’t bother us, and we won’t bother you.’ It was a matter of reaching accommodation. There were reports that if the cartel had to kill anyone, they would take that person across state lines and kill them in the neighboring state.”
In the latter half of the ’90s, Mexico’s one-party political system started to open up, and in the 2000 presidential election, the P.R.I. lost power to Vicente Fox, a former Coca-Cola executive running under the banner of the National Action Party. The transition to democracy was a moment of great hope for Mexico. But it also undermined the system of de facto regulation of the drug trade. “What happened,” explains Luis Astorga, a Mexican scholar who studies the history of drug trafficking, “is that the state ceased being the referee of disputes and an apparatus that had the capacity to control, contain and simultaneously protect these groups. If there is no referee, the cartels will have to resolve disputes themselves, and drug traffickers don’t do this by having meetings.”
García Luna became a key player in Mexico’s antidrug efforts while this transition was taking place. “When we went in, we staked everything on taking on the heads of the criminal structure, going after the bosses,” he told me. The government has captured or killed some of the top figures in the Mexican cartels — several of the Arellano Félix brothers of Tijuana, Alfredo Beltrán Leyva of Sinaloa and Osiel Cárdenas Guillén of the Gulf cartel, which dominates the border towns abutting southeastern Texas. “The idea,” García Luna said, “was that by taking off the head, the body would stop functioning.” Instead, he noted ruefully, “the assassins took control.”
Rather than destroying the cartels, the government’s high-level strikes transformed the cartels from hierarchical organizations with commanding figures at the top to unruly mobs of men vying for power. The cartel’s hit men and hired muscle began shooting and slaughtering their way into the upper ranks of the organizations. “The government has gotten rid of some of the old bosses, but now we’ve got ourselves new leaders who are less sophisticated and more violent,” a top Mexican intelligence official, who was not authorized to speak publicly, told me.
There have also been changes in the drug trade itself. As Mexico has grown more prosperous, domestic drug use — driven in part by cartel employees who are paid in product — has grown considerably. Trafficking patterns have shifted as well. As Colombian cartels were weakened by a U.S.-backed government crackdown starting in the 1990s, and Caribbean routes became riskier for traffickers, Mexicans started taking over — just as a Nafta-induced trade boom made it easier than ever to get drugs across the border. The Mexican cartels long ago replaced the Colombians as the dominant players in the global cocaine trade. Now, according to U.S. government figures, about 90 percent of the cocaine consumed in the United States enters by land from Mexico.
When I met García Luna in Washington in January, soon after the shootout in Tijuana made headlines in the United States, he was carrying with him a manila envelope full of color photographs. The photographs were grisly full-color shots of dead Mexican police and narco gun caches — a police officer bleeding on the ground; the aftermath of the shootout; the underground firing range. García Luna thought of them as a sort of secret weapon of his own.
García Luna was in Washington to make the rounds of U.S. government agencies and Congressional offices — visiting those who would have to approve and implement the Merida Initiative, a $1.4 billion package of counternarcotics aid that the Bush administration proposed. (Congress has since authorized $400 million worth of aid to Mexico for next year, including equipment and technical support for García Luna’s police.) Seeming out of his element in the government buildings and think tanks — unlike many powerful Mexicans, he does not speak much English (all of my interviews with him were conducted in Spanish) — García Luna met with government officials and diplomats and gave a stilted power-point presentation to policy experts. He seemed more interested in the photographs he had brought, his way of making a blunt point about a touchy aspect of U.S.-Mexican relations: the vast majority of weapons in the cartel’s arsenals (80 to 90 percent, according to the Mexican government’s figures) are purchased in the United States, often at loosely regulated gun shows, and smuggled into Mexico by the same networks that smuggle drugs the opposite direction. García Luna has a hard time concealing his anger about the fact that U.S. laws make it difficult to do much about this “brutal flow” of firepower. “How is it possible,” he asked me, “that a person is allowed to go buy a hundred cuernos de chivo” — AK-47’s — “for himself?” In the United States, he said, “there was a lot of indifference.”
In meetings with U.S. officials, García Luna passed around the photographs, with little fanfare or preface. Davy Aguilera, the Mexico attaché for the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, who was present for one of García Luna’s presentations, said that the images of gun violence “made a real impression inside the Beltway.” Many U.S. officials have come to share García Luna’s frustration. “You take the guns away and you’ll win,” a senior Senate staff member who worked on the Merida Initiative (and who is not authorized to talk publicly about legislation that came out of his committee) said to me. “But if you can’t deal with the issue of guns, you’re not going to see much progress. They’re finding unopened boxes of AK-47’s.”
García Luna told me that “the most important thing is co-responsibility” — an acknowledgment that the United States owes Mexico its support in a long and difficult war. The point of this acknowledgment is not just symbolism. The narcos, he explained, “terrorize the community to build their own social base through intimidation, through fear, so that they can carry out their criminal activities with impunity.” U.S. support would help bolster the message that the good guys will not back down. Projecting toughness and resolve, as García Luna sees it, may be the most important weapon of all.
The cartels seem to understand this way of thinking, and they try to send the opposite message: the bad guys will never back down, either. In 2005, they started posting videos of gangland executions on YouTube. It was, García Luna and others have argued, a gimmick copied directly from insurgents in Iraq. “It was truly brutal. There was postproduction, editing, special effects,” he pointed out. “These were not just videos meant to show what had happened.” They were, rather, shots in the media war, meant to grab headlines and persuade the Mexican people that resistance is futile. It did not help the government’s cause that some of the videos seemed to show the involvement of the police in cartel executions — including police officers operating under García Luna’s command.
García Luna generally wins praise for acknowledging just how central police corruption is to the drug trade. He has ordered a substantive overhaul of the police, including new educational requirements and higher salaries for incoming officers. He has removed almost 300 federal police commanders, replacing them with trusted officers trained at a new police academy. U.S. counternarcotics officials tend to view the key people under García Luna’s command as an honest core that can be trusted with U.S.-acquired intelligence. That improved intelligence-sharing has led to some high-profile successes in the past year: the seizure of more than 23 tons of cocaine, the biggest bust ever; the arrest of a legendary cartel figure known as the Queen of the Pacific; the discovery of $207 million in supposedly methamphetamine-related cash stashed in the walls of a Mexico City home. “The intel sharing has been key in all of those,” Steve Robertson, a D.E.A. special agent who works on Mexico, told me.
Still, the sheer amount of money involved makes some police corruption as well as other high-level corruption almost inevitable. U.S. and Mexican observers alike are quick to hedge their praise of García Luna’s efforts, often with a bit of history. In 1997, Mexico’s newly appointed drug czar, an army general named Jesús Gutiérrez Rebollo, was arrested for working with the Juárez cartel. For months before that, he was celebrated as the tough, honest new face of Mexican counternarcotics.
“In Tamaulipas, you never know who is with you and who is against you.” Edgar Millán, the federal police chief, made this pronouncement as we drove through a scrubland of farms, factories, fast food and truck traffic in the state, which lies just across the border from South Texas. Conveniently for the cartels, Tamaulipas also has a major port on the Gulf of Mexico. Cocaine comes to Mexico by sea, stashed in cargo from South or Central America, and then is smuggled into the United States in one of the millions of private vehicles or shipping containers that cross every year. In a single day, thousands of cars and trucks enter the United States from Tamaulipas alone. Enough cocaine to supply American demand for a year, a market worth some $35 billion, might fill a dozen or so tractor-trailers.
Tamaulipas has been one of the bloodiest fronts in Mexico’s war on drugs for several years. And as in Tijuana, this year started out on a bad note. “We had to show the cartels that the Mexican state was not going to back off,” Millán told me as we rode along the U.S. border in an armored pickup truck. We were in the middle of what is considered the stronghold of the Zetas, a group of former Mexican special-forces operatives who formed a paramilitary cell for the Tamaulipas-based Gulf cartel. The Zetas had become the most feared force in Mexico. “For them, this zone was untouchable,” Millán said. “We practically couldn’t come here.” Several years ago, Mexico captured the Gulf cartel’s boss, Osiel Cárdenas, and proclaimed a major victory. But that only left the Zetas to run the business on their own and made the rival Sinaloa cartel think it might have an opportunity to move into Tamaulipas. As a result, the Zetas were warring among themselves for control while also trying to fend off Sinaloa operatives.
When we got to the small border town of Río Bravo, Millán directed his driver to go to a former cartel safe house, near where the police engaged in a lengthy shootout with Zeta gunmen at the beginning of this year. Millán pointed out locations where bodies had fallen and grenades had landed. He hardly thought it worth noting that the safe house is directly across the street from the local police station. When I asked him about it, he shrugged. “The power and money of the cartels allows them to recruit police at every level,” he said. “Local police forces have the most contact, the most presence in the streets, so they are the most infiltrated.” Local taxi drivers also serve as a statewide surveillance network for the cartels, Millán explained.
Despite the poor start to the year, by spring García Luna was holding up Tamaulipas as evidence of what his strategy could achieve. Millán agreed that, after months of a heavy federal police and military presence — of checkpoints on the main highways, of targeted raids on suspected cartel houses, of “neutralizing” corrupt local police commanders — things had improved. “We have retaken the area,” Millán told me. We stopped at a police checkpoint, where officers searched cars while half a dozen men with assault rifles looked on. “It continues to be dangerous, it continues to be difficult,” he said. “But our commitment is clear. We are going to win this war.” He summoned the commander overseeing the checkpoint, who explained how the police presence has affected the behavior of the cartels. “Now they are operating with a lower profile,” he said. I asked him what that meant. “It doesn’t mean they are stopping their business,” he responded. “They are always looking for new strategies.” The police have driven them off the main roads, so “they are using the dirt roads in the fields” to continue trafficking.
Later, I asked García Luna if this was an acceptable definition of success in the war on drugs: violence down, the police seemingly in charge, the cartels operating less conspicuously and less violently. He ducked the question but did not dispute the implication. “Given the temptation,” he said, “there are people who are always going to play the game, whether by airplane or helicopter, by land, by sea, because there is a real market. ... There is no product like it in the world.” (When I asked David Johnson, the assistant secretary of state for International Narcotics and Law Enforcement, about the reason for mounting drug violence in Mexico, he said, without prompting, “In significant measure, it grows out of violent people taking advantage of the continuing strong demand in the United States.”) García Luna mentioned Colombia, invoking an analogy that Mexican and U.S. officials generally resist. Colombia has received billions of dollars in U.S. anti-drug aid under Plan Colombia, and violence has fallen significantly in the past several years. “Do you know how much the amount of drugs leaving Colombia has gone down?” García Luna asked me. “Check,” he said with a smile. And indeed, by all evidence, there has been no significant decrease in drug flows out of Colombia or in the availability of cocaine or heroin in the United States — and yet, Colombia is considered a success story.
