Si los políticos y los partidos de México amarran acuerdos con el narcotráfico para reducir los niveles de violencia por razones financieras o para garantizar los comicios presidenciales de 2012, el país puede convertirse en un narcoestado en 10 años más, advierte Michael A. Braun, exjefe de Operaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
En ese escenario México tiene dos opciones: “convertirse en una potencia económica global o transformarse en un narcoestado”, dice Braun, quien hasta finales de 2008 coordinó las operaciones de la DEA en 227 puntos de Estados Unidos y en 87 países.
Comenta que estudiosos de las organizaciones criminales que operan en México aseguran que si el gobierno de ese país no enfrenta de manera agresiva a los cárteles y los desmantela, éstos convertirán el territorio en un narcoestado. E insiste en que no hay duda de que, por su avaricia, los capos mexicanos intentarán negociar con la clase política y con los gobernantes; y al hacerlo, tendrán un mayor control para el trasiego de las drogas, dice Braun.
Directivo de la firma Spectre Group International LLC, dedicada al diseño de programas de seguridad e inteligencia en Afganistán, Pakistán y otras naciones de Oriente Medio y Europa, el entrevistado afirma que los cárteles están intentando crear un “ambiente permisivo en México” para operar sin problemas.
“Eso quiere decir que desean influir en el resultado de las elecciones, como han venido haciendo y lo seguirán haciendo en el futuro inmediato”, subraya.
El experto en combate al narco, actividad a la que dedicó 34 años de su vida, Braun reconoce que los mexicanos están desconcertados por el ambiente de violencia que priva en su país y la inseguridad que genera, pero considera que si las autoridades quieren fragmentar y eliminar a los cárteles de la droga, por ningún motivo deben hacer concesiones con los capos.
Para el exjefe de Operaciones de la DEA, ellos son unos “criminales desalmados” con los que no se debe negociar. Si el gobierno de México lo intentara, sería como colocarse una argolla en la nariz que ellos jalarían a placer para obtener lo que quieran.
Sin mencionar nombres ni fechas, Braun relata que políticos y gobernantes del PRI establecieron acuerdos con el narcotráfico en el pasado. Por eso, hace 40 o 50 años hubo un control de la violencia que generaban el crimen organizado y los narcotraficantes. Y reitera que gracias a ello los cárteles se fortalecieron y ahora México está pagando las consecuencias.
¿Son entonces los políticos priistas los que más tienden a concretar acuerdos con el narcotráfico? –pregunta el corresponsal.
–No puedo decir eso. No se puede analizar así al viejo o al nuevo PRI; tampoco al viejo y al nuevo PAN. Si el PRI tiene éxito electoral en un par de años (2012) y el sucesor de Calderón en la Presidencia es de un partido diferente, entonces sería necesario saber su posición con respecto a la lucha contra el narcotráfico.
Braun insiste: “Los acuerdos con el crimen organizado, sean por razones financieras, políticas o de seguridad, nunca funcionan. Al contrario, empeoran las cosas”.
Un “triunfo” muy costoso
El pasado 16 de junio, el encargado de la estrategia de inteligencia de la DEA, Tony Placido, declaró a un grupo de reporteros mexicanos que en Estados Unidos hay preocupación por la posibilidad de que el relevo de Calderón opte por no dar continuidad a la estrategia de combate al narcotráfico con la participación del Ejército.
–¿Existe esa preocupación? –se le cuestiona a Braun.
–No es sólo la DEA la que está preocupada sobre un cambio partidista o de estrategia antidrogas desde la Presidencia de México; en muchos países sus dirigentes entienden que lo peor que puede hacer el gobierno de ese país es establecer acuerdos con los narcotraficantes.
A dos años y cinco meses de que concluya la gestión de Calderón, su estrategia contra el narco ha dejado más de 23 mil muertos. Esto, para muchos expertos, es una opción válida para derrocar al crimen organizado, aunque admiten que en este caso el costo para la sociedad mexicana está resultando muy alto.
Braun es uno de ellos. Sostiene incluso que Calderón está ganando la guerra contra los cárteles. “Estoy absolutamente convencido de que la creciente violencia, tan difícil de entender para los mexicanos, es una indicación clara del éxito de la estrategia del presidente Calderón”.
Y enfatiza: Nunca antes los cárteles de la droga habían estado en riesgo de ser desmantelados.
