domingo, 6 de julio de 2008

Asegura PGR 8 toneladas de mariguana en Zacatecas en junio

La detención de 46 personas y el aseguramiento de más de ocho toneladas de mariguana es resultado de los 747 operativos y 14 cateos que la PGR en el estado hizo durante junio en su lucha permanente contra los delitos federales.

La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Zacatecas informó, a través de un comunicado, los resultados obtenidos durante junio mediante las acciones emprendidas en los diversos programas que maneja.

La dependencia agrega que en el Programa para el Control de Drogas, el cual ejecuta con apoyo del estado y los municipios, fueron decomisadas más de seis toneladas de mariguana en cuatro operativos en los que se aprehendió a cinco personas.

En el Programa Nacional para el Combate al Narcomenudeo se realizaron 221 operativos en los municipios, cuatro en Ceresos y 73 en diversas escuelas.

Asimismo, 10 cateos que permitieron detener a 26 individuos y asegurar más de 251 kilos de marihuana, cocaína y cristal y tres vehículos.

También se hicieron 139 operativos y tres cateos dentro de las medidas llevadas a cabo en las unidades mixtas de atención al narcomenudeo, lo que permitió la captura de 14 personas, a quienes se les aseguró más de una tonelada de marihuana y 500 miligramos de cocaína.

En el combate a delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la PGR zacatecana efectuó 202 operativos y un cateo, con lo que aseguró 15 armas cortas y 10 largas, siete cargadores, cerca de tres mil 300 cartuchos y arrestó a un civil.

Además, llevó a cabo 25 operativos en todo el estado en los que aseguró unas 40 mil piezas de material apócrifo, como parte de los delitos contra la Ley de Derechos de Autor.

En tanto, agrega el comunicado, se efectuaron 79 operativos en el combate de los ilícitos previstos en la Ley Federal de Protección al Ambiente.

Aunado a lo anterior, la PGR en Zacatecas desarrolló siete pláticas y conferencias en escuelas, impartió cinco cursos de información múltiple y realizó cinco actividades deportivas, recreativas y culturales en beneficio de 363 zacatecanos.

Ejecutan a comandante de la Ministerial en Chiapas

Presuntos sicarios ejecutaron en esta capital de cuatro balazos al comandante de la Policía Ministerial, José Luis Altuzar Zamudio, confirmaron autoridades policácas.

El cadáver del jefe policíaco que se encontraba atados de pies y manos, presentaba el tiro de gracia, huellas de probable tortura, con un mensaje que advertía: " Se van a morir por ratas, el general Escalera y Archila, se robaron mi coca: Atentamente Celestino"

El cuerpo de Altuzar Zamudio, de 40 años yacía en el interior del automóvil Honda, placas DNC8385 del estado de Chiapas, que fue localizado en un carretera de terracería, cercana a la zona de tolerancia, en el sector oriente-sur de la ciudad.

En el narco-mensaje se alude a los apellidos del director de la Policía Ministerial, general Marco Esteban Juárez Escalera y del director de la Policía Estatal Preventiva, Óscar López Archila.

Altuzar Zamudido había participado en los últimos operativos militares y policíacos, contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en el estado, que a partir del pasado 7 de junio enfrentó y capturó a 19 presuntos narcotraficantes, entre ellos integrantes de la banda "Los Zetas", brazo armado y ejecutor del Cártel del Golfo.

El pasado 23 de junio el ministro de justicia de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, convocó a conferencia de prensa para informar del decomiso de dos toneladas de cocaína y la aprehensión de once presuntos narcotraficantes.

La droga fue localizada en una casa de seguridad de la colonia Patria Nueva de esta capital, envuelta en sacos verdes, similares a los que utiliza el Ejército, dividida en paquetes con membretes del cártel de Sinaloa y del "Mayo Zambada".

Sin embargo 10 días después, la misma dependencia estatal, aclaró en un comunicado, que el cargamento incautado ese día no era cocaína, sino lactosa.

Precisó que de acuerdo al informe de la Procuraduría General de la República (PGR), las aproximadamente dos toneladas de polvo blanco, aseguradas en una casa de seguridad "resultó ser de lactosa, la cual es utilizada frecuentemente para cortes o adulteraciones de la cocaína, éxtasis y anfetaminas" .

En las últimas semanas, Chiapas ha sido escenario de enfrentamientos entre sicarios, militares y policías.

El último de ellos fue el 26 de junio, en el municipio de Villaflores, donde murieron dos presuntos integrantes de los "Zetas".

La Policía chiapaneca informó que abatió a dos de cuatro pistoleros, que atacaron con granadas y fusiles de asalto, pero dos días después la Procuraduría General de la República (PGR) reveló que las víctimas se habían suicidado en el interior del domicilio para no ser aprehendidos vivos por la fuerza pública.

Detienen a presuntos miembros de 'Los Zetas' y 'La Familia'

Las fuerzas federales especiales detuvieron a 11 personas que se presume son integrantes de células de sicarios de “Los Zetas” brazo armado del Cártel del Golfo, así como de “La Familia” afines al Cártel de Sinaloa.

A estos grupos se les relaciona en la participación de siete ejecuciones y al menos dos secuestros ocurridas en la entidad en poco más de un año, entre ellas, se contabiliza los asesinatos de varios policías y otras ejecuciones en las que se llegaron a colocar narcomensajes.

Durante un fuerte operativo especial en este fin de semana, el que participaron unos 200 efectivos del Ejército Mexicano, PFP y AFI, en conjunto con las corporaciones policiacas estatales y municipales, se logró la detención de nueve hombres y tres mujeres, luego de ser "cateados" cuatro domicilios de la ciudad.

Las autoridades estatales en voz del Procurador General de Justicia, Edgardo Valdivia Gutiérrez y del Secretario de Seguridad Pública, Herberto Ortega Jiménez, confirmaron la detención y precisaron que los detenidos son Jorge Piña Feregrino, originario de Naucalpan, Estado de México.

