Esta entrada la he escrito muchas veces en mi cabeza y creo que es justo que la plasme definitivamente en el blog para que sobreviva a los dichos y mentiras que se han estado cocinando en los últimos días. ¿A qué me refiero? A la historia de El Blog del Narco, claro.
La idea del blog del narco la tenía desde ya mucho tiempo. Crecí en la frontera y el narcotráfico era (y aún es) el pan de cada día. Desde conocidos que agarraban por pasar droga al otro lado, hasta gente cercana desaparecida y de la que nunca volvimos a saber. Estamos hablando de finales de los 90’s, muy lejos estaba aún Calderón. Después, en otro punto leí sobre un blog gallego donde unos narcos discutían sobre métodos y cosas que hasta ese momento eran un secreto para el mundo. Otro sitio que frecuentaba era el de Narco Corridos Tijuana y su administrador Carlos (al que no conozco pero le agradezco la inspiración) donde se detallaba (muchas veces por los parientes que querían alardear) el oficio del narcotráfico y las relaciones entre los mismos.
Surgió también por aquellos entonces la historia del Quitapuercos, un narco que anunciaba sus próximos pasos en youtube y tenía información privilegiada que evidentemente no estaba en la prensa.
Llegó entonces Calderón y todo el revuelo de la lucha contra el narcotráfico, me llamaba poderosamente la atención lo poco que se reportaba el fenómeno y en general la poca información que existía al respecto. También me llamaba mucho la atención que estados donde es bien sabido el control y trasiego de drogas no reportaran nada.
Así que inspirado en las palabras del General Aponte (a la postre el primer post de este blog) me decidí embarcarme en esta aventura de juntar conocimiento.
El Blog del Narco nació el Lunes 26 de Mayo del 2008.
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Last Updated on: 6/12/2012 7:55:14 PM
Sobre la competencia, la supuesta Lucy y el secuestro del chat platicamos en la próxima entrada.
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jueves, 18 de abril de 2013
lunes, 20 de septiembre de 2010
Ligan a "El Grande" con AMLO y el PRD de la Laguna
Sergio Villarreal Barragán “El Grande” financió en el 2006 campañas de candidatos del PRD en Durango y ordenó el acarreo de personas para mítines de Andrés Manuel López Obrador en la Comarca Lagunera, según versiones de testigos protegidos por la
PGR.
Expedientes de la PGR indican que “El Grande” detenido el pasado 12 de septiembre en Puebla, era socio de Jaime Meraz Martínez, quien fuera dirigente del PRD en Durango, y mecenas de Francisco León García “Pancho León”, un empresario marmolero que ese año fue postulado por el sol azteca al Senado.
Ambos presuntos cómplices de Barragán tuvieron un final trágico, pues el primero fue ejecutado con su esposa, un hijo y un taxista, el 15 de enero de 2007; mientras que “Pancho León” fue “levantado” el 21 de febrero del mismo año y desde entonces está desaparecido.
Testimonios de la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/008/2007 aseguran que ambos políticos se pelearon durante el proceso electoral de 2006, por no haber cumplido con una cuota de acarrea dos para una concentración de López Obrador, y que el problema escaló al grado de que uno de los perredistas mató al otro.
Uno de los hombres relacionados con Meraz y León solicitó a la PGR el beneficio de testigo protegido y bajo el nombre clave de “Mario”, empezó a relatar los vínculos de “El Grande” con la política en La Laguna.
“Sergio Villarreal alias ‘El Grande’ se alió con Francisco León, quien era candidato a la Presidencia Municipal (sic) de Gómez Palacio, Durango, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien comenzó a darle apoyo económico, en razón de 10mil dólares semanales, para que éste, cuando fuera elegido como edil, le facilitara los medios para seguir comercializando con los estupefacientes.
“En tal candidatura lo apoyó Jaime Meraz Martínez, a quien le dieron diversas tareas, una de ellas consistió en que debía repartir mil despensas que Sergio
Villarreal alias ‘El Grande’ obsequió para la candidatura y, a su vez, llevar gente a un mitin que se realizaría en la cabecera municipal, a la que asistiría Andrés Manuel López Obrador y en la que se anunciaría el candidato a la cabecera municipal”, dice el testigo.
“Mario” asegura que Jaime Meraz no pudo operar en forma debida el acarreo encomendado para el mitin de aquella ocasión, debido a que no le facilitaron los medios de transporte para llevar a las personas.
“Situación que le molestó en demasía a Francisco León, a tal grado, que Jaime Meraz Martínez se hizo acreedor a un regaño por parte de Sergio Villarreal alias ‘El Grande’, vía radio, en virtud de que a éste también le molestó la actitud omisa del subordinado”, dice la declaración asentada en el expediente.
Aunque en esa ocasión falló la logística, en el cierre de campaña de López Obrador en la Laguna, el 16 de junio de 2006, la falla sería corregida. En el mitin, uno de los más concurridos del tabasqueño, “Pancho León” personalmente se encargarían hasta
de la música, pues llevó a la Banda Limón.
En 2007, el PRD de Durango se deslindó de “Pancho León”.
Israel Soto Peña, entonces dirigente estatal perredista, señaló en mayo de 2007 que “Pancho León” nunca se afilió a su partido y que después de la campaña no
supieron nada de él.
PGR.
Expedientes de la PGR indican que “El Grande” detenido el pasado 12 de septiembre en Puebla, era socio de Jaime Meraz Martínez, quien fuera dirigente del PRD en Durango, y mecenas de Francisco León García “Pancho León”, un empresario marmolero que ese año fue postulado por el sol azteca al Senado.
Ambos presuntos cómplices de Barragán tuvieron un final trágico, pues el primero fue ejecutado con su esposa, un hijo y un taxista, el 15 de enero de 2007; mientras que “Pancho León” fue “levantado” el 21 de febrero del mismo año y desde entonces está desaparecido.
Testimonios de la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/008/2007 aseguran que ambos políticos se pelearon durante el proceso electoral de 2006, por no haber cumplido con una cuota de acarrea dos para una concentración de López Obrador, y que el problema escaló al grado de que uno de los perredistas mató al otro.
Uno de los hombres relacionados con Meraz y León solicitó a la PGR el beneficio de testigo protegido y bajo el nombre clave de “Mario”, empezó a relatar los vínculos de “El Grande” con la política en La Laguna.
“Sergio Villarreal alias ‘El Grande’ se alió con Francisco León, quien era candidato a la Presidencia Municipal (sic) de Gómez Palacio, Durango, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien comenzó a darle apoyo económico, en razón de 10mil dólares semanales, para que éste, cuando fuera elegido como edil, le facilitara los medios para seguir comercializando con los estupefacientes.
“En tal candidatura lo apoyó Jaime Meraz Martínez, a quien le dieron diversas tareas, una de ellas consistió en que debía repartir mil despensas que Sergio
Villarreal alias ‘El Grande’ obsequió para la candidatura y, a su vez, llevar gente a un mitin que se realizaría en la cabecera municipal, a la que asistiría Andrés Manuel López Obrador y en la que se anunciaría el candidato a la cabecera municipal”, dice el testigo.
“Mario” asegura que Jaime Meraz no pudo operar en forma debida el acarreo encomendado para el mitin de aquella ocasión, debido a que no le facilitaron los medios de transporte para llevar a las personas.
“Situación que le molestó en demasía a Francisco León, a tal grado, que Jaime Meraz Martínez se hizo acreedor a un regaño por parte de Sergio Villarreal alias ‘El Grande’, vía radio, en virtud de que a éste también le molestó la actitud omisa del subordinado”, dice la declaración asentada en el expediente.
Aunque en esa ocasión falló la logística, en el cierre de campaña de López Obrador en la Laguna, el 16 de junio de 2006, la falla sería corregida. En el mitin, uno de los más concurridos del tabasqueño, “Pancho León” personalmente se encargarían hasta
de la música, pues llevó a la Banda Limón.
En 2007, el PRD de Durango se deslindó de “Pancho León”.
Israel Soto Peña, entonces dirigente estatal perredista, señaló en mayo de 2007 que “Pancho León” nunca se afilió a su partido y que después de la campaña no
supieron nada de él.
jueves, 22 de julio de 2010
Aseguran vehículos clonados de Ejército
Dos camionetas con logotipos e insignias similares a las utilizadas por el Ejército fueron aseguradas en Ciudad Mier, Tamaulipas, por elementos de la Octava Zona Militar, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Se trata de dos camionetas Chevrolet Cheyenne, de doble cabina, verde olivo, a las que les fueron rotulados los números 0815424 y 0815335 en las puertas de ambos costados.
Los vehículos fueron encontrados sobre una brecha, ocultos entre el ramaje de unos árboles, durante un recorrido de reconocimiento terrestre efectuado por el personal militar.
"El aseguramiento señalado anteriormente pone de manifiesto las acciones realizadas por la delincuencia organizada, simulando pertenecer al Ejército Mexicano", resaltó la dependencia en un comunicado.
miércoles, 14 de julio de 2010
Ligan a los Beltrán con 3 ediles
Un operador del Cártel de los Beltrán Leyva declaró a la PGR que al menos en una ocasión entró en contacto con tres alcaldes de Guerrero, para ofrecerles el apoyo de la organización criminal con el objetivo de acabar con la delincuencia en sus localidades.
Jesús Basilio Araujo "El Pollo", detenido el pasado 18 de diciembre en Jiutepec, es sospechosos de 109 ejecuciones en Morelos y Guerrero, las que presuntamente ordenó en vida Arturo Beltrán Leyva "El Barbas" como parte de una purga en el cártel.
En su primer testimonio ministerial, el presunto ex jefe de la banda de sicarios de "Los Pelones" expresó que Jesús Nava Romero "El Rojo", quien fuera el hombre fuerte de los Beltrán en Guerrero, le envió con los alcaldes de Atoyac de Juárez, Tecpan de Galeana y Heliodoro Castillo.
"'El Rojo' (me) manda... a hablar con los alcaldes de Atoyac de Juárez, Carlos Armando Bello Gómez; de Tecpan de Galeana, Nadin Torralba Mejía, y del municipio de Heleodoro Castillo, conocido como Tlacotepec, Olaguer Hernández Flores, alias "El ciudadano" o "El Presi", a quienes fui a comentar que gente de Jesús Nava Romero, alias 'El Rojo', iba a andar en esos municipios para que no se fueran a espantar, quienes los iban a ayudar a detener a los secuestradores, ladrones y otros tipos de delincuentes, pero como no sé qué arreglos tenía 'El Rojo' con ellos, dijeron que no había ningún problema", declaró "El Pollo", hoy preso en el Penal de Occidente.
La referencia a los presidentes municipales también la registraron en su parte de novedades los tres agentes de la Policía Federal que le capturaron, quienes aseguran que "El Pollo" les reveló que contaba con la "protección" de dichos alcaldes.
"Manifestó que él es el encargado de Chilpancingo, Guerrero, donde tiene más gente que trabaja para la organización, contando con la protección de las autoridades locales, como son los presidentes municipales de Atoyac de Juárez, Carlos Armando Bello Gómez; de Tecpan de Galeana, Nadin Torralba Mejía, y del municipio de Heleodoro Castillo, mejor conocido como Tlacotepec, Olaguer Hernández Flores alias 'El ciudadano' o 'El Presi'.
"Además manifestó que cuenta con la cooperación del Comandante Regional de la Ministerial en Tecpan de Galeana, conocido con el alias 'El Paisa', identificado en su celular como 'Pisadas'", indica el parte de su captura.
Cuando rindió su declaración ante la SIEDO, "El Pollo" también abundó sobre las redes de protección regional de los Beltrán Leyva, aunque no detalló los nombres. Ofreció a la SIEDO sobre todo sus medias filiaciones y números telefónicos.
Basilio mencionó, por ejemplo, a un funcionario que tenía registrado en su celular como "El Tocayo", a quien identificó como uno de los elementos de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), aparentemente en Chilpancingo. A este sujeto afirma haberle dado 30 mil pesos.
Menciona también a un mando de la Policía Ministerial de Guerrero con el alias del "Comandante Pizza" y a un agente de la Federal de Caminos en ese estado, de nombre "Aldo", a quien asegura que hizo una entrega de 70 mil pesos.
En su celular también tenía registradas llamadas de un tal "Tío Boli", de quien dijo se trata del jefe de una Policía Preventiva Municipal. Igualmente asegura que un secretario de Seguridad de Atoyac de Juárez estaba en la nómina de los Beltrán y hasta le entregó 60 mil pesos en una ocasión.
Mientras estuvo en activo, Jesús Basilio Araujo "El Pollo" fue uno de los centuriones de "El Barbas". Según la autoridad, mató a todo aquel que señalara el capo y formó parte de los cinturones de seguridad de Beltrán, salvo en sus últimos momentos.
"El Pollo", por ejemplo, fue el responsable de establecer el perímetro de seguridad que permitió a "El Barbas" escapar del operativo de la Marina en una residencia de Cuernavaca, la madrugada del 11 de diciembre, donde fueron detenidos músicos como Ramón Ayala y sus Bravos del Norte.
De hecho, el pistolero fue uno de los hombres que fue llamado para rescatar a Beltrán Leyva, en el operativo del 16 de diciembre en el complejo residencial Altitude, pero Basilio dio marcha atrás cuando se topó con un cerco militar. Dos días después de que muriera "El Barbas", "El Pollo" fue detenido en Jiutepec.
Jesús Basilio Araujo "El Pollo", detenido el pasado 18 de diciembre en Jiutepec, es sospechosos de 109 ejecuciones en Morelos y Guerrero, las que presuntamente ordenó en vida Arturo Beltrán Leyva "El Barbas" como parte de una purga en el cártel.
En su primer testimonio ministerial, el presunto ex jefe de la banda de sicarios de "Los Pelones" expresó que Jesús Nava Romero "El Rojo", quien fuera el hombre fuerte de los Beltrán en Guerrero, le envió con los alcaldes de Atoyac de Juárez, Tecpan de Galeana y Heliodoro Castillo.
"'El Rojo' (me) manda... a hablar con los alcaldes de Atoyac de Juárez, Carlos Armando Bello Gómez; de Tecpan de Galeana, Nadin Torralba Mejía, y del municipio de Heleodoro Castillo, conocido como Tlacotepec, Olaguer Hernández Flores, alias "El ciudadano" o "El Presi", a quienes fui a comentar que gente de Jesús Nava Romero, alias 'El Rojo', iba a andar en esos municipios para que no se fueran a espantar, quienes los iban a ayudar a detener a los secuestradores, ladrones y otros tipos de delincuentes, pero como no sé qué arreglos tenía 'El Rojo' con ellos, dijeron que no había ningún problema", declaró "El Pollo", hoy preso en el Penal de Occidente.
La referencia a los presidentes municipales también la registraron en su parte de novedades los tres agentes de la Policía Federal que le capturaron, quienes aseguran que "El Pollo" les reveló que contaba con la "protección" de dichos alcaldes.
"Manifestó que él es el encargado de Chilpancingo, Guerrero, donde tiene más gente que trabaja para la organización, contando con la protección de las autoridades locales, como son los presidentes municipales de Atoyac de Juárez, Carlos Armando Bello Gómez; de Tecpan de Galeana, Nadin Torralba Mejía, y del municipio de Heleodoro Castillo, mejor conocido como Tlacotepec, Olaguer Hernández Flores alias 'El ciudadano' o 'El Presi'.
"Además manifestó que cuenta con la cooperación del Comandante Regional de la Ministerial en Tecpan de Galeana, conocido con el alias 'El Paisa', identificado en su celular como 'Pisadas'", indica el parte de su captura.
Cuando rindió su declaración ante la SIEDO, "El Pollo" también abundó sobre las redes de protección regional de los Beltrán Leyva, aunque no detalló los nombres. Ofreció a la SIEDO sobre todo sus medias filiaciones y números telefónicos.
Basilio mencionó, por ejemplo, a un funcionario que tenía registrado en su celular como "El Tocayo", a quien identificó como uno de los elementos de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), aparentemente en Chilpancingo. A este sujeto afirma haberle dado 30 mil pesos.
Menciona también a un mando de la Policía Ministerial de Guerrero con el alias del "Comandante Pizza" y a un agente de la Federal de Caminos en ese estado, de nombre "Aldo", a quien asegura que hizo una entrega de 70 mil pesos.
En su celular también tenía registradas llamadas de un tal "Tío Boli", de quien dijo se trata del jefe de una Policía Preventiva Municipal. Igualmente asegura que un secretario de Seguridad de Atoyac de Juárez estaba en la nómina de los Beltrán y hasta le entregó 60 mil pesos en una ocasión.
Mientras estuvo en activo, Jesús Basilio Araujo "El Pollo" fue uno de los centuriones de "El Barbas". Según la autoridad, mató a todo aquel que señalara el capo y formó parte de los cinturones de seguridad de Beltrán, salvo en sus últimos momentos.
"El Pollo", por ejemplo, fue el responsable de establecer el perímetro de seguridad que permitió a "El Barbas" escapar del operativo de la Marina en una residencia de Cuernavaca, la madrugada del 11 de diciembre, donde fueron detenidos músicos como Ramón Ayala y sus Bravos del Norte.
De hecho, el pistolero fue uno de los hombres que fue llamado para rescatar a Beltrán Leyva, en el operativo del 16 de diciembre en el complejo residencial Altitude, pero Basilio dio marcha atrás cuando se topó con un cerco militar. Dos días después de que muriera "El Barbas", "El Pollo" fue detenido en Jiutepec.
martes, 13 de julio de 2010
El peligro de pactar
Si los políticos y los partidos de México amarran acuerdos con el narcotráfico para reducir los niveles de violencia por razones financieras o para garantizar los comicios presidenciales de 2012, el país puede convertirse en un narcoestado en 10 años más, advierte Michael A. Braun, exjefe de Operaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
En ese escenario México tiene dos opciones: “convertirse en una potencia económica global o transformarse en un narcoestado”, dice Braun, quien hasta finales de 2008 coordinó las operaciones de la DEA en 227 puntos de Estados Unidos y en 87 países.
Comenta que estudiosos de las organizaciones criminales que operan en México aseguran que si el gobierno de ese país no enfrenta de manera agresiva a los cárteles y los desmantela, éstos convertirán el territorio en un narcoestado. E insiste en que no hay duda de que, por su avaricia, los capos mexicanos intentarán negociar con la clase política y con los gobernantes; y al hacerlo, tendrán un mayor control para el trasiego de las drogas, dice Braun.
Directivo de la firma Spectre Group International LLC, dedicada al diseño de programas de seguridad e inteligencia en Afganistán, Pakistán y otras naciones de Oriente Medio y Europa, el entrevistado afirma que los cárteles están intentando crear un “ambiente permisivo en México” para operar sin problemas.
“Eso quiere decir que desean influir en el resultado de las elecciones, como han venido haciendo y lo seguirán haciendo en el futuro inmediato”, subraya.
El experto en combate al narco, actividad a la que dedicó 34 años de su vida, Braun reconoce que los mexicanos están desconcertados por el ambiente de violencia que priva en su país y la inseguridad que genera, pero considera que si las autoridades quieren fragmentar y eliminar a los cárteles de la droga, por ningún motivo deben hacer concesiones con los capos.
Para el exjefe de Operaciones de la DEA, ellos son unos “criminales desalmados” con los que no se debe negociar. Si el gobierno de México lo intentara, sería como colocarse una argolla en la nariz que ellos jalarían a placer para obtener lo que quieran.
Sin mencionar nombres ni fechas, Braun relata que políticos y gobernantes del PRI establecieron acuerdos con el narcotráfico en el pasado. Por eso, hace 40 o 50 años hubo un control de la violencia que generaban el crimen organizado y los narcotraficantes. Y reitera que gracias a ello los cárteles se fortalecieron y ahora México está pagando las consecuencias.
¿Son entonces los políticos priistas los que más tienden a concretar acuerdos con el narcotráfico? –pregunta el corresponsal.
–No puedo decir eso. No se puede analizar así al viejo o al nuevo PRI; tampoco al viejo y al nuevo PAN. Si el PRI tiene éxito electoral en un par de años (2012) y el sucesor de Calderón en la Presidencia es de un partido diferente, entonces sería necesario saber su posición con respecto a la lucha contra el narcotráfico.
Braun insiste: “Los acuerdos con el crimen organizado, sean por razones financieras, políticas o de seguridad, nunca funcionan. Al contrario, empeoran las cosas”.
Un “triunfo” muy costoso
El pasado 16 de junio, el encargado de la estrategia de inteligencia de la DEA, Tony Placido, declaró a un grupo de reporteros mexicanos que en Estados Unidos hay preocupación por la posibilidad de que el relevo de Calderón opte por no dar continuidad a la estrategia de combate al narcotráfico con la participación del Ejército.
–¿Existe esa preocupación? –se le cuestiona a Braun.
–No es sólo la DEA la que está preocupada sobre un cambio partidista o de estrategia antidrogas desde la Presidencia de México; en muchos países sus dirigentes entienden que lo peor que puede hacer el gobierno de ese país es establecer acuerdos con los narcotraficantes.
A dos años y cinco meses de que concluya la gestión de Calderón, su estrategia contra el narco ha dejado más de 23 mil muertos. Esto, para muchos expertos, es una opción válida para derrocar al crimen organizado, aunque admiten que en este caso el costo para la sociedad mexicana está resultando muy alto.
Braun es uno de ellos. Sostiene incluso que Calderón está ganando la guerra contra los cárteles. “Estoy absolutamente convencido de que la creciente violencia, tan difícil de entender para los mexicanos, es una indicación clara del éxito de la estrategia del presidente Calderón”.
Y enfatiza: Nunca antes los cárteles de la droga habían estado en riesgo de ser desmantelados.
Aunque renuente a comparar el estado de violencia generado por el trasiego de las drogas que se vive en México con el que hubo en Colombia hace dos décadas, el exjefe de Operaciones de la DEA declara que ojalá el gobierno mexicano logre lo que su par colombiano. E indica que cuando éste decidió atacar con todo al narcotráfico, el país sudamericano experimentó niveles de violencia mayores incluso a los que hoy se viven en México.
“La estrategia contra el narcotráfico en Colombia consistió en desmantelar a los cárteles, uno por uno… No estoy diciendo que la de combatir cada uno de los cárteles sea necesariamente la estrategia de México. En ese país hay gente que cree que existen organizaciones intocables o que son favorecidas por el gobierno. Lo mismo se dijo de las autoridades colombianas.
“Pero allá se dieron cuenta de que no alcanzarían sus objetivos si atacaban a todos los cárteles al mismo tiempo; por eso optaron por enfrentar de manera sistemática a uno por uno. Eso les dio resultado”, resume Braun, quien asegura que aún es consultado por “altos funcionarios” del gobierno mexicano para que los asesore, aunque se niega a revelar sus nombres, pese a la insistencia del corresponsal.
Braun, quien asegura que aún tiene contacto con sus antiguos colegas de la DEA y es respetado en los círculos del poder en Washington y otras capitales, afirma que Colombia es ya uno de los países más seguros del hemisferio occidental. Ello se debe, insiste, a que las autoridades no dieron marcha atrás en su determinación por fragmentar a los cárteles del narcotráfico, uno por uno y no mediante una guerra generalizada.
“Cuando te embarcas en una campaña para romper la espina dorsal de esos poderosos cárteles tienes que luchar hasta el final, llegar a las últimas consecuencias”, dice. Y, con respecto al caso de México, explica que si el gobierno no pierde los deseos de pelear, ganará la batalla y experimentará lo mismo que Colombia”.
Por eso reitera que a los capos mexicanos no se les debe ni puede confiar nada, mucho menos negociar con ellos desde el gobierno. Ellos están conscientes de la vulnerabilidad de los políticos y funcionarios, dice el exjefe de Operaciones de la DEA, incluso podrían tener la capacidad para menoscabar las instituciones democráticas de México.
“Si algún político o funcionario hace un acuerdo con el diablo y al día siguiente el diablo le muerde el trasero, no debe sorprenderse”, anota Braun.
Proceso le pregunta a Braun si considera que es factible que en las elecciones que se realizan este domingo 4 de julio en más de 10 estados de la República Mexicana ganen algunos candidatos vinculados al narcotráfico.
Tras una pausa, responde: “No sé si ocurrirá o no. Sólo puedo garantizar que si algún funcionario o político prevé hacer acuerdos con los líderes de los cárteles o ya los hizo, aun con lo que ha ocurrido en ese país, va a pagar un precio muy alto. (Esos candidatos) pueden ganar una elección y asumir el poder… pero una vez que venden su alma al diablo, ya no vale ningún arrepentimiento”.
En ese escenario México tiene dos opciones: “convertirse en una potencia económica global o transformarse en un narcoestado”, dice Braun, quien hasta finales de 2008 coordinó las operaciones de la DEA en 227 puntos de Estados Unidos y en 87 países.
Comenta que estudiosos de las organizaciones criminales que operan en México aseguran que si el gobierno de ese país no enfrenta de manera agresiva a los cárteles y los desmantela, éstos convertirán el territorio en un narcoestado. E insiste en que no hay duda de que, por su avaricia, los capos mexicanos intentarán negociar con la clase política y con los gobernantes; y al hacerlo, tendrán un mayor control para el trasiego de las drogas, dice Braun.
Directivo de la firma Spectre Group International LLC, dedicada al diseño de programas de seguridad e inteligencia en Afganistán, Pakistán y otras naciones de Oriente Medio y Europa, el entrevistado afirma que los cárteles están intentando crear un “ambiente permisivo en México” para operar sin problemas.
“Eso quiere decir que desean influir en el resultado de las elecciones, como han venido haciendo y lo seguirán haciendo en el futuro inmediato”, subraya.