Aunque renuente a comparar el estado de violencia generado por el trasiego de las drogas que se vive en México con el que hubo en Colombia hace dos décadas, el exjefe de Operaciones de la DEA declara que ojalá el gobierno mexicano logre lo que su par colombiano. E indica que cuando éste decidió atacar con todo al narcotráfico, el país sudamericano experimentó niveles de violencia mayores incluso a los que hoy se viven en México.
“La estrategia contra el narcotráfico en Colombia consistió en desmantelar a los cárteles, uno por uno… No estoy diciendo que la de combatir cada uno de los cárteles sea necesariamente la estrategia de México. En ese país hay gente que cree que existen organizaciones intocables o que son favorecidas por el gobierno. Lo mismo se dijo de las autoridades colombianas.
“Pero allá se dieron cuenta de que no alcanzarían sus objetivos si atacaban a todos los cárteles al mismo tiempo; por eso optaron por enfrentar de manera sistemática a uno por uno. Eso les dio resultado”, resume Braun, quien asegura que aún es consultado por “altos funcionarios” del gobierno mexicano para que los asesore, aunque se niega a revelar sus nombres, pese a la insistencia del corresponsal.
Braun, quien asegura que aún tiene contacto con sus antiguos colegas de la DEA y es respetado en los círculos del poder en Washington y otras capitales, afirma que Colombia es ya uno de los países más seguros del hemisferio occidental. Ello se debe, insiste, a que las autoridades no dieron marcha atrás en su determinación por fragmentar a los cárteles del narcotráfico, uno por uno y no mediante una guerra generalizada.
“Cuando te embarcas en una campaña para romper la espina dorsal de esos poderosos cárteles tienes que luchar hasta el final, llegar a las últimas consecuencias”, dice. Y, con respecto al caso de México, explica que si el gobierno no pierde los deseos de pelear, ganará la batalla y experimentará lo mismo que Colombia”.
Por eso reitera que a los capos mexicanos no se les debe ni puede confiar nada, mucho menos negociar con ellos desde el gobierno. Ellos están conscientes de la vulnerabilidad de los políticos y funcionarios, dice el exjefe de Operaciones de la DEA, incluso podrían tener la capacidad para menoscabar las instituciones democráticas de México.
“Si algún político o funcionario hace un acuerdo con el diablo y al día siguiente el diablo le muerde el trasero, no debe sorprenderse”, anota Braun.
Proceso le pregunta a Braun si considera que es factible que en las elecciones que se realizan este domingo 4 de julio en más de 10 estados de la República Mexicana ganen algunos candidatos vinculados al narcotráfico.
Tras una pausa, responde: “No sé si ocurrirá o no. Sólo puedo garantizar que si algún funcionario o político prevé hacer acuerdos con los líderes de los cárteles o ya los hizo, aun con lo que ha ocurrido en ese país, va a pagar un precio muy alto. (Esos candidatos) pueden ganar una elección y asumir el poder… pero una vez que venden su alma al diablo, ya no vale ningún arrepentimiento”.
Mostrando las entradas con la etiqueta Estados Unidos. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Estados Unidos. Mostrar todas las entradas
martes, 13 de julio de 2010
miércoles, 26 de mayo de 2010
Envía Obama a la Guardia Nacional contra el narco
El presidente estadunidense, Barack Obama, enviará mil 200 soldados más de la Guardia Nacional a la frontera con México para colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Al respecto, la cancillería mexicana pidió que las tropas se dediquen a combatir al crimen organizado y no a perseguir a inmigrantes.
Después de que Felipe Calderón en su reciente visita a Washington solicitó más cooperación contra el narcotráfico, el mandatario estadunidense decidió desplegar “en la frontera hasta mil 200 soldados adicionales de la Guardia Nacional, según la demanda, para adelantar misiones de inteligencia, vigilancia o reconocimiento”, informó un alto funcionario del gobierno de aquel país.
Además, anunció que “en el marco de su plan para asegurar la frontera (...) el presidente Obama va a solicitar 500 millones de dólares en fondos suplementarios para una mejor protección de la frontera y las operaciones para mantener el orden”.
Estas medidas, dijo el funcionario estadunidense, quien pidió no ser identificado, integran “un esfuerzo a todos los niveles para atacar a las redes criminales de tráfico de personas, drogas, armas ilegales y dinero”, y servirán para “complementar la sólida colaboración en seguridad con México”.