Así como Omar Mares Pacheco; Carlos Alejandro Gómez Delgado, Martha Patricia Sánchez Ramírez, Ricardo Sánchez Ramírez, Claudia Alejandra García Vargas, Raúl Santoyo Serrano, Yair Alejandro Igarra Enriquez, José González Zapata y Juan Murguía González, todos ellos con domicilio en la Ciudad de Aguascalientes.

Los funcionarios estatales informaron que en las declaraciones, los detenidos revelaron que debido a que elementos de la policía preventiva no les permitían la venta de droga en diversos domicilios, decidieron ejecutar a algunos policías como es el caso del Subcomandante Alfonso Padilla Olmos, al Oficial de la Policía Preventiva, Martín Guerrero García y al Subcomandante Javier Salazar De Lira, en diferentes hechos.

También revelaron que debido a un problema relacionado con una mujer, los sicarios dieron muerte a uno de sus compañeros que participó en el homicidio del Subcomandante, el cual fue identificado como Silvestre Gómez Ramírez, originario del Estado de Chiapas, quien también había participado en el enfrentamiento de la Policía Preventiva en febrero del 2007.

Además de intentar asesinar al entonces Jefe Operativo de la Policía Preventiva Municipal, Oswaldo García Cisneros, causándole únicamente lesiones.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades estatales informaron que uno de los sicarios detenidos de nombre Carlos Alejandro Gómez Delgado era hermano de Jesús Delgado Ramírez, cuyos restos fueron encontrados en las “narcofosas” descubiertas en el predio “El Chacho” en el año 2007.

Asimismo, algunos de estos sujetos participaron en el secuestro de los empresarios Nicolás Martínez Reyes, Arnoldo Gómez González y Gabriel de Alba, así como en el reciente homicidio del empresario Gerardo Medrano Ibarra, a quien pretendían secuestrar, pero concluyó con en su muerte.

viernes, 4 de julio de 2008

Matan a mandos policiacos en Michoacán

Tres policías muertos, entre ellos el director y subdirector de la Policía Municipal de Puruándiro y un asesor de la Alcaldía, fue el saldo que dejó una ejecución en el tramo carretero Puruándiro-Angamacutiro en Michoacán, informaron autoridades.

Los primeros informes señalan que a las 19:00 horas varios hombres armados se encontraron con una patrulla de la Policía Municipal sobre el tramo carretero Angamacutiro-Puruándiro y dispararon en contra de la unidad para posteriormente quemarla.

Un reporte de la Policía Municipal señala que entre las víctimas está el director de esa corporación, Leopoldo Jiménez Zamora, quien cayó abatido a tiros.

Otra de las víctimas es el subdirector de la misma institución, Miguel Álvarez Zavala, así como el policía José Ángel Nieves Gutiérrez.

La cuarta persona persona fallecida es Luis Manuel Higareda Munguía, asesor del presidente municipal de Puruándiro, el perredista Armando Contreras.

"Se está haciendo ahorita el levantamiento de indicios, encontramos algunos casquillos del calibre 7.62, de 9 milímetros y del calibre de escopeta .12, es lo que tenemos de momento", confirmó esta noche el Procurador de Justicia, Miguel García Hurtado.

Hallan tres encajuelados con narcomensajes en Sinaloa

Con dos narcomensajes fueron encontrados en el interior de un vehículo los cuerpos de tres personas degolladas, una de las victimas, es el ex comandante del Grupo Centauro, de la Policía Ministerial del Estado, Roberto Carlos Barceló Torres.
La Procuraduría de Justicia del Estado dio a conocer que el hallazgo se produjo esta madrugada, sobre la avenida Montebello, donde hace poco más de dos meses se localizaron tres cuerpos de hombres dentro de un tambo.

Sobre las nuevas victimas, las cuales, se encontraban dentro de bolsas de plástico, color negro, en la cajuela de un Nissan, placas VJK 6649, sólo se logró la identificación de Barceló Torres, quien el año pasado causó baja, por abusos en el desempeño, como jefe del grupo Centauro.

A un lado, se encontró un primer mensaje que rezaba: "Quiero que lo pongan todo completo si no lo ponen son homosexuales, vean lo que les está pasando a estos pendejos...beltranes, ojo pendejos, está muy cerca de la cajuela del tsuru Arturo Beltrán Leyva. Atte El Ondeado".

En tanto que en el interior de la unidad, se encontró una víbora de cascabel, con la cabeza cercenada y un segundo mensaje.

La matrícula universitaria del narco

Como estudiantes, padrinos de generación y benefactores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) aparecen desde hace más de dos décadas los apellidos Caro, Quintero, Arellano, Payán, Félix, Gallardo, Zambada, Lizárraga, Esparragoza, Beltrán, Leyva o Guzmán.
En los salones de la universidad, algunos líderes de los cárteles mexicanos en la década de los 80 estudiaron las licenciaturas en Finanzas, Contaduría, Derecho y Administración, entre otras.
Desde hace una década, una nueva y nutrida generación de narcotraficantes o narcojuniors, como los denomina la Procuraduría General de la República en informes, incrementaron su asistencia en las aulas universitarias del país para obtener especialidades en Química, Administración, Informática, Lenguas, Ciencias de la Salud y Finanzas.


Édgar Guzmán López —hijo de Joaquín El Chapo Guzmán—, quien fue ejecutado la tarde del 8 de mayo en Sinaloa, es el caso más recientemente documentado por las autoridades judiciales.
Antes de ingresar a la UAS, Édgar Guzmán terminó la preparatoria en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde obtuvo un promedio de 8.20.
Hasta hace poco más de un mes, el joven estudiaba el cuarto semestre de la licenciatura en Administración de Empresas, señala un reporte académico que lo ubica como un estudiante de bueno a regular y que para el cuarto semestre no reportaba calificaciones.
En los dos primeros semestres obtuvo 9 en Introducción al Estudio de la Administración y la Administración de Negocios; logró ochos en Computación I y II; Comprensión y Producción de Textos I y II; Derecho de los Negocios; Inglés de los Negocios, y Estrategias de Aprendizaje. En cambio, en Contabilidad Básica y Financiera reporta 7.
Para el tercer semestre, de las siete materias que inscribió, sólo en dos obtuvo resultado: matemáticas financieras: 5; y 7 en comprensión y producción de textos III. El resto de las materias aparecen con la leyenda “NP”, que significa no presentó.

