Los cárteles mexicanos son la más grande amenaza en el tráfico de drogas para Estados Unidos porque controlan la mayoría del mercado estadounidense y han establecido una variedad de rutas de trasiego, avanzadas capacidades de comunicación y fuertes nexos con pandillas de ese país.
Así se revela en el reporte 2009 sobre amenaza de las drogas en EU del Centro Nacional de Inteligencia sobre Narcóticos del Departamento de Justicia.
La "Cosa Nostra", tradicional mafia italiana, tiene presencia en 19 ciudades de 13 estados de la Unión Americana, mientras que los cárteles mexicanos están en 230 ciudades de unos 40 estados, e incluso tienen como aliados a los italianos, se agrega.
Los cárteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana y el Golfo, se señala, tienen estrechas relaciones con pandillas de California y Texas, entre ellas "18th Street", "Latin Kings", "Bandidos", "Mara Salvatrucha", "Bloods", "Mongols", "Norteños" y "Florencia".
Las bandas mexicanas utilizan desde internet, tecnología satelital y teléfonos celulares hasta radios de alta frecuencia con comunicación encriptada. Para ello han instalado bases de comunicación cerca de la frontera de México con EU, desde donde coordinan sus operaciones ilícitas, advierte el informe.
"Los reportes de inteligencia señalan que una gran mayoría de la cocaína disponible en el mercado del narcotráfico en EU es abastecida por los cárteles mexicanos a través de la frontera", agrega el reporte.
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martes, 6 de enero de 2009
Superan narcos mexicanos a colombianos en Panamá
Como un fenómeno de "migración criminal" fue como el fiscal Primero de Drogas de Panamá, José Abel Almengor, justificó el avance y desplazamiento de los traficantes colombianos a manos de los cárteles mexicanos.
El cártel de Sinaloa, es el que más presencia tiene en aquel país, pues su presencia en el narcotráfico en Panamá aumentó un 56 por ciento en 2008, lo que implica un desplazamiento de colombianos en el manejo ilegal de la droga, confirmó el fiscal Primero de Drogas.
Almengor señaló que las capturas de colombianos decrecieron en un 21 por ciento. Sin embargo, el funcionario dijo que el 68% de los detenidos son de nacionalidad panameña, el 13% colombianos y el 5% mexicanos, aunque el avance de éstos últimos fue el más significativo durante 2008.
El fiscal subrayó que el 80 por ciento de las sustancias ilícitas transportadas a Estados Unidos y Europa proviene de los denominados cárteles mexicanos de Sinaloa y el Golfo, en México. En total, 504 personas fueron detenidos por narcotráfico, según revela el sitio panameño, elsiglo.com
Asimismo, detalló que la lucha contra el narcotráfico ha sido reforzada en áreas márítimas y terrestres, y se traduce en la captura de jefes del narcotráfico y "tumbadores" (delicuentes locales que arrebatan la droga a mexicanos y colombianos) .
A panamá se le señaló como el sitio donde narcotraficantes se reunieron en octubre del año pasado para pactar negocios ilícitos. Además, también se realizaron detenciones importantes.
En 2008, fueron incautadas en este país 53,1 toneladas de drogas, unas siete toneladas menos que en 2007.
El cártel de Sinaloa, es el que más presencia tiene en aquel país, pues su presencia en el narcotráfico en Panamá aumentó un 56 por ciento en 2008, lo que implica un desplazamiento de colombianos en el manejo ilegal de la droga, confirmó el fiscal Primero de Drogas.
Almengor señaló que las capturas de colombianos decrecieron en un 21 por ciento. Sin embargo, el funcionario dijo que el 68% de los detenidos son de nacionalidad panameña, el 13% colombianos y el 5% mexicanos, aunque el avance de éstos últimos fue el más significativo durante 2008.