El experto en combate al narco, actividad a la que dedicó 34 años de su vida, Braun reconoce que los mexicanos están desconcertados por el ambiente de violencia que priva en su país y la inseguridad que genera, pero considera que si las autoridades quieren fragmentar y eliminar a los cárteles de la droga, por ningún motivo deben hacer concesiones con los capos.
Para el exjefe de Operaciones de la DEA, ellos son unos “criminales desalmados” con los que no se debe negociar. Si el gobierno de México lo intentara, sería como colocarse una argolla en la nariz que ellos jalarían a placer para obtener lo que quieran.
Sin mencionar nombres ni fechas, Braun relata que políticos y gobernantes del PRI establecieron acuerdos con el narcotráfico en el pasado. Por eso, hace 40 o 50 años hubo un control de la violencia que generaban el crimen organizado y los narcotraficantes. Y reitera que gracias a ello los cárteles se fortalecieron y ahora México está pagando las consecuencias.
¿Son entonces los políticos priistas los que más tienden a concretar acuerdos con el narcotráfico? –pregunta el corresponsal.
–No puedo decir eso. No se puede analizar así al viejo o al nuevo PRI; tampoco al viejo y al nuevo PAN. Si el PRI tiene éxito electoral en un par de años (2012) y el sucesor de Calderón en la Presidencia es de un partido diferente, entonces sería necesario saber su posición con respecto a la lucha contra el narcotráfico.
Braun insiste: “Los acuerdos con el crimen organizado, sean por razones financieras, políticas o de seguridad, nunca funcionan. Al contrario, empeoran las cosas”.
Un “triunfo” muy costoso
El pasado 16 de junio, el encargado de la estrategia de inteligencia de la DEA, Tony Placido, declaró a un grupo de reporteros mexicanos que en Estados Unidos hay preocupación por la posibilidad de que el relevo de Calderón opte por no dar continuidad a la estrategia de combate al narcotráfico con la participación del Ejército.
–¿Existe esa preocupación? –se le cuestiona a Braun.
–No es sólo la DEA la que está preocupada sobre un cambio partidista o de estrategia antidrogas desde la Presidencia de México; en muchos países sus dirigentes entienden que lo peor que puede hacer el gobierno de ese país es establecer acuerdos con los narcotraficantes.
A dos años y cinco meses de que concluya la gestión de Calderón, su estrategia contra el narco ha dejado más de 23 mil muertos. Esto, para muchos expertos, es una opción válida para derrocar al crimen organizado, aunque admiten que en este caso el costo para la sociedad mexicana está resultando muy alto.
Braun es uno de ellos. Sostiene incluso que Calderón está ganando la guerra contra los cárteles. “Estoy absolutamente convencido de que la creciente violencia, tan difícil de entender para los mexicanos, es una indicación clara del éxito de la estrategia del presidente Calderón”.
Y enfatiza: Nunca antes los cárteles de la droga habían estado en riesgo de ser desmantelados.
Aunque renuente a comparar el estado de violencia generado por el trasiego de las drogas que se vive en México con el que hubo en Colombia hace dos décadas, el exjefe de Operaciones de la DEA declara que ojalá el gobierno mexicano logre lo que su par colombiano. E indica que cuando éste decidió atacar con todo al narcotráfico, el país sudamericano experimentó niveles de violencia mayores incluso a los que hoy se viven en México.
“La estrategia contra el narcotráfico en Colombia consistió en desmantelar a los cárteles, uno por uno… No estoy diciendo que la de combatir cada uno de los cárteles sea necesariamente la estrategia de México. En ese país hay gente que cree que existen organizaciones intocables o que son favorecidas por el gobierno. Lo mismo se dijo de las autoridades colombianas.
“Pero allá se dieron cuenta de que no alcanzarían sus objetivos si atacaban a todos los cárteles al mismo tiempo; por eso optaron por enfrentar de manera sistemática a uno por uno. Eso les dio resultado”, resume Braun, quien asegura que aún es consultado por “altos funcionarios” del gobierno mexicano para que los asesore, aunque se niega a revelar sus nombres, pese a la insistencia del corresponsal.
Braun, quien asegura que aún tiene contacto con sus antiguos colegas de la DEA y es respetado en los círculos del poder en Washington y otras capitales, afirma que Colombia es ya uno de los países más seguros del hemisferio occidental. Ello se debe, insiste, a que las autoridades no dieron marcha atrás en su determinación por fragmentar a los cárteles del narcotráfico, uno por uno y no mediante una guerra generalizada.
“Cuando te embarcas en una campaña para romper la espina dorsal de esos poderosos cárteles tienes que luchar hasta el final, llegar a las últimas consecuencias”, dice. Y, con respecto al caso de México, explica que si el gobierno no pierde los deseos de pelear, ganará la batalla y experimentará lo mismo que Colombia”.
Por eso reitera que a los capos mexicanos no se les debe ni puede confiar nada, mucho menos negociar con ellos desde el gobierno. Ellos están conscientes de la vulnerabilidad de los políticos y funcionarios, dice el exjefe de Operaciones de la DEA, incluso podrían tener la capacidad para menoscabar las instituciones democráticas de México.
“Si algún político o funcionario hace un acuerdo con el diablo y al día siguiente el diablo le muerde el trasero, no debe sorprenderse”, anota Braun.
Proceso le pregunta a Braun si considera que es factible que en las elecciones que se realizan este domingo 4 de julio en más de 10 estados de la República Mexicana ganen algunos candidatos vinculados al narcotráfico.
Tras una pausa, responde: “No sé si ocurrirá o no. Sólo puedo garantizar que si algún funcionario o político prevé hacer acuerdos con los líderes de los cárteles o ya los hizo, aun con lo que ha ocurrido en ese país, va a pagar un precio muy alto. (Esos candidatos) pueden ganar una elección y asumir el poder… pero una vez que venden su alma al diablo, ya no vale ningún arrepentimiento”.
sábado, 3 de julio de 2010
Cuida sicario a Gobernador de Tamaulipas
Un sicario identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como elemento clave del Cártel del Golfo o de Los Zetas infiltró la escolta del Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, confirmaron a fuentes oficiales estadounidenses y mexicanas.
El personaje, de nombre Ismael Marino Ortega Galicia, quien nació el 31 de mayo de 1974, es considerado uno de los miembros más peligrosos de los cárteles del narcotráfico, de acuerdo con documentos oficiales del Tesoro de aquel país.
Según fuentes de Inteligencia de Estados Unidos y México, el sicario trabaja en el grupo de escoltas del círculo cercano del Mandatario tamaulipeco.
Ortega Galicia aparece en una fotografía como parte del cerco de seguridad de Hernández. La gráfica corresponde al arranque del operativo Semana Mayor, Campaña Conjunta de Prevención, en el que participó también el Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
La imagen fue captada el 27 de marzo pasado en la guardarraya de la carretera federal, en el kilómetro 31 de la autopista Reynosa-Monterrey, justo en el punto que divide ambas entidades.
Ortega Galicia forma parte de una lista de 54 sujetos peligrosos pertenecientes al Cártel del Golfo y Los Zetas dada a conocer hace 3 meses por el Gobierno estadounidense. Se ofrecen 5 millones de dólares de recompensa para quien aporte datos para su localización y captura.
La lista había sido revisada durante una reunión de alto nivel entre funcionarios de México y Estados Unidos celebrada en el Distrito Federal el 20 de marzo, esto es, una semana antes del evento en el que el presunto sicario participó custodiando al Gobernador tamaulipeco.
Tres días después de ese encuentro de alto nivel, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una comunicación en la que señaló a los cárteles del Golfo y de Los Zetas como "los grupos criminales responsables de gran parte del derramamiento de sangre que actualmente ocurre en México".
Para entonces, la confrontación entre ambas agrupaciones por el control de las plazas, el narcomenudeo y diversas actividades criminales estaba en uno de sus puntos más álgidos en los municipios ubicados en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, así como en las carreteras que unen Monterrey con la frontera.
Incluso el operativo que arrancaron los Gobernadores Hernández y Medina fue para dar a los ciudadanos una señal de confianza para transitar por la zona en Semana Santa sin temor a ser víctimas de los cárteles.
El mismo sujeto había sido también señalado por el Gobierno mexicano en el 2003. El 19 de junio de ese año, la PGR distribuyó una lista de policías relacionados con Los Zetas en la que se incluía el nombre del entonces policía de tránsito Ortega Galicia.
El Cártel del Golfo sostiene hoy una alianza con el Cártel de Sinaloa, de "El Chapo" Guzmán, y pelea contra Los Zetas, que antes eran sus aliados y brazo armado.
Este grupo, también conocido como La Última Letra, se ha aliado a su vez con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Sobre los 54 personajes perseguidos, incluido Ortega Galicia, se decretó la congelación de sus bienes y la prohibición de hacer negocios en Estados Unidos.
En su reporte, el Departamento del Tesoro ubica el domicilio de Ortega Galicia en la calle Mariano Matamoros 58, Centro, Colonia San Gabriel Chilac, Puebla, y también en calle Sagitario y Láctea 3085, Colonia Las Palmas, entre Láctea y Avenida La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Tiene la CURP OEGI740531HPLRLS07 y el RFC OEGI740531; el registro de su credencial de elector es ORGLIS740531121H100.
lunes, 28 de junio de 2010
Asesinan al candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas Rodolfo Torres Cantú
Asesinan al candidato del PRI a la gobernatura de Tamaulipas Rodolfo Torres Cantú
El candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú resultó muerto en una balacera registrada esta mañana en el municipio de Soto La Marina.
La Policía Ministerial del Estado confirmó que alrededor de las 10:30 horas en la salida del municipio Soto La Marina tuvo lugar un balacera en la que habría estado involucrado el candidato del Partido Revolucionario Institucional.
Elementos de las corporaciones policiacas federales y estatales así como del Ejército iniciaron una movilización en diversos puntos de la capital tamaulipeca.
en un momento mas info...
El candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú resultó muerto en una balacera registrada esta mañana en el municipio de Soto La Marina.
La Policía Ministerial del Estado confirmó que alrededor de las 10:30 horas en la salida del municipio Soto La Marina tuvo lugar un balacera en la que habría estado involucrado el candidato del Partido Revolucionario Institucional.
Elementos de las corporaciones policiacas federales y estatales así como del Ejército iniciaron una movilización en diversos puntos de la capital tamaulipeca.
en un momento mas info...
lunes, 14 de junio de 2010
Ejecutan a Enrique Mendívil, líder de los ganaderos en Sinaloa
Enrique Mendívil Flores, ex regidor priista en el trienio de Aarón Irízar y actual dirigente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, fue ejecutado este mediodía cuando circulaba en un vehículo sobre la avenida Álvaro Obregón, a la altura del parque Ernesto Millán Escalante, antes parque 87.
De acuerdo a reporte preeliminar, el líder ganadero viajaba en su vehículo, una camioneta Toyota blindada, dplacas VKT 1840, de sur a norte cuando fue atacado por gatilleros que viajaban en varias unidades y ultimado cien metros antes de llegar a la avenida México 68.
Los gatilleros dispararon con fusiles R15 y proyectiles calibre en más cien ocasiones, de acuerdo a un recorrido visual de Ríodoce en el lugar de los hechos. También lo atacaron con proyectiles calibre 50, uno de los cuales no impactó en la unidad y terminó intacto sobre el asfalto. Otro de los mismos impactó en la casa de un vecino de la colonia Buenos Aires, ocasionándole daños en el techo, el tinaco del agua y la tubería.
Junto con Mendívil viajaba un escolta que resultó herido y fue trasladado a un hospital.
El guardia, adscrito a la Dirección de Servicios de Protección, fue identificado como Antonio Vizcarra Beltrán, quien fue llevado a un hospital.
En el año 2008, un chofer que trabajaba para él fue ejecutado por una de las calles de la colonia Guadalupe. Los pistoleros le arrojaron una granada que no explotó.
Mendívil Flores, de acuerdo a unas fichas de inteligencia de la Dirección de Gobierno, fue vinculado con el narcotráfico y actualmente estaba dentro de la lista de regidores por mayoría dentro de la propuesta del ex rector Héctor Melesio Cuen Ojeda, candidato a la alcaldía por la alianza "Para Ayudar a la gente".
De acuerdo a reporte preeliminar, el líder ganadero viajaba en su vehículo, una camioneta Toyota blindada, dplacas VKT 1840, de sur a norte cuando fue atacado por gatilleros que viajaban en varias unidades y ultimado cien metros antes de llegar a la avenida México 68.
Los gatilleros dispararon con fusiles R15 y proyectiles calibre en más cien ocasiones, de acuerdo a un recorrido visual de Ríodoce en el lugar de los hechos. También lo atacaron con proyectiles calibre 50, uno de los cuales no impactó en la unidad y terminó intacto sobre el asfalto. Otro de los mismos impactó en la casa de un vecino de la colonia Buenos Aires, ocasionándole daños en el techo, el tinaco del agua y la tubería.
Junto con Mendívil viajaba un escolta que resultó herido y fue trasladado a un hospital.
El guardia, adscrito a la Dirección de Servicios de Protección, fue identificado como Antonio Vizcarra Beltrán, quien fue llevado a un hospital.
En el año 2008, un chofer que trabajaba para él fue ejecutado por una de las calles de la colonia Guadalupe. Los pistoleros le arrojaron una granada que no explotó.
Mendívil Flores, de acuerdo a unas fichas de inteligencia de la Dirección de Gobierno, fue vinculado con el narcotráfico y actualmente estaba dentro de la lista de regidores por mayoría dentro de la propuesta del ex rector Héctor Melesio Cuen Ojeda, candidato a la alcaldía por la alianza "Para Ayudar a la gente".
Registros civiles y testimonios exhiben a Vizcarra
Reacio a reconocer su parentesco con Inés Calderón Quintero, el narcotraficante muerto a tiros en 1988, las relaciones familiares del candidato a la gubernatura, Jesús Vizcarra Calderón, quedan claramente expuestas por los registros civiles de Durango, por testimonios recogidos en la tierra de sus padres y por la viva voz de doña María Calderón López, su madre.
El jueves de la semana antepasada, la periodista Denise Maerker publicó en su programa Punto de partida un bloque de notas sobre candidatos bajo la sospecha de estar relacionados con el narcotráfico, en el cual figura Jesús Vizcarra Calderón, que encabeza en Sinaloa la Alianza para ayudar a la gente.
Del trabajo periodístico, realizado por el reportero José Antonio Mandujano, destacó la declaración de la madre del candidato, María Calderón López, pues afirma algo que su hijo había negado sistemáticamente durante más de dos décadas: que él e Inés Calderón Quintero, el narcotraficante asesinado en Culiacán en 1988, eran parientes.
“El papá de él —se refiere a Inés Calderón Godoy— era pariente muy lejano de nosotros”, dijo doña María.
Tres días después, cuando Vizcarra fue cuestionado por El Debate sobre ese parentesco que siempre había negado, no solo calló, sino que soltó contra el diario una andanada de reclamos rabiosos y descompuestos.
Pero más allá de la declaración de María Calderón están los registros civiles, donde reposan las actas de nacimiento de cada una de las familias en cuestión, donde los apellidos se cruzan en algún momento, le guste o no al candidato.
Las palabras no bastan
Don José López León tiene 76 años y fue encontrado por Ríodoce pintando el portal de su casa. “Hay que tenerla lista —dice—, porque en estos días recala la familia.
Vive en Las Higueritas, municipio de Tamazula, Durango, la pequeña comunidad donde nació y vivió doña María Calderón y que es atravesada por una carretera que llega hasta Chapotán, el pueblo donde nació el narcotraficante Inés Calderón Quintero, hijo de Inés Calderón Godoy, primo segundo de doña María.
Chapotán, antes San Joaquín Chapotán, fue fundado en la segunda mitad del siglo pasado por el misionero jesuita Hernando Santarén. Aquí termina el asfalto pero no los pueblos. Más adelante, ya por pura terracería, está La Mantecosa, una vieja comunidad conformada por no más de diez familias y ochenta habitantes, la mayoría viejos, mujeres y niños, donde nació Isabel Vizcarra Rodríguez, padre del alcalde de Culiacán.
Es el suroeste de Durango, donde la mayoría de las comunidades son bañadas por las aguas que bajan de la sierra y están más identificadas con la cultura y subcultura culichis, debido a su cercanía con la capital de Sinaloa.
Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón nació en Culiacán el 17 de marzo de 1960, pero sus raíces y parte de su historia se forjaron entre estos pueblos, de los que se fue alejando, dicen sus parientes, después de que mataron a Inés Calderón Quintero, el 26 de marzo de 1988.
“Hasta aquí llega —cuenta don José López—, porque tiene familia; la María también viene a ver a su gente”. La casa donde nació doña María se ve desde el portal de la vivienda de don José. “Yo la puse de novia con Chabelo”, recuerda en voz alta, con picardía de viejo.
En los pueblos de Tamazula todos aseguran el parentesco entre Inés Calderón y Jesús Vizcarra.
“Aquí todos los Calderón somos parientes”, sostiene Moisés Calderón, detrás del mostrador de la tienda Conasupo, ubicada en Chapotán, contra esquina de la casa donde nació Inés Calderón Quintero. Doña Rosario Félix, su madre, de 90 años, todavía le queda memoria para introducirse a la selva genealógica de los Calderón, los Quintero, los Imperial, los León, los Sosa, los Romero, los López…
Porque estos son los apellidos que gravitan en torno a dos hombres marcados por la fama, uno por haber alcanzado lugares prominentes en el negocio de las drogas, y el otro por haber construido de la noche a la mañana un emporio ganadero tatuado, desde su origen, por la sospecha.
De acuerdo con los registros civiles, recogidos por Ríodoce en Tamazula, Durango, el parentesco entre Jesús Vizcarra e Inés Calderón es, por lo menos, de cuarta generación, pero es, de eso no hay duda.
La madre del candidato a la gubernatura se llama María Calderón López, hija de Albino Calderón León. El padre de Inés Calderón Quintero se llamaba Inés Calderón Godoy, hijo de Inés Calderón León.
Sin embargo, a pesar de tener los mismos apellidos, los abuelos de uno y de otro no son hermanos pero sí primos, pues el de Jesús Vizcarra es hijo de Ismael Calderón Romero y Rosa León, mientras que el de Inés Calderón Quintero es hijo de Rómulo Calderón y Asunción León.
Y es aquí donde la sangre de uno y de otro, la del legendario narco y la del candidato a la gubernatura, se cruzan. Lo reconozca o no Jesús Vizcarra.
Adiós al terruño
Aunque los padres de Vizcarra se habían trasladado a Culiacán desde los años cuarenta, nunca dejaron de visitar su tierra. Viajaban con frecuencia a Las Higueritas a visitar a sus familiares y en un principio llegaban hasta La Mantecosa, la tierra de los Vizcarra, pasando por Chapotán, la tierra de los Calderón.
Pero luego de la muerte de Inés Calderón Quintero se fueron desterrando. En Chapotán, los pobladores afirman que Vizcarra ya no volvió después de ese hecho. Y los viajes de doña María se hicieron cada vez más lejanos. La última vez que se miró a Chuy en Chapotán fue cuando murió su tío abuelo Ismael Calderón, en febrero de 1987.
Pocos hablan y poco de las actividades ilícitas en que se vio envuelto el Inecillo, uno de los 14 hijos de Inés Calderón Godoy y de doña Elisa Quintero López.
“Pues nomás que tenía mucho dinero, que tenía tierras y ranchos por donde quiera, y avionetas… y bodegas llenas de costales de dólares”, dice quedito Moisés Calderón.
Los mismos pobladores de Chapotán cuentan las circunstancias en que murió Calderón Godoy, el padre del narcotraficante.
“Ya de viejo gateaba como niño chiquito… jugando a los carritos: perdió el juicio, tal vez porque lo secuestraron dos veces”.
Narran que Inés Calderón Godoy presumía el dinero de su hijo; que tenía costales llenos de dólares, bodegas llenas del “billete verde”. Hasta que lo secuestraron los mismos trabajadores de uno de sus campos. La primera vez lo soltaron pronto. Pero luego lo volvieron a secuestrar y ahora sí le sacaron una lana. Después empezó a perder la noción de las cosas. Y así murió, el 5 de mayo de 2001.
Sombra de la sombra
Con los años, no solo sería Inés Calderón una sombra maldita para Jesús Vizcarra, un hombre que después de haber logrado éxitos empresariales decidió probar suerte en la política. El dinero no basta, se dijo: quiero el poder.
Ya había hecho relaciones en Sinaloa pero también en México, incluso en los Estados Unidos, donde consiguió inversionistas para sus empresas.
Logró penetrar en la clase empresarial de Sinaloa que primero lo rechazaba por el estigma de estar “lavando dinero” del narcotráfico. Después ya no solo se decía que había inyectado a Vizur dinero de Inés Calderón, sino que tenía también una relación empresarial y de compadrazgo con Ismael Zambada García, el Mayo.
Así se mantuvo hasta diciembre de 2009, cuando el diario Reforma publicó las fotografías donde Vizcarra, ya encarrerado por la gubernatura de Sinaloa, apareció en una fotografía tomada en el rancho Puerto Rico, en compañía de los padres de Inés Calderón, Ismael Zambada y otros narcotraficantes.
El Inecillo quedó atrás. Ahora la sombra de Vizcarra era el Mayo.
No era casual que en dichas fotografías aparecieran juntos Inés Calderón Godoy y su esposa, doña Marisela Quintero, un hijo de Baltazar Díaz (otro narcotraficante muerto en enero de 1995 en el Distrito Federal, y que había sido de los pioneros, junto con Inés Calderón, en el tráfico de cocaína a gran escala) y el Mayo Zambada.
En los años ochenta conformaban un grupo compacto; eran amigos, socios, compadres. Por eso también es creíble el compadrazgo de Vizcarra con Zambada, aunque la hoja de registro en la Iglesia haya sido arrancada del libro de bautismos para eliminar evidencias.
Inés: ficha no autorizada
De acuerdo al acta de nacimiento número 46 del 9 de marzo de 1955, radicada en el Registro Civil de Tamazula, José Inés Calderón Quintero nació el 27 de abril de 1954 en la localidad de Chapotán, municipio de Tamazula, Durango.
Hijo de Inés Calderón Godoy (1918-2001) y de Elisa Quintero López, nacida en 1928, tuvo tres hermanos (René, María del Rosario y Mélida) y se casó en primeras nupcias con Juana Meza Angulo, originaria de Tamazula, con quien procreó tres hijos: José Inés, Paúl René y Elizabeth.
Inés Calderón se sentía orgulloso de su nombre. Así se llamaban su padre y su abuelo, por lo menos. Así que decidió regar nombre y apellido por donde podía pasar. A todos sus hijos reconoció y, como dicen en la sierra, “patrimonió”.
En Sonora se casó en segundas nupcias con Olga Lidia Bazúa Heras, una hermosa mujer originaria de Empalme que había sido Señorita Sonora. Tuvo con ella dos hijos, José Inés y Olga Lidia, a los cuales heredó una incalculable fortuna, en bienes y dólares que guardaba celosamente en bodegas insospechadas.
Semanas después de que Inés murió acribillado por el comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderón, en su propia recámara y en presencia de su esposa embarazada, la viuda empezó a adquirir bienes millonarios (ranchos, fincas, casas, tierras), algunos de los cuales pasaron por un tiempo a custodia legal del abogado Enrique Mendívil Flores, ex regidor priista, actual presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y señalado por fichas de Inteligencia del Gobierno estatal, por sus presuntas relaciones con el narcotráfico.
Al Inecillo se le conoció otro hijo Inés, pero este de apellidos Calderón Bazán, que procreó con Laura Bazán, a la que conoció cuando era secretaria del Juzgado Segundo Civil.
Muchos de los bienes de Inés Calderón, que estaban a nombre de amigos y compadres, se perdieron. En Chapotán cuentan la historia de un compadre del narco que se resistía a su petición de poner propiedades a su nombre. “No le saque compadre, si un día me matan usted se va a quedar con todo”, le decía. Al final aceptó. Cuando murió Inés, el compadre se quedó con tierras, fincas, maquinaria, vehículos y avionetas.
Después de que detuvieron a Rafael Caro Quintero en Costa Rica, en 1985, trascendió que la finca donde fue encontrado, conocida como La Quinta, había sido adquirida meses antes por dos mexicanos, uno de ellos Inés Calderón.
Cuando lo mataron, Inés acababa de ser señalado por el Gobierno de los Estados Unidos como uno de los hombres que secuestraron y torturaron al agente de la DEA asesinado, Enrique Camarena Salazar.
El cuerpo de Inés fue sepultado en el panteón Jardines del Humaya con todos los honores de un narco. En su capilla lucía, tras el grueso cristal, una fotografía donde portaba traje café abierto sin corbata y una tejana impecable.
Pero después de 2001 sus restos fueron extraídos para trasladarlos a Guadalajara, Jalisco, donde murió y sepultaron a su padre.
El jueves de la semana antepasada, la periodista Denise Maerker publicó en su programa Punto de partida un bloque de notas sobre candidatos bajo la sospecha de estar relacionados con el narcotráfico, en el cual figura Jesús Vizcarra Calderón, que encabeza en Sinaloa la Alianza para ayudar a la gente.
Del trabajo periodístico, realizado por el reportero José Antonio Mandujano, destacó la declaración de la madre del candidato, María Calderón López, pues afirma algo que su hijo había negado sistemáticamente durante más de dos décadas: que él e Inés Calderón Quintero, el narcotraficante asesinado en Culiacán en 1988, eran parientes.