In a recent interview with a member of the editorial board of The Wall Street Journal, Mexico’s attorney general, Eduardo Medina Mora, acknowledged that the objective “cannot be destroying narcotrafficking or drug-related crime.” “Trying to get rid of consumption and trafficking,” he said, “is impossible.” Jorge Chabat explained to me: “The strategy of the government is to turn the big cartels into lots of small cartels. If you have 50 small cartels instead of four big cartels, first you have less international pressure, and second, you will have violence in the short term, but in the long term you will have much less violence.”
Achieving even that goal means changing the balance between the government and the cartels — and that may be a much bloodier task than García Luna and many Mexicans anticipate. The police have uncovered plots against top law-enforcement officials in Mexico City involving grenades and rocket launchers. The attorney general’s office recently released statistics showing that under Calderón’s government, almost 500 law-enforcement personnel — some of them clean, some of them surely corrupt — have been killed in drug violence. One border police chief even sought asylum in the United States. And in recent polls, Mexicans have expressed growing doubt that the authorities are up to the fight: 56 percent say they believe that the cartels are more powerful than the government, while just 23 percent say they believe the government is more powerful than the cartels. But García Luna and his men contend that they will not back down until the cartels have been broken. As Millán told me in Tamaulipas, “They think we will step back, but on the contrary, we will attack them harder.”
A few weeks later, Millán was shot to death in an apartment in Mexico City. A disgruntled former federal cop had reportedly sold information about Millán’s movements to the Sinaloa cartel. Two other federal police officials close to García Luna were also killed around the same time; another senior officer and his bodyguard were gunned down in June while eating lunch in Mexico City.
I asked García Luna recently whether the fight was worth it, for him personally and for Mexico. “This has been my life,” he said, suggesting that such a calculation was not possible for him: he will fight because that is what he does. “I have been chosen to live this,” he went on. “I have 20 years of it, and this position is the summit of my career. I feel a personal obligation.” García Luna argues that Mexico is in a moment of violent transformation and that the only way through is to keep pushing forward. To Americans, he likes to bring up the example of the Mafia, to show that this has nothing to do with Mexican incompetence or corruption. “That is how it has been all over the world,” he said. “Look at Chicago, New York, Italy.”
García Luna had begun repeating the same phrase Millán used, which has turned into something of a mantra — ni un paso atrás, “not a step back.” When I asked him about when violence would begin to decline, he became frustrated. “Is it costly?” he said. “Yes, it is costly. You have to face it.” Over his shoulder was a small statue of Don Quixote, which he keeps on a shelf behind his desk.
The attacks on the police officers were particularly worrying for García Luna, who as secretary of public security is one of the officials in charge of implementing President Felipe Calderón’s decision to aggressively wage war on drug trafficking. Just before García Luna’s visit to Tijuana, a police officer’s wife and 12-year-old daughter were murdered in their home there, in violation of a longstanding code of combat that is supposed to safeguard the families of cops and traffickers alike. In a further gesture of defiance, cartel assassins were issuing death threats over the police force’s own radio frequency, and the cartel seemed to be getting inside information about police operations. The gunmen in the Tijuana shootout had a cache of automatic weapons, including AK-47’s, the traditional weapon of choice for the cartels. During the shootout, the police, unsure of their ability to control the crossfire, evacuated hundreds of children from an adjacent preschool. “People are saying, ‘There are children fleeing here, like it’s Iraq,’ ” García Luna told me later.
What was “surprising” to him, however, was not the firepower or brutality of the traffickers; the surprising thing was that in Tijuana, the government was supposed to be winning. Over the previous few years, the city’s dominant drug cartel, known as the Arellano Félix cartel, after the family that runs it, had been, as many of García Luna’s top aides told me, practically dismantled. One of the Arellano Félix brothers was shot, another arrested by Mexican special forces and a third seized by American agents as he fished in the Pacific from a boat called the Dock Holiday. U.S. and Mexican authorities shut down several “narcotunnels,” elaborately engineered smuggling passages that run as deep as 100 feet below the fence that separates Tijuana from the United States. Stash after stash of cocaine, heroin, methamphetamine and marijuana was seized in town or intercepted at the border.
But by the measure that matters most to the average citizen — security — the situation was as bad or worse than ever. Even as the Mexican government was sending fleets of security officers to Tijuana, there were at least 15 drug-related killings there the week of García Luna’s visit.
This pattern has become common in Mexico. Since the end of 2006, the Calderón government has sent more than 25,000 soldiers and federal police on high-powered anti-drug “operations” to combat drug cartels. It has initiated sweeping plans for judicial and police reform. It has extradited several top cartel figures to the United States, earning praise and a package of anti-drug aid from the U.S. government. Yet this year is on pace to be the bloodiest on record for Mexico’s drug war, surpassing by almost 50 percent last year’s toll of more than 2,500 deaths.
Soon after the Tijuana shootout, the police got a tip about another building nearby — a plain-looking house with pale yellow walls and a basketball hoop outside. They raided it and found an underground chamber that they called an “assassin training school.” A policeman in a black ski mask gave me a tour, guiding me down a wooden ladder hidden beneath a fake bathroom sink. It went down into a long room with a low ceiling and lined with thick black insulation. There was heavy equipment for outfitting and repairing guns, and an estimated 30,000 rounds of ammunition were neatly organized by caliber on gray plastic shelves. Used shooting targets were pinned up to metal cans filled with scraps of tire, and hundreds of shells littered the floor. “It is incredible, facing these weapons,” García Luna told me later, shaking his head. “It is truly astonishing, in terms of quantity, in terms of caliber. Before, the most powerful weapon we would find was the cuerno de chivo” — the goat’s horn, Mexican slang for an AK-47. “Now we’re finding grenades, rockets.”
Since taking over as Mexico’s top cop at the end of 2006, García Luna has repeatedly said the situation with the drug cartels would get worse before it got better. But when I spoke to him after his visit to Tijuana, even he seemed startled at just how bad the violence had become — especially since the narcos had started turning their weapons on the state instead of on one another. One of García’s Luna’s top lieutenants, the federal police chief Edgar Millán Gómez, told me in March, “We are seeing a response to our operations: more attacks on police.” A month and a half later he, too, was dead.
A few weeks after the Tijuana bust, I went with García Luna to a meeting of state commanders and some local police chiefs outside Acapulco. The city has suffered its own bouts of drug violence in recent years. It is a major entry and distribution point for Colombian cocaine, and for much of last year two rival cartels were fighting for the turf. Acapulco has became famous for beheadings. In one notorious case, the heads of two police officers were deposited in front of a government building, along with a hand-lettered sign that read, “So that you learn some respect.” We traveled to the site of the meeting, an upscale beachfront hotel filled with American tourists, under the guard of gunmen in armored black S.U.V.’s.
Although he was just 38 when Calderón tapped him for his current job, García Luna had already spent almost 20 years in the security services, much of it monitoring organized crime and drug trafficking. By his late 20s, he was considered something of a wunderkind. Trained as an engineer, he was savvy about and comfortable with new technology at a time when those skills were becoming valued in security circles, and he rose quickly through the ranks. In the late ’90s, as Mexico began to emerge from 70 years of one-party rule, García Luna became a central player in efforts to reform the police. He helped found a new “preventive” police charged with keeping order throughout the country, then headed up the new Federal Investigation Agency, or AFI. Both these organizations are now functionally under his command, and if he has his way they will become an integrated federal police force in the coming years.
Raúl Benítez Manaut, a security analyst at the National Autonomous University of Mexico, calls García Luna’s task “the hardest job in the country.” For now, in carrying out many of the biggest operations against the cartels, the government has relied on the Mexican military. But militarization carries risks. The military worries about increasing corruption and a growing number of soldiers deserting their units to join the traffickers; others have warned that militarization will lead to major human rights violations. García Luna recently announced that the military should be heading back to the barracks, and a new and improved police — better-armed, better-trained, less corrupt — should begin fighting on its own by the end of this year. Before that can happen, though, he will have to build a kind of cohesive and effective federal police force that Mexico has never had.
At the meeting in Acapulco, the police chiefs, tough-looking men with mustaches and wearing guayabera shirts, were waiting for García Luna, their boss, in a conference room. With his square jaw, squat build and crew cut, García Luna cultivates the image of a cop in a world of politicians, a doer in a world of talkers, and after a cursory welcome he quickly moved to the matter at hand. He wanted to discuss, he said, “combating corruption through the systematic purging of the police corps.” That would mean “cleaning up” the forces controlled by some of the men in the room — with their help if possible, “by force if necessary.”
Local police forces — which make up the vast majority of police in Mexico — are the “Achilles’ heel of Mexican security,” as Jorge Chabat, a security expert close to the government, puts it. In much of the country the police are popularly viewed as abusive, incompetent and corrupt — a perception not helped by periodic scandals, like the recent appearance of videos showing Mexican police officers being trained in torture methods. In some of the main trafficker strongholds, the police are the protectors of the cartels; U.S. Drug Enforcement Administration officers on the ground refuse to even interact with local police departments for fear that doing so will put them at risk. David Zavala, a federal police commander running García Luna’s operation in the border city of Juárez, told me: “When we arrived, we first had to get the municipal police out of the way. A lot of them are involved in trafficking. Sometimes they’ll tell us, ‘There’s nothing over there.’ That’s the first place we look.”
The system of local law enforcement in Mexico has been “abandoned,” García Luna told me. “There is no strategy. Wages are very low. There is no trust.” Corruption among police officers, he went on, “is part of their everyday life.” García Luna has resorted to a variety of measures to bring the nation’s police in line, and he was explaining them to the police chiefs in Acapulco. To get their share of the $300 million the government has for improving local law enforcement, he said, the local departments will have to start working with a new national crime and intelligence system and subject their officers to a regimen of “trust tests” — polygraph exams, financial audits, psychological evaluations. Until then, as many of the chiefs knew from experience, García Luna would not hesitate to use more extreme measures, including forcibly disarming suspect officers.
After the meeting, I joined García Luna as he went to the hotel bar to have a beer with a police commander. García Luna said he thought the meeting had gone well, but he seemed more interested in talking about bomb design. The week before, a homemade explosive device had gone off in the center of Mexico City, killing the man carrying it and wounding a woman who was with him. The word was that the bomb was intended for a police official’s car as retribution for a series of strikes against the so-called Sinaloa cartel — signaling, many feared, a new phase in the drug war. Mexican security experts were talking about “Colombianization” or “the Pablo Escobar effect” — the idea being that, as with Escobar in Colombia in the late ’80s and early ’90s, the cartels were responding to the crackdown with a no-holds-barred assault on the state. “Now, in 2008, we are reaching terrorist violence,” Samuel González Ruiz, a former head of the Mexican attorney general’s organized-crime unit, told me the day after the explosion. “It is an escalation in their fight against the authorities.”
But escalation was not the cartel’s only tactic. Reports were filtering out of Tijuana that, in the wake of the shootout there, representatives of the Arellano Félix cartel had offered police and military officials a pact: the cartel would agree to control violence if the authorities would agree to let the cartels do business. The offer leaked to the press, prompting speculation about whether the government might negotiate.