Barack Obama se había resistido a reforzar la presencia de soldados en la frontera pese al incremento de la violencia de los cárteles mexicanos, al alegar que prefería esperar los resultados de una nueva estrategia que lanzó hace más de un año con más recursos y agentes.
Según la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, dicho plan, iniciado en marzo de 2009, ha resultado exitoso y “los números” de incautación de drogas y armas en la frontera “nunca han estado mejor”.
El anuncio de Obama se dio después de que buscó el apoyo de senadores republicanos, con quienes se reunió en el Congreso, para debatir una reforma migratoria integral.
“Refuerce primero la seguridad en la frontera”, fue la respuesta que el presidente estadunidense recibió de John McCain, senador por Arizona.
El legislador exigió el envío de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional a la zona fronteriza y ayer presentó una propuesta en el Senado para garantizar los recursos para esa iniciativa.
A trabajar por la seguridad
Mientras, el gobierno mexicano confió en que los mil 200 integrantes de la Guardia Nacional de EU para reforzar la seguridad en la frontera no realicen actividades en materia migratoria.
“El gobierno de México confía en que el personal de la Guardia Nacional fortalecerá las acciones para combatir a la delincuencia organizada transnacional que opera en ambos lados de la frontera y, en apego a sus funciones, no realizará actividades directamente vinculadas a la aplicación de las leyes migratorias”, planteó la cancillería en un comunicado.
Como parte de la estrategia en el combate contra la delincuencia organizada, hay acciones que los dos países desarrollan conjuntamente, pero hay otras que se efectúan de manera independiente, en el ámbito de sus respectivos territorios, agregó la dependencia.
“En este sentido, el gobierno de México respeta las decisiones soberanas del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, subraya que la responsabilidad compartida debe continuar siendo la base de nuestros esfuerzos conjuntos contra la delincuencia organizada que opera en ambos lados de la frontera”, puntualizó.
La cancillería consideró, además, que la decisión de EU “debe traducirse en la canalización de recursos adicionales para dar mayor efectividad a los esfuerzos para prevenir el tráfico ilegal de armas y dinero en efectivo hacia México, que proveen a la delincuencia organizada de
su poder de fuego y su capacidad para corromper”.
Refrendó el compromiso de México de trabajar para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades fronterizas, y enfrentar a las organizaciones delictivas, así como sus vínculos con el tráfico de drogas y personas.
Después de que Felipe Calderón en su reciente visita a Washington solicitó más cooperación contra el narcotráfico, el mandatario estadunidense decidió desplegar “en la frontera hasta mil 200 soldados adicionales de la Guardia Nacional, según la demanda, para adelantar misiones de inteligencia, vigilancia o reconocimiento”, informó un alto funcionario del gobierno de aquel país.
Además, anunció que “en el marco de su plan para asegurar la frontera (...) el presidente Obama va a solicitar 500 millones de dólares en fondos suplementarios para una mejor protección de la frontera y las operaciones para mantener el orden”.
Estas medidas, dijo el funcionario estadunidense, quien pidió no ser identificado, integran “un esfuerzo a todos los niveles para atacar a las redes criminales de tráfico de personas, drogas, armas ilegales y dinero”, y servirán para “complementar la sólida colaboración en seguridad con México”.
Barack Obama se había resistido a reforzar la presencia de soldados en la frontera pese al incremento de la violencia de los cárteles mexicanos, al alegar que prefería esperar los resultados de una nueva estrategia que lanzó hace más de un año con más recursos y agentes.
Según la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, dicho plan, iniciado en marzo de 2009, ha resultado exitoso y “los números” de incautación de drogas y armas en la frontera “nunca han estado mejor”.
El anuncio de Obama se dio después de que buscó el apoyo de senadores republicanos, con quienes se reunió en el Congreso, para debatir una reforma migratoria integral.
“Refuerce primero la seguridad en la frontera”, fue la respuesta que el presidente estadunidense recibió de John McCain, senador por Arizona.
El legislador exigió el envío de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional a la zona fronteriza y ayer presentó una propuesta en el Senado para garantizar los recursos para esa iniciativa.
A trabajar por la seguridad
Mientras, el gobierno mexicano confió en que los mil 200 integrantes de la Guardia Nacional de EU para reforzar la seguridad en la frontera no realicen actividades en materia migratoria.