El fiscal subrayó que el 80 por ciento de las sustancias ilícitas transportadas a Estados Unidos y Europa proviene de los denominados cárteles mexicanos de Sinaloa y el Golfo, en México. En total, 504 personas fueron detenidos por narcotráfico, según revela el sitio panameño, elsiglo.com
Asimismo, detalló que la lucha contra el narcotráfico ha sido reforzada en áreas márítimas y terrestres, y se traduce en la captura de jefes del narcotráfico y "tumbadores" (delicuentes locales que arrebatan la droga a mexicanos y colombianos) .
A panamá se le señaló como el sitio donde narcotraficantes se reunieron en octubre del año pasado para pactar negocios ilícitos. Además, también se realizaron detenciones importantes.
En 2008, fueron incautadas en este país 53,1 toneladas de drogas, unas siete toneladas menos que en 2007.
miércoles, 16 de julio de 2008
Traía droga submarino interceptado: Semar
El jefe de la unidad de comunicación social de la Semar, José Luis Vergara, señaló que el submarino que interceptó la Armada de México en las costas de Oaxaca traía consigo un cargamento de droga, aunque aún no se ha determinado la cantidad exacta del estupefaciente.
"Sabemos que el submarino tenía droga, al parecer cocaína. No sabemos cuánta, pero según los informes había varios bultos".
En entrevista con la cadena Radio Fórmula, el capitán de navío señaló que durante el operativo detuvieron a cuatro tripulantes, mismos que no opusieron resistencia al momento de su dentención.
En tanto, el capitán Benjamín Marberman, director de Difusión de Atención a Medios, confirmó que el submarino tenía una carga de droga, presumiblemente cocaína, pero que ese dato será determinado una vez que concluyan los análisis correspondientes.
Tampoco conformó el peso de la carga.
Marberman también aclaró que todavía no determinan la nacional del navío que llegó desde el viernes a las costas de Oaxaca.
"Sabemos que el submarino tenía droga, al parecer cocaína. No sabemos cuánta, pero según los informes había varios bultos".
En entrevista con la cadena Radio Fórmula, el capitán de navío señaló que durante el operativo detuvieron a cuatro tripulantes, mismos que no opusieron resistencia al momento de su dentención.
En tanto, el capitán Benjamín Marberman, director de Difusión de Atención a Medios, confirmó que el submarino tenía una carga de droga, presumiblemente cocaína, pero que ese dato será determinado una vez que concluyan los análisis correspondientes.
Tampoco conformó el peso de la carga.
Marberman también aclaró que todavía no determinan la nacional del navío que llegó desde el viernes a las costas de Oaxaca.
Intercepta Armada submarino en Oaxaca
La Secretaría de la Marina interceptó un submarino aparentemente de nacionalidad rusa frente a las costas de Oaxaca.
El submarino lleva presuntamente una carga de siete toneladas, aunque aún no se ha informado oficialmente si se trata de droga o alguna otra mercancía.
La Armada de México dará a conocer los pormenores de este caso en las próximas horas.
El submarino lleva presuntamente una carga de siete toneladas, aunque aún no se ha informado oficialmente si se trata de droga o alguna otra mercancía.
La Armada de México dará a conocer los pormenores de este caso en las próximas horas.
viernes, 11 de julio de 2008
Crece la violencia en Culiacán, cuna de los capos del narcotráfico mexicano
Once personas fueron asesinadas en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste), cuna del narcotráfico en el país, en el marco de una espiral de violencia que crece a pesar de los 3.000 policías y militares enviados a esa zona por el Gobierno.
Los asesinatos tuvieron lugar en tres sucesos registrados en Culiacán, capital de un estado del que surgieron algunos de los principales capos mexicanos de la droga.
Entre ellos, el jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, y sus antiguos aliados y ahora acérrimos rivales los hermanos Beltrán Leyva, presuntamente unidos al brazo armado del cartel del Golfo, la banda de sicarios conocida como los Zetas.
"El Chapo" y los Beltrán Leyva se disputan el mercado local y las rutas hacia EE.UU. en una sangrienta guerra interna y también están enfrentados a las fuerzas de seguridad federales.