“El papá de él —se refiere a Inés Calderón Godoy— era pariente muy lejano de nosotros”, dijo doña María.
Tres días después, cuando Vizcarra fue cuestionado por El Debate sobre ese parentesco que siempre había negado, no solo calló, sino que soltó contra el diario una andanada de reclamos rabiosos y descompuestos.
Pero más allá de la declaración de María Calderón están los registros civiles, donde reposan las actas de nacimiento de cada una de las familias en cuestión, donde los apellidos se cruzan en algún momento, le guste o no al candidato.
Las palabras no bastan
Don José López León tiene 76 años y fue encontrado por Ríodoce pintando el portal de su casa. “Hay que tenerla lista —dice—, porque en estos días recala la familia.
Vive en Las Higueritas, municipio de Tamazula, Durango, la pequeña comunidad donde nació y vivió doña María Calderón y que es atravesada por una carretera que llega hasta Chapotán, el pueblo donde nació el narcotraficante Inés Calderón Quintero, hijo de Inés Calderón Godoy, primo segundo de doña María.
Chapotán, antes San Joaquín Chapotán, fue fundado en la segunda mitad del siglo pasado por el misionero jesuita Hernando Santarén. Aquí termina el asfalto pero no los pueblos. Más adelante, ya por pura terracería, está La Mantecosa, una vieja comunidad conformada por no más de diez familias y ochenta habitantes, la mayoría viejos, mujeres y niños, donde nació Isabel Vizcarra Rodríguez, padre del alcalde de Culiacán.
Es el suroeste de Durango, donde la mayoría de las comunidades son bañadas por las aguas que bajan de la sierra y están más identificadas con la cultura y subcultura culichis, debido a su cercanía con la capital de Sinaloa.
Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón nació en Culiacán el 17 de marzo de 1960, pero sus raíces y parte de su historia se forjaron entre estos pueblos, de los que se fue alejando, dicen sus parientes, después de que mataron a Inés Calderón Quintero, el 26 de marzo de 1988.
“Hasta aquí llega —cuenta don José López—, porque tiene familia; la María también viene a ver a su gente”. La casa donde nació doña María se ve desde el portal de la vivienda de don José. “Yo la puse de novia con Chabelo”, recuerda en voz alta, con picardía de viejo.
En los pueblos de Tamazula todos aseguran el parentesco entre Inés Calderón y Jesús Vizcarra.
“Aquí todos los Calderón somos parientes”, sostiene Moisés Calderón, detrás del mostrador de la tienda Conasupo, ubicada en Chapotán, contra esquina de la casa donde nació Inés Calderón Quintero. Doña Rosario Félix, su madre, de 90 años, todavía le queda memoria para introducirse a la selva genealógica de los Calderón, los Quintero, los Imperial, los León, los Sosa, los Romero, los López…
Porque estos son los apellidos que gravitan en torno a dos hombres marcados por la fama, uno por haber alcanzado lugares prominentes en el negocio de las drogas, y el otro por haber construido de la noche a la mañana un emporio ganadero tatuado, desde su origen, por la sospecha.
De acuerdo con los registros civiles, recogidos por Ríodoce en Tamazula, Durango, el parentesco entre Jesús Vizcarra e Inés Calderón es, por lo menos, de cuarta generación, pero es, de eso no hay duda.
La madre del candidato a la gubernatura se llama María Calderón López, hija de Albino Calderón León. El padre de Inés Calderón Quintero se llamaba Inés Calderón Godoy, hijo de Inés Calderón León.
Sin embargo, a pesar de tener los mismos apellidos, los abuelos de uno y de otro no son hermanos pero sí primos, pues el de Jesús Vizcarra es hijo de Ismael Calderón Romero y Rosa León, mientras que el de Inés Calderón Quintero es hijo de Rómulo Calderón y Asunción León.
Y es aquí donde la sangre de uno y de otro, la del legendario narco y la del candidato a la gubernatura, se cruzan. Lo reconozca o no Jesús Vizcarra.
Adiós al terruño
Aunque los padres de Vizcarra se habían trasladado a Culiacán desde los años cuarenta, nunca dejaron de visitar su tierra. Viajaban con frecuencia a Las Higueritas a visitar a sus familiares y en un principio llegaban hasta La Mantecosa, la tierra de los Vizcarra, pasando por Chapotán, la tierra de los Calderón.
Pero luego de la muerte de Inés Calderón Quintero se fueron desterrando. En Chapotán, los pobladores afirman que Vizcarra ya no volvió después de ese hecho. Y los viajes de doña María se hicieron cada vez más lejanos. La última vez que se miró a Chuy en Chapotán fue cuando murió su tío abuelo Ismael Calderón, en febrero de 1987.
Pocos hablan y poco de las actividades ilícitas en que se vio envuelto el Inecillo, uno de los 14 hijos de Inés Calderón Godoy y de doña Elisa Quintero López.
“Pues nomás que tenía mucho dinero, que tenía tierras y ranchos por donde quiera, y avionetas… y bodegas llenas de costales de dólares”, dice quedito Moisés Calderón.
Los mismos pobladores de Chapotán cuentan las circunstancias en que murió Calderón Godoy, el padre del narcotraficante.
“Ya de viejo gateaba como niño chiquito… jugando a los carritos: perdió el juicio, tal vez porque lo secuestraron dos veces”.
Narran que Inés Calderón Godoy presumía el dinero de su hijo; que tenía costales llenos de dólares, bodegas llenas del “billete verde”. Hasta que lo secuestraron los mismos trabajadores de uno de sus campos. La primera vez lo soltaron pronto. Pero luego lo volvieron a secuestrar y ahora sí le sacaron una lana. Después empezó a perder la noción de las cosas. Y así murió, el 5 de mayo de 2001.
Sombra de la sombra
Con los años, no solo sería Inés Calderón una sombra maldita para Jesús Vizcarra, un hombre que después de haber logrado éxitos empresariales decidió probar suerte en la política. El dinero no basta, se dijo: quiero el poder.
Ya había hecho relaciones en Sinaloa pero también en México, incluso en los Estados Unidos, donde consiguió inversionistas para sus empresas.
Logró penetrar en la clase empresarial de Sinaloa que primero lo rechazaba por el estigma de estar “lavando dinero” del narcotráfico. Después ya no solo se decía que había inyectado a Vizur dinero de Inés Calderón, sino que tenía también una relación empresarial y de compadrazgo con Ismael Zambada García, el Mayo.
Así se mantuvo hasta diciembre de 2009, cuando el diario Reforma publicó las fotografías donde Vizcarra, ya encarrerado por la gubernatura de Sinaloa, apareció en una fotografía tomada en el rancho Puerto Rico, en compañía de los padres de Inés Calderón, Ismael Zambada y otros narcotraficantes.
El Inecillo quedó atrás. Ahora la sombra de Vizcarra era el Mayo.
No era casual que en dichas fotografías aparecieran juntos Inés Calderón Godoy y su esposa, doña Marisela Quintero, un hijo de Baltazar Díaz (otro narcotraficante muerto en enero de 1995 en el Distrito Federal, y que había sido de los pioneros, junto con Inés Calderón, en el tráfico de cocaína a gran escala) y el Mayo Zambada.
En los años ochenta conformaban un grupo compacto; eran amigos, socios, compadres. Por eso también es creíble el compadrazgo de Vizcarra con Zambada, aunque la hoja de registro en la Iglesia haya sido arrancada del libro de bautismos para eliminar evidencias.
Inés: ficha no autorizada
De acuerdo al acta de nacimiento número 46 del 9 de marzo de 1955, radicada en el Registro Civil de Tamazula, José Inés Calderón Quintero nació el 27 de abril de 1954 en la localidad de Chapotán, municipio de Tamazula, Durango.
Hijo de Inés Calderón Godoy (1918-2001) y de Elisa Quintero López, nacida en 1928, tuvo tres hermanos (René, María del Rosario y Mélida) y se casó en primeras nupcias con Juana Meza Angulo, originaria de Tamazula, con quien procreó tres hijos: José Inés, Paúl René y Elizabeth.
Inés Calderón se sentía orgulloso de su nombre. Así se llamaban su padre y su abuelo, por lo menos. Así que decidió regar nombre y apellido por donde podía pasar. A todos sus hijos reconoció y, como dicen en la sierra, “patrimonió”.
En Sonora se casó en segundas nupcias con Olga Lidia Bazúa Heras, una hermosa mujer originaria de Empalme que había sido Señorita Sonora. Tuvo con ella dos hijos, José Inés y Olga Lidia, a los cuales heredó una incalculable fortuna, en bienes y dólares que guardaba celosamente en bodegas insospechadas.
Semanas después de que Inés murió acribillado por el comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderón, en su propia recámara y en presencia de su esposa embarazada, la viuda empezó a adquirir bienes millonarios (ranchos, fincas, casas, tierras), algunos de los cuales pasaron por un tiempo a custodia legal del abogado Enrique Mendívil Flores, ex regidor priista, actual presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y señalado por fichas de Inteligencia del Gobierno estatal, por sus presuntas relaciones con el narcotráfico.
Al Inecillo se le conoció otro hijo Inés, pero este de apellidos Calderón Bazán, que procreó con Laura Bazán, a la que conoció cuando era secretaria del Juzgado Segundo Civil.
Muchos de los bienes de Inés Calderón, que estaban a nombre de amigos y compadres, se perdieron. En Chapotán cuentan la historia de un compadre del narco que se resistía a su petición de poner propiedades a su nombre. “No le saque compadre, si un día me matan usted se va a quedar con todo”, le decía. Al final aceptó. Cuando murió Inés, el compadre se quedó con tierras, fincas, maquinaria, vehículos y avionetas.
Después de que detuvieron a Rafael Caro Quintero en Costa Rica, en 1985, trascendió que la finca donde fue encontrado, conocida como La Quinta, había sido adquirida meses antes por dos mexicanos, uno de ellos Inés Calderón.
Cuando lo mataron, Inés acababa de ser señalado por el Gobierno de los Estados Unidos como uno de los hombres que secuestraron y torturaron al agente de la DEA asesinado, Enrique Camarena Salazar.
El cuerpo de Inés fue sepultado en el panteón Jardines del Humaya con todos los honores de un narco. En su capilla lucía, tras el grueso cristal, una fotografía donde portaba traje café abierto sin corbata y una tejana impecable.
Pero después de 2001 sus restos fueron extraídos para trasladarlos a Guadalajara, Jalisco, donde murió y sepultaron a su padre.
miércoles, 26 de mayo de 2010
Envía Obama a la Guardia Nacional contra el narco
El presidente estadunidense, Barack Obama, enviará mil 200 soldados más de la Guardia Nacional a la frontera con México para colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Al respecto, la cancillería mexicana pidió que las tropas se dediquen a combatir al crimen organizado y no a perseguir a inmigrantes.
Después de que Felipe Calderón en su reciente visita a Washington solicitó más cooperación contra el narcotráfico, el mandatario estadunidense decidió desplegar “en la frontera hasta mil 200 soldados adicionales de la Guardia Nacional, según la demanda, para adelantar misiones de inteligencia, vigilancia o reconocimiento”, informó un alto funcionario del gobierno de aquel país.
Además, anunció que “en el marco de su plan para asegurar la frontera (...) el presidente Obama va a solicitar 500 millones de dólares en fondos suplementarios para una mejor protección de la frontera y las operaciones para mantener el orden”.
Estas medidas, dijo el funcionario estadunidense, quien pidió no ser identificado, integran “un esfuerzo a todos los niveles para atacar a las redes criminales de tráfico de personas, drogas, armas ilegales y dinero”, y servirán para “complementar la sólida colaboración en seguridad con México”.
Barack Obama se había resistido a reforzar la presencia de soldados en la frontera pese al incremento de la violencia de los cárteles mexicanos, al alegar que prefería esperar los resultados de una nueva estrategia que lanzó hace más de un año con más recursos y agentes.
Según la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, dicho plan, iniciado en marzo de 2009, ha resultado exitoso y “los números” de incautación de drogas y armas en la frontera “nunca han estado mejor”.
El anuncio de Obama se dio después de que buscó el apoyo de senadores republicanos, con quienes se reunió en el Congreso, para debatir una reforma migratoria integral.
“Refuerce primero la seguridad en la frontera”, fue la respuesta que el presidente estadunidense recibió de John McCain, senador por Arizona.
El legislador exigió el envío de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional a la zona fronteriza y ayer presentó una propuesta en el Senado para garantizar los recursos para esa iniciativa.
A trabajar por la seguridad
Mientras, el gobierno mexicano confió en que los mil 200 integrantes de la Guardia Nacional de EU para reforzar la seguridad en la frontera no realicen actividades en materia migratoria.
“El gobierno de México confía en que el personal de la Guardia Nacional fortalecerá las acciones para combatir a la delincuencia organizada transnacional que opera en ambos lados de la frontera y, en apego a sus funciones, no realizará actividades directamente vinculadas a la aplicación de las leyes migratorias”, planteó la cancillería en un comunicado.
Como parte de la estrategia en el combate contra la delincuencia organizada, hay acciones que los dos países desarrollan conjuntamente, pero hay otras que se efectúan de manera independiente, en el ámbito de sus respectivos territorios, agregó la dependencia.
“En este sentido, el gobierno de México respeta las decisiones soberanas del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, subraya que la responsabilidad compartida debe continuar siendo la base de nuestros esfuerzos conjuntos contra la delincuencia organizada que opera en ambos lados de la frontera”, puntualizó.
La cancillería consideró, además, que la decisión de EU “debe traducirse en la canalización de recursos adicionales para dar mayor efectividad a los esfuerzos para prevenir el tráfico ilegal de armas y dinero en efectivo hacia México, que proveen a la delincuencia organizada de
su poder de fuego y su capacidad para corromper”.
Refrendó el compromiso de México de trabajar para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades fronterizas, y enfrentar a las organizaciones delictivas, así como sus vínculos con el tráfico de drogas y personas.
Después de que Felipe Calderón en su reciente visita a Washington solicitó más cooperación contra el narcotráfico, el mandatario estadunidense decidió desplegar “en la frontera hasta mil 200 soldados adicionales de la Guardia Nacional, según la demanda, para adelantar misiones de inteligencia, vigilancia o reconocimiento”, informó un alto funcionario del gobierno de aquel país.
Además, anunció que “en el marco de su plan para asegurar la frontera (...) el presidente Obama va a solicitar 500 millones de dólares en fondos suplementarios para una mejor protección de la frontera y las operaciones para mantener el orden”.
Estas medidas, dijo el funcionario estadunidense, quien pidió no ser identificado, integran “un esfuerzo a todos los niveles para atacar a las redes criminales de tráfico de personas, drogas, armas ilegales y dinero”, y servirán para “complementar la sólida colaboración en seguridad con México”.
Barack Obama se había resistido a reforzar la presencia de soldados en la frontera pese al incremento de la violencia de los cárteles mexicanos, al alegar que prefería esperar los resultados de una nueva estrategia que lanzó hace más de un año con más recursos y agentes.
Según la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, dicho plan, iniciado en marzo de 2009, ha resultado exitoso y “los números” de incautación de drogas y armas en la frontera “nunca han estado mejor”.
El anuncio de Obama se dio después de que buscó el apoyo de senadores republicanos, con quienes se reunió en el Congreso, para debatir una reforma migratoria integral.
“Refuerce primero la seguridad en la frontera”, fue la respuesta que el presidente estadunidense recibió de John McCain, senador por Arizona.
El legislador exigió el envío de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional a la zona fronteriza y ayer presentó una propuesta en el Senado para garantizar los recursos para esa iniciativa.
A trabajar por la seguridad
Mientras, el gobierno mexicano confió en que los mil 200 integrantes de la Guardia Nacional de EU para reforzar la seguridad en la frontera no realicen actividades en materia migratoria.
“El gobierno de México confía en que el personal de la Guardia Nacional fortalecerá las acciones para combatir a la delincuencia organizada transnacional que opera en ambos lados de la frontera y, en apego a sus funciones, no realizará actividades directamente vinculadas a la aplicación de las leyes migratorias”, planteó la cancillería en un comunicado.
Como parte de la estrategia en el combate contra la delincuencia organizada, hay acciones que los dos países desarrollan conjuntamente, pero hay otras que se efectúan de manera independiente, en el ámbito de sus respectivos territorios, agregó la dependencia.
“En este sentido, el gobierno de México respeta las decisiones soberanas del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, subraya que la responsabilidad compartida debe continuar siendo la base de nuestros esfuerzos conjuntos contra la delincuencia organizada que opera en ambos lados de la frontera”, puntualizó.
La cancillería consideró, además, que la decisión de EU “debe traducirse en la canalización de recursos adicionales para dar mayor efectividad a los esfuerzos para prevenir el tráfico ilegal de armas y dinero en efectivo hacia México, que proveen a la delincuencia organizada de
su poder de fuego y su capacidad para corromper”.
Refrendó el compromiso de México de trabajar para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades fronterizas, y enfrentar a las organizaciones delictivas, así como sus vínculos con el tráfico de drogas y personas.
Arresta la PGR a 'Greg' Sánchez
La Procuraduría General de la República detuvo anoche a Gregorio "Greg" Sánchez, candidato del PRD, el PT y Convergencia a la Gubernatura de Quintana Roo.
Ésta es la primera vez en la historia que un candidato a una Gubernatura es detenido en plena campaña electoral por supuestos vínculos y colaboración con el crimen organizado.
El arresto lo realizó la PGR en el Aeropuerto Internacional de Cancún con base en una orden de aprehensión librada en contra de "Greg" por sus presuntos vínculos con las organizaciones criminales de los Beltrán Leyva y Los Zetas.
Los cargos que se le imputan son los de delincuencia organizada, delitos contra la salud en la modalidad de fomento y lavado de dinero, todos ellos tipificados como graves y sin derecho a libertad bajo fianza en caso de ser procesado.
De acuerdo con fuentes oficiales, la Policía Federal Ministerial de la PGR capturó al ex Alcalde de Cancún por mandato del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Nayarit en la causa penal 122/2010-VI, y en las primeras horas de este miércoles sería internado en el penal federal de El Rincón, de esa entidad.
Horas antes de que el aspirante a Gobernador fuera detenido, el líder nacional perredista, Jesús Ortega, exigió a la PGR no "michoacanizar" una averiguación previa contra su abanderado.
"Queremos evitar que se repita otro michoacanazo con esas aberrantes figuras y procedimientos, como los testigos protegidos, que los utilizan para todo. Creo que tienen tres testigos protegidos, y a ésos los utilizan en todos los casos. Los utilizan en Michoacán, en Guerrero, y ahora en el Estado de México y en Quintana Roo", dijo Ortega en conferencia de prensa.
Allí, "Greg" fue arropado también por el líder de Convergencia, Luis Walton; el representante del PT, Ricardo Cantú; el coordinador del DIA, Manuel Camacho Solís; el presidente del Senado, Carlos Navarrete, y el diputado Jesús Zambrano.
Según reportes obtenidos, las pesquisas contra "Greg" empezaron el año pasado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/051/2009, en la que la PGR detectó presuntos vínculos del Cártel de "Los Zetas" con tres de sus colaboradores más allegados y quienes hoy se encuentran en la cárcel.
Sus colaboradores fueron capturados después de que "Los Zetas" ejecutaran el 3 de febrero de 2009 al General de Brigada Mauro Enrique Tello Quiñones en Cancún.
Desde 2009, el Ejército detuvo a Boris del Valle Alonso, un ex militar cubano veterano de la guerra de Angola y quien fungía como uno de los principales asesores de "Greg" Sánchez. Del Valle fue acusado de negociar el tráfico de drogas e indocumentados con "Los Zetas".
Los militares también detuvieron a Francisco Velasco Delgado, "El Vikingo", entonces jefe de la Policía de Cancún, y a Marco Antonio Mejía, ex jefe de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y director de la prisión municipal.
Ambos también fueron acusados de vínculos con la organización de sicarios que encabeza Heriberto Lazcano Lazcano "El Verdugo".
Ésta es la primera vez en la historia que un candidato a una Gubernatura es detenido en plena campaña electoral por supuestos vínculos y colaboración con el crimen organizado.
El arresto lo realizó la PGR en el Aeropuerto Internacional de Cancún con base en una orden de aprehensión librada en contra de "Greg" por sus presuntos vínculos con las organizaciones criminales de los Beltrán Leyva y Los Zetas.
Los cargos que se le imputan son los de delincuencia organizada, delitos contra la salud en la modalidad de fomento y lavado de dinero, todos ellos tipificados como graves y sin derecho a libertad bajo fianza en caso de ser procesado.
De acuerdo con fuentes oficiales, la Policía Federal Ministerial de la PGR capturó al ex Alcalde de Cancún por mandato del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Nayarit en la causa penal 122/2010-VI, y en las primeras horas de este miércoles sería internado en el penal federal de El Rincón, de esa entidad.
Horas antes de que el aspirante a Gobernador fuera detenido, el líder nacional perredista, Jesús Ortega, exigió a la PGR no "michoacanizar" una averiguación previa contra su abanderado.
"Queremos evitar que se repita otro michoacanazo con esas aberrantes figuras y procedimientos, como los testigos protegidos, que los utilizan para todo. Creo que tienen tres testigos protegidos, y a ésos los utilizan en todos los casos. Los utilizan en Michoacán, en Guerrero, y ahora en el Estado de México y en Quintana Roo", dijo Ortega en conferencia de prensa.
Allí, "Greg" fue arropado también por el líder de Convergencia, Luis Walton; el representante del PT, Ricardo Cantú; el coordinador del DIA, Manuel Camacho Solís; el presidente del Senado, Carlos Navarrete, y el diputado Jesús Zambrano.
Según reportes obtenidos, las pesquisas contra "Greg" empezaron el año pasado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/051/2009, en la que la PGR detectó presuntos vínculos del Cártel de "Los Zetas" con tres de sus colaboradores más allegados y quienes hoy se encuentran en la cárcel.
Sus colaboradores fueron capturados después de que "Los Zetas" ejecutaran el 3 de febrero de 2009 al General de Brigada Mauro Enrique Tello Quiñones en Cancún.
Desde 2009, el Ejército detuvo a Boris del Valle Alonso, un ex militar cubano veterano de la guerra de Angola y quien fungía como uno de los principales asesores de "Greg" Sánchez. Del Valle fue acusado de negociar el tráfico de drogas e indocumentados con "Los Zetas".
Los militares también detuvieron a Francisco Velasco Delgado, "El Vikingo", entonces jefe de la Policía de Cancún, y a Marco Antonio Mejía, ex jefe de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y director de la prisión municipal.
Ambos también fueron acusados de vínculos con la organización de sicarios que encabeza Heriberto Lazcano Lazcano "El Verdugo".
martes, 27 de abril de 2010
Treasury Designates Guatemalan Drug Lords Allied with the Sinaloa Cartel as Specially Designated Narcotics Traffickers
WASHINGTON – Due to his significant role in international narcotics trafficking and his ties to the Sinaloa Cartel the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) today designated Waldemar Lorenzana Lima, one of Guatemala's most wanted drug traffickers, as a Specially Designated Narcotics Trafficker (SDNT) pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Kingpin Act). OFAC also today designated as SDNTs Lorenzana Lima's three sons, Eliu Lorenzana Cordon, Haroldo Lorenzana Cordon, and Waldemar Lorenzana Cordon. President Obama identified the Sinaloa Cartel as a significant foreign narcotics trafficker under the Kingpin Act in April 2009. Today's action prohibits U.S. persons from conducting financial or commercial transactions with the four designated individuals and freezes any assets they may have under U.S. jurisdiction.
"Treasury will continue to target Mexican drug cartels wherever they are operating. Today's designation of Guatemalan drug traffickers from the Lorenzana family allied with the Sinaloa Cartel allows us to open another battlefront against Mexican transnational drug trafficking organizations," said OFAC Director Adam J. Szubin.
The Lorenzanas play a key role in facilitating cocaine trafficking between Colombia and Mexico. Through their connections with Colombian sources of supply, they utilize their home country of Guatemala as a staging point for cocaine trans-shipments. Once the cocaine arrives in Guatemala, the Lorenzanas work with the Sinaloa Cartel to traffic cocaine into Mexico and, eventually, the United States. The U.S. government is currently offering rewards of up to $500,000 for information regarding Waldemar Lorenzana Lima and up to $200,000 for information regarding each of his three sons.
Today's action is the latest in a series of efforts by OFAC to thwart Mexico's drug cartels. The Sinaloa Cartel is responsible for distributing significant amounts of cocaine, marijuana, and methamphetamines to the United States. It also bears responsibility for some of the unprecedented violence that is occurring in Mexico, particularly along the U.S.-Mexican border in cities including Ciudad Juarez.
Today's action, supported by the Drug Enforcement Administration, is part of OFAC's ongoing efforts under the Kingpin Act to apply financial measures against significant foreign narcotics traffickers worldwide. Internationally, OFAC has designated more than 600 businesses and individuals linked to 82 drug kingpins since June 2000. Penalties for violations of the Kingpin Act range from civil penalties of up to $1.075 million per violation to more severe criminal penalties. Criminal penalties for corporate officers may include up to 30 years in prison and fines of up to $5 million. Criminal fines for corporations may reach $10 million. Other individuals face up to 10 years in prison and fines for criminal violation of the Kingpin Act pursuant to Title 18 of the United States Code.
"Treasury will continue to target Mexican drug cartels wherever they are operating. Today's designation of Guatemalan drug traffickers from the Lorenzana family allied with the Sinaloa Cartel allows us to open another battlefront against Mexican transnational drug trafficking organizations," said OFAC Director Adam J. Szubin.