Hasta antes de mayo, el estudiante de Administración se confundía en los pasillos de la Facultad de Contaduría y Administración con los otros más de 7 mil 300 jóvenes que a diario acuden a esa dependencia, puesto que la UAS tiene matriculados más de 115 mil alumnos.
Dentro de las 17 mociones administrativas que se reportan en la facultad donde Édgar Guzmán cursaba estudios, no hay ninguno que refiera que el joven estaba involucrado en malas conductas o llamadas de atención.
Entre los archivos judiciales también hay referencias sobre la graduación de las hijas de El Mayo Zambada en la misma institución. Datos de la PGR refieren también que en la familia Arellano Félix hay grados académicos de universidades públicas y privadas, entre ellas la de Sinaloa. Al igual que familiares de Juan de Jesús Esparragoza, quienes complementaron sus estudios en Suiza y Canadá.
Luis Astorga, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha documentado que los descendientes de los narcotraficantes o narcojuniors se han alejado de vestimentas fastuosas estereotipo de esos grupos: “A ellos ahora se les ve vestidos a la moda, elegantes, con una profesión”. Se suman así a los 830 mil jóvenes de entre 12 y 29 años de edad que viven en la entidad.

jueves, 3 de julio de 2008

Corrige Ministerio de Justicia; no era cocaína, sino lactosa

A 10 días de que el Ministerio de Justicia del Estado (MJE) informó del decomiso de dos toneladas de cocaína, que presuntamente iban destinadas al cártel de Sinaloa y a la organización del narcotraficante " El Mayo-Zambada", la dependencia admitió este jueves que se equivocó y que el cargamento asegurado es de lactosa.

El Ministerio indicó en un comunicado que, de acuerdo al informe proporcionado por la Procuraduría General de la República (PGR), las aproximadamente dos toneladas de polvo blanco, aseguradas en una casa de seguridad de una colonia popular, "resultó ser de lactosa".

Precisó que la lactosa es utilizada frecuentemente como un excipiente para realizar cortes o adulteraciones a la cocaína, heroína, éxtasis y anfetaminas, entre otras.

Además, sirve " para darles volumen y aminorar los efectos colaterales perceptibles de manera inmediata en los consumidores".

El 23 de junio, el ministro de justicia de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, convocó a conferencia de prensa para anunciar lo que calificó como uno de los decomisos más importantes de droga en los últimos años en la entidad y la aprehensión de once presuntos narcotraficantes.

La supuesta droga fue localizada en una casa de seguridad de la colonia Patria Nueva, envuelta en sacos verdes, similares a los que utiliza el Ejército, dividida en paquetes con membretes del cártel de Sinaloa y del "Mayo Zambada".

En aquella conferencia, a pregunta expresa de reporteros, Rodríguez Lozano señaló que no podía estimar el valor económico de la droga en el mercado negro.

"No sé ni cuánto cuesta una grapa, porque soy político y no policía", argumentó.

En las últimas semanas, Chiapas ha sido escenario de enfrentamientos entre sicarios, militares y policías.

El último de ellos fue el 26 de junio, en el municipio de Villaflores, donde murieron dos presuntos integrantes de los "Zetas" brazo armado y ejecutor del cártel del Golfo.

La Policía chiapaneca informó que abatió a los dos pistoleros, que atacaron con lanzagranadas, pero dos días después la Procuraduría General de la República (PGR) reveló que los dos hombres se habían suicidado en el interior del domicilio para no ser aprehendidos vivos por la fuerza pública.

Consignan a "El Tigre", tras evadir arraigo de PGR

El lugarteniente del cártel de Juárez, Pedro Sánchez Arra, alias "El Tigre" fue enviado a prisión junto con cinco presuntos sicarios detenidos el 13 de mayo pasado, tras un enfrentamiento con elementos del Ejército.

Se trata del mismo sujeto que vulneró las medidas de seguridad del Centro Nacional de Arraigo de la Procuraduría General de la República (PGR) y logró evadirse el siete de julio pasado de esas instalaciones como informó EL UNIVERSAL, aunque logró ser recapturado.



Este sujeto, a casi un mes de que casi logra burlar el arraigo, finalmente fue enviado al penal de máxima seguridad de El Altiplano en Almoloya, Estado de México.



El Tigre es considerado el jefe de plaza del cártel de los Carrillo Fuentes del estado de Chihuahua, además de ser el tercer hombre en importancia en la estructura de mando de la organización.



Sánchez Arra fue capturado en Parral Chihuahua después de enfrentarse con elementos del Ejército junto con Jacinto Huerta Pérez, Jorge Barraza Carrillo José Ismael Bermúdez Vidaña, José Cisneros Ochoa y Edgar Aarón Chavira Gómez.



A esta célula se le acusa de delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos reservados a l uso del Ejército.


Apelan miembros del CAF órdenes de aprehensión

Miembros del crimen organizado detenidos en operativos realizados a finales del 2007 y principios del presente año mantienen procesos judiciales para obtener amparos y recuperar su libertad.

Entre las personas aseguradas con solicitudes de amparo están Luis Alberto López Uriarte, detenido en noviembre del año pasado en un restaurante de mariscos de la delegación La Mesa.



Además los ex agentes policiales de Playas de Rosarito Carlos Peraza Gerardo y Gerardo Antonio Mendoza Zarate, quienes fueron detenidos en abril del presente año y son señalados del atentado contra el jefe policiaco del Quinto Municipio.