Los once muertos son nueve civiles, asesinados en un taller automotriz y sus inmediaciones, y dos policías atacados por sicarios, que se suman a los más de 500 fallecidos registrados en Sinaloa en lo que va de año y las 2.000 víctimas en todo el país.
Fuentes cercanas a las investigaciones adjudican la autoría al crimen organizado, aunque por el momento se desconocen más detalles.
El tráfico de drogas en Sinaloa se remonta a principios del siglo XX, con la llegada de inmigrantes chinos que cultivaron la amapola. Tras su marcha, el negocio quedó en manos de familias locales, que aprovecharon la demanda de heroína y morfina en EE.UU.
Desde hace tres meses, el Gobierno del conservador Felipe Calderón ordenó el envío de cerca de 3.000 soldados y agentes federales a Sinaloa, a raíz de un violento ataque con lanzagranadas y bazocas en las calles de Culiacán, en el que tres sicarios mataron a Edgar Guzmán, hijo de "El Chapo" Guzmán.
Esta muerte hizo temer un recrudecimiento de la violencia en la zona, lo que motivó al Gobierno a reforzar la persecución de los carteles en el territorio con el llamado Operativo Culiacán-Navolato.
Hasta el 30 de junio, este operativo había logrado decomisar, además de drogas, 39 armas largas y 49 cortas, dos lanzagranadas, cinco granadas, 172 vehículos (cuatro de ellos blindados), dos lanchas, 38 remolques y 11 millones de dólares en efectivo.
También han sido detenidas 121 personas, 78 de ellas por delitos de orden federal.
Quien sigue libre es "El Chapo" Guzmán, que ya se fugó en 2001 de una cárcel de alta seguridad mexicana y es buscado insistentemente por las policías de su país y EE.UU.
Guzmán, considerado un hombre sagaz y con apoyo popular en zonas rurales, tiene al país bajo fuego junto a los Beltrán Leyva, "Los Zetas" y los capos de los carteles del Golfo, Juárez y Tijuana.
Las autoridades federales aseguran que la ola de violencia se debe a que los barones de la droga se sienten acorralados por la ofensiva del Gobierno, que ha distribuido por todo el país, principalmente por el norte, a miles de policías y militares.
El Ejecutivo de Calderón cree que la espiral de muertes aún no llega a su máximo y que todavía falta por ver más y peor violencia, por lo menos durante otro par de años.
"La violencia no es un tema eterno, sino de mediano plazo. Todavía, creo, no vemos el pico de la violencia. Todavía habrá una etapa de violencia intensa antes de que la curva comience a bajar", reconoció hace poco el fiscal general mexicano, Eduardo Medina Mora.
Entre las más de 5.000 víctimas mortales registradas en los últimos tres años en México hay centenares de policías, algunos presuntamente asesinados por sus vínculos con el narcotráfico, y periodistas que cubren este tipo de información.
Los asesinatos tuvieron lugar en tres sucesos registrados en Culiacán, capital de un estado del que surgieron algunos de los principales capos mexicanos de la droga.
Entre ellos, el jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, y sus antiguos aliados y ahora acérrimos rivales los hermanos Beltrán Leyva, presuntamente unidos al brazo armado del cartel del Golfo, la banda de sicarios conocida como los Zetas.
"El Chapo" y los Beltrán Leyva se disputan el mercado local y las rutas hacia EE.UU. en una sangrienta guerra interna y también están enfrentados a las fuerzas de seguridad federales.
Los once muertos son nueve civiles, asesinados en un taller automotriz y sus inmediaciones, y dos policías atacados por sicarios, que se suman a los más de 500 fallecidos registrados en Sinaloa en lo que va de año y las 2.000 víctimas en todo el país.
Fuentes cercanas a las investigaciones adjudican la autoría al crimen organizado, aunque por el momento se desconocen más detalles.