The Lorenzanas play a key role in facilitating cocaine trafficking between Colombia and Mexico. Through their connections with Colombian sources of supply, they utilize their home country of Guatemala as a staging point for cocaine trans-shipments. Once the cocaine arrives in Guatemala, the Lorenzanas work with the Sinaloa Cartel to traffic cocaine into Mexico and, eventually, the United States. The U.S. government is currently offering rewards of up to $500,000 for information regarding Waldemar Lorenzana Lima and up to $200,000 for information regarding each of his three sons.
Today's action is the latest in a series of efforts by OFAC to thwart Mexico's drug cartels. The Sinaloa Cartel is responsible for distributing significant amounts of cocaine, marijuana, and methamphetamines to the United States. It also bears responsibility for some of the unprecedented violence that is occurring in Mexico, particularly along the U.S.-Mexican border in cities including Ciudad Juarez.
Today's action, supported by the Drug Enforcement Administration, is part of OFAC's ongoing efforts under the Kingpin Act to apply financial measures against significant foreign narcotics traffickers worldwide. Internationally, OFAC has designated more than 600 businesses and individuals linked to 82 drug kingpins since June 2000. Penalties for violations of the Kingpin Act range from civil penalties of up to $1.075 million per violation to more severe criminal penalties. Criminal penalties for corporate officers may include up to 30 years in prison and fines of up to $5 million. Criminal fines for corporations may reach $10 million. Other individuals face up to 10 years in prison and fines for criminal violation of the Kingpin Act pursuant to Title 18 of the United States Code.
viernes, 19 de marzo de 2010
Cae jefe de plaza de los Beltrán Leyva en NL
Infantes de Marina realizaron hoy una nueva incursión en la que lograron la captura en San Pedro Garza García, Nuevo León, de Alberto Mendoza Contreras, El chico malo, jefe de la plaza asignado por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Los comandos de Marina lograron sorprender a Mendoza Contreras junto con su principal lugarteniente, de quien no se dio su nombre, quienes apenas pudieron ofrecer una débil resistencia antes de su captura.
Posteriormente, los infantes de Marina efectuaron un nuevo operativo en el que detuvieron a 10 miembros más de esa organización en una casa de seguridad de San Pedro Garza García donde aseguraron armas y vehículos tras enfrentamientos en los que aún se desconoce si hubo muertos o heridos.
La Secretaría de Marina presentará esta tarde a los detenidos en el municipio de San Pedro Garza García.
Este golpe se suma a las diversas acciones que la Armada ha efectuado contra el cártel de los Beltrán Leyva desde diciembre pasado, en una de la cuales también falleció el jefe de ese cártel, Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
Los comandos de Marina lograron sorprender a Mendoza Contreras junto con su principal lugarteniente, de quien no se dio su nombre, quienes apenas pudieron ofrecer una débil resistencia antes de su captura.
Posteriormente, los infantes de Marina efectuaron un nuevo operativo en el que detuvieron a 10 miembros más de esa organización en una casa de seguridad de San Pedro Garza García donde aseguraron armas y vehículos tras enfrentamientos en los que aún se desconoce si hubo muertos o heridos.
La Secretaría de Marina presentará esta tarde a los detenidos en el municipio de San Pedro Garza García.
Este golpe se suma a las diversas acciones que la Armada ha efectuado contra el cártel de los Beltrán Leyva desde diciembre pasado, en una de la cuales también falleció el jefe de ese cártel, Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
jueves, 18 de marzo de 2010
Manda Estados Unidos misión antinarco a Mexico
Una delegación de alto nivel de Estados Unidos encabezada por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, visitará México el próximo martes para una reunión bilateral sobre la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, anunció ayer el Gobierno de aquel país.
Clinton viajará acompañada del Secretario de Defensa, Robert Gates; la Secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano; el director nacional de Inteligencia, Dennis Blair, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Michael Mullen.
Esta visita se anuncia cuatro días después del asesinato de tres personas vinculadas con el Consulado de EU en Ciudad Juárez.
"La reunión ha estado en preparación por varios meses", dijo el vocero del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, quien añadió que tanto Clinton como la Canciller mexicana, Patricia Espinosa, encabezarán el encuentro.
"Será una discusión interagencias dentro de la evolución de la Iniciativa Mérida que se enfocará en las metas compartidas de frenar el poder de las organizaciones de tráfico de drogas", agregó Crowley.
En el encuentro, el segundo del Grupo Consultivo de Alto Nivel sobre la Iniciativa Mérida, participarán también la jefa de la Agencia Antidrogas (DEA), Michele Leonhart; el jefe de la Oficina de Aduanas y Control Migratorio, John Morton, y el asesor en Seguridad Interna de la Casa Blanca, John Brennan.
También viajan el director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Tesoro, el subprocurador general de Justicia y un representante de la oficina del Zar Antidrogas.
"Este encuentro se da en un momento crítico y sensible para ambos países, en el que deben definir una estrategia integral contra el narcotráfico", dijo Eric Olson, especialista en seguridad del Woodrow Wilson Center.
Clinton viajará acompañada del Secretario de Defensa, Robert Gates; la Secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano; el director nacional de Inteligencia, Dennis Blair, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Michael Mullen.
Esta visita se anuncia cuatro días después del asesinato de tres personas vinculadas con el Consulado de EU en Ciudad Juárez.
"La reunión ha estado en preparación por varios meses", dijo el vocero del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, quien añadió que tanto Clinton como la Canciller mexicana, Patricia Espinosa, encabezarán el encuentro.
"Será una discusión interagencias dentro de la evolución de la Iniciativa Mérida que se enfocará en las metas compartidas de frenar el poder de las organizaciones de tráfico de drogas", agregó Crowley.
En el encuentro, el segundo del Grupo Consultivo de Alto Nivel sobre la Iniciativa Mérida, participarán también la jefa de la Agencia Antidrogas (DEA), Michele Leonhart; el jefe de la Oficina de Aduanas y Control Migratorio, John Morton, y el asesor en Seguridad Interna de la Casa Blanca, John Brennan.
También viajan el director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Tesoro, el subprocurador general de Justicia y un representante de la oficina del Zar Antidrogas.
"Este encuentro se da en un momento crítico y sensible para ambos países, en el que deben definir una estrategia integral contra el narcotráfico", dijo Eric Olson, especialista en seguridad del Woodrow Wilson Center.
jueves, 11 de marzo de 2010
Intensifica narco ejecuciones en el DF
Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre, las ejecuciones vinculadas al narcotráfico en el Distrito Federal y el Estado de México se han incrementado.
De acuerdo con un registro realizado por REFORMA, entre el 15 de diciembre y el 10 de marzo de este año se han contabilizado en el DF 46 asesinatos relacionados con el narco, mientras que en el Edomex van 91.
Un año antes, en el mismo periodo, se reportaron 31 narcoejecuciones en la capital del País, y 69, en el Estado de México.
Arturo Beltrán, conocido como "El Barbas" y "El Jefe de Jefes", murió el 16 de diciembre en Cuernavaca, Morelos, durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina.
Desde entonces, Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", disputa a los Beltrán Leyva el control de la zona metropolitana del Valle de México.
Especialistas en temas de narcotráfico y ex funcionarios coincidieron en que el incremento en las ejecuciones es un reflejo de esta lucha.
"Lo que está pasando es un reacomodo de fuerzas en la zona metropolitana. Luego de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, están viendo quién se queda con las rutas del trasiego y el Aeropuerto (Internacional de la Ciudad de México)", aseguró Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública del DF.
Explicó que, actualmente, el grupo que dominaba "El Barbas" se ha dividido en dos: La Empresa, que controlan Héctor Beltrán Leyva y Sergio Villarreal, alias "El Grande", y otro encabezado por "La Barbie" y los sicarios conocidos como "Los Pelones".
Edgardo Buscaglia, académico del ITAM y experto en temas de narcotráfico, afirmó que la Ciudad de México apenas comienza a recibir el impacto de los grupos de la delincuencia organizada.
"Son los primeros golpes que se muestran, pero, tarde o temprano, pasará lo mismo que ocurrió en las grandes ciudades, como Bogotá, Roma o Rusia y otros puntos, donde los grupos criminales operaban primero en las zonas rurales, y luego, ya en las grandes ciudades.
"Aunque los gobiernos lo nieguen, la Ciudad de México puede ser otra Ciudad Juárez", alertó.
Ayer, una manta atribuida a Los Zetas fue hallada en un puente peatonal en el Eje 1 Norte, cerca de la Terminal de Autobuses de Oriente, en la Delegación Venustiano Carranza.
El mensaje, escrito con aerosol rojo, decía: "Venimos por la plaza y por los chivas. La tierra no es de quien la trabaja sino nuestra. No queremos rateros. Z".
domingo, 7 de febrero de 2010
La ruta de Arturo Beltrán Leyva
La guerra comenzó un lunes. El 21 de enero de 2008. A bordo de vehículos Hummer, y con fuerte artillería pesada, más de 300 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del ejército mexicano, GAFE, se posicionaron en los alrededores de una residencia ubicada en la colonia Burócratas, de Culiacán. Según la Secretaría de la Defensa, una llamada anónima había indicado que el menor de los hermanos Beltrán, Alfredo, alias El Mochomo, esperaba en ese domicilio un cargamento de dinero destinado a solventar compromisos pendientes con sus socios colombianos. Según la declaración de un narcotraficante conocido como El 19 —que se integró al programa de testigos protegidos bajo la clave “Jennifer”, (PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008)—, el ejército había obtenido la ubicación de El Mochomo a través de un militar que logró infiltrarse en su círculo cercano, y al que se conocía como El Chamaco. “El Chamaco logró llamar al GAFE para informar sobre la ubicación y las condiciones de baja seguridad”, relató “Jennifer”.
os militares tuvieron que posponer el operativo durante 10 horas, porque detectaron a unos hombres en la azotea de la casa. Cerca de la madrugada, el portón se abrió. Salió una camioneta BMW de color blanco, con cuatro hombres a bordo. Los soldados de elite les cerraron el paso. Los tripulantes se entregaron sin hacer un solo tiro. Dentro de la casa había 900 mil dólares, 11 relojes finos, un AK-47 y ocho armas cortas. Un corrido informó al día siguiente: “El Mochomo era el hombre de confianza / que el cártel necesitaba / pero el 21 de enero su carrera le cortaban”.
La noticia de la detención de Alfredo Beltrán Leyva, uno de los cabecillas del cártel del Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, fue presentada como el golpe más importante realizado hasta entonces por el gobierno en la guerra contra el narco que Felipe Calderón había decretado. En la Procuraduría General de la República, y concretamente en la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, provocó un terremoto. La célula dirigida por los hermanos Héctor, Alfredo y Arturo Beltrán Leyva había vulnerado las estructuras más altas de esa institución, a través de pagos mensuales de entre 150 y 450 mil dólares, según demostró luego la llamada Operación Limpieza: funcionarios del mayor nivel de la SIEDO realizaban detenciones, cateos y filtraciones, en beneficio del cártel.
Aquel día varios servidores públicos se paseaban nerviosos. Habían recibido informes de que El Mochomo iba a ser detenido, pero “en la SIEDO nada podían hacer para evitarlo”. Esperaban que los operadores de Arturo Beltrán los llamaran a cuentas.
Fueron llamados ese mismo día. Uno de los principales lugartenientes del grupo, Sergio Villarreal, El Grande, se reunió con el director de Inteligencia de la SIEDO, Fernando Rivera, así como con los comandantes Milton Cilia y Roberto García. Según la declaración que Rivera rindió poco después en calidad de testigo protegido, bajo la clave “Moisés”, El Grande les dijo que Arturo Beltrán Leyva estaba encabronado: “Quería saber a quién iba a matar. Todos recibían dinero de él y nadie le avisó de la detención de su hermano”.
Los funcionarios le explicaron que no habían trabajado ese asunto, “que era un asunto del GAFE, del alto mando de la Sedena”. El Grande exigió la lista de los militares que habían tomado parte en el operativo, así como los “informes originales” de la detención. El director Rivera se comprometió a obtenerlos. No sólo eso: de acuerdo con la declaración de “Jennifer”, antes de las dos de la tarde había entregado los reportes militares, el nombre del infiltrado que había proporcionado la información a los GAFES, las copias completas de las declaraciones que El Mochomo había rendido ante la SIEDO… y un croquis que señalaba el sitio exacto en donde el capo se hallaba recluido.
Rivera informó que “de las 11 de la noche en adelante ya no iban a estar presentes las fuerzas especiales del ejército, y que sólo quedarían custodiando el inmueble 11 agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI”. Le dijo a El Grande que “con la entrega de un millón de pesos para los AFIS, así como de tres millones que serían entregados a Fernando Rivera y su gente, se lograría neutralizar al conjunto de guardia y permitir que una camioneta blindada rompiera la reja de acceso a la SIEDO”.
El Grande —relata la averiguación previa SIEDO/UET/6668/2008—, calculaba reunir a unas 150 personas para realizar el asalto. Sin embargo, al sopesar los riesgos, decidió cancelar la operación. Alfredo Beltrán Leyva fue recluido en el penal de Puente Grande.
La captura de El Mochomo provocó una escisión en el cártel de Sinaloa. Existe la versión de que El Chapo negoció la captura del menor de los Beltrán, a cambio de la liberación de su hijo, Archibaldo Guzmán, alias El Chapito, quien se hallaba recluido en el penal del Altiplano desde 2005: a sólo tres meses de la caída de El Mochomo, El Chapito fue liberado.
Otra versión señala que Arturo Beltrán se entrevistó con El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada para pedirles que le ayudaran a rescatar a su hermano. Los jefes del cártel le pidieron tiempo, pero en una segunda reunión le explicaron que “no había condiciones” para efectuar el rescate. El Mochomo debía ser “sacrificado”.
Se cree que en el narcotráfico las alianzas de sangre son indestructibles. El Mochomo estaba casado con una prima de El Chapo. Arturo Beltrán, sin embargo, salió de aquella reunión con la idea de que la alianza se había roto. A partir de ahora iba a cobrar muerte por muerte, detención por detención. El Chapo y El Mayo lo supieron. Quisieron adelantarse.
A fines de abril de 2008, el mismo mes en que El Chapito fue liberado, ocurrió una balacera en la colonia Guadalupe, de Culiacán. Una casa, en la que presuntamente se encontraba uno de los hijos de Arturo Beltrán, fue atacada por elementos de la Policía Federal, apoyados por policías locales. Murieron cinco escoltas y dos agentes ministeriales. Arturo Beltrán acusó a los federales de servir de brazo armado a los intereses de El Chapo y ordenó a su gente asesinar policías donde los encontraran. Hizo colocar narcomantas en las que podía leerse: “Policías, soldados, para que les quede claro, El Mochomo sigue pesando. Atte. Arturo Beltrán Leyva”. Y también: “Soldaditos de plomo, federales de paja, aquí el territorio es de Arturo Beltrán”.
Un día después de la balacera en la colonia Guadalupe, cuatro agentes de la Policía Federal Preventiva, PFP, murieron acribillados cuando patrullaban el centro de Culiacán. En Imala, dos policías municipales fueron ejecutados. A lo largo de la ciudad se verificaron ataques contra policías locales. La PFP concentró 800 agentes en la plaza de Sinaloa.
De ese modo terminó abril, el mes en que se soltaron los demonios y comenzó el enfrentamiento que a lo largo de 2008 dejó en la entidad un saldo de mil 156 ejecuciones.
La infiltración
El 7 de mayo de 2008 un retén de la Policía Federal fue instalado en el kilómetro 95 de la Autopista del Sol. La PFP acababa de recibir una información filtrada por El Mayo Zambada: un convoy en el que viajaba Arturo Beltrán cruzaría en cualquier momento por aquel sitio. El encargado de coordinar la captura fue el director regional de la PFP, Édgar Eusebio Millán. El dato proporcionado por los Zambada resultó bueno: cinco vehículos sospechosos salieron del Hotel Motel Rosales, en donde Arturo Beltrán acababa de tener una reunión. Los agentes les marcaron el alto. Los integrantes del convoy respondieron a tiros. Inició una persecución que terminó en Xoxocotla, con varios autos destrozados, la captura de nueve sicarios y dos agentes federales muertos. La camioneta en que viajaba Arturo Beltrán logró evadir el cerco: uno de sus escoltas impactó una patrulla para abrir paso a su jefe.
El Mayo Zambada, sin embargo, había contemplado esa posibilidad. Los datos que filtró a la PFP indicaban los domicilios del estado de Morelos en los que Beltrán Leyva podría refugiarse. El inspector de operaciones Édgar Enrique Bayardo, el funcionario que había recibido la filtración —y operaba como contacto de El Mayo al interior de la PFP—, se comunicó con el jefe antidrogas de la corporación, Gerardo Garay, y le dijo: “Tenemos ubicados varios domicilios aquí en Morelos. Estamos concentrados y listos para entrar”.
El jefe antidrogas lo detuvo en seco: “Paren todo. Regresen de inmediato a la ciudad de México”.
Cinco meses antes, a través de una supuesta intercepción telefónica, el director de Combate a la Delincuencia Organizada de la PFP, Roberto Velasco, había ubicado a Beltrán en una mansión de la calle Escarcha, en el Pedregal de San Ángel.
Velasco le comunicó al jefe antidrogas: “La gente está colocada en puntos estratégicos”. Pidió luz verde para poner en marcha la detención.
Pero Garay se negó a dar la orden: “Aguanten. Vamos a esperarnos para más adelante”.
De acuerdo con la declaración ministerial de un testigo protegido, el agente de la División Antidrogas, Fidel Hernández (PGR/SIEDO/UEIDCS/359/2008), las indicaciones de Garay fueron criticadas por su subalterno: “Pero jefe, tengo evidencia de que Arturo Beltrán se encuentra aquí”.
Garay, sin embargo, insistió: “Desmonten el servicio”.
Édgar Millán, el hombre que había dado caza a Arturo Beltrán en el camino a Xoxocotla, fue ejecutado horas después de la persecución, cuando llegaba a casa de sus padres en un edificio ubicado en la calle de Camelia, en la colonia Guerrero. Aunque sólo un puñado de personas tenía acceso a sus itinerarios, una filtración surgida de las mismas filas de la PFP, a través del agente José Antonio Montes Garfias, puso en manos de Beltrán la ubicación del sitio al que el jefe policiaco iba a dirigirse. La orden fue fulminante: Millán debía ser eliminado.
El agente Montes Garfias abrió el casillero del funcionario y sustrajo las llaves de la casa donde vivían los padres de éste. Entregó un duplicado —así como 40 mil pesos y 75 gramos de cocaína— a un gatillero de baja monta, Alejandro Ramírez Báez, quien integró un comando formado por cinco personas. Los sicarios aguardaron a Millán en el garaje del edificio. Habían apagado las luces. Cuando el jefe policiaco cruzó el portón, le metieron 11 tiros. (El sicario Ramírez Báez fue sometido por los escoltas de Millán. De ese modo se desanudaron los hilos de la trama.)
Una semana antes, Roberto Velasco, el hombre que tendió el cerco de la calle Escarcha, había sido asesinado en una calle de la colonia Irrigación. La verdadera venganza de Arturo Beltrán llegó, sin embargo, 24 horas después de la balacera en Xoxocotla. Sucedió del otro lado del país, el 8 de mayo de 2008, la noche en que cinco camionetas rodearon a Édgar Guzmán, otro de los hijos de El Chapo, en el estacionamiento del City Club, un centro comercial de Culiacán, Sinaloa.
En la ejecución se dispararon 500 tiros y se accionó un lanzagranadas. Las ráfagas destrozaron paredes, vidrios y vehículos. Además del hijo de El Chapo, fueron abatidos un sobrino del narcotraficante, César Loera, así como el hijo de una lavadora de dinero a la que la DEA había bautizado como La Emperatriz.
En Culiacán se desató la psicosis. Los medios locales no se animaron a dar la noticia. Sólo lo hicieron dos días después, atribuyendo la información a diarios y agencias informativas de la ciudad de México. La sangre del hijo de El Chapo seguía húmeda en el suelo, escribe un testigo, cuando corrió la versión de que el jefe del cártel de Sinaloa había jurado borrar de la faz de la tierra a los Beltrán: de la célula que dirigían no iba a quedar piedra sobre piedra.
En menos de un mes, sin embargo, El Chapo asimiló dos nuevos golpes. Filtraciones de los servicios de inteligencia de los Beltrán ocasionaron la detención de uno de sus primos, Alfonso Gutiérrez, tras una cruenta balacera en una colonia de Culiacán, y de un sobrino, Isaí Martínez, en las inmediaciones de un fraccionamiento de esa ciudad.
El asesinato del hijo de El Chapo formaba parte de la misma embestida que provocó la muerte de los jefes policiacos Millán y Velasco.
Millán, el comandante acribillado en casa de sus padres, había sido el “cerebro” del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en las operaciones antinarco. Su muerte ocasionó un cambio en la estructura de mando de la PFP. Genaro García Luna colocó en su lugar, con el cargo de Comisionado, a un viejo amigo y compañero del Cisen, con el que había colaborado estrechamente a su paso por la AFI: Gerardo Garay, el jefe antidrogas que en dos ocasiones había congelado los operativos de captura de Beltrán Leyva.
Garay duró sólo unos meses en el puesto. El 15 de octubre de 2008, una nueva filtración del grupo de El Mayo, colocada en manos de su contacto, el inspector Édgar Enrique Bayardo, movilizó a la Policía Federal. En una lujosa residencia del Desierto de los Leones, en la que había un zoológico privado con panteras, tigres siberianos y leones, iba a celebrarse una narcofiesta a la que asistiría Mauricio Harold Poveda, el principal socio colombiano de Arturo Beltrán.
En la declaración que rindió cuando se descubrió que El Mayo Zambada le pagaba hasta 500 mil dólares por cada enemigo detenido, el inspector Bayardo relató la forma en que se llevó a cabo el operativo. El comisionado Garay dejó escapar a Harold Poveda, pero detuvo al resto de los invitados. Luego, alineó a 30 prostitutas contra la pared, seleccionó a cuatro, ordenó prender la caldera del jacuzzi, pidió cocaína para las muchachas, invitó a uno de sus subalternos a “darse un baño” y cerró la puerta de la sala.
“¡Ahora sí comenzó la fiesta!”, dijo.
Antes de sumergirse en ella, el comisionado hizo que sus agentes obtuvieran los domicilios de los colombianos detenidos y fueran a revolverlos en busca de dinero. El narcotraficante Mauricio Fino, El Gaviota, se ofreció a entregar 500 mil dólares que, dijo, tenía guardados en su departamento. Bayardo fue el encargado de ir a recoger el dinero. Volvió a la casa con las fajillas metidas en dos bolsas que tenían estampada la figura de Winnie Pooh.
Según la declaración PGR/SIEDO/359/2008, cuando Garay salió del jacuzzi, desvelado y con aliento alcohólico, oyó ladrar a un bull dog que, estimaron los agentes, “valía también un chingo de dinero”. El funcionario de la PFP solicitó: “Pónganmelo para llevar”.
No existen datos sobre la forma en que Arturo Beltrán Leyva registró el golpe asestado por El Mayo a sus socios colombianos. Pero cinco días después de la narcofiesta
, en la partida de ajedrez que las filtraciones de ambos bandos desataban, una llamada anónima llegó a la PGR. “En el domicilio ubicado en la calle Wilfredo Massieu número 430, colonia Lindavista, hay varias personas armadas y son narcotraficantes. Es gente de El Mayo Zambada y si van los pueden detener”. A la una la tarde del 20 de octubre, la SIEDO rodeó la casa y comprobó que en su interior se hallaban pertrechados el hermano menor de El Mayo, Jesús El Rey Zambada, y un hijo de éste, Jesús Zambada Reyes.
El Rey Zambada comprendió de inmediato que no tenía salida. “Me voy a rifar”, dijo. Sus gatilleros abrieron fuego contra los agentes. Mientras las balas estallaban, El Rey marcó insistentemente al Unefón de su contacto, el inspector Bayardo. Quería que “su ahijado”, como le decía, le enviara refuerzos. “Nos estamos agarrando a chingadazos”, le dijo.
“Voy, padrino, voy”, contestó el inspector. Pero no alcanzó a llegar. Ni a ese domicilio, ni a ninguna parte. El número telefónico al que El Rey había marcado y las declaraciones que luego rindió Jesús Zambada Reyes, pusieron fin a la carrera de Bayardo. El inspector fue detenido cinco días más tarde y se acogió al programa de testigos protegidos. Sus declaraciones implicaron en la venta de protección al narcotráfico a los mandos principales de la Secretaría de Seguridad Pública, así como al círculo cercano al secretario García Luna. Entre otros funcionarios cayeron el comisionado Gerardo Garay, el jefe de Operaciones Especiales, Francisco Navarro, y el director de Análisis Táctico, Jorge Cruz.
Como había ocurrido con la SIEDO, eran narcotraficantes los que filtraban informes y ordenaban capturas. Eran narcotraficantes los que tenían mando pleno al interior de la PFP.
El comisionado Garay fue acusado de servir a dos amos: al cártel de los Beltrán y al grupo de El Mayo Zambada. Un juez le decretó formal prisión en octubre de 2008.
Antes de ser asesinado un año más tarde en un Starbucks de la ciudad de México, el inspector Bayardo reveló las bases del acuerdo: recibir filtraciones, practicar intervenciones telefónicas, permitir que los operadores de los cárteles interrogaran a los enemigos capturados y, luego, presentar las detenciones “como logros de la PFP”.