Información del Consejo de la Judicatura Federal detalló que los tres detenidos tienen procesos de apelación ante el Sexto Tribunal Unitario del Décimo Quinto.



De acuerdo al expediente 10/2008, López Uriarte actualmente apela el dictamen del Juez Quinto de lo Penal por omisión a conceder la preliberación anticipada.



Con relación de los ex agentes policiales, el expediente 25/2008 apunta que los detenidos buscan apelan una orden de aprehensión girada por Juez Cuarto de Distrito.


Suben 300% denuncias de secuestros: Procurador

Así como han aumentado las denuncias de secuestros, las desarticulaciones de bandas y liberaciones han incrementado en el presente año, manifestó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



Rommel Moreno Manjarrez consideró que el aumento en 300% de denuncias de secuestros en el presente año en comparación con lo ocurrido en el 2007, representa la credibilidad de la ciudadanía en la institución.



Detalló que hasta el momento han desarticulado 29 bandas dedicadas al secuestro en el Estado y han sido liberadas 49 personas privadas de la libertad.



La contundencia con las bandas criminales, declaró, ha permitido que el secuestro no sea el principal clamor de la ciudadanía.



“Hoy no tenemos, precisamente, ese clamor específico, al menos en denuncias”, añadió, “eso se convirtió en una guerra de quién era la razón si de la ciudadanía o la autoridades”.



“Por eso tenemos que trascender, ya es la estadística en general y simple y sencillamente cuando nosotros tengamos la advertencia de un solo detalle o un indicio aunque no haya denuncia, vamos a estar ahí presente para ayudar”, expuso.






Benjamín Arellano interpone amparo contra extradición a Estados Unidos

Benjamín Arellano Félix, uno de los hermanos que integran el cártel de Tijuana, solicitó un amparo por medio del cual busca desacreditar legalmente la autorización que hace dos semanas dio el gobierno calderonista de extraditarlo a Estados Unidos, con el argumento de que le están aplicando el principio de doble incriminación, el cual está prohibido por el tratado de extradición firmado entre México y el vecino país del norte.

Según fuentes cercanas a los abogados de ese capo del narcotráfico, la demanda de garantías sostiene que ya fue juzgado en tribunales mexicanos por los mismos delitos por los que se le quiere enjuiciar en Estados Unidos.

El argumento de la defensa del extraditable se apoya en la resolución de un juez federal mexicano, que el pasado 28 de mayo opinó que no era procedente entregar a Benjamín Arellano Félix porque de hacerlo se violaría en su perjuicio un apartado del tratado de extradición.

Posición de la Judicatura

El martes pasado, el Consejo de la Judicatura Federal hizo público el sentido de la “opinión jurídica” emitida por el juez federal Fernando Alcázar Martínez, quien en su momento recomendó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que no autorizara la extradición de esta persona.

No obstante, el gobierno federal determinó, como parte de su política de colaboración continua con Estados Unidos en materia de extradiciones de narcotraficantes, entregar a Benjamín Arellano Félix una vez que concluya en México su defensa jurídica.

Juicios de amparo similares al que dio inicio a la petición de este capo mexicano llegan a tardar al menos un año antes de que haya resolución final e inapelable.

Benjamín Arellano Félix se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad en espera de que las autoridades judiciales mexicanas emitan su fallo respecto de si conceden o no su extradición. Además, tiene pendiente el cumplimiento de condenas privativas de la libertad por diversos delitos que le imputó la Procuraduría General de la República.


Aseguran a Integrante del CAF en Ensenada

Un sujeto presuntamente vinculado al Cártel de los Arellano Félix (CAF), fue asegurado este miércoles, tras una persecución que inició en la


zona centro y concluyó en una casa marcada con el número 223, ubicada


sobre la esquina de las calles Once y Ryerson. El


detenido fue identificado como Jorge Iván Veloz Robles, quien portaba


dos armas largas de las conocidas como “Cuerno de Chivo” y dos pistolas


tipo escuadra calibre .9 milímetros (mm).


También traía 100 cartuchos útiles calibre 223 mm, 163 tiros útiles de calibre


7.62 mm, 17 granadas de práctica tipo fragmentarias, 20 mil dólares en


efectivo y dos computadoras.


La aprehensión ocurrió a las 6:40 horas de ayer debido a que el sujeto no


disminuyó su velocidad al momento de cruzar un retén de seguridad,


ubicado en la esquina de la calle Macheros y Bulevar Costero, por lo


que elementos del Ejército Mexicano y personal de las Fuerzas Federales


de Apoyo iniciaron su persecución.


Veloz Robles conducía un vehículo tipo pick up, modelo Cheyenne blanco 2005.


Trascendió extraoficialmente que el sospechoso intentó refugiarse en su domicilio,


en la dirección antes mencionada, por lo que las autoridades “catearon”


la vivienda.


Jorge Iván Veloz y todo lo que portaba, así como su vehículo fueron puestos a


disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Federal,


para integrar la averiguación previa correspondiente e investigar su


presunta relación con el CAF.


El hombre fue traslado a las instalaciones de la Procuraduría General de


la República (PGR), la cual hasta la tarde de ayer estaba custodiada


por elementos del Ejército Mexicano, quienes estaban fuertemente


armados.


NUMEROS


2 armas largas AK 47


2 pistolas escuadra .9 mm


100 cartuchos calibre 223 mm


163 tiros calibre 7.62 mm


17 granadas fragmentarias


20 mil dólares en efectivo


2 computadoras



Divulga Segob logros antinarco en Sinaloa

Un día después de que el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, declaró que han resultado ineficaces los operativos contra el narco en esa entidad, la Secretaría de Gobernación (Segob) difundió una lista de los resultados.

En un comunicado, la Segob informó que hoy los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal sostuvieron un encuentro con el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, y con el alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón.



De acuerdo con la información oficial, durante la reunión analizaron la situación que enfrenta Sinaloa en materia de seguridad pública y se hizo un balance de los operativos que realizan autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad en el marco de la lucha contra el crimen organizado.