“El gobierno de México confía en que el personal de la Guardia Nacional fortalecerá las acciones para combatir a la delincuencia organizada transnacional que opera en ambos lados de la frontera y, en apego a sus funciones, no realizará actividades directamente vinculadas a la aplicación de las leyes migratorias”, planteó la cancillería en un comunicado.
Como parte de la estrategia en el combate contra la delincuencia organizada, hay acciones que los dos países desarrollan conjuntamente, pero hay otras que se efectúan de manera independiente, en el ámbito de sus respectivos territorios, agregó la dependencia.
“En este sentido, el gobierno de México respeta las decisiones soberanas del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, subraya que la responsabilidad compartida debe continuar siendo la base de nuestros esfuerzos conjuntos contra la delincuencia organizada que opera en ambos lados de la frontera”, puntualizó.
La cancillería consideró, además, que la decisión de EU “debe traducirse en la canalización de recursos adicionales para dar mayor efectividad a los esfuerzos para prevenir el tráfico ilegal de armas y dinero en efectivo hacia México, que proveen a la delincuencia organizada de
su poder de fuego y su capacidad para corromper”.
Refrendó el compromiso de México de trabajar para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades fronterizas, y enfrentar a las organizaciones delictivas, así como sus vínculos con el tráfico de drogas y personas.
miércoles, 24 de marzo de 2010
EU incluye en 'lista negra' a miembros del Cártel del Golfo y Los Zetas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este miércoles en su “lista negra” a 54 miembros del Cártel del Golfo y Los Zetas, a quienes responsabiliza de buena parte del actual "derramamiento de sangre" en México.
El anuncio fue hecho un día después de que representantes de alto nivel de México y Estados Unidos realizaran en la Ciudad de México la reunión del Grupo Consultativo para analizar, entre otros asuntos, los resultados de la Iniciativa Mérida contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El Departamento del Tesoro ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que contribuya a la captura de Omar Treviño Morales, Juan Reyes Mejía González, Mario Ramírez Treviño, Gilberto Barragán Balderas, Jesús Enrique Rejón Aguilar, y Samuel Flores Borrego.
En marzo de 2009 la Procuraduría General de la República anunció recompensas de 1.2 millones a 2.4 millones de dólares por información que permita la detención de algunos miembros principales del cártel del Golfo y Los Zetas, mismos que hoy aparecen en la lista.
La inclusión de estas 54 personas contribuye a los esfuerzos "sin precedentes" de ambos países para combatir a las organizaciones de narcotraficantes en México y para proteger a los ciudadanos que viven en ambos lados de la frontera común, señaló en un comunicado la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.
"Estados Unidos sigue profundamente comprometido a colaborar con las autoridades mexicanas y con los esfuerzos incansables del presidente Calderón para poner fin a la brutalidad impuesta por estas organizaciones de criminales despiadados", señaló el director de la de la OFAC, Adam J. Szubin.
"El Cártel del Golfo y Los Zetas han aterrorizado a personas inocentes en Tamaulipas y en gran de México. La decisión del Departamento del Tesoro refuerza las medidas para evitar que estas redes de narcotráfico obtengan apoyo y acceso al sector financiero internacional".
El gobierno de Washington prohíbe a los ciudadanos estadounidenses que realicen transacciones financieras o comerciales con los que fueron incluidos en esa "lista negra" de narcotraficantes, y autoriza la congelación de todos los bienes que éstos puedan tener en jurisdicción estadounidense.
El Cártel del Golfo, del que es líder Osiel Cárdenas Guillén, es uno de los seis principales grupos traficantes de droga en México, que ejerce su influencia sobre todo en la costa este del país.
La organización cuenta con Los Zetas como brazo armado, fundado por militares de elite que desertaron del Ejército y es considerado uno de los grupos más violentos del país.
El gobierno de Estados Unidos ha puesto precio a la captura de los principales líderes de la organización.
El 20 de julio de 2009, el Departamento de Estado estadounidense anunció la designación de 10 nuevos objetivos de su Programa de Recompensas por Narcotraficantes (5 millones de dólares), entre los que se encuentran su hermano Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta y Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca.
También informó que el Departamento del Tesoro incluyó, en una lista especial de sanciones que permite congelar cualquiera de sus activos en suelo estadounidense, a Ezequiel Tony Tormenta y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss.