The mere suggestion of a negotiation made García Luna angry. “Look, I’ll tell you with all forcefulness, we are not going to make a pact with anyone,” he said. “We are obligated to confront crime. That is our job, that is our duty, and we will not consider a pact.” And with that, he changed the subject.
Until quite recently, however, pacts between the government and the cartels, spoken or unspoken, were the norm. For most of the 20th century, Mexico was ruled by the Institutional Revolutionary Party. The P.R.I. was authoritarian and corrupt, but these traits offered certain advantages when dealing with the drug trade. Political power was centralized and tightly controlled. For a cartel, buying off a key figure in the P.R.I. was enough to guarantee dominance on a patch of territory. In exchange, the cartel had to keep the killing at a tolerable level and to stay off other cartels’ turf. Having accepted the drug trade’s existence, the government could act as an arbiter and as a check on violence. These arrangements were what García Luna refers to as “the historical laws of corruption” — and they are precisely what he sees it as his task to break.
“In some cases,” Jeffrey Davidow, the U.S. ambassador to Mexico in the final years of the P.R.I., told me, “there was absolute corruption, in the sense that the cartels would go to the governor or a mayor and say, ‘Here’s the money, don’t bother us.’ In other cases, and this might have been more common, the cartels would say, ‘Look, we’re going to do business here — don’t bother us, and we won’t bother you.’ It was a matter of reaching accommodation. There were reports that if the cartel had to kill anyone, they would take that person across state lines and kill them in the neighboring state.”
In the latter half of the ’90s, Mexico’s one-party political system started to open up, and in the 2000 presidential election, the P.R.I. lost power to Vicente Fox, a former Coca-Cola executive running under the banner of the National Action Party. The transition to democracy was a moment of great hope for Mexico. But it also undermined the system of de facto regulation of the drug trade. “What happened,” explains Luis Astorga, a Mexican scholar who studies the history of drug trafficking, “is that the state ceased being the referee of disputes and an apparatus that had the capacity to control, contain and simultaneously protect these groups. If there is no referee, the cartels will have to resolve disputes themselves, and drug traffickers don’t do this by having meetings.”
García Luna became a key player in Mexico’s antidrug efforts while this transition was taking place. “When we went in, we staked everything on taking on the heads of the criminal structure, going after the bosses,” he told me. The government has captured or killed some of the top figures in the Mexican cartels — several of the Arellano Félix brothers of Tijuana, Alfredo Beltrán Leyva of Sinaloa and Osiel Cárdenas Guillén of the Gulf cartel, which dominates the border towns abutting southeastern Texas. “The idea,” García Luna said, “was that by taking off the head, the body would stop functioning.” Instead, he noted ruefully, “the assassins took control.”
Rather than destroying the cartels, the government’s high-level strikes transformed the cartels from hierarchical organizations with commanding figures at the top to unruly mobs of men vying for power. The cartel’s hit men and hired muscle began shooting and slaughtering their way into the upper ranks of the organizations. “The government has gotten rid of some of the old bosses, but now we’ve got ourselves new leaders who are less sophisticated and more violent,” a top Mexican intelligence official, who was not authorized to speak publicly, told me.
There have also been changes in the drug trade itself. As Mexico has grown more prosperous, domestic drug use — driven in part by cartel employees who are paid in product — has grown considerably. Trafficking patterns have shifted as well. As Colombian cartels were weakened by a U.S.-backed government crackdown starting in the 1990s, and Caribbean routes became riskier for traffickers, Mexicans started taking over — just as a Nafta-induced trade boom made it easier than ever to get drugs across the border. The Mexican cartels long ago replaced the Colombians as the dominant players in the global cocaine trade. Now, according to U.S. government figures, about 90 percent of the cocaine consumed in the United States enters by land from Mexico.
When I met García Luna in Washington in January, soon after the shootout in Tijuana made headlines in the United States, he was carrying with him a manila envelope full of color photographs. The photographs were grisly full-color shots of dead Mexican police and narco gun caches — a police officer bleeding on the ground; the aftermath of the shootout; the underground firing range. García Luna thought of them as a sort of secret weapon of his own.
García Luna was in Washington to make the rounds of U.S. government agencies and Congressional offices — visiting those who would have to approve and implement the Merida Initiative, a $1.4 billion package of counternarcotics aid that the Bush administration proposed. (Congress has since authorized $400 million worth of aid to Mexico for next year, including equipment and technical support for García Luna’s police.) Seeming out of his element in the government buildings and think tanks — unlike many powerful Mexicans, he does not speak much English (all of my interviews with him were conducted in Spanish) — García Luna met with government officials and diplomats and gave a stilted power-point presentation to policy experts. He seemed more interested in the photographs he had brought, his way of making a blunt point about a touchy aspect of U.S.-Mexican relations: the vast majority of weapons in the cartel’s arsenals (80 to 90 percent, according to the Mexican government’s figures) are purchased in the United States, often at loosely regulated gun shows, and smuggled into Mexico by the same networks that smuggle drugs the opposite direction. García Luna has a hard time concealing his anger about the fact that U.S. laws make it difficult to do much about this “brutal flow” of firepower. “How is it possible,” he asked me, “that a person is allowed to go buy a hundred cuernos de chivo” — AK-47’s — “for himself?” In the United States, he said, “there was a lot of indifference.”
In meetings with U.S. officials, García Luna passed around the photographs, with little fanfare or preface. Davy Aguilera, the Mexico attaché for the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, who was present for one of García Luna’s presentations, said that the images of gun violence “made a real impression inside the Beltway.” Many U.S. officials have come to share García Luna’s frustration. “You take the guns away and you’ll win,” a senior Senate staff member who worked on the Merida Initiative (and who is not authorized to talk publicly about legislation that came out of his committee) said to me. “But if you can’t deal with the issue of guns, you’re not going to see much progress. They’re finding unopened boxes of AK-47’s.”
García Luna told me that “the most important thing is co-responsibility” — an acknowledgment that the United States owes Mexico its support in a long and difficult war. The point of this acknowledgment is not just symbolism. The narcos, he explained, “terrorize the community to build their own social base through intimidation, through fear, so that they can carry out their criminal activities with impunity.” U.S. support would help bolster the message that the good guys will not back down. Projecting toughness and resolve, as García Luna sees it, may be the most important weapon of all.
The cartels seem to understand this way of thinking, and they try to send the opposite message: the bad guys will never back down, either. In 2005, they started posting videos of gangland executions on YouTube. It was, García Luna and others have argued, a gimmick copied directly from insurgents in Iraq. “It was truly brutal. There was postproduction, editing, special effects,” he pointed out. “These were not just videos meant to show what had happened.” They were, rather, shots in the media war, meant to grab headlines and persuade the Mexican people that resistance is futile. It did not help the government’s cause that some of the videos seemed to show the involvement of the police in cartel executions — including police officers operating under García Luna’s command.
García Luna generally wins praise for acknowledging just how central police corruption is to the drug trade. He has ordered a substantive overhaul of the police, including new educational requirements and higher salaries for incoming officers. He has removed almost 300 federal police commanders, replacing them with trusted officers trained at a new police academy. U.S. counternarcotics officials tend to view the key people under García Luna’s command as an honest core that can be trusted with U.S.-acquired intelligence. That improved intelligence-sharing has led to some high-profile successes in the past year: the seizure of more than 23 tons of cocaine, the biggest bust ever; the arrest of a legendary cartel figure known as the Queen of the Pacific; the discovery of $207 million in supposedly methamphetamine-related cash stashed in the walls of a Mexico City home. “The intel sharing has been key in all of those,” Steve Robertson, a D.E.A. special agent who works on Mexico, told me.
Still, the sheer amount of money involved makes some police corruption as well as other high-level corruption almost inevitable. U.S. and Mexican observers alike are quick to hedge their praise of García Luna’s efforts, often with a bit of history. In 1997, Mexico’s newly appointed drug czar, an army general named Jesús Gutiérrez Rebollo, was arrested for working with the Juárez cartel. For months before that, he was celebrated as the tough, honest new face of Mexican counternarcotics.
“In Tamaulipas, you never know who is with you and who is against you.” Edgar Millán, the federal police chief, made this pronouncement as we drove through a scrubland of farms, factories, fast food and truck traffic in the state, which lies just across the border from South Texas. Conveniently for the cartels, Tamaulipas also has a major port on the Gulf of Mexico. Cocaine comes to Mexico by sea, stashed in cargo from South or Central America, and then is smuggled into the United States in one of the millions of private vehicles or shipping containers that cross every year. In a single day, thousands of cars and trucks enter the United States from Tamaulipas alone. Enough cocaine to supply American demand for a year, a market worth some $35 billion, might fill a dozen or so tractor-trailers.
Tamaulipas has been one of the bloodiest fronts in Mexico’s war on drugs for several years. And as in Tijuana, this year started out on a bad note. “We had to show the cartels that the Mexican state was not going to back off,” Millán told me as we rode along the U.S. border in an armored pickup truck. We were in the middle of what is considered the stronghold of the Zetas, a group of former Mexican special-forces operatives who formed a paramilitary cell for the Tamaulipas-based Gulf cartel. The Zetas had become the most feared force in Mexico. “For them, this zone was untouchable,” Millán said. “We practically couldn’t come here.” Several years ago, Mexico captured the Gulf cartel’s boss, Osiel Cárdenas, and proclaimed a major victory. But that only left the Zetas to run the business on their own and made the rival Sinaloa cartel think it might have an opportunity to move into Tamaulipas. As a result, the Zetas were warring among themselves for control while also trying to fend off Sinaloa operatives.
When we got to the small border town of Río Bravo, Millán directed his driver to go to a former cartel safe house, near where the police engaged in a lengthy shootout with Zeta gunmen at the beginning of this year. Millán pointed out locations where bodies had fallen and grenades had landed. He hardly thought it worth noting that the safe house is directly across the street from the local police station. When I asked him about it, he shrugged. “The power and money of the cartels allows them to recruit police at every level,” he said. “Local police forces have the most contact, the most presence in the streets, so they are the most infiltrated.” Local taxi drivers also serve as a statewide surveillance network for the cartels, Millán explained.
Despite the poor start to the year, by spring García Luna was holding up Tamaulipas as evidence of what his strategy could achieve. Millán agreed that, after months of a heavy federal police and military presence — of checkpoints on the main highways, of targeted raids on suspected cartel houses, of “neutralizing” corrupt local police commanders — things had improved. “We have retaken the area,” Millán told me. We stopped at a police checkpoint, where officers searched cars while half a dozen men with assault rifles looked on. “It continues to be dangerous, it continues to be difficult,” he said. “But our commitment is clear. We are going to win this war.” He summoned the commander overseeing the checkpoint, who explained how the police presence has affected the behavior of the cartels. “Now they are operating with a lower profile,” he said. I asked him what that meant. “It doesn’t mean they are stopping their business,” he responded. “They are always looking for new strategies.” The police have driven them off the main roads, so “they are using the dirt roads in the fields” to continue trafficking.