"Como se ha informado, en el estado de Sinaloa se desarrollan dos operativos conjuntos que tienen el objetivo principal de combatir el narcotráfico: el Operativo Conjunto Culiacán-Navolato que dio inicio el pasado 13 de mayo y el Operativo Conjunto Sierra Madre, que abarca ciertas regiones de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, puesto en operación desde enero 2007 y que se encuentra en su quinta fase", precisó la Segob.



Los resultados que difundió esta tarde la Segob son:





En el Operativo Culiacán-Navolato

Dinero incautado


11 millones 528 mil 125 dólares

6 millones 679 mil 730 pesos mexicanos

895 euros

5 mil reales colombianos

Droga

4 mil 878 kilogramos de marihuana

70 kilogramos de semilla de marihuana

12 laboratorios, invernaderos y secaderos

132 gramos de cristal

19 kilogramos de cocaína

Armas

85 armas cortas y largas, entre las que se incluye 1 fusil barret.

189 cargadores

19 mil 037 cartuchos

5 granadas

Vehículos

Mil 400 vehículos remitidos por irregulares

170 automóviles

29 tractocamiones

41 cajas de trailers

2 volteos blindados

1 hummer

6 tractores

2 trascavos

6 remolques

28 cuatrimotos, trimotos, motos y buggys

1 helicóptero

Bienes Inmuebles

9 moteles

26 casas de cambio

Otros

88 antenas clandestinas de radiocomunicación



Gobernación informó que 934 personas fueron remitidas a las autoridades competentes, de las cuales 78 fueron puestas a disposición del fuero federal; 43 al fuero común, se cumplieron 71 órdenes de aprehensión y se detuvo a 742 personas por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.



Además, aseguraron 82 inmuebles (casas habitación, bodegas, ranchos) y se cancelaron 20 bares.



En cuanto al Operativo Sierra Madre “que fue ordenado por el presidente Felipe Calderón en enero de 2007 para realizar operaciones de alto impacto en la Sierra Madre Occidental de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango (Triángulo Dorado)”, Gobernación puntualizó los resultados hasta el 30 de junio de 2008:





Operativo Sierra Madre

Dinero


8 millones 892 mil 417 pesos

Un millón 223 mil 450 dolarés estadounidenses

Droga

8 toneladas 847 kilogramos de semilla de marihuana

1 tonelada de semilla de amapola

17 mil 476 hectáreas de marihuana

5 mil 491 hectáreas de amapola

88 kilogramos de goma de opio

Mil 402 toneladas de marihuana

406 kilogramos cocaína

Mil 900 litros de hachis

2.5 kilogramos de heroína

125 litros de morfina

54.4 kilogramos de anfetaminas

558 mil 084 pastillas psicotrópicas

564 kilogramos de cristal

92 litros de cristal liquido

21 laboratorios clandestinos

2 mil litros de acetona

7 mil 061 litros de acido clorhídrico

300 gramos de ice

Armas

Mil 222 armas aseguradas

110 mil 726 cartuchos

2 mil 426 cargadores

127 granadas

Vehículos

9 helicópteros asegurados

821 vehículos de los cuales 50 son blindados

267 aeronaves aseguradas

80 cuatrimotos

Bienes Inmuebles

207 casas aseguradas

Personas detenidas

988 personas detenidas y puestas a disposición del AMPF

Otros

419 pistas de aterrizajes clandestinas destruidas

102 antenas de radiocomunicación

13 mil 750 litros de gas avión



En los acuerdos está acelerar los exámenes y los procesos relacionados al control de confianza de las policías municipales, así como al personal que labora en el C4 (sic).



También se integrará a los grupos de trabajo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “con el objetivo de atacar con mayor celeridad las pistas clandestinas y los sistemas de radiocomunicación y telefonía ilegales”.



Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende acelerar las investigaciones de recursos de procedencia ilícita.



Y “se tomarán medidas inmediatas para combatir el narcomenudeo en la ciudad de Culiacán”.



Al encuentro, realizado en las instalaciones de la Segob, asistieron el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo; los secretarios de Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván; de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza; de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora Icaza.



Por parte del gobierno de Sinaloa participaron el secretario general de Gobierno, Rafael Oceguera Ramos; el procurador general de Justicia, Luis Antonio Cárdenas Fonseca; y, la secretaria de Seguridad Pública, Josefina García Ruiz.



Asimismo, estuvieron presentes los mandos de la Tercera Región Militar y de la Novena Zona Militar.



Matan a jefe policiaco en Sinaloa; suman seis muertos en 10 horas

Suman seis, el número de ejecutados en menos de diez horas en esta ciudad capital, una de las victimas, es el jefe de la Unidad de Robo de Autos de la Policía Ministerial del Estado, Rafael Ríos Torres.
Este jefe policiaco, el miércoles pasado, fue levantado por un grupo armado, en la colonia las Vegas, cuando se encontraba estacionado en su camioneta y esta mañana, su cuerpo, con varios disparos de calibre 45 y la cabeza cubierta con una bolsa fue encontrado en la colonia Villa Fontana.

Durante un primer hecho, escenificado en una de las calles de la colonia las Vegas, dos hermanos, de nombres Manuel Optilio y Jesús Viviano Delgado Ortiz de 23 y 21 años de edad, fueron acribillados por un grupo armado frente a su hogar.

La información que se dio a conocer, establece que los dos hermanos, jugaban, sobre la calle Francisco Villa, cuando desconocidos, desde una camioneta en movimiento les dispararon con rifles AK/47.

En tanto que en la colonia Rivera del Humaya, esta mañana fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino, atado de pies y manos, envuelto con una cobija, sin ningún tipo de identificación.

Al filo del medio dia, en la zona limítrofe entre las ciudades de Guasave y Guamúchil, dos personas del sexo masculino fueron acribilladas por desconocidos.