El megacártel
En 1997, el ex chofer del general José Gutiérrez Rebollo, Juan Galván Lara, mencionó por primera vez en un expediente a los hermanos Beltrán Leyva (PGR/UEDO/226/97). Eran oriundos de Badiraguato, Sinaloa, y formaban parte “de las 11 gentes” que trabajaban de cerca con El Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Según el chofer, controlaban la plaza de Mazatlán. Alguna vez, El Señor de los Cielos se había molestado con ellos porque estaban introduciendo droga sin su consentimiento: “Son chingaderas… se va a trabajar cuando yo lo ordene”.
A la muerte de Amado Carrillo, un reporte de la DEA señaló que el cártel de Juárez se había reacomodado alrededor de Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, Ismael Zambada García, El Mayo, Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, y Marcos Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
Arturo Beltrán era primo lejano de El Chapo, según el testigo protegido clave “Julio”. Fue Beltrán quien introdujo a su pariente en el negocio de la cocaína. En 1993, cuando El Chapo fue recluido en Almoloya, y más tarde enviado a Puente Grande, los Beltrán quedaron a cargo de su estructura. Le enviaban dinero al penal para que pudiera pasar la reclusión con lujo —comida, mariachis, prostitutas— y lo apoyaron financieramente en los costosos preparativos de su fuga.
Tras la fuga de Puente Grande, en 2001, El Chapo organizó una cumbre de narcotraficantes en Cuernavaca. Asistieron unos 25 jefes. El Chapo tenía los mejores contactos. Relaciones que le aseguraban no ser molestado. Ante los 25 jefes trazó el futuro: unir a Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Coronel, Juan José Esparragosa Moreno, Vicente Carrillo Fuentes y Arturo Beltrán Leyva en una Federación que controlara las plazas del país, le arrebatara Nuevo León y Tamaulipas al cártel del Golfo, y golpeara a los hermanos Arellano Félix, sus enemigos históricos, hasta despojarlos de Tijuana. (Una versión indica que fue el propio Chapo quien filtró la información que permitió la captura de Benjamín Arellano Félix.)
Al frente de la guerra que la Federación iba a desatar en Nuevo León quedó Arturo Beltrán Leyva. Durante el tiempo que El Chapo permaneció en prisión, los Beltrán habían logrado conformar una de las células más sólidas del cártel. No sólo conocían a fondo la operación del grupo: “habían sido su corazón”.
A pesar de que alguna vez el testigo “Julio” consideró a Arturo Beltrán como un hombre ostentoso, El Barbas había mantenido un perfil discreto. Faltaba tiempo para que su nombre abandonara las fojas de los expedientes y se instalara en las primeras planas de los diarios.
El alfil de Arturo Beltrán en la batalla por Nuevo León y Tamaulipas fue un pistolero texano que se había fogueado en la frontera neolonesa: Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, uno de los peores asesinos en la historia reciente del crimen organizado.
Beltrán y La Barbie armaron un grupo de sicarios conocido como Los Pelones y los enviaron a disputar la plaza. Quedaba claro que iba a tratarse de una carnicería. El círculo de seguridad del líder del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, estaba formado por ex militares de elite y otros desertores del ejército. Los violentos Zetas.
Para abrir camino a la incursión de Los Pelones, Beltrán y La Barbie reclutaron policías y agentes ministeriales destacados en la entidad. Un comisionado de la PFP, José Luis Figueroa, reveló que ambos narcotraficantes le habían ofrecido al director del Centro de Mando de la AFI, Domingo González Díaz, cuatro millones de dólares. El trato: capturar a Osiel Cárdenas Guillén y cambiar al comandante de la AFI por una persona que ellos le señalarían. Un subalterno de González Díaz, Francisco Garza Palacios, recibió un millón de dólares a cambio de brindar protección oficial a las actividades del grupo.
Los operadores de El Chapo se asociaron también con el empresario Jaime Valdez, antiguo agente policiaco, a quien contrataron como reclutador. (La relación con Valdez terminó mal: Arturo Beltrán lo acusó de haber robado 450 kilos de coca y ordenó su ejecución: Valdez fue emboscado. Recibió 10 disparos de AK-47. Aunque logró salvar la vida, quedó parapléjico.)
Al mismo tiempo, comenzó el combate en las calles. Balaceras, torturas, levantones, desapariciones, se verificaron diariamente en la entidad.
En 2003 la batalla por el corredor del Golfo cobró un nuevo giro. Osiel Cárdenas fue aprehendido por el ejército en un operativo espectacular. Parecía que la captura fortalecería a los miembros de la Federación y el trasiego de drogas quedaría en manos de un solo grupo. Pero no fue así: tras la caída de Osiel, Los Zetas se independizaron, y un grupo de sicarios menos preparado, y mucho más violento, tomó las riendas del cártel del Golfo.
En agosto de ese año el bando sinaloense enfrentó a sus rivales en una de las calles céntricas de Nuevo Laredo. El enfrentamiento duró más de una hora. En el lugar se percutieron más de 700 casquillos. 200 policías municipales fueron suspendidos y llevados a investigación. La primera avanzada sinaloense había fracasado.
Unos meses más tarde, la Federación se desgajó. Los capos que la integraban consideraron que Vicente Carrillo, El Viceroy, jefe del cártel de Juárez, aportaba poco al grupo y en cambio le exigía mucho. La gota que derramó el vaso fue una disputa por derechos de piso en la que Rodolfo Carrillo, El Niño de Oro, hermano menor de El Viceroy, ejecutó personalmente a dos operadores de El Chapo que habían movido droga sin su consentimiento.
Todo podía tener arreglo antes del sábado 11 de septiembre de 2004. Pero El Chapo no estuvo dispuesto a perdonar. Pidió a sus socios la cabeza de El Niño de Oro.
Aquel sábado 11 de septiembre Rodolfo Carrillo y su esposa, Giovanna Quevedo, llegaron a las cuatro de la tarde a un Cinépolis de Culiacán. Iban escoltados por el comandante de la Policía Ministerial, Pedro Pérez López, que había sobrevivido a dos ataques de los Arellano Félix. Cuando la función terminó, la pareja salió al estacionamiento. El Niño de Oro iba a abordar su auto cuando un comando lo rafagueó desde varios frentes. La policía recogió del piso 500 cartuchos. El comandante Pérez López repelió la agresión. Fue herido, aunque logró pedir ayuda por radio. En cosa de minutos, elementos de todas las corporaciones rodeaban el estacionamiento y se lanzaban en persecución de los gatilleros. Los tiros tronaron en las calles. Cinco sicarios fueron abatidos.
La Federación se hizo añicos: el 6 de octubre de ese año llegó el mensaje de respuesta de Vicente Carrillo. Miguel Ángel Beltrán Lugo, El Ceja Güera, miembro connotado del cártel de Sinaloa, fue ultimado a tiros en el penal de Almoloya. Dos meses después, un hermano menor de El Chapo, Arturo El Pollo Guzmán, fue ejecutado en el área de locutorios del mismo penal. Las armas que cobraron la vida de ambos narcotraficantes habían escapado a todos los controles.
Los Tres Caballeros
A principios de 2005 un reportero sonorense, Alfredo Jiménez Mota, reveló en el periódico El Imparcial las operaciones de un grupo de narcotraficantes conocidos como Los Tres Caballeros: Arturo, Alfredo y Héctor Beltrán. Según la investigación, controlaban el tráfico de drogas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, y se hallaban vinculados, a través de compadrazgos y otros lazos familiares, con la banda más poderosa de Sonora, que comandaba Raúl Enríquez Parra, El Nueve. El brazo operativo de Los Tres Caballeros estaba integrado por dos grupos delictivos, Los Güeros y Los Números. Los narcotraficantes habían heredado la estructura de un viejo amo de la región, Héctor El Güero Palma Salazar. Su presencia en la entidad databa de 1998. Disponían de pistas de aterrizaje (una de ellas se llamaba “Fumigaciones Guzmán”), así como de una flotilla de avionetas con las que sobrevolaban la entidad entre las 12 de la noche y las cuatro de la mañana. Recibían apoyo institucional “de los tres niveles de gobierno”.
La información del reportero Jiménez Mota procedía de un documento clasificado por la Secretaría de Gobernación que llevaba por título: “Los Tres Caballeros. Narcotráfico”. El documento señalaba que los Beltrán visitaban por separado la entidad, se alojaban en propiedades a nombre de terceras personas y eran protegidos en sus traslados por un ex comandante de la policía municipal de Cajeme, Carlos Sánchez, quien pertenecía “al primer círculo del director general de la Policía Judicial del estado, Roberto Tapia Chan”.
Los cargamentos de los Beltrán eran escoltados por patrullas de la judicial a lo largo de brechas y terracerías. En varias ocasiones habían logrado huir, a bordo de sus avionetas, de los operativos montados por el ejército.
Jiménez Mota desapareció en abril de 2005, poco tiempo después de publicar su reportaje. Acababa de decirle a una amiga que iba a entrevistarse con una de sus fuentes, “a la que había notado muy nerviosa”. Su cuerpo nunca fue encontrado. Sus superiores sabían que preparaba una serie de trabajos que involucraban a gente cercana al gobernador Eduardo Bours en la venta de protección a los Beltrán.
A la desaparición del reportero le siguió la muerte del narcotraficante Raúl Enríquez Parra, El Nueve. Lo hallaron en un predio, envuelto en una cobija. Sus verdugos lo habían torturado a rabiar. Luego arrojaron su cadáver desde una avioneta. Según la declaración del teniente de la Policía Municipal Jesús Francisco Ayala, las muertes del reportero y el narcotraficante estaban conectadas.
El periodista de El Imparcial, dijo el teniente, esperaba una grabación telefónica que ubicaba a Ricardo Bours, ex alcalde de Cajeme y hermano del gobernador del estado, como contacto institucional de los Beltrán Leyva en Sonora. El oficial señaló al procurador del estado, Abel Murrieta, al jefe de la Policía Estatal, Roberto Tapia Chan, al director de la policía de Navojoa, Luis Gastélum, como autores intelectuales del secuestro. El levantón habría sido realizado por órdenes de este último. Un grupo de policías municipales detuvo al reportero y lo entregó a Los Números (el grupo de Raúl Enríquez Parra). Según el testigo, la grabación que Jiménez Mota estaba aguardando contenía una charla entre el jefe de la Policía Estatal y el narcotraficante Raúl Enríquez Parra, en la que el hermano del gobernador era mencionado como protector de las mafias que operaban en la entidad.
Jesús Francisco Ayala había sido, durante dos años, chofer de Luis Gastélum. Había presenciado reuniones entre su jefe y El Nueve, en las que se determinó la muerte de diversos personajes. Un día sintió que sabía demasiadas cosas. Que Gastélum no iba a tardar en ir por él. “Había sido testigo de muchos de los encuentros donde se daban órdenes de eliminar gente”, le dijo al reportero Ricardo Ravelo. Decidió integrarse al programa de testigos protegidos.
El gobernador Eduardo Bours calificó de dolosa la versión que señalaba a su hermano. “No es posible que se le dé importancia y se señalen culpables”, dijo.
Cuando Joaquín López Dóriga dio a conocer el testimonio de dos mujeres secuestradas que habían escuchado una conversación telefónica entre sus plagiarios y el jefe de la policía, Roberto Tapia Chan, el infierno se desató. En sucesivas incursiones federales se incautaron ranchos y casas en los que, además de armas, autos y joyas, aparecieron leones y tigres. Una versión señala que Raúl Enríquez Parra fue acusado por los Beltrán de “calentar” la plaza y ordenaron su ejecución.
En términos formales, el gran debut de Los Tres Caballeros en la prensa ocurrió un mes después del asesinato del reportero de El Imparcial. Jiménez Mota se había quedado corto. Además de extender sus tentáculos en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, los hermanos Beltrán dominaban 11 estados de la República. El arranque del sexenio de Vicente Fox había significado su época dorada. Operaban en Guerrero, Morelos, Chiapas, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y el Distrito Federal. Su poder tocaba incluso “la casa número uno de México”: habían logrado extender su poder a Los Pinos, a través de un oscuro personaje que coordinaba las giras presidenciales: Nahum Acosta Lugo.
El contacto en Los Pinos
En febrero de 2005 la DEA registró una conversación telefónica entre Nahum Acosta y Arturo Beltrán Leyva. Acosta, un personaje de medio pelo en el PAN sonorense, había fungido como delegado del Instituto Nacional de Migración y se había visto envuelto en un escándalo de corrupción a resultas del cual el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa. En 2001, sin embargo, el panista Manuel Espino lo recomendó como director de área en la coordinación de giras presidenciales. Cuando la DEA puso en manos de las autoridades mexicanas una grabación telefónica en la que Nahum alternaba créditos con Arturo Beltrán, el procurador Rafael Macedo de la Concha abrió una investigación que no tardó en ser filtrada a la prensa.
Por esos días la PGR atendió una denuncia anónima que indicaba que en Cerrada de la Loma 17, en el fraccionamiento La Herradura, Estado de México, se había detectado un movimiento de personas armadas, así como la presencia de los hermanos Arturo y Héctor Beltrán.
Los archivos de la SIEDO revelaron que aquel domicilio se hallaba engarzado con la detención de un narcotraficante en cuya agenda había aparecido el número de teléfono 52 94 41 11. Aquel número había sido asignado a la casa ubicada en Cerrada de la Loma 17. El contrato estaba a nombre de Clara Laborín, la esposa de Héctor Beltrán Leyva.
as autoridades solicitaron una orden y catearon el domicilio. Los Beltrán se habían esfumado. Pero la policía encontró dos millones de pesos en joyas y varias camionetas BMW, entre otros vehículos blindados. Halló también una tarjeta de presentación a nombre de Nahum Acosta, una agenda telefónica en la que este funcionario aparecía bajo la leyenda “Presidencia”, y cinco audiocasetes en los que Héctor Beltrán había grabado diversas conversaciones con sus lugartenientes. En una de las cintas, Beltrán le pedía a cierto operador que entregara cinco mil dólares a Nahum. En otras grabaciones, Nahum Acosta se mostraba parlanchín y hablaba con Beltrán de sus actividades, las giras presidenciales, los lugares que había visitado y las enfermedades de sus hijos. Un día le contó que acababa de sobrevolar su casa en helicóptero; otro, lo urgió a que terminara cuanto antes “el negocio de Acapulco”.
El guardia de seguridad que cuidaba el fraccionamiento relató que los habitantes de la casa parecían muy ricos, que continuamente había entradas y salidas de hombres armados, y que hacía poco había ido de visita “alguien de la presidencia de la República, de apellido Nahum”, quien se había presentado como “del Estado Mayor Presidencial”.
Nahum Acosta fue acusado de filtrar información gubernamental de primer nivel al crimen organizado. Según el procurador Macedo de la Concha, las pruebas en su contra eran “serias y contundentes”. Se había comprobado que recibió los cinco mil dólares enviados por el capo. Por si faltara algo más, el número de Beltrán aparecía registrado en su celular.
Acosta se defendió diciendo que desconocía las actividades delictivas de Héctor Beltrán, y que sólo había visitado la casa de éste con intención de rentarla. El subprocurador, José Luis Santiago Vasconcelos, respondió: “Yo creo que ninguno de los servidores públicos que estamos actualmente desempeñándonos pudiera tener capacidad económica para rentar una de estas casas, con seis niveles y esta riqueza”. El sueldo de Nahum era de 79 mil pesos.
El escándalo colocó a los Beltrán en un rango de visibilidad que no habían tenido nunca. Paradójicamente, según Santiago Vasconcelos, sirvió para boicotear la investigación. A pesar de las pruebas “serias y contundentes” del procurador Macedo, un juez liberó 60 días después a Acosta “por falta de elementos para procesar”. Tiempo después, el PRD lo lanzaría como candidato a la alcaldía de Agua Prieta. Según el presidente de ese partido, Jesús Ortega, Nahum Acosta era inocente. “Esa es la verdad legal”, dijo.
El narcovideo
En 2005 el brazo operativo del cártel de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva, tenía frentes de batalla abiertos en todo el país. Embestía en el corredor del Golfo a Tony Tormenta, hermano de Osiel Cárdenas Guillén. Enfrentaba en Tijuana a los Arellano Félix. Disputaba en Chihuahua cada centímetro de territorio al cártel comandado por Vicente Carrillo y Nacho Coronel. Tenía el control absoluto de Sinaloa, Sonora, Coahuila y Durango. Su asociación con La Familia le había abierto, desde Michoacán, la ruta del Pacífico.
En los pliegues del estado de Guerrero, los Beltrán habían fincado uno de sus principales centros de operación. A cambio de un millón de dólares compraron los favores del subdirector operativo de la Policía Ministerial, Julio López Soto.
“Trabajaban sin problemas”, señaló el chofer de este jefe policiaco. Según se demostró después, controlaban también a los principales mandos de la AFI destacados en la zona. Su ala ejecutora, Los Pelones, conformada por 350 pistoleros, muchos de ellos reclutados en la Mara Salvatrucha, se movía con libertad por el estado, ostentando armas de grueso calibre.
Una mañana, el subdirector al que compraron los Beltrán fue levantado por Los Zetas. Tony Tormenta había enviado a 120 de ellos a disputar la plaza, con un mensaje de su lugarteniente, Gregorio Saucedo, El Caramuela: “Que les iba a rajar la madre a todos los pelones y a todos los que tomaron parte en la repartición del millón de dólares que le dieron a Julio, el subdirector, y que reciban un saludo del señor Goyo Sauceda”.
El lugarteniente de Arturo Beltrán, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, tomó nota del mensaje y decidió devolver el saludo. Lo hizo con la ejecución prime time de uno de Los Zetas que llegaban de avanzada al territorio.
En mayo de 2005, tres ex militares procedentes de Nuevo Laredo fueron ubicados en Zihuatanejo por La Barbie. Un comando de hombres vestidos de negro, en cuyos uniformes aparecían las siglas de la AFI, los levantó. No les tomó mucho confesar que pertenecían al cártel del Golfo. Confesaron también que en la bahía de Acapulco los aguardaba uno de sus cómplices.
El Zeta que los esperaba en Acapulco iba a ser la estrella principal de un narcovideo que estremeció al país. Se llamaba Juan Miguel Vizcarra y había llegado a la bahía simulando pasar, en compañía de su novia, unas vacaciones. Vizcarra le había confesado a su pareja sus verdaderas intenciones: “Lo que hago es llevarme personas, y estamos aquí en Acapulco buscando gente del otro cártel; estamos buscando a unos tipos que entraron a nuestro territorio y asesinaron a miembros de la familia Zeta. Mi misión es llevarme a los responsables”.
Agregó: “Estamos en la boca del lobo, ya que si nos atrapa la policía, no nos llevarán a las autoridades, sino con los jefes de la organización”.
El 15 de mayo, el Zeta recibió dos llamadas. Al colgar la primera vez, dijo: “Atraparon a esos idiotas en Zihuatanejo”. Al colgar la segunda: “Estamos jodidos, ya atraparon a dos de mi destacamento… cuando atrapan a uno los atrapan a todos”.
Así fue. Vizcarra y su novia intentaron salir del hotel para volver a su estado. En la puerta los esperaban varios hombres con siglas de la AFI.
Esa madrugada —relata el semanario Proceso— el cártel del Golfo intentó comunicarse a la oficina del procurador general de la República. No hubo éxito. Dejaron un mensaje: “Los comandantes de las plazas de Acapulco y Zihuatanejo, el día de ayer, detuvieron a cinco Zetas, los cuales fueron entregados a gente de Arturo Beltrán… si éstos no son puestos a disposición en un término de 48 horas, desataremos una guerra contra estas dos plazas, no importando si hay agentes nuevos o viejos, incluso le levantaremos a la prensa nacional al titular de la AFI”.
Pero Los Zetas no fueron puestos a disposición: se los entregaron a La Barbie. A la novia de Vizcarra la dejaron ir.
Ese mismo día los miembros del destacamento fueron videograbados, con el rostro desfigurado a golpes, mientras respondían mansamente a los cuestionamientos lanzados por un interlocutor invisible. Hacia el final de la grabación, ese interlocutor, La Barbie, se acercó a Vizcarra con una pistola en la mano y le descerrajó un ti
ro en la sien: “¿Y tú qué, güey?”.
El narcovideo desató una investigación federal, puesta en marcha por el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, en la que resultaron involucrados un subcomandante de la AFI, un jefe regional y una decena de agentes. Los indiciados formaban parte del círculo de confianza del entonces director de la AFI, Genaro García Luna. Desató también una serie de ejecuciones en serie. En poco tiempo fueron asesinados un jefe de seguridad del Ayuntamiento y un teniente de corbeta que se había infiltrado entre Los Pelones. En julio de 2005 el ex procurador de Justicia, José Robles Catalán, fue tiroteado mientras desayunaba en el restaurante La Perla. En los tres meses siguientes se registró la desaparición de 27 tamaulipecos. A cuatro de ellos los enterraron vivos. Balaceras y persecuciones se volvieron moneda corriente en las calles del puerto: en enero de 2006, Zetas y Pelones se enfrascaron en una refriega que duró 30 minutos. Una tarde apareció un hombre descuartizado. Sus miembros habían sido repartidos en cinco bolsas de plástico. Junto a él, una cartulina: “Ahí está tu gente, aunque te proteja la afi, soldados y otras corporaciones, sigues tú Edgar Valdez Villarrreal (barbie), Arturo Beltrán Leyva, y tú, Lupillo, sigue riéndote que te voy a encontrar. Atentamente, La Sombra”.
El atentado
La investigación abierta por el subprocurador general de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, a raíz de la difusión del narcovideo de Acapulco, provocó que los operadores de Arturo Beltrán movieran sus piezas dentro de la SIEDO “para calmar las cosas”. Pero Vasconcelos seguía siendo una piedra en el zapato de Beltrán. Era él, precisamente, el que había llevado la indagatoria que reveló sus nexos con Los Pinos. Era él quien había manejado el caso del reportero Jiménez Mota, desatando la operación que cubrió de llamas el estado de Sonora.
Con el cambio de administración Santiago Vasconcelos había dejado la Subprocuraduría, para pasar al área jurídica y de asuntos internacionales de la PGR. El hombre que luego de 14 años en el combate a las drogas conocía como nadie las entrañas del narcotráfico en México quedó bajo la protección de un puñado de escoltas. Arturo Beltrán decidió que había llegado la hora de ajustarle las cuentas.
El 17 de diciembre de 2007 varias camionetas de lujo, una de ellas con placas de Estados Unidos, se instalaron en una calle del sur de la ciudad. Los encargados de un negocio de hamburguesas describieron a los individuos que las tripulaban como “hombres con facha de guardaespaldas”. Varias motos con antenas y equipos de comunicación se acercaron a ellos. De pronto, el grupo se desplazó hacia Fuentes del Pedregal. Tenía la misión de reconocer el terreno, la ruta que Santiago Vasconcelos cubría diariamente para llegar a su casa. El plan se frustró de manera fortuita. Esa madrugada, alertadas por la presencia sospechosa de las camionetas, 15 patrullas de la policía capitalina acordonaron la zona. Cinco sujetos fueron aprehendidos.
No se detuvo, sin embargo, la operación. Desertores del ejército habían desarrollado el plan y recomendado las armas necesarias para penetrar el alto blindaje de que estaba dotado el auto del ex subprocurador. Los Beltrán sabían que Santiago Vasconcelos llegaba a su casa a las 12 de la noche. Para evitar que ocurriera lo de la vez anterior, un nuevo comando abordó tres camionetas viejas, una de ellas modelo 1971. El plan consistía en cerrar el paso al convoy del funcionario, formado por cuatro autos, y accionar un lanzagranadas contra su vehículo. El resto del grupo bajaría entonces de las camionetas, vomitando fuego.
José Luis Santiago Vasconcelos no fue detectado por los pistoleros. Había decidido tomar, a partir de aquel día, unas vacaciones. El nerviosismo de uno de los sicarios llamó la atención de una patrulla, que se acercó para checar el vehículo. Adentro había tres hombres con armas largas y chalecos con las siglas FEDA (Fuerzas Especiales de Arturo).
Vasconcelos fue enterado de los planes de los Beltrán esa misma noche. El encargado de comunicarle la detención de los sicarios fue su sucesor en el cargo, Noé Ramírez Mandujano, que un año más tarde quedaría formalmente preso bajo cargos de cohecho y delincuencia organizada, acusado de recibir pagos de 450 mil dólares a cambio de poner a la SIEDO bajo las órdenes de los Beltrán.
La conexión Morelos
22 de octubre de 2008. A las puertas de la Procuraduría de Justicia del estado de Morelos, tres vehículos aguardan la salida del subprocurador, Andrés Dimitriades Juárez. La orden es ejecutarlo. Dentro de las unidades hay 12 hombres, cada uno con un arma larga. El jefe del grupo es un agente de la Policía Metropolitana llamado Esteban Royaceli. Le dicen El Royal. Uno de los participantes en la ejecución —un agente apodado El Negro— relató más tarde: “De la Procuraduría nos iban a avisar cuando saliera el subprocurador Dimitriades, y como a las 10 de la noche nos avisaron que salió en un coche blanco, con dos escoltas. Se inició la persecución por la avenida Zapata”.
Dimitriades advirtió que lo iban siguiendo. Con el acelerador a fondo, tomó la carretera México-Cuernavaca, con dirección a Acapulco. Comenzaron a dispararle desde un Megane. Declaró El Negro: “Le pegaron un tiro al chofer y se estrelló contra una barda y allí fue cuando todos comenzaron a dispararle a Dimitriades”.
El mes anterior habían sido asesinados el director de la policía de Jiutepec, Jorge Alberto Vargas, y su chofer. El comando dirigido por Esteban Royaceli les dio el “cerrón” cuando salían de la casa del funcionario. Subieron a ambos a una camioneta y los llevaron a una casa de seguridad.