Later, I asked García Luna if this was an acceptable definition of success in the war on drugs: violence down, the police seemingly in charge, the cartels operating less conspicuously and less violently. He ducked the question but did not dispute the implication. “Given the temptation,” he said, “there are people who are always going to play the game, whether by airplane or helicopter, by land, by sea, because there is a real market. ... There is no product like it in the world.” (When I asked David Johnson, the assistant secretary of state for International Narcotics and Law Enforcement, about the reason for mounting drug violence in Mexico, he said, without prompting, “In significant measure, it grows out of violent people taking advantage of the continuing strong demand in the United States.”) García Luna mentioned Colombia, invoking an analogy that Mexican and U.S. officials generally resist. Colombia has received billions of dollars in U.S. anti-drug aid under Plan Colombia, and violence has fallen significantly in the past several years. “Do you know how much the amount of drugs leaving Colombia has gone down?” García Luna asked me. “Check,” he said with a smile. And indeed, by all evidence, there has been no significant decrease in drug flows out of Colombia or in the availability of cocaine or heroin in the United States — and yet, Colombia is considered a success story.
In a recent interview with a member of the editorial board of The Wall Street Journal, Mexico’s attorney general, Eduardo Medina Mora, acknowledged that the objective “cannot be destroying narcotrafficking or drug-related crime.” “Trying to get rid of consumption and trafficking,” he said, “is impossible.” Jorge Chabat explained to me: “The strategy of the government is to turn the big cartels into lots of small cartels. If you have 50 small cartels instead of four big cartels, first you have less international pressure, and second, you will have violence in the short term, but in the long term you will have much less violence.”
Achieving even that goal means changing the balance between the government and the cartels — and that may be a much bloodier task than García Luna and many Mexicans anticipate. The police have uncovered plots against top law-enforcement officials in Mexico City involving grenades and rocket launchers. The attorney general’s office recently released statistics showing that under Calderón’s government, almost 500 law-enforcement personnel — some of them clean, some of them surely corrupt — have been killed in drug violence. One border police chief even sought asylum in the United States. And in recent polls, Mexicans have expressed growing doubt that the authorities are up to the fight: 56 percent say they believe that the cartels are more powerful than the government, while just 23 percent say they believe the government is more powerful than the cartels. But García Luna and his men contend that they will not back down until the cartels have been broken. As Millán told me in Tamaulipas, “They think we will step back, but on the contrary, we will attack them harder.”
A few weeks later, Millán was shot to death in an apartment in Mexico City. A disgruntled former federal cop had reportedly sold information about Millán’s movements to the Sinaloa cartel. Two other federal police officials close to García Luna were also killed around the same time; another senior officer and his bodyguard were gunned down in June while eating lunch in Mexico City.
I asked García Luna recently whether the fight was worth it, for him personally and for Mexico. “This has been my life,” he said, suggesting that such a calculation was not possible for him: he will fight because that is what he does. “I have been chosen to live this,” he went on. “I have 20 years of it, and this position is the summit of my career. I feel a personal obligation.” García Luna argues that Mexico is in a moment of violent transformation and that the only way through is to keep pushing forward. To Americans, he likes to bring up the example of the Mafia, to show that this has nothing to do with Mexican incompetence or corruption. “That is how it has been all over the world,” he said. “Look at Chicago, New York, Italy.”
García Luna had begun repeating the same phrase Millán used, which has turned into something of a mantra — ni un paso atrás, “not a step back.” When I asked him about when violence would begin to decline, he became frustrated. “Is it costly?” he said. “Yes, it is costly. You have to face it.” Over his shoulder was a small statue of Don Quixote, which he keeps on a shelf behind his desk.
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domingo, 13 de julio de 2008
Caen presuntos responsables de la masacre de 11 personas
La Secretaría de la Defensa Nacional identificó a los 8 sicarios detenidos en el fraccionamiento Acueducto como miembros de una célula del grupo de narcotraficantes de los Beltrán Leyva, los cuales son investigados por su presunta participación en la ejecución de 11 personas perpetrada el jueves y el enfrentamiento del sábado en el fraccionamiento Rincones del Humaya.
En el comunicado 038/2008, la Vocería en Materia de Seguridad del operativo conjunto Culiacán-Navolato señala además que una de las armas del arsenal que le fueron aseguradas a los presuntos gatilleros es un lanzacohetes M-72 ligero antitanque de fabricación norteamericana.
La captura de la célula delictiva ocurrió el sábado pasado a las 15:20 horas cuando vecinos escucharon tres detonaciones de arma de fuego al aire en un domicilio del fraccionamiento Acueducto III.
Minutos después arribaron más de 200 militares en 25 camiones y Hummers artillados a la casa marcada con el número 4708, ubicada en calle Del Llano, entre Acueducto Romano y Cerritos, en el sector mencionado.
El documento señala que las autoridades recibieron una denuncia anónima, la cual indicó que en ese domicilio habían arribado personas armadas en una camioneta Cheroke y un vehículo marca Honda Accord.
Fue a través de trabajo de inteligencia que los militares lograron ubicar la residencia y procedieron a realizar un operativo al final del cual los sicarios al ver la presencia militar no ofrecieron resistencia pese al armamento con que contaban.
El comunicado resalta que gracias al trabajo cuidadoso y profesional, la aprehensión de estos individuos se logró sin necesidad de hacer disparo de armas de fuego y sin lesionar o afectar a los vecinos del lugar, garantizando en todo momento la integridad de los civiles.
La SEDENA y la PGR señalan que por el tipo de armamento y municiones que se les decomisó, así como el lanzacohetes M-72, se presume que esta célula vinculada a la organización delictiva de los "Beltrán Leyva" está implicada en el homicidio de 11personas del pasado 10 de julio, entre las que se encontraban académicos de UAS, menores de edad y elementos policíacos.
También señalan que cuentan con indicios que estos delincuentes están implicados en la agresión a la vivienda del fraccionamiento Rincones del Humaya en esta ciudad ocurrido la mañana del sábado 12 de julio.
Dentro de la coordinación interinstitucional, participó personal de la Agencia Investigadora de Homicidios de Alto Impacto de la Procuraduría General De Justicia del Estado con peritos en balística, quienes están coadyuvando en la revisión del armamento y realizando las indagatorias respectivas, a fin de fortalecer la integración de las averiguaciones previas 101, 102, y 103, que inició la PGJE, sobre los actos ocurridos el pasado 10 y 12 de julio.
Mientras que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal por los delitos de Delincuencia Organizada, Portación y Posesión de Armas de Fuego de uso exclusivo del Ejercito y Fuerza Aérea, Posesión de Cartuchos de uso exclusivo del ejercito y fuerza aérea, Acopio de armas, Contra la Salud y los que se configuren.
Detenidos:
1.- Héctor Manuel León León, de 21 años
2.- Eulogio Hernández Bautista, de 23 años, originario de Veracruz
3.- Ramón León Machado, de 19 años, originario del ejido 2 de Abril, entre Cosalá y Tamazula.
4.- Juan Carlos Rivera Machado, de 36 años, originario de Durango.
5.- Jesús Ávila Parra, de 18 años, originario de Culiacán
6.- Raúl Valenzuela Barraza, de 24 años, originario de Tamazula, Durango
7.- Erick Alonso Rivas Ríos y/o Israel Cebreros Nava, de 309 años, originario de Culiacán
8.- Eleazar Inzunza Obeso
Armas aseguradas:
1 LANZACOHETES LIGERO M-72 ANTITANQUE DE FABRICACIÓN NORTEAMERICANA.
1 ADITAMENTO LANZAGRANADAS, CAL. 40 mm.
7 FUSILES AK-47 CAL. 7.62X39 mm. DE LOS CONOCIDOS COMO CUERNOS DE CHIVO.
1 FUSIL M-4, CAL. 2.23 mm. MARCA COLT. FAB. NORTEAMERICANA.
2 FUSILES M-16.
1 FUSIL CARABINA R-15, CAL. 5.56 mm., MARCA EAGLE ARMS.
2 PISTOLAS BERETTA, CAL. 9 mm..
1 PISTOLA CAL. 38 SUPER, MARCA COLT.
1 PISTOLA CAL. 38 SUPER MARCA COLT
7 CARGADORES DE DISCO CON CAPACIDAD DE 100 CARTS. PARA FUSIL AK-47.
1 CARGADOR MÚLTIPLE DOBLE DISCO CON CAPACIDAD DE 200 CARTS. PARA FUSIL AK-47.
30 CARGADORES NORMALES CON CAPACIDAD PARA 30 CARTS. PARA FUSIL AK-47
19 CARGS. NORMALES CON CAPACIDAD PAR 30 CARTS. PARA FUSIL AR-15.
22 CARGS. PARA PISTOLA CAL. 38.
12 CARGS. PARA PISTOLA 9 mm.
2 GRANADAS CAL. 40 mm.
1346 CARTUCHOS DIFERENTES CALIBRE.
1 AUTOMÓVIL ACCORD, MARCA HONDA, COLOR GRIS, PLACAS DE CIRCULACIÓN, UNF6453, No. DE SERIE 1HGCP26838A004147.
1 CAMIONETA CHEROKEE LIMITED, MARCA JEEP 4X4, COLOR ORO, PLACAS DE CIRCULACIÓN No. VGU-2859, No. DE SERIE 1J4GW58N4CZ10140.
En el comunicado 038/2008, la Vocería en Materia de Seguridad del operativo conjunto Culiacán-Navolato señala además que una de las armas del arsenal que le fueron aseguradas a los presuntos gatilleros es un lanzacohetes M-72 ligero antitanque de fabricación norteamericana.
La captura de la célula delictiva ocurrió el sábado pasado a las 15:20 horas cuando vecinos escucharon tres detonaciones de arma de fuego al aire en un domicilio del fraccionamiento Acueducto III.
Minutos después arribaron más de 200 militares en 25 camiones y Hummers artillados a la casa marcada con el número 4708, ubicada en calle Del Llano, entre Acueducto Romano y Cerritos, en el sector mencionado.
El documento señala que las autoridades recibieron una denuncia anónima, la cual indicó que en ese domicilio habían arribado personas armadas en una camioneta Cheroke y un vehículo marca Honda Accord.
Fue a través de trabajo de inteligencia que los militares lograron ubicar la residencia y procedieron a realizar un operativo al final del cual los sicarios al ver la presencia militar no ofrecieron resistencia pese al armamento con que contaban.
El comunicado resalta que gracias al trabajo cuidadoso y profesional, la aprehensión de estos individuos se logró sin necesidad de hacer disparo de armas de fuego y sin lesionar o afectar a los vecinos del lugar, garantizando en todo momento la integridad de los civiles.