El tráfico de drogas en Sinaloa se remonta a principios del siglo XX, con la llegada de inmigrantes chinos que cultivaron la amapola. Tras su marcha, el negocio quedó en manos de familias locales, que aprovecharon la demanda de heroína y morfina en EE.UU.
Desde hace tres meses, el Gobierno del conservador Felipe Calderón ordenó el envío de cerca de 3.000 soldados y agentes federales a Sinaloa, a raíz de un violento ataque con lanzagranadas y bazocas en las calles de Culiacán, en el que tres sicarios mataron a Edgar Guzmán, hijo de "El Chapo" Guzmán.
Esta muerte hizo temer un recrudecimiento de la violencia en la zona, lo que motivó al Gobierno a reforzar la persecución de los carteles en el territorio con el llamado Operativo Culiacán-Navolato.
Hasta el 30 de junio, este operativo había logrado decomisar, además de drogas, 39 armas largas y 49 cortas, dos lanzagranadas, cinco granadas, 172 vehículos (cuatro de ellos blindados), dos lanchas, 38 remolques y 11 millones de dólares en efectivo.
También han sido detenidas 121 personas, 78 de ellas por delitos de orden federal.
Quien sigue libre es "El Chapo" Guzmán, que ya se fugó en 2001 de una cárcel de alta seguridad mexicana y es buscado insistentemente por las policías de su país y EE.UU.
Guzmán, considerado un hombre sagaz y con apoyo popular en zonas rurales, tiene al país bajo fuego junto a los Beltrán Leyva, "Los Zetas" y los capos de los carteles del Golfo, Juárez y Tijuana.
Las autoridades federales aseguran que la ola de violencia se debe a que los barones de la droga se sienten acorralados por la ofensiva del Gobierno, que ha distribuido por todo el país, principalmente por el norte, a miles de policías y militares.
El Ejecutivo de Calderón cree que la espiral de muertes aún no llega a su máximo y que todavía falta por ver más y peor violencia, por lo menos durante otro par de años.
"La violencia no es un tema eterno, sino de mediano plazo. Todavía, creo, no vemos el pico de la violencia. Todavía habrá una etapa de violencia intensa antes de que la curva comience a bajar", reconoció hace poco el fiscal general mexicano, Eduardo Medina Mora.
Entre las más de 5.000 víctimas mortales registradas en los últimos tres años en México hay centenares de policías, algunos presuntamente asesinados por sus vínculos con el narcotráfico, y periodistas que cubren este tipo de información.
More seeking asylum on U.S.-Mexico border
Dozens of Mexicans — including police officers, businessmen, at least one prosecutor and a journalist — are asking for political asylum in the U.S. in a desperate and probably hopeless bid to escape an unprecedented wave of drug-related killings and kidnappings south of the border.
Under U.S. law, fear of crime is not, in itself, grounds for political asylum.
But the sharp spike in asylum applications from the areas wracked by drug-cartel violence — and the willingness of asylum-seekers to sit behind bars in the U.S. for months while they await a decision — are a measure of how bad things are in Mexico and how fearful people have become.
"It's hard. I've been doing this work for 25 years. I've been a reporter for 25 years," said newspaperman Emilio Gutierrez Soto, who is seeking asylum. "We had a life there, a house, my family. It's my country. But it's not safe for a journalist."
Between October and July, at least 63 people have sought political asylum at border crossings in West Texas and New Mexico, according to U.S. Customs and Border Protection. That is almost double the 33 claims made for the entire fiscal year that ended in October. Elsewhere in South Texas, asylum applications are also up sharply.
In other sectors along the 1,969-mile border, asylum applications are coming in at the usual pace.
Immigration lawyers say they believe most of the asylum claims in the West Texas and New Mexico sector are motivated by the bloodshed in Mexico, the worst of which is just across the Rio Grande in Ciudad Juarez and surrounding Chihuahua state.