“Se le reclamó que si ya había arreglo, por qué no lo había respetado”, contó El Negro.
El jefe policiaco acababa de poner a disposición de Dimitriades a un grupo de pistoleros de los Beltrán, a los que había aprehendido en posesión de varias armas de fuego. El hecho de faltar al “arreglo” le valió ser torturado por dos horas, antes de que Royaceli se decidiera a asesinarlo. Su chofer fue ahorcado con un lazo. El Royal le cortó el dedo índice de la mano derecha, y se lo metió en la boca, enrollado en un billete de 20 dólares. Los dos cuerpos fueron abandonados en el camino a Temixco.
Según la investigación PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009, las ejecuciones habían sido ordenadas por Alberto Pineda Villa, El Borrado, uno de los principales operadores de Arturo Beltrán Leyva en la entidad. La pesquisa reveló que El Borrado y su hermano, Mario Pineda Villa, El MP, habían creado un ejército de gatilleros integrado por asesinos reclutados en las calles y cooptados en las policías locales.
Pero eso no se supo hasta tiempo después, cuando Royaceli y El Negro fueron detenidos en el Estado de México en momentos en los que conducían un cargamento de armas.
De momento, la ejecución de Dimitriades creó un clima de histeria en la entidad. El secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca, fue criticado por no haber actuado para detener a los asesinos: en el 066 se habían recibido más de ocho llamadas reportando la balacera. Cuando la prensa le preguntó si existían datos de la presencia de los hermanos Beltrán en la zona, Cabeza de Vaca respondió: “En caso de existir la presencia del narcotráfico en el estado, la propia PGR realizará las investigaciones necesarias”.
Cabeza de Vaca pasaba por alto el reciente asesinato del director operativo de la Policía Ministerial, Víctor Enrique Payán. Lo habían encontrado en la cajuela de su auto, con tiro de gracia, lastimaduras en el cuello y un mensaje que rezaba: “Así les va a pasar a todos los que anden con Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada e Ignacio Nacho Coronel”.
La noche del 5 de mayo de 2009 no quedó duda, en todo caso, de la penetración del narcotráfico en el estado. Una indagación de la Policía Federal culminó en una residencia ubicada a menos de 100 metros de la casa de gobierno del mandatario estatal, Marco Antonio Adame. En esa casa se verificaba una fiesta. Alguien había llevado un cerdo. Los invitados hacían carnitas. Elementos del grupo Indio recibieron la orden de entrar. Dos helicópteros iluminaron la fachada. Dos camiones de asalto blindados se detuvieron frente al portón. Los federales no hallaron al hombre que buscaban, Alberto Pineda Villa, El Borrado, pero detuvieron a sus tíos, y también a los padres de éste. Tenían 73 y 59 años, respectivamente. Tenían, también, seis armas largas y siete cortas.
La abogada Raquenel Villanueva fue contratada para defenderlos (sería masacrada en Nuevo León el 9 de agosto de 2009). En los días que siguieron, aparecieron 10 narcomantas dirigidas a Felipe Calderón, con amenazas para Genaro García Luna. Una de ellas decía: “Felipe Calderón estamos conscientes de nuestros actos, pero en total desacuerdo en que involucren a padres, hermanos y demás familiares; es una regla mundial que ha existido en todos los tiempos (la familia se respeta)”.
Las declaraciones que rindieron El Negro y El Royal tras su aprehensión en el Estado de México provocaron la captura del comandante de la Policía Ministerial, Salvador Pintado, con 11 gramos de cocaína encima y armamento de uso reservado para el ejército. Lo habían señalado como encargado de negociar con el gobierno de Adame un conjunto de puestos clave para la organización Beltrán.
La detención de los padres de El Borrado, la captura de Pintado y las declaraciones de los asesinos del subprocurador Dimitriades, formaron un coctel altamente explosivo. El primero en sufrir los efectos fue el secretario de Seguridad Pública del estado, Luis Ángel Cabeza de Vaca (el mismo que dudaba de la existencia del narcotráfico en Morelos). El Negro y El Royal lo señalaron como protector del cártel de los Beltrán. Cuando fue detenido por el ejército, su esposa publicó un desplegado en el que afirmaba que el funcionario “únicamente recibió órdenes” del gobernador Adame. Un juez le decretó formal prisión por el delito de colaboración en delincuencia organizada.
El segundo en caer fue el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Francisco Sánchez González. El tercero, el procurador de Justicia del estado, Francisco Coronado. La ola expansiva corrió incontenible. El 10 de mayo, militares detuvieron en Yautepec a 34 policías municipales, así como al secretario de Seguridad Pública local.
Dentro de la estructura de los Beltrán, El Borrado tenía la tarea de recibir información filtrada por la SIEDO. Un agente de la AFI, Francisco Javier Jiménez, El Pinocho, era el contacto que lo enlazaba con el coordinador técnico de esa corporación, Miguel Colorado González (otro de los funcionarios detenidos durante la Operación Limpieza). Según la averiguación 0241/2008, El Borrado también fue responsable de “enganchar” al subprocurador Noé Ramírez Mandujano, hoy sujeto a proceso en Nayarit. El nivel de El Borrado en el cártel era semejante al de Sergio Villarreal, El Grande. La detención de sus padres lo puso fuera de sí.
Información manejada por Proceso señala que en octubre de 2008 el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue interceptado en la carretera de Tepoztlán por un número indeterminado de pistoleros que viajaban en vehículos blindados. Según el semanario, García Luna habría recibido el siguiente mensaje: “Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado”.
La DEA circuló la versión de que El Borrado, desesperado por la prisión de sus padres, le pidió a Arturo Beltrán Leyva la ejecución del secretario García Luna. No hay reporte de la respuesta de Beltrán, pero sí indicios de que inició su propia “operación limpieza” dentro del cártel, a fin de pacificar el estado. El 12 de septiembre de 2009 el cadáver de Mario Pineda Villa, El MP, hermano de El Borrado, fue hallado en la Autopista del Sol, a la altura de Huitzilac, con una manta que decía: “Así terminan los traidores y los secuestradores. Aquí está El MP”. Firmaba: “El Jefe de Jefes”.
Días después, el cuerpo del propio Borrado apareció calcinado dentro de un auto en Jantetelco. En poco más de un mes se registraron 25 ejecuciones. Todas ellas acompañadas con mantas, cartulinas, mensajes: “Esto les pasa a los secuestradores, le pido a toda la ciudadanía no lo tomen a mal, es por el bien de todos, atentamente El Jefe de Jefes”.
unto a dos cuerpos torturados se encontró en Moyotepec este narcomensaje: “Comando: Rafael Deita López (alias lágrimas) robo a mano armada, Maximino lopez por robo a casa habitación y robo de cobre de luz y fuerza y Telmex, tú sabes que esta plaza siempre ha sido mía nos equivocamos al poner un par de traidores y cobardes como el mp y el borrado de los cuales tú aprendiste las mañas, no seas cobarde… mi gente y yo estamos listos para pelear con quien sea, no me importa que te apoye el chapo, mago, nacho coronel, lobo valencia y los michoacanos, no vamos a permitir secuestros ni extorsiones deja de amenazar familias. Atte. Jefe de jefes”.
Ese fue el mes en que Héctor El Negro Saldaña y tres acompañantes fueron hallados en una camioneta en la delegación Miguel Hidalgo, al poniente de la ciudad de México, con un mensaje firmado por El Jefe de Jefes: “Por secuestradores. Job 38:15”. (Job 38:15: “Entonces la luz fue quitada a los impíos”.) Ese fue el mes en el que el alcalde de San Pedro Garza, Nuevo León, que medio año atrás había sido grabado al momento de afirmar que había llegado a un acuerdo con los Beltrán Leyva para detener los secuestros en el municipio, anunció la muerte de El Negro Saldaña —¡cuatro horas antes de que la policía se enterara!
Saldaña era un narcotraficante ligado a los Beltrán. Tras la detención de un operador de éstos, logró apoderarse de la plaza de San Pedro y comenzó el secuestro de familiares de la cúpula empresarial de Monterrey. Exigía rescates de hasta cinco millones de pesos y llegó a realizar hasta tres secuestros por semana. El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, fue grabado en una reunión de empresarios ante los que confesó que eran los Beltrán, y no la policía, los que habían evitado que San Pedro Garza se deteriorara: sus familias vivían ahí, antes que traficar con drogas les interesa la seguridad de éstas.
“O sea, o montamos todo este aparato de seguridad, que ellos tampoco están en contra porque es para sus propias familias también… No sé cómo decirte, o sea, lo que yo voy a tratar de hacer, hasta ahora me estoy dando cuenta de que no está tan complicado como yo imaginé, porque los propios Beltrán Leyva están de acuerdo… Está más arreglado de lo que te puedas imaginar, si entramos rápido”.
La nueva estrategia de Arturo Beltrán, ¿consistía en pacificar los territorios donde operaba a cambio de que las autoridades lo dejaran traficar? Algunos analistas creyeron advertir que El Barbas dirigía toda clase de guiños al gobierno federal.
Desde su ruptura con El Chapo había vuelto a aliarse con Vicente Carrillo, pactó con Heriberto Lazcano, entabló relaciones con los sucesores de los Arellano Félix. No sólo controlaba la frontera norte, sino también el corredor del Pacífico. Según Jorge Fernández Menéndez, mientras El Chapo tenía los mejores contactos y la capacidad de operación para traer droga a México, Beltrán tomaba la frontera y una buena parte del litoral.
El enfrentamiento entre ambos capos explicaba la violencia en que el país había vivido sumergido. No era una lucha —dice Fernández Menéndez— por el control del territorio, sino por la supervivencia de sus cárteles.
En los peores días de la refriega con su antiguo aliado, Beltrán había hecho colocar esta narcomanta: “Con todo respeto a su investidura Sr. Presidente le pedimos que abra los ojos y se dé cuenta de la clase de personas que tiene en la PFP nosotros sabemos que usted no tiene conocimiento de los arreglos que tiene Genaro García Luna desde el sexenio de Fox con el Cártel de Sinaloa que protege al Mayo Zambada, a Los Valencia, Nacho Coronel y Chapo Guzmán… Pedimos que pongan a personas que combatan al narco de forma neutral y no incline la balanza a un solo lado”.
Sabía que estaba en marcha la cacería que terminó en la torre Elbus del fraccionamiento Altitude, el 16 de diciembre de 2009.
La batalla de Cuernavaca
Esta es la leyenda que ha quedado impresa en periódicos, revistas y declaraciones ministeriales. El sábado 5 de diciembre Arturo Beltrán Leyva fue padrino de un bautizo en Puebla. Permaneció en la entidad hasta el jueves 10, día en que decidió volver a Morelos. Su convoy era tan aparatoso que llamó la atención de la Policía Ministerial. Vino el tiroteo. La gente que caminaba por avenida Hidalgo y el bulevar Forjadores se tiró al piso. Dos judiciales quedaron heridos y un municipal murió.
Beltrán tuvo dejar atrás a cinco de sus gatilleros y también 11 vehículos. Huyó en helicóptero desde el hotel Villa Florida. Según el director operativo de la DEA, Anthony Placido, iba herido. El contralmirante José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina, dijo que no: la noche siguiente reapareció en una posada en el fraccionamiento Los Limoneros, a las afueras de Tepoztlán. El lugarteniente Manuel Briones, ex agente de la Policía Metropolitana que se integró al cártel como sucesor de El Borrado, se encargó de su seguridad. De Briones dependía el ejército de Halcones que realizaba en el estado labores de vigilancia: a él se le achaca el asesinato de 40 de los miembros “incómodos” de la organización delictiva.
Los sicarios que Beltrán había dejado atrás en Puebla fueron llevados en avión a las instalaciones de la SIEDO para ser interrogados. Una versión señala que el capo sinaloense había sido detectado por la DEA desde que visitó a un cirujano plástico en el Hospital Ángeles de Puebla. El cruce de datos provocó que en una reunión del gabinete de seguridad se decidiera entregar la información al almirante José Luis Figueroa. Desde la presidencia se ordenó que el operativo corriera a cargo de la Secretaría de Marina.
Alrededor de las dos de la mañana, cuando la música alcanzaba su mayor intensidad, la operación comenzó. Los marinos irrumpieron en el fraccionamiento. Vecinos reportan que la balacera duró dos horas. Beltrán volvió a dejar a sus sicarios atrás. Huyó en un vehículo Toyota, posiblemente en compañía de La Barbie. Briones, el encargado de su seguridad, bajó por una barranca y se escondió en la maleza un día entero. Municipales de Cuernavaca y agentes de la SIEDO aparecieron en el fraccionamiento cuando el tiroteo era más tupido, pero se retiraron sin tomar parte en la operación. La Armada aseguró a 40 personas, 11 de las cuales eran sicarios. El resto, músicos y sexoservidoras. En la casa fueron hallados 280 mil dólares, 20 armas, mil 700 municiones. Hubo tres muertos (entre ellos, una vecina del fraccionamiento). El vehículo en el que supuestamente habían escapado los capos fue hallado en Cuernavaca. Tenía huellas de sangre en la manija de la puerta izquierda y en el asiento delantero. Una versión señala que Beltrán volvió a ser detectado por la DEA tras recibir atención médica en un nosocomio de la capital morelense. Había dejado como domicilio el departamento que ocupaba en el condominio Altitude.
El 16 de diciembre los miembros del gabinete de seguridad fueron informados con sólo 20 minutos de anticipación de que la Armada iba a iniciar en Cuernavaca el operativo de captura de Arturo Beltrán Leyva. Se pidió al responsable de la 24 Zona Militar, el general Leopoldo Díaz, que cubriera el perímetro.
De acuerdo con documentos consultados por el reportero Ricardo Ravelo, un cocinero declaró que Beltrán Leyva iba a comer, aquel día, precisamente con el general Leopoldo Díaz. Declaró también que el capo estaba en compañía de La Barbie, pero que éste desapareció antes de que comenzaran las acciones. Beltrán había sido informado por su círculo de seguridad, Los Zafiros, sobre movimientos extraños en la calle. De acuerdo con el vocero de la Secretaría de Marina, supo que iban por él desde la una de la tarde, cuatro horas antes de que iniciaran los disparos, cuando un helicóptero sobrevoló el conjunto Altitude: “Él ya sabía. Cuando escuchó el ruido del helicóptero se percató de eso, entonces se fue a su lugar y se preparó para hacer frente; él sabía que tarde o temprano iban a llegar por él”.
A las nueve de la noche, con seis pistoleros, Beltrán inició la defensa. “Estuvo participando en el tiroteo en contra de nosotros, creo que eso habla de que no estaba herido”, explicó el vocero.
Según la Marina, desde el mediodía y hasta las cinco de la tarde, los integrantes de las fuerzas especiales desalojaron a los habitantes de las 12 torres que forman el conjunto Altitude. Más de 100 efectivos se desplegaron en el lugar. Se dio la orden de ataque: desde vehículos artillados los marinos accionaron ametralladoras 7.62. Beltrán y sus hombres respondieron desde las ventanas del departamento 201 con granadas y ráfagas de AK-47.
Dos sicarios que se hallaban en la planta baja abrieron fuego contra los miembros de la Armada. “Fueron abatidos de inmediato”. Otros tres resistieron el asedio durante cuatro horas. Un marino fue alcanzado por una granada de fragmentación en las escaleras de emergencia. Se decidió detener la incursión, hasta que el parque de Beltrán se agotara. Mientras, los vehículos artillados siguieron atacando. Dos sicarios de Beltrán murieron en la sala. Cuando comprendió que estaba perdido, un tercero, el hijo de un famoso narco, El Chalo Araujo, saltó por los ventanales para suicidarse. Durante su caída, una bala expansiva le reventó en la espalda.
La última comida de El Jefe de Jefes, el hombre que compraba voluntades a cambio de millones de dólares y traficaba cargamentos que se medían en toneladas; el hombre de las joyas, los animales exóticos, los ranchos, los palacios, las avionetas, consistió en unos huevos con jamón que bajó a sorbos dados a una Coca-Cola de plástico. Había hecho llamar a dos masajistas, una de 18 años, otra de 44, con las que pasó sus últimas horas.
Según la Marina, a las nueve de la noche Beltrán abrió la puerta del departamento y enfrentó a los efectivos con intenciones de huir hacia el elevador. Le dispararon a menos de tres metros de distancia. Una de las balas le arrancó el hombro de cuajo.
Las primeras fotos lo muestran, no en la puerta del departamento, sino en el interior de éste, con una bebida energética junto a las manos. De acuerdo con la versión oficial, los marinos lo hallaron con los pantalones en las rodillas y la playera alzada hasta el pecho. “Yo creo que él cayó herido y a lo mejor le aflojaron la ropa, lo jalaron y fue que quedó en esa posición. Ya estaba así”, dijo el almirante José Luis Vergara.
Una foto muestra a tres civiles embozados, vestidos con sudaderas y guantes de látex rojo, bajándole los pantalones hasta más allá de las rodillas, y colocando al cadáver sobre una sábana blanca. En una tercera foto, esos mismos personajes comienzan a desplegar, macabramente, joyas y billetes ensangrentados sobre el cuerpo.
No se ofreció explicación oficial sobre la vejación del cadáver. Tampoco sobre la identidad de los civiles embozados.
El almirante Vergara sostuvo que el objetivo de la Armada era capturar al delincuente con vida. “Pero asumió una actitud de no dejarse atrapar”. En un acta ministerial que las autoridades no han dado a conocer, las dos masajistas afirmaron que Arturo Beltrán se había rendido, que su último gesto fue el de entregarse, antes de morir desangrado en un departamento de lujo.
os militares tuvieron que posponer el operativo durante 10 horas, porque detectaron a unos hombres en la azotea de la casa. Cerca de la madrugada, el portón se abrió. Salió una camioneta BMW de color blanco, con cuatro hombres a bordo. Los soldados de elite les cerraron el paso. Los tripulantes se entregaron sin hacer un solo tiro. Dentro de la casa había 900 mil dólares, 11 relojes finos, un AK-47 y ocho armas cortas. Un corrido informó al día siguiente: “El Mochomo era el hombre de confianza / que el cártel necesitaba / pero el 21 de enero su carrera le cortaban”.
La noticia de la detención de Alfredo Beltrán Leyva, uno de los cabecillas del cártel del Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, fue presentada como el golpe más importante realizado hasta entonces por el gobierno en la guerra contra el narco que Felipe Calderón había decretado. En la Procuraduría General de la República, y concretamente en la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, provocó un terremoto. La célula dirigida por los hermanos Héctor, Alfredo y Arturo Beltrán Leyva había vulnerado las estructuras más altas de esa institución, a través de pagos mensuales de entre 150 y 450 mil dólares, según demostró luego la llamada Operación Limpieza: funcionarios del mayor nivel de la SIEDO realizaban detenciones, cateos y filtraciones, en beneficio del cártel.
Aquel día varios servidores públicos se paseaban nerviosos. Habían recibido informes de que El Mochomo iba a ser detenido, pero “en la SIEDO nada podían hacer para evitarlo”. Esperaban que los operadores de Arturo Beltrán los llamaran a cuentas.
Fueron llamados ese mismo día. Uno de los principales lugartenientes del grupo, Sergio Villarreal, El Grande, se reunió con el director de Inteligencia de la SIEDO, Fernando Rivera, así como con los comandantes Milton Cilia y Roberto García. Según la declaración que Rivera rindió poco después en calidad de testigo protegido, bajo la clave “Moisés”, El Grande les dijo que Arturo Beltrán Leyva estaba encabronado: “Quería saber a quién iba a matar. Todos recibían dinero de él y nadie le avisó de la detención de su hermano”.
Los funcionarios le explicaron que no habían trabajado ese asunto, “que era un asunto del GAFE, del alto mando de la Sedena”. El Grande exigió la lista de los militares que habían tomado parte en el operativo, así como los “informes originales” de la detención. El director Rivera se comprometió a obtenerlos. No sólo eso: de acuerdo con la declaración de “Jennifer”, antes de las dos de la tarde había entregado los reportes militares, el nombre del infiltrado que había proporcionado la información a los GAFES, las copias completas de las declaraciones que El Mochomo había rendido ante la SIEDO… y un croquis que señalaba el sitio exacto en donde el capo se hallaba recluido.
Rivera informó que “de las 11 de la noche en adelante ya no iban a estar presentes las fuerzas especiales del ejército, y que sólo quedarían custodiando el inmueble 11 agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI”. Le dijo a El Grande que “con la entrega de un millón de pesos para los AFIS, así como de tres millones que serían entregados a Fernando Rivera y su gente, se lograría neutralizar al conjunto de guardia y permitir que una camioneta blindada rompiera la reja de acceso a la SIEDO”.
El Grande —relata la averiguación previa SIEDO/UET/6668/2008—, calculaba reunir a unas 150 personas para realizar el asalto. Sin embargo, al sopesar los riesgos, decidió cancelar la operación. Alfredo Beltrán Leyva fue recluido en el penal de Puente Grande.
La captura de El Mochomo provocó una escisión en el cártel de Sinaloa. Existe la versión de que El Chapo negoció la captura del menor de los Beltrán, a cambio de la liberación de su hijo, Archibaldo Guzmán, alias El Chapito, quien se hallaba recluido en el penal del Altiplano desde 2005: a sólo tres meses de la caída de El Mochomo, El Chapito fue liberado.
Otra versión señala que Arturo Beltrán se entrevistó con El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada para pedirles que le ayudaran a rescatar a su hermano. Los jefes del cártel le pidieron tiempo, pero en una segunda reunión le explicaron que “no había condiciones” para efectuar el rescate. El Mochomo debía ser “sacrificado”.
Se cree que en el narcotráfico las alianzas de sangre son indestructibles. El Mochomo estaba casado con una prima de El Chapo. Arturo Beltrán, sin embargo, salió de aquella reunión con la idea de que la alianza se había roto. A partir de ahora iba a cobrar muerte por muerte, detención por detención. El Chapo y El Mayo lo supieron. Quisieron adelantarse.
A fines de abril de 2008, el mismo mes en que El Chapito fue liberado, ocurrió una balacera en la colonia Guadalupe, de Culiacán. Una casa, en la que presuntamente se encontraba uno de los hijos de Arturo Beltrán, fue atacada por elementos de la Policía Federal, apoyados por policías locales. Murieron cinco escoltas y dos agentes ministeriales. Arturo Beltrán acusó a los federales de servir de brazo armado a los intereses de El Chapo y ordenó a su gente asesinar policías donde los encontraran. Hizo colocar narcomantas en las que podía leerse: “Policías, soldados, para que les quede claro, El Mochomo sigue pesando. Atte. Arturo Beltrán Leyva”. Y también: “Soldaditos de plomo, federales de paja, aquí el territorio es de Arturo Beltrán”.
Un día después de la balacera en la colonia Guadalupe, cuatro agentes de la Policía Federal Preventiva, PFP, murieron acribillados cuando patrullaban el centro de Culiacán. En Imala, dos policías municipales fueron ejecutados. A lo largo de la ciudad se verificaron ataques contra policías locales. La PFP concentró 800 agentes en la plaza de Sinaloa.
De ese modo terminó abril, el mes en que se soltaron los demonios y comenzó el enfrentamiento que a lo largo de 2008 dejó en la entidad un saldo de mil 156 ejecuciones.
La infiltración
El 7 de mayo de 2008 un retén de la Policía Federal fue instalado en el kilómetro 95 de la Autopista del Sol. La PFP acababa de recibir una información filtrada por El Mayo Zambada: un convoy en el que viajaba Arturo Beltrán cruzaría en cualquier momento por aquel sitio. El encargado de coordinar la captura fue el director regional de la PFP, Édgar Eusebio Millán. El dato proporcionado por los Zambada resultó bueno: cinco vehículos sospechosos salieron del Hotel Motel Rosales, en donde Arturo Beltrán acababa de tener una reunión. Los agentes les marcaron el alto. Los integrantes del convoy respondieron a tiros. Inició una persecución que terminó en Xoxocotla, con varios autos destrozados, la captura de nueve sicarios y dos agentes federales muertos. La camioneta en que viajaba Arturo Beltrán logró evadir el cerco: uno de sus escoltas impactó una patrulla para abrir paso a su jefe.
El Mayo Zambada, sin embargo, había contemplado esa posibilidad. Los datos que filtró a la PFP indicaban los domicilios del estado de Morelos en los que Beltrán Leyva podría refugiarse. El inspector de operaciones Édgar Enrique Bayardo, el funcionario que había recibido la filtración —y operaba como contacto de El Mayo al interior de la PFP—, se comunicó con el jefe antidrogas de la corporación, Gerardo Garay, y le dijo: “Tenemos ubicados varios domicilios aquí en Morelos. Estamos concentrados y listos para entrar”.
El jefe antidrogas lo detuvo en seco: “Paren todo. Regresen de inmediato a la ciudad de México”.
Cinco meses antes, a través de una supuesta intercepción telefónica, el director de Combate a la Delincuencia Organizada de la PFP, Roberto Velasco, había ubicado a Beltrán en una mansión de la calle Escarcha, en el Pedregal de San Ángel.
Velasco le comunicó al jefe antidrogas: “La gente está colocada en puntos estratégicos”. Pidió luz verde para poner en marcha la detención.
Pero Garay se negó a dar la orden: “Aguanten. Vamos a esperarnos para más adelante”.
De acuerdo con la declaración ministerial de un testigo protegido, el agente de la División Antidrogas, Fidel Hernández (PGR/SIEDO/UEIDCS/359/2008), las indicaciones de Garay fueron criticadas por su subalterno: “Pero jefe, tengo evidencia de que Arturo Beltrán se encuentra aquí”.