El anuncio fue hecho un día después de que representantes de alto nivel de México y Estados Unidos realizaran en la Ciudad de México la reunión del Grupo Consultativo para analizar, entre otros asuntos, los resultados de la Iniciativa Mérida contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El Departamento del Tesoro ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que contribuya a la captura de Omar Treviño Morales, Juan Reyes Mejía González, Mario Ramírez Treviño, Gilberto Barragán Balderas, Jesús Enrique Rejón Aguilar, y Samuel Flores Borrego.
En marzo de 2009 la Procuraduría General de la República anunció recompensas de 1.2 millones a 2.4 millones de dólares por información que permita la detención de algunos miembros principales del cártel del Golfo y Los Zetas, mismos que hoy aparecen en la lista.
La inclusión de estas 54 personas contribuye a los esfuerzos "sin precedentes" de ambos países para combatir a las organizaciones de narcotraficantes en México y para proteger a los ciudadanos que viven en ambos lados de la frontera común, señaló en un comunicado la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.
"Estados Unidos sigue profundamente comprometido a colaborar con las autoridades mexicanas y con los esfuerzos incansables del presidente Calderón para poner fin a la brutalidad impuesta por estas organizaciones de criminales despiadados", señaló el director de la de la OFAC, Adam J. Szubin.
"El Cártel del Golfo y Los Zetas han aterrorizado a personas inocentes en Tamaulipas y en gran de México. La decisión del Departamento del Tesoro refuerza las medidas para evitar que estas redes de narcotráfico obtengan apoyo y acceso al sector financiero internacional".
El gobierno de Washington prohíbe a los ciudadanos estadounidenses que realicen transacciones financieras o comerciales con los que fueron incluidos en esa "lista negra" de narcotraficantes, y autoriza la congelación de todos los bienes que éstos puedan tener en jurisdicción estadounidense.
El Cártel del Golfo, del que es líder Osiel Cárdenas Guillén, es uno de los seis principales grupos traficantes de droga en México, que ejerce su influencia sobre todo en la costa este del país.
La organización cuenta con Los Zetas como brazo armado, fundado por militares de elite que desertaron del Ejército y es considerado uno de los grupos más violentos del país.
El gobierno de Estados Unidos ha puesto precio a la captura de los principales líderes de la organización.
El 20 de julio de 2009, el Departamento de Estado estadounidense anunció la designación de 10 nuevos objetivos de su Programa de Recompensas por Narcotraficantes (5 millones de dólares), entre los que se encuentran su hermano Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta y Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca.
También informó que el Departamento del Tesoro incluyó, en una lista especial de sanciones que permite congelar cualquiera de sus activos en suelo estadounidense, a Ezequiel Tony Tormenta y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss.
jueves, 18 de marzo de 2010
Manda Estados Unidos misión antinarco a Mexico
Una delegación de alto nivel de Estados Unidos encabezada por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, visitará México el próximo martes para una reunión bilateral sobre la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, anunció ayer el Gobierno de aquel país.
Clinton viajará acompañada del Secretario de Defensa, Robert Gates; la Secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano; el director nacional de Inteligencia, Dennis Blair, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Michael Mullen.
Esta visita se anuncia cuatro días después del asesinato de tres personas vinculadas con el Consulado de EU en Ciudad Juárez.
"La reunión ha estado en preparación por varios meses", dijo el vocero del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, quien añadió que tanto Clinton como la Canciller mexicana, Patricia Espinosa, encabezarán el encuentro.
"Será una discusión interagencias dentro de la evolución de la Iniciativa Mérida que se enfocará en las metas compartidas de frenar el poder de las organizaciones de tráfico de drogas", agregó Crowley.
En el encuentro, el segundo del Grupo Consultivo de Alto Nivel sobre la Iniciativa Mérida, participarán también la jefa de la Agencia Antidrogas (DEA), Michele Leonhart; el jefe de la Oficina de Aduanas y Control Migratorio, John Morton, y el asesor en Seguridad Interna de la Casa Blanca, John Brennan.
También viajan el director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Tesoro, el subprocurador general de Justicia y un representante de la oficina del Zar Antidrogas.
"Este encuentro se da en un momento crítico y sensible para ambos países, en el que deben definir una estrategia integral contra el narcotráfico", dijo Eric Olson, especialista en seguridad del Woodrow Wilson Center.