Juarez, a city of 1.3 million, has seen a record-breaking 500-plus murders so far this year. High-ranking police officers are shot in broad daylight. Businessmen who are not necessarily mixed up in the drug trade are kidnapped, held for ransom and gruesomely killed if their families don't pay up. Children have been caught in the crossfire.
"There's been nothing like this in terms of cartel activities," said George W. Grayson, a Mexico expert with the College of William and Mary in Virginia. "In the 1970s there were guerillas in several very poor southern states. But there's not been any kind of violence like this."
Immigration lawyers representing the El Paso-area asylum-seekers say they have never seen such a flood of people seeking a haven from violence in Mexico. Up until recently, most asylum requests in this sector were made by people who said they were being persecuted by Mexico's ruling party because of their political activities.
Immigration lawyers say they are representing several law enforcement officers and others who were targeted for their efforts to stop or expose the murderous activities on both sides of the war between the Mexican military and the drug cartels.
As for the businessmen, they include a 37-year-old used car salesman who was kidnapped and held until his family paid a $40,000 ransom, said his attorney, Carlos Spector, an immigration lawyer handling numerous other asylum cases, including Gutierrez's.
Immigration officials would not discuss why people were applying for asylum or what their prospects were. "The numbers show that there is an increase, but that's all we can say," said Roger Maier, a Customs and Border Protection spokesman in El Paso.
The federal government rarely, if ever, grants asylum to a citizen of a U.S. ally who is in trouble because of choices he made — such as where he lives or what he does for a living.
Asylum cases hinge on proving that a person is being persecuted because of his race, religion, political view, nationality or membership in a particular social group, according to Micaela Guthrie, an El Paso immigration attorney. The applicant has to prove that his government is either part of the persecution or unable or unwilling to protect him.
"It has to be an immutable characteristic, something so fundamental that you shouldn't be forced to change, or can't change," Guthrie said. Guthrie said being a police officer or journalist usually will not qualify a person for protection, since the person can often find other work or move to another part of the country.
Gutierrez, a 45-year-old reporter in Ascension, Mexico, said he received death threats nearly every day for more than two years as he wrote stories about the Mexican army's rough treatment of civilians in its search for drug cartel members. He said that in June, men identifying themselves as soldiers ransacked his house, and he was told they were planning to kill him.
Gutierrez headed with his 15-year-old son to a border crossing in New Mexico, about 170 miles west of El Paso. Now he is jailed at a U.S. immigration detention center in El Paso. His son is held in a separate institution.
Spector said Gutierrez may have a strong case if he can prove that the Mexican army threatened him and is likely to kill him.
There are other legal ways to immigrate to the United States. But obtaining a visa can take several months. Many of those asking for asylum show up instead at a border crossing and announce their intentions, upon which they are immediately brought over into the U.S. — and placed in a detention center with no chance of bail.
In contrast, those who sneak across the border, get caught and then ask for asylum are allowed out on bail. "They get more if they come in illegally than by doing it right," Spector said.
Those seeking asylum also include Salvador Hernandez Arvizu, a police lieutenant in Juarez who was named on a cartel hit list and fled after being shot repeatedly in an ambush earlier this year, said his lawyer, Spector.
Spector said his clients know the odds are against them. But still, leaving Mexico for at least a few months is worth it, he said.
"They don't have many options and these cases are life and death," the lawyer said. "Sometimes in immigration law, you get paid to lose slowly."
Under U.S. law, fear of crime is not, in itself, grounds for political asylum.
But the sharp spike in asylum applications from the areas wracked by drug-cartel violence — and the willingness of asylum-seekers to sit behind bars in the U.S. for months while they await a decision — are a measure of how bad things are in Mexico and how fearful people have become.
"It's hard. I've been doing this work for 25 years. I've been a reporter for 25 years," said newspaperman Emilio Gutierrez Soto, who is seeking asylum. "We had a life there, a house, my family. It's my country. But it's not safe for a journalist."