La SEDENA y la PGR señalan que por el tipo de armamento y municiones que se les decomisó, así como el lanzacohetes M-72, se presume que esta célula vinculada a la organización delictiva de los "Beltrán Leyva" está implicada en el homicidio de 11personas del pasado 10 de julio, entre las que se encontraban académicos de UAS, menores de edad y elementos policíacos.
También señalan que cuentan con indicios que estos delincuentes están implicados en la agresión a la vivienda del fraccionamiento Rincones del Humaya en esta ciudad ocurrido la mañana del sábado 12 de julio.
Dentro de la coordinación interinstitucional, participó personal de la Agencia Investigadora de Homicidios de Alto Impacto de la Procuraduría General De Justicia del Estado con peritos en balística, quienes están coadyuvando en la revisión del armamento y realizando las indagatorias respectivas, a fin de fortalecer la integración de las averiguaciones previas 101, 102, y 103, que inició la PGJE, sobre los actos ocurridos el pasado 10 y 12 de julio.
Mientras que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal por los delitos de Delincuencia Organizada, Portación y Posesión de Armas de Fuego de uso exclusivo del Ejercito y Fuerza Aérea, Posesión de Cartuchos de uso exclusivo del ejercito y fuerza aérea, Acopio de armas, Contra la Salud y los que se configuren.
Detenidos:
1.- Héctor Manuel León León, de 21 años
2.- Eulogio Hernández Bautista, de 23 años, originario de Veracruz
3.- Ramón León Machado, de 19 años, originario del ejido 2 de Abril, entre Cosalá y Tamazula.
4.- Juan Carlos Rivera Machado, de 36 años, originario de Durango.
5.- Jesús Ávila Parra, de 18 años, originario de Culiacán
6.- Raúl Valenzuela Barraza, de 24 años, originario de Tamazula, Durango
7.- Erick Alonso Rivas Ríos y/o Israel Cebreros Nava, de 309 años, originario de Culiacán
8.- Eleazar Inzunza Obeso
Armas aseguradas:
1 LANZACOHETES LIGERO M-72 ANTITANQUE DE FABRICACIÓN NORTEAMERICANA.
1 ADITAMENTO LANZAGRANADAS, CAL. 40 mm.
7 FUSILES AK-47 CAL. 7.62X39 mm. DE LOS CONOCIDOS COMO CUERNOS DE CHIVO.
1 FUSIL M-4, CAL. 2.23 mm. MARCA COLT. FAB. NORTEAMERICANA.
2 FUSILES M-16.
1 FUSIL CARABINA R-15, CAL. 5.56 mm., MARCA EAGLE ARMS.
2 PISTOLAS BERETTA, CAL. 9 mm..
1 PISTOLA CAL. 38 SUPER, MARCA COLT.
1 PISTOLA CAL. 38 SUPER MARCA COLT
7 CARGADORES DE DISCO CON CAPACIDAD DE 100 CARTS. PARA FUSIL AK-47.
1 CARGADOR MÚLTIPLE DOBLE DISCO CON CAPACIDAD DE 200 CARTS. PARA FUSIL AK-47.
30 CARGADORES NORMALES CON CAPACIDAD PARA 30 CARTS. PARA FUSIL AK-47
19 CARGS. NORMALES CON CAPACIDAD PAR 30 CARTS. PARA FUSIL AR-15.
22 CARGS. PARA PISTOLA CAL. 38.
12 CARGS. PARA PISTOLA 9 mm.
2 GRANADAS CAL. 40 mm.
1346 CARTUCHOS DIFERENTES CALIBRE.
1 AUTOMÓVIL ACCORD, MARCA HONDA, COLOR GRIS, PLACAS DE CIRCULACIÓN, UNF6453, No. DE SERIE 1HGCP26838A004147.
1 CAMIONETA CHEROKEE LIMITED, MARCA JEEP 4X4, COLOR ORO, PLACAS DE CIRCULACIÓN No. VGU-2859, No. DE SERIE 1J4GW58N4CZ10140.
Ejecutan a ocho jóvenes en Sinaloa
Ocho jóvenes, entre ellos tres mujeres menores de edad, fueron asesinados en la madrugada por un grupo de sicarios en la avenida principal de la Ciudad de Guamúchil, en el Municipio de Salvador Alvarado.
El ataque violento se registró a cuatro cuadras de la base de la Policía Ministerial del Estado y a siete de la Policía Municipal.
Durante el atentado también resultaron lesionadas de gravedad cinco personas más.
Hasta el momento, uno de los muertos ha sido identificado oficialmente ante las autoridades competentes como Gerardo López López, de 23 años, residente de la Colonia Centro de dicha cabecera municipal.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa informó que el múltiple asesinato ocurrió cerca de 1:30 horas de hoy en la esquina que hace la Avenida Antonio Rosales y Enrique Dunant del Centro de la ciudad.
De acuerdo con versiones policiales, las víctimas se encontraban a bordo de varios vehículos esperando la luz verde del semáforo situado en dicho entronque.
Las unidades que tripulaban los fallecidos y heridos son un Honda tipo Sedan; una camioneta Ram azul; una Cheyenne y un Jetta, ambos rojos.
Al estar parados en el semáforo, un grupo de sicarios a bordo de tres vehículos, quienes circulaban en sentido contrario, les dispararon en por lo menos 200 ocasiones.
En el lugar de los hechos fallecieron siete de los jóvenes, mientras que López López murió al ser auxiliado por médicos de unos de los nosocomios de la ciudad.
Tras los crímenes los empistolados siguieron su curso huyendo del sitio con rumbo desconocido.
De los hechos dio fe el agente del Ministerio Público quien abrió una averiguación previa correspondiente con la finalidad de investigar lo ocurrido.
El ataque violento se registró a cuatro cuadras de la base de la Policía Ministerial del Estado y a siete de la Policía Municipal.
Durante el atentado también resultaron lesionadas de gravedad cinco personas más.
Hasta el momento, uno de los muertos ha sido identificado oficialmente ante las autoridades competentes como Gerardo López López, de 23 años, residente de la Colonia Centro de dicha cabecera municipal.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa informó que el múltiple asesinato ocurrió cerca de 1:30 horas de hoy en la esquina que hace la Avenida Antonio Rosales y Enrique Dunant del Centro de la ciudad.
De acuerdo con versiones policiales, las víctimas se encontraban a bordo de varios vehículos esperando la luz verde del semáforo situado en dicho entronque.
Las unidades que tripulaban los fallecidos y heridos son un Honda tipo Sedan; una camioneta Ram azul; una Cheyenne y un Jetta, ambos rojos.
Al estar parados en el semáforo, un grupo de sicarios a bordo de tres vehículos, quienes circulaban en sentido contrario, les dispararon en por lo menos 200 ocasiones.
En el lugar de los hechos fallecieron siete de los jóvenes, mientras que López López murió al ser auxiliado por médicos de unos de los nosocomios de la ciudad.
Tras los crímenes los empistolados siguieron su curso huyendo del sitio con rumbo desconocido.
De los hechos dio fe el agente del Ministerio Público quien abrió una averiguación previa correspondiente con la finalidad de investigar lo ocurrido.
sábado, 12 de julio de 2008
Huyen los sicarios, liberan a los 2 rehenes luego de la persecución
Tras más de tres horas de permanecer como rehén del grupo de delincuentes, una persona fue liberada en la Calle Chema Díaz, de la Colonia Montuosa.
Esposado, Tirado se bajó de la camioneta luego de que sus captores huían a pie. En la camioneta, una van blanca con placas 154-RK-2, dejaron tres armas R-15 y una granada de fragmentación.
El rehén pidió auxilio a los vecinos, quienes se comunicaron con sus familiares y alertaron a C4.
Posteriormente, la familia se llevó a Tirado a un hospital privado, donde está recuperándose de la crisis nerviosa.
En diferentes puntos de la ciudad se siguen realizando cateos en busca de los delincuentes que asesinaron al policía municipal Sixto Escobedo Pérez y pusieron en jaque a los cuerpos policiacos.
Quince minutos luego de que empezará la persecución en pos de los sicarios-secuestradores por parte de las autoridades, los dos rehenes que fueron llevados con ellos quedaron en libertad.
La vagoneta en que se transportaban fue encontrada abandonada en la Calle José María Díaz de la colonia Montuosa. Por su parte el operativo sigue ya que los cuatro sicarios lograron huir.
Se ha confirmado que entre los secuestrados estaba uno de los más prestigiados empresarios restauranteros de Mazatlán.
Los hechos
Alrededor de las 6:00 de la tarde un grupo de sicarios (al parecer cuatro) asesinaron a un Policía Ministerial en un Oxxo ubicado en la calle Rafael Buelna.
Los pistoleros huyeron en un Stratus color gris con placas de Baja California.
Se dirigieron hacia La Gran Plaza, y entraron al restaurante El Bambú donde había entre 40 y 50 comensales a los cuáles tomaron de rehenes.
La primera persona en ser liberada fue Aurora Villanueva, esto mientras elementos del CISEN estaban negociando con los pistoleros de quienes se sabía que traían entre su armamento, metralletas y granadas.
Momentos después de que los cuatro sicarios pidieran que se les facilitaran un autobús, una autoridad federal les proporcionó un camioneta tipo Van color blanco, en la cual huyeron llevándose a dos secuestrados con ellos, que minutos más tarde dejarían en libertad.
Esposado, Tirado se bajó de la camioneta luego de que sus captores huían a pie. En la camioneta, una van blanca con placas 154-RK-2, dejaron tres armas R-15 y una granada de fragmentación.
El rehén pidió auxilio a los vecinos, quienes se comunicaron con sus familiares y alertaron a C4.
Posteriormente, la familia se llevó a Tirado a un hospital privado, donde está recuperándose de la crisis nerviosa.
En diferentes puntos de la ciudad se siguen realizando cateos en busca de los delincuentes que asesinaron al policía municipal Sixto Escobedo Pérez y pusieron en jaque a los cuerpos policiacos.
Quince minutos luego de que empezará la persecución en pos de los sicarios-secuestradores por parte de las autoridades, los dos rehenes que fueron llevados con ellos quedaron en libertad.
La vagoneta en que se transportaban fue encontrada abandonada en la Calle José María Díaz de la colonia Montuosa. Por su parte el operativo sigue ya que los cuatro sicarios lograron huir.
Se ha confirmado que entre los secuestrados estaba uno de los más prestigiados empresarios restauranteros de Mazatlán.
Los hechos
Alrededor de las 6:00 de la tarde un grupo de sicarios (al parecer cuatro) asesinaron a un Policía Ministerial en un Oxxo ubicado en la calle Rafael Buelna.
Los pistoleros huyeron en un Stratus color gris con placas de Baja California.
Se dirigieron hacia La Gran Plaza, y entraron al restaurante El Bambú donde había entre 40 y 50 comensales a los cuáles tomaron de rehenes.
La primera persona en ser liberada fue Aurora Villanueva, esto mientras elementos del CISEN estaban negociando con los pistoleros de quienes se sabía que traían entre su armamento, metralletas y granadas.