Clinton viajará acompañada del Secretario de Defensa, Robert Gates; la Secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano; el director nacional de Inteligencia, Dennis Blair, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Michael Mullen.
Esta visita se anuncia cuatro días después del asesinato de tres personas vinculadas con el Consulado de EU en Ciudad Juárez.
"La reunión ha estado en preparación por varios meses", dijo el vocero del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, quien añadió que tanto Clinton como la Canciller mexicana, Patricia Espinosa, encabezarán el encuentro.
"Será una discusión interagencias dentro de la evolución de la Iniciativa Mérida que se enfocará en las metas compartidas de frenar el poder de las organizaciones de tráfico de drogas", agregó Crowley.
En el encuentro, el segundo del Grupo Consultivo de Alto Nivel sobre la Iniciativa Mérida, participarán también la jefa de la Agencia Antidrogas (DEA), Michele Leonhart; el jefe de la Oficina de Aduanas y Control Migratorio, John Morton, y el asesor en Seguridad Interna de la Casa Blanca, John Brennan.
También viajan el director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Tesoro, el subprocurador general de Justicia y un representante de la oficina del Zar Antidrogas.
"Este encuentro se da en un momento crítico y sensible para ambos países, en el que deben definir una estrategia integral contra el narcotráfico", dijo Eric Olson, especialista en seguridad del Woodrow Wilson Center.
jueves, 2 de octubre de 2008
Congela EU bienes de 6 empresas del País
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los bienes de 10 mexicanos y seis empresas relacionados con la producción y el tráfico de metanfetaminas en México y en ese país.
La Embajada norteamericana en México informó, a través de un comunicado, que las sanciones económicas son en cumplimiento de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.
Señaló que aunque los hermanos José de Jesús y Luis Ignacio Amezcua Contreras están presos en México, la organización que crearon continúa produciendo metanfetaminas y destruyendo vidas en ambos países.
"Dos de las personas designadas el día de hoy, Jaime Arturo Ladino Ávila y José Gerardo Álvarez Vázquez, han sido acusados formalmente en los Estados Unidos. Otro, Telésforo Baltazar Tirado Escamilla, es el dueño mayoritario y director general de Productos Farmacéuticos Collins, una importante compañía de Jalisco que ha desviado precursores de las metanfetaminas a la organización de los Amezcua", indicó.
Las compañías e individuos estadounidenses, refirió, se exponen a multas de hasta 10 millones de dólares y sentencias de 30 años de cárcel por tener tratos con entidades designadas bajo la Ley de Cabecillas.
La Embajada adelantó que solicitarán a las autoridades mexicanas la extradición de los citados individuos acusados formalmente en EU.
La Embajada norteamericana en México informó, a través de un comunicado, que las sanciones económicas son en cumplimiento de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.
Señaló que aunque los hermanos José de Jesús y Luis Ignacio Amezcua Contreras están presos en México, la organización que crearon continúa produciendo metanfetaminas y destruyendo vidas en ambos países.
"Dos de las personas designadas el día de hoy, Jaime Arturo Ladino Ávila y José Gerardo Álvarez Vázquez, han sido acusados formalmente en los Estados Unidos. Otro, Telésforo Baltazar Tirado Escamilla, es el dueño mayoritario y director general de Productos Farmacéuticos Collins, una importante compañía de Jalisco que ha desviado precursores de las metanfetaminas a la organización de los Amezcua", indicó.
Las compañías e individuos estadounidenses, refirió, se exponen a multas de hasta 10 millones de dólares y sentencias de 30 años de cárcel por tener tratos con entidades designadas bajo la Ley de Cabecillas.
La Embajada adelantó que solicitarán a las autoridades mexicanas la extradición de los citados individuos acusados formalmente en EU.
viernes, 11 de julio de 2008
More seeking asylum on U.S.-Mexico border
Dozens of Mexicans — including police officers, businessmen, at least one prosecutor and a journalist — are asking for political asylum in the U.S. in a desperate and probably hopeless bid to escape an unprecedented wave of drug-related killings and kidnappings south of the border.
Under U.S. law, fear of crime is not, in itself, grounds for political asylum.
But the sharp spike in asylum applications from the areas wracked by drug-cartel violence — and the willingness of asylum-seekers to sit behind bars in the U.S. for months while they await a decision — are a measure of how bad things are in Mexico and how fearful people have become.