Garay, sin embargo, insistió: “Desmonten el servicio”.
Édgar Millán, el hombre que había dado caza a Arturo Beltrán en el camino a Xoxocotla, fue ejecutado horas después de la persecución, cuando llegaba a casa de sus padres en un edificio ubicado en la calle de Camelia, en la colonia Guerrero. Aunque sólo un puñado de personas tenía acceso a sus itinerarios, una filtración surgida de las mismas filas de la PFP, a través del agente José Antonio Montes Garfias, puso en manos de Beltrán la ubicación del sitio al que el jefe policiaco iba a dirigirse. La orden fue fulminante: Millán debía ser eliminado.
El agente Montes Garfias abrió el casillero del funcionario y sustrajo las llaves de la casa donde vivían los padres de éste. Entregó un duplicado —así como 40 mil pesos y 75 gramos de cocaína— a un gatillero de baja monta, Alejandro Ramírez Báez, quien integró un comando formado por cinco personas. Los sicarios aguardaron a Millán en el garaje del edificio. Habían apagado las luces. Cuando el jefe policiaco cruzó el portón, le metieron 11 tiros. (El sicario Ramírez Báez fue sometido por los escoltas de Millán. De ese modo se desanudaron los hilos de la trama.)
Una semana antes, Roberto Velasco, el hombre que tendió el cerco de la calle Escarcha, había sido asesinado en una calle de la colonia Irrigación. La verdadera venganza de Arturo Beltrán llegó, sin embargo, 24 horas después de la balacera en Xoxocotla. Sucedió del otro lado del país, el 8 de mayo de 2008, la noche en que cinco camionetas rodearon a Édgar Guzmán, otro de los hijos de El Chapo, en el estacionamiento del City Club, un centro comercial de Culiacán, Sinaloa.
En la ejecución se dispararon 500 tiros y se accionó un lanzagranadas. Las ráfagas destrozaron paredes, vidrios y vehículos. Además del hijo de El Chapo, fueron abatidos un sobrino del narcotraficante, César Loera, así como el hijo de una lavadora de dinero a la que la DEA había bautizado como La Emperatriz.
En Culiacán se desató la psicosis. Los medios locales no se animaron a dar la noticia. Sólo lo hicieron dos días después, atribuyendo la información a diarios y agencias informativas de la ciudad de México. La sangre del hijo de El Chapo seguía húmeda en el suelo, escribe un testigo, cuando corrió la versión de que el jefe del cártel de Sinaloa había jurado borrar de la faz de la tierra a los Beltrán: de la célula que dirigían no iba a quedar piedra sobre piedra.
En menos de un mes, sin embargo, El Chapo asimiló dos nuevos golpes. Filtraciones de los servicios de inteligencia de los Beltrán ocasionaron la detención de uno de sus primos, Alfonso Gutiérrez, tras una cruenta balacera en una colonia de Culiacán, y de un sobrino, Isaí Martínez, en las inmediaciones de un fraccionamiento de esa ciudad.
El asesinato del hijo de El Chapo formaba parte de la misma embestida que provocó la muerte de los jefes policiacos Millán y Velasco.
Millán, el comandante acribillado en casa de sus padres, había sido el “cerebro” del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en las operaciones antinarco. Su muerte ocasionó un cambio en la estructura de mando de la PFP. Genaro García Luna colocó en su lugar, con el cargo de Comisionado, a un viejo amigo y compañero del Cisen, con el que había colaborado estrechamente a su paso por la AFI: Gerardo Garay, el jefe antidrogas que en dos ocasiones había congelado los operativos de captura de Beltrán Leyva.
Garay duró sólo unos meses en el puesto. El 15 de octubre de 2008, una nueva filtración del grupo de El Mayo, colocada en manos de su contacto, el inspector Édgar Enrique Bayardo, movilizó a la Policía Federal. En una lujosa residencia del Desierto de los Leones, en la que había un zoológico privado con panteras, tigres siberianos y leones, iba a celebrarse una narcofiesta a la que asistiría Mauricio Harold Poveda, el principal socio colombiano de Arturo Beltrán.
En la declaración que rindió cuando se descubrió que El Mayo Zambada le pagaba hasta 500 mil dólares por cada enemigo detenido, el inspector Bayardo relató la forma en que se llevó a cabo el operativo. El comisionado Garay dejó escapar a Harold Poveda, pero detuvo al resto de los invitados. Luego, alineó a 30 prostitutas contra la pared, seleccionó a cuatro, ordenó prender la caldera del jacuzzi, pidió cocaína para las muchachas, invitó a uno de sus subalternos a “darse un baño” y cerró la puerta de la sala.
“¡Ahora sí comenzó la fiesta!”, dijo.
Antes de sumergirse en ella, el comisionado hizo que sus agentes obtuvieran los domicilios de los colombianos detenidos y fueran a revolverlos en busca de dinero. El narcotraficante Mauricio Fino, El Gaviota, se ofreció a entregar 500 mil dólares que, dijo, tenía guardados en su departamento. Bayardo fue el encargado de ir a recoger el dinero. Volvió a la casa con las fajillas metidas en dos bolsas que tenían estampada la figura de Winnie Pooh.
Según la declaración PGR/SIEDO/359/2008, cuando Garay salió del jacuzzi, desvelado y con aliento alcohólico, oyó ladrar a un bull dog que, estimaron los agentes, “valía también un chingo de dinero”. El funcionario de la PFP solicitó: “Pónganmelo para llevar”.
No existen datos sobre la forma en que Arturo Beltrán Leyva registró el golpe asestado por El Mayo a sus socios colombianos. Pero cinco días después de la narcofiesta
, en la partida de ajedrez que las filtraciones de ambos bandos desataban, una llamada anónima llegó a la PGR. “En el domicilio ubicado en la calle Wilfredo Massieu número 430, colonia Lindavista, hay varias personas armadas y son narcotraficantes. Es gente de El Mayo Zambada y si van los pueden detener”. A la una la tarde del 20 de octubre, la SIEDO rodeó la casa y comprobó que en su interior se hallaban pertrechados el hermano menor de El Mayo, Jesús El Rey Zambada, y un hijo de éste, Jesús Zambada Reyes.
El Rey Zambada comprendió de inmediato que no tenía salida. “Me voy a rifar”, dijo. Sus gatilleros abrieron fuego contra los agentes. Mientras las balas estallaban, El Rey marcó insistentemente al Unefón de su contacto, el inspector Bayardo. Quería que “su ahijado”, como le decía, le enviara refuerzos. “Nos estamos agarrando a chingadazos”, le dijo.
“Voy, padrino, voy”, contestó el inspector. Pero no alcanzó a llegar. Ni a ese domicilio, ni a ninguna parte. El número telefónico al que El Rey había marcado y las declaraciones que luego rindió Jesús Zambada Reyes, pusieron fin a la carrera de Bayardo. El inspector fue detenido cinco días más tarde y se acogió al programa de testigos protegidos. Sus declaraciones implicaron en la venta de protección al narcotráfico a los mandos principales de la Secretaría de Seguridad Pública, así como al círculo cercano al secretario García Luna. Entre otros funcionarios cayeron el comisionado Gerardo Garay, el jefe de Operaciones Especiales, Francisco Navarro, y el director de Análisis Táctico, Jorge Cruz.
Como había ocurrido con la SIEDO, eran narcotraficantes los que filtraban informes y ordenaban capturas. Eran narcotraficantes los que tenían mando pleno al interior de la PFP.
El comisionado Garay fue acusado de servir a dos amos: al cártel de los Beltrán y al grupo de El Mayo Zambada. Un juez le decretó formal prisión en octubre de 2008.
Antes de ser asesinado un año más tarde en un Starbucks de la ciudad de México, el inspector Bayardo reveló las bases del acuerdo: recibir filtraciones, practicar intervenciones telefónicas, permitir que los operadores de los cárteles interrogaran a los enemigos capturados y, luego, presentar las detenciones “como logros de la PFP”.
El megacártel
En 1997, el ex chofer del general José Gutiérrez Rebollo, Juan Galván Lara, mencionó por primera vez en un expediente a los hermanos Beltrán Leyva (PGR/UEDO/226/97). Eran oriundos de Badiraguato, Sinaloa, y formaban parte “de las 11 gentes” que trabajaban de cerca con El Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Según el chofer, controlaban la plaza de Mazatlán. Alguna vez, El Señor de los Cielos se había molestado con ellos porque estaban introduciendo droga sin su consentimiento: “Son chingaderas… se va a trabajar cuando yo lo ordene”.
A la muerte de Amado Carrillo, un reporte de la DEA señaló que el cártel de Juárez se había reacomodado alrededor de Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, Ismael Zambada García, El Mayo, Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, y Marcos Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
Arturo Beltrán era primo lejano de El Chapo, según el testigo protegido clave “Julio”. Fue Beltrán quien introdujo a su pariente en el negocio de la cocaína. En 1993, cuando El Chapo fue recluido en Almoloya, y más tarde enviado a Puente Grande, los Beltrán quedaron a cargo de su estructura. Le enviaban dinero al penal para que pudiera pasar la reclusión con lujo —comida, mariachis, prostitutas— y lo apoyaron financieramente en los costosos preparativos de su fuga.
Tras la fuga de Puente Grande, en 2001, El Chapo organizó una cumbre de narcotraficantes en Cuernavaca. Asistieron unos 25 jefes. El Chapo tenía los mejores contactos. Relaciones que le aseguraban no ser molestado. Ante los 25 jefes trazó el futuro: unir a Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Coronel, Juan José Esparragosa Moreno, Vicente Carrillo Fuentes y Arturo Beltrán Leyva en una Federación que controlara las plazas del país, le arrebatara Nuevo León y Tamaulipas al cártel del Golfo, y golpeara a los hermanos Arellano Félix, sus enemigos históricos, hasta despojarlos de Tijuana. (Una versión indica que fue el propio Chapo quien filtró la información que permitió la captura de Benjamín Arellano Félix.)
Al frente de la guerra que la Federación iba a desatar en Nuevo León quedó Arturo Beltrán Leyva. Durante el tiempo que El Chapo permaneció en prisión, los Beltrán habían logrado conformar una de las células más sólidas del cártel. No sólo conocían a fondo la operación del grupo: “habían sido su corazón”.
A pesar de que alguna vez el testigo “Julio” consideró a Arturo Beltrán como un hombre ostentoso, El Barbas había mantenido un perfil discreto. Faltaba tiempo para que su nombre abandonara las fojas de los expedientes y se instalara en las primeras planas de los diarios.
El alfil de Arturo Beltrán en la batalla por Nuevo León y Tamaulipas fue un pistolero texano que se había fogueado en la frontera neolonesa: Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, uno de los peores asesinos en la historia reciente del crimen organizado.
Beltrán y La Barbie armaron un grupo de sicarios conocido como Los Pelones y los enviaron a disputar la plaza. Quedaba claro que iba a tratarse de una carnicería. El círculo de seguridad del líder del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, estaba formado por ex militares de elite y otros desertores del ejército. Los violentos Zetas.
Para abrir camino a la incursión de Los Pelones, Beltrán y La Barbie reclutaron policías y agentes ministeriales destacados en la entidad. Un comisionado de la PFP, José Luis Figueroa, reveló que ambos narcotraficantes le habían ofrecido al director del Centro de Mando de la AFI, Domingo González Díaz, cuatro millones de dólares. El trato: capturar a Osiel Cárdenas Guillén y cambiar al comandante de la AFI por una persona que ellos le señalarían. Un subalterno de González Díaz, Francisco Garza Palacios, recibió un millón de dólares a cambio de brindar protección oficial a las actividades del grupo.
Los operadores de El Chapo se asociaron también con el empresario Jaime Valdez, antiguo agente policiaco, a quien contrataron como reclutador. (La relación con Valdez terminó mal: Arturo Beltrán lo acusó de haber robado 450 kilos de coca y ordenó su ejecución: Valdez fue emboscado. Recibió 10 disparos de AK-47. Aunque logró salvar la vida, quedó parapléjico.)
Al mismo tiempo, comenzó el combate en las calles. Balaceras, torturas, levantones, desapariciones, se verificaron diariamente en la entidad.
En 2003 la batalla por el corredor del Golfo cobró un nuevo giro. Osiel Cárdenas fue aprehendido por el ejército en un operativo espectacular. Parecía que la captura fortalecería a los miembros de la Federación y el trasiego de drogas quedaría en manos de un solo grupo. Pero no fue así: tras la caída de Osiel, Los Zetas se independizaron, y un grupo de sicarios menos preparado, y mucho más violento, tomó las riendas del cártel del Golfo.
En agosto de ese año el bando sinaloense enfrentó a sus rivales en una de las calles céntricas de Nuevo Laredo. El enfrentamiento duró más de una hora. En el lugar se percutieron más de 700 casquillos. 200 policías municipales fueron suspendidos y llevados a investigación. La primera avanzada sinaloense había fracasado.
Unos meses más tarde, la Federación se desgajó. Los capos que la integraban consideraron que Vicente Carrillo, El Viceroy, jefe del cártel de Juárez, aportaba poco al grupo y en cambio le exigía mucho. La gota que derramó el vaso fue una disputa por derechos de piso en la que Rodolfo Carrillo, El Niño de Oro, hermano menor de El Viceroy, ejecutó personalmente a dos operadores de El Chapo que habían movido droga sin su consentimiento.
Todo podía tener arreglo antes del sábado 11 de septiembre de 2004. Pero El Chapo no estuvo dispuesto a perdonar. Pidió a sus socios la cabeza de El Niño de Oro.
Aquel sábado 11 de septiembre Rodolfo Carrillo y su esposa, Giovanna Quevedo, llegaron a las cuatro de la tarde a un Cinépolis de Culiacán. Iban escoltados por el comandante de la Policía Ministerial, Pedro Pérez López, que había sobrevivido a dos ataques de los Arellano Félix. Cuando la función terminó, la pareja salió al estacionamiento. El Niño de Oro iba a abordar su auto cuando un comando lo rafagueó desde varios frentes. La policía recogió del piso 500 cartuchos. El comandante Pérez López repelió la agresión. Fue herido, aunque logró pedir ayuda por radio. En cosa de minutos, elementos de todas las corporaciones rodeaban el estacionamiento y se lanzaban en persecución de los gatilleros. Los tiros tronaron en las calles. Cinco sicarios fueron abatidos.
La Federación se hizo añicos: el 6 de octubre de ese año llegó el mensaje de respuesta de Vicente Carrillo. Miguel Ángel Beltrán Lugo, El Ceja Güera, miembro connotado del cártel de Sinaloa, fue ultimado a tiros en el penal de Almoloya. Dos meses después, un hermano menor de El Chapo, Arturo El Pollo Guzmán, fue ejecutado en el área de locutorios del mismo penal. Las armas que cobraron la vida de ambos narcotraficantes habían escapado a todos los controles.
Los Tres Caballeros
A principios de 2005 un reportero sonorense, Alfredo Jiménez Mota, reveló en el periódico El Imparcial las operaciones de un grupo de narcotraficantes conocidos como Los Tres Caballeros: Arturo, Alfredo y Héctor Beltrán. Según la investigación, controlaban el tráfico de drogas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, y se hallaban vinculados, a través de compadrazgos y otros lazos familiares, con la banda más poderosa de Sonora, que comandaba Raúl Enríquez Parra, El Nueve. El brazo operativo de Los Tres Caballeros estaba integrado por dos grupos delictivos, Los Güeros y Los Números. Los narcotraficantes habían heredado la estructura de un viejo amo de la región, Héctor El Güero Palma Salazar. Su presencia en la entidad databa de 1998. Disponían de pistas de aterrizaje (una de ellas se llamaba “Fumigaciones Guzmán”), así como de una flotilla de avionetas con las que sobrevolaban la entidad entre las 12 de la noche y las cuatro de la mañana. Recibían apoyo institucional “de los tres niveles de gobierno”.
La información del reportero Jiménez Mota procedía de un documento clasificado por la Secretaría de Gobernación que llevaba por título: “Los Tres Caballeros. Narcotráfico”. El documento señalaba que los Beltrán visitaban por separado la entidad, se alojaban en propiedades a nombre de terceras personas y eran protegidos en sus traslados por un ex comandante de la policía municipal de Cajeme, Carlos Sánchez, quien pertenecía “al primer círculo del director general de la Policía Judicial del estado, Roberto Tapia Chan”.
Los cargamentos de los Beltrán eran escoltados por patrullas de la judicial a lo largo de brechas y terracerías. En varias ocasiones habían logrado huir, a bordo de sus avionetas, de los operativos montados por el ejército.
Jiménez Mota desapareció en abril de 2005, poco tiempo después de publicar su reportaje. Acababa de decirle a una amiga que iba a entrevistarse con una de sus fuentes, “a la que había notado muy nerviosa”. Su cuerpo nunca fue encontrado. Sus superiores sabían que preparaba una serie de trabajos que involucraban a gente cercana al gobernador Eduardo Bours en la venta de protección a los Beltrán.
A la desaparición del reportero le siguió la muerte del narcotraficante Raúl Enríquez Parra, El Nueve. Lo hallaron en un predio, envuelto en una cobija. Sus verdugos lo habían torturado a rabiar. Luego arrojaron su cadáver desde una avioneta. Según la declaración del teniente de la Policía Municipal Jesús Francisco Ayala, las muertes del reportero y el narcotraficante estaban conectadas.
El periodista de El Imparcial, dijo el teniente, esperaba una grabación telefónica que ubicaba a Ricardo Bours, ex alcalde de Cajeme y hermano del gobernador del estado, como contacto institucional de los Beltrán Leyva en Sonora. El oficial señaló al procurador del estado, Abel Murrieta, al jefe de la Policía Estatal, Roberto Tapia Chan, al director de la policía de Navojoa, Luis Gastélum, como autores intelectuales del secuestro. El levantón habría sido realizado por órdenes de este último. Un grupo de policías municipales detuvo al reportero y lo entregó a Los Números (el grupo de Raúl Enríquez Parra). Según el testigo, la grabación que Jiménez Mota estaba aguardando contenía una charla entre el jefe de la Policía Estatal y el narcotraficante Raúl Enríquez Parra, en la que el hermano del gobernador era mencionado como protector de las mafias que operaban en la entidad.
Jesús Francisco Ayala había sido, durante dos años, chofer de Luis Gastélum. Había presenciado reuniones entre su jefe y El Nueve, en las que se determinó la muerte de diversos personajes. Un día sintió que sabía demasiadas cosas. Que Gastélum no iba a tardar en ir por él. “Había sido testigo de muchos de los encuentros donde se daban órdenes de eliminar gente”, le dijo al reportero Ricardo Ravelo. Decidió integrarse al programa de testigos protegidos.
El gobernador Eduardo Bours calificó de dolosa la versión que señalaba a su hermano. “No es posible que se le dé importancia y se señalen culpables”, dijo.
Cuando Joaquín López Dóriga dio a conocer el testimonio de dos mujeres secuestradas que habían escuchado una conversación telefónica entre sus plagiarios y el jefe de la policía, Roberto Tapia Chan, el infierno se desató. En sucesivas incursiones federales se incautaron ranchos y casas en los que, además de armas, autos y joyas, aparecieron leones y tigres. Una versión señala que Raúl Enríquez Parra fue acusado por los Beltrán de “calentar” la plaza y ordenaron su ejecución.
En términos formales, el gran debut de Los Tres Caballeros en la prensa ocurrió un mes después del asesinato del reportero de El Imparcial. Jiménez Mota se había quedado corto. Además de extender sus tentáculos en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, los hermanos Beltrán dominaban 11 estados de la República. El arranque del sexenio de Vicente Fox había significado su época dorada. Operaban en Guerrero, Morelos, Chiapas, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y el Distrito Federal. Su poder tocaba incluso “la casa número uno de México”: habían logrado extender su poder a Los Pinos, a través de un oscuro personaje que coordinaba las giras presidenciales: Nahum Acosta Lugo.
El contacto en Los Pinos
En febrero de 2005 la DEA registró una conversación telefónica entre Nahum Acosta y Arturo Beltrán Leyva. Acosta, un personaje de medio pelo en el PAN sonorense, había fungido como delegado del Instituto Nacional de Migración y se había visto envuelto en un escándalo de corrupción a resultas del cual el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa. En 2001, sin embargo, el panista Manuel Espino lo recomendó como director de área en la coordinación de giras presidenciales. Cuando la DEA puso en manos de las autoridades mexicanas una grabación telefónica en la que Nahum alternaba créditos con Arturo Beltrán, el procurador Rafael Macedo de la Concha abrió una investigación que no tardó en ser filtrada a la prensa.
Por esos días la PGR atendió una denuncia anónima que indicaba que en Cerrada de la Loma 17, en el fraccionamiento La Herradura, Estado de México, se había detectado un movimiento de personas armadas, así como la presencia de los hermanos Arturo y Héctor Beltrán.
Los archivos de la SIEDO revelaron que aquel domicilio se hallaba engarzado con la detención de un narcotraficante en cuya agenda había aparecido el número de teléfono 52 94 41 11. Aquel número había sido asignado a la casa ubicada en Cerrada de la Loma 17. El contrato estaba a nombre de Clara Laborín, la esposa de Héctor Beltrán Leyva.
as autoridades solicitaron una orden y catearon el domicilio. Los Beltrán se habían esfumado. Pero la policía encontró dos millones de pesos en joyas y varias camionetas BMW, entre otros vehículos blindados. Halló también una tarjeta de presentación a nombre de Nahum Acosta, una agenda telefónica en la que este funcionario aparecía bajo la leyenda “Presidencia”, y cinco audiocasetes en los que Héctor Beltrán había grabado diversas conversaciones con sus lugartenientes. En una de las cintas, Beltrán le pedía a cierto operador que entregara cinco mil dólares a Nahum. En otras grabaciones, Nahum Acosta se mostraba parlanchín y hablaba con Beltrán de sus actividades, las giras presidenciales, los lugares que había visitado y las enfermedades de sus hijos. Un día le contó que acababa de sobrevolar su casa en helicóptero; otro, lo urgió a que terminara cuanto antes “el negocio de Acapulco”.
El guardia de seguridad que cuidaba el fraccionamiento relató que los habitantes de la casa parecían muy ricos, que continuamente había entradas y salidas de hombres armados, y que hacía poco había ido de visita “alguien de la presidencia de la República, de apellido Nahum”, quien se había presentado como “del Estado Mayor Presidencial”.
Nahum Acosta fue acusado de filtrar información gubernamental de primer nivel al crimen organizado. Según el procurador Macedo de la Concha, las pruebas en su contra eran “serias y contundentes”. Se había comprobado que recibió los cinco mil dólares enviados por el capo. Por si faltara algo más, el número de Beltrán aparecía registrado en su celular.
Acosta se defendió diciendo que desconocía las actividades delictivas de Héctor Beltrán, y que sólo había visitado la casa de éste con intención de rentarla. El subprocurador, José Luis Santiago Vasconcelos, respondió: “Yo creo que ninguno de los servidores públicos que estamos actualmente desempeñándonos pudiera tener capacidad económica para rentar una de estas casas, con seis niveles y esta riqueza”. El sueldo de Nahum era de 79 mil pesos.
El escándalo colocó a los Beltrán en un rango de visibilidad que no habían tenido nunca. Paradójicamente, según Santiago Vasconcelos, sirvió para boicotear la investigación. A pesar de las pruebas “serias y contundentes” del procurador Macedo, un juez liberó 60 días después a Acosta “por falta de elementos para procesar”. Tiempo después, el PRD lo lanzaría como candidato a la alcaldía de Agua Prieta. Según el presidente de ese partido, Jesús Ortega, Nahum Acosta era inocente. “Esa es la verdad legal”, dijo.
El narcovideo
En 2005 el brazo operativo del cártel de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva, tenía frentes de batalla abiertos en todo el país. Embestía en el corredor del Golfo a Tony Tormenta, hermano de Osiel Cárdenas Guillén. Enfrentaba en Tijuana a los Arellano Félix. Disputaba en Chihuahua cada centímetro de territorio al cártel comandado por Vicente Carrillo y Nacho Coronel. Tenía el control absoluto de Sinaloa, Sonora, Coahuila y Durango. Su asociación con La Familia le había abierto, desde Michoacán, la ruta del Pacífico.
En los pliegues del estado de Guerrero, los Beltrán habían fincado uno de sus principales centros de operación. A cambio de un millón de dólares compraron los favores del subdirector operativo de la Policía Ministerial, Julio López Soto.
“Trabajaban sin problemas”, señaló el chofer de este jefe policiaco. Según se demostró después, controlaban también a los principales mandos de la AFI destacados en la zona. Su ala ejecutora, Los Pelones, conformada por 350 pistoleros, muchos de ellos reclutados en la Mara Salvatrucha, se movía con libertad por el estado, ostentando armas de grueso calibre.
Una mañana, el subdirector al que compraron los Beltrán fue levantado por Los Zetas. Tony Tormenta había enviado a 120 de ellos a disputar la plaza, con un mensaje de su lugarteniente, Gregorio Saucedo, El Caramuela: “Que les iba a rajar la madre a todos los pelones y a todos los que tomaron parte en la repartición del millón de dólares que le dieron a Julio, el subdirector, y que reciban un saludo del señor Goyo Sauceda”.
El lugarteniente de Arturo Beltrán, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, tomó nota del mensaje y decidió devolver el saludo. Lo hizo con la ejecución prime time de uno de Los Zetas que llegaban de avanzada al territorio.