El reporte de la Policía Ministerial del Estado, establece que los hechos, tuvieron lugar en las cercanías del poblado de Herculano de la Rocha, sin que se tenga datos, sobre la identidad de las victimas y sus agresores

Protestan con veladoras por secuestrados

Familiares de personas secuestradas y desaparecidas encendieron veladoras en las entradas al Centro de Gobierno del Estado, como símbolo de protesta contra la Procuraduría de Justicia de Baja California, por falta de respuestas en las investigaciones.

Agrupados en la Asociación Esperanza, parientes de 384 desaparecidos encendieron anoche igual cantidad de veladoras para atraer atención a la petición de que el Gobierno estatal nombre a un fiscal especial que se encargue de las investigaciones de sus familiares.

Entre los activistas estuvo Cristina Hodoyán, madre de Alejandro Hodoyán, acusado de ser uno de los originales "narcojuniors" de la organización de los Arellano Félix, y fue detenido por un comando de agentes federales el 5 de marzo 1997.

Los familiares reiniciaron un plantón en las oficinas públicas y afirman que no se retirarán hasta que sus peticiones sean escuchadas.

Caen 3 presuntos miembros de La Familia

Tres presuntos integrantes de La Familia, originarios de Michoacán, fueron detenidos la madrugada de este jueves luego de que intentaron ejecutar a un individuo en Metepec, informó Germán Garcíamoreno, comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal.

El funcionario explicó que los tres asegurados se encontraban en el Valle de Toluca con el objetivo de ultimar a una persona cuyo nombre se desconoce y que identificaron con el alias de "La Perra", un operador de droga en la zona.

"Ellos refieren que pertenecen a esa organización (La Familia); señalan que venían a hacer una ejecución de una gente que también estaba relacionada con delitos", detalló.

La agresión se dio la noche del miércoles en una plaza conocida como Pabellón Metepec, donde los presuntos sicarios abrieron fuego contra un desconocido que resultó lesionado, pero sobrevivió, huyendo del lugar de los hechos.

Tras la balacera, los agresores intentaron darse a la fuga a bordo de un automóvil Bora sin placas, pero una llamada alertó a elementos de la ASE y de la Policía de Metepec, que iniciaron la persecución.

Los agentes lograron capturarlos en la zona de minas del poblado de San Miguel Totocuitlapilco, en Metepec, luego de que los delincuentes les arrojaron una granada de fragmentación que no detonó.

Los detenidos fueron identificados como Federico Ruiz Gutiérrez, originario de Apatzingán; Luis Alberto Vera García, de Pátzcuaro, y Miguel Ángel Álvarez Chávez, de Morelia.

Entre las pertenencias de los detenidos fue encontrada una credencial que hasta el año 2001 acreditaba a Vera García como miembro del Ejército.

Además, les fueron aseguradas tres armas tipo escuadra, la granada de fragmentación, unas esposas, un vehículo Bora sin placas y un Chevy de dos puertas.

"Los datos que tenemos es que también portaban un arma larga, una R15, sin que la hayamos podido localizar", reveló Garcíamoreno.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la persona a la que presuntamente asesinarían los supuestos sicarios.

miércoles, 2 de julio de 2008

Vulnera El Chapo 1º y 4º bancos de EU

A lo largo de cuatro años el cártel de Sinaloa realizó operaciones en instituciones financieras estadounidenses para adquirir 13 aeronaves que utilizó en el tráfico de droga entre Colombia, Venezuela, Centroamérica, México y Estados Unidos.

Un informe de la Procuraduría General de la República y de la Agencia Antidrogas norteamericana (DEA) menciona que el grupo encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada realizó operaciones por casi 13 millones de dólares a través de triangulaciones coordinadas por la Casa de Cambio Puebla.

Los movimientos alcanzaron al primero y al cuarto banco más importantes de Estados Unidos, el Bank of America y el banco Wachovia, entre otras instituciones financieras que recibieron transferencias de 2003 a 2007.

En el esquema de triangulaciones participaron más de 70 particulares y empresas, de acuerdo con el expediente. De esta forma 14 compañías estadounidenses recibieron transferencias por 12 millones 951 mil dólares. PGR y DEA ubican a Pedro Alfonso Alatorre Damy, El Pirri, como el artífice de la operación.

Levantan a familias completas en BC

Niñas de hasta 7 años han sido "levantadas" por comandos armados que operan en Baja California.



Son parte de familias completas secuestradas cuyo paradero se desconoce, denunció el representante de la Asociación Esperanza contra Desapariciones Forzadas y la Impunidad, Fernando Ocegueda Flores.



Al instalar un plantón permanente frente a las instalaciones del gobierno estatal para denunciar una supuesta desatención de las autoridades a esa problemática, el activista explicó que las menores y sus familias fueron privadas de la libertad en cuatro eventos diferentes ocurridos este año.



Uno de los casos ocurrió apenas la semana anterior en un domicilio del ejido "Lázaro Cárdenas", ubicado en los linderos de Tijuana y Playas de Rosarito.



Ahí un comando armado "levantó" a cinco personas entre quienes había dos niñas de 7 y 10 años y una adolescente, su madre y otro adulto.



Las otras menores fueron víctimas de otros tres "levantones", en hechos casi idénticos al primero, y las víctimas fueron niñas y niños de entre 8, 10, 14 y 15 años.



De 1989 a la fecha, la Asociación Esperanza ha contabilizado más de mil 300 desapariciones forzadas de personas, la mayoría registradas entre el 2006 y lo que va de este año, y a pesar de que las autoridades cuentan con datos y pruebas para ubicar a los responsables no han hecho lo necesario para resolverlo, acusó.



Ocegueda sostuvo que el gobierno estatal, encabezado por el panista José Guadalupe Osuna Millán, ni siquiera ha querido dar seguimiento a 384 casos documentados y debidamente denunciados ante la autoridad y, al contrario, ha dado "largas" a la creación de una fiscalía especializada para la investigación de secuestros.