"It's hard. I've been doing this work for 25 years. I've been a reporter for 25 years," said newspaperman Emilio Gutierrez Soto, who is seeking asylum. "We had a life there, a house, my family. It's my country. But it's not safe for a journalist."
Between October and July, at least 63 people have sought political asylum at border crossings in West Texas and New Mexico, according to U.S. Customs and Border Protection. That is almost double the 33 claims made for the entire fiscal year that ended in October. Elsewhere in South Texas, asylum applications are also up sharply.
In other sectors along the 1,969-mile border, asylum applications are coming in at the usual pace.
Immigration lawyers say they believe most of the asylum claims in the West Texas and New Mexico sector are motivated by the bloodshed in Mexico, the worst of which is just across the Rio Grande in Ciudad Juarez and surrounding Chihuahua state.
Juarez, a city of 1.3 million, has seen a record-breaking 500-plus murders so far this year. High-ranking police officers are shot in broad daylight. Businessmen who are not necessarily mixed up in the drug trade are kidnapped, held for ransom and gruesomely killed if their families don't pay up. Children have been caught in the crossfire.
"There's been nothing like this in terms of cartel activities," said George W. Grayson, a Mexico expert with the College of William and Mary in Virginia. "In the 1970s there were guerillas in several very poor southern states. But there's not been any kind of violence like this."
Immigration lawyers representing the El Paso-area asylum-seekers say they have never seen such a flood of people seeking a haven from violence in Mexico. Up until recently, most asylum requests in this sector were made by people who said they were being persecuted by Mexico's ruling party because of their political activities.
Immigration lawyers say they are representing several law enforcement officers and others who were targeted for their efforts to stop or expose the murderous activities on both sides of the war between the Mexican military and the drug cartels.
As for the businessmen, they include a 37-year-old used car salesman who was kidnapped and held until his family paid a $40,000 ransom, said his attorney, Carlos Spector, an immigration lawyer handling numerous other asylum cases, including Gutierrez's.
Immigration officials would not discuss why people were applying for asylum or what their prospects were. "The numbers show that there is an increase, but that's all we can say," said Roger Maier, a Customs and Border Protection spokesman in El Paso.
The federal government rarely, if ever, grants asylum to a citizen of a U.S. ally who is in trouble because of choices he made — such as where he lives or what he does for a living.
Asylum cases hinge on proving that a person is being persecuted because of his race, religion, political view, nationality or membership in a particular social group, according to Micaela Guthrie, an El Paso immigration attorney. The applicant has to prove that his government is either part of the persecution or unable or unwilling to protect him.
"It has to be an immutable characteristic, something so fundamental that you shouldn't be forced to change, or can't change," Guthrie said. Guthrie said being a police officer or journalist usually will not qualify a person for protection, since the person can often find other work or move to another part of the country.
Gutierrez, a 45-year-old reporter in Ascension, Mexico, said he received death threats nearly every day for more than two years as he wrote stories about the Mexican army's rough treatment of civilians in its search for drug cartel members. He said that in June, men identifying themselves as soldiers ransacked his house, and he was told they were planning to kill him.
Gutierrez headed with his 15-year-old son to a border crossing in New Mexico, about 170 miles west of El Paso. Now he is jailed at a U.S. immigration detention center in El Paso. His son is held in a separate institution.
Spector said Gutierrez may have a strong case if he can prove that the Mexican army threatened him and is likely to kill him.
There are other legal ways to immigrate to the United States. But obtaining a visa can take several months. Many of those asking for asylum show up instead at a border crossing and announce their intentions, upon which they are immediately brought over into the U.S. — and placed in a detention center with no chance of bail.
In contrast, those who sneak across the border, get caught and then ask for asylum are allowed out on bail. "They get more if they come in illegally than by doing it right," Spector said.
Those seeking asylum also include Salvador Hernandez Arvizu, a police lieutenant in Juarez who was named on a cartel hit list and fled after being shot repeatedly in an ambush earlier this year, said his lawyer, Spector.
Spector said his clients know the odds are against them. But still, leaving Mexico for at least a few months is worth it, he said.
"They don't have many options and these cases are life and death," the lawyer said. "Sometimes in immigration law, you get paid to lose slowly."
Under U.S. law, fear of crime is not, in itself, grounds for political asylum.