Momentos después de que los cuatro sicarios pidieran que se les facilitaran un autobús, una autoridad federal les proporcionó un camioneta tipo Van color blanco, en la cual huyeron llevándose a dos secuestrados con ellos, que minutos más tarde dejarían en libertad.
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Escapan sicarios tras toma de rehenes
Extraoficialmente se identificó al agente ejecutado como Sixto Escobar, comandante de la Policía Municipal.
Luego de haber retenido a 10 personas dentro del centro comercial Gran Plaza, un grupo de sicarios huyó en una camioneta blanca entregada por autoridades federales, en cumplimiento a la demanda del grupo armado para liberar a sus rehenes, reportaron medios locales.
Tras la salida del comando armado, según se informa, se inició la persecución de la camioneta, en la que presuntamente se llevaron a uno de los rehenes.
Previo a la retención de personas en el centro comercial, los sicarios asesinaron a un agente de la Policía Municipal de Mazatlán, identificado extraoficialmente como Sixto Escobar.
Al mando de las negociaciones se encontraban autoridades del Gobierno del estado, así como de la Policía Federal.
El centro comercial Gran Plaza fue evacuado por los agentes policiacos.
Luego de haber retenido a 10 personas dentro del centro comercial Gran Plaza, un grupo de sicarios huyó en una camioneta blanca entregada por autoridades federales, en cumplimiento a la demanda del grupo armado para liberar a sus rehenes, reportaron medios locales.
Tras la salida del comando armado, según se informa, se inició la persecución de la camioneta, en la que presuntamente se llevaron a uno de los rehenes.
Previo a la retención de personas en el centro comercial, los sicarios asesinaron a un agente de la Policía Municipal de Mazatlán, identificado extraoficialmente como Sixto Escobar.
Al mando de las negociaciones se encontraban autoridades del Gobierno del estado, así como de la Policía Federal.
El centro comercial Gran Plaza fue evacuado por los agentes policiacos.
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Solicitan sicarios un autobús para salir del lugar
El grupo de sicarios que mantiene un grupo de rehenes en un centro comercial exige un autobús para salir del lugar, la Policía Federal toma el mando del operativo.
Las distintas corporaciones policiacas lograron evacuar La Gran Plaza. Sólo los sicarios y al parecer unos diez personas se encuentran dentro.
Hace unos momentos, un comandante de la Policía Municipal de Mazatlán fue ejecutado a balazos por el comando armado afuera de un Oxxo ubicado por la Avenida Rafael Buelna.
Los elementos policiacos de todas las corporaciones, incluyendo al Ejército y Federales, mantienen un cordón alrededor de la zona.
Las distintas corporaciones policiacas lograron evacuar La Gran Plaza. Sólo los sicarios y al parecer unos diez personas se encuentran dentro.
Hace unos momentos, un comandante de la Policía Municipal de Mazatlán fue ejecutado a balazos por el comando armado afuera de un Oxxo ubicado por la Avenida Rafael Buelna.
Los elementos policiacos de todas las corporaciones, incluyendo al Ejército y Federales, mantienen un cordón alrededor de la zona.
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Captura Ejército a 7 en casa en Acueducto III
Siete personas detenidas, además de una bazuca, una granada calibre .40 y un rifle AR-15 asegurados, fue el resultado de un operativo del Ejército en el fraccionamiento Acueducto III luego de atender una denuncia anónima, en la que se alertaba de personas disparando armas de fuego.
Según vecinos del lugar, alrededor de las 15:20 horas se escucharon tres detonaciones de arma de fuego al aire en un domicilio del fraccionamiento Acueducto III.
Minutos después arribaron más de 200 militares a bordo de cerca de 25 camiones y Hummers artillados a la casa marcada con el número 4708, ubicada en calle Del Llano, entre Acueducto Romano y Cerritos, en el sector mencionado.
Cuando arribaron al lugar los soldados, los sujetos que se encontraban al interior intentaron darse a la fuga por las casas contiguas, por lo que varias familias fueron desalojadas ante el riesgo de que los individuos efectuaran disparos.
Los efectivos del Ejército sitiaron varias cuadras a la redonda e instalaron vigilancia en los accesos y salidas al fraccionamiento y sobre la carretera que conduce a Culiacancito.
Los individuos fueron detenidos al interior de la vivienda en la que se encontraban y algunos en los patios de otras residencias, y subidos a un camión artillado donde iban vigilados por alrededor de 40 militares.
El camión en el que fueron trasladados se retiró del lugar en un convoy custodiado por 15 Hummers artillados y la unidad en la que viajaba el General de Brigada Noé Sandoval Alcázar, quien personalmente encabezó el operativo.
Del interior del inmueble aseguraron una caja de balas calibre 7.62x39mm con capacidad para mil tiros, un casquete calibre .40, una granada .40 milímetros y un rifle AR-15.
También decomisaron una camioneta Jeep Cherokee, color arena, placas VGU-2859 de Sinaloa y un automóvil Honda Accord, color gris.
El agente del Ministerio Público de la Federación colocó los sellos de la Procuraduría General de la República, en los que se indica que el inmueble quedó asegurado de manera precautoria.
Este operativo se realizó ocho horas después de que en el fraccionamiento Rincón del Humaya gatilleros de dos bandas rivales se enfrascaran en una feroz balacera que duró 15 minutos, según los habitantes del sector.
Según vecinos del lugar, alrededor de las 15:20 horas se escucharon tres detonaciones de arma de fuego al aire en un domicilio del fraccionamiento Acueducto III.
Minutos después arribaron más de 200 militares a bordo de cerca de 25 camiones y Hummers artillados a la casa marcada con el número 4708, ubicada en calle Del Llano, entre Acueducto Romano y Cerritos, en el sector mencionado.
Cuando arribaron al lugar los soldados, los sujetos que se encontraban al interior intentaron darse a la fuga por las casas contiguas, por lo que varias familias fueron desalojadas ante el riesgo de que los individuos efectuaran disparos.
Los efectivos del Ejército sitiaron varias cuadras a la redonda e instalaron vigilancia en los accesos y salidas al fraccionamiento y sobre la carretera que conduce a Culiacancito.
Los individuos fueron detenidos al interior de la vivienda en la que se encontraban y algunos en los patios de otras residencias, y subidos a un camión artillado donde iban vigilados por alrededor de 40 militares.
El camión en el que fueron trasladados se retiró del lugar en un convoy custodiado por 15 Hummers artillados y la unidad en la que viajaba el General de Brigada Noé Sandoval Alcázar, quien personalmente encabezó el operativo.
Del interior del inmueble aseguraron una caja de balas calibre 7.62x39mm con capacidad para mil tiros, un casquete calibre .40, una granada .40 milímetros y un rifle AR-15.
También decomisaron una camioneta Jeep Cherokee, color arena, placas VGU-2859 de Sinaloa y un automóvil Honda Accord, color gris.
El agente del Ministerio Público de la Federación colocó los sellos de la Procuraduría General de la República, en los que se indica que el inmueble quedó asegurado de manera precautoria.
Este operativo se realizó ocho horas después de que en el fraccionamiento Rincón del Humaya gatilleros de dos bandas rivales se enfrascaran en una feroz balacera que duró 15 minutos, según los habitantes del sector.
Toman sicarios a rehenes en centro comercial de Mazatlán
Un grupo de sicarios ejecutó a un comandante de la Policía Ministerial de esta ciudad, y luego tomó como prisioneros a clientes de una plaza comercial del puerto.
El grupo de cuatro pistoleros ejecutó al policía y en su huída se refugió en el centro comercial. Aproximadamente 10 comensales de un restaurante quedaron como rehenes de los sicarios que llevaban granadas y ametralladoras.
Los hechos ocurrieron a las 18:00 horas (19:00 horas en la ciudad de México) y hacia las 21:00 horas el grupo de pistoleros, que demandaba un autobús para salir de la plaza, escapó del sitio en una camioneta tipo Van blanca llevándose a algunos rehenes a los que liberaron en calles del fraccionamiento Fovissste, con excepción de dos personas, a quienes presuntamente conservaron en su poder.
Policías locales y federales, junto con elementos del Ejército rodearon la plaza, una de las más populares y concurridas de la ciudad, y evacuaron a los visitantes.
Según reportes de la prensa local, mandos de la Policía Federal quedaron a cargo del operativo y las negociaciones, y accedieron a entregar un vehículo para que los secuestradores huyeran.
Al cierre de esta edición se informó que la policía perseguía a los sicarios por calles de Mazatlán.
En Sinaloa se desarrolla el operativo Navolato-Culiacán, en el que que efectivos federales realizan revisiones y patrullajes con el fin de impedir la violencia desatada por la guerra entre bandas del narcotráfico. El jueves pasado, un comando ejecutó a 12 personas, nueve de ellos civiles, en Culiacán
El grupo de cuatro pistoleros ejecutó al policía y en su huída se refugió en el centro comercial. Aproximadamente 10 comensales de un restaurante quedaron como rehenes de los sicarios que llevaban granadas y ametralladoras.
Los hechos ocurrieron a las 18:00 horas (19:00 horas en la ciudad de México) y hacia las 21:00 horas el grupo de pistoleros, que demandaba un autobús para salir de la plaza, escapó del sitio en una camioneta tipo Van blanca llevándose a algunos rehenes a los que liberaron en calles del fraccionamiento Fovissste, con excepción de dos personas, a quienes presuntamente conservaron en su poder.
Policías locales y federales, junto con elementos del Ejército rodearon la plaza, una de las más populares y concurridas de la ciudad, y evacuaron a los visitantes.
Según reportes de la prensa local, mandos de la Policía Federal quedaron a cargo del operativo y las negociaciones, y accedieron a entregar un vehículo para que los secuestradores huyeran.
Al cierre de esta edición se informó que la policía perseguía a los sicarios por calles de Mazatlán.
En Sinaloa se desarrolla el operativo Navolato-Culiacán, en el que que efectivos federales realizan revisiones y patrullajes con el fin de impedir la violencia desatada por la guerra entre bandas del narcotráfico. El jueves pasado, un comando ejecutó a 12 personas, nueve de ellos civiles, en Culiacán
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Decomisan armas de alto poder en residencia de Culiacán
Un arsenal compuesto por cuatro rifles AK/47, dos granadas, cargadores, 614 cartuchos útiles y uniformes apócrifos de la Policía Ministerial del Estado, fueron encontrados en una residencia, en donde se registró un enfrentamiento, entre dos grupos antagónicos de presuntos narcotraficantes.
Las primeras investigaciones sobre el hecho, escenificado en el fraccionamiento Rincón del Humaya, al filo de las 5:40 horas, establecen que se dispararon en mil 307 ocasiones, diversos calibres de arma, presuntamente entre ellas, lanza granadas que destruyeron ventanas de un inmueble.