Between October and July, at least 63 people have sought political asylum at border crossings in West Texas and New Mexico, according to U.S. Customs and Border Protection. That is almost double the 33 claims made for the entire fiscal year that ended in October. Elsewhere in South Texas, asylum applications are also up sharply.
In other sectors along the 1,969-mile border, asylum applications are coming in at the usual pace.
Immigration lawyers say they believe most of the asylum claims in the West Texas and New Mexico sector are motivated by the bloodshed in Mexico, the worst of which is just across the Rio Grande in Ciudad Juarez and surrounding Chihuahua state.
Juarez, a city of 1.3 million, has seen a record-breaking 500-plus murders so far this year. High-ranking police officers are shot in broad daylight. Businessmen who are not necessarily mixed up in the drug trade are kidnapped, held for ransom and gruesomely killed if their families don't pay up. Children have been caught in the crossfire.
"There's been nothing like this in terms of cartel activities," said George W. Grayson, a Mexico expert with the College of William and Mary in Virginia. "In the 1970s there were guerillas in several very poor southern states. But there's not been any kind of violence like this."
Immigration lawyers representing the El Paso-area asylum-seekers say they have never seen such a flood of people seeking a haven from violence in Mexico. Up until recently, most asylum requests in this sector were made by people who said they were being persecuted by Mexico's ruling party because of their political activities.
Immigration lawyers say they are representing several law enforcement officers and others who were targeted for their efforts to stop or expose the murderous activities on both sides of the war between the Mexican military and the drug cartels.
As for the businessmen, they include a 37-year-old used car salesman who was kidnapped and held until his family paid a $40,000 ransom, said his attorney, Carlos Spector, an immigration lawyer handling numerous other asylum cases, including Gutierrez's.
Immigration officials would not discuss why people were applying for asylum or what their prospects were. "The numbers show that there is an increase, but that's all we can say," said Roger Maier, a Customs and Border Protection spokesman in El Paso.
The federal government rarely, if ever, grants asylum to a citizen of a U.S. ally who is in trouble because of choices he made — such as where he lives or what he does for a living.
Asylum cases hinge on proving that a person is being persecuted because of his race, religion, political view, nationality or membership in a particular social group, according to Micaela Guthrie, an El Paso immigration attorney. The applicant has to prove that his government is either part of the persecution or unable or unwilling to protect him.
"It has to be an immutable characteristic, something so fundamental that you shouldn't be forced to change, or can't change," Guthrie said. Guthrie said being a police officer or journalist usually will not qualify a person for protection, since the person can often find other work or move to another part of the country.
Gutierrez, a 45-year-old reporter in Ascension, Mexico, said he received death threats nearly every day for more than two years as he wrote stories about the Mexican army's rough treatment of civilians in its search for drug cartel members. He said that in June, men identifying themselves as soldiers ransacked his house, and he was told they were planning to kill him.
Gutierrez headed with his 15-year-old son to a border crossing in New Mexico, about 170 miles west of El Paso. Now he is jailed at a U.S. immigration detention center in El Paso. His son is held in a separate institution.
Spector said Gutierrez may have a strong case if he can prove that the Mexican army threatened him and is likely to kill him.
There are other legal ways to immigrate to the United States. But obtaining a visa can take several months. Many of those asking for asylum show up instead at a border crossing and announce their intentions, upon which they are immediately brought over into the U.S. — and placed in a detention center with no chance of bail.
In contrast, those who sneak across the border, get caught and then ask for asylum are allowed out on bail. "They get more if they come in illegally than by doing it right," Spector said.
Those seeking asylum also include Salvador Hernandez Arvizu, a police lieutenant in Juarez who was named on a cartel hit list and fled after being shot repeatedly in an ambush earlier this year, said his lawyer, Spector.
Spector said his clients know the odds are against them. But still, leaving Mexico for at least a few months is worth it, he said.
"They don't have many options and these cases are life and death," the lawyer said. "Sometimes in immigration law, you get paid to lose slowly."
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