Detalló que la mayoría de los casos han ocurrido en Tijuana, pero también hay en Mexicali, Ensenada, Tecate y sobre todo Playas de Rosarito.



Ante este panorama, decenas de integrantes de la organización civil se plantaron de forma indefinida ante las instalaciones del Ejecutivo, donde colocaron veladoras blancas y cruces de madera por cada una de las personas desaparecidas.



Ocegueda advirtió que de no obtener una respuesta positiva a sus demandas "en un tiempo prudente", los familiares de las víctimas están dispuestos a "plantarse" ante Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para exigir que se cree una fiscalía federal antisecuestros.



Advirtió que las autoridades de todos los niveles han demostrado incapacidad para poner freno a este delito "que ha destrozado la vida de familias completas", dijo en alusión a su experiencia, pues uno de sus hijos, de 23 años, también fue "levantado" por un comando armado en su propia casa y frente a su esposa.



Sentencian a 42 años a asesino del hermano de El Chapo

Un juez federal sentenció a más de 42 años de prisión al reo que en 2004, en el interior del penal de máxima seguridad de La Palma, asesinó al hermano del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer en un comunicado que el uez Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, emitió el fallo en contra de José Ramírez Villanueva.

En el juicio se demostró que este sujeto asesinó a Arturo Guzmán Loera, alias "El Pollo", el 31 de diciembre de 2004, en el área de locutorios del penal de alta seguridadque se ubica en Almoloya, estado de México.

Por este crimen Ramírez Villanueva deberá purgar una condena de 42 años y tres meses de prisión por el delito de homicidio calificado, así como por el cargo de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. El fallo incluye una sanción económica que deberá cubrir
el homicida por reparación del daño, que asciende a 33 mil 266.90 pesos.

El día del crimen, recordó la PGR, Ramírez Villanueva baleó a "El Pollo" cuando éste se encontraba en el locutorio número 22, del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno -hoy "Altiplano"-, cuando su víctima se entrevistaba con su abogado.

"El hoy sentenciado acudió a los sanitarios y de debajo del depósito de agua extrajo un arma de fuego, con la que dio muerte a Guzmán Loera en el locutorio", como se demostró a lo largo del proceso.

Mexican Cartels and the Fallout From Phoenix

Late on the night of June 22, a residence in Phoenix was approached by a heavily armed tactical team preparing to serve a warrant. The members of the team were wearing the typical gear for members of their profession: black boots, black BDU pants, Kevlar helmets and Phoenix Police Department (PPD) raid shirts pulled over their body armor. The team members carried AR-15 rifles equipped with Aimpoint sights to help them during the low-light operation and, like most cops on a tactical team, in addition to their long guns, the members of this team carried secondary weapons — pistols strapped to their thighs.



But the raid took a strange turn when one element of the team began directing suppressive fire on the residence windows while the second element entered — a tactic not normally employed by the PPD. This breach of departmental protocol did not stem from a mistake on the part of the team’s commander. It occurred because the eight men on the assault team were not from the PPD at all. These men were not cops serving a legal search or arrest warrant signed by a judge; they were cartel hit men serving a death warrant signed by a Mexican drug lord.



The tactical team struck hard and fast. They quickly killed a man in the house and then fled the scene in two vehicles, a red Chevy Tahoe and a gray Honda sedan. Their aggressive tactics did have consequences, however. The fury the attackers unleashed on the home — firing over 100 rounds during the operation — drew the attention of a nearby Special Assignments Unit (SAU) team, the PPD’s real tactical team, which responded to the scene with other officers. An SAU officer noticed the Tahoe fleeing the scene and followed it until it entered an alley. Sensing a potential ambush, the SAU officer chose to establish a perimeter and wait for reinforcements rather than charge down the alley after the suspects. This was fortunate, because after three of the suspects from the Tahoe were arrested, they confessed that they had indeed planned to ambush the police officers chasing them.



The assailants who fled in the Honda have not yet been found, but police did recover the vehicle in a church parking lot. They reportedly found four sets of body armor in the vehicle and also recovered an assault rifle abandoned in a field adjacent to the church.



This Phoenix home invasion and murder is a vivid reminder of the threat to U.S. law enforcement officers that stems from the cartel wars in Mexico.

Violence Crosses the Border



The fact that the Mexican men involved in the Phoenix case were heavily armed and dressed as police comes as no surprise to anyone who has followed security events in Mexico. Teams of cartel enforcers frequently impersonate police or military personnel, often wearing matching tactical gear and carrying standardized weapons. In fact, it is rare to see a shootout or cartel-related arms seizure in Mexico where tactical gear and clothing bearing police or military insignia is not found.



One reason for the prevalent use of this type of equipment is that many cartel enforcers come from military or police backgrounds. By training and habit, they prefer to operate as a team composed of members equipped with standardized gear so that items such as ammunition and magazines can be interchanged during a firefight. This also gives a team member the ability to pick up the familiar weapon of a fallen comrade and immediately bring it into action. This is of course the same reason military units and police forces use standardized equipment in most places.



Police clothing, such as hats, patches and raid jackets, is surprisingly easy to come by. Authentic articles can be stolen or purchased through uniform vendors or cop shops. Knockoff uniform items can easily be manufactured in silk screen or embroidery shops by duplicating authentic designs. Even badges are easy to obtain if one knows where to look.



While it now appears that the three men arrested in Phoenix were not former or active members of the Mexican military or police, it is not surprising that they employed military- and police-style tactics. Enforcers of various cartel groups such as Los Zetas, La Gente Nueva or the Kaibiles who have received advanced tactical training often pass on that training to younger enforcers (many of whom are former street thugs) at makeshift training camps located on ranches in northern Mexico. There are also reports of Israeli mercenaries visiting these camps to provide tactical training. In this way, the cartel enforcers are transforming ordinary street thugs into highly-trained cartel tactical teams.