En mayo de 2005, tres ex militares procedentes de Nuevo Laredo fueron ubicados en Zihuatanejo por La Barbie. Un comando de hombres vestidos de negro, en cuyos uniformes aparecían las siglas de la AFI, los levantó. No les tomó mucho confesar que pertenecían al cártel del Golfo. Confesaron también que en la bahía de Acapulco los aguardaba uno de sus cómplices.
El Zeta que los esperaba en Acapulco iba a ser la estrella principal de un narcovideo que estremeció al país. Se llamaba Juan Miguel Vizcarra y había llegado a la bahía simulando pasar, en compañía de su novia, unas vacaciones. Vizcarra le había confesado a su pareja sus verdaderas intenciones: “Lo que hago es llevarme personas, y estamos aquí en Acapulco buscando gente del otro cártel; estamos buscando a unos tipos que entraron a nuestro territorio y asesinaron a miembros de la familia Zeta. Mi misión es llevarme a los responsables”.
Agregó: “Estamos en la boca del lobo, ya que si nos atrapa la policía, no nos llevarán a las autoridades, sino con los jefes de la organización”.
El 15 de mayo, el Zeta recibió dos llamadas. Al colgar la primera vez, dijo: “Atraparon a esos idiotas en Zihuatanejo”. Al colgar la segunda: “Estamos jodidos, ya atraparon a dos de mi destacamento… cuando atrapan a uno los atrapan a todos”.
Así fue. Vizcarra y su novia intentaron salir del hotel para volver a su estado. En la puerta los esperaban varios hombres con siglas de la AFI.
Esa madrugada —relata el semanario Proceso— el cártel del Golfo intentó comunicarse a la oficina del procurador general de la República. No hubo éxito. Dejaron un mensaje: “Los comandantes de las plazas de Acapulco y Zihuatanejo, el día de ayer, detuvieron a cinco Zetas, los cuales fueron entregados a gente de Arturo Beltrán… si éstos no son puestos a disposición en un término de 48 horas, desataremos una guerra contra estas dos plazas, no importando si hay agentes nuevos o viejos, incluso le levantaremos a la prensa nacional al titular de la AFI”.
Pero Los Zetas no fueron puestos a disposición: se los entregaron a La Barbie. A la novia de Vizcarra la dejaron ir.
Ese mismo día los miembros del destacamento fueron videograbados, con el rostro desfigurado a golpes, mientras respondían mansamente a los cuestionamientos lanzados por un interlocutor invisible. Hacia el final de la grabación, ese interlocutor, La Barbie, se acercó a Vizcarra con una pistola en la mano y le descerrajó un ti
ro en la sien: “¿Y tú qué, güey?”.
El narcovideo desató una investigación federal, puesta en marcha por el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, en la que resultaron involucrados un subcomandante de la AFI, un jefe regional y una decena de agentes. Los indiciados formaban parte del círculo de confianza del entonces director de la AFI, Genaro García Luna. Desató también una serie de ejecuciones en serie. En poco tiempo fueron asesinados un jefe de seguridad del Ayuntamiento y un teniente de corbeta que se había infiltrado entre Los Pelones. En julio de 2005 el ex procurador de Justicia, José Robles Catalán, fue tiroteado mientras desayunaba en el restaurante La Perla. En los tres meses siguientes se registró la desaparición de 27 tamaulipecos. A cuatro de ellos los enterraron vivos. Balaceras y persecuciones se volvieron moneda corriente en las calles del puerto: en enero de 2006, Zetas y Pelones se enfrascaron en una refriega que duró 30 minutos. Una tarde apareció un hombre descuartizado. Sus miembros habían sido repartidos en cinco bolsas de plástico. Junto a él, una cartulina: “Ahí está tu gente, aunque te proteja la afi, soldados y otras corporaciones, sigues tú Edgar Valdez Villarrreal (barbie), Arturo Beltrán Leyva, y tú, Lupillo, sigue riéndote que te voy a encontrar. Atentamente, La Sombra”.
El atentado
La investigación abierta por el subprocurador general de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, a raíz de la difusión del narcovideo de Acapulco, provocó que los operadores de Arturo Beltrán movieran sus piezas dentro de la SIEDO “para calmar las cosas”. Pero Vasconcelos seguía siendo una piedra en el zapato de Beltrán. Era él, precisamente, el que había llevado la indagatoria que reveló sus nexos con Los Pinos. Era él quien había manejado el caso del reportero Jiménez Mota, desatando la operación que cubrió de llamas el estado de Sonora.
Con el cambio de administración Santiago Vasconcelos había dejado la Subprocuraduría, para pasar al área jurídica y de asuntos internacionales de la PGR. El hombre que luego de 14 años en el combate a las drogas conocía como nadie las entrañas del narcotráfico en México quedó bajo la protección de un puñado de escoltas. Arturo Beltrán decidió que había llegado la hora de ajustarle las cuentas.
El 17 de diciembre de 2007 varias camionetas de lujo, una de ellas con placas de Estados Unidos, se instalaron en una calle del sur de la ciudad. Los encargados de un negocio de hamburguesas describieron a los individuos que las tripulaban como “hombres con facha de guardaespaldas”. Varias motos con antenas y equipos de comunicación se acercaron a ellos. De pronto, el grupo se desplazó hacia Fuentes del Pedregal. Tenía la misión de reconocer el terreno, la ruta que Santiago Vasconcelos cubría diariamente para llegar a su casa. El plan se frustró de manera fortuita. Esa madrugada, alertadas por la presencia sospechosa de las camionetas, 15 patrullas de la policía capitalina acordonaron la zona. Cinco sujetos fueron aprehendidos.
No se detuvo, sin embargo, la operación. Desertores del ejército habían desarrollado el plan y recomendado las armas necesarias para penetrar el alto blindaje de que estaba dotado el auto del ex subprocurador. Los Beltrán sabían que Santiago Vasconcelos llegaba a su casa a las 12 de la noche. Para evitar que ocurriera lo de la vez anterior, un nuevo comando abordó tres camionetas viejas, una de ellas modelo 1971. El plan consistía en cerrar el paso al convoy del funcionario, formado por cuatro autos, y accionar un lanzagranadas contra su vehículo. El resto del grupo bajaría entonces de las camionetas, vomitando fuego.
José Luis Santiago Vasconcelos no fue detectado por los pistoleros. Había decidido tomar, a partir de aquel día, unas vacaciones. El nerviosismo de uno de los sicarios llamó la atención de una patrulla, que se acercó para checar el vehículo. Adentro había tres hombres con armas largas y chalecos con las siglas FEDA (Fuerzas Especiales de Arturo).
Vasconcelos fue enterado de los planes de los Beltrán esa misma noche. El encargado de comunicarle la detención de los sicarios fue su sucesor en el cargo, Noé Ramírez Mandujano, que un año más tarde quedaría formalmente preso bajo cargos de cohecho y delincuencia organizada, acusado de recibir pagos de 450 mil dólares a cambio de poner a la SIEDO bajo las órdenes de los Beltrán.
La conexión Morelos
22 de octubre de 2008. A las puertas de la Procuraduría de Justicia del estado de Morelos, tres vehículos aguardan la salida del subprocurador, Andrés Dimitriades Juárez. La orden es ejecutarlo. Dentro de las unidades hay 12 hombres, cada uno con un arma larga. El jefe del grupo es un agente de la Policía Metropolitana llamado Esteban Royaceli. Le dicen El Royal. Uno de los participantes en la ejecución —un agente apodado El Negro— relató más tarde: “De la Procuraduría nos iban a avisar cuando saliera el subprocurador Dimitriades, y como a las 10 de la noche nos avisaron que salió en un coche blanco, con dos escoltas. Se inició la persecución por la avenida Zapata”.
Dimitriades advirtió que lo iban siguiendo. Con el acelerador a fondo, tomó la carretera México-Cuernavaca, con dirección a Acapulco. Comenzaron a dispararle desde un Megane. Declaró El Negro: “Le pegaron un tiro al chofer y se estrelló contra una barda y allí fue cuando todos comenzaron a dispararle a Dimitriades”.
El mes anterior habían sido asesinados el director de la policía de Jiutepec, Jorge Alberto Vargas, y su chofer. El comando dirigido por Esteban Royaceli les dio el “cerrón” cuando salían de la casa del funcionario. Subieron a ambos a una camioneta y los llevaron a una casa de seguridad.
“Se le reclamó que si ya había arreglo, por qué no lo había respetado”, contó El Negro.
El jefe policiaco acababa de poner a disposición de Dimitriades a un grupo de pistoleros de los Beltrán, a los que había aprehendido en posesión de varias armas de fuego. El hecho de faltar al “arreglo” le valió ser torturado por dos horas, antes de que Royaceli se decidiera a asesinarlo. Su chofer fue ahorcado con un lazo. El Royal le cortó el dedo índice de la mano derecha, y se lo metió en la boca, enrollado en un billete de 20 dólares. Los dos cuerpos fueron abandonados en el camino a Temixco.
Según la investigación PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009, las ejecuciones habían sido ordenadas por Alberto Pineda Villa, El Borrado, uno de los principales operadores de Arturo Beltrán Leyva en la entidad. La pesquisa reveló que El Borrado y su hermano, Mario Pineda Villa, El MP, habían creado un ejército de gatilleros integrado por asesinos reclutados en las calles y cooptados en las policías locales.
Pero eso no se supo hasta tiempo después, cuando Royaceli y El Negro fueron detenidos en el Estado de México en momentos en los que conducían un cargamento de armas.
De momento, la ejecución de Dimitriades creó un clima de histeria en la entidad. El secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca, fue criticado por no haber actuado para detener a los asesinos: en el 066 se habían recibido más de ocho llamadas reportando la balacera. Cuando la prensa le preguntó si existían datos de la presencia de los hermanos Beltrán en la zona, Cabeza de Vaca respondió: “En caso de existir la presencia del narcotráfico en el estado, la propia PGR realizará las investigaciones necesarias”.
Cabeza de Vaca pasaba por alto el reciente asesinato del director operativo de la Policía Ministerial, Víctor Enrique Payán. Lo habían encontrado en la cajuela de su auto, con tiro de gracia, lastimaduras en el cuello y un mensaje que rezaba: “Así les va a pasar a todos los que anden con Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada e Ignacio Nacho Coronel”.
La noche del 5 de mayo de 2009 no quedó duda, en todo caso, de la penetración del narcotráfico en el estado. Una indagación de la Policía Federal culminó en una residencia ubicada a menos de 100 metros de la casa de gobierno del mandatario estatal, Marco Antonio Adame. En esa casa se verificaba una fiesta. Alguien había llevado un cerdo. Los invitados hacían carnitas. Elementos del grupo Indio recibieron la orden de entrar. Dos helicópteros iluminaron la fachada. Dos camiones de asalto blindados se detuvieron frente al portón. Los federales no hallaron al hombre que buscaban, Alberto Pineda Villa, El Borrado, pero detuvieron a sus tíos, y también a los padres de éste. Tenían 73 y 59 años, respectivamente. Tenían, también, seis armas largas y siete cortas.
La abogada Raquenel Villanueva fue contratada para defenderlos (sería masacrada en Nuevo León el 9 de agosto de 2009). En los días que siguieron, aparecieron 10 narcomantas dirigidas a Felipe Calderón, con amenazas para Genaro García Luna. Una de ellas decía: “Felipe Calderón estamos conscientes de nuestros actos, pero en total desacuerdo en que involucren a padres, hermanos y demás familiares; es una regla mundial que ha existido en todos los tiempos (la familia se respeta)”.
Las declaraciones que rindieron El Negro y El Royal tras su aprehensión en el Estado de México provocaron la captura del comandante de la Policía Ministerial, Salvador Pintado, con 11 gramos de cocaína encima y armamento de uso reservado para el ejército. Lo habían señalado como encargado de negociar con el gobierno de Adame un conjunto de puestos clave para la organización Beltrán.
La detención de los padres de El Borrado, la captura de Pintado y las declaraciones de los asesinos del subprocurador Dimitriades, formaron un coctel altamente explosivo. El primero en sufrir los efectos fue el secretario de Seguridad Pública del estado, Luis Ángel Cabeza de Vaca (el mismo que dudaba de la existencia del narcotráfico en Morelos). El Negro y El Royal lo señalaron como protector del cártel de los Beltrán. Cuando fue detenido por el ejército, su esposa publicó un desplegado en el que afirmaba que el funcionario “únicamente recibió órdenes” del gobernador Adame. Un juez le decretó formal prisión por el delito de colaboración en delincuencia organizada.
El segundo en caer fue el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Francisco Sánchez González. El tercero, el procurador de Justicia del estado, Francisco Coronado. La ola expansiva corrió incontenible. El 10 de mayo, militares detuvieron en Yautepec a 34 policías municipales, así como al secretario de Seguridad Pública local.
Dentro de la estructura de los Beltrán, El Borrado tenía la tarea de recibir información filtrada por la SIEDO. Un agente de la AFI, Francisco Javier Jiménez, El Pinocho, era el contacto que lo enlazaba con el coordinador técnico de esa corporación, Miguel Colorado González (otro de los funcionarios detenidos durante la Operación Limpieza). Según la averiguación 0241/2008, El Borrado también fue responsable de “enganchar” al subprocurador Noé Ramírez Mandujano, hoy sujeto a proceso en Nayarit. El nivel de El Borrado en el cártel era semejante al de Sergio Villarreal, El Grande. La detención de sus padres lo puso fuera de sí.
Información manejada por Proceso señala que en octubre de 2008 el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue interceptado en la carretera de Tepoztlán por un número indeterminado de pistoleros que viajaban en vehículos blindados. Según el semanario, García Luna habría recibido el siguiente mensaje: “Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado”.
La DEA circuló la versión de que El Borrado, desesperado por la prisión de sus padres, le pidió a Arturo Beltrán Leyva la ejecución del secretario García Luna. No hay reporte de la respuesta de Beltrán, pero sí indicios de que inició su propia “operación limpieza” dentro del cártel, a fin de pacificar el estado. El 12 de septiembre de 2009 el cadáver de Mario Pineda Villa, El MP, hermano de El Borrado, fue hallado en la Autopista del Sol, a la altura de Huitzilac, con una manta que decía: “Así terminan los traidores y los secuestradores. Aquí está El MP”. Firmaba: “El Jefe de Jefes”.
Días después, el cuerpo del propio Borrado apareció calcinado dentro de un auto en Jantetelco. En poco más de un mes se registraron 25 ejecuciones. Todas ellas acompañadas con mantas, cartulinas, mensajes: “Esto les pasa a los secuestradores, le pido a toda la ciudadanía no lo tomen a mal, es por el bien de todos, atentamente El Jefe de Jefes”.
unto a dos cuerpos torturados se encontró en Moyotepec este narcomensaje: “Comando: Rafael Deita López (alias lágrimas) robo a mano armada, Maximino lopez por robo a casa habitación y robo de cobre de luz y fuerza y Telmex, tú sabes que esta plaza siempre ha sido mía nos equivocamos al poner un par de traidores y cobardes como el mp y el borrado de los cuales tú aprendiste las mañas, no seas cobarde… mi gente y yo estamos listos para pelear con quien sea, no me importa que te apoye el chapo, mago, nacho coronel, lobo valencia y los michoacanos, no vamos a permitir secuestros ni extorsiones deja de amenazar familias. Atte. Jefe de jefes”.
Ese fue el mes en que Héctor El Negro Saldaña y tres acompañantes fueron hallados en una camioneta en la delegación Miguel Hidalgo, al poniente de la ciudad de México, con un mensaje firmado por El Jefe de Jefes: “Por secuestradores. Job 38:15”. (Job 38:15: “Entonces la luz fue quitada a los impíos”.) Ese fue el mes en el que el alcalde de San Pedro Garza, Nuevo León, que medio año atrás había sido grabado al momento de afirmar que había llegado a un acuerdo con los Beltrán Leyva para detener los secuestros en el municipio, anunció la muerte de El Negro Saldaña —¡cuatro horas antes de que la policía se enterara!
Saldaña era un narcotraficante ligado a los Beltrán. Tras la detención de un operador de éstos, logró apoderarse de la plaza de San Pedro y comenzó el secuestro de familiares de la cúpula empresarial de Monterrey. Exigía rescates de hasta cinco millones de pesos y llegó a realizar hasta tres secuestros por semana. El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, fue grabado en una reunión de empresarios ante los que confesó que eran los Beltrán, y no la policía, los que habían evitado que San Pedro Garza se deteriorara: sus familias vivían ahí, antes que traficar con drogas les interesa la seguridad de éstas.
“O sea, o montamos todo este aparato de seguridad, que ellos tampoco están en contra porque es para sus propias familias también… No sé cómo decirte, o sea, lo que yo voy a tratar de hacer, hasta ahora me estoy dando cuenta de que no está tan complicado como yo imaginé, porque los propios Beltrán Leyva están de acuerdo… Está más arreglado de lo que te puedas imaginar, si entramos rápido”.
La nueva estrategia de Arturo Beltrán, ¿consistía en pacificar los territorios donde operaba a cambio de que las autoridades lo dejaran traficar? Algunos analistas creyeron advertir que El Barbas dirigía toda clase de guiños al gobierno federal.
Desde su ruptura con El Chapo había vuelto a aliarse con Vicente Carrillo, pactó con Heriberto Lazcano, entabló relaciones con los sucesores de los Arellano Félix. No sólo controlaba la frontera norte, sino también el corredor del Pacífico. Según Jorge Fernández Menéndez, mientras El Chapo tenía los mejores contactos y la capacidad de operación para traer droga a México, Beltrán tomaba la frontera y una buena parte del litoral.
El enfrentamiento entre ambos capos explicaba la violencia en que el país había vivido sumergido. No era una lucha —dice Fernández Menéndez— por el control del territorio, sino por la supervivencia de sus cárteles.
En los peores días de la refriega con su antiguo aliado, Beltrán había hecho colocar esta narcomanta: “Con todo respeto a su investidura Sr. Presidente le pedimos que abra los ojos y se dé cuenta de la clase de personas que tiene en la PFP nosotros sabemos que usted no tiene conocimiento de los arreglos que tiene Genaro García Luna desde el sexenio de Fox con el Cártel de Sinaloa que protege al Mayo Zambada, a Los Valencia, Nacho Coronel y Chapo Guzmán… Pedimos que pongan a personas que combatan al narco de forma neutral y no incline la balanza a un solo lado”.
Sabía que estaba en marcha la cacería que terminó en la torre Elbus del fraccionamiento Altitude, el 16 de diciembre de 2009.
La batalla de Cuernavaca
Esta es la leyenda que ha quedado impresa en periódicos, revistas y declaraciones ministeriales. El sábado 5 de diciembre Arturo Beltrán Leyva fue padrino de un bautizo en Puebla. Permaneció en la entidad hasta el jueves 10, día en que decidió volver a Morelos. Su convoy era tan aparatoso que llamó la atención de la Policía Ministerial. Vino el tiroteo. La gente que caminaba por avenida Hidalgo y el bulevar Forjadores se tiró al piso. Dos judiciales quedaron heridos y un municipal murió.
Beltrán tuvo dejar atrás a cinco de sus gatilleros y también 11 vehículos. Huyó en helicóptero desde el hotel Villa Florida. Según el director operativo de la DEA, Anthony Placido, iba herido. El contralmirante José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina, dijo que no: la noche siguiente reapareció en una posada en el fraccionamiento Los Limoneros, a las afueras de Tepoztlán. El lugarteniente Manuel Briones, ex agente de la Policía Metropolitana que se integró al cártel como sucesor de El Borrado, se encargó de su seguridad. De Briones dependía el ejército de Halcones que realizaba en el estado labores de vigilancia: a él se le achaca el asesinato de 40 de los miembros “incómodos” de la organización delictiva.
Los sicarios que Beltrán había dejado atrás en Puebla fueron llevados en avión a las instalaciones de la SIEDO para ser interrogados. Una versión señala que el capo sinaloense había sido detectado por la DEA desde que visitó a un cirujano plástico en el Hospital Ángeles de Puebla. El cruce de datos provocó que en una reunión del gabinete de seguridad se decidiera entregar la información al almirante José Luis Figueroa. Desde la presidencia se ordenó que el operativo corriera a cargo de la Secretaría de Marina.
Alrededor de las dos de la mañana, cuando la música alcanzaba su mayor intensidad, la operación comenzó. Los marinos irrumpieron en el fraccionamiento. Vecinos reportan que la balacera duró dos horas. Beltrán volvió a dejar a sus sicarios atrás. Huyó en un vehículo Toyota, posiblemente en compañía de La Barbie. Briones, el encargado de su seguridad, bajó por una barranca y se escondió en la maleza un día entero. Municipales de Cuernavaca y agentes de la SIEDO aparecieron en el fraccionamiento cuando el tiroteo era más tupido, pero se retiraron sin tomar parte en la operación. La Armada aseguró a 40 personas, 11 de las cuales eran sicarios. El resto, músicos y sexoservidoras. En la casa fueron hallados 280 mil dólares, 20 armas, mil 700 municiones. Hubo tres muertos (entre ellos, una vecina del fraccionamiento). El vehículo en el que supuestamente habían escapado los capos fue hallado en Cuernavaca. Tenía huellas de sangre en la manija de la puerta izquierda y en el asiento delantero. Una versión señala que Beltrán volvió a ser detectado por la DEA tras recibir atención médica en un nosocomio de la capital morelense. Había dejado como domicilio el departamento que ocupaba en el condominio Altitude.
El 16 de diciembre los miembros del gabinete de seguridad fueron informados con sólo 20 minutos de anticipación de que la Armada iba a iniciar en Cuernavaca el operativo de captura de Arturo Beltrán Leyva. Se pidió al responsable de la 24 Zona Militar, el general Leopoldo Díaz, que cubriera el perímetro.
De acuerdo con documentos consultados por el reportero Ricardo Ravelo, un cocinero declaró que Beltrán Leyva iba a comer, aquel día, precisamente con el general Leopoldo Díaz. Declaró también que el capo estaba en compañía de La Barbie, pero que éste desapareció antes de que comenzaran las acciones. Beltrán había sido informado por su círculo de seguridad, Los Zafiros, sobre movimientos extraños en la calle. De acuerdo con el vocero de la Secretaría de Marina, supo que iban por él desde la una de la tarde, cuatro horas antes de que iniciaran los disparos, cuando un helicóptero sobrevoló el conjunto Altitude: “Él ya sabía. Cuando escuchó el ruido del helicóptero se percató de eso, entonces se fue a su lugar y se preparó para hacer frente; él sabía que tarde o temprano iban a llegar por él”.
A las nueve de la noche, con seis pistoleros, Beltrán inició la defensa. “Estuvo participando en el tiroteo en contra de nosotros, creo que eso habla de que no estaba herido”, explicó el vocero.
Según la Marina, desde el mediodía y hasta las cinco de la tarde, los integrantes de las fuerzas especiales desalojaron a los habitantes de las 12 torres que forman el conjunto Altitude. Más de 100 efectivos se desplegaron en el lugar. Se dio la orden de ataque: desde vehículos artillados los marinos accionaron ametralladoras 7.62. Beltrán y sus hombres respondieron desde las ventanas del departamento 201 con granadas y ráfagas de AK-47.
Dos sicarios que se hallaban en la planta baja abrieron fuego contra los miembros de la Armada. “Fueron abatidos de inmediato”. Otros tres resistieron el asedio durante cuatro horas. Un marino fue alcanzado por una granada de fragmentación en las escaleras de emergencia. Se decidió detener la incursión, hasta que el parque de Beltrán se agotara. Mientras, los vehículos artillados siguieron atacando. Dos sicarios de Beltrán murieron en la sala. Cuando comprendió que estaba perdido, un tercero, el hijo de un famoso narco, El Chalo Araujo, saltó por los ventanales para suicidarse. Durante su caída, una bala expansiva le reventó en la espalda.
La última comida de El Jefe de Jefes, el hombre que compraba voluntades a cambio de millones de dólares y traficaba cargamentos que se medían en toneladas; el hombre de las joyas, los animales exóticos, los ranchos, los palacios, las avionetas, consistió en unos huevos con jamón que bajó a sorbos dados a una Coca-Cola de plástico. Había hecho llamar a dos masajistas, una de 18 años, otra de 44, con las que pasó sus últimas horas.
Según la Marina, a las nueve de la noche Beltrán abrió la puerta del departamento y enfrentó a los efectivos con intenciones de huir hacia el elevador. Le dispararon a menos de tres metros de distancia. Una de las balas le arrancó el hombro de cuajo.
Las primeras fotos lo muestran, no en la puerta del departamento, sino en el interior de éste, con una bebida energética junto a las manos. De acuerdo con la versión oficial, los marinos lo hallaron con los pantalones en las rodillas y la playera alzada hasta el pecho. “Yo creo que él cayó herido y a lo mejor le aflojaron la ropa, lo jalaron y fue que quedó en esa posición. Ya estaba así”, dijo el almirante José Luis Vergara.
Una foto muestra a tres civiles embozados, vestidos con sudaderas y guantes de látex rojo, bajándole los pantalones hasta más allá de las rodillas, y colocando al cadáver sobre una sábana blanca. En una tercera foto, esos mismos personajes comienzan a desplegar, macabramente, joyas y billetes ensangrentados sobre el cuerpo.
No se ofreció explicación oficial sobre la vejación del cadáver. Tampoco sobre la identidad de los civiles embozados.
El almirante Vergara sostuvo que el objetivo de la Armada era capturar al delincuente con vida. “Pero asumió una actitud de no dejarse atrapar”. En un acta ministerial que las autoridades no han dado a conocer, las dos masajistas afirmaron que Arturo Beltrán se había rendido, que su último gesto fue el de entregarse, antes de morir desangrado en un departamento de lujo.
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