Pese a que la autoridad del fuero común, fue la primera que acudió a levantar los peritajes, las investigaciones, sobre este enfrentamiento, entre dos grupos de presuntos miembros del crimen organizado que causó daños a siete residencias y cinco vehículos, están a cargo de la delegación de la Procuraduría General de la República que atrajo el caso.
Según las primeras pesquisas, un grupo de 15 hombres armados, bañó con gasolina y prendió fuego la puerta principal, de la residencia, ubicada en el número 3031 de la calle Cerro del Perote y luego abrieron fuego contra el inmueble desde varios puntos.
Los ocupantes del inmueble, cuyo número se desconoce, respondieron la agresión con armas automáticas, por lo que varios vehículos estacionados, sobre dicha calle, así como la fachada de otras residencias, resultaron dañados por los impactos de bala.
Las versiones recogidas por los peritos entre los vecinos, hablan que el enfrentamiento, en el que se detonaron lanzagranadas que destruyeron las ventanas del lugar donde se ocultaban los miembros de uno de los grupos delictivos, tuvo una duración de casi 15 minutos.
En base al reporte emitido por el agente segundo del Ministerio Público del Fuero Común que fue el primero en llegar al lugar, se conoce que en el interior de la casa que se presume era de seguridad, se encontró cuatro rifles AK/47, dos granadas, varios cargadores abastecidos y una bolsa, con 614 cartuchos útiles de diversos calibres.
También, se localizaron 14 gorras y playeras algunas de ellas, con logotipos apócrifos de la Policia Ministerial del Estado, así como varios pares de botas.
Fuerzas Federales y elementos del Ejército, desde la mañana, revisan los grandes estacionamientos de centros comerciales, en busca de vehículos sospechosos.
En el centro comercial Forum, ubicado en la zona, denominada de Tres Ríos, donde se ubican, dos grandes tiendas departamentales ancla, cines, restaurantes y una casa de apuestas, seis patrullas de la Federal Preventiva, desde dos puntos distintos, penetraron al estacionamiento privado y cotejaron las placas de diversas camionetas de lujo que se encontraban en ese lugar.
Las primeras investigaciones sobre el hecho, escenificado en el fraccionamiento Rincón del Humaya, al filo de las 5:40 horas, establecen que se dispararon en mil 307 ocasiones, diversos calibres de arma, presuntamente entre ellas, lanza granadas que destruyeron ventanas de un inmueble.
Pese a que la autoridad del fuero común, fue la primera que acudió a levantar los peritajes, las investigaciones, sobre este enfrentamiento, entre dos grupos de presuntos miembros del crimen organizado que causó daños a siete residencias y cinco vehículos, están a cargo de la delegación de la Procuraduría General de la República que atrajo el caso.
Según las primeras pesquisas, un grupo de 15 hombres armados, bañó con gasolina y prendió fuego la puerta principal, de la residencia, ubicada en el número 3031 de la calle Cerro del Perote y luego abrieron fuego contra el inmueble desde varios puntos.
Los ocupantes del inmueble, cuyo número se desconoce, respondieron la agresión con armas automáticas, por lo que varios vehículos estacionados, sobre dicha calle, así como la fachada de otras residencias, resultaron dañados por los impactos de bala.
Las versiones recogidas por los peritos entre los vecinos, hablan que el enfrentamiento, en el que se detonaron lanzagranadas que destruyeron las ventanas del lugar donde se ocultaban los miembros de uno de los grupos delictivos, tuvo una duración de casi 15 minutos.
En base al reporte emitido por el agente segundo del Ministerio Público del Fuero Común que fue el primero en llegar al lugar, se conoce que en el interior de la casa que se presume era de seguridad, se encontró cuatro rifles AK/47, dos granadas, varios cargadores abastecidos y una bolsa, con 614 cartuchos útiles de diversos calibres.
También, se localizaron 14 gorras y playeras algunas de ellas, con logotipos apócrifos de la Policia Ministerial del Estado, así como varios pares de botas.
Fuerzas Federales y elementos del Ejército, desde la mañana, revisan los grandes estacionamientos de centros comerciales, en busca de vehículos sospechosos.
En el centro comercial Forum, ubicado en la zona, denominada de Tres Ríos, donde se ubican, dos grandes tiendas departamentales ancla, cines, restaurantes y una casa de apuestas, seis patrullas de la Federal Preventiva, desde dos puntos distintos, penetraron al estacionamiento privado y cotejaron las placas de diversas camionetas de lujo que se encontraban en ese lugar.
Ejecutan a policias municipales
De nueva cuenta el crimen organizado deja su sello personal en Ciudad Juárez, ya que de nueva cuenta las calles se tiñeron de sangre al sufrir un atentado una pareja de policías municipales.
El saldo fue de un oficial muerto y otro lesionado al ser emboscados por varios hombres fuertemente armados que abrieron fuego en contra de la unidad número 359 de seguridad pública municipal del distrito Benito Juárez.
Los hechos que sucedieron minutos después de las 4 de la tarde, tuvieron lugar en el cruce de la avenida Henequén e Ignacio Allende casi esquina con Ramón Rayón de la colonia Manuel Valdez en el sur oriente de la ciudad.
De manera instantánea perdió la vida el agente que fue identificado como Manuel Rodríguez Mendoza, mientras que su acompañante de nombre Ismael López Herrera fue trasladado al hospital privado Starmédica donde su estado de salud se reporta como grave.
Según testigos de los hechos, los municipales fueron emboscados por sicarios que viajaban en dos camionetas de reciente modelo y que se dieron a la fuga con rumbo al libramiento.
En la radio frecuencia de la policía se escucharon mensajes de amenaza en el que indicaban que los sicarios iban a ir hasta el hospital a rematar al sobreviviente.
Personas que estaban en la escena del crimen indicaron que aproximadamente veinte minutos después del atentado, a bordo de una camioneta pick up de color blanca regresaron los agresores quienes por las ventanas sacaron armas largas en dirección donde estaban resguardando el área tanto municipales como policías federales, situación que provoco el pánico entre la gente.
La primera reacción de los guardianes del orden fue darse a la fuga ante la inminente amenaza que fueron objeto, acción que genero el enojo y molestia de propios y extraños que se recataron.
El saldo fue de un oficial muerto y otro lesionado al ser emboscados por varios hombres fuertemente armados que abrieron fuego en contra de la unidad número 359 de seguridad pública municipal del distrito Benito Juárez.
Los hechos que sucedieron minutos después de las 4 de la tarde, tuvieron lugar en el cruce de la avenida Henequén e Ignacio Allende casi esquina con Ramón Rayón de la colonia Manuel Valdez en el sur oriente de la ciudad.
De manera instantánea perdió la vida el agente que fue identificado como Manuel Rodríguez Mendoza, mientras que su acompañante de nombre Ismael López Herrera fue trasladado al hospital privado Starmédica donde su estado de salud se reporta como grave.
Según testigos de los hechos, los municipales fueron emboscados por sicarios que viajaban en dos camionetas de reciente modelo y que se dieron a la fuga con rumbo al libramiento.
En la radio frecuencia de la policía se escucharon mensajes de amenaza en el que indicaban que los sicarios iban a ir hasta el hospital a rematar al sobreviviente.
Personas que estaban en la escena del crimen indicaron que aproximadamente veinte minutos después del atentado, a bordo de una camioneta pick up de color blanca regresaron los agresores quienes por las ventanas sacaron armas largas en dirección donde estaban resguardando el área tanto municipales como policías federales, situación que provoco el pánico entre la gente.
La primera reacción de los guardianes del orden fue darse a la fuga ante la inminente amenaza que fueron objeto, acción que genero el enojo y molestia de propios y extraños que se recataron.
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En lista, patrullas de la PF en taller
Al menos 11 presuntas patrullas de la Policía Federal, 5 de ellas para entrar a reparación, estaban en la lista de pendientes del taller Mega 2000 en la colonia Los Pinos, según información en poder de Noroeste.
Los mecánicos tenían un inventario de automóviles en el que destacaban las camionetas similares a las que usan agentes federales.
De hecho, al interior de ese inmueble, que hasta ayer permanecía sin resguardo oficial a pesar de los 9 asesinatos, quedaron dos de los vehículos supuestamente oficiales y otros siete automotores.
Desde el exterior del taller, que permanecía al medio día con la cortina semiabierta, se podían apreciar todavía los restos de sangre y aceite seco.
Los vecinos aseguraron que ninguna autoridad se presentó en el sitio para su resguardo. Sólo un helicóptero militar sobrevolaba la zona.
"En la mañana vino un señor a decir que allá dentro quedó su coche pero que no podía sacarlo", narró un habitante de la calle Río Ameca. Hasta el cierre de la edición el lugar seguía sin protección policiaca.
En la fila
Al menos 11 presuntas patrullas de la PF serían atendidas en el taller en el que ocurrió el multihomicidio.
A reparación
14465/08 ?A-F-180 08 (10634)
25843/08- A-F-150 08 (10748)
35126/08- A-F- 150 08 (12413)
35175/08 ? A-F- 150 08 (12353)
26241/08- A-F- 150 08 (10524)
Patrullas pendientes
12420
12423
18323
12327
12421
12371
Los mecánicos tenían un inventario de automóviles en el que destacaban las camionetas similares a las que usan agentes federales.
De hecho, al interior de ese inmueble, que hasta ayer permanecía sin resguardo oficial a pesar de los 9 asesinatos, quedaron dos de los vehículos supuestamente oficiales y otros siete automotores.
Desde el exterior del taller, que permanecía al medio día con la cortina semiabierta, se podían apreciar todavía los restos de sangre y aceite seco.
Los vecinos aseguraron que ninguna autoridad se presentó en el sitio para su resguardo. Sólo un helicóptero militar sobrevolaba la zona.
"En la mañana vino un señor a decir que allá dentro quedó su coche pero que no podía sacarlo", narró un habitante de la calle Río Ameca. Hasta el cierre de la edición el lugar seguía sin protección policiaca.
En la fila
Al menos 11 presuntas patrullas de la PF serían atendidas en el taller en el que ocurrió el multihomicidio.
A reparación
14465/08 ?A-F-180 08 (10634)
25843/08- A-F-150 08 (10748)
35126/08- A-F- 150 08 (12413)
35175/08 ? A-F- 150 08 (12353)
26241/08- A-F- 150 08 (10524)
Patrullas pendientes
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DECOMISAN DE 3 TONELADAS DE MARIGUANA
El decomiso de tres toneladas de mariguana, una unidad móvil y la captura de dos presuntos narcotraficantes que estaban al cuidado de la droga aparentemente bajada a tierra desde alguna embarcación cuyo destino y tripulación hasta ayer se desconocían, así como la detención de un joven en el retén militar de La Rumorosa con más de 43 mil dólares en efectivo en su poder, fueron dos importantes acciones realizadas ayer por el ejército en su lucha sin cuartel contra el crimen organizado.