But the sharp spike in asylum applications from the areas wracked by drug-cartel violence — and the willingness of asylum-seekers to sit behind bars in the U.S. for months while they await a decision — are a measure of how bad things are in Mexico and how fearful people have become.
"It's hard. I've been doing this work for 25 years. I've been a reporter for 25 years," said newspaperman Emilio Gutierrez Soto, who is seeking asylum. "We had a life there, a house, my family. It's my country. But it's not safe for a journalist."
Between October and July, at least 63 people have sought political asylum at border crossings in West Texas and New Mexico, according to U.S. Customs and Border Protection. That is almost double the 33 claims made for the entire fiscal year that ended in October. Elsewhere in South Texas, asylum applications are also up sharply.
In other sectors along the 1,969-mile border, asylum applications are coming in at the usual pace.
Immigration lawyers say they believe most of the asylum claims in the West Texas and New Mexico sector are motivated by the bloodshed in Mexico, the worst of which is just across the Rio Grande in Ciudad Juarez and surrounding Chihuahua state.
Juarez, a city of 1.3 million, has seen a record-breaking 500-plus murders so far this year. High-ranking police officers are shot in broad daylight. Businessmen who are not necessarily mixed up in the drug trade are kidnapped, held for ransom and gruesomely killed if their families don't pay up. Children have been caught in the crossfire.
"There's been nothing like this in terms of cartel activities," said George W. Grayson, a Mexico expert with the College of William and Mary in Virginia. "In the 1970s there were guerillas in several very poor southern states. But there's not been any kind of violence like this."
Immigration lawyers representing the El Paso-area asylum-seekers say they have never seen such a flood of people seeking a haven from violence in Mexico. Up until recently, most asylum requests in this sector were made by people who said they were being persecuted by Mexico's ruling party because of their political activities.
Immigration lawyers say they are representing several law enforcement officers and others who were targeted for their efforts to stop or expose the murderous activities on both sides of the war between the Mexican military and the drug cartels.
As for the businessmen, they include a 37-year-old used car salesman who was kidnapped and held until his family paid a $40,000 ransom, said his attorney, Carlos Spector, an immigration lawyer handling numerous other asylum cases, including Gutierrez's.
Immigration officials would not discuss why people were applying for asylum or what their prospects were. "The numbers show that there is an increase, but that's all we can say," said Roger Maier, a Customs and Border Protection spokesman in El Paso.
The federal government rarely, if ever, grants asylum to a citizen of a U.S. ally who is in trouble because of choices he made — such as where he lives or what he does for a living.
Asylum cases hinge on proving that a person is being persecuted because of his race, religion, political view, nationality or membership in a particular social group, according to Micaela Guthrie, an El Paso immigration attorney. The applicant has to prove that his government is either part of the persecution or unable or unwilling to protect him.
"It has to be an immutable characteristic, something so fundamental that you shouldn't be forced to change, or can't change," Guthrie said. Guthrie said being a police officer or journalist usually will not qualify a person for protection, since the person can often find other work or move to another part of the country.
Gutierrez, a 45-year-old reporter in Ascension, Mexico, said he received death threats nearly every day for more than two years as he wrote stories about the Mexican army's rough treatment of civilians in its search for drug cartel members. He said that in June, men identifying themselves as soldiers ransacked his house, and he was told they were planning to kill him.
Gutierrez headed with his 15-year-old son to a border crossing in New Mexico, about 170 miles west of El Paso. Now he is jailed at a U.S. immigration detention center in El Paso. His son is held in a separate institution.
Spector said Gutierrez may have a strong case if he can prove that the Mexican army threatened him and is likely to kill him.
There are other legal ways to immigrate to the United States. But obtaining a visa can take several months. Many of those asking for asylum show up instead at a border crossing and announce their intentions, upon which they are immediately brought over into the U.S. — and placed in a detention center with no chance of bail.
In contrast, those who sneak across the border, get caught and then ask for asylum are allowed out on bail. "They get more if they come in illegally than by doing it right," Spector said.
Those seeking asylum also include Salvador Hernandez Arvizu, a police lieutenant in Juarez who was named on a cartel hit list and fled after being shot repeatedly in an ambush earlier this year, said his lawyer, Spector.
Spector said his clients know the odds are against them. But still, leaving Mexico for at least a few months is worth it, he said.
"They don't have many options and these cases are life and death," the lawyer said. "Sometimes in immigration law, you get paid to lose slowly."
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)