Though cartel enforcers have almost always had ready access to guns, including military weapons such as assault rifles and grenade launchers, groups such as Los Zetas, the Kaibiles and their young disciples bring an added level of threat to the equation. They are highly trained men with soldiers’ mindsets who operate as a unit capable of using their weapons with deadly effectiveness. Assault rifles in the hands of untrained thugs are dangerous, but when those same weapons are placed in the hands of men who can shoot accurately and operate tactically as a fire team, they can be overwhelmingly powerful — not only when used against enemies and other intended targets, but also when used against law enforcement officers who attempt to interfere with the team’s operations.

Targets



Although the victim in the Phoenix killing, Andrew Williams, was reportedly a Jamaican drug dealer who crossed a Mexican cartel, there are many other targets in the United States that the cartels would like to eliminate. These targets include Mexican cartel members who have fled to the United States due to several different factors. The first factor is the violent cartel war that has raged in Mexico for the past few years over control of important smuggling routes and strategic locations along those routes. The second factor is the Calderon administration’s crackdown, first on the Gulf cartel and now on the Sinaloa cartel. Pressure from rival cartels and the government has forced many cartel leaders into hiding, and some of them have left Mexico for Central America or the United States.



Traditionally, when violence has spiked in Mexico, cartel figures have used U.S. cities such as Laredo, El Paso and San Diego as rest and recreation spots, reasoning that the general umbrella of safety provided by U.S. law enforcement to those residing in the United States would protect them from assassination by their enemies. As bolder Mexican cartel hit men have begun to carry out assassinations on the U.S. side of the border in places such as Laredo, Rio Bravo, and even Dallas, the cartel figures have begun to seek sanctuary deeper in the United States, thereby bringing the threat with them.



While many cartel leaders are wanted in the United States, many have family members not being sought by U.S. law enforcement. (Many of them even have relatives who are U.S. citizens.) Some family members have also settled comfortably inside the United States, using the country as a haven from violence in Mexico. These families might become targets, however, as the cartels look for creative ways to hurt their rivals.



Other cartel targets in the United States include Drug Enforcement Administration and other law enforcement officers responsible for operations against the cartels, and informants who have cooperated with U.S. or Mexican authorities and been relocated stateside for safety. There are also many police officers who have quit their jobs in Mexico and fled to the United States to escape threats from the cartels, as well as Mexican businessmen who are targeted by cartels and have moved to the United States for safety.



To date, the cartels for the most part have refrained from targeting innocent civilians. In the type of environment they operate under inside Mexico, cartels cannot afford to have the local population, a group they use as camouflage, turn against them. It is not uncommon for cartel leaders to undertake public relations events (they have even held carnivals for children) in order to build goodwill with the general population. As seen with al Qaeda in Iraq, losing the support of the local population is deadly for a militant group attempting to hide within that population.



Cartels have also attempted to minimize civilian casualties in their operations inside the United States, though for a different operational consideration. The cartels believe that if a U.S. drug dealer or a member of a rival Mexican cartel is killed in a place like Dallas or Phoenix, nobody really cares. Many people see such a killing as a public service, and there will not be much public outcry about it, nor much real effort on the part of law enforcement agencies to identify and catch the killers. The death of a civilian, on the other hand, brings far more public condemnation and law enforcement attention.



However, the aggressiveness of cartel enforcers and their brutal lack of regard for human life means that while they do not intentionally target civilians, they are bound to create collateral casualties along the way. This is especially true as they continue to conduct operations like the Phoenix killing, where they fired over 100 rounds of 5.56 mm ball ammunition at a home in a residential neighborhood.

Tactical Implications



Judging from the operations of the cartel enforcers in Mexico, they have absolutely no hesitation about firing at police officers who interfere with their operations or who dare to chase them. Indeed, the Phoenix case nearly ended in an ambush of the police. It must be noted, however, that this ambush was not really intentional, but rather the natural reaction of these Mexican cartel enforcers to police pursuit. They were accustomed to shooting at police and military south of the border and have very little regard for them. In many instances, this aggression convinces the poorly armed and trained police to leave the cartel gunmen alone.



The problem such teams pose for the average U.S. cop on patrol is that the average cop is neither trained nor armed to confront a heavily armed fire team. In fact, a PPD source advised Stratfor that, had the SAU officer not been the first to arrive on the scene, it could have been a disaster for the department. This is not a criticism of the Phoenix cops. The vast majority of police officers and federal agents in the United States simply are not prepared or equipped to deal with a highly trained fire team using insurgent tactics. That is a task suited more for the U.S. military forces currently deployed in Iraq and Afghanistan.



These cartel gunmen also have the advantage of being camouflaged as cops. This might not only cause considerable confusion during a firefight (who do backup officers shoot at if both parties in the fight are dressed like cops?) but also means that responding officers might hesitate to fire on the criminals dressed as cops. Such hesitation could provide the criminals with an important tactical advantage — an advantage that could prove fatal for the officers.



Mexican cartel enforcers have also demonstrated a history of using sophisticated scanners to listen to police radio traffic, and in some cases they have even employed police radios to confuse and misdirect the police responding to an armed confrontation with cartel enforcers.



We anticipate that as the Mexican cartels begin to go after more targets inside the United States, the spread of cartel violence and these dangerous tactics beyond the border region will catch some law enforcement officers by surprise. A patrol officer conducting a traffic stop on a group of cartel members who are preparing to conduct an assassination in, say, Los Angeles, Chicago or northern Virginia could quickly find himself heavily outgunned and under fire. With that said, cops in the United States are far more capable than their Mexican counterparts of dealing with this threat.



In addition to being far better trained, U.S. law enforcement officers also have access to far better command, control and communication networks than their Mexican counterparts. Like we saw in the Phoenix example, this communication network provides cops with the ability to quickly summon reinforcements, air support and tactical teams to deal with heavily armed criminals — but this communication system only helps if it can be used. That means cops need to recognize the danger before they are attacked and prevented from calling for help. As with many other threats, the key to protecting oneself against this threat is situational awareness, and cops far from the border need to become aware of this trend.