Elementos de la Segunda Región Militar detuvieron a dos hombres quienes "cuidaban"casi 3 toneladas de mariguana depositadas en las playas de Punta Colonet, informaron del regimiento a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo al parte, los soldados hacían un reconocimiento terrestre por el área atendiendo un alertamiento marítimo en la zona mencionada, cuando interceptaron un vehículo marca Toyota, color verde oscuro con placas de circulación 4084-JKA, del estado de Arizona, Estados Unidos.
El vehículo era conducido por Alfonso González Flores, de 29 años de edad, quien era acompañado por José Martín González, de 33, ambos dijeron que vivían en Villa Morelos, de la delegación Punta Colonet, aquí en Baja California.
Como parte del operativo, procedieron a revisar la unidad encontrando que en el interior dos paquetes de mariguana. Así interrogar a los detenidos, estos los condujeron hasta el lugar en la playa donde encontraron 1,335 paquetes de la hierba, que dio un peso de 2 mil 929.250 kilogramos.
Ante el hallazgo, se procedió a actuar de acuerdo a la ley, poniendo la droga, el vehículo y a los detenidos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal (AMPF), levantándose la averiguación previa número AP/PGR/BC/SQN/103/2008, hecha por el licenciado José Oliver Nava Espinoza, con plaza en San Quintín, Baja California.
ATRAPAN SOLDADOS A MEXICALENSE CON 43 MIL DÓLARES.
Con más de 43 mil dólares cuyo origen no supo explicar, soldados del Ejército Mexicano capturaron a joven mexicalense cuando a bordo de lujoso pick up se trasladaba hacia Tijuana, siendo detectado en el retén que los militares tienen antes de subir a La Rumorosa la mañana de ayer.
El detenido fue identificado como José Luis León Martínez, de 20 años de edad, quien tripulaba un pick up Ford Ranger, modelo 2002, color azul, placas BM 88 356, dentro del cual traía una bolsa con la leyenda Bank of America, repleta de dólares.
Los militares al ver los billetes verdes que si bien por sí solos no son un ilícito, sí lo era la inexplicable cerrazón del muchacho a no declarar de dónde consiguió el dinero y a quién se lo llevaba, por lo que no les quedó más remedio que detenerlo y llevarlo a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, donde se inició una averiguación previa al respecto.
En total José León llevaba 43,756 dólares que si los trajo del vecino país, cometió el delito de contrabando de numerario; si lo produjo honradamente tendrá que demostrarlo, ya que de otra forma será acusado de evasión fiscal.
Elementos de la Segunda Región Militar detuvieron a dos hombres quienes "cuidaban"casi 3 toneladas de mariguana depositadas en las playas de Punta Colonet, informaron del regimiento a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo al parte, los soldados hacían un reconocimiento terrestre por el área atendiendo un alertamiento marítimo en la zona mencionada, cuando interceptaron un vehículo marca Toyota, color verde oscuro con placas de circulación 4084-JKA, del estado de Arizona, Estados Unidos.
El vehículo era conducido por Alfonso González Flores, de 29 años de edad, quien era acompañado por José Martín González, de 33, ambos dijeron que vivían en Villa Morelos, de la delegación Punta Colonet, aquí en Baja California.
Como parte del operativo, procedieron a revisar la unidad encontrando que en el interior dos paquetes de mariguana. Así interrogar a los detenidos, estos los condujeron hasta el lugar en la playa donde encontraron 1,335 paquetes de la hierba, que dio un peso de 2 mil 929.250 kilogramos.
Ante el hallazgo, se procedió a actuar de acuerdo a la ley, poniendo la droga, el vehículo y a los detenidos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal (AMPF), levantándose la averiguación previa número AP/PGR/BC/SQN/103/2008, hecha por el licenciado José Oliver Nava Espinoza, con plaza en San Quintín, Baja California.
ATRAPAN SOLDADOS A MEXICALENSE CON 43 MIL DÓLARES.
Con más de 43 mil dólares cuyo origen no supo explicar, soldados del Ejército Mexicano capturaron a joven mexicalense cuando a bordo de lujoso pick up se trasladaba hacia Tijuana, siendo detectado en el retén que los militares tienen antes de subir a La Rumorosa la mañana de ayer.
El detenido fue identificado como José Luis León Martínez, de 20 años de edad, quien tripulaba un pick up Ford Ranger, modelo 2002, color azul, placas BM 88 356, dentro del cual traía una bolsa con la leyenda Bank of America, repleta de dólares.
Los militares al ver los billetes verdes que si bien por sí solos no son un ilícito, sí lo era la inexplicable cerrazón del muchacho a no declarar de dónde consiguió el dinero y a quién se lo llevaba, por lo que no les quedó más remedio que detenerlo y llevarlo a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, donde se inició una averiguación previa al respecto.
En total José León llevaba 43,756 dólares que si los trajo del vecino país, cometió el delito de contrabando de numerario; si lo produjo honradamente tendrá que demostrarlo, ya que de otra forma será acusado de evasión fiscal.
Especulaciones que operen “Los Zetas” y “El Cártel de Sinaloa” en BC
Son meras especulaciones de que miembros del grupo de “Los Zetas”
(célula perteneciente al cartel del golfo) y El Cartel de
Sinaloa estén operando en Baja California, aseguro el
procurador general de justicia de la entidad, Rommel
Morenno Manjarrez.
El abogado del estado mencionó que hasta el momento no
tienen esa referencia, “han sido muchas especulaciones,
se ha manejado mucho en comentarios de Café,
sencillamente nuestra actividad es del fuero común, sin
embargo estaremos al pendientes de colaborar en
cualquier instancia, para poder detener y de alguna manera
combatir la delincuencia organizada”.
Aseguro que hoy en día hay una evolución del delito, por
parte del crimen organizado, “los narcotraficantes están
robando vehículos, están asaltando bancos, están
secuestrando y de ahí tenemos tenemos que ser muy
concretos de cuando es una competencia estatal y cuando
es una competencia federal, sin embargo vamos más haya”.
Sin embargo independiente de la competencia del que fuera
el delito que se cometa, reconoció que el aspecto legal, no
es un tema que le interese a la ciudadanía, por lo que
“nosotros estamos haciendo en la coordinación nuestro
mejor esfuerzo, para delimitar precisamente
responsabilidades”.
Tras una aparente calma que se dejo sentir en el estado y
que se tambaleo con el hallazgo de varias personas
calcinadas y algunos secuestros, el procurador dijo “hoy por
hoy no hay un estado de la República, que tenga una
posición de blindaje, que no exista un tema de inseguridad,
hay una descomposición social”.
El motivo por el cual se registras actos de gran impacto se
debe a que existe “una confrontación de carteles y tenemos
que ver particularmente en esta entidad, lo que estamos
haciendo ahora en lo que corresponde a la Procuraduría del
Estado es investigar esos delitos, nuestra función no es ver
hacia un análisis hacia el futuro, sino tienen que suceder
para que nosotros participemos porque así lo señala la
constitución”.
El procurador estatal reitero que los incidentes que se han
venido suscitando están enfocados a pleitos entre las
propias bandas del crimen organizado, “hay un esquema en
el cual se están dando estos eventos precisamente entre
los propios criminales”, sin embargo no descartó que
“estemos nosotros muy atentos desde la visión del fuero
común, del fuero federal, para determinar obviamente el
móvil”, concluyo.
(célula perteneciente al cartel del golfo) y El Cartel de
Sinaloa estén operando en Baja California, aseguro el
procurador general de justicia de la entidad, Rommel
Morenno Manjarrez.
El abogado del estado mencionó que hasta el momento no
tienen esa referencia, “han sido muchas especulaciones,
se ha manejado mucho en comentarios de Café,
sencillamente nuestra actividad es del fuero común, sin
embargo estaremos al pendientes de colaborar en
cualquier instancia, para poder detener y de alguna manera
combatir la delincuencia organizada”.
Aseguro que hoy en día hay una evolución del delito, por
parte del crimen organizado, “los narcotraficantes están
robando vehículos, están asaltando bancos, están
secuestrando y de ahí tenemos tenemos que ser muy
concretos de cuando es una competencia estatal y cuando
es una competencia federal, sin embargo vamos más haya”.
Sin embargo independiente de la competencia del que fuera
el delito que se cometa, reconoció que el aspecto legal, no
es un tema que le interese a la ciudadanía, por lo que
“nosotros estamos haciendo en la coordinación nuestro
mejor esfuerzo, para delimitar precisamente
responsabilidades”.
Tras una aparente calma que se dejo sentir en el estado y
que se tambaleo con el hallazgo de varias personas
calcinadas y algunos secuestros, el procurador dijo “hoy por
hoy no hay un estado de la República, que tenga una
posición de blindaje, que no exista un tema de inseguridad,
hay una descomposición social”.
El motivo por el cual se registras actos de gran impacto se
debe a que existe “una confrontación de carteles y tenemos
que ver particularmente en esta entidad, lo que estamos
haciendo ahora en lo que corresponde a la Procuraduría del
Estado es investigar esos delitos, nuestra función no es ver
hacia un análisis hacia el futuro, sino tienen que suceder
para que nosotros participemos porque así lo señala la
constitución”.
El procurador estatal reitero que los incidentes que se han
venido suscitando están enfocados a pleitos entre las
propias bandas del crimen organizado, “hay un esquema en
el cual se están dando estos eventos precisamente entre
los propios criminales”, sin embargo no descartó que
“estemos nosotros muy atentos desde la visión del fuero
común, del fuero federal, para determinar obviamente el
móvil”, concluyo.
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Descubren marihuana durante un accidente vehicular
Tras un accidente
en la carretera Ensenada – Rosarito a la altura del kilómetro 41
+ 300, en el área de Calafia, elementos del ejercito mexicano
lograron asegurar 28 paquetes de marihuana que eran
transportados en un vehículo marca Toyota Avalon, color verde.
Tras el impacto del automóvil, registrado la mañana del viernes,
el conductor se arrojó de la unidad para apelar a la fuga.
Elementos de las Policías Federal y municipal, así como
fuerzas castrenses arribaron al área y una vez ahí aseguraron el
enervante que dio un peso de 139 kilos 10 gramos.
La droga y el vehículo fueron trasladados a las instalaciones de
la segunda zona militar, dependiente de la II región militar.
en la carretera Ensenada – Rosarito a la altura del kilómetro 41
+ 300, en el área de Calafia, elementos del ejercito mexicano
lograron asegurar 28 paquetes de marihuana que eran
transportados en un vehículo marca Toyota Avalon, color verde.
Tras el impacto del automóvil, registrado la mañana del viernes,
el conductor se arrojó de la unidad para apelar a la fuga.
Elementos de las Policías Federal y municipal, así como
fuerzas castrenses arribaron al área y una vez ahí aseguraron el
enervante que dio un peso de 139 kilos 10 gramos.
La droga y el vehículo fueron trasladados a las instalaciones de
la segunda zona militar, dependiente de la II región militar.
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